Página#12 Libre

Ayer la Presidenta promulgó la nueva Ley de Salud Mental. Este hecho marca un momento histórico para nuestro país en la materia. A partir de este momento podremos empezar a desandar el paradigma todavía hegemónico en Argentina que se basa en la concepción de que las personas con discapacidad psicosocial son objetos de tutela y protección que deben ser sustituidos en la toma de las decisiones, restringiendo así su capacidad de ejercer derechos y su inserción en la comunidad.

Esta situación los obliga, al margen de su voluntad, a someterse a procesos de internación e interdicción. Lo que conduce, a la vez, a un alto grado de hospitalización a largo plazo, en grandes centros de internación, y la utilización de la mayor parte de los recursos destinados a salud mental a este fin, en detrimento de dispositivos de atención comunitarios.

El concepto de enfermedad es el resultado de una construcción social. No es ningún hecho dado ni mucho menos objetivo. A lo largo de la historia, cada sociedad fue definiendo qué es lo normal, qué es lo patológico, qué es la salud y qué la enfermedad. Por supuesto que estas definiciones fueron –y son todavía– objeto de discusiones, de combates discursivos, ideológicos y también económicos. La enfermedad –y la locura particularmente– muchas veces ha funcionado, en la modernidad, como objeto de engaño, como señuelo para ocultar profundas políticas de disciplinamiento social. La obra de Michel Foucault, entre otras, es un extraordinario registro, lleno de inventiva teórica, sobre los modos en que el poder, en nombre del miedo a la locura, avanza sobre el control de las poblaciones, que no es otro que el control del deseo, de nuestros cuerpos y de la capacidad subjetiva de decidir sobre nuestros actos.

Es este un tema que toca de cerca, que apunta al núcleo específico de nuestra tarea en el Inadi. Pensar el racismo, la discriminación y la xenofobia no es sólo tomar nota y denunciar las manifestaciones evidentes (aunque también lo es), sino desmontar los mecanismos de dominación y segregación, las huellas que suprimen la diferencia en nombre de una supuesta normalidad. Pensar la igualdad implica también pensar en estas cuestiones. La Ley de Salud Mental significará un notable paso adelante en la ampliación de derechos civiles y en la conquista de nuevos avances sociales.

En relación a la salud mental, se estima que en Argentina hay alrededor de 25.000 personas en centros de internación (66,7 por ciento en el sistema público y 33,3 en el privado). En promedio, más de un 80 por ciento de estas personas permanecen internadas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. Entre el 60 y el 90 por ciento suelen ser denominadas como “pacientes sociales”, dado que permanecen institucionalizados en hospitales psiquiátricos por motivos de pobreza y/o desamparo social y familiar.

En las instituciones psiquiátricas argentinas se han constatado graves hechos de abuso y negligencia, incluyendo muertes no investigadas, exposición a privación sensorial mediante aislamiento y diversos actos de violencia física y sexual. Asimismo, se evidencian falta de recursos, mal estado de las instituciones y ausencia de mecanismos de supervisión pública. Sin embargo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2007, se enmarca en un cambio de paradigma que pasa a entender a la persona con discapacidad de objeto de asistencia a sujeto de derechos.

Garantizar el derecho de los individuos a defender su propia subjetividad, a no sufrir el peso del injusto orden psiquiátrico imperante, era una deuda social y cultural. Desde el Inadi estamos en apoyo activo en busca de una sociedad más justa. Hoy, gracias al compromiso del gobierno nacional y de los legisladores que impulsaron y aprobaron la nueva Ley de Salud Mental, estamos ante la posibilidad de empezar a cambiar esta realidad y continuar construyendo un país más inclusivo e igualitario.

* Titular del Inadi

Existe siempre una tensión irresuelta entre el presente y la historia, llena de malentendidos e ironías. Si leemos con los ojos del presente lo que se escribió en el pasado, no podemos, a veces, dejar de sonreír y, siempre, dejar de pensar qué sucedió para que se llegase a ese extremo: del “tirano prófugo” al “general democrático” (por Videla) hay una larga cadena de afirmaciones equivocadas que no se han sostenido en el tiempo, ni siquiera en el corto plazo. Nuestro presente es uno de esos momentos históricos de los que ya sabemos que acarrean el equívoco al futuro. Mucho de lo que se escribió en los medios hegemónicos sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) no se sostiene en el tiempo, ni siquiera en el presente. La defensa de intereses corporativos amenazados es tan evidente en los actores que se oponen a la ley que no hay demasiado que agregar.

