Página#12 Libre

Producción: Tomás Lukin

Salarios y distribución

Por Gustavo Ludmer *

A partir de 2003, tras una fuerte caída provocada por el colapso de la convertibilidad, los salarios comenzaron a recuperar su poder de compra. La estrategia principal del gobierno de Néstor Kirchner para mejorar la distribución del ingreso fue la implementación de políticas macroeconómicas favorables a la producción nacional, permitiendo la creación masiva de puestos de trabajo, revirtiendo la tendencia negativa. Las mejores condiciones del mercado laboral aumentaron el poder de negociación de los trabajadores que, en el marco de la reapertura de las paritarias, se tradujeron en un sostenido aumento de los salarios reales.

Los resultados obtenidos en la primera etapa de distribución del ingreso vía crecimiento económico fueron muy positivos. Para fines de 2006, con la creación de 4 millones de nuevos puestos de trabajo, buena parte de los asalariados había recuperado su poder de compra con respecto a 2001.

Sin embargo, desde 2007 la estrategia oficial comenzó a perder efectividad. Entre los factores externos, se destacó la crisis internacional de 2008-2009, que puso un freno al crecimiento de la economía nacional afectando el escenario laboral, en particular a la industria, la construcción y los bancos.

Por otra parte, el alza record de los precios internacionales de alimentos en 2008 –y para algunos productos en 2010– se tradujo en aumentos de precios internos (dado el esquema de retenciones fijas a la exportación), agudizando la dinámica inflacionaria.

Entre los limitantes internos se destacó una disminución en la creación de empleo registrado desde 2007. Así quedó al descubierto la existencia de núcleos duros de desocupación, subempleo y trabajo informal. En segunda instancia, la problemática inflacionaria complicó la situación en varios sectores de la población. Para el segmento del mercado laboral que se desempeña en blanco, las paritarias fueron efectivas para continuar con la recuperación de los salarios, aunque a menor ritmo.

Sin embargo, no todos los trabajadores pudieron ganarle a la inflación en estos últimos años. Tanto los empleados públicos como los asalariados no registrados –que en la Argentina aún representan 36 por ciento del total– tuvieron aumentos salariales inferiores a los incrementos de precios medidos por los institutos de estadísticas provinciales, lo que significó una disminución de su poder adquisitivo. El hecho de que los salarios de los trabajadores no registrados hayan aumentado menos que los de los formales bastaría para acallar las voces que responsabilizan al trabajador por estar en situación irregular. El módulo sobre informalidad laboral de la Encuesta Permanente de Hogares, realizada en 2005 por el Indec y por la Organización Internacional del Trabajo, concluyó que en el 95 por ciento de los casos de trabajadores no registrados, la responsabilidad era del empleador.

Ahora bien, para aquellas familias que sufrían una inserción laboral precaria, se tornaba necesario establecer otras formas de ingresos más allá del salario, para evitar las situaciones de vulnerabilidad social. En este marco pudo notarse durante los últimos años un cambio en la estrategia distributiva del gobierno nacional. Mediante la recaudación de impuestos y el gasto público se profundizó el rol del Estado en la distribución secundaria del ingreso. Estas políticas estuvieron direccionadas hacia aquellos segmentos de la población más vulnerables (trabajadores informales, desocupados y jubilados). En este contexto se enmarca la implementación de la Asignación Universal por Hijo a fines de 2009, iniciativa que logró reducir en 55 por ciento la indigencia, según diferentes estudios.

En materia previsional, al destacado incremento de las jubilaciones mínimas (718 por ciento en 7 años, que descontando la inflación de las provincias significó un aumento superior al 140 por ciento en el poder de compra) se sumó la ampliación de la cobertura a más de un millón y medio de mayores de 65 años, y la recuperación de las prestaciones brindadas por el PAMI, que constituyen transferencias indirectas de ingreso hacia los jubilados.

También deben destacarse los efectos positivos de las políticas de subsidios a las tarifas del transporte y de los servicios públicos, pieza importante para permitir la recuperación de los salarios reales. Este componente redistributivo estuvo prácticamente ausente en otros países de la región, lo que permite explicar, en parte, que los salarios hayan crecido más en la Argentina.

