Página#12 Libre

En estos días, Cuba se enfrenta a un dilema de hierro: o actualiza, revisa y reconstruye su modelo económico o la revolución corre el serio riesgo de sucumbir ante la presión combinada de sus propios errores y las agresiones del bloqueo norteamericano. Los países de América latina y el Caribe, así como la casi totalidad de los de Africa y Asia, no pueden permanecer indiferentes ante esta situación o limitarse a contemplar cómo la revolución libra, sin otra ayuda que sus propias fuerzas, esta decisiva batalla.

Pero el apoyo no puede ser meramente declarativo. Eso está bien, pero es insuficiente. Cuba necesita algo más: concretamente, que sus acreedores, especialmente cuando ellos son países de América latina y el Caribe, anulen la deuda externa cubana. Argentina es el mayor de esos acreedores –por un préstamo otorgado por el gobierno de Héctor Cámpora y su ministro de Economía, José B. Gelbard, en 1973– y que el ex canciller del presidente Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, renegociara proponiendo una quita del 50 por ciento de su monto, que si se suman el capital y los intereses acumulados en la actualidad ascendería aproximadamente a unos 1800 millones de dólares.

Para esa misma época su colega de gabinete, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, proponía a los acreedores de la Argentina una quita del 75 por ciento sobre el valor nominal de la deuda defaulteada con el derrumbe de la convertibilidad en diciembre de 2001. Como es bien sabido, este país finalmente logró una quita que, según los cálculos, fluctúa en torno al 70 por ciento del valor nominal de los bonos de su deuda. Lo menos que debería hacer la Casa Rosada sería garantizar para Cuba el mismo trato que obtuvo con sus propios acreedores. Aunque eso sería lo mínimo. Lo correcto, lo que sería éticamente impecable, sería dar por cancelada esa deuda y de ese modo aliviar la carga que pesa sobre la hermana República de Cuba. Los 1147 habitantes de la Argentina que, gracias a la “Operación Milagro”, en el último año recuperaron gratuitamente su vista en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara, de Córdoba, y los más de 20 mil alfabetizados que aprendieron a leer y escribir con el programa cubano “Yo sí puedo” son otras tantas razones para dar por cancelada esa deuda. Tal cosa sería un acto de estricta justicia. Y lo mismo deberían hacer los gobiernos de México, que mantiene acreencias del orden de los 500 millones de dólares; Panamá, 200 millones; Brasil, 40 millones; Trinidad Tobago, 30 millones; y Uruguay, también con 30 millones.

¿Por qué de estricta justicia? Por varias razones. Expondremos simplemente dos. En primer término, como equitativa retribución por el generoso e inigualado internacionalismo cubano que llevó a esa revolución a trascender sus fronteras, sembrando de médicos, enfermeras, dentistas, educadores e instructores deportivos por todo el mundo, mientras el imperio y sus aliados lo saturaba con militares, “comandos especiales”, espías, agentes de inteligencia, policías y terroristas. A lo largo de las últimas décadas, Cuba envió al exterior unos 135 mil profesionales de la salud a más de cien países de todo el mundo, especialmente Latinoamérica, el Caribe y Africa, pero también los hay en Asia. Los médicos cubanos estaban en Haití desde mucho antes de su fatídico terremoto y luego de él aumentaron su presencia, mientras que Estados Unidos enviaba marines.

La ayuda cubana para combatir la enfermedad y prevenir las muertes en tantos países fue –y es– concreta y efectiva. Ahora, los pueblos y naciones del tercer mundo deben correr a asistir a ese faro de la liberación nacional y social, que desde hace más de medio siglo inspira e ilumina las más nobles luchas de nuestros pueblos. Y deben hacerlo con una solidaridad militante, traducible en ayuda económica efectiva. Las declaraciones serán bienvenidas, pero insuficientes.

