Página#12 Libre

Marcela y Felipe Noble Herrera se niegan a los estudios que determinarían si son o no hijos de desaparecidos.
Imagen: Télam.

La Cámara Federal de San Martín rechazó ayer una apelación de los abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera, y por esa vía confirmó lo resuelto por la jueza Sandra Arroyo Salgado, que dispuso la extracción de pequeñas muestras de sangre, cabello y saliva para determinar la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Los fundamentos del fallo todavía no fueron dados a conocer, pero se referirían al artículo 218 del Código Penal que faculta al juez a ordenar la obtención de ADN cuando las circunstancias de la investigación lo hagan necesario.

En diciembre, Arroyo Salgado evaluó que las muestras que se extrajeron en su momento no son indubitables, por lo que el único camino razonable que quedaba era la citación a Felipe y Marcela, pedirles una extracción voluntaria y en caso de que no acepten, avanzar hacia una extracción compulsiva. Los abogados de ambos jóvenes apelaron la medida de la jueza y ahora la Cámara le dio la razón a la magistrada. De todos modos, los letrados insistirán con un recurso de Casación, lo que dilatará una vez más la determinación de la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín.

Arroyo Salgado se inclinó por el camino de la extracción compulsiva luego de un tortuoso proceso en el que fue imposible obtener muestras indubitables que permitieran obtener el ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera.

- El anterior magistrado consiguió, en diciembre de 2009, que ambos jóvenes entregaran muestras de sangre y saliva, aunque sólo para que se hiciera la comparación con las familias querellantes García-Gualdero y Miranda Lanuscou. Sin embargo, los peritos genetistas no se pusieron de acuerdo en cuanto a lo indubitable de las muestras y la forma en la que fueron preservadas.

- También se realizaron dos allanamientos en las viviendas de los hermanos Noble Herrera, pero de las muestras de prendas –incluso de la ropa interior– surgieron perfiles de hombre y mujer en una misma prenda. Esto también llevó a concluir que las muestras no eran seguras.

Sobre esa base, Arroyo Salgado rechazó los pedidos de la fiscal Rita Molina y de las querellas para que se haga la comparación con todas las familias que buscan a sus nietos, por cuanto consideró que ese estudio comparativo no sería concluyente. La jueza resolvió entonces la extracción compulsiva en diciembre, y citó a Felipe y a Marcela.

Los abogados de los jóvenes, Alejandro Carrió y Roxana Piña, apelaron la medida, que consideraron inconstitucional, pese a que el Congreso aprobó una ley que permitía a los jueces la extracción compulsiva. Se sabe que Felipe, Marcela y Ernestina Herrera de Noble se han negado sistemáticamente a realizar la comparación voluntaria de ADN y a establecer si son o no son hijos de desaparecidos. Argumentan que la causa tiene una intencionalidad política, pese a que la orden de establecer la identidad y hacer el estudio de ADN se concretó inicialmente el 17 de diciembre de 2002, antes de la asunción de Néstor Kirchner. Lo que ocurrió ayer fue que la Cámara Federal de San Martín le dio la razón a la jueza, por lo tanto estaría vigente la citación a los hermanos Noble Herrera para una extracción de mínimas muestras de sangre, saliva, cabello o piel. En diálogo con este diario, los letrados de Felipe y Marcela adelantaron que presentarán un recurso de Casación ante la decisión de la Cámara. Si los camaristas aceptan el recurso –lo que es muy probable–, el caso llegará a Casación y, casi seguro, a la Corte Suprema. Mientras tanto, Felipe y Marcela seguirán ganando tiempo en lo que es su decisión y la de su madre adoptiva: que no se haga el estudio de ADN.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que “están utilizando a los jóvenes para no llegar a la verdad”.

Marcela y Felipe Noble Herrera no concurrieron ayer al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Así, como anticipó Página/12 el miércoles, el expediente en el que se intenta determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín va camino a empantanarse. Desde hace nueve años, ambos jóvenes y su madre se niegan a que, de una manera definitiva, se establezca si son o no hijos de desaparecidos. Ayer volvieron a eludir la decisión de la Justicia con una apelación, con la que intentan dilatar el proceso y llegar a la Corte Suprema. A primera hora, los letrados de Felipe y Marcela presentaron un escrito en el que sostuvieron que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado interpreta equivocadamente la ley que ordena extraer mínimas cantidades de sangre, saliva, pelo o piel para realizar los estudios de ADN. Las Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que la jueza tiene facultades para llevar a Felipe y Marcela por la fuerza pública a realizar el análisis, pero esa chance no fue contemplada por la magistrada, quien resolverá sobre la apelación que, de todas maneras, tendrá que ser tratada por la Cámara Federal de San Martín. Todo indica que el caso irá a la Cámara de Casación y luego a la Corte.