Sin embargo, no debe perderse de vista que estas soluciones son necesarias y sólo sirven en el corto plazo. Para el largo plazo, el único camino para la inclusión social y la equitativa distribución del ingreso radica en lograr una estructura productiva diversificada, con agregación de valor y generación de puestos de trabajo de calidad. Es decir, lograr el desarrollo económico y social de nuestra Nación.

* Economista (UBA). Miembro del Departamento de Empleo y Trabajo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires (SID Baires).

El turno del empresario

Por Sandra Guimenez *

El reciente hallazgo por parte de la Justicia de trabajadores que viven y trabajan en condiciones miserables y cuasi esclavistas nos trae la perentoria necesidad de debatir acerca de cómo se trabaja en algunos sectores, qué acciones y herramientas deberían profundizarse y qué actores deben asumir un rol protagónico en relación con estos ejes.

La bonanza económica que viene atravesando Argentina se evidencia en la evolución favorable de distintos indicadores económicos y sociales. En lo que refiere a los indicadores laborales, es innegable que la tasa de ocupación ostenta un comportamiento positivo y que, en consonancia, la tasa de desocupación muestra un descenso marcado y sostenido. No obstante, aún permanece un núcleo de relaciones laborales que no responde acorde con la evolución de la economía, por lo que se requieren políticas específicas que apunten a corregir las situaciones de desigualdad que comprenden a un porcentaje importante de población que se inserta laboralmente de manera muy precaria. Me refiero aquí a situaciones tan extremas como las identificadas en explotaciones agropecuarias de San Pedro y Ramallo, aunque también incluyo a ese porcentaje considerable de trabajo informal que sigue formando parte del universo del trabajo argentino.

La informalidad constituye una problemática muy compleja, difícil de identificar, puesto que en ese espacio coexisten situaciones de diverso tipo que pueden extenderse desde trabajadores de oficio que se desempeñan por su cuenta pero que en realidad dependen de un tercero que los emplea cada tanto, pasando por unidades económicas pequeñas con escaso capital y rudimentaria tecnología, hasta grandes/muy grandes empresas que para ampliar márgenes de ganancia mantienen una porción de trabajadores en forma ilegal y/o que tercerizan parte del proceso de producción hacia unidades económicas de menor tamaño que sustentan su estructura en la contratación de trabajadores fuera de los términos formales. Por lo tanto, si son difíciles de identificar y monitorear, son situaciones arduas para abordar desde el nivel de las políticas públicas y obligan, por ende, a redoblar esfuerzos.

Este núcleo de relaciones laborales informales ha experimentado en los últimos años un descenso importante, aunque no obstante aún engloba a una proporción de la población económicamente activa cercana al 36 por ciento. La rigidez y lentitud en la disminución de la informalidad puede explicarse en parte por la reticencia de ciertas grandes empresas a aceptar que llegó la hora de ceder algunos márgenes de ganancia en pos del reconocimiento y cumplimiento de derechos laborales, lo que a su vez redundará en beneficio de toda la sociedad. Radica allí un desafío mayor y exige, entonces, un tratamiento específico, sistemático y riguroso por parte de las autoridades gubernamentales, actor que cuenta con la legitimidad y las herramientas para hacerlo.

Los últimos treinta años de políticas neoliberales han cosechado en términos culturales una práctica y sentidos en los trabajadores acerca de que lo único importante es tener un trabajo sin importar las condiciones que el mismo conlleve. Principalmente durante los años noventa en los que la desocupación saltó a dos dígitos, los distintos sectores representantes del establishment batallaron intensamente acerca de este ethos negador de derechos. Quizá por ello pueda comprenderse por qué algunos jóvenes hallados en la finca en San Pedro se negaban a abandonar un trabajo a todas luces paupérrimo. No es sencillo modificar estos convencimientos tan profundamente arraigados, ello requiere una gran tarea de “alfabetización de derechos”, que si bien debiera asumirla el Estado, parece ser más claramente arena de acción de los representantes sindicales.

