Página#12 Libre

La Mesa de Enlace no quiere ningún acuerdo porque rechaza un Estado al frente de la economía, y mucho más lo rechaza si ese Estado se inmiscuye de manera progresiva en el “campo”, tal como viene sucediendo en los últimos años. La Mesa de Enlace, refugio de la más rancia estirpe liberal, es consecuente con sus intereses de clase. “Hace 200 años discutíamos decisiones fundamentales: ser españoles o ingleses”, afirmó Hugo Biolcati durante la inauguración de la 124ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en julio de 2010. La negociación entre el Gobierno y la Mesa de Enlace no habrá de prosperar en cuestiones cardinales. El universo rural se debate entre el modelo sojero enlazado al mercado externo o un “campo real” funcional al desarrollo de las fuerzas productivas y la inclusión social. La disyuntiva está planteada entre modelos agropecuarios.

La decisión de profundizar la redistribución se reduce a una sola cuestión: eliminar las bases de sustentación económicas de los sectores vinculados con una Argentina agroexportadora. A pesar de la época de bonanza del comercio exterior, la política nacional impide a la Mesa de Enlace usufructuar la totalidad de la renta agropecuaria. Cerca del 30 por ciento de esa renta es captada por el Estado. Sin embargo, las tradicionales clases dominantes son conscientes de que su poderío económico está prácticamente incólume. Siguen en sus manos las mejores tierras del país y la apropiación de una parte sustancial de la renta agraria (repartida con las grandes exportadoras de granos). Y no están solos: el sector agroindustrial acrecienta su poder en la UIA. En fin, se trata del gran Frente del Subdesarrollo.

Ese Frente está resuelto a reconquistar el poder político y a revertir la avanzada estatal en materia agropecuaria. Eliminar las retenciones, la Oncca, los mayores controles de la AFIP, la participación de la banca pública como prestamista clave del sector rural, las diversas medidas de protección y fomento a los productores emanadas del Ministerio de Agricultura. Esto asestará un golpe al modelo de acumulación puesto en marcha en 2003. Por tal motivo, la política redistributiva está obligada a avanzar, advirtiendo que la solución no es técnica sino política. Se requiere de una nueva ley agraria de la democracia que concite el apoyo de los trabajadores rurales, los agricultores familiares y los pequeños y medianos productores. Una ley que potencie el cooperativismo, que profundice la federalización de la renta agraria (como ocurre con el Fondo Federal Solidario), que funde una red de comercialización mixta en alimentos entre agricultores y Estado, que cree empresas mixtas para el transporte y la comercialización exterior entre las grandes exportadoras de granos y el Estado nacional (con participación de provincias y cooperativas). Son todas medidas políticas que condicionan el poder económico de las clases socio-productivas ligadas a la supervivencia de una Argentina desigual

El tipo de modelo de acumulación consolidado y el éxito o fracaso del proceso de unificación territorial cimentado en fuerzas socioeconómicas centrífugas (este último aspecto siempre omitido como causa estructural del atraso argentino y sudamericano en general) explican por qué países de raíz colonial y de inserción casi simultánea en la economía mundial tuvieran derroteros tan divergentes. Tal es el caso de lo acontecido entre la Argentina, Canadá y Australia, estas últimas, naciones arquetípicas de la ideología neoliberal criolla. En efecto y exacerbados por el conflicto en torno de la Resolución 125, son innumerables los ejemplos de artículos, discursos y expresiones por parte del inmovilismo agropecuario nacional que insiste en comparar el pasado, presente y futuro del país con el de las naciones aludidas. Y no es que la comparación resulte inoportuna, sino que se parte de supuestos absolutamente equivocados y tergiversados. Nos detendremos específicamente en esta práctica recurrente y equivocada de medir la prosperidad nacional en función exclusiva del crecimiento del PBI.

La Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo pasado exhibía importantes registros de su Producto Bruto. Inclusive y en determinados períodos, su PBI resultó ser ostensiblemente mayor que los de Canadá y Australia, entre otras potencias actuales. Ahora bien y aquí la gran censura del neoliberalismo doméstico: a diferencia de lo ocurrido en nuestro país, el crecimiento económico de esas naciones se traducía en fuertes políticas de industrialización, de redistribución de la riqueza, en reformas agrarias de variada profundidad y en un rol del Estado progresivamente protagónico. En fin, el análisis ausente reside justamente en callar que el crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno carece de sentido sin industrialización (con transferencia de renta del sector primario al industrial), sin expansión del mercado interno, sin desarrollo regional equitativo y sin políticas socialmente inclusivas. Y es lógico que carezca de sentido si se piensa en términos de un país atrofiado y semicolonial.