Arroyo Salgado estuvo temprano en el Hospital Durand, sede del BNDG. Junto con la titular del Banco, María Belén Rodríguez Cardozo, hicieron una especie de guardia formal para el improbable caso de que Marcela y Felipe se presentaran a hacerse los estudios pedidos por la jueza. Como era cantado, nada de eso ocurrió y, también temprano, los abogados de los jóvenes –encabezados por Jorge Anzorreguy– presentaron una apelación en el juzgado de Arroyo Salgado. La magistrada evaluó que con la apelación su resolución no quedaba firme y, por lo tanto, se suspendió, de hecho, la extracción.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a la cancha al mediodía. “Nadie que tiene pruebas de un delito, puede ocultarlas. Los abogados están utilizando a los jóvenes, los utilizan y victimizan para no llegar a la verdad de este crimen horrendo de la dictadura. El Estado tiene la obligación de establecer la verdad.”

Para justificar su no presentación, los abogados de los hijos de la dueña de Clarín sostuvieron que la jueza interpreta mal el artículo 218 bis del Código Penal que, por una ley del año pasado, faculta a los magistrados a extraer en forma compulsiva mínimas cantidades de sangre, saliva, pelo o piel para hacer el estudio de ADN. Anzorreguy se basó en un caso anterior, Vázquez Ferrá-Gualtieri, en que la Corte rechazó la extracción compulsiva. Pero aquel fallo fue previo a la sanción por parte del Congreso de la ley que estableció el artículo 218 bis y, además, los ministros de la Corte entendieron que había medidas alternativas posibles, como realizar algún allanamiento e incautar ropa o cepillos de dientes como camino para conseguir el material necesario y hacer el estudio de ADN. En el caso Noble Herrera esas medidas alternativas se concretaron, pero siempre los resultados terminaron siendo dudosos. Por ejemplo, en la ropa interior de Marcela apareció un perfil genético masculino pero también uno femenino.

Lo cierto es que tanto el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, como el de las familias querellantes, Pablo Llonto, denunciaron que se sigue demorando la extracción de sangre o pelo que fue ordenada por primera vez en diciembre de 2002, hace ocho años. Las apelaciones y presentaciones, que se vienen haciendo desde mucho antes de la asunción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, consiguieron dilatar las cosas y amenazan con postergar los estudios de ADN hasta que la Corte se expida, lo que puede demorar cerca de un año. El primer paso lo tendrá que dar Arroyo Salgado la semana próxima. La jueza seguramente rechazará la apelación. Es muy probable que lo mismo suceda con la Sala II de la Cámara de San Martín e incluso en Casación. La última palabra la tendrá la Corte.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado tiene plazo hasta el lunes para emitir un fallo sobre los pasos a seguir para esclarecer si Felipe y Marcela Noble Herrera son o no hijos de de-saparecidos. La magistrada puede resolver la utilización de sangre que los hijos de la dueña de Clarín entregaron en diciembre; puede convocar a ambos jóvenes para una extracción compulsiva de sangre o pelo o puede ordenar nuevos allanamientos. Al mismo tiempo, es casi seguro que Arroyo Salgado va a poner en marcha una investigación penal respecto del comisario y el subcomisario que estuvieron a cargo del operativo en el que se incautó la ropa de Felipe y Marcela, ya que los uniformados permitieron que el chofer del auto en el que iban los jóvenes escapara a la interceptación, mientras que el vehículo que estaba en la puerta de la casa de los Noble Herrera no impidió su ingreso y les permitió un margen de veinte minutos en el que ambos jóvenes estuvieron a solas en su vivienda y pudieron haberse cambiado la ropa. Eso derivó en que no se pudo obtener el perfil genético de Felipe y Marcela a partir de la vestimenta, algo que sí se consiguió, por ejemplo, en el caso del nieto recuperado número 102.

La resolución de la jueza establecerá el rumbo del expediente después del fallido intento de establecer el ADN de Felipe y Marcela mediante el análisis de las prendas que se recogieron en el procedimiento de mayo pasado. Tanto la fiscal Rita Molina como Abuelas de Plaza de Mayo y las familias querellantes, encabezadas por Estela Gualdero, Carlos Miranda y David Lanuscou, planearon sus posturas para que la jueza se expida.

Arroyo Salgado tiene tres alternativas:

- Utilizar la sangre que Marcela y Felipe entregaron voluntariamente, pero sólo para que se compare con las dos familias querellantes y no con todas las que buscan a sus nietos. Según sostuvo el abogado de Abuelas, Alan Iud, si la ley faculta a un juez para que haga una extracción compulsiva, le permite también redireccionar un elemento de prueba como la sangre que ya se extrajeron los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble.

- La magistrada puede ordenar nuevos allanamientos y la incautación de más prendas, porque ya son varios los casos en que se probó que el Banco Nacional de Datos Genéticos puede determinar el ADN analizando las prendas.

- Arroyo Salgado puede incluso optar por citar a Marcela y Felipe a una extracción compulsiva de una pequeña cantidad de sangre o un mechón de pelo.

