Página#12 Libre

“A ver si esta Justicia me da algo, mi tierrita, porque nunca vendí nada y me tiraron abajo el ranchito dos veces. Espero que me den algo para mí y para mis hermanas.” El testimonio es de Ramona Bustamante, una anciana de 85 años que vive en el paraje Las Maravillas (Córdoba), quien asistió ayer a una charla en el Senado para reclamar un freno a todos los desalojos de pequeños campesinos. El encuentro fue organizado por el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas, el Foro Nacional de Agricultura Familiar y el Movimiento Campesino de Liberación, entidades que están preparando un proyecto de ley para “declarar la emergencia territorial por cinco años” y frenar así las expulsiones de los campos.

Ramona vive en una chacra de 150 hectáreas. Por ser hija extramatrimonial, sus hermanastras, tras la muerte de su padre, vendieron parte de esos terrenos. Esto fue en el año 1984. Tras la venta, el campo pasó por varias manos hasta caer en posesión de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, quienes le hicieron firmar a Ramona un convenio de desocupación. En realidad, había firmado su acta de desalojo. Los hermanos Scaramuzza, que fueron acusados de fraude pero rápidamente sobreseídos, son dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo.

“La batalla legislativa es un espacio para discutir y disputar ideas. Seguramente tendremos la fuerte oposición de las entidades que apoyan el modelo de los agronegocios”, señaló el abogado Ramiro Fresneda, para luego dar detalles del proyecto que es elaborado junto a los asesores de Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Carlos Heller y Remo Carlotto.

“Proponemos suspender los desalojos por cinco años para realizar un registro de posesión de tierras, que sea elaborado con la colaboración de los propios campesinos”, detalló Fresneda. La iniciativa también incorpora la necesidad de establecer “la función social de la tierra” y que se reconozca la propiedad comunitaria de ese recurso.

“Dos veces me dejaron sin casa, sin agua, sin tierra, sin nada. Sólo quiero mi tierrita”, dijo Ramona, con sus 85 años de historia resumidos en 150 hectáreas.

En el Congreso de la Nación ya hay varios proyectos, a los que se les podría sumar la iniciativa que está preparando el Ejecutivo sobre los límites a la extranjerización de la tierra. Muchas de las organizaciones que participaron de la jornada estarán presentes hoy en el lanzamiento de Canpo.

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Las Empresas de Medicina Prepaga (EMP) decidieron adelantarse a la sanción del nuevo marco regulatorio pendiente en la Cámara de Diputados y ya comenzaron a informar a sus afiliados los próximos aumentos en sus cuotas. Según pudo constatar Página/12, la que hizo punta fue la compañía Cemic, con un incremento para mayo del 5 por ciento, que se suma al 10 por ciento aplicado en enero. En la carta que envían a sus socios indicaron que las subas se deben a la “imposición de la Justicia y autoridades a brindar prácticas y tratamientos no contratados”, es decir no previstos en sus esquemas de costos. También aduce mayores costos por los pagos de prestaciones a terceros. Para el titular de Consumidores, Héctor Polino, esos argumentos “son inaceptables”, y recomendó a los usuarios “rechazarlos”.

Por otro lado, desde Swiss Medical señalaron a este diario que no prevén ningún aumento “por ahora”, pero aclararon que esto podría deberse a que todavía “no transcurrieron las negociaciones paritarias del sector”. Esta última compañía aplicó un incremento del 15 por ciento en enero de este año, mientras que OSDE lo hizo en febrero en un porcentaje igual.

Para las asociaciones de consumidores consultadas por este diario, el proyecto de ley que podría ser tratado la semana que viene en la Cámara de Diputados constituye el instrumento central para regular las subas constantes en las cuotas de las prepagas y controlar la calidad de los servicios prestados. “Las EMP están abriendo el paraguas ante la posibilidad de que se apruebe la ley. Hay que evitar que avancen”, sostuvo en diálogo con Página/12 el ex diputado socialista Héctor Polino.

“El incremento de las tasas de utilización de servicios, así como los mayores costos de las prestaciones, el aumento de los aranceles de los servicios prestados por terceros y el incremento generalizado de precios” son algunos de los argumentos que utiliza Cemic para completar un aumento del 15 por ciento entre enero y mayo de este año.

El proyecto de ley que aguarda su sanción prevé en su artículo 5º que la autoridad de aplicación –la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Comercio interior– debe estudiar la estructura de costos de las EMP para autorizar y revisar las cuotas y exigir que se cumplan las prestaciones del Plan Médico Obligatorio y fiscalizar el pago de las prestaciones realizadas por los efectores del servicio público nacional.

“Con esta normativa, los incrementos no podrán ser unilaterales o acordados sólo con Moreno. Para que haya subas, la autoridad de aplicación deberá estudiar la estructura de costos “, explicó a Página/12 Pedro Bussetti, titular de Deuco.

“De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos a la quiebra inmediata del sistema”, suele manifestar Claudio Belocopitt, vicepresidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara) y titular de Swiss Medical. En este sentido, las EMP suelen justificar las subas de las cuotas en la modificación de sus costos, que ocurren luego de las negociaciones paritarias –que todavía no se realizaron, por lo que está abierta la puerta para más incrementos en los próximos meses–, y en las subas que aplican los prestadores médicos. Sin embargo, el abogado Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, explicó a este diario que “los aumentos de las prepagas no se reflejan en lo que ellas abonan a los prestadores” e incluso aplicarían aumentos “muy superiores a los niveles de inflación medidos por las consultoras privadas”.

Por ejemplo, entre agosto de 2002 y el mismo mes de 2010 –señala un informe elaborado por Boada–, las empresas Omint y Swiss Medical habrían aumentado sus cuotas un 80 por ciento por encima de la inflación calculada por las consultoras privadas y un 171 por ciento en relación al Indec. “Entre septiembre de 2008 y abril de 2010, además mantuvieron el pago a sus prestadores sin modificaciones en algunos casos, y en otros con variaciones inferiores a los aumentos aplicados a los usuarios”, agregó Boada. La iniciativa legislativa, que ya tiene media sanción, aguarda su turno en la Cámara baja. El FpV pidió una “preferencia” para tratarlo con o sin dictamen en la próxima sesión.

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El Frente para la Victoria consiguió aprobar con 22 firmas un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que busca otorgarle una nueva tipificación penal al lavado de activos. Fue tras una reunión de las comisiones de Finanzas y Legislación Penal, presididas por los diputados de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay y Juan Carlos Vega, respectivamente. Por su parte, los bloques de la UCR, PRO y PJ Federal emitieron su propio dictamen (con 17 firmas), el cual también fue acompañado por Vega pero con disidencias parciales. Los legisladores de la oposición expresaron que están dispuestos a sancionar la iniciativa “con los mayores consensos posibles”. Es decir que a la hora de llegar al recinto –probablemente la primera semana de mayo– el proyecto podría ser acompañado por estos bloques, al menos en la votación en general.

Los dos dictámenes que llegarán al recinto determinan que el lavado de dinero es un delito autónomo, es decir que se deja de lado la actual configuración que considera el lavado como el encubrimiento de otros delitos. Uno de los puntos centrales del proyecto del Ejecutivo es la posibilidad de la UIF de convertirse en querellante frente a las investigaciones que realiza. De esta manera, el organismo tendría un mayor poder de presión ante la Justicia para que avancen las causas por lavado.

Sin embargo, para la oposición éste es un punto conflictivo. En su dictamen dejan afuera el rol querellante de la UIF. “El Estado tiene otros mecanismos para actuar. No estamos de acuerdo con que el organismo sea querellante, ya que se puede prestar a la discrecionalidad y la persecución política”, sostuvo ayer Federico Pinedo.

En relación a los contenidos penales del proyecto, las posiciones entre el oficialismo y la oposición están bastante unificadas. En cuanto a los “sujetos obligados” a reportar operaciones inusuales, la oposición incluyó –a diferencia del proyecto del Ejecutivo– a los partidos políticos, los sindicatos y sus obras sociales. Este último punto resulta conflictivo para el oficialismo, que tiene como antecedente las denuncias contra el ex superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.

“Queremos una UIF profesional. Esto no es para punteros, ni para hacer política”, manifestó Ricardo Gil Lavedra (UCR). En este sentido, la oposición propone que los directivos que ocupen un cargo en el órgano de control sean elegidos a través de un concurso. Si bien la iniciativa del kirchnerismo no dice nada al respecto, fuentes de ese bloque afirmaron a Página/12 que podrían incluir dentro de su texto algún artículo para la elección de autoridades.

Por su parte, el diputado Vega, que en diálogo con este diario había dicho que acompañaría el dictamen del oficialismo, firmó el de la oposición (por lealtad partidaria, según dijo a este diario) pero con disidencias.

–Y una vez en el recinto, ¿cómo votará? –preguntó Página/12.

