Página#12 Libre

Una de las ventajas con la que cuentan los inversores más reconocidos del mundo financiero es saber que sus decisiones son seguidas y tomadas como referencia por todos aquellos que administran fondos a lo largo del planeta. Este hecho les otorga a estas instituciones un poder de mercado significativo que les permite –en contados casos– generar en el corto plazo pequeñas profecías autocumplidas. Por ejemplo, si el principal inversor de un producto publica que ha estado comprando un determinado instrumento financiero porque el mismo representa una buena inversión, es posible que el resto del mercado imite su comportamiento adquiriendo más cantidades de ese activo incrementando el precio del mismo, provocando en consecuencia que su pronóstico se transforme en realidad.

Si bien en la actualidad existen innumerables inversores que operan productos financieros globalmente, sólo unos pocos tienen una dimensión tal que les posibilita influir en alguna medida sobre las cotizaciones de estos instrumentos. Entre este selecto grupo se encuentra un número muy reducido de bancos centrales, organismos públicos que administran fondos anticíclicos o previsionales, o compañías privadas que invierten recursos financieros de proporciones.

Dentro de este último pelotón, el fondo de inversiones de mayor tamaño del mundo dedicado a inversiones en bonos es Pimco (Pacific Investment Management Company). Pimco empezó a operar en 1971 desde sus oficinas en Newport Beach en California con un capital de 12 millones de dólares, alcanzando su principal fondo en renta fija una cifra cercana a los 240.000 millones de dólares a fines del año pasado.

Pimco ha informado en estos días que durante el mes pasado decidió vender todas las tenencias que mantenía en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, señalando que creía que el precio de esos instrumentos podría deteriorarse cuando la banca central de los Estados Unidos (Fed) deje de comprar esos activos. Pimco no sólo ha vendido todas sus posiciones en estos bonos, sino que ha asumido una estrategia especulativa (llamada técnicamente posición corta) que le permitiría obtener ganancias si el precio del activo cayera.

El presidente y administrador de Pimco, Bill Gross, es considerado uno de los gurúes mas importantes del mundo a la hora de hablar de bonos. Suele comunicarse con sus clientes a través de cartas donde –paradojalmente– les dedica ácidas críticas a los principales actores del mundo financiero del que él mismo participa y se nutre. En la misiva que les circuló a sus inversores en el mes de febrero, Gross afirma que Wall Street y el sector financiero, en general, no aportan nada de valor social, pese a lo cual reciben generosas pagas por mover dinero alrededor de todo el mundo. El financista señala: “Hace cincuenta años, las profesiones mejor pagadas y más prestigiosas eran las de médico o piloto de avión 707 que volaba la ruta de oro de Los Angeles a Honolulu. Hoy en día el camino al éxito comienza en Wall Street o en la City (el distrito financiero de Londres)... Casi una cuarta parte de las 400 personas más ricas incluidas en la lista anual de la revista Forbes hacen dinero del dinero, mientras que sólo el 8 por ciento podía decir eso en 1982, y probablemente ninguno cuando leí mi primer manual económico en 1966”.

En esa carta y luego de autoelogiarse destacando el desempeño de sus fondos de inversión Gross señala: “Sin embargo, no se puede decir lo mismo de algunos otros en esta industria, como las agencias de calificación de crédito que constantemente fallan en hacer juicios que son de sentido común, los bancos que hacen préstamos a créditos subterráneos y luego extienden la mano para que les den una limosna, así como el 80 por ciento de los gerentes de fondos cuyo desempeño es inferior al del mercado. Como profesión hemos fracasado miserablemente en nuestra función principal, que es el reparto eficiente y productivo del capital”

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En febrero pasado, la revista financiera Bloomberg publicó el listado de los 300 residentes suizos más adinerados. En ese afortunado pelotón aparecen el diseñador de relojes de lujo Raymond Weil, el tenista Roger Federer y el financista Philippe Jabré. Este último personaje nació en 1960 en el Líbano. Se graduó en la Universidad de Beirut y estudió finanzas en Columbia, en Nueva York. Trabajó en varios bancos de inversión y desde 1990 fue una pieza clave en el éxito de un fondo especulativo (hedge fund) localizado en Inglaterra llamado GLG. En febrero de 2006, recibió una sanción del regulador financiero inglés por “abuso de mercado” al operar acciones de una compañía japonesa utilizando información confidencial, debiendo abonar una multa por 750.000 libras esterlinas. Ese mismo año, Philippe declaró su independencia anunciando la creación de un fondo especulativo propio localizado en la ciudad de Ginebra. Su reputación para hacer buenos negocios hizo que clientes satisfechos con sus servicios le confiaran –sólo para empezar su nuevo emprendimiento– una cifra cercana a los 4000 millones de dólares. Tanto en 2008 como en 2009 obtuvo resultados mejores que el promedio de sus competidores.

Philippe es considerado un operador al que le gusta asumir elevados riesgos. Su buena estrella tembló con el tsunami y los terremotos que sufrió Japón el mes pasado. Una de las características típicas de los mercados financieros es la sobrerreacción con la que suelen responder los inversores ante eventos inesperados. Los ciclos de euforia y pánico que experimentan los mercados financieros en forma recurrente se potencian por componentes psicológicos que no se corresponden con datos objetivos de la realidad. Usualmente, la primera reacción esperable de los mercados ante una catástrofe de proporciones es que el precio de los activos financieros de ese país se desplome en forma inmediata. Con el paso del tiempo, y una vez calibrados apropiadamente los alcances de la tragedia, el precio de los activos suele empezar a recuperarse de la pérdida inicial.

Según cuenta el periódico Wall Street Journal, el pasado 11 de marzo, al enterarse de la tragedia, Jabré se encerró en su oficina para fumarse un cigarro. Luego de ponderar sus opciones se dirigió al piso de negociación de la compañía con vista a las montañas que rodean el barrio viejo de Ginebra. A contramano de lo que indica el sentido común decidió –en ese momento de pánico– comprar acciones japonesas. Para el miércoles 16 de marzo el Nikkei acumulaba una caída de 13 por ciento, impactando negativamente en el resultado de sus inversiones. Para sus empleados, Jabre, de 50 años, se veía calmado, pero la procesión iba por dentro. “Me sentía horrible, pero no lo expresaba”, dijo. “Las emociones son el enemigo de una persona equilibrada” señaló, tirando alegremente por la borda uno de los principales caballitos de batalla de la psicología moderna. Al conocerse las noticias sobre problemas en la planta nuclear japonesa de Fukushima, Jabre fue directamente a las fuentes y consultó a cuatro científicos nucleares, especulando que si la radiación se propagaba a Tokio, las autoridades podrían cerrar el mercado de valores, congelando sus acciones por meses.

Ante la brutal caída en el precio de los activos japoneses, Philippe finalmente se puso nervioso y confirmando que las emociones son malas consejeras en el mundo financiero, vendió sus acciones justo antes de que las mismas repuntaran de precio vigorosamente. Sus desaciertos llevaron a que sus arriesgados clientes perdieran unos 300 millones de dólares en dos semanas. Si bien estos fueron los peores días de su carrera, Jabré asegura que la mayoría de sus inversores comprende sus decisiones, destaca que pocos han pedido sacar su dinero, y remata su discurso con optimismo: “Les estamos diciendo a nuestros clientes que hemos perdido seis meses de desempeño, pero volveremos” (y seremos millones –de dólares o euros–)

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Para aquellos que alguna vez se han acercado a la historia del pensamiento económico, el nombre de Adam Smith remite al filósofo escocés del siglo XVIII, padre de la llamada teoría clásica, quien sostuvo –entre otras muchas ideas– que la división del trabajo y la búsqueda del beneficio individual constituían las fuerzas motoras del progreso económico.

Tres siglos más tarde, un homónimo del célebre economista parece haberse tomado demasiado en serio la importancia de maximizar los ingresos individuales. Si uno mira en estos días las grises páginas policiales de los periódicos en los Estados Unidos encontrará referencias a un economista de 39 años graduado en Harvard que responde al nombre de Adam Smith. Este operador financiero declaró el martes pasado ante los tribunales de Nueva York, testificando contra su ex jefe en una causa por utilización indebida de información privilegiada. La acusación apunta a Raj Rajaratnam, presidente de Galleon, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. La causa judicial le imputa a Rajaratnam haber conseguido indebidamente ganancias por más de 45 millones de dólares gracias al uso de datos confidenciales de empresas como Intel o IBM.

Rajaratnam, de 53 años, originario de Sri Lanka, supuestamente empleó una red nacional de operadores, agentes financieros y ejecutivos de varias empresas para obtener esa información privilegiada. El año pasado el financista ocupaba el puesto 236 de la lista de los 400 estadounidenses más acaudalados elaborada por la revista Forbes, con una fortuna de 1500 millones de dólares.