Finamente, quisiera destacar que la tarea titánica de promover e instalar mejores condiciones de trabajo, en todos los niveles, en todos los sectores, sin discriminación de ningún tipo, exige un Estado activo representado en el nivel de la gestión gubernamental por los agentes públicos. En relación con ello, resulta significativo continuar y profundizar acciones de concientización en el conjunto de los trabajadores estatales dirigidas a recuperar el sentido de la acción y gestión pública. El neoliberalismo destruyó el sentido de lo público y en su lugar construyó como objetivo per se una práctica individualista basada en un saber tecnocrático distanciado y enemigo de la política como herramienta de transformación. El saber es muy importante, sustancial, quién podría negarlo. Sólo que debe estar (y se debe saber que está) al servicio de un bienestar general que es importante alcanzar. He ahí otro desafío mayor para recomponer los lazos entre el Estado y la sociedad.

* Socióloga. Doctora en Ciencias Sociales-UBA. Investigadora del Instituto Gino Germani-UBA.

Producción: Tomás Lukin

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Protección social

Por Fernando Groisman *

El pasado 1º de noviembre se cumplió un año desde la sanción del Decreto 1602/09, que dio origen a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde su puesta en marcha se ha inaugurado una nueva etapa en la política social nacional. A partir de entonces el Estado ha asumido el compromiso de garantizar un ingreso monetario a todos aquellos hogares con niños en los que los adultos carecen de un empleo formal. La medida vino a equiparar la situación con los hijos de los trabajadores formales –aquellos registrados en la seguridad social– que ya eran beneficiarios de un sistema contributivo de asignaciones familiares.

La Asignación Universal por Hijo ha establecido un nuevo valor de referencia, más elevado que los vigentes en los diversos planes y programas preexistentes, para las prestaciones sociales destinadas a asistir a aquellos hogares de menores recursos. En ello radica también su preeminencia en la nueva generación de políticas sociales que han surgido en el marco de la expansión económica de los últimos años. El nuevo piso de protección social que instauró la AUH ha derivado en una progresiva confluencia hacia este programa de aquellos beneficiarios de otros planes sociales. Así, no debería extrañar que su rol como eje articulador de la política social tienda a fortalecerse en el futuro a través, por ejemplo, de la inclusión de otros hogares de escasos recursos que hoy estarían excluidos del beneficio: familias con empleos precarios sin hijos o que abandonaron la escolarización.

La elevada cobertura de beneficiarios que alcanzó la AUH con más de 3,5 millones de niños y el esfuerzo presupuestario que significa en torno de 10 mil millones de pesos al año, son indicadores directos tanto de la envergadura de la iniciativa cuanto del esfuerzo fiscal que implica su sostenimiento.

Una condición inherente a la efectividad de las políticas de transferencia de ingresos a la población más vulnerable es que el monto de la asignación no reduzca su poder de compra. La actualización del mismo tiende a garantizar menor volatilidad en el consumo de los hogares. En línea con ello el decreto 1388/10 fijó un incremento de 180 pesos a 220 pesos por hijo a partir de septiembre del corriente año.

El conjunto de los diversos aspectos recién mencionados –amplia cobertura, actualización periódica del monto de la transferencia, posibles ampliaciones a hogares pobres que no son corrientemente beneficiarios– contribuyen a que la financiación de la AUH se ubique regularmente en el centro del debate. Los recursos destinados a ella provienen esencialmente de los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino. Si bien no se observan dificultades en el corto plazo sobre este mecanismo de financiación no debe perderse de vista que el dispositivo más idóneo para asegurar la sustentabilidad fiscal de la AUH es el aumento del empleo formal. El acrecentamiento de estos puestos de trabajo tiene el doble efecto de aumentar los recursos a la seguridad social y reducir la cantidad de beneficiarios de la AUH.

A pesar del fuerte incremento que se ha producido en la registración laboral en los últimos años todavía persisten en esa condición uno de cada tres trabajadores asalariados. Una proporción no despreciable de estos empleos se dan en el servicio doméstico, en la construcción y en los pequeños comercios. Pero el fenómeno también alcanza al resto de la actividad económica y a los establecimientos de mayor tamaño. Cabe enfatizar que los puestos de trabajo no registrados –excluyendo al servicio doméstico que se desarrolla en los hogares– se reparten en partes iguales en los establecimientos económicos que tienen hasta cinco ocupados y en los de más de esa cantidad. Ello obliga a doblar los esfuerzos por aumentar la registración del trabajo. En definitiva, la AUH dependerá para su consolidación como estrategia de protección social para los más pobres del aumento del empleo formal.

