Página#12 Libre

El término Organismo No Gubernamental (ONG) posee, por su historia, una connotación positiva que no siempre se corresponde con la realidad. Nacidos masivamente en el período más oscuro de la historia de América latina, cuando todos los puentes entre el Estado y la sociedad civil se encontraban dinamitados, los ONG fueron desde sus diversas especificidades (muy especialmente en el campo de la infancia) una forma legítima y eficaz de mostrar la cara más obscena de las dictaduras militares. Bajo estas condiciones, un maniqueísmo primitivo y simplificador fue su marca de origen. En la sociedad se encontraba todo el bien y en el Estado todo el mal. La vuelta de la democracia acabó con las certezas maniqueístas y permitió demostrar lo obvio: que el bien y el mal se encontraban –y se encuentran– “democráticamente” distribuidos entre el gobierno y la sociedad, y que en esta historia no hay culpables, ni inocentes automáticos por su pertenencia institucional.

Más tarde, el Consenso de Washington y las políticas neoliberales impactaron profundamente sobre el mundo de las políticas sociales, y por ende de los ONG. El término pasó a englobar una realidad múltiple y contradictoria. De un lado, organismos de la sociedad civil trabajando desde la perspectiva y la práctica de los derechos humanos, intentando que las políticas gubernamentales se transformaran en públicas; del otro, simples prestadores de servicios que jurídicamente continuaron funcionando bajo el paraguas de los ONG. Por lo demás, conviene recordar que, en muchos casos, fue éste el vehículo privilegiado para canalizar las versiones más “simpáticas” de los ajustes estructurales. Políticas pobres para los pobres, para entender un poco este permanente festival del eufemismo que tiende a recubrir el mundo de las políticas para la infancia. Una parte no despreciable de estos “ONG” son precisamente los prestadores de los servicios destinados a la “institucionalización” de los hijos de los pobres en lugares que en muchos casos sólo un humor negro refinado persiste en denominar “hogares”. Un negocio considerable no inventado por el gobierno de Macri, pero sí continuado y cultivado con un ahínco digno de mejor causa. Varios millones se mueven en torno de esta miseria de las políticas sociales, producto frecuente de “internaciones” por protección que algunos sectores del progresismo mal pensante parecen amparar con su negativa irracional y sistemática a remover el decreto de la dictadura militar que permite su vigencia y florecimiento. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, 1300 menores se encuentran en estas condiciones con un costo mensual por niño nunca inferior a los 1071 pesos en los paradores, trepando a 2025 en las comunidades terapéuticas, llegando hasta los 4717,50 para casos de discapacidad y 5988 en las internaciones por motivos de salud mental. Estos costos, más allá de su inmoralidad, esconden en muchos casos la miserable “solución” de mantener a niños en estas instituciones por la imposibilidad de los padres de tener viviendas adecuadas, producto de la ausencia efectiva de cualquier política racional y sistemática de apoyo socio-familiar.

Es precisamente a instancias de muchos de estos “ONG” que el 23 de marzo de este año ingresó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para prorrogar como mínimo por un año lo dispuesto oportunamente por la ley 2281 de 2008. Dicha ley, sancionada el 16 de octubre de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de la CABA el 2 de diciembre (el mismo día que la Corte Suprema convalidaba la constitucionalidad del decreto de la dictadura que permitía la privación de libertad como forma de “protección” de los menores de edad), disponía simplemente que, en un plazo de 18 meses, los lugares convenidos para el alojamiento de menores debían cumplir con las exigencias mínimas que en materia de recursos humanos y materiales deben observar (en realidad desde el momento en que reciben el primer subsidio) estas “filantrópicas” instituciones.

Si en 15 meses la mayoría de estas “empresas” no ha movido un dedo para adecuarse a una ley desde ya laxa y contemplativa, no se entiende muy bien qué sentido tiene una nueva prórroga, por otra parte, impulsada por la bancada que responde al Ejecutivo de la Ciudad, es decir, por el que tiene, supuestamente, la obligación del control y habilitación de estas empresas. Es claro que un proyecto de esta naturaleza no puede sorprender si analizamos la triste performance de la Ciudad en materia de políticas sociales. Sin embargo, sólo con los votos que responden al Ejecutivo no es posible aprobar esta nueva ley. Aun a riesgo de un momentáneo gasto excesivo de energía, mantengamos los reflectores encendidos para ver de dónde salen los votos que faltan.

