Página#12 Libre

Desde un punto de vista estrictamente político, la candidatura presidencial de Cristina se impone como natural. Las encuestas la ubican en un cómodo primer lugar, muy por encima del resto de los candidatos. En una mirada menos cuantitativa (no solo de encuestas vive el hombre), la Presidenta parece la única capaz de garantizar el apoyo del peronismo partidario –y lo que implica en término de aparato de intendentes, gobernadores y toda la infraestructura punteril sobre todo conurbanera–, con una apelación al peronismo, digamos, emocional (el 17 de octubre y esas cosas), y al mismo tiempo sumar segmentos menos definidos partidariamente (no decimos independientes porque la expresión es un poco desacertada, como si el resto no lo fuera). En todo caso, sectores que se acercaron al Gobierno como resultado de las iniciativas implementadas en la gestión de Kirchner, como la política de derechos humanos, pero sobre todo durante el gobierno de Cristina, con hitos como la ley de medios y la de casamiento igualitario.

Cristina podría entonces ampliar su arco de apoyos de modo de apelar a un electorado más amplio que el puramente peronista, para lo cual será necesario desplegar una buena campaña y elegir cuidadosamente las listas y figuras que la acompañarán: el nombre del candidato a vicepresidente será la señal más clara de esta orientación. Como demostró gráficamente la poco feliz idea de las candidaturas testimoniales, las alquimias de aparato resultan secundarias en comparación con el estado de la opinión pública y la capacidad de un candidato de sintonizar con ella.

Algunas de las últimas decisiones oficiales –como la designación de Nilda Garré– sugieren la voluntad de Cristina de seguir este camino. Si lo hace, podría lograr lo que consiguió Menem en 1995, aunque con una orientación ciertamente diferente: trascender el voto peronista duro –necesario pero insuficiente– interpelando a un electorado más amplio. Y, al hacerlo, reconocería implícitamente lo desacertado de la lectura política efectuada tras las elecciones del 2007: en aquella oportunidad, el kirchnerismo se impuso con el apoyo del voto peronista y resultó derrotado en las grandes ciudades, lo que convenció a sus líderes de que era necesario aferrarse a los dos aparatos políticos más importantes –el PJ, sobre todo bonaerense, y la CGT– como garantía de gobernabilidad. El resultado fue un debilitamiento de la relación con la clase media, a la que, en una lectura inversa a la de Borges, se consideró incorregible. La derrota en el conflicto del campo –y su corolario electoral en los comicios del 2009– demostraron los límites de esta estrategia.

En suma, todo apunta a una candidatura de Cristina. Y, sin embargo, hay que considerar también una dimensión extra. Aunque a menudo no lo parezcan, los políticos son personas y, como tales, portadoras de emociones, sentimientos, miedos. La sorpresiva muerte de Kirchner dejó a la Presidenta sin su compañero de toda la vida y a cargo de una familia cuya hija todavía es adolescente. La decisión de pelear por la Presidencia implica para cualquier político un costo personal importante. Salvo para los sádicos, ejercer el poder supone una serie de sacrificios. Hasta ahora, Cristina ha dado sobradas muestras de su decisión de mantenerse firme en su cargo y nada indica que no esté dispuesta a disputarlo nuevamente. Dicho esto, en su decisión pesarán no solo los factores políticos, sino también los emocionales y familiares: hay una dimensión personalísima de la política, que merece ser tratada con prudencia pero que sería necio no considerar.

Si, como todo indica, Cristina es la candidata, la incógnita se centrará en quién logra polarizar con ella y eventualmente pasar a una segunda vuelta, donde las cosas, pese a los números que hoy favorecen a la Presidenta, nunca son tan claras. De quién se trate dependerá el tipo de debate político que se instale. O al revés: el opositor que logre sintonizar mejor con los temas y el estilo de discusión que la sociedad prefiere será el que consiga disputar un eventual ballottage. Si es Ricardo Alfonsín, cuyas diferencias con el Gobierno existen pero no son tan marcadas como en otros candidatos, el eje será partidario: peronismo-radicalismo, como en 1983 y 1989, con la particularidad de que la política se tramitará en clave progresista, pues ambos contendientes (Cristina y Alfonsín, sobre todo si forma una alianza con Hermes Binner) pueden justificadamente reclamar esa condición. En este caso, la campaña seguramente girará más alrededor de temas institucionales y de estilo que en torno de políticas sustantivas (como fue la campaña de 1999, en la que la Alianza aceptó la continuidad del modelo y garantizó la vigencia de la convertibilidad). En cambio, si el contrincante es Mauricio Macri, que propone llevar las retenciones a cero, bajar la edad de imputabilidad y cerrar la puerta a los inmigrantes, el eje no será partidario sino ideológico: Macri puede ser tan peronista como Menem o Scioli, por lo que la discusión con el Gobierno probablemente se desplace hacia temas más de fondo, en clave derecha-izquierda. También resulta interesante pensar qué sucedería en una disputa con Julio Cobos o Ernesto Sanz, radicales pero con un perfil más conservador que Alfonsín: en ese caso, el debate puede ser ideológico o partidario o las dos cosas. Por último, no hay que descartar un escenario de mayor atomización del electorado opositor: aunque el sistema político parece haberse ido normalizando en torno de tres grandes espacios (el peronismo kirchnerista, el radicalismo reunificado y el peronismo disidente-macrista), puede ocurrir que dos figuras opositoras fuertes –supongamos Alfonsín y Macri– se dividan más o menos equitativamente el voto anti-kirchnerista, como sucedió en el 2007.

El juego de los escenarios tiene sus límites. Si se prioriza el análisis de los candidatos, puede dejar afuera factores de contexto, como la situación económica o incluso el marco internacional. Una mirada más estructural suele excluir las posiciones de los actores. Pero no deja de ser entretenido, a ocho meses de las elecciones y en medio del calor de un verano en el que no todos los columnistas gozamos de una pileta.

Los episodios de inseguridad de la semana pasada reactualizan el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, la responsabilidad penal de los menores de edad y las penas que se aplican. Como una plaga, el tema desaparece y vuelve de tanto en tanto, con matices según el momento y el debate político-electoral. Para no aburrir al lector con los argumentos de siempre, algunos datos concretos y el repaso de experiencias en otros países, que quizás ayuden a echar un poco de luz sobre la cuestión, para finalizar con un comentario sobre sus efectos electorales.

Veamos.

Populismo penal

En primer lugar, no hay evidencia que indique que un endurecimiento de las penas reduce la inseguridad. Las experiencias que suelen mencionarse como exitosas –básicamente la “tolerancia cero” en Nueva York– deben ser puestas en contexto. En el caso concreto de la política liderada por Giuliani, hay que considerar también la prosperidad económica registrada en los años de Clinton, las medidas de contención social implementadas paralelamente y hasta los patrones de consumo de droga (el reemplazo del crack por la heroína, con efectos más atontadores y prolongados y menos generadores de violencia, tal como muestra crudamente la serie The Wired). En América latina, el ejemplo más claro del fracaso de este tipo de propuestas de populismo penal es Centroamérica. En la subregión, la tasa de homicidios duplica la latinoamericana, con casi 50 por cada 100 mil habitantes según la Organización Panamericana de la Salud. Para remediarla, los gobiernos recurrieron a una secuencia de respuestas represivas de nombres realmente espectaculares: en El Salvador, tras el fracaso del Plan Mano Dura, el gobierno lanzó el Plan Súper Mano Dura, y luego postuló como candidato a presidente a un ex jefe de policía, que afortunadamente fue derrotado; en Guatemala, el presidente diseñó el Plan Escoba, para frenar una supuesta invasión de mareros que, sin embargo, no alcanzó para detener el ascenso del líder de la tolerancia cero, Otto Pérez Molina, un ex general del ejército que quedó en segundo lugar en las elecciones del año pasado; en Honduras, el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, elaboró una propuesta de combate a la delincuencia que denominó Puño Firme, gracias a la cual estuvo cerca de triunfar en las elecciones del 2005.

Y todo esto junto a una serie de leyes represivas sancionadas con el soplo en la nuca de una opinión pública aterrorizada. En los tres países centroamericanos mencionados, la edad de imputabilidad se redujo a los 12 o 13 años. Y hay más: en Honduras, el Código Penal fue reformado en el 2004 para incluir penas de hasta diez años de prisión por el solo hecho de llevar un tatuaje identificable con una pandilla. El cuadrito incluido a continuación demuestra que no existe una correlación directa entre la edad de imputabilidad y la tasa de homicidios.

Pero el problema no es sólo centroamericano. México tiene 500 mil policías, es decir 4,8 por cada 100 mil habitantes, tres veces más que Canadá, donde la tasa de homicidios es seis veces menor. En Brasil y Colombia, la delincuencia es la principal causa de muerte de jóvenes y, si se tienen en cuenta sólo los jóvenes negros varones pobres, los números se asemejan a los de una guerra civil. Finalmente, hay algunos aspectos de la inseguridad que muchas veces no se consideran, pero que ciertamente forman parte del fenómeno: en Paraguay, la pena por golpear a una mujer puede evitarse pagando una simple multa. De hecho, corresponden más años de cárcel por matar a una vaca que por pegarle a una esposa.

Comparar con los países nórdicos siempre es complicado: salvo el clima, todo es mejor allí. Pero el ejercicio siempre es tentador: Finlandia tiene menos policías por habitante que cualquier otro país del planeta, poquísimos presos –sólo 3 mil– y, al mismo tiempo, una de las tasas de homicidios más bajas del mundo: dos por cada 100 mil. Dinamarca, con un enfoque similar, presenta una tasa de homicidios de 1,1, Noruega 0,9 y Suecia 1,2. En San Marino, pequeña república europea, hay, en total, un solo preso. En todos estos casos, la tasa de homicidios es entre 4 y 6 veces inferior a la de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el país desarrollado más inseguro del mundo y el que tiene más presos: 648 por cada 100 mil habitantes, diez veces más que Dinamarca o Suecia. En números totales, casi dos millones de personas habitan las cárceles estadounidenses, la misma cantidad que jóvenes en los colleges.

Argumentos

La política de seguridad de la provincia de Buenos Aires, corazón del problema de la inseguridad en Argentina, ha sido una de las más erráticas y peligrosas de todas las implementadas desde el retorno de la democracia, como revela el simple recuento de los ministros: de León Arslanian a Carlos Ruckauf, pasando por Juan Pablo Cafiero, para volver de nuevo a Arslanian, hasta llegar a Carlos Stornelli y Ricarco Casal.

Pero vamos por partes. Discutir contra los defensores del populismo penal es necesario pero relativamente fácil; más difícil es tratar de entender por qué el progresismo tiene tantos problemas para asumir el tema y ofrecer si no una solución, al menos una propuesta. La izquierda prefirió siempre esquivar la cuestión de la seguridad: salvo las dos gestiones truncas de Arslanian en Buenos Aires y el enfoque aplicado por Hermes Binner desde que asumió la gobernación de Santa Fe, prácticamente no existen experiencias relevantes de políticas de seguridad progresistas. El hecho de que el kirchnerismo, que ha hecho de la transformación una de las claves de su éxito político, haya demorado siete años en dar una muestra contundente de su voluntad de cambiar las cosas, revela las dificultades para hacerse cargo del tema.

