Página#12 Libre

La recuperación democrática en el país propició un gran impulso a la participación en el espacio público, el cual no se encauzó exclusivamente a través de los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales, iglesias. Un sector importante de la población calificada con estudios superiores se volcó masivamente a canalizar sus vocaciones sociales a través de las organizaciones no gubernamentales.

Ya en la década de los ’90, cuando los indicadores socioeconómicos revelaban una caída dramática del bienestar de la población en sus múltiples aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales, en simultáneo se vislumbró un generalizado descreimiento en la actividad política de tipo “tradicional”, fogoneado también por la prédica neoliberal antiestatista e individualista que rechaza todas las formas gregarias de participación en el espacio público.

En este sentido, en los escenarios rurales se vive un proceso organizativo/institucional que, si bien se había iniciado en los ’70, sería la década de los ’90 la que se caracterizó por una explosión del “oenegeísmo” en las áreas urbanas y rurales donde se manifestase la pobreza. Especialmente intenso fue en el medio rural de las regiones agroeconómicas no pampeanas.

Los numerosos programas internacionales de cooperación al de-sarrollo del tercer mundo impulsados por agencias estatales de países del Norte global, de organismos multilaterales, así como también de organizaciones religiosas, destinan ingentes fondos económicos para financiar la promoción al de-sarrollo de los sectores pobres de las estructuras agrarias de países del Sur global, especialmente en América latina.

El Estado mínimo consagrado en la época como deseable para nuestra región como consecuencia de lo acordado en el Consenso de Washington contrastaba con la realidad de los países del Norte global inmersos en una escalada de la intervención del Estado en todas sus áreas de actividad económica, incluyendo el proteccionismo de su producción agraria. Mientras tanto, en nuestras economías nacionales, la pobreza rural se incrementaba dramáticamente en paralelo a la destrucción de sistemas productivos alternativos a la producción exportable destinados preferentemente al mercado de consumo alimentario interno.

El tejido de ONG de nuestro país y de la región denunciaba, y con razón, la desaparición del Estado que se autoexcluyó de su rol de equilibrar el desarrollo, dejando de esa forma a sectores subalternos como campesinado y pueblos originarios librados a su suerte contra las fuerzas del mercado. Los esfuerzos por sostener microemprendimientos, comercialización de alimentos, producciones alternativas e infraestructura de servicios básicos tanto para la producción en pequeña escala como para el hábitat humano en áreas rurales, por ejemplo el agua, fueron financiados por fuentes monetarias internacionales ya mencionadas aquí. A consecuencia de ello, el tejido del “oenegeísmo” en la Argentina obtuvo gran influencia política, moral y cultural sobre el sector englobado en el concepto “pobreza rural”. Se convirtió también en el representante exclusivo de sus demandas, en el canal indiscutible de las ayudas financieras de distintas fuentes y en el semillero de cuadros técnicos y científicos con pertinencia en las variadas temáticas del sector, los que en algunos casos condescendían en brindar sus servicios a las agencias estatales.

En los últimos años, el Estado nacional comienza a recuperar su legítimo y esperado protagonismo en la promoción del desarrollo rural, intentando equilibrar las condiciones de existencia, de integración y de rentabilidad de los diferentes estratos socioagrarios de la estructura agroproductiva nacional.

Este proceso se intensifica muy especialmente a partir de la creación a mediados de 2008 de áreas estatales nacionales de desarrollo rural y agricultura familiar, posteriormente jerarquizadas junto con las políticas agropecuarias tradicionales con la creación de una cartera ministerial para el sector. A través de sus delegaciones provinciales, se incrementó progresivamente su presencia hasta la fecha en las áreas rurales a favor de los sectores subalternos, mejorando paulatinamente sus intervenciones en términos de financiamiento, cantidad y calidad.

Así, lo que las ONG promovían y promueven a través de sus programas con financiamiento internacional merecen para las mismas el calificativo de “promoción al desarrollo rural”. En cambio, si exactamente lo mismo se hace desde los recursos financieros y personal técnico del Estado, lo califican de “asistencialismo” y “clientelismo”.