El Adam Smith contemporáneo es uno de los 19 imputados que ya han reconocido su culpabilidad en este caso y colaboran con la investigación de las autoridades norteamericanas. El señor Smith declaró el martes pasado que Rajaratnam “me dio luz verde para violar la ley utilizando información secreta de industrias pertenecientes al sector tecnológico”. El operador contó que mientras trabajaba en el fondo de inversiones se relacionó con altos ejecutivos de empresas tecnológicas a los que les ofreció dinero para acceder a información confidencial referida al desempeño de esas compañías. Smith explicó muy gráficamente desde el estrado la diferencia entre analizar financieramente los números de una empresa y usar información privilegiada: “Hacer research es como preparar la tarea antes de ir a la escuela, usar información privilegiada es como hacer trampa en un examen”.

El juicio es seguido con mucho interés por los operadores de Wall Street, ya que en el mismo están involucradas relevantes personalidades del mundo financiero, que deberán acudir como testigos durante el proceso. Entre ellos se destaca el amigo de Rajaratnam, Rajat Gupta, acusado de haber anticipado ilegalmente al fundador de Galleon Group las ganancias trimestrales de Goldman Sachs y de Procter & Gamble, dos empresas sobre las que disponía de información privilegiada por ser miembro de sus directorios.

Como toda historia que se precie, esta saga de estafas tiene su costado pasional donde se entrecruza la decisión de obtener información secreta por cualquier medio con naturales y entendibles deseos carnales de ejecutivos estresados por sus elevadas responsabilidades. Entre los involucrados que han reconocido su participación en la utilización de información privilegiada figura Danielle Chiesi, una ex consultora del fondo de cobertura New Castle Funds LLC que se declaró culpable de tres cargos de conspiración en relación al caso del fondo Galleon. Danielle se involucró amorosamente con Robert Moffat Jr., un ex ejecutivo de IBM quien admitió haberle suministrado información sensible mientras mantenían relaciones íntimas.

Al declararse culpable, Robert Moffat Jr. buscó diferenciarse del resto de los imputados alegando que sus motivaciones para brindarle información secreta a la bella Danielle no se originaron en la vulgar y mercantil búsqueda del vil metal, sino que su comportamiento se basó en valores nobles que movilizan a gran parte de la humanidad desde el origen de los tiempos

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Si uno alzara la mirada y tratara de avizorar el porvenir del euro como moneda común de los principales países de la Europa continental, de aquí a dos años vista, podría observar la aparición de oscuros nubarrones que ensombrecen el futuro de esa divisa. Los peligros que se ciernen sobre la estabilidad del euro a mediano plazo no provienen solamente de las inconsistencias de política económica que evidencian las distintas economías que conviven bajo el mismo paraguas monetario.

La nueva amenaza sobre la moneda europea tiene nombre de mujer. Marine Le Pen tiene 43 años, es abogada, se divorció en dos ocasiones y tiene tres hijos. Marine comparte con sus dos hermanas mayores su rubia cabellera y su militancia en el Frente Nacional francés, el partido ultraderechista más exitoso de Europa creado por su padre Jean Marie Le Pen. El Frente Nacional –comandado actualmente por Marine– recibió el domingo pasado un fuerte apoyo en las elecciones cantonales alcanzando un porcentaje cercano al 15 por ciento del electorado (impensado hasta hace un par de meses).

Marine Le Pen ha señalado en numerosas ocasiones que Francia, junto con España, Portugal y Grecia deben abandonar la zona del euro, ya que la misma no sólo no les ha traído a estos países la prosperidad prometida, sino que además es responsable de sus desgracias. El discurso aislacionista de Le Pen parece penetrar cada vez con más fuerza en un país pródigo en escándalos políticos, que no termina de recuperarse económicamente y que enfrenta una tasa de desempleo cercana al 10 por ciento.

Las encuestas indican que dentro de 14 meses habrá tres aspirantes a la presidencia de la República de Francia: Nicolas Sarkozy que busca remontar su baja popularidad, Dominique Strauss-Kahn –el actual director gerente del Fondo Monetario Internacional que se perfila como el candidato socialista mejor posicionado– y la líder del Frente Nacional.

El principal éxito de Marine ha sido maquillarle la cara a un partido acusado de racista, morigerando parcialmente el discurso xenófobo de su padre. Su retórica no solo exalta valores tradicionales de la derecha –como la defensa de la identidad francesa (simbolizada en la figura de Juana de Arco) y un fuerte rechazo a la inmigración– sino que avanza sobre algunas banderas históricas de la izquierda rescatando tanto la laicidad como la intervención del Estado en la economía. La joven política define sus ideas como “patriotismo económico”, tocando cuerdas muy sensibles de la población en épocas de crisis, como ser la necesidad de proteger la economía francesa tanto de los productos importados como de la inmigración que viene a apropiarse del trabajo que pertenece a los franceses.

En uno de sus últimos discursos públicos antes de la elección del domingo pasado, Marine fue ovacionada por una multitud cuando advirtió que “la nación y la civilización francesa se están diluyendo y desintegrando por la amenaza representada por las filas interminables de extranjeros”. El rechazo que genera la inmigración en forma explícita o solapada en parte de las sociedades europeas constituye una realidad extremadamente compleja a la que la clase política no ha podido encontrarle una respuesta equilibrada. Mientras tanto Marine no se anda con chiquitas cuando tipifica el actual momento que vive Francia: “Estamos en una situación pre-revolucionaria. Lo que está pasando hoy se parece a lo que sucedía antes de estallar la Revolución Francesa”.

Esta ola chauvinista no es privativa de Francia. Movimientos similares pululan en Suecia, Austria, Holanda y hay quienes temen que en Alemania resurjan nuevamente fuerzas nacionalistas que en lo económico busquen la readopción del marco alemán como moneda en reemplazo del euro.

La historia muestra que en situaciones de crisis la impotencia de las estructuras políticas tradicionales suele constituir un territorio fértil para proyectos demagógicos, retrógrados y autoritarios

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El 3 de septiembre de 1939 el rey de Inglaterra Jorge VI le declaraba la guerra a Alemania dirigiendo por radio un memorable mensaje al pueblo inglés. Su decisión de permanecer en Londres mientras la ciudad era bombardeada por las fuerzas alemanas instaló su imagen como la del rey que enfrentó al nazismo.

El 24 de febrero de 1981 el rey Juan Carlos de España terminó de abortar un golpe militar que buscaba liquidar la recién nacida democracia española. El rey, en un discurso televisado a todo el pueblo español, señaló: “No se pueden tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático de la Constitución votada por el pueblo español”.

El miércoles pasado, Akihito, emperador de Japón, dirigió por primera vez un mensaje televisivo en cadena buscando brindarle consuelo al pueblo japonés ante la terrible tragedia provocada por el terremoto y el tsunami.

Inglaterra, España y Japón forman parte de un reducido grupo de países que han adoptado como forma de gobierno la monarquía constitucional, donde los monarcas suelen ostentar una jefatura de Estado de carácter simbólico. Si bien siguen existiendo fuertes cuestionamientos a estas monarquías tanto en lo que hace a su rol en sociedades modernas y democráticas, como en relación con los enormes gastos que estas instituciones reales generan, actitudes puntuales como las señaladas han servido para reivindicar –al menos parcialmente– el papel de sus majestades.

El rol del emperador en la sociedad japonesa constituye sólo un ejemplo de una serie de características que distinguen a la idiosincrasia nipona de la de Occidente, las que deben ser tenidas en cuenta a la hora de proyectar el futuro de la economía de ese país.

La espectacular recuperación de la economía japonesa en las décadas posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial –luego de haber sufrido el holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki– constituye un fenómeno de estudio para economistas que se conoce como “el milagro japonés”. Este término hace referencia a las elevadas tasas de crecimiento económico experimentadas por ese país desde 1960 hasta la década del ’80. La formidable expansión de ese período posiciona a Japón actualmente como la tercera economía del mundo detrás de las de Estados Unidos y China.

El economista norteamericano John Kenneth Galbraith, en su libro Historia de la Economía, brinda algunas pistas de la fórmula japonesa para recuperarse vigorosamente del desastre de posguerra.

Galbraith sostiene que “en Japón, el Estado es efectivamente, como Marx lo había afirmado en otro contexto, el comité ejecutivo de la clase capitalista. Ello se considera allí normal y natural. Lo cual da lugar a una cooperación plenamente aceptada entre el mundo de los negocios y el gobierno en materia, por ejemplo de inversiones públicas, planificación y apoyo a las innovaciones técnicas”. El economista también destaca como factores explicativos del despegue a las inversiones en capital humano, la abstención de invertir en armamentos y al elevado nivel de ahorro, destacando como la cualidad más importante de todas “el sentido de pertenencia a la empresa que comparten hasta los trabajadores de los talleres”.