¿Cómo se explica esta desidia? Por el lógico rechazo de la izquierda a utilizar la represión, cualquier forma de represión, generado por las dictaduras, lo que creó un vacío de conocimiento que hoy se paga caro. Hay pocos expertos que realmente conozcan el tema, que tengan relación con las policías o alguna experiencia acumulada: solo unos pocos especialistas, como Arslanian o Marcelo Saín, y un puñado de instituciones, como el CELS, se han dedicado a trabajar sistemáticamente la cuestión de la seguridad con un enfoque diferente al de la mano dura.

A este rechazo histórico hay que sumarle un diagnóstico simplista –considerar a la inseguridad como un subproducto automático de la pobreza–, que excluye cualquier posibilidad de resolver el mientras tanto. Decir, como decía Pino Solanas en la última campaña electoral, que la principal causa de la inseguridad es la mortalidad infantil quizás sea cierto, pero aporta poco al debate sobre qué hacer con los homicidas menores o los desarmaderos de autos o las mafias de narcos enquistadas en las villas, y no deja de ser en el fondo una vía de evasión ingeniosa a un tema sobre el cual es difícil asumir una posición concreta. El problema es que, mientras tanto, las corrientes de derecha fueron construyendo una respuesta, ciertamente equivocada pero respuesta al fin, provista de una doctrina, un paquete de medidas y toda una parafernalia de fundaciones y equipos dispuestos a aplicarla. No debería llamar la atención que sean ellos quienes lleven la delantera en el debate público.

Y sin embargo, un dato que resulta difícil de encajar en este cuadro. La inseguridad no define elecciones: Felipe Solá fue reelecto tras designar a Juan Pablo Cafiero, y Daniel Scioli fue elegido con un discurso opuesto. Aníbal Ibarra fue reelegido sin una sola propuesta en la materia, y Mauricio Macri podría ser elegido nuevamente pese a que a no ha mostrado grandes avances en la lucha contra el delito. La inseguridad estuvo ausente de la plataforma del kirchnerismo en las presidenciales del 2007 y sin embargo Cristina ganó tranquilamente. Carlos Ruckauf, el caso más mencionado de una propuesta de mano dura electoralmente exitosa, no se impuso en los comicios provinciales de 1999 por su promesa de meterle bala a los ladrones, sino por la alquimia electoral que le permitió sumar los votos de Domingo Cavallo, sin los cuales hubiera perdido. Esto no implica, desde luego, que la inseguridad no sea una preocupación social importante, pero mi hipótesis es que no alcanza para ganar una elección. Hasta ahora.

El fin de año fuerza los balances. Al cierre del 2009 escribí en Página/12 una nota (“Balance sin frutas abrillantadas”) en la que afirmaba que el Gobierno había comenzado el año en baja, con el fracaso en las elecciones del 28 de junio, y lo había terminado bien, con la sanción de la ley de medios y el anuncio de la Asignación Universal. En el camino, el kirchnerismo se había convertido en una “minoría intensa”, la expresión de un sector cuantitativamente minoritario pero dotado de un programa y un líder y un proyecto (en ese entonces, Néstor 2011). Agregaba, sin embargo, que un gobierno puede apoyarse en una minoría social para administrar la coyuntura y que hay miles de ejemplos de “patos rengos” que transitan con relativa calma el final de sus mandatos, incluso uno argentino y no muy lejano, el Carlos Menem 1997-1999. Pero como el kirchnerismo nunca estuvo dispuesto a simplemente gestionar el Estado, nadie podía razonablemente pensar que se limitaría a flotar en paz hasta octubre del 2011. Y como ningún proyecto verdaderamente popular puede proponerse realizar transformaciones importantes sin contar con el respaldo de las mayorías, el éxito oficial se cifraría en su capacidad para, a partir del firme soporte de ese núcleo minoritario, expandir su influencia a otros sectores sociales. Ese era, para mí, el gran desafío del año que comenzaba.

El 2010 fue el año en el que el kirchnerismo consolidó la recuperación iniciada en 2009: hoy sigue siendo una primera minoría, no menos intensa pero bastante expandida. ¿Cómo consiguió semejante cosa? En primer lugar, por su capacidad para retener el control de PJ a pesar del desafío planteado por el peronismo disidente. Hoy suena absurdo, pero tras la derrota en las elecciones de junio una fuga masiva de dirigentes era una posibilidad cierta. Los recursos del Estado, que el Gobierno ha utilizado con indudable habilidad para, digamos, persuadir a aliados, seguramente desempeñaron un papel, pero también hay que señalar la incapacidad del PJ emigrado para plantear una alternativa más o menos convincente y los éxitos políticos del oficialismo, tanto en el debate parlamentario como en la opinión pública, que habrán convencido a más de uno de la inconveniencia de pegar el salto. Más que la obra pública o el discurso, el éxito es el principal mecanismo de persuasión política.

El kirchnerismo también logró mantener su alianza con la CGT y el control de la calle. Los episodios de las últimas semanas, del Indoamericano al Club Albariño, no deberían confundir: allí se mezclaron intentos organizados de ocupación de espacios públicos con el accionar de delincuentes más o menos lumpenizados y más o menos politizados, sobre una base de reclamos sociales muy genuinos. Pero a pesar de estos sucesos y de otros que seguramente vendrán, no existe un actor político o social capaz de disputarle la calle al Gobierno. Si se mira bien, quien estuvo más cerca de lograrlo no fue ni el movimiento de okupas ni la microizquierda trotskista sino las corporaciones rurales, allá por el 2008.

Pero la recuperación oficial no descansa sólo en su capacidad para anudar aliados sino también en su incansable iniciativa política. Si el 2009 estuvo marcado por dos decisiones de fuerte contenido transformador, la ley de medios y la Asignación Universal, el 2010 incluyó medidas menos espectaculares pero tendientes a la normalización de la situación externa del país (el fin del corte en Gualeguaychú, el canje del último tramo de la deuda en default y el pago al Club de París), junto con decisiones económicas de peso –la utilización de reservas para el pago de la deuda– que derivaron en cambios de funcionarios importantes –Mercedes Marcó del Pont en lugar de Martín Redrado–.

Algunas de estas iniciativas, sin duda positivas, no han sido lo suficientemente institucionalizadas: la designación de Marcó del Pont no ha sido acompañada por una reforma al tono de la Carta Orgánica del Central, del mismo modo que la Asignación Universal no se ha convertido en ley (como explica bien Daniel Arroyo, el riesgo no es que un gobierno socialmente insensible elimine el subsidio, algo difícil de encarar políticamente, sino que cierre el padrón de beneficiarios, como ocurrió con el Plan Jefas de Hogar). En ambos casos, se trata de darles un marco institucional sólido a decisiones que ya se encuentran vigentes. Y en esta línea la creación del Ministerio de Seguridad, la última novedad importante del año, abre la posibilidad de realizar cambios normativos que confirmen la nueva orientación en el manejo de la fuerza pública, en sintonía con los que Nilda Garré ya implementó en las Fuerzas Armadas.

Antes de continuar, un comentario de estilo: la autocita es un recurso que debe usarse con prudencia, para no saturar a los lectores y mantener controlado el ego del columnista. Pero con la excusa del fin de año y tras unas copas, nos permitimos cierto abuso. En la nota mencionada al comienzo de este artículo citaba al politólogo Joseph Nye, de la Universidad de Harvard, y su clásica distinción entre el “poder duro” –aquel que se vale de la fuerza militar o la presión económica– y el “poder blando” –que descansa en la persuasión cultural o ideológica–. Decía a fines del 2009 que la estrategia del kirchnerismo para expandir su base de apoyos parecía limitarse a ofrecer una buena perspectiva económica (de la Asignación Universal a la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias), en una reedición en clave de marxismo patagónico de la vieja tesis materialista de que la estructura económica determina el comportamiento político-ideológico. El kirchnerismo descuidaba, creía yo, los aspectos “blandos” de la gestión.

Los festejos del Bicentenario demostraron que estaba equivocado o que el Gobierno revisó este punto. Aun con las críticas que se le pueden formular al enfoque histórico elegido, el Bicentenario fue una celebración masiva, colorida y pacífica. Poco después, la ley de casamiento igualitario fue, además de un acto de justicia, una jugada política que le permitió al kirchnerismo situarse en el costado más progresista del debate público, descolocando a adversarios y acercándose a un sector importante de la sociedad. La política de medios, errática por años, también avanza (la semana pasada se lanzó el canal del Incaa), y subraya por contraste la ausencia de una política cultural más inclusiva, que repare en fenómenos que el mismo kirchnerismo ha generado, como la activación política de un sector de la juventud y su reconciliación con segmentos nada desdeñables de la clase media (a los que, insistamos, no tiene sentido seguir machacándoles con los greatest hits de Jauretche). En este cómputo de iniciativas inmateriales, la intervención del Indec es quizá la gran asignatura pendiente.

El último factor que contribuyó a la recuperación del oficialismo fue la atonía de la oposición. Luego de su rotundo triunfo en los comicios de junio y de un primer golpe de efecto (el reparto de comisiones que dio inicio al Grupo A), el no kirchnerismo se enredó en una serie interminable de internas y conflictos. En su agenda para el 2010 figuraban iniciativas de alto impacto, como la reforma del Consejo de la Magistratura o un cambio en el régimen de retenciones, de las cuales sólo logró imponer el 82 por ciento móvil (el único veto en la tan anunciada conversión de Cristina en una vetadora serial). En ese universo heterogéneo que hoy es la oposición, dos candidatos aparecen con más chances de enfrentar al oficialismo: Mauricio Macri, que pese a los desmanejos de su gestión conserva una buena imagen y que podría contar con el apoyo de retazos del PJ disidente, y Ricardo Alfonsín, la estrella en ascenso del radicalismo. De que la competencia política se organice en torno de un eje ideológico (derecha-izquierda) o partidario (peronismo-radicalismo) dependerá que uno o el otro se conviertan en el principal adversario del Gobierno.

El balance político del año se recorta sobre el fondo de una economía que reproduce la ecuación K de alto crecimiento con alta inflación, en el marco de un boom de consumo inédito. El fin de semana pasado, la sucursal de San Telmo de una conocida heladería no vendía vasitos ni cucuruchos. Los vendedores argumentaban que tenían instrucciones de “privilegiar a los que compran a partir de dos kilos” (y eso que el vasito más chico costaba ¡quince pesos!). Y junto al auge del consumo, que abarrota los mediocres pero carísimos hoteles de la costa y las estaciones de servicio, el fondo sentimental generado por la muerte del ex presidente: despejadas las dudas acerca de la supervivencia del kirchnerismo tras la desaparición de su soporte biológico, queda el interrogante acerca del impacto emocional generado por el fallecimiento del líder, cuyas consecuencias resulta imposible estimar.