Con sus contradicciones y errores a cuestas, el modelo de acumulación vigente aleja de forma progresiva las posibilidades objetivas y subjetivas de retornar al “granero del mundo”. Más se expande el mercado interno, más se consume, más y mejor se produce, más se diversifica la economía y más disminuye el desempleo, menos excedente tienen para exportar, menos poder económico (léase de lobby) y horizonte de vida tienen los intereses de unos pocos miles por sobre el resto. A propósito y volviendo a la cuestión del PBI como parámetro de progreso, analicemos el punto de quiebre entre el “Canadá colonia” y el “Canadá nación”. Tres décadas antes de concluir el siglo XIX, Canadá experimentaría un cambio de época que la marcaría para siempre: de ahí en adelante viviría a su modo y en función de sus propias decisiones y particularidades. Entre 1870 y 1896 la tasa de crecimiento anual de su PBI per cápita rondó el 1,06 por ciento, valor que luego ascendió a 3,95 por ciento anual entre 1896 y 1913. Pero esas tasas sostenidas de crecimiento fueron acompañadas por una declinación en la importancia relativa de la agricultura en la economía. El crecimiento del PBI fue aprovechado para la modernización institucional, democrática y económica de Canadá, sólo posible con el triunfo de las clases emergentes por sobre las tradicionales clases minoritarias y elitistas que hasta entonces venían apropiándose del excedente social

En su discurso de inauguración de la 124ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, el máximo exponente y promotor de una Argentina dependiente señaló: “Hace 100 años, el debate era si debíamos ser como los grandes países de Europa o como Estados Unidos. [...] En el centenario éramos el granero del mundo y una de las naciones más prósperas del planeta. En el bicentenario somos un país vapuleado por la corrupción, la imprevisión, la exclusión y la pobreza”. Esta vez le tocó a Hugo Biolcati, titular de la SRA, formular el mito agrario, mito que desde el inicio del conflicto por la Resolución 125 ha vuelto a pisar fuerte en la política nacional. Lo hizo porque no hay mejor argumento para ganarse los afectos de las clases medias que reivindicar al modelo agroexportador de la supuesta época dorada argentina (1880-1930).

Sin embargo, el mito agrario estaría incompleto y adolecería de una grave falla sin el ocultamiento de las leyes que originaron el verdadero desarrollo socioeconómico de las naciones industrializadas. Experiencias a las que Biolcati hace obligada mención. Estados Unidos, los “grandes países europeos”, Canadá y Australia son los casos predilectos para los representantes de la Argentina granero del mundo. Según dictamina la fisiocracia argentina, mientras que en nuestro país la industrialización de la década del ’30 y luego el populismo industrialista de Perón interrumpieron el tránsito al desarrollo, esos países entonces potencias agroexportadoras (como se cree era la Argentina) no se desviaron de tales modelos de acumulación sino que los profundizaron. Nada más alejado de la realidad.

Un brevísimo repaso a la historia colonial de Australia ayuda a conocer sus grandes encrucijadas y definiciones; tiempos que recuerdan las fricciones que hoy vive Argentina.

La actual Australia moderna e industrial fue no hace mucho tiempo un conjunto de colonias desorganizadas y desvinculadas entre sí. Estaban regidas por un sistema económico arcaico y funcional a las apetencias laneras de la pujante industria textil de la época. Gran Bretaña, potencia industrial, política y militar del siglo XIX, fue dueña de las capacidades productivas y económicas australianas durante la mitad de ese siglo. Capacidades que utilizaba para sus propios fines al insertar a sus colonias de Australasia en la división internacional del trabajo a gusto de las chimeneas de Manchester y Yorkshire.

Desde su colonización, en 1788, hasta la primera mitad del siglo XIX, las colonias australianas pasaron de ser un simple depósito de convictos y del excedente poblacional británico e irlandés, a ser el principal proveedor de lana del imperio. Para las clases sociales dominantes, ligadas a la exportación de lana –la aristocracia de los squatters o squattocracy–, esa Australia colonial lanera significaba lo que para las oligarquías agropecuarias argentinas el modelo agroexportador entre 1880 y 1930. Pero si en nuestro país ese modelo de acumulación –interrumpido transitoriamente entre 1930 y 1955– logró reimponerse por la fuerza con la Revolución Libertadora, proseguir casi invariablemente hasta diciembre de 2001 y retroceder desde 2003 a la fecha, no ocurriría lo mismo con la “época dorada” de la oligarquía pastoril australiana.