En cambio, siempre es bueno recordar que la ley es un formidable avance social y cultural. En la sociedad contemporánea, el derecho a la información ocupa un lugar medular, al lado de otros derechos humanos básicos. Al igual que con la ley de Matrimonio Igualitario, el trayecto que desembocó en la aprobación es inobjetable. Debería ser tomado como un modelo democrático: participaron todos los actores interesados, el Congreso se convirtió en una caja de resonancia de esas discusiones públicas y se votó en ambas cámaras, buscando consensos y mayorías que fueron mucho más allá de lo que, para retomar el habla trivial de los medios, se nombra como “oficialismo”. La base social de estas leyes es innegable. De allí proviene una legitimidad que excede, en mucho, al ámbito legislativo.

¿Habrán leído la ley completa quienes la critican tanto? Quisiera reparar en un punto concreto que quizá pase inadvertido para los medios hegemónicos, pero que toca directamente nuestro trabajo cotidiano en el Inadi. Me refiero al artículo 66 de la ley, que en sus considerandos, señala: “Que las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (“closed caption”), lengua de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”. Este texto legislativo está llamado a ocupar un lugar destacadísimo en la historia de la lucha en Argentina contra la discriminación. O, para volver a citar la ley: “Que la reglamentación propuesta para el artículo 66 de la Ley N0 26.522, y su efectiva aplicación reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, permitiéndoles vivir en forma independiente, propiciando así su plena participación en todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad”.

El artículo 66 es un texto programático, del que debemos sentirnos orgullosos. Y comprometidos. Es un paso más en la lucha por sacar de la invisibilidad social a los discapacitados, por devolverles su dignidad y reconocerles sus derechos. Pero también, el artículo 66 ha sido el resultado de intensas discusiones con los actores y organizaciones sociales. El propio articulado menciona instancias de toma de palabra de la Asociación Argentina de Sordos, la Confederación Argentina de Sordos, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Comisión de Discapacidad del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores y Farco. Con la nueva LdSCA, las personas con discapacidad auditiva, visual, o intelectual tendrán asegurado su acceso democrático a la información (Argentina pasa a ser uno de los tres primeros países en el mundo en darle cabida legal a la relación entre comunicación y discapacidad intelectual). En el corto plazo, el lenguaje de señas –pensado como patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad sorda–, el subtitulado oculto y el audio descripción ocuparán una importante franja horaria en pantalla. No es un dato menor para los que apostamos por una sociedad más justa e igualitaria.

* Presidente del Inadi.

La reciente aprobación de la ley de matrimonio igualitario implica una formidable ampliación de los derechos civiles. Marca uno de esos hitos que nos recuerdan para qué sirve la democracia: para avanzar sostenidamente en la igualdad y en la libertad de los ciudadanos. Para hacer la vida un poco más justa. La votación y las diferentes voces que se escucharon alrededor del debate también aportan una enseñanza: ser progresista en serio significa enfrentarse a importantes y tradicionales factores de poder.

Grupos económicos, instituciones religiosas, grandes medios, que no están acostumbrados a que se pongan en cuestión sus intereses en nombre de los del bien común. Para ellos, lo que viene sucediendo (en relación con esta ley, y con otras iniciativas como la ley de medios, la Asignación Universal por Hijo, la ley de migrantes, el rumbo de la política económica, la política de derechos humanos) debería ser también una fuente de aprendizaje –el aprendizaje de la democracia– aunque todavía no han dado demasiadas muestras en ese sentido. Pero tarde o temprano esos grupos de poder también van a terminar por democratizarse. La democracia, cuando se avanza en el progreso social, involucra un cierto nivel de conflictividad, y está bien que así sea. No debemos asustarnos por ello.

La ley de matrimonio igualitario, que pone a la Argentina entre los países más avanzados del mundo, es el resultado de, al menos, dos factores. Primero, un largo camino de militancia, lucha y pedido de justicia de parte de las organizaciones sociales involucradas originalmente en el tema. Eso incluye las acciones colectivas de grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, acompañados muchas veces por representantes del mundo de la cultura, del arte, del campo intelectual y la academia. Fue una militancia festiva pero consecuente, larga pero perseverante, que nunca dejó de lado el orgullo y la alegría, sin dejar de ser siempre crítica con el estado de las cosas. Desde el Inadi conocemos bien esta perspectiva: la hemos acompañado, hemos recorrido juntos el mismo camino, hemos trabajado en conjunto.