* Presidente de la Fundación Sur Argentina.

De no haber sido un ex futbolista famoso, por reiterado el caso habría pasado prácticamente inadvertido entre las páginas policiales: brutal asalto en la madrugada de un domingo a un llamativo auto importado en la empobrecida periferia del conurbano bonaerense. Pero el carácter público de la víctima o las declaraciones de un notable (como sucedió en el caso Capristo) sacan a estos casos de su inercia habitual. En el caso Cáceres, no deja de sorprender la velocidad y supuesta eficiencia del accionar policial. No muchas horas después del hecho y como encontrando una aguja en un pajar, la policía detiene a un grupo significativo de adultos y a dos menores que rápidamente resultan identificados por la acompañante de Cáceres y por un remisero previamente secuestrado por los delincuentes como los “indudables” autores materiales del hecho. Poco importa, como los últimos desarrollos parecen demostrarlo, que los supuestos autores materiales pudieran demostrar su absoluta y total inocencia en relación con los hechos que se les imputan. Aun en este último caso les podrían corresponder las mismas medidas de privación de libertad por “protección”, si es que el juez (tal como lo faculta el decreto de la dictadura 22.278), entendiera que los menores se encontrasen en peligro material o moral. En cualquier caso, bajo el sistema normativo vigente, ni los menores podrán jamás demostrar judicialmente su inocencia ni el Estado su culpabilidad. Bajo el sistema vigente, cuando se imputa policialmente a alguien menor de 16 años de un delito, por el solo hecho de su edad y de su condición jurídica (inimputable y no punible) se cierra el expediente penal, con lo cual jamás se podrá determinar si tuvo o no alguna responsabilidad en el hecho que se le imputa. Sin embargo, en el mismo momento en que se cierra el expediente penal se abre un expediente tutelar (que nada dice sobre lo que el adolescente ha hecho sino sobre lo que el adolescente es), en base al cual el “menor” puede ser “protegido” en una cárcel, eso sí, separado de los adultos.

Sólo un sistema específico de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años, como el que ya existe en todos los países de América latina y como el que ya tiene aprobación en general en el Senado de la Nación, podrá evitar esta grotesca utilización de los menores de edad, así como su privación de libertad por “protección”.

En las condiciones actuales, la supuesta inimputabilidad de los menores sólo sirve para criminalizar la pobreza, asegurar la impunidad de los delitos graves cometidos por adolescentes pertenecientes a los sectores medios y altos y, eventualmente, legitimar la ineficacia de una o varias instituciones del Estado. Sólo quien crea en el carácter positivo de estos logros podrá defender con coherencia y propiedad la manutención del statu quo vigente.

* Diputado nacional (Solidaridad e Igualdad), presidente Fundación Sur.

La reciente decisión de la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata que, en esencia, permite la detención discrecional e indiscriminada de menores de edad por parte de la policía constituye no sólo un retroceso descomunal en materia de derechos humanos, sino que, además, precluye toda posibilidad de cualquier política social seria y razonable precisamente allí donde se ubica potencialmente el núcleo más duro de la exclusión social. Es obvio que una medida como ésta no avanzará un milímetro en aquello que la demagogia represiva, en su irresponsable propensión a crear la sensación de que algo está siendo hecho, denomina “la lucha contra la criminalidad”. Por el contrario, toda represión indiscriminada acaba colaborando activamente con las peores formas de la impunidad. No deja de resultar paradójico que un retroceso como éste constituya al mismo tiempo un “avance” en la tendencia real que hoy caracteriza a las involuciones autoritarias en la materia. En este campo, las violaciones flagrantes a los derechos humanos no se configuran en la forma clásica de aumento de las penas y baja de edad de la imputabilidad (ni un solo proyecto de esta índole está siendo tratado en el Congreso Nacional) y sí por una destrucción sistemática de las garantías procesales y de fondo. De lo que en realidad se trata es de la utilización de la privación de libertad, no como una legítima respuesta extrema del Estado a los delitos graves cometidos por los menores de edad, sino como una forma de “política social reforzada” para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Lamentablemente, esta tendencia lejos está de ser una amenaza potencial y futura; por el contrario, tiende normativa y jurisprudencialmente a consolidarse. El artículo 64 de la ley 13.634 (ley procesal penal juvenil de la provincia de Buenos Aires) habilita la privación de la libertad de aquellos menores que en razón de la edad, incluso por un decreto de la dictadura militar (el 22.278, de 1980), designan no sólo como inimputables, sino además como no punibles. Jurisprudencialmente la situación es aún más grave. El triste fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2 de diciembre de 2008 convalida la privación de libertad con el argumento de la “protección” (en violación flagrante de la ley de Protección Integral de la Infancia 26.061, que expresamente lo prohíbe). Un fallo denunciado recientemente frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso del fallo de la Corte, el juez Zaffaroni, uno de sus impulsores, tuvo por lo menos el coraje de reconocer textualmente en entrevista concedida a la revista Playboy del mes de mayo de este año que el decreto convalidado por el fallo (el 22.278, de 1980) “era inconstitucional, pero que se lo declaraba constitucional por razones coyunturales”. Sería saludable para la democracia escuchar un reconocimiento similar por parte de los camaristas platenses.