–Creo que hay margen para llegar a un mayor acuerdo –sostuvo Vega.

Con el dictamen de ayer, el proyecto ya podrá ser tratado en la próxima sesión, prevista para la última semana de abril o para mayo.

El Frente para la Victoria está más cerca de conseguir un acuerdo sobre el proyecto de ley que busca otorgarle una nueva tipificación penal al lavado de activos. La iniciativa será analizada hoy en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Finanzas, a cargo de los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega y Alfonso Prat Gay, respectivamente. Las principales diferencias con la oposición pasan por el lugar que ocupa la Unidad de Información Financiera (UIF) y la manera de elegir sus funcionarios.

En este sentido, el oficialismo aceptaría incluir en el texto un artículo a partir del cual el titular de la UIF deberá ser nombrado de la misma manera que los jueces de la Corte Suprema, situación que está regulada por el Decreto 222 del Poder Ejecutivo. Según indicó a Página/12 Vega, la CC firmaría el dictamen de mayoría pero con disidencias parciales. La UCR también acompañaría el texto en general.

El proyecto de ley en cuestión determina que el lavado de dinero es un delito autónomo, incorporado al Código Penal bajo un nuevo capítulo denominado delitos contra el “orden económico y financiero”. Es decir que se dejaría de lado la actual configuración que considera el lavado como el encubrimiento de otros delitos. Esta es una de las principales exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no sancionar a la Argentina.

El pedido de mayores controles para la elección de los responsables de la UIF fue solicitado por la UCR. El encargado de acercar las diferentes posturas con la oposición fue el diputado del oficialismo Oscar Albrieu. Por su parte, la CC buscará incorporar en el recinto la figura de enriquecimiento ilícito. Por otro lado, ayer la UIF suspendió por seis meses la norma que obligaba a los exportadores e importadores a informar movimientos sospechosos al órgano de control.

“Hoy quisimos tratar el proyecto sobre tablas pero la oposición no quiso. Nuestra voluntad es aprobar la media sanción tal cual llegó del Senado”, manifestó ayer Agustín Rossi en relación al proyecto que busca regular a las empresas de medicina prepaga (EMP). La iniciativa tenía que ser analizada anteayer en la Comisión de Salud, presidida por Antonio Morante (FpV-Chaco), pero a última hora del lunes fue suspendida. El diputado del bloque oficialista quiere ser intendente de la localidad de Sáenz Peña, por lo que se quedó en su provincia para continuar con su campaña. Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el radical Agustín Portella, también aprovechó la circunstancia y abogó para que se levantara la reunión de comisión, con la excusa de que su bloque necesitaba una semana más para estudiar el tema. De todas maneras, en la sesión de ayer, el bloque del oficialismo solicitó la preferencia para avanzar con el proyecto, con o sin dictamen, en la próxima sesión.

El proyecto para regular a las empresas de medicina prepaga está en el Parlamento desde 2006, fue replicado en 2008 y tuvo una primera sanción por unanimidad de Diputados en 2009. El año pasado, el Senado introdujo una serie de modificaciones y el texto volvió a la Cámara de origen. De no aprobarse este año, perderá estado parlamentario y el Ejecutivo deberá aguardar un año para insistir con la medida.

“Después de tanto tiempo, no hay nada más que discutir. Todos dicen que están a favor, pero nadie hace nada para que salga. La voluntad política se demuestra con quórum y votando. Cuando hay intención de sacar algo, los diputados tienen que ir a las comisiones. No me consta que alguien haya dado la orden de no ir. Lo que me consta es que se cayó la reunión”, manifestó a Página/12 Roberto Zorzoli, ex asesor de Patricia Vaca Narvaja en la redacción original del proyecto. La iniciativa también tiene que pasar por la Comisión de Legislación General, a cargo de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), la cual todavía no fue convocada.

El proyecto para regular a las EMP sufrió el lobby de las compañías del sector desde el primer día. “Vamos a ir a la quiebra”, fue el mensaje que dieron. Si bien el texto original había sido votado por unanimidad en Diputados, cuando llegó a la Cámara alta se realizaron varios cambios, que retrasaron el trámite. Uno de ellos tuvo que ver con la obligación de mantener reservas técnicas (el 50 por ciento de su capital en instrumentos financieros) con el objetivo de resguardar las prestaciones ante cualquier insolvencia de las compañías. Ese artículo fue eliminado a pedido de las empresas.

Otro cambio de consideración estuvo relacionado con el alcance de la ley. Su artículo 1º fijaba como objeto regular a las empresas de medicina prepaga y los planes de adhesión voluntaria y planes superadores, contemplados por las leyes 23.660 (obras sociales) y 23.661 (seguros de salud). Sin embargo, a pedido de las compañías, la oposición y el propio ministro de Salud, Juan Manzur, se dejó sólo a las prepagas. Las obras sociales sindicales quedaron fuera de la regulación. Ayer, Manzur reclamó en una conferencia de prensa un rápido tratamiento de la iniciativa.

Esta nueva dilación en el análisis de la normativa les “regaló” a las empresas del sector tres semanas más para continuar con su estrategia judicial. Fuentes del sector ya anticiparon que recurrirán a la Justicia –si es que se aprueba finalmente el proyecto– con el argumento de que el texto en cuestión “no respeta la igualdad ante la ley”, al considerar que habría un trato diferencial para las obras sociales y cooperativas, en detrimento de las compañías privadas.

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Las comisiones de Legislación Penal y Finanzas de la Cámara de Diputados, a cargo de los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega y Alfonso Prat Gay, respectivamente, se reunirán mañana para avanzar en el tratamiento del proyecto que busca darle una nueva tipificación penal al lavado de activos. Ayer, los distintos bloques de la oposición (UCR, CC, Peronismo Federal y PRO) mantuvieron una reunión informal para unificar su postura. “Todavía no hay un acuerdo definitivo sobre el rol que debe ocupar la UIF”, afirmó a Página/12 Ricardo Gil Lavedra (UCR). Sin embargo, distintos referentes de la oposición y el oficialismo señalaron a este diario que “nadie querrá ser señalado como culpable por una posible sanción del GAFI”, por lo que ambos sectores apostarían a sancionar la norma. La Coalición Cívica resolvió ayer que firmará el dictamen del oficialismo, pero con disidencias parciales. De conseguirse un acuerdo esta semana, la fecha tentativa para debatirlo en el recinto sería el próximo 27 de abril.

El proyecto de ley en cuestión determina que el lavado de dinero es un delito autónomo, incorporado al Código Penal bajo un nuevo capítulo denominado delitos contra el “orden económico y financiero”. Es decir que se dejaría de lado la actual configuración que considera el lavado como el encubrimiento de otros delitos. Esta modificación en la definición constituye una de las principales exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad que podría sancionar a la Argentina de no alcanzarse una serie de objetivos planteados por el organismo internacional.

En diciembre del año pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF), que maneja José Sbatella, recibió un mayor respaldo político para hacerse cargo de la coordinación de todos los organismos obligados a brindar información sobre actividades sospechosas. Básicamente se le dio más poder a la UIF. Ese cambio de estructura, sumado a una serie de decretos que fueron publicados desde junio del año pasado a la fecha, también quedaron incorporados dentro del proyecto oficial.

“Nosotros vamos a defender el rol de la UIF, cuyos alcances fueron ampliados el año pasado. Desde el punto de vista de los aspectos penales de la normativa, no hay mayores conflictos con la oposición. Esta semana tenemos que sacar dictamen, ya que está en juego la responsabilidad internacional de la Argentina”, afirmó a Página/12 el diputado Oscar Albrieu (FpV), uno de los interlocutores que negoció con la oposición.

“No queremos que la Argentina sea castigada por el GAFI. Pero hay que ser muy claros. Tenemos dos alternativas: o sancionamos una legislación formal para cumplir con el organismo internacional o hacemos una ley eficaz, que se ocupe de los delitos determinantes que subyacen al lavado, como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo”, explicó a este diario Juan Carlos Vega (CC).

–¿Apoyarán un dictamen de mayoría para que el proyecto pueda llegar al recinto? –preguntó este diario a Vega.

–El dictamen sí, pero con disidencias parciales. Queremos incluir durante el debate en el recinto la figura del enriquecimiento ilícito y los delitos que subyacen al lavado –respondió Vega.

Desde el radicalismo también consideran que hay chances de llegar a un dictamen de mayoría. “En los aspectos generales de la normativa estamos todos más o menos de acuerdo. Una diferencia pasa por el rol que debe tener la UIF. Nosotros consideramos que debe seguir bajo la órbita del Poder Ejecutivo pero con mayores controles”, agregó Gil Lavedra.

