Página#12 Libre

“Algunas empresas no quieren distribuirnos sus dividendos, y son las mismas que hablan de seguridad jurídica. Yo espero que la Justicia sepa poner las cosas en su lugar. Cualquier argentino privado tiene derecho a tener sus ganancias. Para el Estado eso es aún más necesario”, criticó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Uno de las causas que motivó la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que eliminó el tope del 5 por ciento en la representación estatal en las empresas donde la Anses mantiene inversiones fue la retención de dividendos que practican firmas como Techint, el Grupo Clarín o Emdersa. Con una mayor participación en los directorios el Estado podría controlar más de cerca a las compañías, con el fin de evitar prácticas que impacten de manera negativa sobre los activos del organismo previsional. La medida oficial, resistida por parte del sector privado, ya hizo eco en la Justicia: ayer Techint presentó –tal como anticipó Página/12 la semana pasada– un recurso de amparo para intentar frenar la aplicación del DNU. Desde el Gobierno advirtieron que, además de la declaración de la CNV, la propia Anses irá también a la Justicia para denunciar el desconocimiento del DNU que propició Siderar.

En su asamblea ordinaria de accionistas del viernes pasado, Siderar en un primer momento desconoció los efectos del DNU 441 que eliminó el tope del 5 por ciento para la representación de la Anses en las empresas donde mantiene inversiones, de manera que el Estado no estaba en condiciones de ejecutar sus derechos por el 25,97 por ciento del capital social que posee. Frente al reclamo del Gobierno en la asamblea, la empresa, de forma contradictoria, reconoció el DNU pero argumentó que la reunión de accionistas se había convocado de forma previa a la norma, por lo que la votación del viernes supuestamente no estaba alcanzada por la eliminación del 5 por ciento. Finalmente, los derechos de la Anses no fueron reconocidos, lo que motivó el repudio de la CNV, que declaró “irregulares e ineficaces a los efectos administrativos” todas las decisiones que se adoptaron en la polémica asamblea.

Ayer Siderar tuvo que, de imprevisto, dar más precisiones a sus accionistas sobre lo sucedido el viernes. Fue ante un pedido de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que suspendió por casi una hora la cotización de las acciones de la firma a la espera de mayores precisiones. El presidente de Siderar, Daniel Novegil, aclaró en un comunicado a la Bolsa que considera que la decisión de la CNV “carece de validez, razón por la cual la impugnará ante los tribunales competentes”. Techint interpuso un recurso de amparo para suspender los efectos de la resolución de la CNV y de esa forma volver a dejar vigente la asamblea del viernes.

En esa conflictiva reunión se decidió la distribución de dividendos por unos 1500 millones de pesos, que quedó también afectada por la medida de la CNV. La empresa ayer indicó que “procurará las medidas legales a fin de poder cumplir con el pago del dividendo aprobado”. “No obstante –aclaró Siderar–, por causa de la decisión tomada por la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad no puede asegurar que podría poner a disposición de los accionistas el dividendo del 6 de mayo, fecha fijada por los accionistas en la asamblea referida.” La incertidumbre de Siderar sobre el reparto de dividendos generó una venta de papeles por parte de los accionistas que redujo el precio de la acción un 5,5 por ciento en la jornada.

“La CNV dictó la irregularidad a los efectos administrativos, pero seguramente la Anses va a recurrir a la Justicia para iniciar acciones legales contra los directivos de Siderar que bloquearon la participación del Estado de acuerdo con su cuota del capital social”, adelantaron fuentes del Gobierno. En esa línea se manifestó la Presidenta, al indicar que espera que “la Justicia sepa poner las cosas en su lugar”.

El capital social de Siderar está repartido en un 61 por ciento de Techint, un 26 por ciento de la Anses, un 4 por ciento de los trabajadores por medio del Programa de Propiedad Participada y un 9 por ciento que se negocia en la Bolsa. El representante de la UOM en el directorio votó en la última asamblea junto con la empresa. “La posición de la UOM es increíble, yo no la comparto. La CGT apoya el DNU”, dijo ayer el titular del gremio de los judiciales y miembro del Consejo Directivo de la CGT, Julio Piumato, en declaraciones radiales. El titular de la Anses, Diego Bossio, cuestionó que “hay 6400 millones de pesos en dividendos no distribuidos por Siderar. Queremos que le expliquen a la Anses cuál es el destino de esos fondos”.

A pesar de que el Estado es accionista minoritario frente a Techint, el mecanismo de voto acumulativo le permitiría colocar tres representantes en el directorio. El voto acumulativo está contemplado por la Ley de Sociedades Comerciales y permite elegir un tercio de las vacantes a llenar en el directorio (que en el caso de Techint serían tres) multiplicando los votos que se desprenden del 26 por ciento de las acciones por la cantidad de directores a elegir.