En la isla-continente una serie de factores internos y externos convergieron en determinado momento de su experiencia colonial para torcer definitivamente el rumbo a favor de un desarrollo diversificado y moderno, democrático e industrial. El principio del fin del atrasado sistema pastoril en Australia, esto es, el sistema dominante de uso y tenencia de la tierra que había regido durante la primera mitad del siglo XIX (específicamente entre 1820 y 1850) comenzó su ocaso a partir de 1840, extendiéndose al menos durante tres décadas gracias a la lenta pero progresiva ejecución de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Dichas transformaciones implicaron, en una primera etapa, la democratización e industrialización de la agricultura, en una segunda una profunda reforma agraria, y en una tercera la federación de las seis colonias británicas ubicadas en el actual territorio australiano. Según el sociólogo e historiador australiano Philip McMichael, autor del libro Colonos y Cuestión Agraria en Australia (1984), el sistema pastoril fue un tipo de acumulación precapitalista que al monopolizar las tierras (viejas y nuevas) frenaba la aparición de un capitalismo dinámico y progresivo, y con él, el desarrollo del mercado interno y mejores condiciones materiales para la mayoría de la población. La continuidad de semejante statu quo resultaría imposible de sostener ante el avance de las clases y sectores emergentes impulsados por la crisis internacional de la lana, el auge minero y el fin de la mano de obra rural semiesclava (convictos) en la colonia.

Aglutinados en un gran frente de clases –no exento de contradicciones– las burguesías comerciales de las grandes ciudades, miles de nuevos inmigrantes, obreros, profesionales y técnicos, mineros y pequeños agricultores rompieron el dique de contención oligárquico. La aristocracia lanera que pregonaba convertir al campo australiano en el “ovejero del mundo” fue avasallada por un orden social superior, incluyente, moderno y democrático.

En el presente argentino en tránsito hacia la modernización económica y la progresividad social, esconder la verdadera historia de países como Australia, Canadá, Estados Unidos es para la Sociedad Rural una cuestión de supervivencia. Porque cada una a su modo (aunque todas en el período comprendido entre mediados y fines del siglo XIX) supieron barrer sus propias estructuras socioeconómicas y políticas ligadas a un modelo de acumulación atrasado que obstaculizaba el desarrollo económico. Prueba de ello es que las naciones emblema para la oligarquía argentina carezcan hoy de sociedades rurales. Por eso mismo, en su discurso Biolcati sólo mencionó en calidad de invitados a los presidentes de las sociedades rurales o federaciones de agricultura de Chile, Brasil, estado de Río Grande del Sur (Brasil), Paraguay y Uruguay. ¿Y las sociedades rurales de Estados Unidos, Canadá y Australia?

El documento Desarrollo Industrial de la Maquinaria Agrícola y Agro-componentes en la Argentina. Impacto Económico y Social, de Mario Bragachini, del INTA Centro Regional Córdoba, afirma que la industria nacional de maquinaria agrícola y de agrocomponentes ha registrado en los últimos años un notable avance organizativo, cualitativo y cuantitativo. Este resultado se evidencia a nivel INTA en un aumento del 660 por ciento de su presupuesto desde 2003, al sumar unos 1000 millones de pesos. Esto viene sucediendo con un instituto cuyo propósito es impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación, la extensión y competitividad de los sectores agropecuarios, forestal y agroindustrial del país.

Se ha constituido una red público/privada para el desarrollo específico de la industria de maquinaria agrícola. Como era de esperar, este sistema mixto de gerenciamiento, control, capacitación y comercialización no hizo más que potenciar los buenos resultados que asomaban en 2003/04. Esa red está logrando un importante crecimiento de la competitividad, la defensa del mercado interno y la internacionalización de cerca de 730 pymes de ese sector. También implica unos 90.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

Para este año se estima que el mercado interno de esa actividad alcanzará los 1350 millones de dólares, igualando la marca de 2007, que a su vez fue la mejor desde 1997. Este comportamiento es consecuencia del record de producción de soja (54,5 millones de toneladas). El crédito con tasa subsidiada provista por el Banco Nación también se ha convertido en una poderosa herramienta de reactivación del mercado. Durante 2009, de 35 a 45 por ciento de las ventas se efectuaron gracias a la utilización de estos créditos. La intervención estatal brindada por la banca oficial permitió amortiguar la caída del mercado debido a la sequía del 2009. Y no es para menos: la facturación total del mercado industria nacional pasó de 225 millones de dólares en 2002 a 863,8 millones en 2009. A la vez, la participación de la maquinaria agrícola argentina en el mercado interno se triplicó, con la consiguiente sustitución de importaciones.

Al analizar en detalle la evolución de las exportaciones se observa que pasaron de 10,3 millones de dólares en 2002 a 217,8 millones en 2009. Las proyecciones indican que de continuar las actuales políticas hacia el sector, en 2015 se alcanzarán los 400 millones. Así lo indica un informe preparado por el INTA Manfredi en base a datos de Cafma e Indec. El incremento en volumen de exportaciones fue acompañado de más empresas exportadoras y en más destinos. Si en 2002 exportaban 20 empresas argentinas a no más de 10 países y se importaba el 90 por ciento de las cosechadoras y tractores y el 95 por ciento de las herramientas y elementos de agricultura de precisión, en 2009 exportaron más de 100 empresas a 32 países. Entre los principales destinos se destacan: Venezuela, 29 por ciento; Uruguay, 19; Brasil, 12; Bolivia, 4,7, y Chile 3,6 por ciento, según el Indec y Fundación Exportar.