* Presidente de la Fundación Sur Argentina.

Pocas veces las paradojas aparecen en un estado tan químicamente puro como la que plantea la larga entrevista del doctor Raúl Zaffaroni en la edición argentina de la revista Playboy del mes de mayo de 2009. Transcribo textualmente a continuación la muy pequeña parte dedicada al fallo del 2 de diciembre de 2008, que declara constitucional el régimen penal de la minoridad ordenado por la dictadura (decreto 22.278 de 1980).

Playboy: Un planteo en la Corte Suprema pidió que liberaran a chicos detenidos ilegalmente en un instituto de menores porteño. ¿Por qué la Corte no autorizó esa medida?

Zaffaroni: En diciembre del año 2008 dijimos “esto es inconstitucional”, pero por razones coyunturales no lo podíamos declarar inconstitucional.

Playboy: ¿Cuáles son las razones coyunturales para no poder declarar inconstitucional algo que sí consideran inconstitucional?

Zaffaroni: Con los slogans que había dando vuelta, el riesgo era que se generara un gatillo fácil contra los adolescentes. Nosotros hemos tenido epidemias de gatillo fácil en 1984 y 1985 con la policía recién salida de las órdenes de (Ramón) Camps. No le puedo dar el argumento a una fuerza que yo solté 50 para que me maten 100, sobre todo cuando hay slogans políticos que pueden generar ese tipo de riesgos.

Muchas causas de naturaleza bien diversa concurren para explicar, paradójicamente, que una declaración de esta gravedad –por parte de un miembro cabeza del poder cuya única función es decir el derecho– no haya suscitado, por lo menos hasta ahora, ni un único comentario por parte de la clase política, los movimientos sociales o la vasta gama de prestigiosos juristas con los que cuenta el país. Ni qué hablar del silencio de los que cotidianamente se rasgan las vestiduras frente al deterioro institucional del país y lo atribuyen exclusivamente al Poder Ejecutivo. Si argumentos de similar tenor se hubieran vinculado a una causa de contenido patrimonial o donde estuviera en juego lo que con mucha ligereza se denomina la libertad de expresión, para dar sólo dos ejemplos, interminable sería la cola de los defensores del estado de derecho para repudiar el atropello a los fundamentos de la democracia, agraviada por quienes en flagrante violación de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales se erigen en “protectores” de la libertad de los “otros”. ¿Puede alguien imaginarse el cierre de un medio de comunicación con el argumento de que los contenidos expresados pudieran irritar a sectores con acceso al “gatillo fácil” y por ese motivo se protegiera de ese modo a los dueños del medio de comunicación? ¿Puede alguien imaginar la convalidación de la expropiación de una empresa ya que el lucro generado podría convertir a sus dueños en presa fácil de un secuestro extorsivo? Así de absurdos, aunque no de evidentes, resultan el fallo de la Corte y las declaraciones del doctor Zaffaroni, con la única diferencia de que no se trata de dinero, sino de la libertad de seres humanos en formación, personas que la injusticia devaluó al grado de convertirlas, en la mejor de las hipótesis, en meros objetos de “protección” en una cárcel donde ninguno de los que suscribieron el fallo dejaría a un hijo por más de diez minutos.