En segundo lugar, hubo una formidable apertura y receptividad de los sectores políticos más progresistas para relanzar el tema, darle estatuto parlamentario y plantear el debate en la opinión pública. Incluso, admirable hasta en los aspectos técnicos (la impecable redacción de la ley no ameritó ninguna modificación). Eso incluye por supuesto a sectores de partidos opositores que apoyaron la iniciativa (hubiéramos deseado que fuesen más) haciendo honor a la tradición laica y republicana de la genealogía política a la que adhieren.

Pero también hay un mérito innegable del Gobierno. Sin la decisión política de la Presidenta, ahora estaríamos hablando, testimonialmente, de un hermoso proyecto lamentablemente fracasado. La virtud del Gobierno ha sido doble: primero, en términos generales, abrir un nuevo horizonte de expectativas en la sociedad, que permite imaginar (y llevar a cabo) proyectos transformadores en las más diversas áreas. Es fácilmente palpable el clima de cambio social que vivimos. Y segundo, en lo específico, haber tenido la capacidad para tomar ese tema, y defenderlo pese a las inmensas presiones de los sectores conservadores y de la oposición interesada en desgastar al Gobierno, antes que en cualquier otro objetivo. No nos tiene que dar vergüenza decirlo: sin el Gobierno, hoy no habría ley de matrimonio igualitario.

Como señalábamos, éste es un tiempo de profunda ampliación de los derechos civiles. Pero quedan aún muchos otros temas pendientes, que tocan a las minorías, a los discapacitados, a los pueblos originarios, a las nuevas formas de vida urbana. Temas que conllevan también su propia dimensión teórica, es decir, la posibilidad de repensar la relación entre diversidad, igualdad y democracia. Es una agenda estimulante, abierta a la imaginación política. Y es, creemos, la agenda que marcará buena parte del debate en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación, en los próximos tiempos. Desde el Inadi estamos orgullosos de hacer nuestro aporte en esa dirección.

* Presidente del Inadi.

Las declaraciones del senador Sanz son racistas y discriminatorias. Vale la pena volver a citarlas para tenerlas presentes. Dijo Sanz en una entrevista radial: “En el conurbano bonaerense la Asignación Universal por Hijo, que es buena, en términos teóricos, (...) se está yendo por la canaleta de dos cuestiones (...) el juego y la droga”. En los últimos años ha tomado centralidad en la agenda pública la discriminación por causas de género, de elección sexual, de origen nacional y de etnia, por mencionar sólo algunas. Sin embargo, es necesario recalcar otra causa de discriminación que, pese a ser la más frecuente, es muy a menudo invisibilizada: la pobreza.

La inmensa mayoría de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo es pobre. En sus dichos, Sanz vuelve a reproducir una sinonimia muy conocida entre nosotros. O, mejor dicho, da un paso más lejos aún. Conocíamos la asociación discursiva entre pobre y vago, pobre e indolente, pobre y sucio. Ahora se ha dado el paso al vincular pobre con drogadicto, pobre con jugador.

¿Cómo entender al senador? Una primera condena moral es evidente. Pero no alcanza con eso. Y mucho menos con practicar el deporte diario de comprender las posturas de los actores políticos en función de su “posicionamiento” en el escenario mediático. Es necesario establecer una critica radical que imbrique creencias como las de Sanz en la larga tradición nacional de desprecio y pedido de castigo frente al pobre (el pobre al que se lo castiga por ser pobre), de delimitación de fronteras lingüísticas (“ellos” vs. “nosotros”) que instantáneamente se vuelven fronteras materiales: en el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al espacio público.

Y resta una palabra. La palabra que pasó inadvertida, pero que termina de dar sentido al acto discriminatorio. Es el momento “poético” del racismo: la palabra “canaleta”. ¿Qué es una canaleta sino el tubo por el que se evacua la mugre, la basura, la lluvia sucia, el desperdicio? La ayuda al pobre se escurre por el caño –la canaleta– que lleva directamente al juego y la droga. Nada bueno puede esperarse de la política cuando se piensa en esos términos.

Una reflexión final. Hasta hace unos años, el presidente del Inadi no hubiera sido consultado para opinar sobre situaciones como ésta. Hoy, la sociedad va tomando conciencia de que el racismo es un problema crucial al que hay que combatir si queremos construir un país más justo. Esta es otra de las consecuencias que podemos extraer del tiempo político actual.

