Página#12 Libre

Ahora sabemos: dos precandidatos presidenciales han “visitado” la Embajada de Estados Unidos y, en la práctica, han solicitado que se presione al gobierno nacional para que ajuste sus decisiones a los intereses del imperio. Como en otras circunstancias históricas, no hay límites en los intentos por frustrar un proyecto popular; se impone entonces hacer por lo menos algunas consideraciones.

Al comprobar que el principal argumento “político” de estos precandidatos en campaña es la letanía “hay que mejorar la calidad institucional”, se afirma nuestra convicción en cuanto a que para explicar el funcionamiento de las sociedades no hay que partir de lo que los hombres dicen, imaginan o piensan, sino de la forma en que producen los bienes materiales necesarios para vivir; por eso es importante explicitar la pertenencia de los peticionantes: Macri, miembro de la oligarquía diversificada y transnacionalizada; Sanz, aspirante a gerente de esa oligarquía, deshonrando -–de paso– lo mejor de la historia del radicalismo.

Desde los tiempos de Yrigoyen los sectores dominantes y sus voceros han cuestionado los movimientos populares en nombre de las sagradas instituciones. Lo que nunca ha dicho ni dice ahora la derecha es que cada vez que consiguió la conducción directa del Estado no sólo deterioró el funcionamiento institucional, sino que lo hizo a expensas del retroceso en las conquistas logradas por los sectores más vulnerables. Nada sugiere que en esta ocasión las cosas sean distintas, todo lo contrario, se trata de una fórmula que ha dado muy buenos dividendos a las oligarquías aborígenes.

Es decir que, aunque estas oposiciones tiendan la trampa de no hablar de política, presentando como problemas técnicos los que son esencialmente políticos: la regulación de salarios y precios, las relaciones de intercambio internacional, el rol de las Fuerzas Armadas y de seguridad, etc., y como cuestiones políticas las que no son tales: si este candidato es un buen padre de familia y aquél es un empresario “exitoso”, si tienen buen o mal carácter o la falsa preocupación por las instituciones, lo que en realidad está en disputa es la superación o no de los límites de la democracia argentina en todas sus dimensiones.

Tanto es así que uno de los condicionantes al que se han enfrentado las democracias en los países de nuestra América latina ha sido la histórica dependencia de sus oligarquías, que en proporción nada despreciable han funcionado como aliadas débiles de las burguesías imperiales. Pues bien, el proceso iniciado en 2003 ha atenuado también esta limitación al renegociar la deuda externa en términos beneficiosos para el país, independizar las decisiones de política económica del Fondo Monetario Internacional, impulsar la investigación en ciencia y tecnología y contribuir al fortalecimiento de la industria nacional.

Esto podría sonar extraño en la medida en que el tema de la dependencia hace tiempo que pasó de moda, que no es más objeto de preocupación de “cientistas” (cuentistas) sociales ni de opinadores con prensa. Pero lamentablemente, la obsolescencia del tema no responde a una extinción del problema, sino a la costumbre de convivir con él y a los altos niveles de manipulación ideológica que se han sufrido en la región; contexto que convierte al debate ideológico en un desafío fundamental.

Ya en este orden de cosas, no nos cansaremos de destacar que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es otra importantísima contribución a la expansión democrática, con ella se neutraliza en buena medida la capacidad de distorsionar la realidad por parte de los propietarios de los grandes medios. Al respecto y en relación con lo que venimos sosteniendo, es conveniente señalar que las falacias “culturales” que expresan sus comentaristas orgánicos no están en el hecho de encontrar en el país o en algunas provincias ciertas orientaciones de conducta singulares, manifestaciones que –se puede admitir– corresponderían a distintos estadios de desarrollo; sino en sustituir el análisis de las estructuras básicas de las respectivas sociedades por el de sus efectos más superficiales y presentar éstos como las determinaciones últimas del devenir social. En el mejor de los casos es ignorancia; de lo contrario, una maniobra con la que se responsabiliza a las víctimas, esta vez por falta de “cultura política”.