Desde 2003 la política en materia agropecuaria y agroindustrial ha barrido con la falsa disyuntiva “Campo-Industria” planteada por el oligopolio mediático, sino que fundamentalmente ha logrado unificar esos actores económicos como nunca antes. La evolución del productor primario a productor transformador, industrializador y comercializador, en alianza con el Estado nacional, provincial y municipal, está conduciendo a un nuevo paradigma agrario y agroindustrial en el país

Existen profusas críticas de la ortodoxia económica que le endilgan a la administración kirchnerista haber aislado a la Argentina del mundo. Desde la perspectiva del comercio exterior, parámetro para descifrar el grado de vinculación internacional, se rebate esa apreciación. En base a datos del FMI, del Indec y del Centro de Economía Internacional, las exportaciones argentinas medidas en valores corrientes en millones de dólares pasaron de 12.353 en 1990 a 26.341 en 2000 y a 70.020 en 2008. Es decir, entre 1990 y 2008, las exportaciones registraron un incremento ininterrumpido del 467 por ciento. En igual período, el aumento continuado más pronunciado se verificó entre 2002 y 2008, con un 172,3 por ciento, contra un 113,9 por ciento entre 1992/1998. Para los nostálgicos de los años ‘90, durante esa década las exportaciones se incrementaron un 113,2 por ciento, mientras que para el período kirchnerista (2003-2008) el incremento fue del 136,8 por ciento.

Resulta interesante destacar que las exportaciones de productos agrícolas se incrementaron 88 por ciento entre 1995 y 2006, comportamiento que no se condice con la procedencia socioproductiva de las críticas a la política comercial oficial. Por su parte, las importaciones hicieron el siguiente derrotero: 4077 en 1990, 25.280 en 2000 y 57.422 en 2008. Durante la administración kirchnerista crecieron 315,1 por ciento hasta 2008, bastante menos que el 520 por ciento registrado en los ‘90. Al analizar el nivel de exportaciones e importaciones como porcentaje del PBI, se encuentra que para 1990 se ubicaba en un 8,7 por ciento; diez años después había ascendido apenas al 9,3, para dar el gran salto en la última década, hasta llegar al 21,4 por ciento en 2009. En cuanto a la evolución de las importaciones en el PBI, las cifras dan cuenta del siguiente cambio: 2,9 por ciento en 1990, 8,9 en 2000 y 17,6 en 2008.

Ahora bien, nada más trascendental y contundente a la hora de ratificar o rechazar el nivel de aislamiento de la Argentina que rastrear la evolución de los destinos y los orígenes de su comercio exterior. En 2004, el país exportó a 47 países por más de 100 millones de dólares anuales a cada uno; en 2008 lo hizo a 59 países, un incremento del 25,5 por ciento de los destinos compradores. En 2004, se exportó a 7 países por más de 1000 millones de dólares a cada uno; en 2008 lo hizo a 17 países, un alza del 142,9 por ciento. En 2004, los primeros diez destinos se repartieron el 63,7 por ciento de las exportaciones totales, y los primeros veinte destinos, el 77,7. En 2008, los primeros diez participaron con el 60,6 por ciento y los primeros veinte, con el 75,9%. Es decir, la Argentina exportó mayores volúmenes a más países, y logró una mayor diversificación de sus compradores.

Lo mismo se verifica a nivel de las importaciones: 27 países nos vendieron sus productos por más de 100 millones de dólares cada uno en 2004; cuatro años después serían 41 países los que venderían iguales volúmenes. Por último, las exportaciones hacia los principales destinos registraron incrementos del 134 por ciento para el período 2003/2008 (promedios de variación porcentual anual). En este período, la tendencia favorable en el vínculo comercial entre la Argentina con el Mercosur, el Nafta y la Unión Europea ha sido notable.