Una parte fundamental del fallo de la jueza de San Isidro estará referida a los procedimientos de mayo, las razones por las que no se pudo establecer el perfil genético y la actuación de los policías a cargo, el comisario De La Fuente y el subcomisario Carlos Antonio Garaventa. Este último ya fue apartado de los casos de derechos humanos por orden del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que Garaventa actuó en tres allanamientos que terminaron en forma fallida: el del caso Herrera Noble, el del nieto 102 y el de Pedro Alejandro Sandoval.

Arroyo Salgado se reunió con los jueces que intervinieron en los otros expedientes y analizó la forma en que se hicieron las maniobras para que fallara el estudio de ADN. Sandoval, por ejemplo, contó públicamente que supo de antemano que iban a allanar su casa y hasta viajó a Campo de Mayo para que su apropiador, detenido, le diera un cepillo de dientes, ropa y una toalla con el perfil genético falso, del mismo apropiador. En el caso del nieto 102, el juez Rodolfo Canicoba Corral también fue engañado en el primer allanamiento: le entregaron elementos de la apropiadora, entre ellos un cepillo de dientes.

En el caso Noble Herrera, la jueza ordenó que se interceptara el vehículo en el que se fueron del juzgado después de comparecer el 28 de mayo pasado. La idea era acompañarlos hasta su vivienda e incautar la ropa que llevaban puesta, que tras tantas horas de audiencias estaría traspirada y con células liberadas por el cuerpo de Marcela y Felipe. Sin embargo, la interceptación a cargo del comisario y el subcomisario fracasó. Y tampoco se impidió que los jóvenes entraran a su vivienda, pese a que había un vehículo policial en la puerta. De esa manera, Felipe y Marcela estuvieron 20 minutos a solas dentro del departamento, hasta que dejaron entrar a la comisión enviada por la jueza. Resultó extraño que Marcela y Felipe usaran prendas con talles poco adecuados a sus fisonomías y en el caso del varón pareció todavía más raro que no llevara ropa interior. En el BNDG se estableció que la ropa tenía perfiles genéticos de varias personas e incluso que en las de la mujer había ADN masculino. Eso impidió determinar el perfil de Felipe y Marcela.

El escándalo por las escuchas telefónicas al integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA, Sergio Burstein, y el empresario televisivo Carlos Avila va creciendo día a día. El juez Norberto Oyarbide ordenó ayer la detención de los dos policías misioneros –uno de ellos, de altísimo rango– involucrados en el armado de un expediente falso a través del cual intervinieron los teléfonos de Burstein y Avila. Se trata del jefe de Homicidios de Misiones, Raúl Rojas, y del oficial de inteligencia de la misma provincia Diego Guarda. En la mira no están sólo los policías, sino también los jueces, que ordenaron las escuchas telefónicas sin ninguna justificación. El magistrado a cargo del expediente se contradijo nítidamente en los últimos tres días.

Como adelantó en exclusiva Página/12, el juez Oyarbide y el fiscal Jorge Di Lello investigan las escuchas ilegales que tienen como protagonista al detenido James. Este fue quien impulsó la inclusión de Burstein en una causa por homicidio y piratería del asfalto en Misiones y también insistió en la sospechas sobre Avila, en el mismo expediente. Burstein hace veinte años que no va a Misiones y Avila sólo lo hizo por turismo. En base a esa acusación insólita, el juez Horacio Gallardo le ordenó a la SIDE intervenir el único celular que Burstein usa para hablar sobre las cuestiones relacionadas con al causa AMIA y también el celular de Avila. Gallardo cayó enfermo y quien lo subrogó, José Luis Rey, extendió las intervenciones. Lo asombroso es que, mediante un oficio, el magistrado misionero facultó a James a retirar las cintas de la SIDE.

Profundizando la pesquisa, Oyarbide determinó que el jefe de Homicidios, Rojas, y el oficial de inteligencia, Guarda, por pedido de Ciro James, les pidieron a los jueces la pinchadura. Eso justamente fue lo que llevó al magistrado porteño a ordenar su detención. La idea es que hoy dé explicaciones uno de ellos y mañana el restante. Preguntados por el juez misionero, Rojas y Guarda dijeron que la acusación contra Burstein y Avila provino de James, mientras que éste afirmó ante Oyarbide que él sólo actuó de onda con los misioneros y únicamente fue diligenciador de lo que le pedían desde el norte. Todo indica que James miente.

Lo llamativo es la actitud que empezó a tener el juez Rey en las últimas 72 horas. Oyarbide le preguntó cuál fue la razón por la que dio la orden de intervenir los teléfonos y, además, le pidió las cintas con las escuchas.

A principios de la semana, el juez misionero contestó que la intervención fue por pedido de los policías, que no sabía ni siquiera a quién pertenecían los teléfonos a intervenir, que no había escuchado las cintas y que éstas no eran relevantes para la causa. Es más, en el expediente de Misiones –según pudo constatar el abogado de Burstein, Hernán Del Gaizo– no existe ningún recibo ni constancia de que las cintas se hayan recibido o incorporado a la causa.