En todo caso, el panorama incluye a un oficialismo fortalecido y consolidado, una economía ordenada y en crecimiento y una oposición dispersa. No todo está dicho: como quedó claro en las últimas semanas, de Formosa a Constitución, los déficits sociales acumulados, las estructuras políticas oxidadas y los agujeros de la gestión pueden aparecer en cualquier momento, incluso bajo la forma del estallido y la violencia. Pero si esta perspectiva se consolida, y con la cautela con la que cabe pronunciarse en un país como el nuestro, podríamos encontrarnos, por primera vez desde 1983, con un ciclo político de tres mandatos: ni Menem lo hizo. Buscando ejemplos, quizá la trayectoria más parecida sea la de Lula: en 2005, cuando finalizaba su primer período, el presidente brasileño enfrentó una serie de escándalos de corrupción encadenados que le costaron todo un gabinete y que casi derivan en un impeachment, pese a lo cual logró recuperarse, ganar su reelección y gestionar un exitosísimo segundo mandato, clave para el éxito de Dilma Rousseff en las elecciones de octubre. De la capacidad del oficialismo para seguir expandiendo su base de apoyo dependerá que triunfe en esta tarea.

Mientras tanto, continuaremos con la campaña de cada año: por un pan dulce sin frutas abrillantadas.

Las primeras villas de emergencia nacen en los ’50, como resultado del proceso de urbanización alentado por la sustitución de importaciones y el impulso industrializador del primer peronismo. Están pobladas, en general, por migrantes internos, la mayoría proveniente de zonas rurales, que buscan en las fábricas de las ciudades nuevas oportunidades de vida. Como su nombre lo indica, son sitios pensados como lugares transitorios, de emergencia. Y es lógico: para un chaqueño, un santiagueño o un correntino, la villa era la puerta de entrada a la ciudad, el lugar de paso al que debía resignarse unos años antes de poder acceder el terrenito para edificar una vivienda. En un país industrializado, que todavía se enorgullecía de la movilidad social ascendente y con un mercado de trabajo aún capaz de absorber a nuevos empleados (es decir, la Argentina anterior al colapso del modelo estadocéntrico), la villa funcionaba, al menos imaginariamente, como la escala hacia un lugar mejor.

Se ocupación, por lo tanto, no era planificada, sino el resultado de la agregación de decisiones individuales. Como explica Vanina Lekerman (“Procesos informales de ocupación de tierras en la Ciudad de Buenos Aires”), se trataba de personas, a lo sumo familias, casi siempre sin experiencia urbana previa, que se iban instalando en las villas al amparo de familiares o conocidos que ya vivían allí. Y como la forma urbana no siempre es resultado de la planificación de los urbanistas inspirados sino el saldo precario de los procesos socioeconómicos, las villas se configuraron en trazas irregulares e intrincadas, en donde el espacio se aprovechaba al máximo: pasillos estrechísimos entre casilla y casilla, construcciones precarias, hacinamiento. Hasta el día de hoy las villas sextuplican la densidad poblacional media en el área metropolitana. El objetivo no era crear un barrio sino encontrar un lugar donde vivir hasta conseguir algo mejor.

En los últimos 30 años, en el marco de una sociedad cada vez más fragmentada, con amplios sectores excluidos de los mercados de trabajo y una polarización social cada vez más marcada, el área metropolitana de Buenos Aires sufrió, al igual que otras grandes ciudades como Córdoba o Rosario, un proceso de dualización, entre un corredor norte rico y un sur pobre. En este contexto comenzó a surgir, a principios de los ’80, un nuevo fenómeno: los asentamientos, la ocupación organizada de tierras que, tras el fin de la dictadura, se multiplicó rápidamente, en particular en la Capital y el conurbano. Los asentamientos son villas que se asumen como permanentes, con todo lo que esto implica en términos de imaginarios de sus habitantes, perspectivas de futuro y relación con el Estado. Constituyen, en palabras de Denis Merklen (“Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires”), una nueva forma de producción del hábitat.

A diferencia de la ocupación familiar de las villas, los asentamientos se realizan mediante una acción colectiva organizada, lo cual los emparienta con las experiencias de lucha por la tierra vigentes desde hace muchos años en países con una tradición de baja cohesión social y distribución regresiva del suelo (el caso del Movimiento Sin Tierra de Brasil es el más publicitado pero no el único).

Los asentamientos no son percibidos como una solución habitacional provisoria sino como algo permanente, lo que tiene amplias consecuencias en la forma de ocupación del suelo. Como el objetivo no es buscar un lugar de paso sino una residencia, se configuran en trazados urbanos amanzanados, regulares y planificados, imitando el damero característico de las calles de Buenos Aires, muchas veces previendo espacios libres para futuros emprendimientos comunitarios o públicos, como la sala de infantes, la canchita de fútbol o el comedor comunal. El objetivo es asimilarse al resto de la ciudad, normalizarse, sentirse un barrio más, con la paradójica consecuencia de que la ocupación ilegal de la tierra lleva a estrategias de organización que buscan cumplir las exigencias legales en términos de utilización del suelo, medidas de los lotes, etc.

Así, suele ocurrir que, luego de la ocupación, se busque algún tipo de legitimación por parte del Estado, y es muy común que los ocupantes de los asentamientos reclamen su derecho a convertirse en propietarios mediante la compra de las tierras. Como señalan María Cristina Cravino, Juan Pablo del Río y Juan Ignacio Duarte (“Magnitud y crecimiento de villas y asentamientos en el Area Metroplitana de Buenos Aires en los últimos 25 años”), esto lleva a muchos de sus habitantes a rechazar el adjetivo “villero”, al que asocian a condiciones de hacinamiento, promiscuidad y delito.

En todo caso, las ocupaciones urbanas informales avanzan. Hoy existen en el área metropolitana de Buenos Aires 819 villas y asentamientos que reúnen a más de un millón de personas (aunque podrían ser más debido a las dificultades para llegar a un dato fehaciente). En 1981, la población que vivía en villas y asentamientos representaba al 4,3 por ciento del total del conurbano, en 1991 al 5,2 por ciento, en 2001 al 6,8 y en 2006 ya llegaba al 10. El aumento es enorme si se tiene en cuenta que, entre 1981 y 2006, la población del conurbano se incrementó 35 por ciento, mientras que la que vive en tierras informales aumentó 220 por ciento. Entre 2001 y 2006, de cada 100 habitantes nuevos del conurbano, 60 se ubicaron en tierras informalmente ocupadas. Como es lógico, las villas prevalecen en la Capital y el primer cordón, mientras que los asentamientos, en general más nuevos, son más comunes en el segundo (todos datos de María Cristina Cravino, Juan Pablo del Río y Juan Ignacio Duarte).

Por supuesto, la tipología villas / asentamientos es –citemos a Weber–- ideal. Es posible encontrar todo tipo de situaciones intermedias, áreas que comienzan de un modo y se transforman, en un proceso muy dinámico y condicionado por miles de variables: la reconfiguración de la “ciudad formal”, la creación de nuevos polos de prosperidad, el modelo socioeconómico, que puede revitalizar ciertas industrias (y por lo tanto ciertas zonas). Pero la tipología vale para el análisis: la villa como una respuesta familiar a los déficit de vivienda en el marco de un modelo todavía inclusivo, y los asentamientos como una reacción colectiva, que demuestran la capacidad de organización y de lucha de los sectores populares pero también su conciencia acerca de las carencias habitaciones como un problema permanente, como si supieran que no hay lugar para ellos en la ciudad.

Los episodios de fuerte impacto social suelen abrir debates que parecían obturados: los medios aprovechan para desplegar información sobre temas nuevos y a veces hasta es posible sacar alguna que otra conclusión. Así como la discusión en torno de la 125 dio pie a miles de notas sobre la extensión de los cultivos transgénicos, los pools de siembra y la nueva realidad del agro, y así como el debate por la ley de casamiento igualitario permitió conocer las demandas de las minorías sexuales, los sucesos de los últimos días en el Parque Indoamericano habilitaron interesantes discusiones sobre la inmigración de los países limítrofes, las políticas de vivienda y ocupación territorial y el manejo de las fuerzas de seguridad. De entre todas las notas me interesa rescatar la publicada por Sergio Berensztein el martes pasado en Clarín, no porque sea especialmente buena ni especialmente mala, sino porque es sintomática, en el sentido de que condensa algunas ideas muy escuchadas en estos días y sobre las cuales, creo, vale la pena llamar la atención.

Berensztein pone el eje en lo que denomina el “fracaso” del Estado, fracaso que se verificaría en diferentes aspectos. Uno de ellos, que el autor obviamente destaca a partir de los episodios en el Indoamericano y tras aclarar que toda xenofobia debe ser repudiada, es la dificultad para “administrar de acuerdo con prioridades claras y revisadas a lo largo del tiempo los criterios de selección para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitan nuestro suelo”.

El argumento es clásico: el problema no es la inmigración en sí, sino la inmigración descontrolada, sin metas claras ni objetivos ni, en palabras de Berensztein, “criterios de selección”. El problema de este razonamiento es que la inmigración siempre se descontrola. El ejemplo más claro es la ola de mexicanos a Estados Unidos: se estima que unos siete millones de mexicanos sin documentos viven en ese país y que cada año, pese a los esfuerzos, llegan otros 300 mil. Si la mayor potencia del mundo, con toda su infraestructura de seguridad, policías, patrullas y muros, no puede controlar los 3200 kilómetros de frontera que la separan de un solo país, ¿cómo hará Argentina, con muchos menos recursos, para controlar los 6834 kilómetros que la separan de cinco países?

Mientras haya desigualadad a un lado y otro de la frontera, habrá migraciones. Durante casi todo el siglo XX, los chilenos constituyeron la primera corriente migratoria proveniente de un país limítrofe. Luego, a partir de los ’80, comenzaron a disminuir, ubicándose hoy por debajo de los bolivianos, paraguayos y peruanos. Y esto no se explica por la construcción de un muro cordillerano sino por el alto crecimiento y la mejora sostenida de los indicadores sociales registrada en Chile en las últimas décadas.

Al modelo policial de Estados Unidos hay que oponerle el esquema europeo: con su ampliación a los 27, la Unión Europea aceptó la incorporación, con libre movilidad de personas, de países con grados de desarrollo muy diferentes, en algunos casos fronterizos (Polonia y Alemania, por ejemplo), bajo el supuesto de que sólo mediante una convergencia será posible el desarrollo del conjunto (aclaremos que el costo de la apertura de las fronteras internas fue un endurecimiento casi criminal de las fronteras extra europeas, en particular con Africa). En todo caso, y conectando su tradición humanitaria de puertas abiertas, Argentina debería apostar a este modelo, que busca equilibrar el desarrollo, más que a una, por otra parte imposible, política basada en “criterios de selección”.