Ninguno de estos pilares se ha visto afectado por el desastre ocurrido el pasado 11 de marzo. Si bien la economía japonesa se encuentra fuertemente endeudada (la deuda casi duplica el producto bruto del país), la mayor parte de estas obligaciones están en manos de los mismos japoneses. La lógica reacción inicial de los mercados financieros ante la hecatombe, castigando duramente a los activos japoneses, debe ser mirada como una respuesta de corto plazo. Una mirada de más largo alcance no debería perder de vista el poderío que caracteriza a la sociedad nipona y su enorme entereza y capacidad de recuperación ante tragedias de proporciones

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La negativa a someterse al detector de mentiras fue su perdición. Rudolf Elmer fue despedido del banco suizo Julius Baer en 2002 cuando esta institución investigaba una filtración con listas de sus clientes adinerados que mantenían cuentas bancarias en las Islas Caimán. El ejecutivo suizo de 55 años había trabajado durante casi dos décadas para el banco especializado en atender clientes de altos ingresos. Los primeros 15 años lo hizo en Suiza y a partir de 1994 se desempeñó como jefe de operaciones en las oficinas de la institución financiera helvética en el Caribe. Extrañamente, y según el mismo Elmer afirma, durante todos esos años nunca se dio cuenta de que –en su rol como jefe de operaciones de un banco suizo en un paraíso fiscal ubicado en las Islas Caimán– estaba ayudando a sus clientes a evadir impuestos. En su relato sostiene que, al tomar repentina conciencia de lo que estaba haciendo, decidió hacer públicas las operaciones financieras cuestionadas. El ex ejecutivo afirma que “el secreto bancario es el robo más grande de la historia de la humanidad y tiene consecuencias catastróficas para las personas más pobres de la Tierra”. Por su parte, el banco suizo acusa a Elmer de intentar extorsionarlo por no haber sido promovido y por no llegar a un acuerdo financiero por el monto de su indemnización.

Tras una serie de litigios cruzados, Elmer decidió montar su propio sitio web exponiendo sus posiciones, denunciando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el secreto bancario de Suiza. Según argumentó ante la Corte, las leyes financieras de su país permiten a las instituciones financieras ocultar “delitos de cuello blanco” como la evasión de impuestos.

El pasado 18 de enero, Elmer anunció haber entregado al director de Wikileaks, Julian Assange, para su publicación en las próximas semanas un listado de 2 mil cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales, muchas de las cuales pertenecen a famosos, empresarios y políticos. Elmer sostiene que la documentación que ha entregado detalla la participación de clientes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica en maniobras de evasión impositiva.

La agencia de impuestos de los Estados Unidos (IRS) y el Departamento de Justicia norteamericano han expresado su interés en conocer la lista de Elmer, utilizando la vieja táctica que sostiene que “se requiere de un pillo para atrapar a un ladrón” (it takes a rogue to catch a thief).

Esta semana, Matthew Lynn, un periodista de la agencia de noticias financiera Bloomberg, publicó un artículo titulado “En la era de Wikileaks, los paraísos fiscales deben adaptarse o morir”, definiendo el concepto de adaptación como la transformación de estos centros offshore en jurisdicciones que prohíban el secreto bancario, ofreciendo un tratamiento impositivo más benévolo. Para ello cita como ejemplos a países como Mónaco, donde no existe el impuesto a las Ganancias, o Bulgaria, donde se cobra un impuesto universal fijo de sólo el 10 por ciento.

Dejando de lado su controversial propuesta, Lynn sostiene con tino que “en una era de hipertransparencia como la actual, cuando toda la información acerca de todos es revelada, resulta inútil pensar que pueden mantenerse a salvo los secretos financieros de las personas”.

Sin embargo, la idea de mantener el secreto bancario –pese a las terribles consecuencias que éste genera no sólo en términos fiscales sino de sustento de mafias vinculadas con el narcotráfico, la venta de armas y la corrupción, entre otras calamidades– aún cuenta con muchos e importantes defensores. El presidente del banco suizo que despidió a Elmer, Raymond Baer, sostuvo en abril del año pasado que “la ficción de que los ciudadanos sean totalmente transparentes (con relación a sus bienes materiales) nunca debe convertirse en una realidad”

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El año pasado Michael Douglas volvió a interpretar al inescrupuloso financista Gordon Gekko en la segunda parte de Wall Street, film dirigido por Oliver Stone. Promediando la película una señora le pregunta a Gekko qué significa el concepto de riesgo moral (moral hazard), tan repetido en el ámbito de las finanzas. Douglas, mirándola fijamente a los ojos y con una sonrisa socarrona entre labios, le responde que “riesgo moral es cuando alguien usa tu dinero sin hacerse responsable de lo que hace con él”. En el mundo financiero el concepto puede referirse a los elevados riesgos que están dispuestos a asumir entidades financieras especulando con que el Estado (o mejor dicho los contribuyentes) las va a “rescatar” con fondos públicos si algo sale mal.

El “riesgo moral” adquiere especial relevancia cuando se aplica a decisiones de bancos de gran tamaño dado su dimensión y sus interconexiones con el resto del sistema financiero. Si estas inversiones de elevado riesgo resultan exitosas, la entidad financiera tendrá mucho dinero adicional para repartir entre sus ejecutivos y accionistas, pero si –por esas jugadas del destino– las inversiones resultaran ruinosas los bancos siempre podrán acudir al Estado para que los “rescate”, amparándose en que dicha ayuda evitará males mayores para la sociedad en su conjunto.

Quienes abogan por este tipo de intervención estatal sostienen que el gran error de política económica que aceleró la crisis financiera internacional del 2008 fue cometido por el Tesoro y el Banco Central de los Estados Unidos en septiembre de ese año, cuando decidieron dejar caer al banco de inversión Lehman Brothers, que enfrentaba serias dificultades. El terrible impacto de esa caída en todos los mercados financieros del planeta hizo que las autoridades modificaran los criterios de intervención constituyendo, con recursos públicos, programas de ayuda por cientos de miles de millones de dólares dirigidos a impedir futuras quiebras de entidades financieras. La iniciativa lanzada por las autoridades norteamericanas se llamó “TARP”, cuyas siglas en inglés se pueden traducir como “Programa de Alivio de Activos en Problemas”, alcanzando la cifra de 700.000 millones de dólares. Uno de los principales conglomerados financieros que recibió ayuda con esos fondos públicos fue el Citibank.

La semana pasada, el inspector general del TARP, Neil Barofsky, publicó un informe en el que reseña las conclusiones que sacó luego de analizar exclusivamente el salvataje del Citi por parte del Estado norteamericano. De acuerdo con el informe, pese a que el rescate por 45.000 millones de dólares al Citi permitió recuperar la confianza en los mercados financieros, la intervención del gobierno contribuyó a aumentar considerablemente el riesgo moral del sistema financiero. Si bien la ley de reforma financiera impulsada por Obama contempla esta problemática creando instituciones y mecanismos que pueden ayudar a “reestructurar ordenadamente” bancos en problemas, la misma encuentra límites en la medida que sólo puede aplicarse en el ámbito nacional, mientras que casi todas las instituciones financieras de gran tamaño son multinacionales con filiales a lo largo de todo el planeta, lo que dificulta el proceso de liquidación al verse involucradas en el mismo un sinnúmero de jurisdicciones diferentes.

Uno de los tramos más interesantes del informe de Barofsky es el que cuenta los criterios utilizados por las autoridades para rescatar al Citi. Para tranquilidad de aquellos ciudadanos que esperan que decisiones relacionadas con la utilización de fondos públicos por miles y miles de millones de dólares se tomen con todos los recaudos técnicos y estándares de transparencia mínimos, Barofsky relata –en un informe oficial– que la decisión de rescatar al Citi se basó “más en el instinto (gut instinct) y en el temor de los funcionarios ante consecuencias desconocidas que en la elaboración de análisis objetivos.”

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Los dioses griegos son inmortales. Sin importar el paso del tiempo Apolo nunca perderá su belleza, y Zeus seguirá siendo –por toda la eternidad– un viejito mujeriego y cascarrabias ajeno a las dificultades financieras de los simples mortales. Gracias a su carácter divino, ninguno de estos moradores del Olimpo deberá preocuparse por el efecto de la crisis de la deuda griega del año pasado sobre sus futuros haberes jubilatorios. Sin embargo, para los seres humanos de carne y hueso el panorama es distinto.

Las recientes crisis financieras internacionales han vuelto a dejar al desnudo la debilidad de los sistemas previsionales de gran parte del mundo, producto del creciente envejecimiento de la población. Del lado positivo debe decirse que numerosos intelectuales señalan al aumento de la esperanza de vida (número de años que vive una persona desde que nace hasta que fallece) de los últimos dos siglos como el principal logro colectivo de la humanidad. Los números que respaldan esta afirmación son contundentes. Mientras que la esperanza de vida promedio de la población mundial al nacer se ubicaba alrededor de los 30 años en 1800, el mismo concepto hoy ya supera los 65 años, existiendo obviamente disparidades por región. Así como la esperanza de vida se encuentra por encima de los 70 años en Europa, en Africa no alcanza a los 55 años.