* Presidente del Inadi.

Hace muchos años, en los comienzos de la recuperación democrática, se discutió la ley de divorcio. Era una situación extraña porque ya sabíamos el resultado final. Sin embargo, en ese momento un conglomerado de fuerzas conservadoras realizó toda clase de presiones y campañas para impedir ese progreso social. Fue en vano: la sociedad ya había cambiado y demandaba que la legislación se adecuara a esos cambios.

Lo mismo sucede hoy en día con la discusión sobre el casamiento entre personas del mismo sexo. El resultado es irreversible, porque la sociedad argentina está ya en condiciones de aceptar y defender esa realidad.

Es que la tarea legislativa, entre otros aspectos, tiene la función de adecuarse o adaptarse progresivamente a las transformaciones de nuestra sociedad y de sus costumbres. En la medida en que no es capaz de hacerlo, la ley tiende a convertirse en una artificial traba para la vida de estas transformaciones que, por otro lado, son indetenibles. Y cuando esto ocurre, lo que en un momento era vivido como natural, aunque no lo fuera, pasa a ser vivido como una gran injusticia que las leyes están cometiendo contra una parte de la población. Esto se llama de muchas maneras, una de ellas es justamente discriminación. Por eso estamos aquí.

Siempre existen sectores que se oponen a acompañar el surgimiento de nuevas formas de sociabilidad, sensibilidades, sexualidades y formas del amor, amparándose en una idea perimida y excluyente de lo que es natural, de qué es lo natural alrededor del matrimonio, por ejemplo.

Hay que afirmar tajantemente que el matrimonio como unión y derecho exclusivo de una pareja heterosexual nunca fue algo “natural”: lo que llamamos comúnmente natural es siempre una construcción social y cultural que intenta clasificar y disciplinar sujetos y cuerpos. Sabemos que estos constructos sociales pueden ser tan hegemónicos como para ser concebidos y vividos por los hombres y las mujeres como lo natural. La institución civil del matrimonio siempre ha utilizado preceptos enormemente patriarcales para alejar de ella a más de la mitad de la población durante siglos. Hay que recordar que el matrimonio ha sido una institución vedada a la inmensa mayoría de la ciudadanía de todos los países del mundo a lo largo de la historia de estos últimos años. Por ejemplo, los esclavos no se podían casar porque no eran libres; los negros no se podían casar porque no eran blancos; estuvieron prohibidos los matrimonios interraciales; los homosexuales, transexuales y bisexuales.

Por otro lado, buena parte de la filosofía contemporánea plantea que el “sexo” entendido como la base material o natural del género, como un concepto sociológico o cultural, es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la normativa del género. En otras palabras, que la idea del “sexo” como algo natural se ha configurado dentro de la lógica del binarismo del género. Eso no significa que el sexo no exista, sino que la idea de un “sexo natural” organizado en base a dos posiciones opuestas y complementarias es un dispositivo mediante el cual el género se ha estabilizado dentro de la matriz heterosexual que caracteriza a nuestras sociedades.

A la vez, se sostiene el argumento de la tradición. El argumento de la tradición también es insostenible en este sentido: la Argentina puede tener tradiciones como la violencia familiar. Sin embargo, ante ella lo único que hay que hacer es erradicarla. O sea que no hay ninguna razón para sostenerla por el hecho de tratarse de una tradición. Puede tratarse de una tradición de centenares de años en la Argentina, en México o en Francia y que igualmente tengamos todas las razones del mundo para erradicarla.

Cuando sostenemos nuestras ideas en una invocación de lo supuestamente natural o de la tradición como resguardo de nuestros valores amenazados estamos olvidando que las sociedades son construcciones dinámicas y que la democracia es el régimen que más alienta y permite esta vida y esta transformación progresista. La libertad nos coloca siempre ante el desafío que significa el establecimiento de nuevos horizontes de justicia, el reclamo de nuevos derechos, las nuevas ideas de lo que es la igualdad y el reconocimiento como ciudadanos con plenos derechos.

Millones de personas en el mundo luchan hoy por la posibilidad de casarse con una persona del mismo sexo y en muchos lugares esto ya es posible. Un pequeño repaso nunca viene mal: Países Bajos, Bélgica, España. Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal. Además, es legal en seis estados de Estados Unidos.

Llegó la hora de que ocurra en la Argentina.

* Presidente del lnadi.