Techint bloqueó ayer la designación de un director estatal en su filial Siderar. De este modo, desconoció el decreto 441, que modificó el esquema de participación en las compañías donde la Anses mantiene inversiones. La Comisión Nacional de Valores (CNV) reaccionó anoche anulando la asamblea al declarar como “irregulares e ineficaces” las decisiones adoptadas, desde la conformación del directorio hasta la distribución de dividendos por 1500 millones de pesos. En los próximos días la firma iniciaría acciones judiciales para frenar la aplicación del decreto.

El Decreto de Necesidad y Urgencia que promulgó el Gobierno eliminó un techo de 5 por ciento a la participación de los representantes del Estado por las acciones que la Anses tiene en su cartera. Esa restricción era una herencia del sistema de jubilación privada. En el caso de Siderar, la Anses posee casi el 26 por ciento del capital social, pero había podido designar un representante sólo a partir de una negociación con la empresa, porque con el límite del 5 por ciento Siderar podía vetar cualquier proposición del Estado. El hombre consensuado fue Aldo Ferrer, quien entró en el directorio por la lista de mayoría.

Con la designación de Ferrer como embajador en Francia, comenzó la disputa por la sucesión. El Gobierno busca que Axel Kicillof ingrese en el directorio. El candidato oficial es doctor en Economía y profesor titular de Macroeconomía II en la UBA, coordina el Centro de Estudios para el De-sarrollo Argentino (Cenda) y tiene varias publicaciones de teoría económica, entre las cuales resalta su profundo análisis sobre la Teoría General de Keynes. Militó en la CTA cerca de Hugo Yasky y está ligado a Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas, compañía donde es subgerente general, con diez mil personas a cargo. Desde la empresa propusieron al reconocido economista experto en temas industriales y ex director de la oficina de la Cepal en Buenos Aires, Bernardo Kosacoff. Recientemente, Techint publicó un libro de 448 páginas compilando los artículos de Kosacoff que aparecieron en el Boletín Informativo Techint desde julio de 1988 hasta diciembre 2009.

La firmeza del Gobierno y de Siderar en mantener sus posturas habría sido el principal motivo que impulsó el DNU, porque sin el techo del 5 por ciento el Estado tendría la capacidad de designar tres representantes en el directorio de Siderar, que se compone de once miembros. Sin embargo, el Gobierno reconoce que con sólo un director propio sería suficiente para realizar las tareas de control y fiscalización.

En la asamblea de accionistas celebrada ayer los representantes del Estado buscaban designar, finalmente, a Kicillof. No obstante, al inicio del encuentro el registro de las tenencias accionarias solo le reconocía a la Anses el 5 por ciento de los votos. Posteriormente el presidente de la asamblea (que responde a Techint) anotó en el acta que la participación de la Anses sería registrada en su totalidad de acuerdo al porcentaje de su cuota de capital social, aunque de forma contradictoria, advirtió que esa situación no implicaba convalidar el decreto ni el derecho a voto.

Según pudo reconstruir Página/12 , la compañía controlante Ternium, que posee el 60,9 por ciento de la empresa, mocionó para dejar en acta ambos recuentos de los votos de la Anses, uno con el tope del 5 por ciento y el otro con la totalidad de los derechos de voto (25,97 por ciento). Los representantes de la seguridad social rechazaron esa situación, ya que “implicaba desconocer la vigencia del DNU”. Frente a ese rechazo, el grupo Techint ofreció un nuevo argumento que obtuvo el apoyo de los accionistas minoritarios y también de los representantes de los trabajadores (que obtuvieron acciones a principios de los ’90 a partir de la privatización de Somisa). Consideraron que cuando se convocó la asamblea todavía no había entrado en vigencia el decreto. El razonamiento asombró a los miembros de Anses, ya que implicaba admitir que efectivamente la medida era válida, y que el problema era, supuestamente, de timing. El titular de la Anses, Diego Bossio, resumió ayer en la red social Twitter que “el directorio de Siderar reconoció los derechos de voto de Anses, pero imposibilitó hacer efectivo el DNU 441”.

A partir de ese momento, el tratamiento del orden del día se realizó con el voto negativo de la Anses en cada punto. De esa forma transcurrió la votación del reparto de dividendos por más de 1500 millones de pesos. Al respecto, Bossio manifestó que el directorio de Techint “se negó a tratar la distribución de 6455 millones reservados, sin argumento válido”. Cuando se analizó la conformación del directorio, la empresa controlante decidió solicitar un cuarto intermedio hasta el 11 de mayo por falta de tiempo y por las “objeciones que podría tener” el DNU 441. De esa manera postergó la designación de Kicillof.

Las condiciones en que se llevó a cabo la asamblea no pasaron

inadvertidas por la CNV. Un funcionario de ese organismo que concurrió a la reunión en carácter de veedor, declaró como “irregulares e ineficaces a los efectos administrativos todas las decisiones adoptadas en la asamblea general ordinaria de Siderar”. Justificó que la empresa mantuvo un “doble cómputo”, del 5 por ciento de los votos pero a la vez de casi el 26 por ciento de las acciones. Esa distinción, a partir del DNU, ya no rige.