Otro de los puntos señalados por Berensztein como demostración del cabal fracaso del Estado es su tamaño (“inmenso”) y su eficacia (“inútil”). Dice el autor que el Estado “asfixia” a los contribuyentes con una carga fiscal altísima. Pero no es así: Argentina recauda, incluyendo a las provincias, el equivalente al 27,6 por ciento de su PBI, según datos de la Cepal. Esto implica una recaudación inferior a la de países que suelen generar aplausos por su correcto manejo macroeconómico: Brasil, por ejemplo, recauda un asombroso 35 por ciento del PBI, mientras que en los países desarrollados la presión tributaria es aún mayor: asciende al 35,9 por ciento entre los integrantes de la OCDE.

Además de “asfixiante”, Berensztein también afirma que “los que soportan un porcentaje mayor de la carga tributaria” son los que “deben además abonar ellos mismos por los servicios que el Estado no presta (educación, salud, seguridad)”. La afirmación de que las clases medias y altas, que pagan por escuelas, planes de salud y hasta seguridad privada, son las que pagan más impuestos, también es discutible.

Como sucede en casi todos los países en vías de desarrollo, en Argentina la distribución del ingreso empeora, en lugar de mejorar, luego de impuestos. Esto significa que, proporcionalmente, los pobres pagan más y no menos impuestos que los ricos, tal como demuestra un trabajo de Oscar Cetrángolo y Juan Gómez Sabaini (“La tributación directa en América latina: equidad y desafíos”): en Argentina el Coeficiente de Gini (el índice más popular para calcular la desigualad) empeora 3,5 puntos luego de impuestos. En Suecia, en cambio, mejora 52,2, en Holanda 40 y en Francia 41.

Tras denunciar su tamaño, el artículo propone recuperar el Estado. Escribe Berenztein: “Esos fracasos cotidianos son de distinto alcance y magnitud, pero tienen algo fundamental en común: se caracterizan por una patética mezcla de ineficiencia, de- sidia, corrupción, improvisación , reacciones espasmódicas, falta de diagnósticos correctos y actualizados, falta de recursos humanos” (...) “Es hora de asumir que nunca la Argentina se dio a sí misma la oportunidad de diseñar un modelo de Estado que cuente, de una vez por todas, con los recursos institucionales, humanos y tecnológicos para brindar los bienes públicos esenciales para el desarrollo humano”.

La cuestión es la deshistorización del planteo. El Estado argentino no siempre fue ese agujero negro de ineficiencia que horroriza a Berensztein. De hecho, a mediados del siglo XX Argentina contaba con un Estado de bienestar obviamente imperfecto pero amplio y generoso para los estándares regionales: ¿qué país latinoamericano –salvo Uruguay y en menor medida Costa Rica– contaba con seguro de salud prácticamente universal, sistema jubilatorio, planes de turismo social, etc.? Los grandes avances con los que da la lata Pino Solanas –Argentina fue el 8º país del mundo en construir un avión a reacción, el primero de Sudamérica con una central nuclear del continente y el único con tres Premios Nobel en ciencias– son todos resultado de esa época. Si hoy tenemos un Estado en decadencia (punto que habría que discutir), no es por una malformación genética, sino por un proceso de destrucción que comenzó en los ’70 y concluyó en los ’90, con el desguace neoliberal.

La derivación natural del planteo deshistorizado de Berensztein es un estatismo tan abstracto como inconducente. El autor quiere Estado pero no dice con qué. Por ejemplo, reclama un Estado que “asegure la integración del conjunto del territorio nacional”. Perfecto, pero... ¿con o sin Aerolíneas? Visto el fracaso de la gestión privada, ¿está dispuesto a aceptar Berenztein una línea de bandera que mantenga vuelos a Santiago del Estero y Formosa? Eso cuesta mucha plata, pues se trata de destinos inevitablemente deficitarios, aunque esenciales para asegurar “la integración del conjunto del territorio nacional”. Del mismo modo, Berensztein sostiene que el Estado debe “desarrollar una red de servicios de salud básica que priorice los esfuerzos preventivos y los grupos de riesgo” y “asegurar un sistema de infraestructura física que brinde certidumbre y estabilidad en la oferta energética”. Perfecto, pero ¿cómo financiar todo esto si la carga fiscal ya es “asfixiante”?

Al presentar una lista de buenas intenciones sin especificar la forma en que deberán llevarse a cabo, Berensztein ignora los profundos conflictos que implica cada decisión adoptada al frente del Estado. Revertir la contaminación en la cuenca Riachuelo-Matanza, que el autor reclama con urgencia, supone enfrentarse con centenares de empresas que vierten allí sus de- sechos (una de las denunciadas por contaminantes es justamente Papel Prensa). El problema de Berensztein no es lo que dice, pues nadie en su sano juicio objetaría la idea de un Estado que “fomente el de- sarrollo humano”. El problema es lo que no dice, la superficialidad del planteo. Contra lo que sugiere el autor, el Estado no flota en el vacío: se mueve en –y es arena de– permanentes choques de intereses, siempre enredado en densas tramas de actores que lo condicionan y le ponen límites. Como demuestran algunas experiencias recientes (De la Rúa) y otras en curso (Macri), ignorar esta realidad es lo que realmente conduce al fracaso del Estado.

La inmigración de los países limítrofes no es nueva. Como sostiene Roberto Venecia (Modelos contrapuestos en la integración de los migrantes en la sociedad argentina), en un comienzo, entre fines del siglo XIX y principios del XX, primaban los uruguayos. Luego se fueron sumando paraguayos, chilenos y bolivianos, distribuidos entre el área metropolitana de Buenos Aires y el interior del país, en particular en las zonas fronterizas con alta demanda de mano de obra: la agroindustria azucarera en el noroeste, Mendoza en tiempos de cosecha de la vid, las áreas algodoneras de Chaco y las tabacaleras de Corrientes.

Como en tantas otras cosas, el neoliberalismo de los ’90 generó un efecto profundo en los flujos migratorios. En primer lugar, el tipo de cambio bajo habilitó salarios altísimos en dólares, que hicieron muy atractiva la opción migratoria para aquellos que provenían de países con monedas devaluadas, en particular Bolivia y Perú. El primer impulso de crecimiento de la convertibilidad (a tasas chinas entre 1991 y 1994) generó una prosperidad que multiplicó las opciones laborales de los recién llegados.

La literatura especializada coincide en que, una vez establecidas las primeras redes, los costos de la migración disminuyen y se incrementa lo que los economistas, esos creativos del lenguaje, denominan la “tasa de retorno”. Esto explicaría que los flujos inmigratorios no se hayan detenido durante toda la década del 90, incluso cuando el crecimiento inicial de la convertibilidad fue aplastado por el Efecto Tequila (1994), la crisis asiática (1997), la rusa (1998) y la devaluación de Brasil (1999). Con salarios que se mantenían altos en dólares y redes más afianzadas, los migrantes continuaron llegando (sin entrar en polémicas, vale la pena señalar las consecuencias a veces insospechadas que genera una cierta tasa de cambio y cómo la convertibilidad, excluyente en casi todos los sentidos, puede funcionar también como una vía de incorporación social para mucha gente).

El neoliberalismo contribuyó a modificar el lugar de residencia de los inmigrantes de los países vecinos. Si antes se distribuían parejamente entre Buenos Aires y el interior, la crisis de las economías regionales y la incorporación de nuevas tecnologías, como la mecanización ahorradora de mano de obra en la industria de la caña, limitaron las posibilidades de inserción laboral en muchas provincias y tendieron a concentrar a los recién llegados en la Capital y el conurbano. Esto contribuyó a lo que Alejandro Grimson (Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en Argentina) definió como la “hipervisibilidad étnica” de los inmigrantes y su utilización –por el Gobierno, algunos medios de comunicación y sectores de la sociedad– como “chivos expiatorios” de la crisis de fines de los ’90.

Porque ninguna estadística avala la idea de una invasión. Según el censo de 2001, viven en la Argentina un millón de inmigrantes de los países vecinos. Esto implica que la proporción se mantiene estable desde el primer censo hasta la actualidad: el porcentaje de extranjeros provenientes de las naciones limítrofes sobre el total de la población fue de 2,4 por ciento en 1869, 2,6 en 1914, 2 en 1960, 2,7 en 1980 y 2,5 en 2001. Este solo dato, como escribió Grimson en este diario el viernes pasado, alcanzaría para desmentir el prejuicio acerca de una marea de extranjeros, aunque quizá lo interesante no sea tanto discutir los argumentos xenófobos, sino analizar el fenómeno de los bolivianos y paraguayos residentes en Argentina como modo de entender los prejuicios que anidan no sólo en el Gobierno de la Ciudad.

De los inmigrantes provenientes de los países vecinos, el 35,2 por ciento son paraguayos y el 25,3 son bolivianos. Los varones paraguayos tienden a trabajar en la construcción en pequeñas obras, y las mujeres en el servicio doméstico. Los varones bolivianos se concentran en la construcción en grandes obras y las mujeres bolivianas en la costura, la industria textil y el comercio de frutas y hortalizas. Muchas familias bolivianas –la inmigración procedente de ese país es la más familiar de todas– trabajan conjuntamente en las granjas. Para las mujeres de todos los países, el servicio doméstico suele ser el primer eslabón ocupacional, la puerta de entrada al mercado de trabajo, pues les permite un nivel de ingreso superior a cualquier otra actividad urbana (salvo la prostitución).

En paralelo, se ha registrado un proceso de feminización de los flujos migratorios. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la mujer ya no acompaña calladamente al hombre en la aventura migratoria, sino que a menudo la lidera. “Esto –sostiene María José Magliano (Migración de mujeres bolivianas hacia Argentina: cambios y continuidades en las relaciones de género)– hace que la migración abrigue la potencialidad de ser un factor de cambio en las relaciones de género, en la medida en que puede modificar la estructura de oportunidades existentes.” La inmigración puede empoderar –otra palabra horrible, en este caso tomada de los estudios de género– a las mujeres.

Algunos inmigrantes logran incorporarse a la industria manufacturera. Como explica Gerardo Halpern (Neoliberalismo y migración: paraguayos en Argentina en los noventa), se insertan en actividades que hacen un uso intensivo de mano de obra y que requieren menos incorporación de tecnología: básicamente textiles, prendas de vestir, cuero y muebles, mientras que los sectores populares nativos (“argentinos”) se vuelcan a actividades manufactureras más modernas, como metalmecánica, química, electrónica y automotores. Esto no se explica sólo por los niveles educativos de unos y otros, ya que muchos inmigrantes cuentan con una educación superior a la de los nativos, sino por la importancia de los contactos familiares y las relaciones personales. Y también –tema que habría que explorar– por el rol del sindicalismo tradicional, que en algunos casos fue cómplice de la estigmatización de los inmigrantes durante los ‘90.

