Página#12 Libre

Lejos de transparentar la documentación correspondiente, ayer Martín Falzetti, secretario del senador provincial reutemista, Alberto Crosetti, rechazó la intimación que lo obligaba a rendir cuentas a la madre de la joven Stefanía Frade, recientemente operada de sifoescoliosis, respecto a la forma en que administraron las donaciones. Se trata de cincuenta módulos de mil pesos cada uno, que pusieron a disposición empresas privadas e instituciones y cuyo detalle quedó en manos de los implicados, sin que el dinero aparezca. Este lunes la intimación será para Crosetti según lo confirmó el abogado de la familia, Hugo Frugoni. Según explicó a Rosario/12, la madre de la joven está desesperada porque tras los dichos de ambos acusándola de mentir nadie más ha depositado dinero en la cuenta del Santatorio Americano.

El recital se había realizado el 15 de enero en el Monumento a la Bandera, pocos días después de la cirugía practicada a la paciente en el Americano con un costo total cercano a los 30 mil pesos. Una suma imposible de pagar para la familia, que puso sus esperanzas en ese evento, y terminó defraudada por los propios organizadores.

El abogado Frugoni explicó a este medio que Falzetti "se rehusó a recibir la intimación y a dar un detalle de la forma en cómo administró el dinero del festival". Y agregó: "El lunes sin falta se lo va a intimar al propio Crosetti ya que Falzetti actuó en su nombre. Terminado el proceso administrativo, si no hay ninguna respuesta denunciaremos el hecho en la fiscalía y será la justicia la que determine en qué delito se encuadra la situación". Podría tratarse de retención indebida de fondos o administración fraudulenta", sostuvo el abogado.

Lo extraño del caso es que tras la denuncia pública del caso, publicada por Rosario/12, Fazetti afirmó a este mismo medio que no tenía "ningún inconveniente en ir a la Justicia a mostrar todos los papeles y la documentación del caso ya que no tenemos nada que ocultar". "Al contrario, queremos dejar bien limpia nuestra honorabilidad", sostuvo. Pero ahora se niega a dar el detalle de la cantidad de empresas que compraron los cincuenta módulos con el objetivo de cubrir los gastos de internación. Expresamente rehusó a dar explicaciones con lo cual expuso a su jefe, Crosetti, a una citación judicial.

Más allá de los vaivenes judiciales la situación de la familia de Stefanía sigue siendo difícil. "Estoy desesperada. Necesito pagar la deuda, le pido a la gente que por favor me ayude, porque después de que ellos me trataron como una mentirosa y dijeron que la deuda era de dos mil pesos, nadie más se solidarizó. Yo no miento, pido por favor que me ayuden, tengo todos los recibos en mano que comprueba que las donaciones que me fueron dando fueron para Stefanía, pero la deuda sigue siendo de casi 13.000 mil pesos", explicó Leal, visiblemente angustiada.

El senador provincial reutemista Alberto Crosetti y su secretario privado, Martín Falzetti fueron intimados a rendir cuentas de la cantidad de bonos comprados por empresas privadas con el objetivo de cubrir los gastos de cirugía de la joven Stefanía Frade, en el marco del Festival Solidario realizado el 15 de enero en el Monumento a la Bandera. Ambos deberán presentarle a la madre de la paciente el detalle de empresas que compraron esos bonos y cuyo dinero sigue sin aparecer. El plazo vence el hoy. Tras la denuncia realizada por Rosario/12 el domingo pasado Crosetti respondió por este mismo medio que en el Sanitario Americano hay depositados 17 mil pesos. Lo que no aclaró es que de ese total diez mil fueron depositados antes del festival por amigos y familiares de la joven. El último depósito es de 3800 pesos, correspondientes a lo recaudado en las urnas del evento, pero de los bonos adquiridos por la empresa no hay noticias. Este diario accedió a los recibos del Sanatorio Americano que documentan la deuda actual en 12.837 pesos, y no en dos mil pesos, como había expresado Falzetti en su descargo (ver fascímil). Además, 24 horas después de publicada la nota Crosetti depositó 500 pesos y no mil como prometió en todos los medios.

Según la intimación realizada ayer en Tribunales hubo "cincuenta módulos de mil pesos cada uno certificados por escribano a fin de ser entregados a empresas, instituciones y particulares que realizaran donaciones", lo cual suma un total de cincuenta mil pesos. En el escrito, el abogado de Sandra Leal, madre de la damnificada, intima a Falzetti y a Crosetti a presentar los comprobantes en un plazo máximo de 72 horas, es decir, a mas tardar el viernes. En el mismo plazo deberá informar cual es el estado y tramitación de dos subsidios a los que ella suscribió frente a Falzetti y de los cuales no sabe nada. Si ambos no contestan el escrito se iniciará una demanda judicial por estafa.

El senador había afirmado que "hay intencionalidad política detrás de todo esto". Y deslizó: "No entiendo, somos los únicos que la ayudamos y nos denuncia". Pero Leal está indignada por esos dichos. "Ellos mienten, lo único que depositaron fue 3800 pesos y luego 500 de Crosetti, todo lo otro lo fuimos consiguiendo nosotros mucho antes. Manos solidarias donó tres mil pesos, otros donaron para comprar el colchón y el corsé, hubo gente que me fue entregando dinero en sobrecitos para darle al sanatorio y otros depositaron en la cuenta. Pero repito, todo eso fue antes de que ellos aparecieran", explicó la mujer.

Según los recibos del Sanatorio Americano hubo siete pagos por un valor de doce mil pesos entre el 29 de diciembre y el 8 de enero. Luego se sumaron los 3800 pesos de la recaudación del festival. Y el 9 de febrero, tras la nota de Rosario/12, Crosetti donó quinientos pesos al Sanatorio Americano. El centro de salud además, le comunicó a la familia que efectuó importantes descuentos, de manera que la deuda actual está cercana a los trece mil pesos. (N de R: Falzetti había afirmado en una nota publicada el 9 de febrero: "Se deben 2107 pesos, ya que hubo distintas donaciones por más de 15 mil").

En diálogo con este medio, el administrador del Americano, Jorge Vazquez aseguró que no piensan recurrir a ninguna acción legal para cobrar la deuda. "Sabemos cual es la situación y vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Esperaremos aunque seamos los últimos en cobrar", sostuvo con el objetivo de dar tranquilidad a la familia que teme perder su único bien: la casa que habitan.

Por otra parte, tanto el secretario privado como el legislador dejaron entrever en sus dichos que la madre de la paciente buscaba un beneficio económico personal. Leal aclaró que son difamaciones. "Yo no quiero la plata, quiero que la gente vaya directo al sanatorio, y les pido por favor que me ayuden. La plata no es para mí sino para Stefanía, quiero pagar mi deuda, nada más. Lo que pedimos es que Crosetti y Falzetti presenten los cincuenta módulos y aclaren cuantas empresas pusieron dinero y donde está ese dinero. Soy una persona trabajadora, ahora empecé otra vez como remisera para darle de comer a mis hijos, pero la plata no me alcanza para que Stefanía haga la rehabilitación. Le ruego a los que puedan que colaboren dejando algo de dinero directamente en el Americano", pidió. También hay una cuenta en el Banco Municipal 7506/68, donde pueden efectuarse las donaciones. Ayer había 150 pesos.

La documentación ponen en evidencia al legislador y a su secretario privado, que finalmente deberán explicar a la Justicia cuantas empresas compraron esos bonos de mil pesos, por qué no le rindieron cuenta a la madre de la paciente en cuyo beneficio se organizó el evento y sobre todo, por qué el dinero no aparece.

En los últimos cinco meses se reactivó levemente la actividad en la industria de la construcción y hay un cambio de tendencia. Según explicó Rubén Llenas, gerente de la cámara que nuclea a las empresas constructoras hay signos positivos. "El único indicador valedero es la cantidad de obreros y desde septiembre del año pasado se ha notado una recuperación sostenida del uno por ciento mensual. Hablamos de unos 500 trabajadores reincorporados y las expectativas para este 2010 son de crecimiento", aseguró el empresario. Desde UOCRA coinciden en que los pronósticos son positivos, aunque está claro que queda mucho por hacer, teniendo en cuenta que en la primera mitad de 2009 unos diez mil trabajadores del sector perdieron su empleo. Por otra parte la titular de la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), Alicia Pino, confirmó a Rosario/12 que "probablemente entre marzo y abril empezará el Plan Federal II, ahora conocido como Techo Digno en la zona norte de la ciudad". Se trata de unas mil quinientas viviendas cuya edificación generará como mínimo dos mil empleos y cuyo comienzo se postergó un mes.

"Lo más importante es que la actividad cesó de caer. Actualmente hay unos 26 mil obreros trabajando en la provincia, es decir que se recuperaron unos quinientos puestos. La expectativa para este año es buena porque se espera una cosecha récord de soja y trigo. Aunque es necesario recordar que siempre demora en notarse, es un proceso muy lento", afirmó Llenas.

Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) también son optimistas. "En el último mes ya no se acercó tanta gente al sindicato para pedir trabajo y pensamos que en el transcurso de este año va a haber una gran reactivación porque los agricultores están pensando otra vez en invertir en ladrillos", sostuvo Julio Palma, secretario general de la delegación local.

Por su parte el presidente de la Asociación Empresaria de la Vivienda coincidió en que ha habido una leve reactivación pero ligó la posibilidad de un crecimiento futuro a lo que suceda con el Nuevo Código Urbano, implementado por la municipalidad. "Encarece los terrenos un 23 por ciento en el área central y un cuarenta por ciento en el primer anillo perimetral, que es la zona preferida por los rosarinos para vivir. Si no se modifica, no va a haber quien pueda comprar esos departamentos y por lo tanto pocos se arriesgarán a construir", vaticinó Marcelo Passardi, esperanzado en que el Concejo Municipal modifique la normativa. Según su percepción hasta la fecha prácticamente no se han ingresado permisos de edificación de viviendas bajo el Nuevo Código.

Lo cierto es que mientras en el sector privado el crecimiento acumulado en los últimos cinco meses es de apenas el 2,5 por ciento, en la obra pública hubo casi una paralización por falta de presupuesto tanto en la provincia como en la municipalidad. Pero el panorama se revertiría a partir del mes próximo, cuando comience el Plan Federal de Viviendas diseñado por la Nación y ahora rebautizado como programa para un Techo Digno, que implicará la construcción de unas mil quinientas viviendas en la zona de Circunvalación y autopista a Santa Fe. De esa forma se solucionará el problema habitacional de unas siete mil personas. Un avance muy importante teniendo en cuenta que en la DPV hay diez mil familias inscriptas, a la espera de una casa propia.

Aunque el plan llega con atraso, teniendo en cuenta que estaba previsto empezar a mediados de febrero. "Aún se están ultimando los detalles para readecuar los contratos que datan del año 2006", explicó la titular del área Alicia Pino y recordó que las obras de desagües pluviales ya comenzaron.

"Los adelantos para la construcción de mil trescientas viviendas ya llegaron y en las próximas semanas arribará el dinero para unas doscientas casas más con lo cual sumarán mil quinientas. Se trata de viviendas individuales algunas de las cuales tendrán planta baja y planta alta, de dos habitaciones cada una. Es probable que comiencen por etapas construyendo los distintos módulos", detalló la funcionaria. El plazo de ejecución es de un año y medio por lo cual se espera que durante el 2011 la obra quede concluida.

Sólo en infraestructura el gobierno invertirá cien millones de pesos, lo cual significará un flujo importante de dinero para el sector. "Creemos que por lo menos tendrán trabajo unos dos mil obreros pero si tenemos en cuenta por ejemplo a los proveedores, hay que decir que será un efecto multiplicador que nos dará un gran impulso", evaluó Llenas.

Un recital solidario a beneficio de una joven operada de sifoescoliosis, se transformó en un fraude para la familia. "Los organizadores nos dieron parte del dinero recaudado después de que amenazamos con llamar a los medios. Pero la donación que el senador (Alberto) Crosetti prometió no nos llegó nunca, tampoco el dinero de los bonos que compraron unas diez empresas por un valor de mil pesos cada una. El secretario privado de Crosetti, Martín Falzetti, que estuvo a cargo de todo se borró", contó a Rosario/12 Sandra Leal, madre de Stefanía Frade, la paciente damnificada. El evento tuvo lugar el viernes 15 de enero pasado en el Monumento Nacional a la Bandera, donde una decena de artistas se presentó gratuitamente con el objetivo de ayudar a la familia de la joven a pagar los treinta mil pesos que costó la operación. Lo cierto es que la recaudación completa no habría llegado a las manos de la familia que todavía adeuda al Sanatorio Americano unos 17 mil pesos. "Tenemos miedo de perder la casa donde vivimos. Vamos a ir a la justicia porque esto es una estafa también a la gente", anunció Leal, una mujer desocupada y de escasos recursos. Según datos oficiales en el Gran Rosario hay unas 700 mil personas sin obra social.

La sifoescoliosis de Stefanía comenzó cuando ella tenía apenas diez años. Al principio parecía solo una desviación en la columna, pero la enfermedad fue avanzando y provocándole problemas cardíacos y pulmonares, afectó sus riñones y hasta le restó movilidad a sus piernas. Tenía sólo 15 años y su vida estaba en riesgo cuando el cirujano Ariel Ríos Formia dijo que la operaría gratis apenas estuviera la prótesis, que tiene un valor de 93 mil pesos, cifra inalcanzable para la familia. Después de siete meses de peregrinar por distintas dependencias públicas de diferente jurisdicción, el Ministerio de Desarrollo de la Nación donó la prótesis requerida y el 29 de diciembre Ríos Formía realizó con éxito la intervención a la menor.

Pero hubo una complicación respiratoria que obligo a la paciente a permanecer seis días en terapia intensiva. "Entonces los costos pasaron de veinte mil a treinta mil pesos. Yo pedí ayuda en los medios y Martín Falzetti, se presentó como el secretario del senador y nos dio la idea de organizar el festival", relató Leal.

El organizador convocaba al público en general y también prometía publicitar a todas las empresas solidarias que compraran un bono de mil pesos. "Durante el show Falzetti nombró a diez empresas que adquirieron esos bonos, pero nosotros al dinero no lo vimos nunca. La escribana que estaba en el lugar hizo un acta a nombre de él y yo confié en que iba a depositar el monto en la cuenta que abrimos en el Banco Municipal de Rosario (N7506/68) pero no lo hizo. Esta semana yo hablé personalmente con el encargado de la empresa de plástico Kades, de Las Parejas, para explicarles que Stefanía no vio un solo peso de lo que ellos donaron y no lo podían creer. Falzetti también anunció a viva voz que Crosetti había realizado una gran donación, pero nunca vimos ese dinero", relató. "También me hizo firmar documentos -siguió- para acceder a un subsidio, que era de la municipalidad, y tenía que llegar el 20 de enero, pero no recibí nada. Falzetti, que tiene los papeles, desapareció". Su vecina, María Di Francesco, estuvo presente cuando se realizó el trámite: "Este muchacho prometió que iba a llegarle un subsidio a Stefanía, pero después que Sandra firmó no supimos más nada", contó.

Por su parte Falzetti desmintió que se trate de una estafa: "Nosotros la ayudamos con todo lo que pudimos, se recaudaron 3800 pesos y también hubo una donación de una sola empresa, Paladini. El resto no contribuyó. Nosotros mandamos email a muchas empresas pero ninguna quiso poner plata. Tenemos todo comprobado por escribano", se defendió. Respecto a la supuesta donación de Crosetti sostuvo: "Son 500 pesos. Me los dio anoche y justo estábamos por llamarla a esta chica".

Con ahorros propios y plata prestada por vecinos y amigos la mujer de 44 años y madre de cuatro hijos logró reunir ocho mil pesos. A eso se sumó una donación de la empresa Paladini por dos mil pesos y los 3800 recaudados durante el recital que llegaron después de una semana de discusiones entre la mujer y secretario privado del senador. "Pero todavía debo diecisiete mil pesos. La gente del Americano me llama todos los días reclamándome la plata y yo no sé que hacer. Desesperada y con la promesa de que nos iban a ayudar firmé pagarés al sanatorio y ahora no tengo como pagarlo", confesó la mujer visiblemente angustiada. Su lectura respecto a lo ocurrido es contundente: "Yo entiendo que los dos, el senador y Falzetti se portaron mal, la usaron a Stefanía para hacer política. Dijeron que el recital había sido un éxito cuando fue muy poco lo que recibimos, y después desaparecieron".

La situación es compleja porque desde que su hija tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, la mujer se pasa todo el día cuidándola con escasas posibilidades de conseguir recursos. "Estoy enterrada hasta la cabeza. Soy desocupada y no cobro ningún plan. Durante estos dos meses fui vendiendo los muebles de la casa y dejé de pagar los impuestos para poder darle de comer a mis hijos, pero ya no puedo más", se quejó Leal, que durante años trabajó como preventista, limpiando casas de familia y hasta hace dos meses era chofer de un remis.

Resulta difícil creer que la aparente estafa provenga de personas ligadas al poder público, teniendo en cuenta que la dieta promedio de un senador provincial es de 10.500 pesos y a eso se le suma el dinero destinado a sus asesores y secretarios que también es elevado. Además de la partida con la que cuenta cada legislador para subsidios.

Indignada, la familia realizará mañana en los Tribunales provinciales de Rosario una denuncia por estafa inculpando al legislador justicialista Alberto Crosetti y a su secretario privado, Martín Falzetti. "Ya hablamos con un abogado. Queremos que el dinero que las empresas donaron llegue a Stefanía y no al bolsillo de ellos", pidió la madre. La salud de la joven sigue complicada porque a raíz de la deuda no puede realizar en el sanatorio Americano la rehabilitación correspondiente que tiene un valor de al menos seis mil pesos.