Ayer, el juez Rey produjo un cambio notorio. Le informó a Oyarbide que si quiere escuchar las cintas deberá trasladarse a Misiones. Las escuchas pasaron de ser irrelevantes a ser una prueba importante e, increíblemente, Rey afirmó que Burstein y Avila son sospechosos y que sabía que los teléfonos intervenidos les pertenecían a ellos. Todo indica que el magistrado percibió que la investigación de Oyarbide lo empieza a tener también en la mira, por cuanto ningún juez ordena una escucha sin ver a quién se le van a tomar los teléfonos y por qué.

Toda la trama del espionaje ilegal empezará a salir a la luz cuando hoy declare el primero de los policías misioneros cuya detención ordenó Oyarbide. Burstein y Avila ya se constituyeron en querellantes y siguen paso a paso lo que ocurre.

El juez Norberto Oyarbide pedirá mañana, a un juzgado de Misiones, la falsa causa en la que se involucró a un familiar de las víctimas de la AMIA en un homicidio y en el delito de robo de camiones. Con el argumento de que se investigaba ese expediente apócrifo a Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares, se le intervino el teléfono a principios de septiembre con el claro objetivo de escuchar sus conversaciones sobre la causa AMIA. La maniobra fue tan grosera, que cuando Oyarbide llamó a Misiones para averiguar por qué se había dispuesto la intervención telefónica, el diálogo terminó de la siguiente manera:

–Mire que Burstein es uno de los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA –le dijo Oyarbide al juez misionero José Luis Rey.

–Ah, entonces tal vez hubo un error. Ya mismo voy a disponer que se termine con la intervención telefónica –respondieron desde Misiones.

Ese diálogo demuestra que no había intención de investigar ningún homicidio o robo de camiones, porque en ese caso hubieran mantenido la intervención telefónica a rajatabla. Otro dato curioso es que toda la jugada fue revelada a Burstein por un llamado anónimo a su domicilio. La misteriosa voz sólo dijo: “Jorge ‘El Fino’ Palacios mandó a pincharte el teléfono y lo está haciendo desde un juzgado de Misiones”. Para completar la anomalía, este diario pudo comprobar que en la misma causa judicial trucha de Misiones también se dispuso intervenir el teléfono de Carlos Avila, el creador de Torneos y Competencias. Parece evidente que alguien quería espiar sus diálogos con funcionarios del Gobierno en momentos en que se estaba resolviendo el tema de las transmisiones de fútbol.

El expediente que abrió Oyarbide no deja de sorprender:

- Cuando Burstein estaba en Nueva York, en la delegación a la ONU que encabezó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sonó el teléfono de su casa. Atendió su hija y la voz masculina advirtió que Burstein tenía intervenido el teléfono y que Palacios era quien impulsó la acción.

- Lo asombroso es que Burstein tiene siete teléfonos a su nombre, pero sólo se ordenó la intervención de uno: el que utiliza para las cuestiones relacionadas con la causa AMIA. Si a una persona se la investiga por un homicidio, se averiguan todos los teléfonos que están a su nombre y se intervienen todos. En este caso, parece claro que sabían qué celular era el que usaba el integrante de Familiares para hablar las cuestiones relativas a la investigación del atentado.

- Cuando la voz anónima hizo la advertencia, Burstein, también en diálogo con integrantes del Ministerio de Justicia, presentó una denuncia y eso llevó a intervenir a Oyarbide.

- El magistrado recibió un informe de la SIDE en el que efectivamente señalan que el teléfono está intervenido, por orden del Juzgado número 1 de Posadas, Misiones. El juez que firmó la orden se llama Horacio Gallardo, pero dado que está enfermo, José Luis Rey firmó la prórroga de la intervención telefónica. Se dice que los dos magistrados tienen vínculos con el ex gobernador Ramón Puerta.

- Según le contó el magistrado misionero a Oyarbide, la causa en la que se pidió la intervención se inició con una denuncia de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. En esta dependencia revistó Palacios antes de su retiro en 2004. Además se supone que el Fino no sólo sigue teniendo influencia allí sino también en Misiones. Cuando estaba al frente de la Unidad Anterrorista, Palacios estableció un importante grupo operativo en la Triple Frontera, con base en Misiones.

- Las sorpresas no terminaron allí. Siguiendo el rastro del llamado telefónico anónimo, se pudo determinar que se hizo desde un locutorio. Según trascendió, se hizo ya un análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del locutorio a la hora exacta en la que se hizo la comunicación. Eso permitió identificar al sujeto que la hizo, con nombre y apellido. Hasta el momento no trascendió quién es ni a qué se dedica ni por qué le hizo la advertencia a Burstein. Este, que ya conoce los datos, afirmó que no conoce al individuo. Es más, el integrante de Familiares hace 20 años que no pisa Misiones.

Una de las hipótesis es que el espionaje a Burstein tenía como objetivo escuchar sus conversaciones con el fiscal Alberto Nisman y con algún otro funcionario judicial. Podría ser que apuntaban a recusar al fiscal e incluso al juez Ariel Lijo. Nisman adelantó que mañana se presentará ante el juez Oyarbide para interiorizarse del expediente.