Un fenómeno interesante, que en buena medida condensa las tendencias señaladas, es el de la inmigración peruana, la más reciente. En un completo artículo sobre el tema (La migración peruana en la Ciudad de Buenos Aires: su evolución y características), Marcela Cerruti explica que es resultado, en primer lugar, de la situación interna de Perú, que hasta bien entrada la década del ’90 vivía sumido en la crisis económica y la violencia, con la guerra sucia entre Sendero Luminoso y el Estado cobrándose miles de muertos y desplazados. A diferencia de los paraguayos y bolivianos, que contaban con redes más antiguas, los peruanos comenzaron a llegar más recientemente y en general provenientes de las ciudades: por eso se concentran mayoritariamente en el área metropolitana, donde el acceso a los servicios y las oportunidades laborales parece más fácil (el 62 por ciento vive allí, contra el 41 por ciento de los paraguayos y el 19,7 por ciento de los bolivianos). El resultado, además de la popularización del ceviche, es un claro proceso de segregación residencial: la mayoría de los peruanos se concentra en los CGP del centro y el centro sur de la ciudad.

A lo largo de la historia, y desde el antecedente de la Ley de Residencia de 1902, la legislación acompañó a la inmigración bajo la idea de distinguir entre el “buen extranjero” y el “extranjero indeseable”. En 1981, en plena dictadura, se estableció la Ley General de Migración y Fomento de la Inmigración, que apuntó a garantizar la llegada de aquellas personas “cuyas características culturales permitan su adecuada integración”; además, se prohibió a todo extranjero ilegal desarrollar tareas remuneradas y se les impidió a quienes no tenían documentos acceder a los servicios de salud y educación. En 1984, el gobierno radical estableció una amnistía general que habilitó la radicación definitiva a todos los indocumentados. Sin embargo, al poco tiempo, con el argumento de la gravedad de la crisis económica, la Dirección Nacional de Migraciones repuso una política restrictiva. En 1992, Carlos Menem firmó un decreto endureciendo las normas: se estableció que los inmigrantes debían presentar un contrato formal como requisito para ingresar al país (algo totalmente imposible para personas que en general trabajan en negro).

El panorama recién cambió en 2003, con la sanción de la nueva Ley de Migraciones. Discutida durante el interregno duhaldista y aprobada en pleno kirchnerismo por una mayoría transversal de legisladores, la nueva norma apunta a promover la integración sociolaboral de los migrantes manteniendo la “tradición humanitaria” de la Argentina, garantiza igual trato para los extranjeros y asegura el acceso igualitario a los servicios sociales. Se reconoce el derecho a la reunificación familiar y al debido proceso en situaciones de detención y expulsión. Basada en la idea del migrante como sujeto de derechos, se trata de una norma inclusiva que recoge las ideas más modernas de “ciudadanía comunitaria” y “pluralismo cultural” y que sintoniza con otros cambios de avanzada, como la Ley de Matrimonio Igualitario.

Pero este enfoque –insistamos: un avance notable respecto del pasado– se sostiene en una mirada que, como explica Eduardo E. Domenech (Migraciones internacionales y Estado nacional en la Argentina reciente), no renuncia a la lógica de costo/beneficio de la migración. Se rechaza la idea de que los inmigrantes les quitan puestos de trabajo a los nativos o que alimentan las redes de delincuencia en base al argumento de que aportan al desarrollo nacional. El mejor ejemplo de este tipo de argumentación es la película Un día sin mexicanos, la segunda más taquillera de la historia de México, dirigida por Sergio Arau, que especula con los efectos que produciría la súbita desaparición de todos los mexicanos de California: micros sin choferes, niños sin niñeras, ciudades llenas de basura. El problema, como sostiene Domenech, es que esta visión, digamos utilitarista, de la inmigración, promueve la idea de que la presencia de extranjeros es legítima en tanto implique una contribución o ilegítima en tanto sea un problema. Aunque muy superior a los prejuicios xenófobos de Macri, quizá también valga la pena ponerla en cuestión.

Al menos habrá que reconocerle al kirchnerismo su capacidad para revitalizar debates dormidos. El acto en Vuelta de Obligado por el Día de la Soberanía Nacional, donde Cristina alertó sobre la vigencia de las cadenas culturales, abrió una interesante discusión acerca de la batalla de 1845, con buenas notas de Luis Alberto Romero y Pacho O’Donnell (en La Nación) y Sergio Wischñevsky (en Página/12).

La polémica reabrió una discusión cerrada, echó algo de luz sobre un acontecimiento cuyos resultados son controversiales (¿fue o no una derrota?) y permitió volver, una vez más, sobre la figura de Rosas. Fue interesante, pero al rato se volvió un poco injusta, sobre todo cuando comenzó a deslizarse en una crítica al Gobierno, al que se acusó se forzar los hechos históricos para encajarlos con fórceps en los contornos de una realidad mucho más esquiva, es decir de poner en función de su vaga ideología nacional y popular sucesos que en realidad fueron mucho más complejos.

Sin profundizar en el tema de la batalla de Obligado, cuyo contenido me excede largamente, vale la pena señalar un primer dato básico: la función del Gobierno no es respetar con rigurosidad las reglas de la investigación historiográfica sino administrar el poder y, si puede, cambiar algunas cosas. Y esto vale para éste pero también para otros gobiernos. Por ejemplo el de Raúl Alfonsín (la elección es deliberada): buena parte del (la expresión es deliberada) relato alfonsinista descansó en La República perdida, cuya particular visión de la historia incluía una diferenciación bastante nítida entre una Eva Perón (buena) y un Juan Perón (malo), una subestimación de la figura de Frondizi y, en fin, un punto de vista tan eficaz como discutible. Pese a ello, La República perdida articuló la formación cívica de los ’80 y reubicó a la democracia, el eje de la película, en el centro del debate público.

Por eso lo interesante hoy quizás no sea tanto discutir qué pasó exactamente en Obligado sino pensar por qué el kirchnerismo apela a este tipo de símbolos; por qué los necesita, o cree que los necesita, para gestionar el día a día: mi impresión es que su utilización excesiva tiende a confundir en cuanto al tipo de gobierno que encarna.

El kirchnerismo tiene un costado nacionalista, por supuesto, pero hasta los más críticos deberían reconocer que no se trata de un nacionalismo antiguo ni destructivo. En primer lugar, no es antiimperialista: más allá de las tensiones y algunos episodios puntuales, como la valija de Antonini Wilson, el kirchnerismo siempre se ha preocupado por mantener una relación de cooperación respetuosa con Estados Unidos, no muy diferente a la que desarrolló Lula, quien también, aunque aquí no se note, protagonizó fuertes cruces con Washington (por la cuestión de las visas, su relación con Irán o sus frecuentes viajes a Cuba). Lejos del antiimperialismo de Hugo Chávez o Evo Morales, que de tanto en tanto expulsan a algún estadounidense, el kirchnerismo ha centrado sus críticas en actores internos (las corporaciones, la Iglesia, los medios) e internacionales (el FMI) antes que en Washington.

Tampoco es un nacionalismo territorialista. Como se sabe, los países de inmigración como el nuestro, como todos aquellos que no tienen una tradición centenaria o milenaria sobre la cual construir sus comunidades nacionales, desarrollan a menudo un tipo de nacionalismo que hace del territorio el eje de la afirmación colectiva: la unidad nacional como estandarte, como señala Vicente Palermo en Sal en las heridas, su estudio sobre Malvinas. Pues bien, el kirchnerismo ha desarrollado un nacionalismo que tiene poco de territorialista: no agita conflictos con los vecinos (como hacen Venezuela o Nicaragua) ni busca recuperar territorios perdidos (como Bolivia). Por motivos cuestionables (el apoyo K a la privatización de YPF en los ’90) y plausibles (la política de derechos humanos), no es un nacionalismo hidrocarburífero ni militarista. Es malvinero, sobre todo durante la gestión de Jorge Taiana, pero no beligerante.

Adicionalmente, el kirchnerismo ha apostado, en particular a partir de la Cumbre de las Américas del 2005, a la integración regional. La presencia de todos los líderes sudamericanos, salvo Alan García, en el entierro del ex presidente da cuenta de la valorización de su figura en el exterior mucho mejor que las metáforas acerca de una Argentina desenganchada del mundo que circularon en estos años. Muy a su estilo, privilegiando el diálogo personal pero poco dispuesto a la construcción de instituciones supranacionales, el kirchnerismo impulsa la integración regional siempre que no implique ceder soberanía: el conflicto por las papeleras y el nulo papel desempeñado por el Mercosur en la negociación con Uruguay así lo demuestran. Por otra parte, desde la asunción de Cristina se nota una atención especial a los foros en los que se discuten las cuestiones globales, sobre todo el G-20. Nacionalismo entonces, pero integracionista, internacionalista y mutilateralista.

¿De qué nacionalismo hablamos? El nacionalismo K descansa sobre todo en la intención de recuperar la confianza luego de lo que se considera fueron los dos momentos más bajos de la historia reciente, la dictadura y el menemismo, respecto de los cuales el kirchnerismo se ve como el gran reparador. Se conforma así un nacionalismo que pone el eje en la autoestima y que se comprueba, por ejemplo, en las frecuentes alusiones de Cristina a los cinco premios Nobel obtenidos por el país (en realidad, de los cinco deberían considerarse sobre todo tres, pues dos de ellos, el de Saavedra Lamas y el de Pérez Esquivel son resultado de los dos genocidios de nuestra historia, la Guerra del Paraguay y el Proceso, como si Argentina necesitara protagonizar masacres para luego obtener los premios).

El nacionalismo kirchnerista confunde tanto como su setentismo. Se han escrito toneladas de análisis acerca de la identificación del Gobierno con la juventud maravillosa, y es cierto que hay un cierto tono generacional y que algunos de los –la expresión es deliberada– cuadros kirchneristas fueron protagonistas de aquellos años. La apuesta a la voluntad como método de acción política también remite a los ’70. Pero mi teoría es que Kirchner fue sobre todo un creador de órdenes y un líder de gestión (un terreno de subóptimos totalmente ajeno al maximalismo revolucionario) adaptado a los nuevos tiempos. De hecho, algunas de las medidas más importantes de todo el ciclo, como la ley de medios o el casamiento igualitario, tienen poco que ver con los reclamos clásicos de la izquierda nacional y mucho más con las demandas de los movimientos contestarios globales. El hecho de que un sector creciente de la juventud se haya acercado al kirchnerismo así lo demuestra.

En una nota publicada el martes en este diario, Horacio González sostiene que las extrapolaciones del pasado deben realizarse con cuidado analítico, respeto documental e imaginación pública, “para que las leyendas nacionales no aprisionen litúrgicamente la rica heterogeneidad del presente”. “Estamos obligados –agrega González– a hacer de la historia transcurrida el alma libertaria de los poderes instituyentes que están en curso.” Asumiendo que tiene razón, vale la pena añadir un señalamiento que no es académico sino político: importa poco si la perspectiva histórica es totalmente rigurosa, pero cabe preguntarse si la forma un poco rudimentaria en la que el kirchnerismo entiende la historia no confunde más de lo que aclara, restándole eficacia política a un gobierno mucho más moderno de lo que habitualmente se piensa.