Como afirmábamos más arriba, el dilema del próximo octubre se podría formular en estos términos: o seguimos desplazando los límites que intenta mantener el bloque dominante o fracasará cualquier proyecto de desarrollo democrático y autónomo.

* Presidente del ENRE.

En la medida en que se acerca octubre, reaparecen voceros de viejas confusiones, algunas reveladoras de lo que se pone en juego en las próximas elecciones. Candidatos, opinadores y comentaristas de la prensa opositora, que suelen presentarse como promotores de la “modernidad” o exponentes del progresismo vernáculo, proponen desde sus pertenencias partidarias o exaltan desde su “objetividad” periodística una “socialdemocracia” que nos rescataría del “populismo” que gobierna. Lo que obliga a prestarles atención es que no sólo insisten después de fracasos propios sino que repiten la antigua e inconducente manía de traer recetas de otras latitudes y aplicarlas acríticamente como respuesta a lo que supuestamente necesitamos; en este caso hay que agregar como agravante que la socialdemocracia realmente existente rompió el pacto de la última posguerra entre capital y trabajo, y se convirtió en ejecutora de las políticas neoliberales que han deteriorado y siguen deteriorando las condiciones de vida de los sectores populares más vulnerables en distintos países de Europa occidental.

Pero hay que remontarse al tramo final de la última dictadura para encontrar las raíces ideológicas de aquellas formulaciones en estos pagos. Si bien el pensamiento socialdemócrata no era en esa época homogéneo, el grupo predominante, que después dio elementos clave del discurso a distintos partidos, incluyendo a los sectores más dinámicos del peronismo y el radicalismo –ávidos de “letra” luego del obligado ostracismo–, ya había sido colonizado por influencias que resultarían funcionales al nuevo orden. Para dar una pista: el objeto de estudio había dejado de ser la totalidad social; el “nuevo paradigma” imponía abordar la realidad en fragmentos que aparentemente nada tenían que ver entre sí.

Este fue el comienzo de un proceso discursivo que culminaría justificando –voluntariamente o no– a la democracia como mecanismo de legitimación de un poder que se había consolidado a sangre y fuego, como el control social indispensable para enfrentar la agudización de la crisis provocada por la agobiante deuda externa y los sucesivos programas de ajuste estructural: había aparecido la tesis de la democracia como forma pura, sin contenidos, que los “cientistas” sociales de la época convirtieron en blasón y que teóricamente suponía la existencia de una esfera estrictamente política desligada de la economía, la sociedad y la historia.

Tal viraje en la sociología y otras disciplinas implicó, por ejemplo, que de la problemática de los patrones de acumulación capitalista se pasara al análisis del sistema político; de aportes insoslayables del método de Marx para explicar la dinámica social, a la sociología de Alain Touraine, Agnès Heller o Ludolfo Paramio, todos teóricos del reflujo de la izquierda europea, pasando por la recuperación de autores como Hannah Arendt. Se había decretado algo así como la extinción teórica del capital y del Estado, reemplazando la contradicción entre clases sociales por una curiosa oposición entre Estado y “sociedad civil”.

A estos efectos fue fundamental una lectura sui generis del gran pensador y político italiano Antonio Gramsci, basada en una tergiversación de sus conceptos de sociedad civil y hegemonía.

Así, la consolidación de la sociedad civil que en Gramsci corresponde a una instancia más desarrollada del dominio de la burguesía –y, por lo tanto, del Estado que le responde, aquella que se basa no en la coerción sino en la hegemonía devino increíblemente en su antítesis, el fortalecimiento de la sociedad frente al Estado –reducido a la esfera del sistema político–; es decir, una especie de anarco-capitalismo: más sociedad y menos Estado.

Al escamoteo del Estado correspondió el del capital. El discurso excluyó los términos –en principio semánticamente inocuos– capital y capitalismo como parte del esfuerzo ideológico por hacer invisible el capital. La identificación de sociedad civil con la sociedad en general fue la estratagema teórica para disolver las relaciones de dominación y (re)formular la sociedad como el escenario de la igualdad jurídica, el lugar de la competencia entre individuos y grupos portadores de intereses privados. Con su “sociedad civil”, la versión socialdemócrata de Gramsci había hecho desaparecer las categorías capital, poder y clase social (esta última, lo mismo que los movimientos nacional-populares, volatilizados en eso que dio en llamarse “movimientos sociales”).