* Investigador Conicet-UBA.

La hora de los trabajadores

Por Sandra Guimenez *

Días atrás asistimos a un suceso muy lamentable como fue el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, el cual se produjo en el marco de una protesta sindical en la que trabajadores tercerizados de la línea Roca reclamaban el pase a planta permanente. El asesinato de este joven es un hecho además de triste absolutamente condenable, e invita a una reflexión sobre las condiciones de trabajo a que están sujetos miles de trabajadores en Argentina. Llama la atención que los medios masivos de comunicación y gran parte del espectro político centraran el repudio al asesinato haciendo foco únicamente en cuestionar la práctica de la burocracia sindical, que sin lugar a dudas es abominable. El origen de este hecho tan triste no es otra cosa que el carácter de las condiciones laborales existentes.

Las transformaciones estructurales de signo neoliberal a lo largo de la década del noventa apuntaron a modificar la relación empleado-empleador. Entre los argumentos a que se echó mano para llevar adelante el paquete de reformas, se destacaba la necesidad de adecuar el marco regulatorio laboral al nuevo contexto macroeconómico que imponía un escenario internacional caracterizado por la vigencia de un patrón de acumulación basado en la valorización financiera. Se decía que era necesario garantizar el libre juego entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, para eficientizar los recursos y para transformar al país en un sitio atractivo a la inversión de capital. Esa inversión vendría a solucionar los crecientes problemas de empleo y desocupación que afectaba a una porción muy considerable de trabajadores. En ese contexto, se impulsó y alentó la flexibilización laboral y se introdujeron modificaciones que permitieron la incorporación de nuevas formas de contratación (como pasantías, becas, horas cátedra, contratos de locación de servicios).

Esas formas de vinculación laboral siguen existiendo, están ampliamente extendidas tanto en el sector privado como en el público, e implican notorios grados de desigualdad entre los trabajadores que se hallan en puestos permanentes y en blanco frente a quienes permanecen contratados bajo algunas de esas modalidades flexibles. Ese tipo de contrataciones acarrean diversas cuestiones: el trabajador no tiene certeza ni seguridad acerca de la extensión del lazo laboral, ya que la continuidad del mismo queda sujeto al arbitrio del empleador que adecua las contrataciones a la evolución de sus negocios. Además, los trabajadores se ven obligados a asumir como un gasto de su responsabilidad tanto el aporte jubilatorio como el acceso a la salud. Asimismo, quedan excluidos de los aumentos salariales que obtienen los sindicatos del sector respectivo (ya que en general éstos sólo representan a quienes conforman los planteles permanentes). La sumatoria de estos aspectos resulta en grandes brechas de desigualdad al interior del conjunto de los trabajadores.

Introducir modificaciones que avancen en reducir estos niveles de desigualdad implica avanzar sobre las ganancias de los empresarios/empleadores, y por ello creemos que los grandes medios de comunicación y algunos políticos eligieron centrarse en denostar la práctica sindical e invisibilizar la discusión sobre la calidad del trabajo y la (des)igualdad. Más aún, en esta coyuntura en que se pretende introducir la bienvenida discusión sobre la participación obrera en las ganancias.

Desde 2003 en adelante se han puesto en acción diversas políticas que apuntan a ganar igualdad, y es lógico que en los primeros años se priorizaran el crecimiento económico y la creación del empleo, ya que un contingente muy importante de trabajadores se hallaba fuera del mercado de trabajo. Actualmente se atraviesa una indudable mejor situación económica, social y laboral, por lo que parece un momento propicio para desandar las condiciones laborales que impuso el neoliberalismo. Hablar de condiciones laborales es hablar de la forma que rige la contratación, pero también del salario, del derecho a la salud, del derecho a aportar para una vejez mejor.

* Socióloga y magister en Políticas Sociales, UBA-Docente de la Carrera de Sociología UBA-Investigadora del Instituto Gino Germani-UBA.