No siempre fue así. En 1989, luego de que Raúl Alfonsín entregara anticipadamente el poder, los bloques del radicalismo acompañaron en el Congreso durante seis meses, hasta que se produjo el recambio legislativo, la sanción de las leyes reclamadas por Carlos Menem, que había puesto esa condición para asumir la presidencia. Más tarde, durante la accidentada gestión de la Alianza, el peronismo contribuyó a lo que en aquel momento se creía era necesario hacer para mantener la convertibilidad: votó el impuesto a las transacciones bancarias (50 a 6 en el Senado), facilitó el quórum para la sanción de la Ley de Déficit Cero y hasta ayudó a reunir los votos para aprobar los poderes especiales a Domingo Cavallo. Por último, todo el período de Eduardo Duhalde fue un ensayo de presidencialismo parlamentarizado sustentado en el respaldo de casi toda la clase política (incluyendo al menemismo, que buscaba la finalización del período de gobierno para poder candidatear a su jefe). En todos estos casos, oficialismo y oposición se facilitaron la vida mediante acuerdos más o menos coyunturales, eso que en Estados Unidos se define como bipartisan.

La semana pasada, sin embargo, el Gobierno fracasó en su intento por aprobar el Presupuesto 2011. En la primera sesión había conseguido el quórum gracias al apoyo de algunos diputados radicales, del peronismo federal y del PRO, aunque no logró reunir los votos necesarios para la aprobación. En la segunda, convocada luego de que comenzaran a circular las acusaciones sobre presuntos intercambios turbios, directamente no llegó al número necesario. Al final el resultado fue el peor de todos: un país sin Presupuesto, con todo lo que eso implica en términos de calidad institucional, junto a acusaciones flojamente sustentadas pero que siembran sospecha y hasta una piña en vivo y en directo.

El Gobierno acusa a la oposición de buscar imponerle un proyecto propio sin siquiera facilitarle el quórum para discutirlo. Y los opositores acusan al oficialismo de plantear un Presupuesto fantasioso con una inflación dibujada. Sin entrar en una polémica en la que ambos parecen tener parte de la razón, quizá sea interesante pensar por qué este tipo de cuestiones se convierten en el núcleo de conflictos políticos serios. Como en su momento sucedió con la Resolución 125 o la utilización de reservas para el pago de la deuda, esta vez también se trata de una decisión de política económica discutible pero en absoluto extravagante. ¿Por qué un acto administrativo normal espiraliza en un crescendo de insultos, acusaciones políticas y sospechas penales, generando escenarios de bloqueo?

La primera explicación es institucional. La ciencia política lleva tiempo analizando los efectos políticos concretos de los diseños institucionales. En América latina, una influyente corriente es la que representa el español Juan Linz, quien advierte sobre los riesgos de bloqueos que genera la rigidez del presidencialismo. Para Linz (Democracia: presidencialismo o parlamentarismo, ¿cuál es la diferencia?), la escasa flexibilidad del sistema presidencial y la doble legitimidad de los poderes (el Ejecutivo y el Legislativo se votan por separado) crean dinámicas de escasa cooperación que a veces pueden derivar en escenarios de ingobernabilidad o incluso quiebre institucional. En análisis posteriores (Juan Linz y Arturo Valenzuela, La crisis del presidencialismo) se afirma que el problema no es el presidencialismo en sí, sino el escenario de “gobierno dividido”: cuando, como ahora en la Argentina, el Ejecutivo responde a un partido y el Congreso a otro (u otros). En una relectura posterior de Linz, Scott Mainwaring (“Presidencialismo, multipartidismo y democracia: la difícil combinación”, Revista de Estudios Políticos) afirma que el problema no es el presidencialismo, ni siquiera la posibilidad de desalineamiento Congreso-Ejecutivo, sino esta misma situación bajo sistemas multipartidistas.

Muy de moda en la ciencia política local (muchas veces como resultado de la copia snob de las corrientes hegemónicas de la academia norteamericana y su abundancia de subsidios), los análisis institucionales explican, en el mejor de los casos, sólo una parte del problema. También hay que mirar el sistema de partidos y el estilo de los liderazgos. Como sostiene Jorge Lanzaro (La socialdemocracia criolla), los sistemas partidarios institucionalizados y estables, con partidos orgánicos y disciplinados, tienden a morigerar o al menos encauzar el conflicto político. La explicación es simple: el partido que hoy está en la oposición puede ser gobierno en el siguiente período, y el que está en el gobierno sabe que en algún momento será corrido al otro lado del mostrador. Esto genera incentivos para la negociación y el acuerdo y crea una dinámica política más centrista, que reduce las tentaciones mayoritaristas, del ganador se lleva todo, y da como resultado cambios más moderados, más negociados y a menudo más permanentes. En un sistema de este tipo, los equilibrios interpartidartios se reflejan en sistemas institucionales más balanceados, que imponen límites al decisionismo y la concentración de poder, de un lado, y al obstruccionismo estéril, del otro.

El sistema político argentino parece bastante alejado de estos modelos ideales (ningún país se ajusta plenamente, pero algunos –Uruguay, Costa Rica– se acercan más). La crisis de 2001 produjo una fragmentación de los partidos y le otorgó al proceso político una fluidez inédita hasta el momento: las fuerzas políticas perdieron cohesión y disciplina y se convirtieron –exagerando apenas– en estructuras blandas y en disponibilidad, aprovechables por uno u otro líder según el momento y la conveniencia. Detrás de todo esto se encuentran fenómenos complejos como la desafección política, la individuación de la vida social y el malestar democrático, que no son exclusivos de nuestro país pero que aquí parecen verificarse con singular intensidad.

En un contexto de este tipo, con instituciones blandas y partidos en permanente mutación, el líder puede moverse con más libertad. Es el caso de Kirchner, gran emergente de la política pos crisis, que sucumbió, como en su momento Menem y en mucha mayor medida que Cristina, a la tentación decisionista: la concentración de poder en su figura y la escasa voluntad de someter a la deliberación pública sus decisiones, casi siempre sorpresivas. Y lo mismo para una oposición que, astillada en mil pedazos, se muestra proclive al bloqueo, más como consecuencia de su juego interno –el concurso diario a ver quién es el más anti-K– que por una opción ideológica de fondo (esto explicaría por ejemplo que algunos legisladores radicales hayan facilitado el quórum un día para retacearlo al siguiente).

Todo esto se recorta sobre el fondo de una cierta cultura política, esa que explica tantas cosas pero que resulta tan difícil de capturar. El esfuerzo sin embargo vale la pena, al menos como hipótesis difusa: Argentina arrastra una larga historia de luchas sociales por la expansión de derechos, más que casi todos los países de la región. Experimentó, muy tempranamente, importantes episodios de reclamo social organizado (desde la huelga contra la ley de inquilinos de 1902 hasta la Patagonia Trágica de 1920) y más tarde una serie de movimientos cívicos impulsaron, antes que en buena parte de América latina, las luchas por el sufragio universal, cuya derivación casi natural fue el primer populismo de nuestra historia, el yrigoyenismo, sólo comparable por su intensidad política al batllismo uruguayo. Más tarde, el peronismo protagonizó un impulso redistributivo inédito y fue desplazado del poder con una crueldad también inédita. En todo caso, el conflicto social permanente en el que vive la Argentina ha conformado una escena política en general conflictiva, tensionada y por momentos muy violenta, como si el país fuera capaz de grandes hazañas (los cinco Premios Nobel y todo eso) pero también de crueldades mayúsculas.

Como señalamos al comienzo de esta nota, hubo, desde la recuperación democrática, algunos ejemplos de acuerdo entre las fuerzas políticas. Pero fueron sólo momentos, en general breves y ante situaciones de crisis y emergencia. Si se mira con atención, la dinámica suele ser centrífuga y escasamente cooperativa: aunque debe haber varios motivos, quizá los mencionados en esta nota –la infraestructura institucional del presidencialismo, las características del sistema de partidos y el fondo fangoso de nuestra cultura política– ayuden a explicar una coyuntura que nunca deja de sorprender.

Cuando se cumplieron 25 años de la recuperación de la democracia, Ernesto Semán escribió una nota en Página/12 alertando sobre el intento de domesticación de la figura de Raúl Alfonsín, que a la luz de la mayoría de los análisis del momento aparecía en una versión pasteurizada, limitada apenas a la de “padre de la democracia”. Se trataba, en efecto, de la construcción de un Alfonsín que, planteado como la contracara consensual del Kirchner-conflicto, era presentado bajo una forma esférica: ni una sola arista amenazante, ni un solo ángulo escondedor, ningún doblez para un personaje terso, desprovisto de cualquier aspereza.

¿Cómo recordará la historia a Néstor Kirchner? El miércoles 27, cuando se conoció la noticia de su muerte, la primera reacción fue de conmoción; luego llegaron el dolor colectivo y el duelo. Y, finalmente, la respuesta política –los dos discursos de Cristina y los de la oposición en el Congreso– y el análisis. Como sucede con la muerte de los macrolíderes, la noticia precipita los balances y alimenta debates político-intelectuales por momentos apasionados. A diez días de su muerte, es posible distinguir ya algunas posiciones y ponerlas en cuestión.

La oposición, tanto la partidaria como la mediática, quedó en un brete. Hubo, muy al inicio, unas primeras reacciones desdichadas, en las que se alertaba sobre la debilidad de la Presidenta y se la llamaba a hacerse cargo del poder. Con el tiempo, sin embargo, las opiniones fueron coincidiendo en una mirada cautelosamente crítica y en general respetuosa (salvo algunos chiflados internautas y algún bocinazo, no hubo muestras masivas de alegría ni nada por el estilo, y prácticamente todos los líderes de la oposición reaccionaron a tono con las circunstancias). Evidentemente, la muerte de Kirchner impidió a los opositores más duros expresar su opinión verdadera. Por respeto (de los muertos se habla bien o no se habla) o conveniencia (el dolor social fue amplio y no tenía mucho sentido ir contra él), la mayoría optó por el silencio o la hipocresía.

Más interesante es revisar las reacciones del oficialismo partidario y los medios cercanos al kirchnerismo. Llama la atención, en este universo amplio, el registro emocional que adquirieron la mayoría de los análisis, que si por un lado es comprensible en aquellos dirigentes que trataron al ex presidente cotidianamente –ministros, diputados, gobernadores– resulta sorprendente en periodistas e intelectuales que lo vieron muy esporádicamente y que sufrieron su muerte como la de un familiar o un amigo cercanísimo.

Una hipótesis podría ser ésta: para muchos de aquellos que se acercaron a la política en los ’70, Kirchner representó algo así como una segunda oportunidad, la posibilidad de una revancha tras la derrota de la dictadura y la desilusión del menemismo, en el tramo final de sus trayectorias vitales. Algunos de ellos, notoriamente el amigo Ricardo Forster, lo han planteado en estos términos, de manera más o menos explícita: el kirchnerismo como un nuevo tiempo, como una posibilidad que hasta el momento se creía obturada. El kirchnerismo como retorno (la palabra tiene su gracia).