La Argentina del presente es la más vinculada e interrelacionada con el mundo de las últimas décadas

Con el inicio de la perforación del prospecto Liz en Mar Argentino no sólo se ha puesto en marcha la última etapa de la fase exploratoria petrolera británica en Malvinas (que data desde 1997), sino también la última etapa del plan de modernización económica de las islas pergeñado por el Foreign Office en connivencia con los kelpers: de la explotación de lana a la pesca, y de la pesca a la explotación hidrocarburífera. Si bien los resultados de Liz no fueron auspiciosos, sí lo fueron los del segundo prospecto recientemente perforado, el denominado Sea Lion. En efecto, a pesar de ser aún preliminares, los hallazgos estarían confirmando la presencia de unos 242 millones de barriles técnicamente recuperables (RKH-RPS Energy, 4/06/10). Cabe destacar que tanto Liz como Sea Lion son apenas 2 de las 41 áreas con potencialidad hidrocarburífera presentes en la Cuenca Norte, cuyos volúmenes hipotéticos de recuperación de crudo llegan a un ideal de 5632 millones. El beneficio socioeconómico que la ratificación de Sea Lion representaría para los 3000 kelpers está más que claro. ¿Y el beneficio para el Reino Unido? Según datos del tradicional informe estadístico de la British Petroleum (2009), el Estado europeo contaba a fines de 2008 con 3400 millones de barriles de reservas probadas equivalentes a seis años de producción. Ese mismo año, su consumo fue de 1.704.000 barriles diarios (b/d) y su producción apenas menor: 1.544.000 b/d (la más baja desde 1998). Es decir, en 2008 debió importar unos 160.000 b/d o 58.400.000 barriles anuales.

A la gravedad de tener que importar crudo para satisfacer sus necesidades internas debe agregársele no sólo la alta dependencia hidrocarburífera de su matriz energética (76 por ciento entre petróleo y gas natural), y el aumento del consumo industrial de petróleo y derivados (un 19,8 por ciento del consumo total), sino una disminución progresiva de su autosuficiencia energética (Energy, Transport and Environment Indicators-Eurostat, 2009 Edition). Tal como se desprende del más reciente informe del Departamento de Estadísticas de la Unión Europea (UE), la dependencia energética de fuentes extranjeras del Reino Unido pasó de -15,4 por ciento en 1997 (porcentaje negativo significa autosuficiencia) a 20,1 por ciento en 2007, el cambio energético más brusco registrado por una nación integrante de la Unión Europea desde 1997. En otras palabras, Gran Bretaña pasó de ser un exportador neto de energía a un importador neto en una década.

Al desagregar por petróleo y gas natural, se observa que esa misma conversión ocurrió en 2006 y 2004, respectivamente. ¿A qué factores obedece la declinación energética del Reino Unido? No obstante ser uno de los mayores productores europeos de hidrocarburos, su producción viene decayendo paulatinamente desde 1999-2000, años en los que la producción del Mar del Norte alcanzó su pico máximo. Y es en este contexto de decadencia energética británica que debería analizarse su movida petrolera en Malvinas.

Al respecto, conviene repasar algunos hitos en esta materia. En 1995, días después de suscriptos los acuerdos petroleros entre los gobiernos de Carlos Menem y Tony Blair, los kelpers llaman unilateralmente a licitación internacional para la exploración off-shore alrededor de las islas. Las primeras cinco licencias fueron otorgadas en 1996. En 1997, comenzaron los primeros estudios sísmicos encarados por el Servicio Geológico Británico, el Servicio Geológico de Estados Unidos y un grupo de compañías petroleras, entre las que destaca la participación de Shell en materia no sólo prospectiva sino también de perforación (luego Shell vendió los resultados de sus investigaciones a Rockhopper, la operadora de Sea Lion). En resumen, entre mediados y fines de la década del noventa, los británicos avanzaron raudamente en dirección de convertir a su enclave colonial en Mar Argentino en una nueva fuente propia de hidrocarburos. La irrefrenable declinación de sus pozos del Mar del Norte, sumada a la favorable política exterior menemista hacia los intereses británicos, se tradujeron en una perfecta plataforma de lanzamiento para tal estrategia.

Si como se espera, finalmente se confirman los volúmenes de Sea Lion (242 millones de barriles), Gran Bretaña se estaría ahorrando exactamente 4 años de importaciones por unos 18.513 millones de dólares (a una cotización de 76,5 dólares/barril, correspondiente al 15 de junio). Asimismo, y en materia de agregado de nuevas reservas, la confirmación de Sea Lion equivaldría a lo que esa nación produce localmente en 5 meses y 10 días, esto es, casi medio año de agregado a los paupérrimos 6 años de horizonte de reservas petroleras. Y esto no es todo.

Una producción (ritmo de extracción) en Malvinas que supere los 160.000 b/d (brecha entre la producción y el consumo local al año 2008) podría convertir a Gran Bretaña nuevamente en un exportador neto, beneficio no sólo económico, sino, y fundamentalmente, geoenergético y geopolítico al colocarse al ambicionado nivel de Dinamarca, el único país de los 27 miembros de la Unión Europea que no importa petróleo para satisfacer sus necesidades domésticas

Un puñado de países sudamericanos se propone dar a luz una nueva arquitectura financiera regional. Cash entrevistó al viceministro de Economía de Venezuela, Gustavo Hernández, quien entre sus reflexiones destaca y explica la trascendencia de esta iniciativa y del Sistema Sucre.