Para redondear las movidas insólitas, Página/12 pudo determinar que en el mismo expediente también se pidió la intervención del celular de Carlos Avila, al que igualmente vincularon con el homicidio y la piratería del asfalto. Por los datos que la Justicia recogió en las últimas horas, ya en 2007 hubo un espionaje del celular de Avila, pero ahora lo incorporaron en el insólito expediente misionero. Cuando se abrió la crisis entre la AFA y el Grupo Clarín, Avila fue un hombre de consulta de la Casa Rosada. Hubo algún momento en que se rumoreó que el creador de Torneos podría tomar el comando de toda la movida para que el fútbol se pudiera ver sin restricciones. La hipótesis más probable es que alguien quiso espiar lo que Avila hablaba con los funcionarios del más alto nivel de la Casa Rosada. La decisión de Oyarbide de pedir el expediente de Misiones podría echar luz en algunos de los interrogantes de este caso de espionaje. Por ejemplo, se sabrá qué persona de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal envió a Misiones la acusación por homicidio y piratería del asfalto contra Burstein y Avila, y cuáles son los fundamentos. Tal vez ése sea el primer paso para constatar o descartar lo que dijo la voz anónima: que Palacios estaba detrás de los pedidos de intervención telefónica. Una cosa es segura: el espionaje existió. Esto fue admitido, ante Oyarbide, tanto por la SIDE como por el juzgado de Misiones.

El tratamiento por la hepatitis B había sido muy costoso. Más de 50.000 pesos. El paciente, de Jujuy, se sentó ante el juez con cierta desconfianza.

–¿Está mejor? –le preguntó el juez Ariel Lijo.

–Mejor ¿de qué? –contestó el jujeño.

–Mire –insistió el magistrado–, aquí, como afiliado de la Obra Social de Empleados del Ministerio de Economía, usted figura con un largo y costoso tratamiento de hepatitis B.

–¿Yo? No, debe haber un error. Nunca tuve ni un resfrío.

De esta sencilla manera, el juez Lijo detectó una serie de casos en los que la historia clínica era trucha, el paciente nunca estuvo enfermo, jamás le dieron medicamentos contra la hepatitis B y entre los dirigentes de la Obra Social y la droguería, en este caso Multipharma, se repartieron centenares de miles de pesos cobrados a la Administración de Programas Especiales (APE) que se ocupa de reintegrarles a las obras sociales los fondos que supuestamente gastan en enfermedades gravísimas. En otros juzgados vecinos al de Lijo, en los de Julián Ercolini y Claudio Bonadío, por ejemplo, ya se demostró que los troqueles que sirven de prueba de la entrega de medicamentos son falsos. Y el caso de mayor envergadura lo tiene Norberto Oyarbide: en una muestra pedida por la ex ministra Graciela Ocaña y monitoreada por la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) se demostró que son falsas el diez por ciento de las historias clínicas presentadas por obras sociales relacionadas con la droguería San Javier. La maniobra comprobada rondaría los 30 millones de pesos, pero calculando la totalidad de las operaciones de San Javier y de las demás droguerías sospechadas, se podría hablar de unos 300 millones defraudados al Estado.

El juez Ercolini investiga los reintegros hechos a la Mutual del Personal de Agua y Energía de Mendoza. Siempre por medicamentos muy caros y destinados a curar enfermedades gravísimas. Graciela Ocaña le dio en su momento al magistrado una pequeña muestra de seis casos, pero le adelantó al juez que hay otros cien supuestos pacientes posiblemente inexistentes y que nunca recibieron ninguna medicación.

Hace 48 horas, el juez Ercolini recibió el informe de una pericia de la División Escopometría de la Policía Federal referido a los medicamentos entregados en Mendoza –las droguerías investigadas son Romalá, AMG, Seacamp y Baires Med– y el peritaje demuestra que la inmensa mayoría de los troqueles, los cuadraditos de cartón que contienen el código de barras, son falsos. Es decir que los medicamentos nunca se entregaron, la APE pagó, y la plata se la repartieron entre funcionarios de la Mutual y las droguerías. Ahora Ercolini citará a los supuestos enfermos y es más que seguro que se encontrará que ninguno tuvo ni siquiera un resfrío.

Aunque pocos lo tienen presente, una buena parte de las denuncias fueron hechas por la Anmat, como por ejemplo la que dio inicio a la causa que hoy tiene en el centro de la atención a Oyarbide. En la Administración Nacional de Medicamentos, cuentan que después de realizar decenas y decenas de denuncias, resolvieron hacer una especie de flujograma de las maniobras realizadas con los medicamentos de alto costo. Supuestamente, de un laboratorio sale el producto X con su troquel en el que figura el código de barras que lo distingue. Pero lo asombroso –y grave– es que la Anmat encontró el mismo medicamento con el mismo código de barras en el mismo momento en cuatro lugares distintos de la Argentina. Fabricaron uno, comercializaron uno, y los otros tres eran troqueles falsos utilizados para cobrarle al Estado por tratamientos que no se hicieron.