"No tenemos un sistema de protección integral de la infancia trabajando como se debe. Hay enormes problemas presupuestarios y estamos complicados como todas las áreas, sin los recursos de la reforma tributaria no se va a poder responder a las demandas de manera adecuada", reconoció la secretaria para el Desarrollo de la Ciudadanía Patricia Giuricich. Pero argumentó: "Hemos hecho un trabajo enorme y este año va a ser más visible". La funcionaria señaló que en la provincia "hay unos 250 mil niños y jóvenes de entre 0 y 18 años con necesidades básicas insatisfechas" y que del total de casos sociales que pasan por la Dirección Provincial de la Niñez, el 70 por ciento corresponden a niños maltratados o abusados. En ese sentido, adelantó los programas que se pondrán en marcha durante el 2010 con el objetivo de que los 605 niños que actualmente viven en instituciones provinciales puedan encontrar un lugar. Y explicó que la mayoría de los profesionales que se incorporarán al área en este año serán destinados a Rosario, donde además se inaugurarán tres nuevos centros transitorios para adolescentes.

-Sin los nuevos recursos que iban a llegar por la reforma tributaria, ¿podrán cumplir adecuadamente con lo que establece la nueva ley de protección de la infancia?

-No, no vamos a poder responder de manera adecuada. Pero eso no significa que no podamos hacer nada. La nueva ley de infancia, con la que estamos absolutamente de acuerdo, implica un cambio radical que traslada al Ejecutivo las responsabilidades pero no los recursos financieros y humanos. Y en esto hay gran déficit porque el ministerio de Desarrollo Social tiene un personal que históricamente ha estado ligado al asistencialismo. No contamos con recursos humanos suficientes para atender problemáticas como abuso y consumo de sustancias. Hay que profundizar la conformación de un sistema integral de protección trabajando con los tres niveles del estado: municipal, provincial y nacional.

-Hablando del traslado de responsabilidades, ¿notan en el poder judicial la apertura necesaria para aplicar la nueva ley?

-(N de R: A partir de la nueva normativa todos los casos sociales de niños de entre 0 y 16 años son abordados por el área provincial de Niñez y fiscalizados por los jueces de familia. Los jueces de menores sólo entienden en los delitos penales cometidos por chicos de entre 16 y 18 años). En el poder judicial hay una enorme resistencia por parte de los jueces de familia porque entienden que se les va a duplicar el trabajo y no es así. Lo único que tienen que hacer es constatar la legalidad de las medidas excepcionales. Estamos tratando de avanzar y de pulir algunas cuestiones, porque lo cierto es que a casi tres años de aprobada la ley nacional resistirse es como querer tapar el sol con las manos.

-Los propios empleados del área destacaron que faltan centros de día y hogares transitorios para niños y adolescentes ¿se va a hacer algo al respecto?

-Se va a profundizar el trabajo en la zona sur, oeste y en el centro de Rosario. El Centro de Permanencia Transitoria que actualmente alberga a chicos en situación de calle durante la noche, va a funcionar también como centro de día. En febrero se va a anunciar un programa integral destinado a los adolescentes que incluirá unos tres espacios más para la ciudad.

-Actualmente un equipo de apenas siete personas debe resolver todos los casos sociales y atienden hasta veinte casos por día, ¿cómo se va a resolver?

-Ese equipo es el que más refuerzo va a recibir, el personal va a duplicarse. Estamos entrevistando a psicólogos, asistentes sociales y abogados. Pero hay algo que hay que entender: Niñez tiene que garantizar que el sistema funcione, no resolver todos los casos. Para eso deben trabajar con todas las áreas del gobierno. Por ejemplo si hay un niño pobre con problemas de salud no debe encargarse Niñez sino el Ministerio de Salud. Por otra parte es necesario decir que cuando comenzamos nuestra gestión había 50 profesionales y hoy son 174. Este año estamos por incorporar cuarenta más, de los cuales el setenta por ciento corresponden a Rosario. Y se firmó un acuerdo por el cual a más tardar el 30 de junio todos los empleados contratados serán pasados a planta permanente.

-¿Qué programas se van a poner en marcha durante este año?

-Vamos a fortalecer la estructura propia. Contamos con 31 Centros de Atención Familiar en la provincia a los cuales asisten unos cuatro mil niños y niñas. Queremos que estén abiertos todo el día y sean un lugar de referencia para las familias del barrio, aunque ahora no hay personal suficiente. También seguimos con el programa de Acompañamiento Ciudadano, formado por profesionales que realizan un seguimiento de cada uno de los adolescentes de entre 12 y 18 años en las distintas instituciones y centros de día. Hemos firmado convenios con 87 municipios y comunas para que creen un área de la niñez y 132 convenios con ONG para trabajar en conjunto. Este año también vamos a poner en marcha el programa Amparo, una alternativa a los programas tradicionales como las guardas remuneradas en las cuales una familia sustituta se hace cargo del niño y recibe dinero a cambio. Actualmente son 378. Amparo tiene el objetivo de hacer más énfasis en el propio grupo familiar de la criatura. También queremos desinstitucionalizar a los niños y adolescentes que viven en hogares transitorios.

-Respecto a esto, la nueva ley de infancia establece que las medidas excepcionales no duren más de un año y medio, pero hay niños que pasan años viviendo en las instituciones...

-Sí, por eso hay un equipo de abogados y otros profesionales que están analizando la situación de cada niño o niña alojados en los centros transitorios con el objetivo de desinstitucionalizarlos. Pero a veces se complica muchísimo porque hay chicos que no tienen otro lugar donde ir. Tenemos dos desafíos: por un lado los adolescentes a los que hay que seducir con propuestas culturales o de capacitación para introducirlos en la sociedad, y por otro los niños institucionalizados a los que hay que buscarles un lugar, sea en sus propias familias o mediante la adopción. Actualmente hay 239 niños, niñas y adolescentes viviendo en instituciones en Santa Fe, Rafaela y Reconquista y unos 366 más en Rosario y Venado Tuerto. En total son 605.

-¿Con lo que se hace alcanza?

-No. No tenemos un sistema de protección integral de la infancia trabajando como se debe. Tenemos enormes problemas presupuestarios y estamos complicados como todas las áreas de gobierno. Pero hemos hecho un trabajo enorme y este año va a ser más visible.

-Está claro que queda mucho por hacer, según su perspectiva ¿cuál es actualmente la problemática más grave de la infancia?

-El problema más importante es el abuso sexual infantil y el maltrato. Del total de casos de niños de entre cero y diez años que ingresan a Niñez, el 70 por ciento es por abuso y maltrato. En el caso de las adolescentes de entre 10 y 18 años el 80 por ciento ingresa por explotación sexual y abuso. Hay lugares, sobre todo en el norte provincial donde el estado no llegó jamás y donde la violencia está naturalizada. Es necesario revertirlo, pero va a llevar tiempo.

La existencia de miles de niños que quedaron huérfanos de Haití desgarró al mundo entero y puso en el tapete un tema complejo: la metodología de adopción en Argentina. En Rosario, el Club de Padres aguarda ansioso un anuncio de UNICEF para acoger a chicos haitianos y denuncia que el trámite para adoptar en esta provincia puede durar "hasta ocho años". Actualmente en Rosario hay 1653 parejas inscriptas en el Registro Unico de Adoptantes dependiente de los juzgados de menores que esperan una respuesta. "Prácticamente no recibimos casos de niños que puedan darse en adopción. Muchas parejas se desesperanzan porque hay gente que está inscripta desde hace años", explicó a Rosario/12 la jueza Gabriela Sansó. Por su parte, la organización Quienes Somos, que nuclea a adultos adoptados en su infancia, pidió en un comunicado a todos los quieren adoptar un chico extranjero "que protejan el origen de cada uno de los niños en cuestión, que se tomen todos los recaudos necesarios para que en un futuro ellos no engrosen las filas de los que buscamos nuestra verdadera identidad de origen con muy pocas respuestas". Miradas divergentes sobre la orfandad y la paternidad, en medio de leyes que no se cumplen y proyectos insólitos para resolver la situación.

Por dar un ejemplo, en el terreno local el proyecto de ley para la creación de un Registro Unico de parejas aspirantes sigue frenado porque el Senado provincial insiste en crear también un registro de chicos adoptables con foto incluida e historia clínica psíquica y física. "¿Qué piensan que son, los cachorritos que se ofrecen en San Martín y Córdoba?", se preguntó indignada la diputada Lucrecia Aranda, autora del proyecto oficial. Y calificó de irreconciliable la postura de los senadores que además le otorgan al juez la potestad para negarle al niño adoptado su verdadera identidad hasta los 18 años.

"En Argentina es casi imposible adoptar a un niño si no es por entrega directa de la madre. Por juzgado lleva entre ocho y diez años, hay un vacío legal", afirmó Mariana Burgos, titular del Club de Padres de Rosario. Y añadió: "Estamos luchando para que los chicos que están en hogares dando vueltas durante años puedan tener una familia. A ellos se les pasa los mejores años de su vida allí, mientras hay miles de personas esperando por un hijo", sostuvo.

Al respecto, la nueva ley de protección integral de la infancia establece que la medida excepcional por la cual se separa a un niño de su familia no dure más de un año y medio. En ese lapso debe resolverse el futuro del menor: o se restablece el vínculo en el núcleo de origen o se piensa en una adopción. Sin embargo eso no es lo que ocurre.