Ante esto, muchas de las mismas ONG que en los ’90 denunciaban la ausencia del Estado en estos sectores, ante su actual presencia creciente, lejos de encaminar sus acciones en sinergia con las áreas estatales mencionadas, entran en francas actitudes hostiles y competitivas. Esto da a entender que la cuestión de fondo es “quién es el dueño” de la pobreza rural y cómo los actores institucionales no estatales se erigen en voceros y únicos salvadores, a tal punto que muchas ONG en el presente se enrolan directamente en la más activa y militante oposición al proyecto político que hoy lleva adelante el Estado nacional, y obstaculizan todo lo que pueden y hasta donde pueden sus legítimos instrumentos de intervención

* Especialista en desarrollo rural.

La comparación de la institucionalidad inherente a la distribución de la tierra pública en los países del Mercosur arroja interesantes datos para comparar. De los cuatro miembros, sólo la Argentina no posee institucionalidad nacional y autárquica que fije políticas de distribución de tierras en su territorio. En cambio, Brasil posee el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária (Incra); Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización (INC). Y uno de los países asociados, Bolivia, tiene el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). En conjunto, y con la sola excepción de Chile, toda la región limítrofe cuenta con organismos autárquicos y con total competencia en el desarrollo, ejecución y monitoreo de políticas de distribución de tierras fiscales.

La Argentina tuvo un Consejo Agrario Nacional (CAN) creado por ley en la década del ‘30, que intervino específicamente en la distribución de tierras fiscales junto con las provincias y en programas de Colonización con rasgos similares a los que hoy ejecuta el Incra. El CAN fue interrumpido por los frecuentes golpes de Estado y las democracias proscriptivas, y fue finalmente disuelto en 1980 por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien traspasó inmuebles rurales y atribuciones de distribución de las tierras fiscales pertenecientes a la extinta institución a las provincias intervenidas militarmente.

En la derogada Constitución de 1949 estaba consagrada la “Función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”, expresión que hoy forma parte de los textos constitucionales de Brasil, Paraguay y Bolivia. En el artículo 38 de esa Constitución se establecía: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”.

En los períodos de “democracias” proscriptivas se promovieron reformas al texto constitucional donde se anularon, entre otros tantos derechos y garantías, atribuciones y competencias del Estado nacional en materia de recursos naturales. Esta atomización de la potestad de definir políticas de Estado con respecto a la regulación de acceso y uso de tales “recursos” benefició a las elites económicas de las provincias y en un grado importante a las cúpulas militares que intervenían los poderes provinciales. Así, vastas propiedades rurales que fueran originalmente tierras fiscales para ser distribuidas a los sectores más necesitados para acceder a las tierras, como campesinado y pueblos originarios, fueron en realidad prebendas para militares y oligarquías provinciales.

En la Reforma Constitucional de 1994, en plena etapa neoliberal, y a pesar de la incorporación de una serie de nuevos derechos y reconocimientos de carácter social, se legitimó la quita de potestades nacionales sobre el patrimonio natural del país, cuando en el último párrafo del artículo 124 instituye que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Este párrafo implica que el Estado nacional no puede fijar una política común en su territorio ni respecto de los recursos naturales en general, ni fijar políticas ambientales comunes, ni en particular con respecto a la distribución de tierras fiscales, y tras muchas cuestiones que hoy son debatidas legislativamente como protección de recursos hídricos, glaciares y regulación de la minería. Estas importantes cuestiones quedan atrapadas en la lógica neoliberal de ser considerados meros “recursos” subalternizados a los sectores concentrados de la economía y de la producción agraria. Del mismo modo, la resolución de los conflictos sobrevinientes entre hábitat humano, explotaciones económicas y ambiente están supeditados a 23 instancias provinciales y a las relaciones de fuerza predominantes en cada una. La dispersión normativa obstaculiza enormemente la implementación de políticas de equidad que logren un impacto significativo en la democratización del acceso a las tierras

* Historiadora, especialista en desarrollo rural.

silviferro@gmail.com

Los países integrantes del Mercosur Ampliado componen en conjunto uno de los bloques regionales más importantes de América latina y del mundo en cuanto a la producción y exportación de alimentos. Argentina y Brasil son respectivamente 4º y 6º exportadores de agroalimentos a nivel mundial, según estadísticas de FAO. Pero también poseen, considerando únicamente a la Argentina, más de 40,5 millones de consumidores diarios de alimentos, los cuales indefectiblemente se originan en la producción agraria local. Este es, o debiera ser, el primer objetivo de cualquier política agropecuaria nacional: la satisfacción de las demandas alimentarias de su propia población. Alimentos sanos, suficientes, adecuados a las pautas culturales de consumo y baratos para todos sus habitantes.