Una de las mecánicas que descubrieron en el juzgado de Lijo es la de utilizar para las maniobras a afiliados de lugares más bien inhóspitos. Al magistrado le llamaron la atención los tratamientos carísimos en provincias norteñas y ni siquiera en las ciudades capitales de esos distritos, sino en pequeñas localidades. Como es obvio, el paciente no se entera de que existe su historia clínica y que en base a su nombre se generó una receta falsa, una factura falsa de la droguería y un troquel igualmente falso.

En el juzgado de Norberto Oyarbide empezaron ahora a realizar un entrecruzamiento entre las historias clínicas que la obra social de los empleados bancarios entregó a la APE y que sirvieron de base para cobrarle al Estado tratamientos oncológicos, de HIV o de otras enfermedades graves. Ahí podría encontrar la clave del desfalco, como ya lo encontraron Ercolini y Lijo.

Cuando Graciela Ocaña denunció a San Javier, la Anmat organizó un muestreo de todas las historias clínicas, facturas y troqueles que provenían de esa droguería, la del sospechado Néstor Lorenzo. Los casos investigados fueron numerosos y se determinó que el diez por ciento de las historias clínicas y facturas eran falsas. Sólo en el caso de San Javier se habla de 30 millones de pesos anuales.

Funcionarios de la Anmat que dialogaron con este diario razonaron las conclusiones de esta manera: “Tomamos una sola droguería y no toda su facturación, sino una muestra. El listado de droguerías sospechadas llega casi a diez y si tomamos el total de la facturación, no es descabellado pensar en una maniobra que puede redondear los 300 millones de pesos”. Ocaña ya había mencionado unos 200 millones de pesos que ni siquiera tienen, por parte de las obras sociales, la documentación correspondiente. Pero por encima de esa cifra, está todo lo que sí tiene documentación, pero trucha. De manera que la cifra de 300 millones –según consideran en la ANMAT– no parece para nada descabellada.

En forma paralela, Oyarbide, al haber hecho su causa tan mediática, recibió ahora numerosos testimonios de damnificados por supuesta medicación trucha. El problema es que eso será difícil de probar, porque no hay forma de saber si el medicamento que se le dio al paciente era auténtico o adulterado. En el juzgado se presentaron damnificados con el medicamento y el troquel en su lugar, lo cual es más que extraño porque en todo caso se habría usado un troquel falso para cobrarle al Estado.

En la Anmat afirman que, el año pasado, de un total de 13.300 medicamentos, se detectaron adulteraciones sólo entre diez y doce casos, es decir de medicamentos a los que se les puso agua o que se les borró, con ácido, la fecha de vencimiento. Esto reitera lo adelantado por Página/12 en el sentido de que la adulteración sólo constituye el uno por ciento, o menos, del fraude contra la APE y el Estado.

Respecto de los robos, en la Anmat afirman que la estadística policial determina que se roba un camión de medicamentos por día, muchísimo menos que en Brasil, donde se sustraen siete por jornada. Hay grandes sospechas de que Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez, era un blanqueador de medicamentos robados. Por ahora, en la causa de La Bancaria no aparecen evidencias de esa maniobra.

Hace ya siete días, este diario anticipó, en exclusiva, la decisión de Oyarbide de detener a Juan José Zanola, cabeza de la obra social de los bancarios. El delito que usaría el magistrado para la imputación es el de asociación ilícita, argumentando que detrás de todo el fraude está una organización, dirigida por Zanola, en la que combinan distintos delitos, entre ellos el fraude contra el Estado y el lavado de dinero, a través de cheques canjeados en cooperativas. El juez también está intentando comprobar el uso de medicamentos adulterados y, eventualmente, alguna muerte producida por esa razón. En ese caso también hablaría de homicidio. Todos estos encuadres son polémicos, pero lo cierto es que Oyarbide está decidido a avanzar en ese sentido.

Tal vez sobre el fin de la semana que se inicia, la Sala II de la Cámara Federal resuelva la recusación planteada por Zanola contra Oyarbide. Todo indica que al juez no le quitarán la causa, aunque es vox pópuli que no caen bien las actitudes mediáticas del magistrado. Una vez confirmado a cargo del expediente, Oyarbide llamará a indagatoria a Zanola y, según dicen en Comodoro Py, ése será el momento de las definiciones.