En segundo lugar, hay una obligación moral de ayudar a Cuba porque, pensemos, ¿qué hubiera sido de nuestros países si su revolución no hubiese resistido a pie firme, sin arriar sus banderas, las presiones del imperialismo y la derecha mundial una vez producida la implosión de la Unión Soviética? Con una Cuba de rodillas, vencida e inerme ante la restauración del saqueo neocolonial a la que había sido sometida desde 1898; con sus sueños y utopías humanistas vapuleados por el retorno triunfal de las mafias capitalistas como las que, por ese entonces, estaban asolando a la difunta Unión Soviética; con la revolución y la creación de una sociedad solidaria anatemizadas como irresponsables ensoñaciones de falsos mesías que inexorablemente culminan en una infernal pesadilla, ¿habría sido posible el trascendental cambio ideológico-político materializado en el ascenso y consolidación en el poder de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, para no mencionar sino los casos más significativos? Más aún, sin el estímulo emanado de la heroica resistencia de Cuba, de su “mal ejemplo” evidenciado en tasas de mortalidad infantil menores que las de Estados Unidos, a pesar del bloqueo y las agresiones, ¿habría sido posible el auge de la muy moderada centroizquierda en países como la Argentina, Brasil y Uruguay a comienzos del nuevo siglo? ¡De ninguna manera! Si estos avances fueron posibles fue, amén de las causales propias de cada caso, porque Cuba resistió. Si hubiese capitulado y sido convertida en un protectorado norteamericano, el tsunami derechista habría arrasado esta parte del mundo. Gracias a Cuba, nuestros pueblos evitaron tamaña catástrofe.

Por eso, aparte de anular las deudas existentes con los países de la región, los acreedores tanto como quienes no lo son deberían crear sin dilación un fondo especial de solidaridad con la Revolución Cubana. Estados Unidos lo hizo para salvar a los europeos de la debacle después de la Segunda Guerra Mundial, y su éxito fue extraordinario. El Plan Marshall satisfizo plenamente las expectativas que había despertado y las economías europeas se recuperaron rápidamente. Cuba, castigada con dos planes Marshall en contra –tal es, hasta ahora, el costo del bloqueo norteamericano sobre la frágil economía cubana– merece con creces un gesto similar de sus hermanos latinoamericanos. Estos cuentan con enormes reservas en sus bancos centrales. En 2007, el presidente ecuatoriano Rafael Correa calculó que las reservas existentes en la región rondarían en torno de unos 200 mil millones de dólares y esa cifra no ha dejado de crecer en los años posteriores. Una estadística suministrada por el FMI indica que a fines de 2009 las reservas internacionales de la Argentina ascendían a 49.599 millones de dólares, 238.520 millones en Brasil, 90.837 millones en México, 26.115 millones en Chile, 24.991 millones en Colombia, 32.803 millones en Perú y 35.830 millones de dólares en Venezuela.

Sin duda alguna, con los aumentos registrados en 2010, las reservas combinadas de estos países –más otros, como Bolivia, Ecuador y Uruguay, no contemplados en la estadística– superarían holgadamente los 500 mil millones de dólares. De ahí la enorme importancia de poner en marcha cuanto antes el Banco del Sur, todavía trabado por pretextos burocráticos y por la miopía política de que hacen gala algunos gobiernos. Afectando apenas el 2 por ciento de tan fabulosas reservas se podría crear, sin mayor esfuerzo, un fondo especial de 10 mil millones de dólares destinado a financiar el complejo proceso de reformas económicas socialistas que Cuba debe llevar a cabo impostergablemente en los próximos meses. Sería un gesto de merecida reciprocidad ante la probada solidaridad cubana con nuestros países a lo largo de cinco décadas; y también un acto de calculado altruismo para lo cual sólo hace falta voluntad política, porque el dinero ya está. ¿O es que algún gobernante de la región puede ser tan ingenuo como para no darse cuenta de que, si la Revolución Cubana fuese derrotada, el imperio se abalanzaría con todas sus fuerzas sobre nuestros países, sin distinción de pelajes ideológicos, para recolonizar a sangre y fuego el continente y restaurar el orden que Fidel y el Movimiento 26 de Julio vinieron a impugnar el 1º de enero de 1959?

* Politólogo.

En la sugerente nota de Mario Wainfeld publicada el jueves pasado se dice que “el homicidio del joven Ferreyra debe, necesariamente, reavivar el debate sobre el sistema sindical argentino, la dudosa legitimidad de algunos de sus emergentes, la imperiosidad de reconocer nuevas formas de representación o agremiación, centrales alternativas”. Ojalá que así sea, pero para ello habría que introducir también algunas otras consideraciones para que el debate no termine siendo un ejercicio retórico privado de toda capacidad transformadora.