El siglo pasado ha sido testigo de cómo el Estado ha motorizado estos procesos, desarrollando políticas públicas de protección de la población vinculadas con la salud, la educación y los derechos sociales, las que han permitido extender a cientos de millones de personas los beneficios de la modernidad que antiguamente se limitaban a las clases mas acomodadas.

Actualmente, la necesidad de garantizar en forma universal una vejez digna representa uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad, tarea que no se limita exclusivamente a aspectos económicos y financieros sino que abre interrogantes morales, religiosos y culturales respecto a como se compatibiliza en la sociedad moderna vivir mas con vivir mejor. Mientras que en la mayoría de los países se discute constantemente como hacer frente a esta nueva realidad demográfica diseñando fórmulas que permiten financiar mínimamente las prestaciones jubilatorias en el futuro, en algunos casos se observan abordajes originales en lo que hace a esta problemática. Buscando quizá que sean los hijos quienes asuman una mayor cuota de responsabilidad en la ayuda financiera a sus padres, la semana pasada, el diario oficial chino adelantó que en ese país se prepara una reforma legal que contempla castigos para aquellos hijos adultos que no visiten periódicamente a sus padres ancianos. El texto de la reforma de la ley señala que “los familiares no han de ignorar o aislar a los mayores, y deberán visitarlos frecuentemente si no viven bajo el mismo techo”, bajo amenaza de recurrir a los tribunales si no se cumple con esta obligación. Si bien es altamente dudoso el impacto que puede alcanzar una norma que obliga a hijos distraídos u olvidadizos a visitar a sus padres, el cambio legal se da en un país donde la población envejece sin pausa debido a la política del hijo único. Según cifras de 2009, China cuenta con 167 millones de personas mayores de 60 años, muchas de las cuales viven solas, en un país donde los asilos para ancianos son escasos.

La reforma de la ley, según el periódico China Daily, buscaría fortalecer el sistema de seguridad social del gigante asiático que sólo cubre a una pequeña parte de la población, no existiendo redes desarrolladas de asistencia social. El matutino sostiene que el impacto más relevante de la medida quizás sea el de restaurar valores familiares en la sociedad china, que ha pasado de una tradicional veneración hacia los ancianos –herencia del confucionismo–, a condenar al olvido, la miseria y la soledad a muchos de los viejos, producto de una sociedad más individualista y materialista

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Shobha Srinivas era una hermosa mujer de 30 años, estaba casada y tenía dos hijos, Upender de 13 y Aravind de 10 años. Durante la noche del pasado 27 de octubre los vecinos escucharon sus gritos de angustia. Al día siguiente tomó la determinación, derramó dos litros de kerosene sobre su cuerpo para luego prenderse fuego encendiendo un fósforo. Su marido también murió al quedar preso de las llamas mientras intentaba salvarla. El hecho ocurrió en la provincia de Andhra Pradesh, la quinta más extensa de la India. Distintos testimonios sostienen que Shobha decidió terminar con su vida, desesperada por no poder pagar los intereses de un préstamo recibido. El monto del crédito era de sólo 265 dólares.

De acuerdo con la agencia gubernamental “Sociedad para la Eliminación de la Pobreza Rural de la India”, más de 70 personas se han suicidado en esa provincia entre marzo y noviembre del año pasado debido a los métodos coercitivos de recuperación de préstamos llevados a cabo por algunas instituciones dedicadas a las microfinanzas.

La operatoria de dar créditos por sumas muy pequeñas a gente pobre fue iniciada en la India hace décadas por organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que en una primera instancia recibieron fondos públicos a los que luego se sumaron aportes de bancos privados. A partir de 2005 muchas de estas organizaciones se transformaron en empresas financieras con fines de lucro, consiguiendo fondos de bancos comerciales o de inversores privados. En la actualidad más de la mitad de las compañías que se dedican en India a dar microcréditos tienen fines de lucro y cerca de 26 millones de indios reciben este tipo de préstamos.

En respuesta a esta ola de suicidios, el gobierno de Andhra Pradesh emitió el pasado 15 de octubre una ordenanza que tiene como objetivo frenar las prácticas coercitivas llevadas a cabo por las empresas en la recuperación de préstamos, además de aportar transparencia en las tasas de interés. La norma prohíbe las visitas “personalizadas” a clientes morosos por parte de empleados de las entidades prestamistas y obliga a que cada nuevo crédito deba ser autorizado por las autoridades. Mientras que algunas de estas empresas consiguen fondos de bancos a una tasa promedio del 13 por ciento, el costo que les cargan a los préstamos puede superar el 35, llegando en algunos casos a tasas cercanas al 60 por ciento.

Nacidas para constituir un instrumento de inclusión social, algunas de estas instituciones han terminado replicando el comportamiento de los usureros tradicionales que en todas las geografías del planeta sacan provecho de aquellos que no pueden acceder al segmento formal del crédito, cobrando tasas exorbitantes, recurriendo a “métodos persuasivos” si el cliente enfrenta algún problema de iliquidez o de insolvencia. Es indudable que la operatoria de microcréditos constituye una herramienta formidable de desarrollo económico y social, pero –como todo producto financiero– debe ser apropiadamente regulada para evitar abusos.

Estos desvíos han generado la indignación de Mohamed Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz por su labor pionera en ayudar financieramente a los más débiles. Yunus descubrió hace más de tres décadas que podía prestarles fondos a mujeres pobres, la mayoría de las cuales no sólo devolvían el monto del préstamo sino que gracias a él podían iniciar una actividad que les permitía mantenerse. Desde 1976 las organizaciones creadas por Yunus han dado préstamos por casi 10.000 millones de dólares a más de ocho millones de personas, de las cuales el 97 por ciento son mujeres. El economista indio asegura no estar en contra de que las empresas busquen beneficios dentro de ciertos límites, pero sí repudia la utilización de determinadas prácticas abusivas que pueden terminar pervirtiendo el objetivo principal del microfinanciamiento: ayudar a los que más lo necesitan

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Andrew Cuomo dejará de ser fiscal del Estado para convertirse en el nuevo gobernador demócrata del estado de Nueva York. En las elecciones neoyorquinas del pasado 2 de noviembre se impuso al conservador Carl Paladino, quien –según diversos analistas– perdió apoyo en las urnas al pronunciarse en contra del casamiento homosexual y del aborto. En una de sus últimas intervenciones como fiscal, Cuomo presentó una demanda civil contra la firma de auditores Ernst & Young LLP por su papel en el colapso de Lehman Brothers, al avalar artilugios contables cuyo propósito era esconder información financiera negativa de la mirada de los inversores.

Al acercarse el final de cada trimestre y poco antes de quebrar, Lehman hacía desaparecer de su balance –sólo por unos días– activos financieros por cerca de 50 mil millones de dólares. Esa maniobra instrumentada a través de una operación de venta presente y recompra futura de activos financieros le permitía maquillar sus estados contables para que lucieran mejor de lo que en realidad estaban.

En su demanda, Cuomo sostiene que, al no transparentar estas operaciones, Ernst & Young incumplió su rol como auditor, “facilitando directamente un importante fraude contable”, por lo que demandó a la compañía por 150 millones de dólares. Cuando una empresa busca que le presten plata en el mercado financiero, debe cumplir con una serie de requisitos vinculados con auditorías y con calificaciones. Mientras que la función del auditor consiste en dar fe de que los balances expresan en forma fidedigna la situación económico-financiera de la empresa, las agencias calificadoras deben establecer cuáles son los riesgos de que las obligaciones emitidas no sean pagadas en tiempo y forma.

El rol de las compañías que se dedican a auditar estados contables comenzó a ser severamente cuestionado a partir de 2001, al producirse la quiebra de la empresa energética Enron, que dejó en la calle a más de 21 mil trabajadores y afectó el patrimonio de cientos de miles de inversores en todo el mundo. Como producto de ese fraude, la consultora Arthur Andersen –que auditaba los balances de Enron– desapareció luego de ser acusada de contribuir a camuflar la precaria situación financiera del gigante energético.

A partir de ese y otros escándalos contables se decidió en los Estados Unidos reemplazar un esquema basado en la autorregulación por otro sustentado en la regulación pública de las grandes auditorías, creándose un organismo independiente de las compañías del sector llamado Comité de Control de Empresas de Auditoría. La denuncia de Cuomo puso en evidencia que ese cambio regulatorio –aunque bien orientado– no resultó suficiente para prevenir nuevos fraudes contables.

Del otro lado del Atlántico, recién en octubre de este año, la Comisión Europea presentó un informe denominado “Política de auditoría: lecciones de la crisis”, en el que cuestiona el rol de las grandes auditoras en la reciente crisis financiera internacional. En ese documento se plantean dudas de la independencia existente en un mercado dominado por sólo cuatro empresas (Deloitte, PricewaterhouseCooper, Ernst & Young y KPMG) que auditan siete de cada diez empresas que cotizan en la Unión Europea y nueve de cada diez en Inglaterra. El documento europeo propone la creación de un órgano de supervisión similar al instituido en Estados Unidos.