Fuentes del juzgado de Norberto Oyarbide adelantaron a este diario que el magistrado, dentro de los próximos diez días, se dispone a detener al líder del gremio bancario, Juan José Zanola, imputándole el delito de asociación ilícita. En concreto, Oyarbide acusaría a Zanola de dirigir una organización, integrada por titulares de droguerías truchas y hombres de la Obra Social de los bancarios (OSBA), dedicada a numerosos delitos: una parte, delitos contra la salud, a través del suministro de medicamentos vencidos o adulterados, y otra parte delitos de estafa contra el Estado, cobrándole al Ministerio de Salud, a través de la Administración de Programas Especiales (APE) una enorme cantidad de medicamentos inexistentes, pero que se hicieron figurar como comprados y suministrados a los afiliados. En el juzgado dicen que el juez todavía quiere ir más lejos: piensa en habilitar una oficina especial para que se presenten familiares de pacientes oncológicos y de otros males gravísimos e intentará determinar –algo más que difícil– si perdieron la vida o se agravó su situación por el uso de medicamentos falsos. Oyarbide afirma que, por ahora, la única obra social acusada es La Bancaria.

Hasta anoche, Oyarbide no había librado siquiera una citación para Zanola, mientras que tanto el gremialista como su esposa pidieron una exención de prisión, que les fue concedida. La estrategia del magistrado es analizar los informes de lo encontrado en el allanamiento realizado el viernes en el Policlínico Bancario, la documentación que se secuestró en cinco cooperativas donde las droguerías sospechadas cambiaban cheques y los testimonios de los familiares de los enfermos. Con esos datos, dentro de los próximos diez días, citaría a Zanola a declaración indagatoria y, tras cartón, ordenaría la detención.

Tal como anticipó ayer en exclusiva Página/12, Oyarbide va a enviar una carta a la Presidenta interiorizándola de las irregularidades y sugiriéndole la intervención de la OSBA. Este diario conversó con otros jueces federales que se sorprendieron con esa iniciativa: “Los jueces estamos para decir si algo es legal o ilegal, para determinar las penas, pero no para indicarle al Poder Ejecutivo o a cualquiera lo que tiene que hacer o no hacer”, explicó uno de los magistrados con mayor antigüedad en Comodoro Py.

La maniobra principal

“Mire, la mecánica de la maniobra es bastante sencilla y tenebrosa –le explicó a Página/12 un funcionario de altísimo nivel del Ministerio de Salud–. Supongamos que un doctor Pérez le receta a su paciente Fernández 40 dosis de un medicamento oncológico o de tratamiento del HIV que cuesta, por ejemplo, 1500 pesos por dosis. En realidad, ni el doctor Pérez ni el paciente Fernández saben que la receta existe y es muy probable que Fernández ni siquiera esté enfermo. Sobre la base de esa receta, la Obra Social pide las 40 dosis a un laboratorio de los que están sospechados, como San Javier. Este no proporciona medicamento alguno. Lo único que entrega son troqueles, el cuadradito de cartón con el código de barras que supuestamente atestigua la entrega de la medicación. De inmediato, la Obra Social le cobra las dosis a la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud. Los medicamentos nunca se fabricaron. El paso final es el reparto de la plata entre la droguería trucha y los directivos de la Obra Social, que se quedan con la mayor parte.” Como el centro de la maniobra está en la Obra Social –y, al menos por ahora, las pruebas tienen que ver con La Bancaria–, su dirigente Zanola es el que está principalmente en la mira.

Como se sabe, el viernes fue allanado el Policlínico Bancario y fuentes del juzgado dijeron que allí se encontraron medicamentos vencidos, sin fechas de vencimiento y adulterados. Más allá de la movida espectacular, lo cierto es que la Anmat, Administración Nacional de Medicamentos, recién tendrá el lunes un informe preciso del valor incriminante de lo encontrado. Quienes conocen el expediente y la mecánica de la maniobra afirman que los medicamentos en situación irregular no son muchos.

Adulteración y robo

“Es cierto que existen los medicamentos adulterados, pero la proporción es mínima. Fíjese que es un trabajo hormiga –explicó el funcionario del Ministerio de Salud–. Por ejemplo, se usa una ampolla y en lugar de arrojar el envase a la basura se lo vuelve a recargar, a veces con una jeringa. Este es un delito gravísimo, porque afecta a la salud directamente. Lo que contenga la ampolla adulterada no va a servir para curar a ningún paciente y hasta le puede producir un daño irreparable. Pero en los casos que hemos visto, se trata de dos, tres o cuatro dosis. No se hace en forma masiva.”

“Otra maniobra es robar medicamentos de programas del Estado o reciclar dosis vencidas. En ese caso, se borra la fecha de vencimiento con ácido acético y de la misma manera se borra la inscripción en la que dice que el medicamento es de programas gratuitos del Estado. Tampoco esto es masivo. Imagínese que requiere del armado de una especie de taller en el que tiene que haber personas dedicadas a borrar inscripciones. De todas maneras, aunque los casos son pocos, son muy graves, porque producen un real daño a la salud. A Oyarbide o a cualquier otro juez le resultará dificilísimo probar que la enfermedad de una persona se agravó o produjo la muerte por esta maniobra, esencialmente porque el hecho ya se produjo hace un tiempo y no están a mano las sustancias suministradas al paciente.”