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La Justicia Federal de Villa María falló en contra de la cerealera Bunge, en una causa donde la AFIP detectó maniobras de evasión por 16 millones de pesos. El pasado 17 de marzo, el ente fiscalizador suspendió a la empresa del Registro de Operadores de Granos, tras detectar créditos fiscales provenientes de operaciones con proveedores apócrifos y maniobras de “triangulación nociva”. La cerealera apeló esa decisión, pero el juez Mario Eugenio Garzón rechazó “in limine” el pedido de la compañía. “La exclusión del Registro es plenamente coherente con el principio de que las actuaciones administrativas gozan de presunción de legitimidad”, afirmó el magistrado en su resolución. Además de esta causa, la multinacional sigue siendo investigada por las maniobras de triangulación a partir de las cuales habría evadido el pago del Impuesto a las Ganancias entre 2007 y 2009 por un total de 1200 millones de pesos.

Según indicaron a Página/12 desde la AFIP, el Registro de Operadores de Granos (ROG) resulta un pilar para el control de la evasión, ya que se posibilita el control de la cadena de comercialización. Es un registro voluntario, a partir del cual las empresas que están en regla tienen el beneficio de adelantar sólo el 2 por ciento del Impuesto a las Ganancias (en vez del 15 por ciento) y pagan solamente el 2 por ciento de IVA (sobre el 10,5 por ciento). Al quedar fuera del Registro, la multinacional dejará de tener los beneficios fiscales-financieros.

La maniobra de Bunge consistió en registrar operaciones de compraventa con contribuyentes apócrifos, es decir empresas inexistentes o sin solvencia para operar, a partir de las cuales solicitó a la AFIP el pago de créditos fiscales por ocho millones de pesos en compras realizadas en el mercado interior y otros ocho millones en exportaciones. En total fueron 16 millones de pesos que habrían surgido, según la denuncia del ente fiscalizador, a partir de comercializar con operadores inexistentes.

La investigación de la AFIP abarcó el período 2004-2008. Una vez descubiertas, se abrió un expediente para que la cerealera regularizara su situación. Ante su negativa, fue suspendida del ROG. La empresa apeló la medida, alegando la “inconstitucionalidad” de algunos artículos de la RG 2003, pero ayer el juez federal subrogante de Villa María, Mario Garzón, resolvió rechazar “in limine” el planteo de la multinacional.

“Bunge ha tenido oportunidad de ejercer debidamente su derecho a defensa. La Resolución General 2003 señala que el no cumplimiento de los ajustes de fiscalización es motivo de exclusión del régimen de operadores...En consecuencia, no surge la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en lo que hace al procedimiento de la AFIP, único aspecto sometido a consideración por este Tribunal”, aseveró el magistrado en su fallo.

Desde la AFIP especificaron a este diario que muchas compañías suelen comprar granos en negro y para blanquearlos, con el objetivo de recibir los créditos fiscales, inventan contribuyentes. “En este caso, hicieron figurar empresas que le vendían granos a Bunge cuando en realidad eran inexistentes”, explicó a este diario un funcionario judicial.

Pero el caso de Bunge no es el único. En Villa María hay otras compañías cerealeras (Lorenzatti, Bacelica Hermanos, Depetris Cereales) que ya fueron notificadas para devolverle al fisco aproximadamente 40 millones de pesos en concepto de créditos fiscales recibidos a partir de operaciones apócrifas. Otra cerealera, Compañía Argentina de Granos, que también fue intimada por la AFIP por operaciones similares, no recurrió a la Justicia y pagó 20 millones de pesos, según indicaron a Página/12 fuentes cercanas a la investigación. Esta última empresa también forma parte de la Cámara que nuclea a las cerealeras exportadoras.

Otro caso en el que está involucrado Bunge tiene que ver con “maniobras de triangulación nociva”, según denunciaron desde la AFIP. El proceso judicial lo está llevando adelante el juez Carlos Ochoa, a cargo del juzgado federal de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba). En este caso, el ente recaudador determinó que la cerealera había vendido “el 98 por ciento de su producción a través de una subsidiaria radicada en Uruguay”. Según indicó a este diario un funcionario de la AFIP, en 2007 el domicilio legal de Bunge estaba radicado en Uruguay, pero al año siguiente lo modificó.

“La AFIP descubrió la mayor evasión tributaria en Argentina. La cerealera Bunge habría evadido el Impuesto a las Ganancias por 1200 millones de pesos. Increíble, cuanto más ganan más evaden”, había manifestado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. Por operaciones similares también están denunciadas Cargill, Molinos, Nidera, entre otras (ver aparte).

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El Poder Ejecutivo está realizando los últimos retoques legales para enviar al Congreso el proyecto de ley que pretende regular la compra de tierras por capitales extranjeros. Página/12 tuvo acceso a los principales lineamientos de la iniciativa que busca emular la legislación brasileña. Según se desprende del articulado, el proyecto estipula que los titulares extranjeros no podrán tener más del 20 por ciento del total de tierras agropecuarias o rurales a nivel nacional. Ese mismo porcentaje se replicará en cada provincia y municipio. Del total permitido en manos foráneas, no podrá haber más de un 30 por ciento distribuido en titulares de una misma nacionalidad. La norma no será retroactiva, por lo que no se obligaría a la desinversión. El otro eje fuerte define que la comercialización de la tierra no puede ser considerada una inversión privada, por lo que quedará comprendida bajo el dominio público. De esta manera –explicaron a Página/12–, el Estado podría evitarse cualquier juicio ante el Ciadi.

“La tierra es un recurso estratégico no renovable y se trata de evitar la compra de grandes extensiones. El proyecto está avanzado y en manos de la Presidenta”, había manifestado la semana pasada el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Según indicaron a Página/12 fuentes oficiales, el primer lineamiento del proyecto establece que sólo se podrá vender a personas extranjeras hasta el 20 por ciento del total de hectáreas agropecuarias o rurales del país. Según Federación Agraria, en el país habría 17 millones de hectáreas en manos extranjeras –sobre un total de 170 millones–, mientras que para Agricultura serían 7 millones sobre un total de 300 millones, en las que se incluirían áreas para agricultura, ganadería y bosques. Por eso la normativa bajo análisis fija la necesidad de realizar primero un censo catastral para conocer la radiografía de la extranjerización, retroactiva al 1º de enero de 2010.

El 20 por ciento que se tomará como límite nacional también deberá replicarse a nivel provincial y municipal. Es decir que ninguna provincia ni municipio podrá tener más del 20 por ciento de sus tierras agropecuarias y rurales en manos extranjeras.

Por otro lado, los titulares de una misma nacionalidad no podrán adquirir más del 30 por ciento del total de hectáreas permitidas para los extranjeros. Por ejemplo, si se toma el cálculo de FAA, sobre un total de 170 millones de hectáreas, podrían venderse a extranjeros 34 millones. Sobre esa cantidad, sólo 10,2 millones de hectáreas podrían estar bajo la titularidad de una misma nacionalidad.

El tercer límite que se establece tiene que ver con las titularidades individuales. Una persona física o jurídica (en cualquiera de sus formas) no podrá comprar más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. Luego, la autoridad de aplicación deberá fijar los equivalentes para el resto de las zonas del país. Para determinar esas equivalencias a la hora de traspolar el límite de hectáreas, el Estado deberá tener en cuenta el tipo de producción de la zona afectada, su rentabilidad y la cercanía a los puertos, entre otros factores.

La determinación de la nacionalidad de una sociedad quizá sea uno de los aspectos más complejos de la normativa, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. En este sentido, el texto de la ley intentará abarcar la mayor cantidad de figuras societarias posibles: sociedades anónimas, sociedades de derechos reales constituidas en el exterior, fideicomisos, UTE, fondos de inversión, etcétera.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló durante la Asamblea Legislativa que la norma no debía “desalentar inversiones” ni tener una matriz “xenófoba ni chauvinista”. Más allá de esta aclaración y para evitar cualquier conflicto legal, el texto del proyecto establece que la compraventa de tierras no podrá considerarse una inversión privada.

“De esta manera nadie tendrá facultades para encarar una denuncia ante el Ciadi alegando algún tipo de violación a los tratados recíprocos de inversiones”, explicó a Página/12 un especialista que estuvo trabajando en la letra chica del proyecto. De todas maneras, el proyecto no obligaría a la desinversión en los casos donde se superen los límites fijados.

En el caso brasileño, modelo que se pretende emular, la tierra es declarada, por rango constitucional, bien social. Si bien en el proyecto bajo análisis no se avanzará sobre esta definición, sí se ampliará el “marco de dominio público”. Por ejemplo, quedarán dentro de este marco los parques nacionales, las reservas arqueológicas y cualquier recurso natural estratégico definido por el Estado.

“Incluso las instalaciones civiles, es decir no sólo la tierra sino todo lo que haya dentro de una extensión determinada. El Estado –ya sea nacional, provincial o municipal– pasará a ser el titular de estos recursos. Obviamente no se alterará la competencia de las provincias, pero sí se especificará cuál es el rumbo que debe tomarse con estos recursos”, explicaron a este diario.