Sin embargo, si lo que se busca es brindar los incentivos correctos para que estas instituciones cumplan con el rol protectivo para el que fueron creadas, debe enfrentarse el nudo central del problema. Mientras que tanto los auditores como las calificadoras sean empresas con fines de lucro que deban su subsistencia y sus utilidades a los honorarios que reciben por parte de las empresas a las que auditan o califican, su independencia estará siempre y naturalmente comprometida

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¿Oro?, ¿dólares?, ¿euros?, ¿trigo?, ¿yenes?, ¿petróleo?, ¿soja?, ¿bonos griegos?, ¿acciones?, ¿fideicomisos inmobiliarios? o ¿cajas fuertes a prueba de ladrones? La globalización y la innovación financiera han traído aparejado un amplio menú de inversiones para beneplácito y/o desconcierto de aquellos que se dedican al oficio de administrar y multiplicar fondos propios o ajenos. Tomar decisiones o dar consejos de inversión nunca ha sido una tarea sencilla. En el año 1688 José de la Vega publicó en Amsterdam el primer tratado de la historia dedicado a temas bursátiles, que pese a sus más de trescientos años de vida parece haber sido escrito ayer.

Comerciante, poeta, filósofo y literato, dedicó sus principales energías a desmenuzar la esencia del ambiente bursátil de su época. Para que no quedaran dudas respecto de cuál era su visión sobre el mundo financiero, De la Vega bautizó su tratado con el título de Confusión de confusiones. Diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito. El autor aclara en el prólogo las razones por las que escribió el libro: “Tres motivos tuvo mi ingenio, para tejer estos diálogos, que espero granjeen el título de curiosos. El primero, entretener el ocio, con algún deleite que no desdore lo modesto. El segundo, describir (para los que no lo ejercitan) un negocio que es el más real, y útil, que se conoce hoy en la Europa. Y el tercero, pintar con el pincel de la verdad las estratagemas con que lo tratan los tahúres que lo desdoran, para que a unos sirva de delicia, a otros de advertencia y a muchos de escarmiento”.

Los tres protagonistas de la sátira centran su atención, uno en entender el negocio, otro en explicarlo y el último en tratar de sacarle provecho. En sus primeras palabras, el Mercader, poseedor de una empresa naviera, señala el alivio que le generaría abandonar su actividad productiva para vivir de rentas.

“Mercader: También yo os suplico (pide al accionista que le explique el negocio de los mercados de valores) porque andan tan cansadas las comisiones, las cargazones y los giros, que quisiera aplicarme a este nuevo empleo, por ver puedo aquistar una fortuna y salir a costa de riesgos, de tantos afanes”.

No muy distintas son las preocupaciones del barbado Filósofo que, tras escuchar al Accionista, reconoce sus ambiciones pero desnuda también sus limitaciones y miedos.

“Filósofo: No puedo negar sin embargo que tengo impulsos de probar fortuna, si no hubiera tres valientes obstáculos que me impiden el arrojo.

El primero, embarcarme en una nave tan expuesta a los desaires de la fatalidad. El segundo, serme necesario entrar ganando, por ser mi caudal limitado, para que en las pérdidas que se ofrezcan, pueda pagar lo que debiere, o quedar al menos con hacienda. El tercero, que conociendo todo lo humilde de mi esfera, no habrá quién se fíe de mis barbas”.

Por último, el autor –en esta obra del siglo XVII– le dedicaba un párrafo al Accionista describiendo la insatisfacción natural que suele acompañar no sólo a los grandes inversores sino a la mayoría de los seres humanos de todas las épocas a la hora de tomar decisiones de inversión más allá del volumen de los dineros involucrados: “Todo son en él rabias y más rabias, disgustos y más disgustos, pesares y más pesares; si el que compra algunas partidas ve que bajan, rabia de haber comprado, si suben, rabia de que no compró más; si compra y suben, vende y gana; y si vuelan aún a más alto precio del que ha vendido, rabia de que vendió por menor precio; y si no compra ni vende, y van subiendo, rabia de que habiendo tenido impulsos de comprar, no llegó a concretar sus impulsos...”.

Cualquier similitud con la actualidad no es casualidad

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¿Quién califica a los calificadores? Uno de los debates no resueltos que dejó la crisis del 2008 es como se encauzará en el futuro el funcionamiento de las calificadoras de riesgo. El juez californiano Richard Cramer dictó la semana pasada un fallo absolutorio para las tres principales agencias del mundo Moody’s, S&P y Fitch, señalando que las elevadas notas que las mismas les habían otorgado a vehículos sofisticados de inversión que luego dejaron de pagar sus obligaciones eran simples predicciones sobre el desenvolvimiento de esos instrumentos financieros, y que por lo tanto se encontraban protegidas por la denominada Primera Enmienda de la Constitución norteamericana que garantiza la libertad de expresión.

La nueva ley de reforma financiera aprobada en julio pasado por iniciativa de Barack Obama dinamita hacia adelante esta línea defensiva utilizada por las calificadoras al establecer que las notas no pueden ser consideradas simples opiniones fuera del alcance de la Justicia. La norma considera que las actividades de las calificadoras tienen un carácter fundamentalmente comercial, por lo que deben aplicárseles criterios de responsabilidad y control similares a los que se ejercen sobre auditores, banqueros de inversión o analistas de valores cuando se comprueba una actuación negligente. La nueva ley busca impedir que se repitan las pifiadas cometidas por las agencias que –antes de desatarse la crisis financiera– habían repartido felicitados a troche y moche. Moody’s, en 2006, había otorgado la máxima nota posible AAA (similar a la que tienen los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos) a 42.625 instrumentos financieros que tenían hipotecas dentro de sus activos. Al desatarse el caos financiero, el 83 por ciento de esos fideicomisos vio reducida su calificación ocasionando multimillonarias pérdidas a los inversores que habían podido comprar esos instrumentos gracias a las elevadas notas que los mismos habían conseguido.

Para cumplimentar las nuevas exigencias que la ley les impone, algunas de las calificadoras ya han señalado que aumentarán sus comisiones transfiriéndoles a sus clientes sus mayores costos regulatorios. El presidente de la comisión que investiga la crisis financiera, Phil Angelides, señaló que “una vez que la Ley de reforma financiera fue aprobada en julio pasado, 3000 lobbistas se desplazaron desde el Congreso hacia la Comisión de Valores de Estados Unidos para tratar de frenar la reglamentación de la reforma”.

Por su parte, los reguladores europeos también avanzan a paso de tortuga. El miércoles pasado el Parlamento Europeo estableció que las agencias de calificación europea deben someterse a un control centralizado por parte de la nueva Autoridad Bursátil Europea. Esta institución tendrá poderes para realizar inspecciones por sorpresa o imponer multas a estas compañías de hasta el 20 por ciento del volumen de negocios en caso de detectar irregularidades. Además de las críticas surgidas por la debacle financiera del 2008, los líderes europeos han acusado a las calificadoras de agravar la crisis de endeudamiento de la eurozona por haber degradado simultáneamente la nota de la deuda de Portugal, Grecia y España. Sin ir muy lejos, esta semana Moody’s ha afectado los mercados al anunciar que analiza nuevamente bajar las calificaciones de estos dos últimos países

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El juez no dudó un instante en expulsarlo. Recién había comenzado el segundo tiempo y el Manchester United no podía doblegar al Crystal Palace cuando Eric Cantona le propinó una patada descalificadora al jugador rival Richard Shaw. Mientras el temible mediocampista francés se retiraba expulsado rumbo al vestuario, un no menos temerario hincha del equipo rival –Mathew Simmons– que se encontraba en la primera fila del estadio le sugirió a los gritos que se volviera a Francia haciendo menciones irrespetuosas hacia su madre. Cantona, uno de los jugadores de fútbol más talentosos y temperamentales de las últimas décadas, reaccionó instantáneamente lanzándose contra el “hooligan” y propinándole una de las patadas de kung fu más famosas de la historia moderna, faena que completó luego con unas cuantas trompadas antes de ser sacado del campo de juego por la fuerza pública.

Pasados 15 años del incidente, el polémico mediocampista francés, experto en peleas con compañeros, técnicos, rivales y fanáticos agresivos, decidió volver a lanzar patadas voladoras, pero en este caso le apuntó al responsable de la crisis económica de 2008: el sistema financiero internacional. En una entrevista difundida por Internet en octubre, instó a los ciudadanos del mundo a dinamitar el sistema financiero sacando todo el dinero de sus cuentas para acabar de una vez por todas con los bancos, responsables a su juicio de la crisis. “Si veinte millones de personas retiran su dinero, el sistema se hunde. La revolución se hace a través de los bancos, no en las calles.” El barbado revolucionario –que actualmente se dedica a la actuación– tocó una fibra sensible en la población, que sigue culpando a los bancos por la caída en el nivel de actividad y el empleo ocurrida en la crisis de 2008.