¿Qué opinión le merece la actual crisis financiera y económica global?

–Esta crisis tuvo su origen en los principales centros financieros del mundo, principalmente en los Estados Unidos. Luego se propagó por toda la economía mundial, impactando de manera directa y alarmante en el ámbito social, político y económico. Sin duda es un fenómeno de carácter sistémico y estructural y no una crisis cíclica más.

¿Estamos presenciando el comienzo del fin de la crisis?

–Es bastante prematuro aseverar que la crisis financiera y económica ha llegado a su fin y que se ha iniciado un proceso de recuperación. No existen elementos firmes que comprueben dicha afirmación, por el contrario, es notoria la persistencia de grandes problemas de endeudamiento. Vemos también que la economía real no se recupera en la medida en que se esperaba de acuerdo con los esfuerzos financieros empleados.

¿Qué hechos positivos ha desencadenado esta crisis en la región?

–Debido a los desequilibrios originados por la actual crisis se ha tomado conciencia de la necesidad de configurar una nueva arquitectura financiera regional con instituciones más inclusivas, democráticas y solidarias. Por ejemplo el ALBA, el Banco del Sur y el Sucre. Todas esas iniciativas han sido concebidas para democratizar el acceso al financiamiento y la participación de los países menos favorecidos.

¿Qué significa nueva arquitectura financiera regional?

–La posibilidad de ofrecer alternativas e instrumentos de cooperación orientados a dar respuestas efectivas a los problemas de orden socioeconómicos de los Estados partes, promoviendo la instauración de un nuevo modelo socio-productivo que garantice equidad en la distribución de los recursos. Adicionalmente, es necesario emprender acciones encaminadas a la transformación de las instituciones económicas y financieras imperantes en la región, a la luz de la revisión de sus objetivos, esquemas de participación y estilos de toma de decisiones, en aras de un multilateralismo democrático basado en la solidaridad, la complementación y la cooperación internacional.

¿Qué piensa que ocurrirá con el dólar en América del Sur?

–La reconfiguración del sistema monetario y financiero regional, la superación de los modelos basados en la lógica del capital y la necesidad de crear una nueva ética basada en el principio de corresponsabilidad, nos obliga a repensar el uso del dólar como medio de pago para el comercio intrarregional. Quiero decir, nos sentimos obligados a implementar mecanismos que promuevan el desarrollo económico y social sostenible de los Estados, contribuyendo así a la disminución de los costos de oportunidad que implica la compensación y liquidación en dólares. En este sentido, tenemos el caso del Sistema de Monedas Locales implementado por la Argentina y Brasil. En igual dirección, podemos también citar el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago (Sucre).

¿En qué consiste?

–El Sucre fue creado mediante el Tratado Constitutivo suscripto por el Estado Plurinacional de Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela en la VII Cumbre del ALBA-Tratado de Comercio de los Pueblos. Se trata de un instrumento financiero dirigido a estimular y profundizar las transacciones comerciales entre estos países, con base en los principios de complementariedad, cooperación, solidaridad y respeto a la soberanía. En otras palabras, es un conjunto de propuestas e iniciativas dirigidas a la conformación de una nueva arquitectura financiera regional. Es una búsqueda, con resultados ya materializados y visibles, de normas, procedimientos, órganos y mecanismos novedosos y audaces orientados a reducir la vulnerabilidad externa de nuestras economías, que propicien, impulsen y dinamicen la capacidad productiva de la región, contribuyan a transformar el aparato productivo, promuevan y faciliten el intercambio comercial y coadyuven a la reducción de nuestras asimetrías.

¿Y qué hay de su filosofía?

–Su filosofía se expresa en el propósito de rescatar y afianzar nuestra independencia y soberanía monetaria y financiera

En Estados Unidos, las clases dominantes del Norte industrial necesitaron de una victoria militar para vencer a las oligarquías esclavistas y agroexportadoras del Sur. Mientras avanzaba la Guerra de Secesión, se democratizó la entrega de tierras y se subordinó el desarrollo agrario al industrial. Con la incorporación política, económica y administrativa de los Estados balcanizadores a la Unión nació el primer gran Estado-nación industrial de América.

En Canadá, las clases dominantes del centro industrial vencieron a las oligarquías de las provincias marítimas y occidentales vinculadas con el comercio exterior de materias primas sin necesidad de una guerra civil. Allanado el camino por la vía pacífica, las clases sociales emergentes democratizaron la tierra, erigieron fuertes barreras proteccionistas contra los polos manufactureros de Gran Bretaña, sometieron el desarrollo agrario al desarrollo industrial y unificaron las ex colonias británicas al norte del paralelo 49º. Las bases del segundo Estado-nación industrial de América estaban echadas.