"En mi experiencia, eso no pasa. Hay chicos que pasan una vida en el Hogar porque sus padres no ceden sus derechos, algunos ya cumplieron quince años allí y nunca nadie los vino a buscar. Ojalá la nueva ley comience a ponerse en práctica porque si bien nosotros le damos todo lo que necesitan, nada suplanta el amor de una familia", explicó la directora del Hogar del Huérfano María Eugenia Saccone. Actualmente hay más de 150 chicos en el hogar, de los cuales 40 tienen menos de dos años. Pero apenas un dos por ciento del total logra ser adoptado o volver a casa.

Desde el Club de Padres también denuncian que las guardas transitorias de niños recién nacidos, que no deben ser superiores a los seis meses, duran más de dos años sin que se tome una decisión con todo el desgaste emocional que eso implica para el niño y quienes lo cuidan.

Ante esta situación adoptar a un niño extranjero aparece como una posibilidad concreta y más rápida: los trámites completos no duran más de dos años. De hecho más de quinientos argentinos manifestaron a las autoridades haitianas su voluntad de acoger en su familia a una criatura de ese país desvastado por el terremoto del 12 de enero pasado. "Muchos de nosotros estamos dispuestos a adoptar un chico haitiano y esperamos anuncios de UNICEF, aunque sabemos que para lograrlo hay que tener los recursos económicos necesarios para viajar a ese país", explicó Burgos.

En un comunicado emitido hoy el Club de Padres pide "declarar en estado de emergencia a la niñez en Argentina". También "que los padres que obliguen a mendigar, o abusen de sus hijos corran el riesgo de perder la patria potestad" y "que los niños puedan adquirir la adoptabilidad si son abandonados injustificadamente por mas de tres meses".

Pero además se pronuncia respecto a la "necesidad" de que los niños de Haití sean adoptados: "En su país corren grandes riesgos y saben que no es exageración. Hay falta de agua, alimento y medicación siendo que pudieran estar cobijados con amor, con familias sustitutas", se lee.

Atinadamente, algunas organizaciones que defienden los derechos de los niños han encendido la luz de alarma respecto a esta situación. Consultado por Rosario/12 el titular de la Fundación Adoptar, Julio Cesar Ruiz, que desde hace años lucha contra el tráfico de niños sostuvo: "Ser caritativos y solidarios es una cosa, ser padres otra extremadamente diferente. Eso es lo menos que precisa un pueblo que sufre semejante catástrofe". Y agregó: "Sorpresivamente, se instaló en la Argentina y en el mundo entero, una nueva necesidad: tener en casa a un niño haitiano. Como consecuencia del feroz movimiento de tierra que mató a decenas de miles de personas en la pobre nación caribeña de Haití, en el mundo hipercomunicado se corrió la bola: "Los niños van a estar mejor en otras manos, en otro lugar". Ni siquiera, según advirtió la UNICEF, se esperó a confirmar que sus padres hayan muerto: simplemente se acuñó la idea de que los haitianitos vivirían mejor en cualquier punto del planeta y con cualquier persona, aunque no tengan ningún lazo con ellos, ni hablen su idioma, ni compartan fragmentos de su historia", se indignó.

Desde Quienes Somos advierten sobre una realidad irrefutable: "Esos niños tienen una carga biológica que es parte de su identidad y es necesario preservar. Nadie puede garantizar que lejos de su país, de su origen van ser más felices", pidió María Rosa Pelloni, secretaria de la ONG.

Más allá de que finalmente lleguen o no a la pampa húmeda argentina niños huérfanos del país caribeño, todavía puede hacerse mucho para mejorar las metodologías de adopción y a la vez garantizar los derechos de los niños en la provincia.

Con ese objetivo la diputada provincial Lucrecia Aranda presentó el año pasado un proyecto para crear un Registro Unico de aspirantes a la guarda con fines adoptivos. Así la base de datos provincial se uniría al registro nacional existente y les evitaría a las familias el trabajo de inscribirse en múltiples juzgados o registros del país sometiéndose a permanentes entrevistas. Lo cierto es que sólo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y no prosperó en el Senado porque se contrapuso con un proyecto del senador justicialista Eduardo Rosconi.

"Ese proyecto de ley tiene un tinte más destinado a proteger los privilegios que han tenido las familias con mayor acceso a la justicia para adoptar rápidamente a un niño que proteger el derecho del niño mismo y eso es insostenible", opinó Aranda. Y ejemplificó: "Hay un artículo que otorga al juez la potestad de negarle el derecho a la identidad a los niños menores de 18 años que hayan sido adoptados, lo cual no puede aceptarse". El artículo va en retroceso de la lucha por el derecho a la identidad que sostienen numerosas organizaciones de Derechos Humanos. Es más, Quienes Somos reclama desde hace años que la justicia les permita acceder a los expedientes históricos de los hospitales para poder conocer su verdadera identidad biológica.

"La adopción es un derecho para proteger a los niños que se han quedado sin posibilidad en su familia de origen, es un derecho constitucional. Pero otro artículo del proyecto aprobado en el Senado crea un registro de niños que pueden ser adoptados con fotos y un detalle de su estado físico y psíquico. Una especie de book de niños adoptables, lo cual es insostenible", remarcó Aranda.

Al principio la disparidad entre ambas iniciativas se centró en torno al lugar donde funcionaría el registro de aspirantes a la adopción. Pero ya fue acordado que será en los Tribunales de Familia que funcionan en la provincia. Ahora los puntos desencontrados son más graves y huelen mal, con lo cual es difícil que pueda ser aprobado en el transcurso de este año.

Mientras las parejas que anhelan tener un hijo y no pueden concebirlo continúan deambulando por juzgados y hogares transitorios; una multitud de niños sigue aguardando una respuesta estatal que les permita volver a casa y restablecer el vínculo o encontrar una nueva familia. Pero los tiempos se dilatan y las respuestas no llegan.

Como pez en el agua. Así se siente la actriz Silvina Santandrea que después de sucesivas actuaciones grupales vuelve al unipersonal, un género que siempre le ha sentado bien. Yo, con todas, se llama el espectáculo que estrena esta noche a las 22.30 en Baraka restó (Calao 120 Bis). Tres grotescas mujeres delirantes que en fondo "están muy solas" son los personajes que le dan vida a esta nueva puesta en escena del teatro rosarino. Más allá de las carcajadas que despiertan, la intérprete sostuvo a Rosario/12 que "son un reflejo social de cómo sobrevivir en una sociedad cada vez más enferma". Retrato de una de las pocas propuestas locales de este verano.

La sucesión de personajes no es casual. Por ejemplo, si de enfermos se trata Mari Pepa es la indicada para aparecer en escena, en la piel de la actriz, se convierte en el espejo de muchas otras mujeres. "Es una mujer extremadamente fóbica que está llamando por teléfono a la emergencia y pidiéndole una unidad de traslado porque siente que se muere: se le acelera el corazón, no siente las piernas, y por supuesto le seca el cerebro a la chica que está del otro lado contándole todos los mambos existenciales que tiene", cuenta Santandrea. Y aclara que no está hablando solamente de aquellos que padecen estos males sino de un síntoma social que la preocupa.

"Todos estamos cada vez más fóbicos", disparó la actriz. "Tomamos aspirinas ante el primer dolor de cabeza y con tanta peste dando vuelta empezamos a perseguirnos. El año pasado, con el tema de la gripe A había gente que estaba encerrada en su casa con barbijo. Durante esos días yo seguí haciendo teatro pero con la boca tapada con una bufanda y tomando con humor una persecuta que era real: la gente no quería que el actor se les acercara demasiado por temor al contagio", contó. En un mundo donde el miedo está puesto en el contacto que puede matarte, los niveles de psicosis van in crescendo. La reflexión llega entonces en manos del humor.

Mari Pepa es el nuevo personaje creado por la actriz con textos de Alejandra Gómez. Pero también hoy regresan con otras andanzas Cenicienta y La Norma, que ya habían sido interpretados en obras anteriores.

La remake de la princesa de los cuentos promete ser ingeniosa. Aparece cuestionando frases establecidas culturalmente que se repiten sin ser analizadas: "¿Por qué el diente es de leche y el ratón se llama Pérez? ¿Por que la verdad de la milanesa? ¿y por que pelados los gritos?", se pregunta una Cenicienta que además está cansada de ser el paradigma de un estereotipo desactualizado.

Su figura da paso a la voz de la actriz que despersonificándose por un momento se animará una vez más al stand up con una tesis tan decepcionante como real: salvo Michael Landon en La Familia Ingalls, "todos nuestros héroes de la infancia estaban solos", eran solteros, dice en su monólogo.

"También desmitifico algunas cosas de los cuentos, la aparición del príncipe azul y que el encanto se vaya a las doce de la noche cuando hoy las adolescentes pierden el encanto a las cuatro de la mañana, y no sólo el encanto: la cabeza y la bombacha también", afirmó Santandrea, que recientemente había experimentado el monólogo sin red que es el stand up, con la obra Muchas Muchachas.