Fue el sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva uno de los críticos del desvío que, en cuanto al concepto de hegemonía, adoptó el gramscismo autóctono. Cueva reconoce este aporte gramsciano para diferenciar las formas de gobierno de la burguesía en los distintos países de la cadena imperialista –el “centro” y la “periferia”–; pero cuestiona las imprecisiones y omisiones en su formulación que dieron lugar a por lo menos dos errores en la interpretación y uso del concepto: separar el momento de la hegemonía como proceso cultural del proceso estructurado de reproducción social (reproducción de determinado modo de producción), tomando como absoluta una autonomía de la política que es apenas relativa, e ignorar el carácter imperialista de Occidente.

Por un lado se sostenía que era posible lograr una nueva “hegemonía” (en esta nueva acepción del término) sólo con el combate ideológico, sin alterar la estructura de poder. Por otro, se desconocía que la hegemonía no es una cuestión de escala nacional, tiene su soporte en –y forma parte de– una estructura internacional; no hay en esto exageración, uno de los espejismos que produce el sistema imperialista es su falta de articulación: da la sensación de que la situación de sus eslabones más “avanzados” poco o nada tienen que ver con sus enclaves más “atrasados”, ni en el plano económico ni en el político, anverso y reverso de una misma moneda.

El concepto de hegemonía tampoco entra en la escala partidaria, como cacarean los custodios del “pluralismo”: en las denominadas democracias burguesas, los partidos serían –en el mejor de los casos– algo así como distintas expresiones de una misma hegemonía.

Lo importante es que con estas maniobras ideológicas se ocultaba nuestro problema estructural, que seguía siendo la condición de país subdesarrollado y dependiente; y si se lo llegaba a considerar, era como un problema “técnico” de competencia de los economistas, quienes para peor cultivaban en su mayoría la ortodoxia marginalista y ubicaban sus faros académicos (Chicago) otra vez muy lejos de nuestra realidad.

Cumplido su cometido, Gramsci empezó a ser olvidado y el pensamiento democrático buscó otros fundamentos en Tocqueville, Weber o Giddens, cada uno en su nivel, hasta que comenzó la sustitución por un nuevo discurso que gobernaría las ciencias sociales y aledaños en los ’90: el de la “gobernabilidad”; asimismo había llegado el momento de retomar los cuestionamientos al populismo. Mientras tanto, la derecha, desentendiéndose también de la configuración de la economía, atribuía todos los (sus) problemas a la falta de “seguridad jurídica” y de “calidad institucional”.

No es necesario destacar que buena parte de las falacias señaladas fueron cimentando gradualmente la catástrofe de diciembre de 2001.

En estos días, lo que en realidad cuestionan al gobierno los sectores dominantes, camuflados con el discurso antipopulista, es que haya roto una pretensión no escrita pero vigente durante muchos años: pedir a los trabajadores que en lo económico (es decir en cuanto a sus reivindicaciones salariales) se comporten como integrantes de los sectores subalternos de un país subdesarrollado, pero que en lo político actúen como auténticos ciudadanos escandinavos. Es que el proyecto político en ejecución, lejos de la ficción de suponer la política aislada de estructura económica y de la historia, ha ido modificando el patrón de acumulación por el camino de la reindustrialización, y promueve un pacto social entre capitalistas y trabajadores, pero observando no sólo la razonabilidad de la recuperación salarial sino también la de la tasa de ganancia del capital.

Finalmente, afectados de un ideologismo agudo y aparentemente incurable, confunden como “aislamiento internacional” lo que no es otra cosa que la realización de una política exterior que prioriza los intereses nacionales y regionales con un importante nivel de autonomía, que permite mantener relaciones de conveniencia recíproca con todo el mundo.

Sería lamentable que confusiones de esta especie volvieran a orientar la marcha del Estado; en ese caso se convertirían en altamente peligrosas.

* Presidente del ENRE.