En primer lugar, señalando la responsabilidad política del Gobierno al haber convalidado –o al menos tolerado– las prácticas patoteriles del gremialismo nucleado en la CGT. La impunidad de que hacen gala sus dirigentes y su irresistible afición por los “aprietes” y las metodologías violentas no es ajena a la decisión oficial de haber consagrado a tan desprestigiado grupo de la sociedad argentina como uno de sus “aliados estratégicos” para sus batallas electorales e, incluso, para “ganarle la calle a la derecha”, objetivo loable si los hay. Pero resulta que esa dirigencia gremial –al igual que el otro aliado estratégico, el PJ– sirve para bien poco: ni aquélla ni éste evitaron que en junio del 2009 Néstor Kirchner fuese derrotado por un advenedizo en la provincia de Buenos Aires así como tampoco demostraron ser capaces de movilizar más gente que la derecha en la crisis de la 125. Con aliados como ésos no se puede ir muy lejos y, mucho menos, conquistar al estratégico electorado de izquierda y centroizquierda que el oficialismo necesita imperiosamente para triunfar en las próximas elecciones presidenciales. Difícilmente logre ese objetivo si sus inescrupulosos aliados se dedican a asesinar militantes de izquierda, engrosando una luctuosa lista en la que, en épocas recientes, sobresalen los nombres de Kosteki y Santillán y el maestro Carlos Fuentealba, vilmente asesinado, como los anteriores, en Neuquén.

Segundo, es bien interesante la equiparación que establece Wainfeld entre el asesinato del soldado Carrasco, que puso fin al servicio militar obligatorio, con el perpetrado en contra de Mariano Ferreyra. Pero es difícil que el desenlace de este último pueda ser la refundación del sistema sindical argentino: Menem pudo hacer lo primero porque, en los ’90, las Fuerzas Armadas se habían debilitado y desprestigiado a un grado extremo y eran un rival muy fácil de derrotar. No tenían ni prestigio ni poder. El sindicalismo cegetista, en cambio, desciende a su mayor desprestigio histórico pero, paradojalmente, convertido en la “columna vertebral” del kirchnerismo. No tiene prestigio alguno pero su poderío es inmenso y sería una suprema ingenuidad suponer que sus presiones y chantajes habrán de detenerse respetuosamente ante el umbral de la Casa Rosada. Es, sin dudas, necesario abrir un debate sobre el modelo sindical argentino, entre otras cosas porque el mismo ha sido –y aún es– altamente funcional al fenomenal proceso de concentración de riquezas y rentas que hubo en los últimos años. Otro sindicalismo jamás hubiera tolerado eso, algo que más allá de ocasionales controversias los grandes empresarios y la burocracia sindical saben muy bien.

De todos modos, habría que decir que el debate sobre la necesidad de reformar el decadente sindicalismo ya comenzó hace rato: la OIT envió varias admoniciones al gobierno argentino instándolo a conceder la personería gremial a la CTA y la misma Corte Suprema emitió un fallo estableciendo que la pertinaz denegatoria de la personería gremial para la CTA es inconstitucional. Pese a ello, la respuesta oficial ha sido el silencio, a partir de la convicción de que con el apoyo de la CGT y el PJ el Gobierno podrá sortear exitosamente el desafío del 2011. Es una apuesta demasiado arriesgada, suicida según algunos, y que desconoce que la única alternativa “ganadora” en la coyuntura electoral que se avecina es avanzar por el camino de profundas reformas económicas y sociales. Sólo que ese sendero no se puede transitar de la mano de tan impresentables aliados, “piantavotos”, como les diría Perón.

* Politólogo y sociólogo.

El Congreso Internacional de Ciencia Política que se reunió esta semana en San Juan deparó una agradable sorpresa: el desbordante fervor de unos tres mil jóvenes que desde casi todos los rincones del país acudieron para participar de sus deliberaciones y que manifestaron su rechazo al estéril y afortunadamente ya agonizante saber convencional de las ciencias sociales y también, para disgusto del gobierno provincial, a la minería a cielo abierto y al creciente intervencionismo norteamericano en América latina y el Caribe. El evento contó con el firme apoyo del gobernador José Luis Gioja, quien según aseguran los locales está tratando de posicionarse para la candidatura vicepresidencial del FpV. La realización de este congreso, así como la Cumbre de Presidentes del Mercosur, a comienzos de este mes y, antes, el de Filosofía, en julio de 2007 –y que fuera clausurado por la presidenta Cristina Fernández– fueron exhibidos como importantes realizaciones del mandatario sanjuanino, demostrativas, según algunos, de una eficacia y de un poder de convocatoria que lo proyectarían, casi sin rivales a la vista, a la anhelada candidatura vicepresidencial.