“Por último está la piratería del asfalto, o sea el robo de camiones con medicamentos. El eje son los medicamentos más masivos que se venden luego fácilmente en supermercados y algunas farmacias que son como reducidoras de lo robado. A Sebastián Forza, por ejemplo, siempre se lo acusó de estar metido en ese delito: blanqueaba medicamentos robados. Las droguerías truchas juegan un papel central, porque blanquean lo robado mediante una factura a la obra social o a cualquier otro canal de distribución. Tampoco esto parece estar ahora en el centro de la acusación contra La Bancaria.”

En síntesis, el experto insiste en que la irregularidad de mayor envergadura está en la estafa al Estado cobrándole medicamentos no fabricados y que, supuestamente, se les entregaron a pacientes que no existen o que ni siquiera saben que los utilizan como excusa para un negocio espurio. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que encabezó buena parte de las denuncias, redondea las cosas: “El negocio tiene dos modalidades. Una es poner en el mercado medicamentos falsificados o robados. La otra es la de generar historias clínicas (truchas) y hacer el reclamo ante la APE. Durante muchos años incluso la APE adelantaba subsidios que luego nadie rendía. Para rendir, hay que entregar los troqueles. Hay unos 200 millones de pesos sin rendir, desde mediados de los noventa hasta 2005. En 2006 se empezaron a hacer cambios en esto”.

Los sospechados

Por ahora, la lista de sospechados no está completa. Se habla de varias obras sociales. En principio, La Bancaria. Pero Oyarbide ya confirmó que hay otras. Se habla de la del personal del Ministerio de Economía, de la de Obras Sanitarias, que conduce José Luis Lingieri, se menciona igualmente a la de Correos y Utedyc, trabajadores de entidades deportivas. En el juzgado se habla también de Camioneros, pero hasta el momento no se dio ningún paso hacia la obra social del gremio de Hugo Moyano. La cuestión, de todas maneras, estará en la solidez de las pruebas.

El ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, pedía ayer un listado de las droguerías sospechadas y que se hiciera algún tipo de presentación legal que permita tomar la decisión de no comprarle a tal o cual empresa. En la investigación, están sospechadas San Javier, Congreso, Multifarma, Romalá, AMG, Prefarm, Bisol, Baires Med, Unifarma. Ni San Javier ni las demás droguerías que están en la mira han sido clausuradas.

Los dirigentes de las obras sociales mencionadas parecen ser el centro del negocio ilícito. Alberto Costa, el funcionario desplazado en la provincia de Buenos Aires, apenas tenía un Ford Escort 89 y en las escuchas telefónicas no aparece ningún elemento incriminante, salvo su relación con Néstor Lorenzo, el titular de la sospechada San Javier. En uno de los diálogos, Costa le dice a Lorenzo: “¿Tenés Tamiflu (el medicamento para la gripe A)? Porque el ministro (por Claudio Zin) quiere comprar”. Como es sabido, sólo el Estado nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, compró Tamiflu y las drogas para la gripe A.

En el allanamiento al departamento del propio Lorenzo, lo que se percibió es un escaso nivel económico. Es una propiedad de tres ambientes en Caballito y, en total, se encontraron 5000 pesos y 2000 dólares. Esto significa que ni Lorenzo ni Forza –que estaba totalmente quebrado– hicieron los grandes negocios. Quienes conocen la causa en forma minuciosa afirman que todo el poderío económico y el inmenso rédito está en manos de la estructura gremial.

Los aportes de campaña

Los jueces María Servini de Cubría y Ariel Lijo investigan el otro costado del caso: varios dueños de droguerías sospechadas hicieron aportes a la campaña electoral del Frente para la Victoria. Se analiza también si ése no fue un método de blanqueo de dinero proveniente de un delito. En el centro de la escena quedó Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña del FpV y en ese momento superintendente de Servicios de Salud, justamente el organismo que supervisa a las obras sociales. Un fiscal en lo penal económico explicó a este diario que para probarle a Capaccioli el delito de blanqueo, el juez deberá fundamentar que el funcionario conocía el origen ilícito del dinero. Eso será parte fundamental de la pesquisa.

El juez Lijo trata de determinar si las droguerías cuestionadas, a raíz del aporte al FpV, recibieron algún tipo de favor o negocio del Estado o el Ejecutivo. La realidad es que la mayoría de esas empresas fueron sacadas del registro de proveedores, sobre todo después que Ocaña desplazó a Capaccioli de su cargo. Aun así, Lijo deberá ver si hubo o no beneficios para San Javier y las demás.

Por último, está la pesquisa puramente electoral sobre el financiamiento de los partidos y en particular del FpV. Quienes conocen el proceso de adentro aseguran que esos aportes para la campaña fueron hechos, en realidad, por los dirigentes gremiales, que usaron a empresarios con los que tenían relaciones oscuras, para que emitan los cheques. Gabriel Brito, titular de Global Pharmacy, dice que él figuró haciendo un aporte, pero que en realidad el dinero lo puso Lorenzo. La sospecha es que tampoco fue Lorenzo el que aportó la plata, sino algún dirigente gremial o de obra social, que usó ese recurso para llevarle financiamiento al FpV.