La producción, comercialización y distribución equitativa de los alimentos para el mercado interno también están sujetas a las relaciones de fuerza que determinan la estructura agraria que las produce. El peso específico que asumen esas relaciones entre cada uno de los estratos socioagrarios se “construye” tanto por acción como por omisión desde las políticas públicas. Una estructura agraria inequitativa repercute consecuentemente en desigualdades en la provisión y el consumo de alimentos por parte de la población.

Las políticas agropecuarias y económicas en general inciden en cuáles mercados alimentarios, internos o externos, tendrán prioridad en los programas estatales de desarrollo rural.

Las políticas comerciales de un país establecen su matriz de inserción a los mercados mundiales, en este caso históricamente lo han hecho a partir de agroexportación, estimulando de este modo la expansión de determinados productos agropecuarios y de sistemas de producción, en detrimento de otros. La expansión de la soja, iniciada en los primeros años de la década de los ’70, que actualmente avanza sobre la diversidad productiva, está apoyada en paquetes tecnológicos de segunda y tercera generación: implementación de semillas transgénicas + agroquímicos + mecanización sustitutiva del empleo + acceso al crédito en grandes sumas.

Esto también avanza por encima de formas de producción más amigables no sólo ambientalmente sino también considerándolas a escala social. Su contracara en la ganadería es el feedlot, preferentemente volcado al consumo interno y que sustituye en volúmenes a la cría de ganado “a pasto”, la cual con el rótulo de “orgánico” también se destina a la exportación. La que queda en el mercado interno es a precios muy elevados. La misma lógica interviene en algunas producciones frutícolas.

Su consecuencia es la concentración del ingreso agrario y de los recursos productivos y por ende el agigantamiento de las históricas brechas de desigualdad. Estas, conformadas en el siglo XIX, y a pesar de los intentos a mediados del siglo XX, desde hace más de tres décadas vuelven a mostrarse ordenadas en términos de predominio de sectores que producen “por y hacia fuera” con la subordinación funcional de regiones y actores que producen “hacia adentro”. Paradójicamente esta lógica es inherente a una economía primario-exportadora del Sur Global, propia de la división internacional del trabajo decimonónica. Y hoy lucha de la mano de las corporaciones agrarias por continuar vigente en un mundo que discurre el siglo XXI, donde las presentes relaciones de fuerza les son favorables a las economías que incorporan el valor agregado del trabajo intensivo, con integración vertical de la producción agraria y con innovación tecnológica de origen nacional incorporada a lo que exportan.

Por ello, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016 presentado por iniciativa del Estado nacional en mayo del presente año, y que se encuentra en proceso de definición operativa mediante debate participativo en cada provincia, junto con las universidades y múltiples actores institucionales vinculados, contiene en la formulación de sus principios rectores la oportunidad para lograr la redistribución geográfica del ingreso agrario. Y en simultáneo propiciar equidad entre los actores que integran su estructura agraria. Es decir, la oportunidad para “construir” a los sectores más vulnerables en su estructura agraria, en fortalecidos protagonistas de la provisión regional de alimentos. La condición de posibilidad de su inserción a un modelo equilibrado de desarrollo rural es consolidar una vinculación directa y sostenida con los consumidores locales y regionales mediante circuitos protegidos, posibilitando a su vez un acceso más democratizado a los recursos productivos y con una fuerte asistencia técnica orientada a promover y fortalecer sistemas de producción agroecológicos como otro valor agregado de su producción alimentaria.