"Es un género difícil donde nada está librado al azar, hay que estudiar completamente todas las formas del decir", reconoció. Y explicó que sus proyectos este año giran en torno a esta obra y al estreno de La Nona, de Roberto Cossa. Un espectáculo que se pondrá en cartelera durante el mes de abril y estará interpretado por siete actores rosarinos, que ya habían consumado buena química en la versión local de Esperando la Carroza. La dirección estará en Manos de Matías Martínez.

Pero mucho antes de todo eso, esta misma noche los parroquianos del Baraka recibirán a La Norma, un personaje conocido por los seguidores de Santandrea. "Es una vieja ventajera que miente para conseguir plata, pero ahora descubrimos un nuevo costado: también es timbera. Alega recibir mensajes de Alá que la llevan al casino de Rosario", describió la intérprete. Los periplos de La Norma pidiendo prestado de bar en bar y despilfarrando los dólares que su hijo le manda de Norteamérica en el azar prometen ser otra vez verdaderamente cómicos. Sumado a un delirio místico: ella pertenece a todas las religiones y de todas quiere sacar partido.

Más allá del humor, la ironía y la ficción, hay un costado de realidad que invita a pensar. "Ellas son un reflejo social de cómo sobrevivir en una sociedad cada vez más enferma, en donde no podés divertirte si no es con pastillas, drogas y alcohol, donde nadie disfruta corriendo detrás de la plata y entonces necesitás estímulos artificiales. Una sociedad donde la gente está sola y le cuenta sus males a cualquiera, en el kiosco, en un colectivo, a la telefonista de una empresa de emergencias médicas... Donde las carencias afectivas y los miedos están siempre presentes", reflexionó la actriz.

Yo con todas quiere hacer reír pero además intenta ser el espejo de una comunidad donde la soledad es tan grande como omnipresente. Y es por eso es que Mari Pepa, luego de dar todas las indicaciones pormenorizadas a la emergencia sobre cómo tienen que resucitarla concluye diciendo: "Y si no reacciono, que me besen apasionadamente". A ver si el médico al final es un príncipe azul, como el de los cuentos. En fin, de eso se trata esta historia. Reírse, barajar, y dar de nuevo.

En los primeros quince días de enero siete comercios fueron clausurados por la GUM por comercializar pegamento y esta semana se inicia una causa judicial contra dos personas que vendían impunemente tolueno a niños y adolescentes del Barrio Toba emplazado en la zona oeste de Rosario. Esto se suma a otros quince comercios cerrados a fines del año pasado por la misma causa, con lo cual ya van 22. Madres de ese barrio contaron a Rosario/12 que "los chicos comienzan a consumir a los seis o siete años" y que "de cada diez pibes del barrio, seis se drogan". El titular de la GUM Mariano Savia dijo que ya recorrieron 37 locales de los cien ubicados cerca de balnearios y piletas, de centros educativos o en barrios marginales, que tienen previsto visitar. Por su parte, la organización no gubernamental Vínculos que trabaja en la prevención de adicciones desde hace décadas denuncia que en el presupuesto municipal 2010 hay apenas 110 mil pesos destinados al programa de asistencia en adicciones, un 0,01 por ciento del total.

Según Savia, el objetivo principal de los recorridos de la GUM es hacer cumplir la ley. La normativa provincial establece en primer lugar la prohibición de la venta de cualquier pegamento a menores de 18 años en todo el territorio provincial y en segundo lugar ningún comercio, a excepción de pinturerías o ferreterías, está habilitado para vender derivados del tolueno. "En ese marco en enero se les determinó el cese de actividades a cinco comercios que funcionaban como granja o almacén pero además vendían este tipo de pegamento y se le sustrajo toda esa mercadería. Por otra parte, dos comercios de barrio que ni siquiera tenían habilitación y eran bocas de expendio de pegamento a menores de edad fueron clausurados y se abrirá una causa judicial", detalló.

"En estos dos lugares, al igual que nos ocurrió el año pasado, era permanente la afluencia de chicos que compraban bolsas de pegamento, los agentes presenciaron que se hacía de una forma muy alevosa", prosiguió Savia.

Pero en el barrio esa es una postal repetida. "De cada seis pibes que hay en el barrio, seis se drogan, es terrible. He visto a chicos de siete años con las bolsitas", contó Elena, una vecina del Barrio Toba de la zona oeste. Respecto a los operativos de la GUM opinó que "ayudaron mucho, pero algunos kioscos que cerraron un mes antes de la fiestas ya están abiertos y los chicos se siguen drogando". Y lo remarcó con un ejemplo que le toca de cerca: el de su hermano de quince años. "Era un chico tranquilo y ahora está violento, alterado, dejó la escuela. La psicóloga del dispensario lo ayuda pero si no se cierran definitivamente esos lugares, ni él ni los demás se van a recuperar", enfatizó.

Otra vecina, Ana, coincidió en el mismo pronóstico: "Hubo operativos pero los chicos todavía siguen juntándose en las esquinas para drogarse", dijo, y aseguró que algunos han cambiado su conducta al entusiasmarse con algunos talleres que brinda El Centro Cultural El Obrador. Está claro que además de las clausuras, los emprendimientos culturales y de capacitación en oficio pueden llenar de proyectos a los chicos marginados de ese y otros barrios.

A diferencia de otros tiempos donde el temor implicaba silencio, ahora muchos referentes barriales, vecinos y padres se animan a hablar y a pedir ayuda. De hecho, la GUM pidió la colaboración de los médicos del centro de salud para que aporten pruebas a la causa judicial sobre como la sustancia ha causado lesiones físicas y psíquicas en muchos chicos del Barrio Toba.

Y es que el pegamento, que puede conseguirse fraccionado por un valor que oscila entre uno y cuatro pesos, puede causar lesiones gravísimas en el cuerpo. "Produce sordera, ceguera, también perjudica a casi todos los órganos blandos y puede causar asfixia pulmonar", explican especialistas en la materia. Y agregan que el consumo de tolueno tiene relación directa con enfermedades como cáncer, leucemia y en algunos casos también provoca impotencia e infertilidad.

"Los solventes destruyen los lípidos, de manera que la persona que los consume deteriora todos los órganos del sistema cardiovascular, gastrointestinal y particularmente del sistema nervioso central. Ya ha producido daños irreversibles en adolescentes de clases populares. Hay una generación de chicos demenciados por la forma en cómo han lesionado su lóbulo frontal, donde se concentra el eje del comportamiento humano. Se está produciendo un genocidio de los pobres ante la mirada impávida del poder político. Dar a consumir estas sustancias a niños indefensos es un acto criminal y así debería ser contemplando por la ley", denunció el psicólogo Horacio Tabares perteneciente a la ONG Vínculos, que desde hace veinte años trabaja en los barrios realizando tareas de prevención de adicciones.

Pero según la legislación vigente, a los titulares de los comercios infractores simplemente se los acusa de violar el código de faltas. Un delito que prevé una pena de apenas treinta días de arresto. Más allá del vacío legal, la GUM analiza con el Ministerio de Educación de la provincia la posibilidad de crear espacios de concientización. "Cuando se retome el ciclo lectivo empezaremos a establecer lazos con las escuelas más afectadas por esta problemática. La idea es dar clases educativas a los chicos de esos colegios sobre los efectos del consumo de pegamento", describió Savia.

Desde Vinculos ven con buenos ojos que haya un accionar del estado respecto a la problemática. Pero sostienen que no alcanza. "Me llama la atención que este trabajo lo haga la GUM y no el programa municipal de prevención y asistencia en adicciones, que tiene personal capacitado para ello. Lo que sucede es que es una repartición sin coordinador y sin recursos. En el presupuesto municipal 2010 se le asignan apenas 110 mil pesos anuales, unos nueve mil pesos por mes, que es apenas el 0,01 por ciento del presupuesto global y el 0,03 por ciento del presupuesto total de salud. Es risible que pueda hacerse algo serio con ese presupuesto. Mientras la situación en los barrios es alarmante, estamos viviendo una crisis con niños y adolescentes seriamente afectados y lo que se hace es mínimo, los 1200 folletos que se imprimieron este año apenas alcanzan para un dos por ciento de la población de un barrio", disparó Tabares.

Y además pidió que se tome en cuenta a las organizaciones que entienden en la materia para desarrollar políticas de prevención de adicciones. "Existía un Foro creado por el Concejo Municipal, que a partir de la gestión anterior de Luis Di Menza en la secretaría de salud municipal quedó sin efecto. Les pido a los concejales que si les preocupa lo que está pasando nos ayuden. Hacen falta recursos", reclamó.

En medio de los operativos de la GUM, la impotencia de los voluntarios que ayudan en los barrios y la indignación de la comunidad están los pibes y una adicción que los consume lentamente, sin tregua y con un futuro fatalmente pronosticado.