Una vez que la norma ingrese en el Congreso, el oficialismo buscará los consensos necesarios. Uno de los involucrados directos en la redacción de este proyecto fue Aldo Casella, abogado especialista en derecho agrario, cercano a la FAA, entidad que presentó una iniciativa similar. El otro involucrado fue el constitucionalista Eduardo Barcesat. Ambos trabajaron junto a los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura.

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La empresa Nación Fideicomisos prevé participar durante este año en 31 proyectos de inversión, que se sumarán a los 91 ya en curso. Según se desprende del Plan Económico 2011, al que tuvo acceso Página/12, presentado al directorio del Banco Nación hace dos semanas, la compañía organizará fideicomisos por más de 17.000 millones de pesos, entre los que se destacan obras de infraestructura eléctrica, gas y agua. También habrá una fuerte inversión en la extensión del plan plurianual de viviendas por 580 millones de pesos.

Por fuera de su plan económico para este año, la empresa presentó su esquema de financiamiento para el “programa de viviendas destinado a los trabajadores sindicalmente organizados (PVT)”, donde se ofrecerán créditos para los compradores con una tasa del 12,75 por ciento durante los primeros tres años y luego a una tasa Badlar, a pagar en 20 años.

La figura del fideicomiso contempla un acuerdo entre distintas partes, en el que se afecta un patrimonio determinado destinado al financiamiento de diferentes proyectos, ya sean productivos, energéticos o de consumo. Por un lado existe la figura del organizador del fideicomiso, que es el que crea el instrumento de financiación, y por otro lado está la figura del fiduciario, que es quien administra. Nación Fideicomisos cumple ambos roles.

En su rol de fiduciario, la empresa gestionará 13.020 millones de pesos en obras de energía eléctrica, 724,6 millones en proyectos de ampliación de la red de agua potable y 15,6 millones en iniciativas gasíferas. Con la intención de contribuir al cambio de la matriz energética, la empresa está abocada a tres proyectos de energía eólica: Proyecto Loma Blanca, Malaspina I y Granja Eólica La Deseada. Mientras que en su rol de organizador, la empresa –cuyo titular es Fabián Ríos– destinará 2300 millones de pesos.

Teniendo en cuenta el total de la cartera de inversiones de la empresa, el 70,4 por ciento está constituido por fideicomisos de consumo en todos sus tipos. En este sentido, para este año la compañía prevé gestionar fondos fiduciarios para este rubro por 361,8 millones de pesos. Sin embargo, la actual conducción de la empresa busca profundizar las inversiones en infraestructura y proyectos productivos.

“La actuación de NFSA en proyectos de infraestructura fue generado por la necesidad de inversión en obras públicas y la búsqueda de herramientas de financiamiento. La mayoría de estos emprendimientos lo constituyen los llamados project finance, facilitando la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos de infraestructura”, puede leerse en el documento del Plan Económico.

Al 31 de diciembre pasado, Nación Fideicomisos registró 91 proyectos en ejecución: gas (18), electricidad (13), industriales (8) y agropecuarios (4), entre otros. La utilidad neta de la compañía fue el año pasado de 21.248 millones de pesos, mientras que para 2011 está calculada en 13.427,6 millones.

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El Gobierno anunció ayer la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Ocurrió luego de un encuentro entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los ministros de Economía y Trabajo, Amado Boudou y Carlos Tomada, y la cúpula de la CGT. El camionero Hugo Moyano expresó su apoyo al aumento del 20 por ciento en las deducciones, lo que representará para el Estado un costo fiscal de 3245 millones de pesos. De esta manera, un trabajador soltero pagará Ganancias a partir de 5782 pesos de sueldo, mientras que los casados con dos hijos, desde 7998 pesos.

Según el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a partir de ahora sólo abonará este tributo el 10,8 de los trabajadores asalariados registrados (802.400 empleados), muchos de los cuales se irán incorporando nuevamente a este tributo a medida que se reacomoden los salarios producto de las negociaciones paritarias. Las dos resoluciones sobre la actualización del tributo se publicarán en el Boletín Oficial el próximo lunes.

“Todos los años el Gobierno ha tomado medidas de este tipo para adecuar la realidad de cada trabajador y para que este impuesto tenga que ver con la distribución del ingreso”, manifestó Boudou durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que se dio a conocer la noticia. Por su parte, el líder de la CGT afirmó que “el acuerdo fue muy, pero muy bueno”. El camionero estuvo acompañado por Julio Piumato (Judiciales), Omar Viviani (Taxistas) y Juan Carlos Schmid (Dragado).

La suba del mínimo no imponible era uno de los puntos de tensión entre la CGT y el Gobierno. La central obrera había pedido una audiencia “urgente” con la mandataria para avanzar en este tema. Desde el Ejecutivo habían señalado que cualquier novedad sobre el tema ocurriría en el transcurso de las negociaciones paritarias más emblemáticas. Dos días después de esa cumbre, Moyano y Fernández de Kirchner se reunieron por la noche, donde se definió el aumento del 24 por ciento para los camioneros, una negociación testigo para muchos sindicatos. Esto ocurrió el miércoles pasado, el mismo día en que la oposición fracasó en su convocatoria de una sesión especial para modificar el piso a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias.

Esta sucesión de hechos fue el preludio de la nueva reunión de ayer, donde se anunció la suba del mínimo no imponible en un 20 por ciento, y se profundizaron los gestos de acercamiento entre la CGT y el Gobierno luego de la tensión de las últimas semanas.

Según la información presentada por la AFIP, de un total de 7,4 millones de asalariados registrados, 802.475 pasarán a tributar Ganancias. En 2010, los que estaban dentro de este régimen eran 1,2 millón de asalariados, mientras que en 2001 eran 462.099, es decir un 83 por ciento menos de asalariados que en la actualidad. Sin embargo, hace diez años había 4,5 millones de trabajadores registrados, de los cuales sólo el 9,7 por ciento pagaba el tributo, mientras que ahora hay un 64 por ciento más de trabajadores registrados que hace diez años, de los cuales sólo el 10,8 por ciento paga Ganancias.

Con esta nueva modificación del tributo, los solteros comenzarán a pagar a partir de los 5782 pesos (cuando antes el piso era de 4818 pesos), mientras que para los casados con dos hijos el impuesto comenzará a regir desde los 7998 pesos (antes el piso era de 6665 pesos). La medida será retroactiva al 1º de enero. Como éste es un impuesto de base anual, los que ya pagaron los adelantos durante el primer trimestre recibirán el reintegro en los meses siguientes.

“Tienen que pagar más los que más ganan. Por eso también apostamos a un fuerte proceso de fiscalización, que es lo que nos permite seguir creciendo en la recaudación de este tributo”, manifestó Echegaray.

Lo que no se modificó en esta oportunidad –como en los últimos once años– fueron las escalas para la aplicación de las alícuotas del impuesto. Por ejemplo, un buen salario de hace once años (5000 pesos) pagaba una alícuota de entre 9 y 14 por ciento, según las deducciones, mientras que un salario en la actualidad con el mismo poder adquisitivo de entonces está tributando entre 27 y 31 por ciento. A este aumento en la carga impositiva, sin embargo, hay que restarle la eliminación de la llamada “tablita de Machinea”, que reducía significativamente el nivel de deducciones permitidas.

La reunión entre el Ejecutivo y la cúpula de la CGT duró una hora y media. Además de Ganancias, los sindicalistas plantearon la necesidad de un nuevo incremento en las asignaciones familiares, como así también el pago de una deuda de 9000 millones de pesos que le reclaman al Estado para las obras sociales.

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Pago de Ganancias, antes y después, en pesos

(1) Deduce ganancia no imponible y deducción especial. (2) Deduce ganancia no imponible, deducción especial, esposa y 2 hijos.

Fuente: Elaboración propia.

Un nuevo año parlamentario, el mismo sainete. La oposición no logró conseguir quórum propio para avanzar en el tratamiento de un proyecto de ley para aumentar el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias. Las distintas bancadas, que el año pasado se autodenominaban Grupo A, juntaron 128 legisladores, uno menos de los requeridos para iniciar la sesión. Los ausentes fueron tres diputados de Proyecto Sur, dos radicales y uno del Peronismo Federal. También faltaron los representantes parlamentarios del sindicalismo, como Héctor Recalde y Omar Plaini, ambos del Frente para la Victoria, quienes el lunes pasado formaron parte del encuentro de la CGT donde se le pidió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una reunión urgente para tratar las reducciones al tributo en cuestión. Más allá de los faltazos puntuales, una dirigente de la Coalición Cívica reconoció a Página/12 el cambio en la correlación de fuerzas dentro de la Cámara, en favor del oficialismo, y la dispersión opositora.