Iniciados en la militancia bebiendo en las fuentes del yrigoyenismo, ya desde 2003 reconocíamos públicamente que Kirchner corría velos detrás de los cuales siempre se ocultan los poderes reales. Los iba identificando “con nombre y apellido”, esclareciendo maniobras y lenguajes crípticos, y explicitando sin ambigüedades las contradicciones de intereses en pugna. Lo hizo desde una perspectiva nacional –pero no de patria chica– y de mayorías o minorías postergadas. En ese trajín, puso en evidencia a los voceros de aquellos poderes en el sistema político institucional, que carecía de representatividad en la medida que no expresaba los intereses sociales, sino casi todo lo contrario y cuya reconfiguración intentó pero no logró, lo que explica que esos voceros estén todavía formalmente identificados con distintas siglas partidarias –tanto opositoras como oficialistas– cuando en realidad pertenecen a una derecha sin matices relevantes. También fueron quedando al descubierto amanuenses de variado pelaje que operan desde el sistema mediático. Asimismo, el devenir político fue mostrando una y otra vez la sempiterna incapacidad para conectarse con la realidad nacional de una izquierda que termina siendo funcional a la reacción.

Pero todo esto, que no es poco en un país dependiente cuyas amplias capas medias han sido histórica y sistemáticamente colonizadas, no hubiera trascendido los efectos meramente testimoniales si, además, Kirchner no hubiese conducido un proceso que modificó en proporciones nada despreciables la relación de fuerzas entre los sectores dominantes y el conjunto social. Esa dinámica y su correlato político permitieron concretar progresos fundamentales, profusamente explicitados en estos días, que podrían sintetizarse en un alto y sostenido crecimiento económico basado sobre todo en el ahorro interno y en una mayor participación del sector industrial; mejoras en las condiciones de vida particularmente de los sectores populares; defensa de los derechos humanos y ausencia total de represión de la protesta social; fortalecimiento de la democratización en el plano político-cultural con iniciativas como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Canal Encuentro; una mayor autonomía en las decisiones nacionales, proyectada en fuertes alianzas con el bloque de naciones suramericanas y en una efectiva solidaridad con toda América latina, retomando así las mejores tradiciones de los movimientos populares que ha conocido nuestra historia.

Sin embargo, las transformaciones realizadas son insuficientes. Deberían ser complementadas, por ejemplo, con una reforma tributaria que contemple reducciones de los impuestos al consumo, aumente la progresividad de los que pesan sobre las ganancias y contemple algún tipo de gravamen a las rentas financieras, y una reforma de la legislación que regula al sector financiero, entre otras. Si además se tiene presente la experiencia reciente, posterior a las elecciones de 2009, indicativa de que ante la adversidad hay que fortalecer el rumbo general y no cambiarlo, se comprende que hay continuar, y que para continuar hay que profundizar.

Ahora bien, como no podía ser de otra manera, se han afectado y se seguirán afectando importantes intereses y privilegios, por lo que la realización del proyecto iniciada hace siete años fue y seguirá siendo acechada y agredida con ataques más o menos encubiertos como los cínicos pedidos de “diálogo” y “consenso” relanzados ahora o las críticas a la autenticidad presidencial por parte de oportunistas del saludo fácil, lobos que pretendieron disfrazarse de cordero pero fracasaron en su intento por tener una foto piadosa en los funerales del ex presidente. Son intentos de alterar el rumbo y, por lo tanto, desnaturalizar el proceso transformador. La Presidenta ha sido contundente al señalar que no lo permitirá; con la firmeza genuina de los antiguos compromisos y de los sentimientos en estado puro, Cristina aseguró que no habrá marcha atrás, nosotros la seguiremos acompañando.

* Presidente del ENRE.

Si algo han puesto en evidencia las más importantes iniciativas del gobierno de Cristina Fernández es que la transformación social –la acción política trascendente– sin conflictos es una mera ilusión que tiene origen en trabajos de académicos ingenuos u orgánicos, contradictorios con las ricas tradiciones sociológicas marxista y weberiana y con la experiencia histórica, pero que hoy es ampliamente compartida para regocijo de los defensores del orden vigente, sean amos o sus servidores de turno.