Diferentes grupos surgidos a través de distintas redes sociales apoyaron la iniciativa definiendo que el 7 de diciembre era el día elegido para derrumbar definitivamente el sistema financiero internacional. Cantona, esta vez más cerca de Gandhi que de Marx y Engels, remarcó que su propuesta garantizaba una revolución contra el capitalismo sin recurrir a la violencia, descartando el uso de armas y el derramamiento de sangre.

La respuesta del poder político y financiero no se hizo esperar; el gobierno francés, el Banco Central Europeo y la Unión Europea –entre otros– hicieron fila para criticar semejante propuesta señalando –con tino– que serían los más débiles quienes sufrirían con mayor violencia una debacle bancaria.

En este sentido se expresó la ministra francesa de Solidaridad y Cohesión Social, Roselyne Bachelot, quien atacó la idea, señalando que si todos comenzaran a retirar masivamente sus depósitos bancarios “una vez más serían los más modestos de entre nosotros los que pagarían la factura de un sistema bancario estremecido. Vemos claramente lo que pasa en Irlanda. Si es eso lo que se quiere, bien, yo no lo quiero”. La funcionaria orientó luego sus críticas a la esfera personal al señalar contradicciones de Cantona, contrastando las críticas que éste le dedica al sistema capitalista mientras él se enriquece haciendo publicidad de coches y de hojas de afeitar, y su esposa publicita las bondades de (precisamente) un banco. El comisionado de asuntos económicos de la Unión Europea, Olli Rehn, aclaró que –pese a ser fanático del Manchester United– considera a Cantona mejor jugador de fútbol que economista.

Finalmente, y para decepción de los 34 mil seguidores que se inspiraron en su doctrina y prometieron retirar sus ahorros de los bancos, el propio Cantona no concurrió el martes pasado a su sucursal a buscar los escasos 1500 euros que había jurado retirar de su cuenta, prefiriendo mostrarse en un set de filmación donde protagoniza un film junto a la bella actriz Isabelle Adjani. Algunos de sus seguidores, luego del alboroto ocasionado, definieron esta actitud como un verdadero gol en contra

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En este mundo globalizado las medidas de política monetaria que implementan las bancas centrales de Estados Unidos (Fed) y de Europa (BCE) afectan inmediatamente a las economías de todo el planeta. Los flujos comerciales y financieros danzan al ritmo de las oscilaciones que experimentan monedas como el dólar y el euro cada que vez que la Fed o el BCE deciden tocar sus tasas de interés o modificar la cantidad de dinero por el motivo que sea. Los manuales de texto que se estudian en las universidades de economía enseñan que las autoridades monetarias controlan algunos agregados monetarios en circulación operando a través de las entidades financieras que se encuentran bajo su órbita. Sin embargo, la reciente crisis internacional cuestionó –entre otras cosas– los límites que debe alcanzar la intervención de las bancas centrales en situaciones de crisis. La debacle del 2008 llevó a que la Fed interviniera masivamente en los mercados financieros por volúmenes nunca antes vistos. Usualmente los detalles de este tipo de megaoperaciones de rescate permanecen en la penumbra tanto en lo que hace a la cuantificación de los costos como en la identificación de los beneficiarios.

Durante julio de este año el Congreso norteamericano logró promulgar la Ley de Reforma Financiera propuesta por Barack Obama que, entre otras cosas, buscaba mejorar la transparencia en el funcionamiento de la Fed, obligando a la autoridad monetaria a detallar el monto y destino de los créditos otorgados durante la reciente crisis financiera. El miércoles pasado la Fed publicó esta información en detalle, dejando en claro que los criterios utilizados para intervenir rompieron varios manuales de texto universitarios al distribuir fondos frescos no sólo a bancos comerciales, sino también a entidades financieras y a empresas que se encuentran fuera de su órbita de supervisión.

En 2008 la Fed ofreció líneas crediticias a bancos de inversión y a fondos comunes de inversión, que no eran regulados por esa institución sino por la Comisión Nacional de Valores. Con la caída de Lehman Brothers, y cuando las papas empezaron a quemar en serio, la Fed creó una línea crediticia para ayudar directamente a las empresas que tuvieran problemas para obtener préstamos a corto plazo, entre las que figuraron American Express, General Electric, Ford Motor, McDonald’s, Toyota y Harley-Davidson. Sin estos créditos muchas de estas compañías no hubieran sido capaces de pagar salarios ni atender pagos a proveedores, lo que seguramente hubiera provocado una reacción en cadena sobre la producción y el empleo mucho peor de la que efectivamente sucedió.

La ayuda financiera multimillonaria no se limitó al territorio ni a los residentes norteamericanos, extendiéndose a autoridades monetarias de países ubicados en distintas geografías entre los que puede mencionarse a las bancas centrales de Europa, Inglaterra, Australia, Corea del Sur o México. Un dato central a resaltar es el hecho de que la Fed no tuvo que asumir pérdidas por estas operaciones crediticias debido fundamentalmente al repunte que experimentaron tanto los mercados financieros como el nivel de actividad desde el año 2009.

Para horror de quienes consideran que las autoridades monetarias deben ser entes “autónomas” del proceso económico en su conjunto, el BCE también extendió este año las fronteras de su intervención en los mercados al salir a recomprar títulos de deuda de países en problemas que a priori no resultaban elegibles dentro de su menú de inversiones, lanzando planes de rescate multimillonarios con objetivos mucho más ambiciosos que simplemente afectar agregados monetarios. Sin dudas –y dado el impacto que las intervenciones de estos gigantes monetarios provocan– la obligación para las bancas centrales de informar con posterioridad y en detalle cada una de estas operaciones constituye una práctica necesaria para limitar posibles abusos

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Contrariamente a lo que muchos creen, la principal herramienta para ganar dinero en el mundo financiero puede sintetizarse en una sola palabra: información. En mercados donde el vértigo de nuevas noticias modifica constantemente el valor de los activos financieros, quien dispone de primicias puede sacar provecho de la ignorancia momentánea del resto de los inversores o del público en general. Uno de las leyendas que usualmente se mencionan para graficar las ventajas de hacerse de información antes que el resto, se refiere a la relación entre el crecimiento de la fortuna de la familia Rothschild y las desventuras de Napoleón Bonaparte.

A comienzos del siglo XIX, dos de los hermanos Rothschild –Nathan en Londres y James en París– se dedicaban a las inversiones en los mercados de títulos. Entre ellos habían desarrollado un moderno esquema de comunicación con palomas mensajeras que les permitía enterarse de las novedades que podían impactar en los mercados mucho antes que el resto de los operadores. El 18 de junio de 1815, mientras se libraba la batalla de Waterloo, en Londres se suponía que Napoleón resultaría vencedor empujando a Inglaterra a la bancarrota. James, que vivía en Francia, al enterarse de la inesperada derrota francesa en Waterloo, envió esta información inmediatamente a Nathan utilizando los servicios de las veloces aves. Enterado su hermano, que operaba en la Bolsa londinense, logró engañar al “mercado” haciendo correr la falsa noticia de que Napoleón había vencido mientras que –para hacer más creíble la especie– vendía ampulosamente una parte de sus activos financieros ingleses de forma tal que lo notaran sus competidores. El resto de los operadores, conocedores de los canales de información de que disponía Rothschild, lo imitaron rápidamente deshaciéndose de sus títulos británicos masivamente, haciendo que los precios se derrumbaran estrepitosamente. Cuando Nathan consideró que el valor de las acciones y de los bonos se había desplomado lo suficiente, empezó a comprar discretamente. Dos días más tarde, al conocerse que Napoleón había sido derrotado, los títulos ingleses subieron instantáneamente de precio, permitiendo que los Rothschild amasaran una pequeña fortuna.

Hoy, el fenomenal desarrollo de las comunicaciones permite que cualquier inversor pueda seguir el desarrollo de todos los mercados mundiales en la pantalla de su computadora. Sin embargo, a diferencia de la utilización de información pública, existen noticias que pueden impactar en los mercados y que sólo son conocidas –y aprovechadas– por unos pocos antes de darse a conocer.

La regulación financiera castiga severamente el uso indebido de este tipo de datos. La utilización de información privilegiada por parte de unos pocos para obtener ganancias espurias a expensas del resto de los inversores constituye uno de los delitos más comunes y dañinos para los mercados de capitales. Esta semana comenzaron a conocerse detalles en Estados Unidos de la mayor investigación llevada a cabo en la historia de ese país por estas maniobras. En el expediente, que puede llevar a la presentación de cargos civiles y criminales contra todo tipo de compañías financieras, participan la fiscalía neoyorquina, el FBI y la Comisión Nacional de Valores.