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo tiene el camino despejado para anunciar su propia modificación al mínimo no imponible, más aún después de que el gremio de los camioneros acordara un aumento salarial del 24 por ciento (ver aparte).

La sesión especial de ayer estaba convocada para las 13. Luego de la media hora de rigor, el presidente del FpV, Agustín Rossi, ingresó al recinto, se sentó en su banca y le solicitó al titular de la Cámara, Eduardo Fellner, que diera por finalizada la reunión. Con el único oficialista en su banca, la pantalla del recinto marcaba 128 legisladores presentes, cuando de un extremo apareció corriendo la peronista federal de San Luis, Ivana Bianchi. Antes de que ella tomara su lugar, rápido de reflejos Rossi se levantó y dejó a la oposición sin la posibilidad del quórum propio. Inmediatamente, Fellner concluyó la sesión y el resto del FpV, que estaba tras bambalinas, también se retiró.

“Hay que analizar si la misma mayoría que teníamos el año pasado todavía existe”, manifestó a este diario una legisladora de la oposición. En síntesis, reconoció la falta de liderazgo dentro del conglomerado de bloques antikirchneristas, algo que pudo apreciarse en el encuentro de ayer.

Luego de esta secuencia de hechos, la oposición aprovechó las expresiones en minoría para criticar al oficialismo y al Gobierno. “Los kirchneristas quedaron con la careta descubierta, porque pretendíamos dar un corte, establecer un marco para que el Impuesto a las Ganancias no siga pegando fuerte en el bolsillo de los trabajadores”, afirmó Graciela Camaño (Peronismo Federal), quien también cuestionó, reglamento en mano, la celeridad con que Fellner finalizó la sesión.

“El Gobierno se siente tan ganador y seguro que pretende cerrar el Parlamento, y lo hace de manera antirreglamentaria. La sociedad los va a castigar”, vaticinó Felipe Solá. La iniciativa opositora pretendía actualizar los mínimos no imponibles de Ganancias de la cuarta categoría según la evolución de la tasa de inflación de diferentes provincias desde 2008. Según el texto en discusión –que el año pasado también fue debatido, pero al momento de la votación la oposición se había quedado nuevamente sin quórum–, una persona soltera comenzaría a tributar a partir de los 7423 pesos, y un casado con hijos, desde los 10.262 pesos.

Como dato sobresaliente de la sesión fallida, están los que faltaron: Proyecto Sur tuvo tres bajas, las de Miguel Bonasso, Cecilia Merchán y Liliana Parada (ausente por temas médicos). El radicalismo registró dos faltazos, los de Eduardo Kenny y Pedro Molas, mientras que el Peronismo Federal se quedó sin la presencia de la rionegrina Lorena Rossi. Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica tuvieron asistencia perfecta.

La última modificación de este tributo se realizó el año pasado –y no en 2008 como manifestó el diputado Ricardo Buryaille (UCR)–, y se ajustó en un 20 por ciento. Actualmente, los solteros pagan Ganancias a partir de 4818 pesos y los casados con dos hijos, desde 6664,8 pesos. En total, son 1,5 millón de asalariados los alcanzados por este tributo.

Tras el nuevo fracaso opositor para imponer en Diputados su agenda parlamentaria, el Gobierno capitalizará una nueva modificación del tributo. Según indicaron a este diario fuentes del oficialismo, el ajuste se realizaría en abril en sintonía con las negociaciones paritarias, hipótesis que cobra más fuerza a partir del acuerdo que alcanzó ayer el gremio de los camioneros.

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“El proyecto de ley para regular la venta de tierras está avanzado.” Así lo definió ayer el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, durante un encuentro del Consejo Agropecuario del Sur, donde participaron ministros de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. “La Presidenta decidirá cuándo enviará la iniciativa sobre extranjerización de tierras y nosotros vamos a trabajar en ese sentido. La Argentina necesita una ley que garantice que este recurso quede en manos de los argentinos”, explicó el funcionario y agregó que en el país existen siete millones de hectáreas en manos extranjeras y no 17 millones como afirman desde la Federación Agraria.

La cartera de Agricultura viene trabajando en un proyecto para regular el uso y tenencia de la tierra desde el año pasado. En una primera versión, los funcionarios estaban avanzando con la hipótesis de restringir la venta de grandes extensiones de tierra, tomando como eje las zonas agrícolas núcleo. Sin embargo, a partir del discurso de Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, agregaron a la iniciativa los mecanismos para evitar la extranjerización de este recurso, tanto en zonas núcleo como en las zonas de seguridad, como en la Patagonia.

Por ejemplo, una de las ideas que manejan en Agricultura, según relató a este diario un legislador patagónico, es restringir la venta de tierras hasta un 25 por ciento del total de hectáreas de un municipio, ya sea para posibles compradores locales o extranjeros. El objetivo sería evitar la concentración de este recurso. De todas maneras, este porcentaje continúa en discusión. También se está pensando en incluir un capítulo dedicado a la regulación dominial y al fomento de la agricultura familiar. Sobre estos temas están trabajando, además de los funcionarios de Agricultura, un especialista en derecho agrario y otro en derecho constitucional.

“La tierra es un recurso estratégico no renovable y se trata de evitar la compra de grandes extensiones. En este momento, el valor de este recurso es su productividad y su rendimiento. La tierra cambió el paradigma del mundo, por eso queremos crear los instrumentos modernos que garanticen que la tierra quede en manos de los argentinos”, sentenció Domínguez.

El funcionario realizó estas definiciones durante la reunión de ministros del Consejo Agropecuario del Sur, quienes brindaron su apoyo al Plan Estratégico Agroalimentario que están elaborando desde la cartera agropecuaria. “El PEA tiene valor agregado, porque permite que el país planifique su propio futuro, investigue, desarrolle y transfiera tecnología a los pequeños y medianos productores”, afirmó Domínguez y adelantó que entre el 15 y 17 de abril se realizará la primera presentación preliminar y convalidación de los lineamientos del PEA.

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El titular de la Rural, Hugo Biolcati, y su par de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, están cada vez más distanciados.
Imagen: DyN.

El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, volvió a tomar distancia de la Mesa de Enlace. En declaraciones radiales, aseguró que tanto la Sociedad Rural como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dieron su apoyo a la última dictadura militar. “Ellos pusieron los funcionarios y nosotros, los exiliados y los muertos”, enfatizó. Fue una declaración política en un año electoral, donde algunos de los dirigentes federados más cercanos a Buzzi participarán de las elecciones junto a Proyecto Sur. Las palabras del ruralista apuntaron hacia el corazón del nucleamiento patronal surgido al calor de la famosa Resolución 125, cada vez más debilitado por las fuertes internas y diferencias entre sus integrantes. Pero más allá de este pronunciamiento, la Federación Agraria sigue sosteniendo la vigencia de la Mesa de Enlace.

“La Sociedad Rural claramente tuvo algo que ver con la dictadura. Al menos varios de sus dirigentes y asociados estuvieron involucrados. También dentro de CRA. Dirigentes de esa etapa, no por casualidad, terminaron como ministros de Economía, como fue el caso de José Alfredo Martínez de Hoz, que en 1948 había sido presidente de la SRA. Ellos pusieron los funcionarios y nosotros, los exiliados y los muertos, hubo gente que la pasó muy mal”, manifestó Buzzi en declaraciones a radio La Red. El otro ruralista mencionado por Buzzi fue Jorge Rubén Aguado, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1980 y 1983, también presidente de CRA.

–¿Y existen resabios de ese vínculo con la dictadura? –le preguntó el periodista Jorge Rial.

–No son temas que se hablen dentro de la Mesa de Enlace, creo que nadie lo diría en voz alta, me parece que por pudor. Creo que la creación de la Mesa de Enlace fue posible gracias a que en la Sociedad Rural estaba Luciano Miguens, un hombre republicano que siempre buscó consensos –respondió Buzzi.

A veces las palabras hacen visible lo que callan. Buzzi exaltó la figura del ex titular de la SRA y no la de su actual conductor, Hugo Luis Biolcati. El año pasado, el actual presidente de la Rural había especulado junto al periodista Mariano Grondona con la posibilidad de un “final abrupto” para el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Estas marcadas diferencias entre los dirigentes rurales ya son parte de la propia dinámica de la Mesa de Enlace. Luego del “voto no positivo” de Julio Cobos, el nucleamiento empresario no tuvo mayores logros políticos. Y tras la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, las diferencias internas comenzaron a verse más, a partir del acercamiento del funcionario a los federados.