Por otro lado, el jueves tuvo lugar la asamblea de accionistas en Molinos Río de la Plata, compañía donde la Anses posee el 20 por ciento del capital social. La compañía permitió que la Anses tenga una representación en los votos acorde con su peso accionario, pero el organismo previsional perdió la votación y no pudo ocupar ningún sillón. Los representantes del Estado mocionaron aumentar el tamaño del directorio hasta siete miembros, ya que de esa forma le hubiera correspondido un lugar. La propuesta no prosperó, pero en el Gobierno explicaron ayer a Página/12 que “si bien no fue posible nombrar directores la votación se perdió dentro del marco legal vigente, la empresa no desconoció el DNU”.

El Estado podrá designar entre 18 y 24 nuevos directores en las distintas empresas en las que posee participación accionaria, según indicaron fuentes oficiales a Página/12. Ayer mismo comenzaron a circular nombres para esos cargos, provenientes de distintos sectores afines al gobierno nacional, desde La Cámpora hasta corrientes de militancia impulsadas por ministros y legisladores. Hasta el momento, la representación en los directorios le permitió al Estado, por ejemplo, impedir la venta de una parte de una compañía a capitales extranjeros y evitar que otra firma desvíe fondos hacia una controlada, lo que iba a perjudicar el activo de la Anses. Esta herramienta de regulación fue utilizada por el Estado con una participación minoritaria y representación negociada con las empresas. Ahora las posibilidades de control se amplían.

En empresas como Pampa Holding, Consultatio, Gas Natural BAN, Telecom, Siderar, Edenor, Solvay Indupa, Aluar y TGS, entre otras, el Estado ya tiene representación, aunque en muchos casos inferior a la que ahora le corresponde. En Siderar, por ejemplo, tiene sólo un director, al que se le sumarían dos (ver nota aparte). En el Banco Macro también se pasaría de uno a tres directores, aunque los representantes designados, junto con los que vayan al Galicia, Patagonia y Francés, deberán ser aprobados por el directorio del BCRA “en función de su idoneidad y experiencia”, confirmaron a este diario fuentes de la entidad. En ninguna compañía el Estado pasará a tener mayoría en el directorio. Aunque en Pampa Energía el sector público posee el 22,5 de las acciones, el principal controlante ostenta el 20 por ciento, pero son papeles de mayor categoría y peso para la toma de decisiones. En Clarín no hay representante y la situación no se modificará.

“Nunca hubo ningún problema con el representante del Estado en el directorio de Edenor, porque el control lo sigue teniendo Pampa Holding y lo seguirá teniendo aunque aumente la participación pública”, indicaron a este diario desde la compañía eléctrica. Pampa Holding tiene el 51 por ciento de Edenor en acciones tipo A (que otorgan mayor control), mientras que el 49 por ciento restante (de acciones B) cotiza en Bolsa. De ese total, cerca de la mitad le pertenece al Estado, el resto está atomizado.

Sin embargo, hay otras experiencias donde el Estado pudo ejercer mayor influencia. Hace un tiempo una de las principales empresas proveedoras de insumos difundidos, que por lo tanto es formadora de precios, pretendió vender parte de sus acciones a sus clientes en Brasil y dejar a los socios del país vecino en una posición dominante frente a los clientes locales. “Para la compañía era un buen negocio, pero se iba a perjudicar la provisión de insumos a la industria local. Por eso el Estado, desde una visión más global, frustró la operación con un voto negativo de parte de su representante”, explicó a Página/12 una alta fuente del Gobierno que dio la directriz para impedir la fusión.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) le permitirá al Estado tener más presencia en las áreas de fiscalización y auditoría de las compañías. En diálogo con este diario, un director representante del Estado en una importante firma relató su experiencia. “Pierdo todas las votaciones, pero mi voto negativo tiene peso, porque para una empresa que cotiza en Bolsa no es lo mismo aprobar el balance contable por unanimidad que hacerlo en disidencia. Por eso los privados fueron abriendo información, lo que le permite al Estado controlar que no haya desvíos de fondos hacia otras firmas controladas y que por eso se desvaloricen las acciones de la Anses.”

En diciembre del año pasado se reunieron en la Anses todos los directores por parte del Estado en las empresas para mejorar la coordinación de tareas e impulsar la vinculación entre las firmas. En tanto, este año hubo diversos encuentros entre las autoridades de la Anses, los directores y los accionistas privados. Los representantes del sector público en las firmas provienen de diversos espacios del kirchnerismo. Iván Heyn (Aluar), Norberto Berner (Telecom) y próximamente Axel Kicillof (Siderar) son cercanos a La Cámpora, mientras que Rubén Bassi (Gas Natural BAN) proviene del sindicalismo. También hay funcionarios de segundo rango de diversos ministerios impulsados por los titulares de las carteras. Algunos de esos sectores ya se están disputando las próximas designaciones.