Pero esta hipótesis contrasta con una despedida en la que los jóvenes fueron grandes protagonistas. Aunque muchos sub-30 habrán escuchado las anécdotas de la juventud maravillosa en innumerables cenas familiares, no puede haber incidido en ellos el recuerdo de una época que no vivieron ni el peso de una batalla que no perdieron: el kirchnerismo aparece aquí, en toda su dimensión, como un movimiento nuevo, innovador y moderno, que logró conmover a un sector importante de la juventud como no lo había logrado nadie desde el primer alfonsinismo y su Franja Morada. En la edición del jueves del Suplemento No, diferentes periodistas y músicos analizan el impacto producido en el mundo rockero por el ex presidente: el rock popular de masas (de Los Redondos a La Renga y Los Piojos), que en los ’90 había desplegado una crítica al poder con consignas confusas pero contundentes (la imagen del Che como estandarte), quedó descolocado ante un gobierno al que no podía ver ya como un enemigo. “El rock como relato de época se volvió difuso y las grandes bandas se dedicaron a las canciones”, escribió Mariano Blejman.

Pero recupero el hilo del argumento para insistir con el registro emocional y emotivo que asumieron tantos balances y análisis políticos. Una observación que, vale la pena aclarar, no supone una crítica, sino una manifestación de sorpresa, respetuosa ante el dolor ajeno, que debe comprenderse y no cuestionarse. Lo que sí me interesa revisar es una derivación bastante habitual de esta reacción emotiva, cuyos resultados creo que merecen una mirada más profunda.

En una operación quizás inconsciente pero no por eso menos real, el dolor ante la muerte de Kirchner se deslizó a menudo hacia la idea de un hombre que apareció de la nada y que hizo lo imposible: el líder que bajó del cielo –trastrocado en el viento de Santa Cruz– para redimir a una Argentina en llamas. Y aunque algo de cierto hay, pues Kirchner fue un presidente inesperado que hizo muchas cosas inesperadas, el problema es que esta versión, tomada al pie de la letra, resulta en un vaciamiento de la figura del ex presidente, que parece haber pasado de los ’70 al 2003 sin haber hecho nada en el medio. O peor aún: sin que nada haya sucedido en el país. Emerge así un Kirchner fuera de contexto, deshistoriado, nadando en el vacío.

Y esto implica ignorar aspectos cruciales, algunos de ellos positivos, de la biografía política del ex presidente. En los ’90, Kirchner fue uno de los primeros gobernadores en romper con el menemismo, al que inicialmente había apoyado con entusiasmo, y buscar una alternativa dentro del peronismo, representada en el Grupo Calafate y en las solitarias disputas que libró Cristina en el bloque de senadores. Más tarde, Kirchner fue un emergente, inesperado pero emergente al fin, de la crisis del 2001.

Kirchner supo leer mejor que nadie el signo de los tiempos y recoger una serie de demandas que no sólo lo precedían, sino que le resultaban ajenas. El juicio a la Corte Suprema menemista no fue un invento suyo, sino del Frepaso, que abandonó la idea al formar la Alianza, como una ofrenda a la gobernabilidad. La designación de los nuevos miembros del tribunal se realizó tras la firma de un decreto que recogía, casi textualmente, las recomendaciones de un grupo de organizaciones no gubernamentales sintetizadas en el documento “Una Corte para la democracia”. La política de derechos humanos recuperaba la tradición del Juicio a la Juntas del primer alfonsinismo –por eso fue tan injusto el discurso en la ESMA, en el que Kirchner pidió disculpas en nombre de un Estado que nunca había hecho nada por los desaparecidos– y retomaba viejos proyectos: la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final había sido impulsada sin éxito por Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero en 1999. Las retenciones fueron impuestas, tras la crisis del 2001, por Duhalde-Lavagna, al igual que el tipo de cambio alto. La ley de medios, sancionada ya en la gestión de Cristina, era una iniciativa que un grupo de organizaciones y académicos de la comunicación venía reclamando desde hace años; la nacionalización de la AFJP era un reclamo histórico del centroizquierda y del radicalismo (que asombrosamente se opuso en la votación legislativa); la Asignación Universal, una demanda planteada originalmente por la CTA y el Frenapo; y el casamiento igualitario, la gran bandera de las minorías sexuales.

La versión deshistorizada de Kirchner ignora las tendencias históricas que confluyeron en su ascenso y las demandas sociales de las que él se hizo cargo. Al presentarlo como un plato volador que, como en el comienzo de V Invasión Extraterrestre, apareció de repente para posarse sobre un país en llamas e inventar todo desde cero, se ignora que el mayor acierto de Kirchner, donde residía buena parte de su inteligencia política, fue su capacidad para interpretar corrientes sociales más o menos subterráneas pero preexistentes y poner en función de ellas todo el peso institucional de su gobierno y toda la potencia política de su voluntad.

Para un sector del progresismo, esto le quita valor: Kirchner es para ellos un simulacro, un conservador disfrazado de progresista, que se apropió de algunos temas ajenos por oportunismo, pura conveniencia electoral, simulando ser algo que nunca será: el buen izquierdista debe entonces revelar a la sociedad el fondo reaccionario oculto tras el cotillón de falsa izquierda del kirchnerismo. Esta crítica tiene la ventaja de no limitarse a los aspectos formales e institucionales en los que suelen descansar la mayoría de los cuestionamientos y contribuye a agregar nuevos temas: la minería, el cuidado del medio ambiente, la redistribución del ingreso, etc. Pero pasa por alto –núcleo de mi crítica a la crítica– el efecto estructural de las transformaciones realizadas por el kirchnerismo.

El hecho de que muchas de sus decisiones más importantes no hayan sido un invento suyo sino creaciones colectivas anteriores no le quita sino que le agrega valor al legado de Kirchner: un líder no es alguien que tiene ideas, sino alguien que sabe cómo llevarlas a la práctica. Consciente de que la crisis del 2001 era una bisagra entre dos períodos históricos, Kirchner supo interpretar mejor que nadie los vientos de la época. Los opositores que ignoran este hecho suelen centrar su enojo en la personalidad del ex presidente, en su estilo: el conflicto social y político no sería el resultado de las tensiones estructurales de la sociedad ni de los intereses y las ideologías de los actores en disputa, sino un efecto del ánimo confrontativo de Kirchner.

Una mirada miope, desde luego, pero no menos que aquella que concibe al ciclo kirchnerista como el simple resultado de la voluntad de un salvador que un día llegó del frío.

Cuando se cumplieron 25 años de la recuperación de la democracia, Ernesto Semán escribió una nota en Página/12 alertando sobre el intento de domesticación de la figura de Raúl Alfonsín, que a la luz de la mayoría de los análisis del momento aparecía en una versión pasteurizada, limitada apenas a la de “padre de la democracia”. Se trataba, en efecto, de la construcción de un Alfonsín que, planteado como la contracara consensual del Kirchner-conflicto, era presentado bajo una forma esférica: ni una sola arista amenazante, ni un solo ángulo escondedor, ningún doblez para un personaje terso, desprovisto de cualquier aspereza.

¿Cómo recordará la historia a Néstor Kirchner? El miércoles 27, cuando se conoció la noticia de su muerte, la primera reacción fue de conmoción; luego llegaron el dolor colectivo y el duelo. Y, finalmente, la respuesta política –los dos discursos de Cristina y los de la oposición en el Congreso– y el análisis. Como sucede con la muerte de los macrolíderes, la noticia precipita los balances y alimenta debates político-intelectuales por momentos apasionados. A diez días de su muerte, es posible distinguir ya algunas posiciones y ponerlas en cuestión.

La oposición, tanto la partidaria como la mediática, quedó en un brete. Hubo, muy al inicio, unas primeras reacciones desdichadas, en las que se alertaba sobre la debilidad de la Presidenta y se la llamaba a hacerse cargo del poder. Con el tiempo, sin embargo, las opiniones fueron coincidiendo en una mirada cautelosamente crítica y en general respetuosa (salvo algunos chiflados internautas y algún bocinazo, no hubo muestras masivas de alegría ni nada por el estilo, y prácticamente todos los líderes de la oposición reaccionaron a tono con las circunstancias). Evidentemente, la muerte de Kirchner impidió a los opositores más duros expresar su opinión verdadera. Por respeto (de los muertos se habla bien o no se habla) o conveniencia (el dolor social fue amplio y no tenía mucho sentido ir contra él), la mayoría optó por el silencio o la hipocresía.

Más interesante es revisar las reacciones del oficialismo partidario y los medios cercanos al kirchnerismo. Llama la atención, en este universo amplio, el registro emocional que adquirieron la mayoría de los análisis, que si por un lado es comprensible en aquellos dirigentes que trataron al ex presidente cotidianamente –ministros, diputados, gobernadores– resulta sorprendente en periodistas e intelectuales que lo vieron muy esporádicamente y que sufrieron su muerte como la de un familiar o un amigo cercanísimo.

Una hipótesis podría ser ésta: para muchos de aquellos que se acercaron a la política en los ’70, Kirchner representó algo así como una segunda oportunidad, la posibilidad de una revancha tras la derrota de la dictadura y la desilusión del menemismo, en el tramo final de sus trayectorias vitales. Algunos de ellos, notoriamente el amigo Ricardo Forster, lo han planteado en estos términos, de manera más o menos explícita: el kirchnerismo como un nuevo tiempo, como una posibilidad que hasta el momento se creía obturada. El kirchnerismo como retorno (la palabra tiene su gracia).

Pero esta hipótesis contrasta con una despedida en la que los jóvenes fueron grandes protagonistas. Aunque muchos sub-30 habrán escuchado las anécdotas de la juventud maravillosa en innumerables cenas familiares, no puede haber incidido en ellos el recuerdo de una época que no vivieron ni el peso de una batalla que no perdieron: el kirchnerismo aparece aquí, en toda su dimensión, como un movimiento nuevo, innovador y moderno, que logró conmover a un sector importante de la juventud como no lo había logrado nadie desde el primer alfonsinismo y su Franja Morada. En la edición del jueves del Suplemento No, diferentes periodistas y músicos analizan el impacto producido en el mundo rockero por el ex presidente: el rock popular de masas (de Los Redondos a La Renga y Los Piojos), que en los ’90 había desplegado una crítica al poder con consignas confusas pero contundentes (la imagen del Che como estandarte), quedó descolocado ante un gobierno al que no podía ver ya como un enemigo. “El rock como relato de época se volvió difuso y las grandes bandas se dedicaron a las canciones”, escribió Mariano Blejman.

Pero recupero el hilo del argumento para insistir con el registro emocional y emotivo que asumieron tantos balances y análisis políticos. Una observación que, vale la pena aclarar, no supone una crítica, sino una manifestación de sorpresa, respetuosa ante el dolor ajeno, que debe comprenderse y no cuestionarse. Lo que sí me interesa revisar es una derivación bastante habitual de esta reacción emotiva, cuyos resultados creo que merecen una mirada más profunda.