Este año, por ejemplo, Domínguez impulsó un acuerdo para que una cooperativa ligada a FAA pudiera vender su stock de trigo, acuerdo que fue repudiado por la SRA y CRA. “Lo que pasó (por el acuerdo) es una demostración más de cómo la discrecionalidad ha anulado la competencia y la sociedad libre en el comercio”, respondió Biolcati al acuerdo Gobierno-FAA. El año pasado, Domínguez también había logrado un acuerdo con Alfredo De Angeli, el “combativo” productor de Entre Ríos, donde se le garantizó la venta anticipada de trigo. Además, Buzzi mantuvo anteayer un encuentro con Carlos Tomada, ministro de Trabajo, donde se acordó crear una comisión para evitar más casos de “trabajo esclavo”.

A Buzzi le gusta decir que la Mesa de Enlace fue un instrumento que se creó para que el “campo” pudiera defenderse de una “agresión” (las retenciones móviles) y que, pasado ese conflicto, la dinámica política económica del país llevó a su desactivación. Sin embargo, la Mesa de Enlace funciona. La semana pasada, sus integrantes participaron de un viaje a Brasil. Buzzi no participó y sí lo hizo su vicepresidente segundo, Julio Currás.

Es decir, el federado no rompe con la Mesa pero tampoco se muestra tanto junto a ella. En cambio, desde hace unos meses algunos dirigentes de Federación Agraria renovaron su acercamiento a Proyecto Sur, la fuerza política que lidera Fernando “Pino” Solanas.

El Ministerio de Agricultura ratificó que la actual campaña de granos arrojará una cosecha de 100,6 millones de toneladas. Durante una conferencia de prensa realizada ayer, el viceministro de Agricultura, Lorenzo Basso, y el subsecretario del área, Oscar Solís, explicaron cuáles son los procedimientos metodológicos que utilizan para estimar los rindes. “Hacemos esta conferencia para remarcar todo el trabajo que llevamos adelante para decir lo que decimos. Me gustaría que quienes critican estos números y dan otras estimaciones digan cómo lo hacen”, expresó Solís. Este comentario fue en respuesta a los datos de algunas consultoras, como Investigaciones Económicas Sectoriales, que dieron cuenta de rendimientos más bajos. Por otro lado, Solís señaló que todavía persisten problemas en la comercialización de trigo ya que “hay una descapitalización del sector privado” producto de las compensaciones no pagadas todavía por el Estado. Este fue uno de los temas abordados también ayer durante la audiencia del ministro Julián Domínguez con la Federación Agraria.

En tiempos donde cualquier estadística oficial parece ser cuestionada por los sectores no oficialistas, desde la cartera que conduce Domínguez explicaron que sus estimaciones agrícolas se realizan mediante “imágenes satelitales y la utilización de GPS, donde también intervienen técnicos del INTA y el Servicio Meteorológico”. “La información que nosotros presentamos tiene un sustento científico”, remarcó Solís. Durante aproximadamente dos años, la cartera del sector había discontinuado sus estadísticas, las cuales fueron confeccionadas nuevamente tras la llegada de Domínguez.

En concreto, Basso y Solís ratificaron que habrá 100,6 millones de toneladas de granos (44,4 millones para los cereales, 53,8 millones para las oleaginosas y 2,3 millones para otros cultivos). Durante los últimos veinte años, la producción agrícola creció un 150 por ciento, al pasar de los 39,2 millones a los actuales 100,6 millones de toneladas.

En el caso del trigo, en la cosecha de 1990/1991 se habían producido 10,9 millones de toneladas, mientras que durante el período 2007/2008 la producción fue de 16,3 millones. Tras la fuerte sequía de 2009, la cosecha fue de casi 8 millones de toneladas, mientras que durante 2010/2011 habrá 14,7 millones de toneladas.

“Cuando desde la Mesa de Enlace decían de manera insistente que íbamos a tener que importar trigo y que iba a faltar pan, hoy demostramos que los niveles de producción están creciendo. Por otro lado, no estoy tan convencido de que si abrimos todo el mercado a la exportación tengamos un mercado perfecto”, argumentó Basso.

De todas maneras, los funcionarios reconocieron que todavía persisten problemas en la comercialización de trigo, tema que también fue parte de la reunión que más temprano tuvieron los dirigentes de la Federación Agraria junto al ministro Domínguez.

“El tema de la Oncca nos complicó. La molinería compra con cuentagotas lo que necesita, pero está esperando el pago de compensaciones atrasadas. Hay cierta descapitalización del sector privado. Y los exportadores agotaron su capacidad de compra”, afirmó Solís, y agregó que antes de la disolución de la Oncca estaban evaluando la apertura de un millón y medio de toneladas más de trigo, que por el momento habría quedado en suspenso hasta que el Ministerio de Economía defina cómo será la operatoria del nuevo ente de control.

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“Cualquier privado, ya sea un investigador o un simple individuo, puede producir informaciones falsas o erróneas. Eso es parte de la democracia. El que no puede hacerlo es el Estado”, sostuvo la diputada del PRO Laura Alonso. La audiencia pública sobre el Indec, organizada ayer por diputados de la oposición, puso de relieve algo poco discutido hasta el momento: el reconocimiento implícito de que las consultoras no tienen la capacidad técnica de medir la inflación, por lo que sus análisis podrían caer en un error o una falacia. Así lo reconocieron economistas, abogados y los consultores que participaron del encuentro organizado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer. Otro tema diferente de análisis es si la Secretaría de Comercio puede multarlas por difundir “información falaz o errónea”.

El primer reconocimiento implícito del rol que ocupan las consultoras lo dio el economista del Barclays Eduardo Levy Yetati. Según su análisis, las mediciones alternativas de los “privados” parten de datos de terceros o utilizan indicadores de diferentes organismos, como la AFIP o el Banco Central. “Las consultoras no dan la certeza que antes daba el Indec. Obviamente tienen un déficit de cobertura. Es más, los institutos de estadísticas provinciales son más seguros que las consultoras”, enfatizó Levy Yetati.

El economista del Barclays ejemplificó que si el año pasado los privados dieron una inflación del 25 por ciento, sólo un 10 por ciento de ese total habría tenido un anclaje en la economía real, mientras que el 15 por ciento restante sería un componente especulativo o de “inflación inercial”, como también lo definió.

“Estamos pasando un momento muy difícil. Me siento amedrentado y uno tiene que salir a defenderse. Cuando el secretario de Comercio (Guillermo Moreno) nos preguntó qué metodología utilizábamos, noso-tros le respondimos que no hacemos encuestas sino simplemente estimaciones de precios y proyecciones, como hacen todos los economistas del mundo. Este dato para Moreno fue irrelevante. Igual nos multó”, enfatizó Miguel Kiguel (EconViews).

Las consultoras evitaron cualquier discusión metodológica sobre su trabajo. El encuentro no tuvo un formato de pregunta y respuesta, así que nadie cuestionó a los invitados. “La metodología que usamos para medir el índice de precios no es hoy lo importante. Lo relevante es la metodología que usan para callarnos”, afirmó Graciela Bevacqua, ex titular del IPC, quien además denunció “un hostigamiento judicial” por parte de la Secretaría de Comercio.

Es decir, los diputados convocantes centraron la discusión en la “violación a la libertad de expresión” a partir de las sanciones a las consultoras. La diputada Alonso (PRO) afirmó que “existe una violación de los derechos humanos por parte del Estado”. Pero inmediatamente avaló la posibilidad de que “los privados” puedan “mentir o caer en un error” en nombre de la democracia.

Un criterio similar expresó Ricardo Gil Lavedra (UCR). “Acá hay un acto de censura estatal o se está empujando a la autocensura. A nivel internacional se tolera, incluso, la posibilidad de mentir en nombre del interés público, antes que caer en la autocensura”, señaló el radical.

El supuesto sustento legal para estas afirmaciones lo dio el abogado Roberto Gargarella, al señalar que la Secretaría de Comercio podría sancionar un discurso comercial (como una publicidad engañosa) pero no un discurso público. “Lo que hacen las consultoras forma parte del discurso público y político protegido por la Constitución”, afirmó Gargarella.

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La gestión y manejo de los recursos naturales en Argentina, como la tierra, están bajo la jurisdicción de las provincias, derecho consagrado en la Constitución de 1994. En este sentido, uno de los casos paradigmáticos que dan cuenta de cómo se comercializa este recurso vital ocurre en Río Negro. Según la información catastral oficial, los distritos de Bariloche y el Bolsón suman en total 510.000 hectáreas, de las cuales el 35 por ciento está en manos de extranjeros. En Bariloche, ese porcentaje llega al 50 por ciento (118.000 hectáreas). En muchos casos, las tierras fiscales que terminan en manos extranjeras primero son transferidas por las autoridades provinciales a intermediarios locales, que a los pocos meses ceden los terrenos a sus dueños finales. Esta operatoria es aplicada para sortear una ley que restringe que las tierras ubicadas en las zonas de seguridad sean vendidas a extranjeros. Además, existe una normativa provincial que establece que no pueden revenderse las tierras fiscales antes de cumplidos los cinco años de cancelado el bien. Página/12 analizó las operatorias relacionadas con Joe Lewis, dueño de 11.612 hectáreas, y el Grupo Burco Argentina SA, compañía de origen belga que tiene 7080 hectáreas.