La noticia –publicada por el diario Wall Street Journal– señala que la investigación ya lleva tres años en curso, y estima en decenas de millones de dólares los beneficios ilícitos obtenidos por esta trama dedicada al tráfico de infidencias. La investigación que involucra a empresas dedicadas al asesoramiento financiero ya ha dado lugar a detenciones y se perfila como un escándalo que va a escalar en intensidad. Quizás el párrafo más perturbador de la nota publicada por el diario norteamericano es el que señala que las investigaciones tienen el potencial de exponer “una cultura extendida” de usar en forma indebida información privilegiada en el mercado financiero estadounidense

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La innovación constituye uno de los pilares en los que se apoya el desarrollo del mundo financiero. En un entorno de tasas de interés muy bajas, los intermediarios financieros buscan desarrollar nuevos negocios que les permitan contar con un menú variado de alternativas de inversión que cumplan con la regla de ofrecer mayores rendimientos a medida que los productos se tornan más riesgosos. La temible combinación de economistas (o financistas) y abogados ha logrado diseñar una de estas alternativas financieras de alta rentabilidad y riesgo, consistente en invertir en demandas judiciales en curso.

Grandes bancos, fondos especulativos y otros inversores institucionales se han volcado a financiar demandas judiciales de terceros, inyectando cientos de millones de dólares en litigios por motivos como mala praxis médica, juicios contra grandes corporaciones o divorcios millonarios, con la expectativa de obtener ganancias extraordinarias al compartir el resultado de fallos favorables. La lógica de este negocio radica en proveer recursos financieros –a altas tasas– que pueden utilizarse para costear pericias o gastos legales, apostando a la posibilidad de ganar casos judiciales no resueltos que incluyen reparaciones económicas.

Para desembolsar estos riesgosos préstamos, los inversores consultan bases de datos que incluyen parámetros como resultados de demandas judiciales similares previas o tendencias en los fallos observadas en determinadas jurisdicciones. Las rentabilidades de los créditos pueden ser muy elevadas llegando a valores cercanos al 20 por ciento en dólares, cuando un bono del Tesoro de los Estados Unidos a un año rinde cerca del 1 por ciento.

En un artículo publicado esta semana en New York Times se estima que los montos destinados a financiar estas demandas superan los 1000 millones de dólares. La necesidad de recurrir a esos préstamos se origina en los elevados costos de litigar. Casos vinculados con la mala praxis médica pueden requerir peritos o pruebas científicas que fácilmente superan los 100.000 dólares. Estas inversiones no han estado exentas de críticas que van desde inversores que han promovido causas de terceros, con el propósito de invertir y beneficiarse de las mismas, hasta trabajadores que han iniciado demandas sin saber que debían hacerse cargo de pagar los intereses de los préstamos contraídos por el estudio jurídico que los defiende. Este es el caso de los juicios iniciados contra la ciudad de Nueva York por trabajadores que contrajeron enfermedades al encargarse de la limpieza de los restos de las Torres Gemelas derribadas el 11 de septiembre de 2001. El estudio jurídico que concentró estas demandas representando a más de 9000 trabajadores incluyó en el contrato –aparentemente en letras muy pequeñas difíciles de visualizar– una cláusula que permitía cobrarles a sus clientes los intereses de los préstamos en que incurriera para avanzar con el juicio. La controversia suscitada entre las partes respecto de quién debía hacerse cargo de ese costo fue saldada por el juez de la causa quien ordenó que el estudio jurídico absorbiera esos costos con parte de sus ingresos, sosteniendo que si bien los abogados no habían cometido ningún acto ilegal, el monto de honorarios cobrado resultaba suficiente para cubrir estos pagos, que los trabajadores no tenían control sobre estos gastos y que tampoco quedaba del todo claro que los defendidos hubieran entendido la cláusula que les obligaba a pagar estos intereses.

Quienes defienden la existencia de estas modalidades financieras sostienen que sirven para emparejar la asimetría que deben enfrentar los demandantes que carecen de recursos suficientes para litigar con éxito ante abusos de compañías con mayores recursos

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Estamos invitados a tomar el té
Bernanke compra deuda
y eso no está bien,
yo no sé por qué

Sarah Palin muy enojada
lo retó en inglés
por dejar que caiga el dólar
y eso no está bien,
yo no sé por qué

(Versión levemente modificada de la
“Canción para tomar el té”
de María Elena Walsh)

La decisión de la banca central de Estados Unidos (Fed) de emitir 600.000 millones de dólares para comprar deuda del gobierno despertó una oleada de críticas dentro y fuera de ese país. El presidente de la autoridad monetaria, Ben Bernanke, explicó que estas compras apuntan a promover la recuperación de la economía norteamericana en un contex-to de elevado desempleo (cercano al 10 por ciento) y de una muy baja tasa de inflación.

La medida potenció aún más la denominada “guerra de monedas” entre naciones, llevando a que algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos (Alemania, China y Brasil, entre otros) sostuvieran que esa inyección de liquidez va a debilitar el valor del dólar, provocando artificialmente una mayor competitividad para los productos norteamericanos, en desmedro del resto del mundo.

Dentro de los Estados Unidos, uno de los principales cuestionamientos políticos de la decisión tomada por la autoridad monetaria provino de Sarah Palin, líder del grupo ultraconservador norteamericano denominado Partido del Té o Tea Party. El nombre de este grupo evoca un hecho acontecido el 16 de diciembre de 1773, cuando colonos norteamericanos, molestos con un nuevo impuesto del gobierno británico, abordaron un barco de la Compañía Británica de las Indias Orientales y arrojaron por la borda la carga de té que se encontraba en sus bodegas. Siguiendo ese ejemplo, los modernos seguidores del Tea Party se rebelan en la actualidad ante el gobierno federal, “acusando” al presidente Obama de querer instaurar un régimen socialista, oponiéndose al incremento de los impuestos, a la expansión del gasto público y a la creación de un seguro de salud nacional, por citar algunos de sus temas predilectos.

Palin ha desarrollado una meteórica carrera política sostenida en el voto popular, y llegó a ocupar el cargo de gobernadora del estado de Alaska. Entre sus posiciones más conocidas se destaca su oposición al aborto y al matrimonio homosexual, su adscripción a la Asociación Nacional del Rifle, su apoyo a la invasión a Irak, así como su defensa del llamado libre mercado.

El pasado lunes, en un discurso ante una convención gremial en Phoenix, Palin instó al presidente de la Fed, Ben Bernanke, a terminar con las inyecciones de liquidez con las que –a su juicio– podría destruir el valor del dólar y provocar una burbuja en los precios.

El Banco Central señaló en un comunicado de prensa que la autoridad monetaria está “igualmente determinada” a cumplir con sus dos misiones principales, la estabilidad de los precios y el nivel máximo de empleo. La discusión sobre el rol de las bancas centrales en general y de la política monetaria en particular volvió a replantearse a nivel global a partir de las respuestas heterodoxas que requirió la crisis financiera internacional iniciada en 2007. En mayo de este año, al acelerarse la crisis financiera griega, el propio Banco Central Europeo debió intervenir en forma poco ortodoxa comprando títulos de países de la región en problemas que, a priori, no resultaban elegibles dada su baja calificación.

Sólo el tiempo podrá demostrar si las medidas anunciadas por el Fed lograron los objetivos buscados o resultaron contraproducentes para la economía norteamericana. Sin embargo, los dichos de Palin ponen sobre la mesa uno de los principales desafíos que enfrentan quienes tienen la responsabilidad de definir políticas económicas en todo el mundo: ser capaces de diseñar e instrumentar medidas que sean eficaces y sostenibles, en línea con los objetivos que se persiguen, sin caer en disquisiciones puramente ideológicas alejadas de la realidad

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Los intentos de legalizar el uso y la venta de pequeñas cantidades de marihuana en California se hicieron humo este martes cuando la llamada Proposición 19 cayó derrotada en las urnas con un 55 por ciento de los votos en contra de la medida. La legalización de la cuestionada hierba había encontrado un aguerrido defensor en el magnate húngaro George Soros, uno de los personajes más pintorescos y polémicos del mundo financiero internacional.

Nacido en Budapest en 1930, su padre logró salvarlo de la invasión nazi –pese a su condición de judío– cambiando su identidad. Al terminar la Segunda Guerra Mundial logró escapar de la ocupación soviética asistiendo a un congreso de esperanto que se celebraba en Occidente, que le permitió instalarse en Londres, donde trabajó como camarero y recolector de manzanas para costearse sus estudios universitarios. Finalmente viajó a los Estados Unidos, donde creó su famoso fondo de inversión Quantum, que le permitió amasar una inmensa fortuna especulando con activos financieros.

Soros ha atribuido sus triunfos en los mercados a los conocimientos que le transmitiera el filósofo Karl Popper a partir de su teoría de la “reflexividad”. Simplificando, Soros utiliza lo que Popper denominaba “falacias fértiles” para referirse a situaciones que, siendo objetivamente falsas, son consideradas como verdaderas. Siguiendo tal premisa se le atribuye la frase: “Encuentra una tendencia cuya premisa sea falsa, y apuesta tu dinero contra ella”. En 1992, sus “apuestas” contra la moneda inglesa le permitieron hacerse de una cifra cercana a los mil millones de dólares, luego de doblegar nada menos que al Banco Central británico.