En una operación quizás inconsciente pero no por eso menos real, el dolor ante la muerte de Kirchner se deslizó a menudo hacia la idea de un hombre que apareció de la nada y que hizo lo imposible: el líder que bajó del cielo –trastrocado en el viento de Santa Cruz– para redimir a una Argentina en llamas. Y aunque algo de cierto hay, pues Kirchner fue un presidente inesperado que hizo muchas cosas inesperadas, el problema es que esta versión, tomada al pie de la letra, resulta en un vaciamiento de la figura del ex presidente, que parece haber pasado de los ’70 al 2003 sin haber hecho nada en el medio. O peor aún: sin que nada haya sucedido en el país. Emerge así un Kirchner fuera de contexto, deshistoriado, nadando en el vacío.

Y esto implica ignorar aspectos cruciales, algunos de ellos positivos, de la biografía política del ex presidente. En los ’90, Kirchner fue uno de los primeros gobernadores en romper con el menemismo, al que inicialmente había apoyado con entusiasmo, y buscar una alternativa dentro del peronismo, representada en el Grupo Calafate y en las solitarias disputas que libró Cristina en el bloque de senadores. Más tarde, Kirchner fue un emergente, inesperado pero emergente al fin, de la crisis del 2001.

Kirchner supo leer mejor que nadie el signo de los tiempos y recoger una serie de demandas que no sólo lo precedían, sino que le resultaban ajenas. El juicio a la Corte Suprema menemista no fue un invento suyo, sino del Frepaso, que abandonó la idea al formar la Alianza, como una ofrenda a la gobernabilidad. La designación de los nuevos miembros del tribunal se realizó tras la firma de un decreto que recogía, casi textualmente, las recomendaciones de un grupo de organizaciones no gubernamentales sintetizadas en el documento “Una Corte para la democracia”. La política de derechos humanos recuperaba la tradición del Juicio a la Juntas del primer alfonsinismo –por eso fue tan injusto el discurso en la ESMA, en el que Kirchner pidió disculpas en nombre de un Estado que nunca había hecho nada por los desaparecidos– y retomaba viejos proyectos: la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final había sido impulsada sin éxito por Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero en 1999. Las retenciones fueron impuestas, tras la crisis del 2001, por Duhalde-Lavagna, al igual que el tipo de cambio alto. La ley de medios, sancionada ya en la gestión de Cristina, era una iniciativa que un grupo de organizaciones y académicos de la comunicación venía reclamando desde hace años; la nacionalización de la AFJP era un reclamo histórico del centroizquierda y del radicalismo (que asombrosamente se opuso en la votación legislativa); la Asignación Universal, una demanda planteada originalmente por la CTA y el Frenapo; y el casamiento igualitario, la gran bandera de las minorías sexuales.

La versión deshistorizada de Kirchner ignora las tendencias históricas que confluyeron en su ascenso y las demandas sociales de las que él se hizo cargo. Al presentarlo como un plato volador que, como en el comienzo de V Invasión Extraterrestre, apareció de repente para posarse sobre un país en llamas e inventar todo desde cero, se ignora que el mayor acierto de Kirchner, donde residía buena parte de su inteligencia política, fue su capacidad para interpretar corrientes sociales más o menos subterráneas pero preexistentes y poner en función de ellas todo el peso institucional de su gobierno y toda la potencia política de su voluntad.

Para un sector del progresismo, esto le quita valor: Kirchner es para ellos un simulacro, un conservador disfrazado de progresista, que se apropió de algunos temas ajenos por oportunismo, pura conveniencia electoral, simulando ser algo que nunca será: el buen izquierdista debe entonces revelar a la sociedad el fondo reaccionario oculto tras el cotillón de falsa izquierda del kirchnerismo. Esta crítica tiene la ventaja de no limitarse a los aspectos formales e institucionales en los que suelen descansar la mayoría de los cuestionamientos y contribuye a agregar nuevos temas: la minería, el cuidado del medio ambiente, la redistribución del ingreso, etc. Pero pasa por alto –núcleo de mi crítica a la crítica– el efecto estructural de las transformaciones realizadas por el kirchnerismo.

El hecho de que muchas de sus decisiones más importantes no hayan sido un invento suyo sino creaciones colectivas anteriores no le quita sino que le agrega valor al legado de Kirchner: un líder no es alguien que tiene ideas, sino alguien que sabe cómo llevarlas a la práctica. Consciente de que la crisis del 2001 era una bisagra entre dos períodos históricos, Kirchner supo interpretar mejor que nadie los vientos de la época. Los opositores que ignoran este hecho suelen centrar su enojo en la personalidad del ex presidente, en su estilo: el conflicto social y político no sería el resultado de las tensiones estructurales de la sociedad ni de los intereses y las ideologías de los actores en disputa, sino un efecto del ánimo confrontativo de Kirchner.

Una mirada miope, desde luego, pero no menos que aquella que concibe al ciclo kirchnerista como el simple resultado de la voluntad de un salvador que un día llegó del frío.

En El poder y el delirio, el escritor mexicano Enrique Krauze traza un perfil sesgado de Hugo Chávez. Hay, sin embargo, en su libro, por lo demás olvidable, una idea que vale la pena rescatar: para Krauze, el trauma fundante de Chávez, el que mejor explica sus decisiones, es su incapacidad para convertirse en un héroe. Tuvo su oportunidad, durante el golpe de Estado del 2002, cuando las tropas rebeldes asediaban Miraflores, pero prefirió no resistir. Muy lógicamente, Chávez decidió evitar el destino trágico de Allende. A partir de ahí, dice Krauze, Chávez se inventa una imagen de héroe para exorcizar una decisión que fue la de un político racional que mide correlaciones de fuerzas, pros y contras. En Hugo Chávez sin uniforme, Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano añaden un dato paradójico: fue Fidel Castro quien, en una tensa conversación telefónica mantenida mientras el golpe se desarrollaba, lo convenció de que se entregara. El héroe le aconsejaba a Chávez que actuara como un político.

Kirchner nunca quiso ser un héroe. Aunque tanto los fanáticos (para agrandar su imagen) como los críticos (para demolerla) hoy prefieran obviarlo, Kirchner fue un hombre de gestión y, sobre todo, un creador de órdenes y sistemas –en la economía, en el gobierno, en el peronismo– que luego administraba con cotidiana dedicación y esmero. Con la experiencia de haber sido intendente y gobernador, Kirchner fue un presidente de gestión, que se interesaba por los temas más diversos y estaba en todo, en mucha mayor medida que Menem o Alfonsín, los otros líderes que desde 1983 marcaron época.

Y gestionar, hasta el administrador de un consorcio lo sabe, implica necesariamente negociar: con otros actores políticos y sociales, con las consabidas corporaciones, con la opinión pública. Y más aún: gestionar exige seguir ciertos procedimientos y reglas institucionales, reglas que suelen imponerle morosidad y lentitud a las decisiones políticas. Es obvio que a Kirchner no le gustaban, pero nadie podrá decir que las burló todas. La gestión es un mal lugar para los maximalistas: el desastroso paso del Che Guevara por el Ministerio de Economía de Cuba –origen de su alejamiento de Fidel– es el ejemplo más claro de la incomodidad que genera en los idealistas puros el día a día del gobierno. La gestión es, por definición, un lugar de sub-óptimos, y Kirchner se movía allí como un pez en el agua. Vale la pena subrayar esta idea para discutir la noción de un Kirchner a cara o ceca.

Es hasta tonto decirlo, pero Kirchner fue un político que, como cualquier político moderno, medía riesgos y administraba los tiempos. Uno podrá estar o no de acuerdo con sus decisiones, pero habrá que reconocerle que libraba batallas que, por más ambiciosas que fueran, creía poder ganar. Si no perdió tantas –la del campo y su correlato electoral en los comicios de junio fue la más notable–, fue por capacidad de cálculo, por una frialdad para calibrar riesgos que desmiente la imagen de elefante en un bazar. Esta evidencia, que incluso los más críticos deberán reconocerle, contrasta con la imagen de un Kirchner desprovisto de cualquier voluntad negociadora e incapaz de registrar los límites que le imponía la realidad. Y sin embargo, Kirchner no fue un simple gestor eficiente, esa módica utopía que Mauricio Macri no logra alcanzar. Hubo en él una cierta voluntad épica, un afán epopéyico, que le permitió expandir los espacios de lo que se creía que se podía y no se podía hacer en la Argentina y que fue la marca de una gestión claramente transformadora. Bajo presión, Kirchner reaccionó con decisiones sorpresivas en clave de retruco-vale cuatro, como el juicio a la Corte Suprema (luego de asumir con el 22 por ciento de los votos), la nacionalización de las AFJP (cuando se desató la crisis económica mundial) o la ley de medios (tras su derrota en las elecciones de junio).

En esta línea, consiguió imponer algunos cambios que hasta el momento formaban parte del orden de lo impensado o de lo imposible. En Ciudadanos y política en los albores del siglo XXI (Manantial), Isidoro Cheresky escribe: “Kirchner desplegó un ejercicio voluntarista del poder. Pero no se trataba de un ejercicio del poder inspirado en los humores colectivos; lo más notorio fue la adopción de decisiones que la sociedad no esperaba, temía o consideraba impracticables”.

Quizá por eso hubo momentos –una vez más: durante el conflicto del campo– en que kirchneristas y antikirchneristas parecieron actuar como si estuvieran frente a un líder revolucionario o un tirano, cuando en realidad el Gobierno nunca se salió, ni en sus momentos más duros, de los límites económicos del capitalismo ni de los límites institucionales de la democracia.

Kirchner fue un reformista (la definición es un elogio) pero un reformista tenso. Y si la imagen prototípica del Kirchner epopéyico era el atril furibundo, la del Kirchner gestor era el famoso cuadernito en el que anotaba los datos de reservas, balanza comercial, dólar.

Resulta difícil, a cuatro días de su muerte y tras haber leído toneladas de análisis, buscar un ángulo novedoso para hablar de Kirchner. Entre todos los posibles, uno podría ser éste: su cualidad fronteriza, siempre en el borde, vacilando entre la gestión y la gesta, entre el administrador y el héroe, dimensiones que convivían, por momentos confusamente, en su misma persona, y que quizás ayuden a explicar el carácter indefinible del kirchnerismo. Como suele ocurrir con los grandes líderes, Kirchner resulta difícil de encasillar, y no porque no se lo haya intentado, sino porque su liderazgo contribuyó a cambiar las cosas, a caballo entre dos épocas, y las categorías clásicas se vuelven inútiles. Tal vez haya sido un líder de trazo grueso, pero el trazo grueso resulta insuficiente para describirlo.

Como escribió Martín Granovsky en este diario, Kirchner sabía que, para cambiar algo, debía llevar las cosas al borde. Ese debe ser el aspecto abismal, la intranquilidad profunda de la que hablaba Horacio González. En una buena nota publicada en La Nación, Beatriz Sarlo explica que Kirchner –en una decisión que la autora define como algo más que psicológica, como un ejercicio de la libertad– decidió, al final, exponerse al riesgo físico pese a la advertencia de los médicos. En la última utopía del reformista, se negó a gestionar su cuerpo.