Las llamadas “zonas de seguridad” son las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de conformidad ante el Ministerio del Interior (decreto ley 15.385/44), donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. Según denunciaron los legisladores provinciales Luis Bonardo y Luis Bardeggia (Bloque Foro Rionegrino) ante la fiscalía penal de Viedma, a cargo de Daniela Zágali, en “Río Negro se venden tierras a extranjeros a partir de un ardid que involucra a intermediarios”.

“Cuando se privatiza el recurso más valioso que es la tierra para realizar un emprendimiento inmobiliario, se les quita a cientos de familias la posibilidad de su sustento. No estamos en contra de la actividad privada, pero creemos que hay que poner reparos”, afirmó a Página/12 Bardeggia, legislador que ingresó junto al FpV y luego armó un bloque junto a Bonardo.

Un lago escondido

El inglés Joseph Lewis adquirió hace quince años la estancia Lago Escondido, una propiedad que había comprado originalmente la familia Montero durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y fundó la empresa Hidden Lake SA. Fueron aproximadamente 10.000 hectáreas que contienen dentro del predio el lago y distintos cauces de ríos a partir de los cuales Lewis construirá una empresa hidroeléctrica junto a Pampa Energía. El año pasado, la Legislatura provincial sancionó una ley donde aprobó el proyecto de Lewis, y se fijó la obligación de pagar un canon por el uso del agua, que todavía no fue definido.

Después de la adquisición original de las 10.000 hectáreas, el empresario inglés comenzó a comprar tierras aledañas hasta llegar a las 11.612 hectáreas. De ahí se desprenden las distintas denuncias ante la fiscalía de Viedma, que involucraron al menos 603 hectáreas vendidas a partir de distintos intermediarios.

¿Cómo fue la operatoria? El 2 de febrero de 2006, el gobierno provincial de Miguel Saiz adjudicó un predio rural de 329 hectáreas al presidente de la Empresa Forestal Rionegrina (Emfor), José Luis Martínez Pérez, por un precio de 251.113 pesos (763 pesos la hectárea). El 27 de diciembre del mismo año, a través de un boleto de compraventa, la propiedad fue transferida a Nicolás Bernardo Van Ditmar. En dicho contrato se especificó que Van Ditmar realizaba la operación “por gestión de negocios y con dinero de y para Hidden Lake”.

Como remarcó Bardeggia en diálogo con este diario, transcurrieron sólo diez meses desde la primera operación, cuando la ley estipula que deben transcurrir cinco años. La misma operación, con los mismos intermediarios, se había realizado en 1997, con un predio aledaño de 247 hectáreas.

Según indicó la gobernación de la provincia el año pasado, la ley que regula el plazo de “inenajenabilidad” de un terreno “cayó en desuso”. “Impedir que un titular venda a un tercero sería menoscabar el derecho de propiedad”, indicó la gobernación a través de un documento difundido por la Secretaría de Comunicación de la provincia.

Por otro lado, el estado provincial adjudicó el año pasado 19.000 hectáreas a la empresa Pampa Energía, terrenos que son aledaños al Lago Escondido. La empresa de Marcelo Midlin tiene el 98 por ciento de la Hidroeléctrica Lago Escondido, según figura en su página web, que es construida dentro del predio de Lewis. “Para que quede claro, el problema no es que se invierta en energía, sino que se regale la tierra o que no se discuta cómo gestionar los recursos naturales”, señaló el legislador, quien agregó que “el intermediario para la venta de las tierras de Pampa Energía fue Van Ditmar”.

Quién es quién

Van Ditmar es presidente del directorio de Hidden Lake, y titular de un predio de 8000 hectáreas (Bahía Dorada SA), en el cual Lewis construyó un aeródromo “para comodidad personal”, según explicaron a este diario fuentes de la compañía Hidden Lake. El aeródromo también está ubicado en una zona de seguridad, según la definición de la Ley 15.385/44. Por su parte, Martínez Pérez, además de ser presidente de Emfor –empresa privada con participación mayoritaria del Estado– recibió un “poder especial” por parte de Lewis para representar legalmente a Hidden Lake, con fecha de diciembre de 1998.

Más cerca en el tiempo, en 2008, la provincia le vendió a la empresa Forestal y Ganadera San Tadeo SRL –a través del intermediario Fernando Valenzuela, que integra el mismo estudio de abogados que Martínez Pérez–dos predios, uno por 4526 hectáreas (donde se pagó 36 pesos la hectárea) y otro por 5598 hectáreas (27 pesos la hectárea). Después de algunos meses de realizada la primera operación, las más de diez hectáreas fueron transferidas a Ana María Trianes, cónyuge de Martínez Pérez e integrante del mismo estudio de abogados. Toda esta información está documentada en el Registro de la Propiedad de la provincia, al que Página/12 tuvo acceso. Por su parte, desde el área de comunicación de Hidden Lake indicaron a este diario que las compras que se realizaron a Martínez Pérez “no fueron irregulares”, aunque reconocieron que “hubo algunas desprolijidades” en cómo se gestionaron las operaciones.

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La llamada Mesa de Enlace publicó ayer una solicitada en los diarios La Nación y Clarín para reivindicar su nacimiento luego del surgimiento de la famosa Resolución 125, publicada en el Boletín Oficial el 11 de marzo de 2008 y rechazada finalmente con el “voto no positivo” de Julio Cobos. El nucleamiento patronal, conformado por la Federación Agraria, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro, manifestó que hace tres años “el Gobierno les quitó la posibilidad de progreso a miles de argentinos, especialmente a los pequeños y medianos productores”, señaló además que la Argentina vive en la “fractura social y la pobreza estructural” y se erigió como la “expresión por excelencia de la república y la democracia”.

Sin embargo, tres años después la Mesa de Enlace dejó de tener impacto en la sociedad, quizá porque los datos macroeconómicos del sector no son tan perjudiciales como insisten. Según un trabajo publicado en la revista Realidad Económica por el investigador de Flacso Nicolás Arceo, el sector agropecuario alcanzó durante el período 2002-2010 una rentabilidad superior al 81,3 por ciento en comparación con los años de la convertibilidad.

“El campo es uno de los pocos agentes económicos que presentan una rentabilidad en términos internacionales. Por ejemplo, la industria manufacturera necesita un tipo de cambio competitivo, mientras que este sector puede ser rentable incluso con un tipo de cambio subdevaluado”, explicó Arceo a Página/12.

En 2010, los márgenes brutos por hectárea en la producción agrícola evaluados en dólares constantes fueron un 10,6 por ciento más altos que los registrados en el período 2002-2006. El momento de mayor margen bruto fue 2008, el año de la Resolución 125, con una ganancia de 395 dólares por hectárea, cuando diez años atrás era de 132 dólares. Y medidos en pesos constantes, esa rentabilidad fue de 1723 pesos por hectárea.

“El conflicto con el campo fue una puja política, más que económica. Con la caída del proyecto de las retenciones móviles, la Mesa de Enlace les hizo perder a los pequeños y medianos productores 8000 millones de pesos, que fueron transferidos a los sectores concentrados”, indicó a este diario el ex diputado Alberto Cantero, quien por aquellos años presidía la Comisión de Agricultura.

Los dirigentes agropecuarios suelen asegurar que “el campo” es el pilar de la economía argentina. “El campo es un sector protagónico y capaz de generar soluciones que permitan un desarrollo equilibrado para toda la sociedad”, indicó la Mesa de Enlace en su solicitada. Sin embargo, sus aportes a la economía son relativos.

“Es verdad que representan la mayor entrada de divisas a partir de las exportaciones, pero su contribución al PBI es limitado. Si bien el sector creció en el período 2002-2010 (a un promedio del 5,2 por ciento), lo hizo menos que el conjunto de la economía y la industria manufacturera (8,8 por ciento). El sector agropecuario no puede constituirse en un eje de acumulación de capital en la Argentina”, agregó Arceo.

La solicitada de la dirigencia patronal dejó los temas estrictamente agropecuarios para los últimos párrafos. “Nuestro país viene transitando por caminos que niegan un componente esencial de toda democracia, la realización de la justicia social y el fortalecimiento del ciudadano... En la Argentina de la fractura social, de la indigencia, de la pobreza estructural, hablar de democracia constituye una mera ilusión o tal vez una formalidad”, señalaron los campestres.