La aparente disyuntiva, satisfacción alimentaria interna o poner todo el potencial ecológico y productivo nacional sólo en función de la exportación de commodities destinados a lejanos mercados alimentarios encontraría en la implementación de este Plan Estratégico una posibilidad de resolución superadora mediante integración virtuosa: poniendo las capacidades agrarias en función y subordinación a un modelo de desarrollo agrario nacional y no a la inversa. Es una gran apuesta para resolver de una vez tanto las asimetrías internas como la excesiva primarización de la matriz de inserción del país a los mercados internacionales

* Autora del libro La agricultura familiar en Argentina. Nuevos enfoques para problemas viejos (2009), Editado por el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco / silviferro@gmail.com

En el espacio público de las últimas décadas, especialmente desde los ‘90, apareció con fuerza el problema de la “extranjerización de la tierra en la Argentina”. Muchas voces de organizaciones ruralistas y referentes académicos sumaron su preocupación ante el proceso creciente de compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Frecuentemente se piensa que la extranjerización de la tierra es un tema reciente vinculado con la expansión de la sojización y que el incremento de la presencia de compradores extranjeros de tierras argentinas obedecería a la falta de regulaciones estatales, que podrían con los dispositivos normativos adecuados mantener el problema controlado. Siguiendo este análisis, la construcción pública de este problema, aparece como un proceso reciente que podría resolverse sin tocar las bases estructurales e históricas del modelo agroexportador. Planteo que, a su vez, es antihistórico y contradictorio.

Extranjerizar la tierra y el destino preferente de su producción fue un factor constituyente, fundacional y estructural del modelo primario exportador argentino decimonónico. Y en el actual modelo soja-exportador, la extranjerización se expresa más en la sectorización política de demandas por el sostenimiento de la concentración de renta, que en la nacionalidad de quienes acceden a los recursos productivos, como la tierra.

Las organizaciones del empresariado rural que reclaman medidas en contra de la “extranjerización de la tierra”, además de ser precisamente los sucesores beneficiados por la mayor extranjerización de la tierra que se haya dado en la historia sudamericana moderna a partir de los aluvionales procesos inmigratorios desde mediados del XIX, representan y cuentan en el presente entre sus asociados con numerosos “productores familiares” y pooles –argentinos y sojeros– que arriendan y compran grandes extensiones de tierra en Bolivia y Paraguay para volcarlas también a la producción de soja. Empresarios rurales de Brasil y la Argentina son de los países de Sudamérica que más superficie de países aledaños vuelcan a la producción de soja transgénica, y por ejemplo los principales pooles de siembra que operan las mayores superficies cultivadas en territorio uruguayo son, precisamente, argentinos.

Entonces cabe preguntarse si es más fácil ocuparse del problema de la “extranjerización de la tierra” cuando los inversores son de algún país lejano y del Norte que cuando la extranjerización es un problema entre ciudadanos de países vecinos.

Fronteras adentro también se pueden realidad algunas observaciones para poner en cuestión que el desplazamiento forzado de comunidades que practican agricultura de subsistencia, las expulsiones con sesgos violentos a las comunidades campesinas y de pueblos originarios, como el problema de salud pública que padecen los pueblos, enclaves semirrurales y los niños banderilleros envenenados con estos agrotóxicos –entre un amplio abanico de efectos nocivos a escala ambiental y social– son un drama protagonizado por actores que comparten la misma ciudadanía. Son argentinos tanto los habitantes de las poblaciones envenenadas como quienes no respetan distancias humanitarias mínimas.

En un modelo económico de sesgo agroexportador son irrelevantes las falsas dicotomías interno/externo, adentro/afuera, nativo/extranjero ya que la fórmula no es dicotómica sino jerárquica, funcional y basadas en relaciones de fuerza económica. En realidad es un problema entre formas sostenibles o insostenibles de producción de alimentos, entre agricultura al servicio de un modelo de desarrollo nacional o de agrobusiness global que poco se detiene en el detalle de las fronteras nacionales, como bien lo grafica la célebre publicidad “República Unida de la Soja” que la semillera multinacional Syngenta expone sin pudor diplomático.

El problema de la “extranjerización” no es sólo una cuestión de en qué país se nació o de cómo desaventajar a la competencia internacional en términos de oportunidades de rentas e inversión en portfolios de inmensas extensiones de las mejores tierras gerenciadas u ofertadas a los inversionistas extranjeros por los mismos referentes locales del agrobusiness. El eje debería girar sobre cómo los sectores que más renta concentran desde la década de los ‘70, pooles de siembra, multinacionales semilleras, grandes y medianos empresarios sojeros, muchas veces actúan como extranjeros respecto de un desarrollo rural nacional, soberano, equilibrado, sostenible e inclusivo

* Consultora en desarrollo rural.

silviferro@gmail.com