Al mismo tiempo, las oligarquías exportadoras de las metrópolis hispanoamericanas fueron consolidándose como factores centrífugos locales de lo que debería haber sido el tercer Estado-nación industrial de América al sur del río Grande. La disgregación estalló y el atraso se extendió por toda la región.

En la Argentina, la oligarquía terrateniente y vacuna de la Pampa Húmeda sometió los movimientos industrialistas de la época, anuló cualquier resquicio de democratización de la tierra, estancó la puesta en marcha de un verdadero desarrollo agrario a escala nacional y asfixió su industrialización. El desarrollo de una industria primaria vinculada casi exclusivamente con los frutos del suelo (alimentaria, textil, bebidas, indumentaria) fue una realidad, aunque siempre de tipo temporal y vinculado con las sucesivas crisis del sistema capitalista internacional (1873, 1890, 1914, 1930, 1939). El modelo agroexportador penetró en el siglo XX y avanzó sin pausa durante las tres primeras décadas. Como señala el ensayista cordobés Roberto Ferrero: “Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la Argentina podía ser caracterizada como un país capitalista-agrario y semicolonial” hasta 1946 cuando se inició un consciente proceso de industrialización.

El peronismo, de igual forma a lo ocurrido en Estados Unidos y en Canadá durante el siglo XIX, intentó basar la industrialización (en este caso liviana y mediana) subordinando al sector agrario. Pero el carácter semicolonial de la Argentina pudo más. La no profundización de la expropiación de la renta agraria diferencial en beneficio de las grandes mayorías, sumado a la ausencia de energéticos en cantidades suficientes, a la imposibilidad de fundar una industria pesada, al bloqueo estadounidense y al fracaso en la rápida expansión del mercado interno derivaron en el retorno de la Argentina semicolonial. Desde la Revolución Libertadora y hasta el 2003, el resultado ha sido poco satisfactorio. Ese año, no obstante, comienza lentamente a desandarse el modelo neoliberal. Por su parte, América del Sur acompañará los nuevos vientos de cambio con iniciativas nacionales y populares de distinta naturaleza y carácter. En el año del Bicentenario, la Argentina del trabajo, la justicia social, la autodeterminación económica y la industrialización lucha por abrirse paso sobre la Argentina semicolonial.

Queda por saber cómo las clases y los sectores sociales emergentes se las ingeniarán para consolidar la unidad sudamericana, democratizar la tierra, proteger la industria nacional y multiplicar el desarrollo agrario como base para la edificación de una economía moderna y diversificada. Más allá del interrogante y su respuesta, el tercer Estado-nación en América ha comenzado

La inclusión del petróleo en la disputa por las islas Malvinas no es algo nuevo. Entre 1974 y 1980 el precio internacional de la lana –principal sustento económico kelper y único producto de exportación– sufrió una caída histórica, deprimiendo el PBI de las islas en un 25 por ciento (Robert Laver. The Falklands/Malvinas Case, 2001). La situación socioeconómica se hizo insostenible. Gran Bretaña se vio entonces en la disyuntiva de ceder finalmente a los reclamos argentinos o bien intentar una urgente diversificación y modernización económica de las islas. El plan consistió en sustituir progresivamente la lana por otros recursos: los pesqueros, en el corto plazo, y los minerales e hidrocarburos, en el mediano y largo plazo.

A los efectos de relevar la riqueza natural del archipiélago, fundamental para el éxito del plan, Gran Bretaña envió a las islas entre 1975 y 1976 sendas misiones integradas por parlamentarios, geólogos y militares. Los resultados fueron esperanzadores. La estrategia de modernización económica –clave para retener las islas bajo dominio de la Corona– llevaba implícito colocar a la población de las islas en la mesa de negociación con la Argentina, violando la Resolución 2065 de la ONU, pues los principales interesados en la explotación de estos nuevos recursos serían los kelpers. Treinta y cinco años después, el plan británico de modernización socioeconómica de las islas está a un paso de concretarse.

Que hay petróleo en las Malvinas ya no es sorpresa para nadie. Sin embargo, cabe preguntarse en qué cantidad. Y para ello resulta clave conocer el precio mínimo del barril que viabilizará su explotación comercial y el tipo de crudo que se espera extraer. ¿Cuál es ese piso y cuál la calidad del crudo? Por debajo de una cotización internacional de 25 dólares/barril, según indicaron las mismas operadoras (Rockhopper-Interim Report 2008), la extracción del petróleo malvinense será inviable. Hoy el barril cotiza a 77 dólares y todas las proyecciones indican que se mantendrá en esos valores o incluso aumentará en los próximos años.