¿Cuál sería esa justicia social invocada? Sin duda, no la de los trabajadores del sector, los peones rurales. Al menos un millón de personas se ocupa a lo largo del año de forma permanente o transitoria en el agro, aunque sólo están registrados 320.542, es decir que la tasa de informalidad es cercana al 70 por ciento. Cuando el año pasado el Gobierno intentó avanzar en una nueva regulación del trabajo rural, para mejorar sus condiciones laborales, los dirigentes del sector rechazaron la medida. “Es una operación política”, “es un peligroso avance del Gobierno”, “es una revancha, y me van a tener en la vereda de enfrente”, habían sostenido el dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas, representantes de Carbap, y Pablo Orsolini, diputado nacional por la UCR y miembro de la Federación Agraria. Obviamente, estos temas estuvieron ausentes en la solicitada de la Mesa de Enlace.

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La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, firmó una nueva resolución que obliga a Cablevisión a retrotraer el último incremento de precios aplicado a su abono mensual, que había sido cercano al 11 por ciento. A partir de la aplicación de una fórmula que calcula los costos de producción, establecida el año pasado a través de otra resolución, Moreno fijó el abono mensual del servicio básico en 109 pesos. Por otro lado, obligará a la empresa del Grupo Clarín a restituirles a los usuarios cualquier aumento aplicado entre enero y marzo de este año, en tres cuotas sucesivas. La normativa será publicada hoy en el Boletín Oficial. “Esta decisión se basa en defender el bolsillo de la población”, manifestó ayer el ministro de Economía, Amado Boudou. La empresa ya anunció que recurrirá a la Justicia.

Por otro lado, el mismo día la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que rechazó un pedido del multimedio para contar con “inmunidad jurídica” ante una demanda de terceros. De esta manera, el máximo tribunal señaló que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia “tiene competencia para establecer si la fusión Cablevisión-Multicanal viola alguna de las normas custodiadas por la Comisión”. Este fallo no tiene efectos prácticos, ya que está basado en una causa iniciada antes de la fusión, pero fija límites sobre las medidas cautelares.

Además de este fallo, la Corte firmó otra sentencia donde rechazó un recurso presentado por el Grupo Clarín contra la Resolución 577/09 del ex Comfer, por la cual se denegaba la fusión. Según indicaron a Página/12 fuentes del Gobierno, ambas resoluciones ponen límites a las medidas cautelares y “les restituyen a los órganos del Estado todas sus atribuciones para expedirse sobre el problema de fondo”, es decir, la fusión.

Sin embargo, para el multimedio ambos fallos “son abstractos”. “La resolución del ex Comfer era arbitraria y también fue apelada en un trámite ordinario”, indicó a este diario una fuente del multimedio. La Resolución 577, firmada por Gabriel Mariotto, además de frenar la fusión cuestionaba la duplicidad de licencias en distintos puntos geográficos y le solicitaba a la compañía desprenderse de alguna de ellas. Según indicaron a este diario desde el Grupo Clarín, ya se habían desprendido de las licencias un año antes. La causa por la fusión Cablevisión-Multicanal está en los tribunales de segunda instancia.

Por otro lado, hoy se publicará en el Boletín Oficial la resolución de la Secretaría de Comercio Interior por la cual se obliga a Cablevisión a fijar un abono por el período enero-abril de este año de 109 pesos. De esta manera, Moreno buscará retrotraer el último aumento de la compañía. La resolución fija además que “en relación con otros servicios de señales y productos, los mismos tampoco podrán sufrir variaciones en sus precios”. Por otro lado, la normativa indica que Cablevisión “no podrá modificar la composición ni la cantidad de señales que actualmente contiene el abono básico mensual, salvo por casos fortuitos”.

“Con esta resolución no puede haber avivadas con letra chica, no se puede modificar otro servicio para que el consumidor pague más y no se puede bajar la cantidad o calidad del servicio”, expresó ayer Boudou.

El Gobierno había anticipado esta resolución durante una conferencia de prensa brindada por el ministro de Economía el pasado 2 de febrero, luego de conocerse el incremento del 11 por ciento aplicado por la cablera. “Cuando desde los sectores concentrados dicen que hay inflación, en realidad hay que señalar que los aumentos tienen nombre y apellido. Esto no es inflación, es aprovechamiento de empresas para jorobar a los consumidores”, había manifestado Boudou, durante la misma conferencia de prensa donde cuestionó aumentos aplicados por Shell y Techint.

No bien Cablevisión conoció el contenido de la nueva resolución, emitió un comunicado criticando la medida. “Resulta inaudito que en un estado de derecho un funcionario pretenda fijar de manera discrecional el precio de un servicio privado. La flagrante animosidad de esta conducta se ve agravada porque es la única empresa de televisión paga que sufre este tipo de represalias administrativas, pese a que todos sus competidores han tenido ajustes de precio similares”, indicó la empresa, que a su vez adelantó que apelará la resolución en sede administrativa y judicial.

La Secretaría de Comercio aplicó esta sanción en base a la Resolución 50/2010, la cual fijó las pautas que deben seguir los cableoperadores para poder establecer la cuota de sus abonos. Si bien la compañía del Grupo Clarín alega que esta resolución está frenada en la Justicia, existe un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que revocó la cautelar de la compañía y habilitó la aplicación de la resolución.

El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer un informe en el cual cuestionó el freno de las importaciones de productos alimentarios por parte de la Argentina, como así también la política de licencias no automáticas (ver aparte). El Parlamento también criticó “el incumplimiento de las normas sanitarias de Brasil en su producción de ganado bovino”. En este sentido, los eurodiputados solicitaron a la Comisión Europea (CE), uno de los órganos de mayor poder en el Viejo Continente, “que tome las iniciativas necesarias para que se suspendan estas medidas que atentan contra una negociación con el Mercosur”. El informe fue aprobado una semana antes de que ambos bloques regionales vuelvan a encontrarse en Bruselas. Si bien el informe del PE no es vinculante, podría demorar las transacciones.

Las negociaciones entre la UE y el Mercosur comenzaron hace varios años. Los países sudamericanos –Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– pretenden una mayor inserción de los productos agrícolas de la región, mientras que los europeos especulan con una apertura a las barreras industriales y el sector de los servicios. En este sentido, el Parlamento Europeo se pronunció en contra de abrir sus barreras agrícolas sin realizar previamente un informe de los impactos económicos, sociales y ambientales. Según el PE, las importaciones de los productos agrícolas del Mercosur representan 19 mil millones de euros, frente a los mil millones de exportaciones.

“El PE considera inaceptable que la CE reanude las negociaciones sin hacer una evaluación de los impactos socioambientales. Por otro lado, le solicitamos a la Comisión que no concluya las negociaciones con el Mercosur hasta que se finalice la Ronda de Doha”, señaló el informe aprobado ayer en Estrasburgo (Francia).

Los eurodiputados salieron en defensa de los productores agropecuarios europeos. En cuanto a la negociación con el Mercosur, el PE apuntó contra los dos socios más grandes del bloque sudamericano, es decir la Argentina y Brasil. “Manifestamos nuestra preocupación sobre la política para limitar las importaciones de productos alimentarios que compiten con su producción nacional, contrarias a la OMC. Además, esas medidas se añaden al sistema de licencias no automáticas, que ya repercutieron negativamente en las exportaciones de la UE”, enfatizó el documento.

Los eurodiputados cuestionaron los instrumentos de política económica de la Argentina, que están pensados para proteger la producción nacional de determinados productos y cuidar la balanza comercial. Son los mismos objetivos que persiguen los eurodiputados al señalar en el mismo informe que cualquier negociación multilateral debe “mantener un equilibrio entre la producción nacional (europea) y las importaciones”. Por otro lado, los europeos también están interesados en cuidar su balanza comercial con el Mercosur, que en el rubro agrícola presenta un déficit de 9 mil millones de euros anuales.

En relación con Brasil, el PE manifestó que se “pone de manifiesto el continuo incumplimiento por parte de la carne bovina brasileña de las normas que aplican los productores europeos”. A su vez cuestionó el “uso generalizado de plaguicidas prohibidos en la UE y en casi todo el mundo, que pone de relieve los graves riesgos para la salud”.

El informe resultó aprobado una semana antes de que los representantes de la UE y el Mercosur vuelvan a reunirse en Bruselas para continuar con las negociaciones. Este pronunciamiento, que no tiene carácter vinculante, podría ser utilizado por los sectores más rígidos de la Comisión Europea para frenar las tratativas.

“El nivel de integración comercial en la unión aduanera del Mercosur no es suficiente en la actualidad como para garantizar una circulación adecuada de productos importados dentro de la región. Un acuerdo no produciría valor añadido real en ausencia de unas disposiciones que garanticen la circulación efectiva de los productos agrícolas de la UE”, concluye el informe.

El PE sabe que las negociaciones europeas con el Mercosur estuvieron marcadas por el lobby de los sectores industriales y de servicios, sobre todo en el área de las telecomunicaciones, en detrimento de los sectores agrícolas. Si bien el documento privilegia algunas críticas hacia la Argentina y Brasil, también existe una discusión (de poder) hacia el interior del bloque europeo sobre cuáles deberían ser los sectores beneficiados.