La crecida del río Paraná aún no llegó a su punto máximo pero ya dejó miles de hectáreas bajo agua, casas anegadas y familias enteras sin trabajo en las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario. "Mi esposo hace changas, corta el césped y pesca. Pero el río no dejó nada: ni pasto, ni pescados", cuenta a Rosario/12 Mariela Martínez con su beba en brazos. Está descalza, porque todo a su alrededor es barro y agua. Un equipo de la Prefectura Naval, Defensa Civil y médicos pertenecientes a la secretaría de salud municipal recorrieron la zona conocida como el Paraná Viejo dando asistencia humanitaria a los habitantes de la zona. En particular, suministraron medicamentos contra la leptospirosis, una enfermedad transmitida por las ratas, que es característica de las inundaciones. En la provincia ya son once los casos sospechosos y en Rosario hay tres. Pero pese al riesgo, los isleños se resisten a evacuarse. "No tenemos donde ir, pero tampoco queremos irnos", expresaron. Cómo es vivir en medio de la desolación y el anegamiento.

En el Paraná Viejo, ubicado pocos kilómetros al norte del puente Rosario Victoria, las casas son precarias, hechas sobre pilotes con chapas y madera, cuyos cimientos el agua socava y en algunos casos inunda. "Tengo 20 centímetros de agua adentro de mi casa y tuvimos que mudarnos todos a la pieza de arriba. Hace tres años que salimos de una creciente, nos recuperamos... y ahora viene otra", se lamentó Maria Laura Martínez. Y otra mujer salió apurada al ver el barco que iba arrimándose a la costa e interrogó a Raúl Rainone, titular de Defensa Civil: "¿Cuándo viene el agua?", casi resbalándose en el lodazal. "En diez días, parece", respondió el funcionario con desazón, sabiendo que la suba aún no ha alcanzado su pico máximo.

Mientras tanto, los médicos repartían medicamentos: "Les llevamos dosis de doxiciclina, que es un antibiótico para combatir la leptospirosis, una enfermedad muy frecuente en las zonas anegadas. Todos los que están expuestos deben tomar una dosis semanal. También les damos bolsas con yodo, gasas y vendas", explicó Ignacio García, al frente del operativo sanitario. La semana próxima se conocerán los resultados definitivos de los análisis, pero la situación es preocupante: ya hay tres casos sospechosos pertenecientes a Rosario, todos relacionados con la crecida.

Por si fuera poco, cuando el río sube, los alrededores de las viviendas comienzan a poblarse de alimañas, y es frecuente que haya serpientes. "Ya vimos varias yarará y una mordió a nuestra perra", señaló Bárbara Molten con su pequeño hijo en brazos. El Paraná no les ha dejado casi tierra seca donde pisar y su estadía se vuelve peligrosa por lo que planean irse, aunque su esposo, Denis se quedará a cuidar la casa.

Pese a la difícil situación, la gran mayoría no quiere irse. Prefieren soportar hacinados en una habitación, a la espera de que el río traiga novedades, que abandonar lo poco que les queda. "Nos vamos a quedar porque tenemos miedo de que nos saquen las cosas, que nos roben, a veces pasan canoas que uno no conoce", explicó una de las jóvenes madres. En eso coincide Juan Ramón Cuello que para recorrer el patio de su casa debe andar en canoa. Perdió a algunos de sus animales, sus herramientas y otras cosas valiosas pero asegura que no va a irse. "Me voy a quedar acá a esperar que baje", dijo a los prefectos que se acercaron para asistirlo.

A lo largo de los ocho kilómetros que separan a Rosario del Paraná Viejo, el paisaje es tan monótono como devastador. A las viviendas precarias carcomidas por el agua se suman extensiones cuya geografía se ha vuelto irreconocible: donde antes había varios metros de barranca sólo hay agua, y vacas famélicas comiendo lo poco que queda. Son los animales de los propios isleños que no tienen medios para transportarlas. "Los patrones se las llevaron todas, nosotros no podemos", explicó uno de los peones acostumbrado a cuidar reses por encargo.

La pobreza recrudece como consecuencia del fenómeno climático. En esa zona, la mayoría de los habitantes se dedica a pescar o a cuidar ganado ajeno, pero el agua ahoga a las vacas y el río en las crecidas se vuelve estéril. "Mi esposo es pescador pero anoche, en toda la noche pescó un patí y dos sábalos, no sale nada...", se lamentó una mujer que es madre de seis hijos, visiblemente angustiada.

Por eso, con el objetivo de garantizar la alimentación de los más pequeños, los agentes municipales repartieron también cajas de leche en polvo. Una entrega que realizarán todas las semanas hasta que las familias recuperen la capacidad de sustentarse a sí mismas.

Y es que para los chicos tampoco es fácil sobrevivir. Fabián Rodríguez cuenta que sus tres hijos tuvieron que dejar la escuela un mes antes de la fecha fijada para la finalización de clases porque los caminos estaban anegados. Educarse para ellos significa levantarse muy temprano y hacer a caballo un trayecto que les toma media hora completar.

Algunos niños isleños ayudan a la economía familiar pescando, cuidando animales y empleándose durante el verano en algunos de los almacenes, bares y restaurantes frecuentados por los turistas durante tórridas jornadas. Pero ahora no pueden hacer nada de eso, los 5,05 metros del río se traducen en playas anegadas, centros gastronómicos cerrados y bolsillos vacíos.

"No tenemos plata y encima la casa se nos está viniendo abajo", contó Ana María Alvarez, viuda y madre de tres chicos de seis, 13 y 14 años que proveían los únicos ingresos. Su casa, cuya estructura es íntegramente de madera, experimenta un visible deterioro con tirantes caídos y otros que lentamente van cediendo ante el embate del río. Pero no quiere irse. "Algunos se fueron a la casa de los parientes, pero nosotros no tenemos donde ir", contó. Hasta el momento no ha habido evacuados.

A la abrumadora presencia del agua se le suman algunas postales inéditas: carteles inmobiliarios plantados en medio de la correntada, ofreciendo terrenos que quedaron anegados; coquetas sombrillas de paja construidas por los paradores costeros que están a punto de desaparecer, animales lastimados por los alambrados que no pueden divisar, corrales y gallineros hundidos casi por completo y ropa tendida en el techo de las viviendas, por falta de espacio.

Después de cinco horas de viaje, el barco costero comienza a alejarse, ya sin pañales, ni leche, ni remedios. Atrás quedan ellos, que siempre fueron pobres y ahora son más pobres, el río que avasallante amenaza con llevarles todo y una espera insoportable e impredecible.

El secretario de Finanzas Públicas de Santa Fe, Carlos Fernández, salió ayer a responderle al Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas Justicialistas por sus críticas al aumento de tarifas. "Son planteos exclusivamente políticos. Esta gestión triplicó los fondos que llegan a los municipios para obras públicas, a diferencia de lo que hizo el PJ cuando gobernó", sostuvo el funcionario en diálogo con Rosario/12. Y agregó que el reclamo "no se entiende de ninguna manera". El Foro había sorprendido con un manifiesto en el que expresaron su "enérgico rechazo" a la decisión del gobierno provincial de aumentar en 60 días las facturas de agua en un 19 por ciento y la de energía eléctrica, en un seis por ciento. Sostuvieron que en sus localidades no hay obras que lo justifiquen. Las críticas se sumaron a las ya formuladas por el ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, sobre las tarifas locales.

Unos veinte intendentes de la provincia de Santa Fe nucleados en PJ salieron ayer a pegarle duro al gobierno. "Ya van dos años de esta gestión y ningún municipio o comuna vio obras que mejoren la calidad de vida de su gente, que justifiquen los sucesivos aumentos tarifarios que viene realizando ASSA", se lee en el comunicado. Y añade: "Existe un déficit enorme por parte de la administración provincial con todos los santafesinos. Dos ejemplos claros de esto han sido la poca cantidad de obras de saneamiento y de mala calidad realizadas en 2009 y la falta de un plan para 2010".

Al texto escrito se sumaron las opiniones en primera persona de los distintos jefes comunales de la región liderados por Alejandro Ramos, de Granadero Baigorria. "Que nos digan qué van a hacer con la plata porque en todo el 2009 en nuestra ciudad la calidad del agua fue muy mala y no hubo obras de extendido cloacal de ningún tipo", enfatizó. Y sostuvo que lo mismo sucede en otros ámbitos: "Baigorria tiene 50 mil habitantes y en 2009 recibió dinero apenas para pavimentar diez cuadras, es una vergüenza". Sus pares de Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Pérez, Venado Tuerto, Ceres, Esperanza, San Carlos Centro, San Genaro y otras localidades acompañaron el reclamo.

Desde el oficialismo no tardaron en contestar. Consideraron que fue una ofensiva instigada por los dirigentes provinciales justicialistas, y retrucaron que la actual gestión mejoró sustancialmente la situación de los municipios. "En fiscalía tramitan 117 denuncias hacia el estado provincial por la forma en como las administraciones de (Jorge) Obeid y (Carlos) Reutemann les restaron recursos a las comunas durante trece años. Con razón tenían superávit. El PJ nunca modificó el sistema de reparto de fondos: la prueba está en que los mismos intendentes que ahora nos critican, son los que llevan adelante la denuncia judicial. Nosotros coparticipamos tal como lo expresa la ley y hemos triplicado los recursos del Fondo de Obras Menores. Por eso el reclamo es inentendible. Creo que se trata exclusivamente de un posicionamiento político", opinó Fernández.