Sus críticos sostienen que el financista ha tratado de blanquear su imagen de tiburón financiero a través de la filantropía, atacando al mismo sistema que le permitió amasar su fortuna. En 1997, publicó un libro titulado La amenaza capitalista en el que reclamaba mayores regulaciones para los mercados financieros. Su tarea filantrópica abarcó distintas áreas centrándose en la creación del Instituto para una Sociedad Abierta cuyos objetivos son: mejorar los derechos humanos, luchar contra la toxicodependencia, y desarrollar la libertad de información. Estos programas han incluido campañas en defensa de los derechos de los homosexuales, así como de la despenalización de las drogas.

Sobre este último punto, Soros publicó la semana pasada un controversial artículo en el Wall Street Journal, en el que defendió la abortada propuesta de legalizar la marihuana en California, causa para la que aportó cerca de un millón de dólares. Más allá de esta polémica puntual, Soros representa un modelo de financista atípico, que se compromete públicamente con opiniones polémicas sobre diversas cuestiones, defendiendo causas en las que apuesta su propio dinero.

Quizá sea cierto que los aspectos más interesantes de sus argumentaciones y sus éxitos financieros se nutren de los conocimientos que adquirió en su juventud al cursar la carrera de Filosofía en la London School of Economics. La relevancia del conocimiento filosófico en el desarrollo de otras disciplinas data de tiempos inmemoriales. Dejando de lado el ejemplo menor y puramente anecdótico de Soros, personalidades relevantes de la historia de la humanidad como Newton, Galileo, Pascal, Thomas Jefferson, Avicena o Leonardo Da Vinci han desarrollado el pensamiento filosófico, destacándose –sin embargo– en ciencias y artes supuestamente alejadas de ese conocimiento. En esos siglos, para poder ejercer la mayoría de las profesiones era necesario estudiar a fondo cuestiones filosóficas. Es posible que, en un mundo donde el saber se especializa cada vez más y más, sea recomendable incluir en los planes de estudio modernos materias que buscan desentrañar las preguntas básicas que el ser humano se hace desde que tiene uso de razón.

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La semana pasada estalló un escándalo en los Estados Unidos al conocerse que un número importante de ejecuciones hipotecarias generadas por la crisis financiera se habían llevado a cabo en forma fraudulenta. Las denuncias fueron realizadas por empleados de entidades financieras y de estudios jurídicos catalogados por la prensa como “firmantes robóticos’’ (funcionarios que firmaron documentos sin revisarlos). Lo que quedó demostrado es que los tribunales aprobaron ejecuciones hipotecarias que no contaban con el respaldo necesario. Por tal motivo, los principales bancos y los jueces congelaron los procedimientos de ejecuciones hipotecarias a la espera que se aclare el panorama. Mas allá de que se concuerde o no con las “reglas de juego”, lo que sí es dable esperar en la ejecución de un procedimiento tan traumático como el de desalojar a una familia de la vivienda que habita, es que el mismo cuente con todas las garantías del debido proceso.

En su esencia, los contratos de préstamos hipotecarios están estructurados de forma tal que la propiedad puesta en garantía puede ser ejecutada por el prestamista ante la acreditación de determinados incumplimientos por parte del deudor. El mercado norteamericano ha sido tomado históricamente como un ejemplo de cuan velozmente deben tramitarse las ejecuciones hipotecarias para garantizar los derechos de los acreedores, permitiendo de esta forma desarrollar este mercado de créditos. La contracara de esta “eficiencia” es la rapidez con la que una familia puede pasar de habitar una vivienda a quedar en la calle. En el caso de la reciente crisis financiera internacional resultó evidente que la responsabilidad en los incumplimientos no fue patrimonio exclusivo de los deudores hipotecarios, sino que confluyeron una conjunción de factores ajenos a los mismos: bajas tasas de interés, abundancia de fondos excedentes en las instituciones financieras, relajamiento en los criterios para prestar, entre otros.

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, con el sutil estilo que lo caracteriza, salió a criticar a tirios y troyanos. Por un lado atacó la tibieza exhibida por Obama al sólo “pedirles” a las instituciones financieras que solucionen el tema. Por el otro lado embistió contra el comportamiento de la derecha estadounidense –a la que identificó con legisladores republicanos y medios de prensa conservadores como el Wall Street Journal–, a quienes comparó con los señores feudales que se sentían libres para apropiarse de lo que quisieran, conscientes de que los campesinos no tenían voz ni voto ante los tribunales.

Una de las denunciantes de estas prácticas fraudulentas ha sido una ex empleada del estudio jurídico de David Stern, bufete que procesó más de 100.000 casos de ejecuciones hipotecarias en los dos últimos años. Tammie Lou Kapusta, que fue despedida en julio del 2009, declaró ante el fiscal de distrito Bill McCollum que la firma Stern falsificaba sistemáticamente firmas, colocaba fechas atrasadas en los documentos, presentaba tarifas falsas de los abogados e ignoraba defectos críticos en los documentos hipotecarios legales.

La prensa norteamericana se ha ensañado con Stern, contrastando el hecho que mientras que miles de personas quedaron a la intemperie por las ejecuciones hipotecarias que su estudio tramitaba “expeditivamente”, él percibía honorarios por decenas de millones de dólares por procesar las mismas como chorizos, contando en su patrimonio personal con varias mansiones, un yate y algunos autos, entre los que destacan tres Ferrari, cuatro Porsche y una sola Bugatti.

El abogado de Stern, Jeffery Tew logró conmover a los periodistas cuando relató que Stern forjó su maravillosa carrera prácticamente desde la nada, logrando hacerse de mucho dinero, rematando la defensa de su cliente con una pregunta inquietante: ¿acaso no es éste el famoso sueño americano?

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La tecnología ha sido uno de los principales motores que explican los saltos en productividad experimentados por la economía mundial en los últimos siglos. En referencia a plataformas de negociación de valores, la automatización de procesos ha facilitado enormemente el desarrollo y la interconexión entre distintos mercados financieros. Sin embargo, se ha comprobado que, en ocasiones, reemplazar el criterio humano con herramientas tecnológicas puede traer aparejadas consecuencias indeseadas.

Esas contrariedades ocurrieron el pasado 6 de mayo cuando se produjo un desplome sin precedentes en la principal Bolsa estadounidense. El día ya había comenzado con malas noticias provenientes del otro lado del océano Atlántico: a la crisis de la deuda griega se sumaba la caída del euro y la incertidumbre producida por el resultado en las elecciones en Inglaterra. Con este entorno negativo no sorprendió que el índice Dow Jones (uno de los más utilizados por los inversores) cayera a media mañana cerca de 160 puntos. Sin embargo, a partir de las 14.30, sorpresiva y velozmente los precios se derrumbaron en picada y el Dow Jones se hundió 990 puntos en escasos 20 minutos, generando desconcierto y múltiples teorías explicativas. Una de ellas adjudicaba la debacle al dedo torpe de un operador que al cursar la operación “habría confundido las teclas de su consola”, apretando la correspondiente a billones de dólares en lugar de presionar la de millones.

La semana pasada, o sea cinco meses más tarde de ocurrido el episodio, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) publicaron un informe, comentando lo sucedido ese viernes fatídico.

El documento explica que el desmoronamiento de esa tarde no fue provocado por ninguna maniobra de manipulación, ni por la mala puntería del dedo de un operador, sino por una orden de venta de un inversor institucional por 4100 millones de dólares en contratos de futuros. El problema se suscitó cuando el inversor decidió canalizar la orden a través de una computadora siguiendo un algoritmo: conjunto de instrucciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar, en orden, para resolver un sistema específico. Usualmente, los inversores cuentan con distintas alternativas para comprar o vender productos financieros. Pueden ejecutar una orden enviándola ellos mismos hacia el mercado o pueden escoger a un intermediario para que la canalice. Una tercera posibilidad consiste en instrumentar la orden dejándola en manos de una “computadora” que ejecuta la venta siguiendo parámetros predefinidos de precio, volumen y tiempo. Esta última alternativa fue la elegida por un inversor institucional de Kansas, que ordenó la venta de los 4100 millones de dólares a través de 75 mil contratos de futuros referenciados al índice Standard & Poor’s 500, usando algoritmos computarizados.

Si bien el elevado monto de dicha operación hubiera ameritado que la orden se ejecutara en un período extenso de tiempo para evitar disrupciones en el mercado, la computadora siguió –como corresponde a un ente inanimado– fiel y fríamente los parámetros con los que había sido programado el algoritmo (que no incluían límites de precio ni de tiempo para completar la venta), bañando al mercado con papeles de todos los colores en sólo 20 minutos. Las ventas generaron una enorme presión en el mercado de futuros, que se trasladó inmediatamente al mercado de contado de Wall Street, con la mencionada debacle en los precios. Este hecho puso de relieve no sólo los riesgos de dejar en manos de computadoras determinado tipo de operaciones sino, también, el elevado grado de interconexión que existe entre los distintos segmentos financieros, pero en especial entre los mercados de valores de contado, de futuro y los de productos derivados, con la consecuente necesidad de coordinar más efectivamente el accionar de los reguladores financieros

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