Digámoslo sin ambigüedades, hace mucho tiempo que la libertad de los “otros”, especialmente de estos “otros”, no le preocupa casi a nadie. ¿Qué diferencia en realidad existe entre un Blumberg que quiere encerrar preventivamente a los pobres para que no roben y un Zaffaroni que los quiere encerrar para que no los maten? La diferencia es que el primero no ostenta ningún cargo ni responsabilidad pública, mientras el segundo, cabeza de un poder del Estado, niega (mientras impúdicamente declara que procede) el más supremo y devaluado en estos tiempos de los valores humanos: la libertad.

Legitimar, desde la investidura de un juez de la Corte Suprema, con el peligro de muerte en manos de la policía, el rechazo a una libertad que procede sin presentar una sola denuncia destinada a verificar la existencia de acusaciones de tal gravedad, constituye la negación más flagrante de todos los principios del estado de derecho.

Un Poder de la República puede, tal como de hecho frecuentemente sucede, ver recortadas sus funciones vía la intromisión de otro poder (generalmente el Ejecutivo) en sus áreas específicas. Sin embargo, cuando el recorte de funciones se genera a partir de una iniciativa propia, estamos frente a un suicidio institucional que generalmente acaba de la peor manera. Que lo digan si no los alemanes, quienes, dicho sea de paso, no consiguen olvidar que el fundamento (escrito y documentado) de las leyes que crearon los campos de concentración fue la protección de los judíos para que no cayeran víctimas de los “gatillos fáciles” de la época.

También en estos tiempos, la cuestión de la infancia es la cuestión de la libertad.

* Diputado nacional. Presidente de la Fundación Sur Argentina.

Los recientes sucesos en el Hogar San José Obrero vinculado con la “obra” del cura Grassi se parecen mucho a aquel cuento de Borges donde un anónimo alertaba a un marido ingenuo sobre las peripecias de su mujer, la cual, “con la excusa de trabajar en un lupanar, vendía en realidad allí géneros de contrabando”. El escándalo perfectamente organizado y orquestado por poderosos de todo pelaje, resistiendo al desalojo denunciado por un obispo y ordenado por la Justicia debido a la evidencia de gravísimas violaciones de todo tipo y tamaño, puso al descubierto una situación donde los hechos más graves se escondían y se esconden en el “normal” funcionamiento cotidiano de la institución. Un funcionamiento “normal” que hasta ahora no ha sido puesto en evidencia, tal vez, porque en esta materia hemos perdido la capacidad de percibir lo obvio. Entre otras cosas, el escándalo puso de relieve que buena parte de los niños abandonados fueron rápidamente recuperados por miembros de su entorno familiar, cuya aparente inexistencia era el único motivo que justificaba su “protección”. No quiero abundar aquí en las falacias y los peligros que esconden las diversas formas de institucionalización para el supuesto amparo de sujetos vulnerables.

¿Hasta cuándo y con qué argumentos el Estado seguirá tolerando estas repúblicas autónomas fundadas en un “amor”, para el que no rigen ni los límites ni los controles de ninguna naturaleza? Espacios de grosera y delictiva manipulación de niños y adolescentes. La experiencia concreta y no una vaga especulación filosófica enseña a distinguir las formas legítimas de las formas ilegítimas y espurias de participación de los menores de edad. En las primeras, simplemente, los niños hablan como niños y los adultos, como adultos. En las segundas, los niños hablan como adultos y los adultos, como niños.

En todo caso, algunos interrogantes permanecen flotando en el aire y dependerá de la voluntad real del poder político (de la Nación y de la ciudad) responderlos adecuadamente. Entre otros, resulta incomprensible la ostensible torpeza de la inacción policial. Un poco más clara parece ser la defensa de la “casita” de los niños situada en terrenos de propiedad del Onabe, cuyo valor lejos está de ser de naturaleza simbólica.

Si de la acción de la Justicia y del coraje cívico y solitario de funcionarios como el Dr. Marcelo Jalil no se extraen consecuencias profundas en términos de reformulación de la política social, sólo habrá que sentarse a esperar un nuevo escándalo, aunque le será más difícil a la dirigencia política mostrar sorpresa y estupor frente a la sociedad.

* Diputado nacional. Presidente de la Fundación Sur Argentina.