A su vez, el funcionario negó que el estado provincial mantenga una deuda de 70 millones de pesos con Aguas Santafesinas como expresa la misiva de los intendentes. "No me consta. Pero en todo caso, si fuera así, tiene que ver con la caída en la recaudación. Hay más de mil millones que teníamos proyectado en 2009 y no recaudamos, con lo cual quedamos en deuda con algunas reparticiones", explicó. Y preguntó: "¿Y qué pasa con toda la plata que pone el Tesoro para Aguas Santafesinas? Porque si bien es una sociedad entre el estado provincial y los quince municipios, la única que pone dinero es la provincia", se quejó.

Fernández relacionó la rebelión de los intendentes justicialistas con las críticas que realizó esta semana el Ministro de Planificación Julio De Vido. "Ambas son posturas políticas. Le digo a De Vido que si la Nación nos coparticipara los cinco mil millones de pesos que nos debe en concepto del impuesto al cheque, el fondo de AFIP y de Ansés podríamos hacer mejores políticas. Nos restan fondos de la Nación, ha caído la recaudación fiscal pero así y todo nunca coparticipamos a los municipios y comunas menos de lo que les corresponde", remarcó.

Unos 124 mil autos de Rosario pagarán el aumento adicional de un 10 por ciento en la patente automotor. Se trata de un 37 por ciento del total que circula por ciudad. Para estos, el incremento total será del 30 por ciento durante el 2010. Por otra parte, unos 239.600 rodados quedaron exceptuados por tener una fecha de patentamiento anterior a 2004 y sólo sufrirán un 20 por ciento de suba en comparación con el año anterior. Con esta medida el municipio espera recaudar uno ocho millones de pesos que serán destinados a la repavimentación. El Secretario de Hacienda de la municipalidad, Gustavo Asegurado, explicó que estos fondos "no son importantes en el marco del presupuesto anual pero sí resultan significativos para la obra pública" y calificó de "tremendistas y agoreros" a los discursos de los concejales opositores que hablan de un estado desesperante de las arcas municipales. Desde las organizaciones que defienden a los consumidores piden que se amplíe la exención a otros vehículos.

Según los registros oficiales de la Administración Provincial de Impuestos, en Rosario circulan unos 363 mil autos, de los cuales el 63 por ciento quedará exceptuado luego de las modificaciones introducidas por el concejal Alberto Cortés. De todas maneras en esas cifras no están incluidos unos 1500 vehículos que pertenecen a la flota de taxis, remises y transportes escolares que tampoco pagan el 10 por ciento adicional. "Vamos a cotejar los datos de la Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad antes de realizar la emisión para que los titulares de estos vehículos no tengan que hacer ningún trámite", anunció Asegurado.

En principio Hacienda tenía previsto recaudar unos diez millones y medio de pesos, pero esa cifra bajó a ocho millones luego de las modificaciones introducidas en el Concejo. Según lo estipula la norma esa cifra será íntegramente utilizada para mejorar las calles de la ciudad con obras de repavimentación.

Más allá del noble destino de los fondos, la Asociación Argentina de Consumidores cuestionó la medida. "Lo consideramos injusto porque sumado al 20 por ciento aplicado por la legislatura provincial, duplica las mediciones privadas de inflación del 2009. Además, al tener efectos únicamente en Rosario sitúa a los rosarinos propietarios de automotores alcanzados por la suba, en una situación de desventaja o discriminatoria respecto del resto de los habitantes de la provincia", dice un comunicado emitido por la entidad.

Y cuestiona el parámetro tomado para concretar las exenciones. "Debió considerarse la valuación de los vehículos y no sólo el año de fabricación, porque un auto fabricado en 2004 puede ser más barato que otro de modelos anteriores de mayor categoría y sin embargo estos están exceptuados", añade.

La asociación también exige que se contemple "a aquellos que lo usan como medio de trabajo como es el caso de viajantes de comercio, y/o industria y de agentes de Propaganda Médica, entre otros". Y sostiene que "esto golpea fuerte fundamentalmente en la clase media, la que además recibirá aumentos en el API, EPE y Aguas.

Desde la mirada oficialista el incremento fue necesario para aumentar la inversión en obra pública que en el presupuesto 2010 girado al concejo municipal abarca apenas el 10 por ciento de los 1500 millones de pesos totales. Por eso durante la sesión que aprobó el aumento adicional del 10 por ciento algunos ediles como los justicialistas María Eugenia Bielsa y Héctor Cavallero criticaron el estado de las arcas municipales y hablaron de "un desfinanciamiento" y un estado de "desesperación".

Asegurado desestimó esas acusaciones. "Estos concejales nos tienen acostumbrados a discursos tremendistas desesperanzados y agoreros. Hace falta encontrar soluciones, no calificativos", sentenció el funcionario quien sin embargo dijo que "son tiempos complejos que hay que manejar con responsabilidad", al ser consultado sobre los recursos con los que cuenta.

El incremento se sentirá en los bolsillos rosarinos durante el mes de diciembre cuando comiencen a llegar los aforos a modo de una sexta cuota. Aunque está claro que la gran mayoría de los propietarios de automóviles quedarán exceptuados.

En Rosario circulan diariamente unas 400 mil motos según los cálculos estimativos de la Dirección de Tránsito Municipal, que diariamente remite al corralón un promedio de 15 motocicletas, por no contar con la documentación requerida o por diversas infracciones. El titular del área Mauricio Malano explicó que "hay cada vez más motos y también más infracciones porque muchos de los que adquieren estos vehículos desconocen las condiciones mínimas de manejo y las normas que regulan el tránsito". Por esta razón unas dos mil personas pasaron durante el 2009 por los cursos de capacitación obligatoria destinados a los conductores que quieran sacar su motocicleta del corralón. Las concesionarias explican que existe un aumento sostenido de las ventas desde el 2007 en adelante y proyectan un crecimiento del 25 por ciento para este año.

Como lo demuestran los informes de la Agencia de Seguridad Vial, la mayor cantidad de accidentes con muertes o lesiones graves se da entre los motociclistas. "Hay muchísimas más motos sobre todo de baja cilindrada, la cantidad ha crecido de una manera muy importante, supera al avance del parque automotor", insistió Malano al ser consultado. Y afirmó que en ese marco la municipalidad tiene dos caminos para prevenir accidentes: "Por un lado realizar un control estricto como el que hacemos todos los días y por otro lanzar una fuerte campaña de concientización vial", dijo.

Días atrás el propio secretario de servicios públicos Gustavo Leone había afirmado que la creciente cantidad de motos es una de las causantes de la pérdida de pasajeros que ha experimentado el transporte urbano de la ciudad y que el Ente municipal que regula al sector estudia algunas medidas para disuadir la compra masiva de estos vehículos.

Lo cierto es que quienes adquieren motos de baja cilindrada suelen ser asalariados que cansados de la poca frecuencia de algunas líneas en los barrios optan por movilizarse de manera independiente. "Los que vienen a comprar son obreros, gente de clase media baja que se lleva el rodado con financiación y termina pagando más del doble de lo que en realidad cuesta. Son personas que no podrán acceder a otro tipo de vehículos", explicó Flavio Acierne, propietario de una concesionaria ubicada en el oeste de la ciudad.

"Lo que tiene que hacer la municipalidad es bajar el precio del boleto. Con una moto un trabajador hace 70 km con un litro de nafta que cuesta a lo sumo cuatro pesos, mientras que con cuatro pesos apenas viaja dos veces en el transporte urbano", respondió Víctor Alonso, titular de Resonancias, una de las concesionarias más importantes de la ciudad. Y añadió: "Con 350 pesos mensuales una persona paga la cuota de la moto y se queda con un capital. Con el colectivo gasta y no le queda nada". El precio total de la inversión oscila entre 3500 y 6 mil pesos.

Por su parte los concejales de la oposición también salieron apegarle duro al oficialismo y a esgrimir que la verdadera materia pendiente es la de mejorar el servicio de transporte urbano: "Es ridículo. La gente que menos tiene compra motos en primer lugar porque un cuentapropista que trabaja de forma independiente esperando el ómnibus no puede hacer nada, y si es un trabajador en relación de dependencia teme perder el presentismo. Por eso lo que hay que hacer en lugar de quitarles la herramienta a los que menos tienen es construir un sistema de transporte que esté subsidiado en un 40 por ciento por fuera los usuarios", señaló el edil Hector Cavallero.

Alberto Cortés, tampoco coincidió con la lectura oficial de la problemática. "El municipio viene incumpliendo su obligación de dar un transporte público de calidad lo que ha obligado a mucha gente a buscar el recurso de la moto con lo cual no sería correcto que pretenda disuadir el uso de este vehículo, sí puede identificar los controles", opinó.

En este marco, el presidente del Ente del Transporte, Sebastián Bonet desestimó el tenor de los dichos de Leone pero adelantó a Rosario/12 que en marzo lanzarán un nuevo plan de movilidad para "seducir a la población con el objetivo de que opte por subirse al transporte público en lugar de a una moto".