Pero más allá de este detalle, algo que llamó la atención fue la observación de Juan Carlos Gioja, hermano del gobernador y diputado nacional, quien al efectuar un balance del Congreso de Ciencia Política sintió la necesidad de decir que “éste no es un congreso kirchnerista”, curiosa aclaración motivada tal vez por la imprudente declaración que efectuara al llegar a la provincia uno de los principales invitados, Ernesto Laclau (quien luego recibiría el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de San Juan de manos del ex presidente Néstor Kirchner), al decir que “el peronismo es el mejor símbolo de la democracia”. Y para demostrar la verdad de su afirmación, el diputado Gioja dijo textualmente que la acusación de los opositores carecía de “asidero si se considera la participación en el congreso del politólogo y sociólogo argentino Atilio Boron y de Horacio González”. (Diario Huarpe, San Juan, 27 de agosto 2010: http://www.diariohuarpe.com/nota.asp?id=36200) No sabemos si la intención de los anfitriones fue la de organizar un “congreso kirchnerista”. Lo que sí podemos decir es que si ése fue el objetivo, la presión de los jóvenes para discutir desde una perspectiva crítica y no complaciente los grandes temas nacionales e internacionales, y la predisposición de muchos participantes para abordar los temas de fondo y llamar las cosas por su nombre, pudo más: la minería a cielo abierto fue condenada como un crimen contra la naturaleza y la sociedad, y los siniestros planes del imperialismo sembrando de bases militares (más de una veintena al día de hoy) la dilatada geografía latinoamericana denunciados una y otra vez.

En relación con lo primero, algunos “amigos” de la Barrick Gold replicaban diciendo que era reaccionario dejar tan inmensas riquezas en el subsuelo, y rotulaban a quienes se oponían a su explotación de representantes de la “antiminería”. El mismo argumento utilizado para acusar de “globalifóbicos” a quienes quieren “otra globalización” (que, por ejemplo, globalice la legislación protectiva de los trabajadores que existe en Alemania, o los 18 meses de licencia por maternidad concedidos en Suecia y Noruega) y no la globalización neoliberal que promueve la precariedad laboral, la destrucción del Estado y el desempleo masivo. En relación con la minería, quienes criticaban la voladura de cerros enteros, la destrucción de la flora y fauna locales, y los tremendos costos sociales y los riesgos del emprendimiento (que serán evidentes cuando la Barrick Gold haya extraído toda la riqueza y el cianuro prosiga con su labor) no se oponían a la minería sino que sostenían la necesidad de un abordaje diferente para su explotación. Y esa alternativa existe; no es cierto que el del cianuro sea el único método para separar el oro de los demás metales. Los expertos, en San Juan y fuera de esa provincia, coinciden en que existen otras metodologías, completamente inocuas, pero que las empresas no las adoptan porque reducirían en algo sus exorbitantes ganancias. Si en materia económica la derecha siempre dice que “no hay alternativas”, lo mismo ocurre con las empresas mineras, para las cuales, fieles a la lógica del capitalismo de privilegiar la ganancia sobre cualquier otra cosa, no hay más alternativa que el cianuro, de lejos la más barata y a la vez más letal. Pero los extraordinarios beneficios de la gran minería obedecen, también, a las absurdas concesiones que, en materia tributaria, brindan el Estado nacional y el provincial. La Barrick Gold –la mayor corporación productora de oro del mundo– goza de exenciones impositivas que sonarían como música celestial para millones de argentinos: no pagan Ganancias, Ingresos Brutos y tampoco el impuesto al cheque. A cambio, abona al municipio y a la provincia el 3 por ciento del oro obtenido en boca de mina, según su propia declaración jurada y sin ninguna auditoría fiscal, mientras que el resto de los minerales extraídos –algunos de ellos indispensables para la fabricación de equipos de alta tecnología o aleaciones especiales de la industria militar o aeroespacial– no genera ninguna obligación tributaria. Es a causa de esta insostenible situación que César Gioja, senador nacional, reconoció hace poco la necesidad de “analizar todos los aspectos vinculados con la rentabilidad de la minería”, reconociendo que la irrisoria regalía minera del 3 por ciento se fijó “porque en ese momento se legisló por la inventiva de los legisladores, no teníamos antecedentes”. Gracias al avance del pensamiento crítico, estos temas pudieron discutirse largamente en San Juan. En buena hora, y ojalá que la discusión prosiga.

* Politólogo.