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  OPINION


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A raíz de los aumentos de precios de la carne de fines del año pasado y de los primeros 45 días del actual, Consumidores Libres, entidad que fundé hace 18 años, convocó a un boicot durante las dos últimas semanas de febrero. El acompañamiento de los consumidores superó los cálculos más optimistas. Basta señalar que la Argentina tiene el consumo de carne vacuna más alto del mundo: 70 kilos por habitante por año, contra 45 kilos de Estados Unidos y 30 de Alemania, que son los que le siguen.

No obstante esa importancia en la dieta cotidiana nos animamos a convocar al boicot, logrando tres resultados importantes: se frenaron los aumentos que se venían produciendo todos los días durante dos meses y medio; se produjo una reducción de precios de entre 10 y 25 por ciento según las zonas, y la venta de carne disminuyó hasta 40 por ciento.

Por supuesto que el boicot no estuvo dirigido contra el carnicero de barrio, que no es culpable de los aumentos porque no es formador de precios. El boicot apuntó a los eslabones anteriores de la cadena de precios. Ante la liviandad del ministro de Economía que caracterizó a los aumentos “como un reacomodamiento de los precios relativos”, a los consumidores no nos quedó otra alternativa que la convocatoria al boicot.

Los consumidores argentinos ante el comienzo de un nuevo y peligroso proceso inflacionario tendremos que utilizar muy a menudo esta metodología para acceder al consumo de bienes y servicios al precio justo, asegurando la soberanía alimentaria. Para ello, hay que superar nuestro individualismo, actuando de manera solidaria, pacífica, coordinada, que nos permita ir desarrollando una nueva conciencia y cultura ciudadana más participativa y comprometida con los destinos del país.

De la misma manera que los productores agropecuarios en defensa de sus intereses realizan tractorazos, movilizaciones, asambleas y cortes de rutas, así como los trabajadores llevan a cabo paros y los trabajadores desocupados cortan puentes y acampan en la vía pública, los consumidores tenemos que acentuar la política del boicot, para que el derecho a una alimentación saludable, digna, no sea ejercido sólo por pocos.

Sin duda, ha llegado la hora de discutir en el Congreso y en el seno de la sociedad la recreación de organismos públicos, que como en su momento fueron, entre otros, la Junta Nacional de Carnes y de Granos, que defienda al productor y también a los consumidores. Asimismo, urge elaborar un plan ganadero de largo alcance, con propuestas concretas que aumenten la producción y establezcan una mayor equidad en toda la cadena de valor. Porque los argentinos tenemos una cultura muy arraigada en relación al consumo de carne vacuna, que no la vamos a sustituir tan fácilmente con otros productos como el cerdo, a pesar de las propiedades afrodisíacas exaltadas por la señora Presidenta de la República.

* Fundador e integrante de Consumidores Libres, ex diputado.


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-141703-2010-03-10.html

  OPINION


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El día 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un plan de empleo a través de cooperativas con el objetivo de generar 100 mil puestos de trabajo, en una acción conjunta del gobierno nacional con los intendentes del conurbano bonaerense. La iniciativa prevé una inversión inicial de 1500 millones de pesos, creando “cooperativas de 50, 60 o 70 personas, que harán trabajos comunales... cada trabajador va a ser monotributista... y va a cobrar con tarjeta bancaria para evitar rehenes de cualquier naturaleza”. Por supuesto, resulta loable toda iniciativa que procure reducir los altísimos índices de desocupación, máxime cuando se trata de generar nada menos que 100 mil nuevos empleos. Pero las características del plan no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina y la práctica de las cooperativas de trabajo auténticas y genuinas. Estas son entidades autogestionadas, en cuyo seno se superan las contradicciones entre capital y trabajo que normalmente existen en la empresa capitalista. Los trabajadores, además de la suscripción e integración de las cuotas de capital social, deben aportar su trabajo personal, asumiendo el riesgo empresario, en una gestión auténticamente democrática.

Las cooperativas de trabajo procuran lograr una forma superior de la organización del trabajo, surgiendo desde el seno del pueblo, siendo la antítesis de propuestas asistencialistas, prebendarias y clientelistas. Los gobiernos deben apoyarlas para combatir con éxito la desocupación y la pobreza. Ese apoyo puede ser crediticio, de educación y capacitación cooperativa, de adjudicación en igualdad de condiciones con la empresa lucrativa, de trabajos de obras o provisión de servicios, etc.

El anuncio realizado por la Presidenta está concebido en la idea de generar puestos de trabajo subordinado, en relación de dependencia, contratado y remunerado por los intendentes del conurbano bonaerense, con fondos aportados por el gobierno nacional. Esa modalidad difiere sustancialmente del trabajo asociado, autogestionado, que caracteriza al cooperativismo de trabajo.

En momentos de gran confusión como el actual, es conveniente aclarar los conceptos, para comprender el significado de los anuncios efectuados por la máxima autoridad política del país. Está bien anunciar la lucha contra la pobreza, la desocupación, la miseria; pero está muy mal prostituir conceptos, sobre todo el que caracteriza a un movimiento social como el cooperativismo, que tiene que luchar en desigualdad de condiciones por valores como la solidaridad, el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la participación, con los disvalores de la sociedad capitalista que nos rige.

* Ex diputado nacional.


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-130543-2009-08-25.html