Página#12 Libre

En la búsqueda de diferentes estrategias oportunistas para victimizarse ante la opinión pública y huir de sus responsabilidades ante los ciudadanos, el jefe de Gobierno Mauricio Macri se convirtió en los últimos tiempos en un decálogo de contradicciones.

En julio de 2009 nombraba a Jorge “Fino” Palacios como jefe de la Metropolitana enumerando sus “calidades” y argumentando que “es el policía de la Federal más condecorado de los últimos 20 años”. Claro, no recordó que en 1994 Palacios fue imputado por la Justicia federal por encubrimientos en el caso AMIA; en el 2001 estuvo vinculado con la masacre de Plaza de Mayo, y en el 2004 fue destituido de la Policía Federal por su mal desempeño en la causa de Axel Blumberg.

Además Macri parece haber olvidado desde cuánto hace que lo conoce. Reiteradas veces aseguró haberlo conocido cuando Palacios entró a trabajar en Boca en 2006, omitiendo que el ex comisario fue quien lo acompañó durante el reconocimiento del lugar en el que estuvo secuestrado en 1991.

A poco más de un mes de haber ratificado a su policía estrella en el cargo, ante la presión pública y política, Macri le aceptó la renuncia y dijo que se había “equivocado” en la designación y que había cometido un error. La renuncia se adujo basada en temas personales pero, casualmente, días después Palacios fue procesado por la Justicia.

Con respecto a Ciro James, vinculado con él en la investigación judicial, negó haberlo conocido, olvidando que trabajó en Boca cuando él era dirigente, Fino Palacios se desempeñaba como jefe de seguridad del club y el gerente general era su amigo Andrés Ibarra. A su vez, Ibarra fue subsecretario en el Ministerio de Educación en el tiempo en que Ciro James fue contratado en esa cartera.

Respecto de los jueces que lo están juzgando en el caso de “las escuchas”, primero consideró que Oyarbide “responde a los intereses de Néstor Kirchner” y que era todo un operativo político. Luego de que la Cámara Federal ratificara su procesamiento, extendió esa supuesta maniobra política a todos los camaristas que votaron el fallo por unanimidad, cuestionando no sólo a un juez sino a la Justicia.

Macri dice querer que se sepa la verdad de los hechos, pero a través de sus legisladores bloqueó el pedido de toda la oposición de que la Legislatura pida a la Justicia la remisión de la causa, en la sesión especial del 20 de julio. Declara que defiende las instituciones pero indica a sus diputados que traben en la Legislatura todos los proyectos presentados para avanzar en la investigación sobre sus responsabilidades en las políticas de seguridad de su gobierno.

Asegura que no hay ninguna crisis institucional, mientras que anuncia con bombos y platillos, en conferencia de prensa, que promoverá su propio juicio político. ¿Irresponsabilidad, hipocresía, especulación, manotazo de ahogado?

Macri cree que maneja todos los piolines. Que pone las piezas en el tablero y juega por todos los jugadores, que gana el partido pero también saca el segundo lugar. “Estoy muy tranquilo”, suele declarar por consejo de su constructor de imagen, como si con sólo decirlo desaparecieran mágicamente todos los hechos que involucran su responsabilidad en el escándalo de las escuchas ilegales.

Que la Justicia siga su camino y avance en las responsabilidades penales. Por su parte, la Legislatura debe seguir el propio y profundizar las investigaciones para poder dilucidar las responsabilidades políticas sobre los hechos acontecidos. No es un tema menor que se esté investigando si desde el Estado se permitió el montaje de un sistema de seguridad que utiliza escuchas ilegales.

Hay algo que no se puede soslayar y es que la ciudad de Buenos Aires hoy tiene un jefe de Gobierno procesado. Macri pretende desconocerlo. Pero la única verdad es la realidad. Y parece ser que de esa realidad Macri no se quiere hacer cargo. Nadie elige a su familia, pero un jefe de Gobierno elige a sus funcionarios. Que se haga cargo.

* Legisladora porteña del partido SI, en Proyecto Sur.

La Cámara de Diputados que se despide el 10 de diciembre deja como deuda no haber logrado aprobar una nueva ley de educación superior que, entre otras cosas, daría un nuevo marco para crear las nuevas universidades que se están aprobando en estos días. En su discurso de asunción, la Presidenta ratificó su decisión de impulsar una ley de educación superior que derogara la vigente, la única legislación educativa vigente del paquete de normas neoliberales de los ’90. Desde entonces, las comisiones de Educación de Diputados y del Senado analizaron en forma no coordinada el texto de la nueva ley, quedando en evidencia que el oficialismo legislativo no logró articular sus propias propuestas.

Sin embargo, avanzaron igual con la creación de nuevas universidades y lo hicieron sin cumplir los requisitos mínimos establecidos por la actual ley. Diputados aprobó la creación de nuevas universidades nacionales, entre ellas Villa Mercedes (San Luis), Avellaneda, Del Oeste (Moreno), Merlo, Florencio Varela, sin incluir en ninguna la previsión presupuestaria para su funcionamiento ni contar con estudios de factibilidad serios y sin tener en cuenta recomendaciones y planteos surgidos de los acuerdos plenarios del Consejo Interuniversitario Nacional, ni del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior, ambos no vinculantes pero necesarios.

Otra situación es la de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya creación sí acompañamos, debido a que cuenta con los informes de los organismos pertinentes aconsejando su creación y, además, tiene explícitamente establecido su financiamiento. No existe duda sobre la necesidad imperiosa de una universidad nacional en el territorio de Tierra del Fuego.

Entendiendo a la universidad y al sistema de educación en su conjunto como un derecho y un bien social, es imprescindible buscar formas y consensos para impulsar una política universitaria planificada, que dé respuestas a las necesidades nacionales, regionales y locales, con una mirada puesta en la calidad educativa. No puede soslayarse la necesidad de un análisis profundo del mapa educativo nacional, porque en algunos lugares seguramente es necesario multiplicar universidades, pero puede que nos encontremos también con urgencias de otra índole, como la necesidad de fortalecimiento de las unidades académicas existentes o con carencias de articulación con los institutos de educación superior de formación docente y técnico-profesionales o con el incumplimiento de la obligatoriedad del secundario.

Nuestro país necesita de una planificación y articulación del conjunto del sistema educativo, teniendo como prioridad la mayor inclusión educativa. El avance en la aprobación de estas nuevas universidades, salvo una, no responde a ningún criterio de planificación ni cumple con los requisitos mínimos. Las políticas educativas son la base de las políticas de integración nacional, en estos casos no queda claro qué otros intereses distintos a los de una integración nacional están primando. Una universidad no es una fábrica de profesionales, o un listado de títulos, es más que un centro de investigación o de extensión; es parte de un sistema educativo que debe desarrollarse en base a consensos y a políticas de Estado que deben ser el resultado de una planificación estratégica que enmarque el presente y el futuro de nuestro país.

* Diputada nacional (SI), legisladora porteña electa (Proyecto Sur).