Esta concepción no conflictiva de la política, cuya consecuencia más evidente es un generalizado estado de despolitización social, produce hallazgos tales como que el núcleo del nombre y de la identidad “política” de uno de los partidos recientemente creado sea “Consenso” –adjetivado con Federal—, o que otro reduzca su propuesta “política” a un “contrato moral”, y que estas pseudoopciones políticas hayan tenido un considerable respaldo en las urnas.

Lo preocupante es que tal forma de entender la política inflige daños importantes, no a un gobierno sino al proceso de democratización. Lejos de contribuir a una “democratización de la democracia”, es la causa de muchos de los problemas que enfrentan nuestras instituciones, a las que, en lugar de pedirles y esperar que armonicen intereses y valores en conflicto, habría que pedirles que contribuyeran al establecimiento de una esfera pública en la que confronten diferentes proyectos políticos, condición sine qua non para la consolidación de una democracia plural.

En la actualidad se reclaman con frecuencia “diálogo” y “debate”, pero, ¿cuál es el significado de estas palabras si se invocan sin que haya opciones reales y, en consecuencia, sin que se pueda elegir entre alternativas claramente diferenciadas?, ¿a qué consenso se puede arribar cuando se oculta el conflicto? Más aún, cuando lo político se expresa en clave moral, las contradicciones quedan planteadas en términos morales, no políticos, en lugar de oposiciones entre “izquierda y derecha”, quedan formuladas entre “el bien y el mal”.

Esto implica desconocer aspectos fundamentales de la política en democracia. Lo característico de la democracia no es negar el conflicto sino darle cauces pacíficos de solución, que es lo que obstaculizan consensualistas y moralizadores. Los unos, porque las cuestiones políticas no son meros asuntos técnicos destinados a ser resueltos por expertos, por eso una de las características básicas del régimen democrático es la libre elección del ciudadano entre consenso y disenso, es decir, entre mayoría y minorías; por lo tanto, para que los ciudadanos sean libres de consentir o disentir es necesario que ni el consenso ni el disenso sean impedidos, es más, que ambos sean protegidos. Los otros, no sólo porque ocultan los verdaderos problemas, sino también porque encontrar salidas pacíficas es difícil cuando el conflicto se plantea entre valores morales, dado que éstos suelen ser innegociables y entonces se termina por convertir al adversario en enemigo.

Así, el discurso del consenso y la moralización de la política con sus formidables respaldos mediáticos se ha convertido en una eficaz estrategia del poder real. La derecha no da ni va a dar un debate franco sobre los problemas estructurales del país porque corre el grave riesgo de que se visualicen los intereses que defiende; difícil le resultaría mantener presencia electoral y mucho más conformar mayorías. No hay coartada más eficaz para bloquear la democratización que limitar el debate público proponiendo “consenso” o rasgándose las vestiduras por una corrupción de la que en general ha sido y es parte: ya se impusieron, a partir de 1975 con sangre y con hambre pero siempre en nombre de los más altos valores, los cambios que los sectores dominantes querían; si aparece un gobierno que pone en peligro ese andamiaje, hay que destruirlo.

Asimismo, la despolitización, que paradójicamente lejos de ser espontánea es producto de un activo trabajo militante de las corporaciones más poderosas, explica en buena medida no sólo la legitimación de decisiones fuertemente antipopulares sino también el ascenso público de oportunistas sin historia –lo mismo da que sean “moderados” o “temperamentales”— que se convierten en ejecutores o promotores –no los únicos– de esas decisiones y discursos, con altos costos para las instituciones que dicen defender porque terminan instituyendo una verdadera ficción democrática

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que aprobó el Congreso, así como la discusión sobre otros asuntos de relevancia, como una nueva ley de entidades financieras, son claves en relación con la disputa de fondo cuyo centro de gravedad es el modo de acumulación del capital que se impondrá en nuestro país, debería contribuir a fortalecer las instituciones democráticas y no a deteriorarlas.

* Presidente del ENRE, fue uno de los redactores del documento de fundación de la Concertación Plural por parte de Julio Cobos.