A mediados de 2009, el gobierno nacional dispuso el lanzamiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo, conocido como Argentina Trabaja. A través de éste se pretende alcanzar inclusión social por medio de la generación de trabajo, para lo que las personas interesadas deben conformar cooperativas mediante las cuales desarrollan distintas obras en las localidades donde residen y a cambio de lo cual obtienen un ingreso mensual, para lo que además reciben capacitaciones en oficios. Lógicamente, un programa de tales características y con pretensiones de cobertura muy amplias atraviesa diversos avatares en el transcurso de su implementación:

1 Porque queda población sin cubrir.

2 Porque algunos mecanismos de funcionamiento pueden no ser claramente comprendidos o distorsionados en el ámbito micro.

3 Porque su cobertura no llega a ámbitos territoriales y políticos que lo reclaman.

Todos ésos y otros elementos se constituyen en aspectos negativos que alcanzan para obnubilar todo lo positivo que el programa posee. Hay aspectos positivos que se desconocían y que se pueden encontrar en visitas e intercambios con los trabajadores que hoy ya forman parte de él. Vale la pena compartir algunos de esos elementos, que son poco o deficientemente comunicados por las propias autoridades que lo llevan adelante.

En primer lugar, resalta el hecho de que el programa está planteado desde una perspectiva que ex profeso pretende alejarse del formato de “programas enlatados” que se implementaron a lo largo de la década de los noventa. Estos se denominaban comúnmente de esa forma en tanto establecían rígidamente los parámetros según los cuales la población beneficiaria debía ser seleccionada, los montos a financiarse, así como el tipo de prestaciones que podían brindarse. En oposición a ello, entonces, el programa se presenta como flexible en el quehacer cotidiano en el territorio.

La flexibilidad está asociada con facilitar que los mecanismos y procedimientos burocráticos permitan incluir a la mayor cantidad de personas, en las mejores condiciones posibles y que posibiliten alcanzar los objetivos del programa. Ello no implica actuar por fuera de lo legalmente establecido, sino revisitar los mecanismos preexistentes en distintas dependencias del Estado para generar una sincronía virtuosa entre el programa y las distintas instancias en que el Estado cristaliza sus intervenciones. Y si ello requiere introducir modificaciones nodales en dependencias que tienen injerencia directa e indirecta con el mismo (por ejemplo, en la AFIP), las autoridades avanzan en ese sentido.

En segundo lugar, sobresale el hecho de que el programa posibilita, además de lo ya dicho, el acceso a una cobertura de salud tanto para el titular como para su grupo familiar. En algunas de las recorridas que tuvimos la oportunidad de realizar a distintas localidades del conurbano, se pudo comprobar que cientos de las personas que ya se incorporaron o están en camino de hacerlo son jóvenes –muy jóvenes– que no han podido cumplimentar sus estudios secundarios e incluso primarios. Son jóvenes que se incorporaron muy tempranamente a empleos informales y mal pagos, y que también muy tempranamente han conformado sus propios hogares. Así, a partir de su inclusión en el Argentina Trabaja, estos jóvenes tan largamente postergados tienen la posibilidad de concretar su derecho a la salud.

Aquellas recorridas nos permitieron observar que las capacitaciones que reciben los trabajadores tienen un objetivo muy claro: dejar instalado que el dinero que reciben como ingreso les pertenece y que ninguna persona a título individual o en nombre de algún agrupamiento de tipo colectivo puede solicitarles un porcentaje de éste. Este hecho no es un dato menor, ya que apunta al corazón de mecanismos ampliamente vilipendiados y cuestionados por parte de distintos sectores de nuestra sociedad. Incluso, este hecho cobra más importancia aún si se toma nota de que algunas organizaciones (de la sociedad civil o gubernamentales de nivel local) se han sentido cuestionadas a sí mismas por la insistencia en esta indicación.

El nivel de implementación tiene siempre múltiples dificultades en su concreción. Quien haya participado alguna vez de la gestión sabe que esto indefectiblemente es así. Algunos objetivos y parámetros establecidos pueden no ser útiles, prácticos o lógicos cuando se topan con la persona de carne y hueso. Seguro hay mucho para mejorar, ampliar, cambiar, repensar, pero también hay mucho para ponderar positivamente

* Socióloga y Magister en Políticas Sociales, UBA. Docente de la Carrera de Sociología UBA. Investigadora del Instituto Gino GermaniUBA.