En cuanto a su calidad –y en principio sólo para la Cuenca Norte de Malvinas–, el pozo 14/10-1 perforado en 1998 por Shell probó la existencia de un crudo de tipo medio o 27º API (North Falkland Basin-Desire Report 2009). Tras conocerse esos datos, se encaró la primera fase exploratoria entre 1998-2001, de la que participaron Shell, Amerada Hess, Lasmo, Lundin, el Servicio Geológico de Gran Bretaña y el Servicio Geológico de Estados Unidos. La segunda fase exploratoria, entre 2001 y 2009, contó con las compañías británicas Borders and Southern Petroleum, Rockhopper Exploration, Desire Petroleum, Arcadia Petroleum y Argos Petroleum. Ahora, la australiana BHP Billiton y la kelper Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) se aprestan a adentrarse en la última fase exploratoria, aquella que finalmente ratificará la potencialidad petrolera malvinense e inaugurará la tan preciada fase extractiva.

Según cálculos de las mismas operadoras, el potencial petrolero en el off-shore alrededor de las islas tendría un mínimo de 6525 millones de barriles de petróleo. De comprobarse estas reservas probables –equivalentes a unos 502.425 millones de dólares a 77 dólares/barril a la cotización de ayer–, el crudo malvinense más que triplicaría las reservas certificadas de nuestro país a diciembre de 2008 (1987 millones de barriles, según la Secretaría de Energía de la Nación).

Mientras tanto, los contratos por las áreas licitadas benefician desde hace años al gobierno kelper: 30.000 dólares por año de impuestos antes del descubrimiento. Una vez descubierto el crudo (comprobadas las reservas e iniciada la etapa de extracción), el gobierno isleño cobrará a las operadoras unos 375.000 dólares por año/área en producción, un 21 por ciento de impuestos corporativos (que luego de un año de contrato saltan al 26 por ciento) y un 9 por ciento de regalías sobre el total extraído.

La capacidad exploratoria off-shore total de las Malvinas viene dada por la superficie de las cuatro cuencas sedimentarias a su alrededor. Entre las cuatro, totalizan un área de aproximadamente 400.000 km2, más de treinta veces el tamaño de las islas Gran Malvina y Soledad juntas, casi dos veces y media la provincia de Córdoba y un 50 por ciento más grande que los campos petroleros británicos del Mar del Norte. De las cuatro cuencas, la menos costosa (por sus bajas profundidades y cercanía a las islas) y la de mayor potencial petrolero (3900 millones de barriles o un 60 por ciento de los volúmenes estimados camino a ser certificados) es la denominada Cuenca Norte. Dicha cuenca tiene una superficie de 50 kilómetros de ancho por 230 kilómetros de largo. Las cuencas al sur y al este, si bien muy prometedoras, están a mayores profundidades y las áreas licitadas más próximas a las islas se ubican recién a 150 kilómetros de distancia (contra unos 25 km para la Cuenca Norte).

¿Por qué tan lejos? ¿Obedece a una cuestión geológica? Según confirmó la ministra de Minería de las islas, Phyll Rendell, a este autor en 2004, se ha creado una suerte de área de exclusión al sur de las islas donde se prohíbe cualquier tarea de perforación. La razón es simple: en esa zona se registraron hundimientos de barcos británicos que se presumen contienen material nuclear bélico.

Entre las principales operadoras petroleras en Malvinas se destaca Desire Petroleum (1996), cuyo fundador, el diputado laborista Colin Phipps, participó de una de las misiones de mediados de la década del 70, como se dijo, con el objetivo de relevar la riqueza natural del archipiélago. Fallecido Colin en 2009, su hijo Stephen, de 52 años, se hizo cargo de la empresa, con el 13,38 por ciento de la participación accionaria. Stephen –ex corredor de las Bolsas de Londres y Nueva York durante veinte años– cuenta que su padre participó de la reunión de gabinete en la que Margaret Thatcher decidió declarar la guerra a la Argentina (UK News-9/12/09).

Con la plataforma semisumergible de tercera generación Ocean Guardian contratada por Desire para esta fase final, los primeros pozos habrán de perforarse en el área denominada Liz (92,5 por ciento Desire, y 7,5 por ciento Rockhopper), para luego avanzar bajo la operación de Rockhopper en las áreas Sea Lion y Ernest. En función de los resultados, se proseguirá con las restantes quince áreas de la Cuenca Norte. Los volúmenes técnicamente recuperables que podrían confirmarse en los próximos meses equivalen a lo que la Argentina extrae de crudo en ocho meses.

El inicio de esta última fase exploratoria tiene para la Argentina (y Unasur) no sólo implicancias geopolíticas (base militar de una potencia extranjera en territorio nacional) y políticas (el único enclave colonial del siglo XXI en actividad), sino y fundamentalmente económicas (las reservas probables en las islas equivalen a unos 502.425 millones de dólares) y energéticas (de certificarse esas reservas, el horizonte de vida de las reservas probadas en la Argentina pasarían de 6-7 años a unos 27). La iniciativa británica perjudica sobremanera la seguridad nacional, económica y energética del país.