Según las estimaciones conjuntas de los empresarios durante el año pasado las ventas crecieron un 20 por ciento y se espera que este año la situación mejore. "Rosario es uno de los lugares del país en donde más ha crecido la venta. Esperamos que en este 2010 los bancos tengan mayor liquidez y la gente acceda al crédito de una manera más simple, porque actualmente nos manejamos con las financieras que tienen intereses altísimos. Vamos a crecer por lo menos un 25 por ciento", proyectó Alonso.

Y respecto a la seguridad de los vehículos y la posibilidad de concientizar a los conductores todos coinciden en que es tan necesario como difícil. "A fin del año pasado nos reunimos con los principales concesionarios y nos plantearon que ellos pueden brindar asistencia sobre normas viales a quienes van a compran allí pero hay una realidad: las motos se venden también en supermercados o casas de electrodomésticos, con lo cual es muy difícil de regular", admitió Malano. El panorama planteado se afianza con un crecimiento sostenido en la venta de los rodados más económicos con la contrapartida de una creciente cantidad de infracciones y una disminución en el corte de boletos.

El Concejo Municipal aprobó un aumento adicional de un 10 por ciento en la patente automotor. Así, todos los vehículos radicados en Rosario y fabricados a partir de 2004 deberán pagar un 30 por ciento más de patente que el año pasado. Quedaron exceptuados los modelos anteriores a ese año, las motos cuya cilindrada no supere los 150 cm3, así como la totalidad de taxis, remises y transportes escolares. Tales modificaciones fueron exigidas por el edil de Proyecto Sur, Alberto Cortés, como condición para dar quórum a la sesión y bajaron la recaudación proyectada en once millones de pesos a unos ocho millones. Según explicaron desde Hacienda, se cobrará como una sexta cuota. Hubo duras críticas de la oposición justicialista, encabezada por María Eugenia Bielsa y Héctor Cavallero que tildaron a la medida de "excesiva" y "abusiva". Y criticaron la desfinanciación del municipio rosarino: "Hay una desesperación por conseguir recursos, hace falta un saneamiento de las arcas municipales", señaló Bielsa.

Previo a la sesión hubo intensas negociaciones con Cortés para poder aprobar la medida. Finalmente el socialismo aceptó todas las modificaciones que propuso el edil. Cambió el texto original y se aseguró de tener el quórum y los votos necesarios para sancionar la normativa. Incluso se modificó el destino de los recursos, que en principio eran para bacheo, a un fondo destinado exclusivamente a pavimentación. El representante de Proyecto Sur explicó que mientras el dinero de bacheo puede ser trasladado a rentas generales no sucede lo mismo con los fondos específicos por lo que así se garantiza que se destine a la obra pública. También minimizó el impacto del nuevo aumento argumentando que en términos reales "serán no más de 30 centavos por día que no afectarán a los sectores de menos recursos".

Finalmente con doce votos a favor y cuatro en contra en poco más de una hora se aprobó la iniciativa del Ejecutivo municipal que aumenta un diez por ciento más el importe que pagan en concepto de impuesto los vehículos radicados en la ciudad. Ya regía y estaba incluido en las liquidaciones el incremento del 20 por ciento que estipula la ley provincial 12.306 y pertenece al presupuesto 2010 aprobado en la legislatura. El artículo 55 dejaba un margen para que los municipios y comunas subieran aún más el costo de la patente. Y hasta ahora, según lo expresaron ayer concejales del oficialismo "unos 74 municipios hicieron lo mismo".

Desde el espectro opositor, María Eugenia Bielsa sostuvo que esa cifra "no es ni la sexta parte de los 360 municipalidades que existen en la provincia". También comparó el modelo rosarino con el de otras ciudades como Córdoba y Buenos Aires donde el incremento ha sido menor. En el caso de esta última la edila señaló: "Así y todo Capital Federal detectó que unos 52 mil autos de gran porte se radicaron en las provincias de Jujuy y Chaco para pagar menos impuestos. Lo mismo nos podrá suceder a nosotros: que la gente empiece a radicar sus vehículos en localidades vecinas como Pérez que no van a aumentar la patente y entonces esto que se aprueba hoy puede que no sea tan bueno para las arcas municipales como se espera".

Los bloques del PJ también basaron su negativa a aprobar la norma en el índice dado a conocer recientemente por el IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos) que coloca la inflación de todo el 2009 en un 15 por ciento. "Nada ha aumentado un 30 por ciento en la provincia como para justificar esta suba", disparó Cavallero. E invitó a "discutir el presupuesto a fondo para no estar poniendo parches".

Sin duda el desfinanciamiento del municipio fue el argumento más duro de la oposición para resistir la medida. "Si en paritarias los empleados municipales piden el 20 por ciento de aumento eso significará 140 millones de pesos más que no están previstos en el actual presupuesto. Sumados a los 56 millones de pesos de déficit que tiene la municipalidad, hoy son 200 millones. ¿Qué van a aumentar para hacer frente a esto?", preguntó Cavallero. Y pidió al Ejecutivo que reconozca la situación.

Bielsa fue gráfica al decir que "si un 11 de enero es necesario y urgente aprobar un ingreso de ocho millones de pesos sobre un presupuesto de 1500 millones de pesos estamos en una situación donde la municipalidad necesita recursos desesperadamente".

Desde el oficialismo respondió con dureza Edgardo Falcón diciendo que "es irresponsable y absurdo oponerse por simple oposición". Recordó que desde el 2004 no es actualizada la patente en la ciudad y señaló que las provincias de Córdoba y Buenos Aires aprobaron reformas tributarias que generaron alivio a las municipalidades mientras que en Santa Fe estuvo frenada por la bancada justicialista en el Senado.

También el presidente de bloque socialista Manuel Sciutto explicó que la reunión extraordinaria fue en enero porque así lo establece la prorroga aprobada por los legisladores del justicialismo provincial, que vence el 31 de enero.

Finalmente entre acusaciones cruzadas y concejales apurados por volver a sus lugares de veraneo concluyó la sesión aprobando una norma que gravará a buena parte de los vehículos radicados en la ciudad y funcionará como una sexta cuota de patentes en vista de que las liquidaciones anuales ya fueron emitidas.

Además del reclamo que planteará el Sindicato de Trabajadores Municipales a principios de febrero, durante el 2010 el municipio deberá responder las demandas de los choferes de colectivos que pedirán entre marzo y abril "por lo menos un 20 por ciento" de incremento, según dijo a Rosario/12 el titular de UTA, Manuel Cornejo. Desde el Ejecutivo municipal confían en que los subsidios nacionales absorban la cifra acordada en paritarias. El secretario de Servicios Públicos, Gustavo Leone, analizó la situación actual del transporte y planteó la reducción de motocicletas como estrategia para recuperar los pasajeros perdidos por los colectivos. También dejó claro que el municipio no está dispuesto a absorber más líneas.

En un panorama complicado, donde el transporte urbano de la ciudad está en la mira, desde el municipio dicen no temer el reclamo por subas salariales del sector, que se hará escuchar antes de mediados de año. "Hemos logrado que las autoridades nacionales reconozcan esa suma en subsidios. El año pasado, la Secretaría de Transporte de la Nación reconoció el 80 por ciento del total de los aumentos con lo cual el desfasaje de 50 centavos creció pero dentro de una escala. Ahora esperamos que cubra el ciento por ciento de los incrementos", sostuvo.

En cambio, el funcionario indicó que sí les preocupa la disminución de pasajeros: en 2009 se vendieron diez millones menos de pasajes que el año anterior. "Un 33 por ciento de esa disminución corresponden a los meses en que la ciudad se paralizó por la gripe A, la baja real es del 4 por ciento. Pero estamos estudiando formas de recuperar a los pasajeros", explicó.

Consultado sobre las estrategias que utilizarán apuntó a mejorar la frecuencias de las líneas que han tenido más mermas y a disminuir el uso de las motocicletas. "Hemos tenido un gran incremento en la cantidad de motos y estamos estudiando alternativas para disuadir a la gente, y para evitar compras masivas. El ente de Transporte está trabajando en el marco del Plan de Movilidad qué medidas adoptar, porque además es un medio de transporte peligroso: entre los motociclistas se registra la mayor cantidad de accidentes de tránsito con muertos", señaló. Al respecto, dijo que no descartan aplicar gravámenes impositivos a los motociclistas.

Otro de los temas relativos al transporte es la licitación de trece líneas de colectivos aprobada por el Concejo Municipal, que actualmente pertenecen a la Mixta, la Semtur y Rosario Bus. Son las 125, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 153 roja y negra y la llamada Ronda del Centro.

En el marco de la baja rentabilidad del sector, los especialistas consideran poco probable que inversores privados estén dispuestos a hacerse cargo del servicio, ante lo cual una de las opciones es estatizar esos recorridos, pero el titular del área lo descartó de plano. "La idea del municipio es no seguir tomando líneas. Queremos garantizar la participación del sector privado. Si no hay un inversor, el servicio seguirá prestándose como hasta ahora", sostuvo.

También desechó la posibilidad de estatizar la Mixta. "El sector privado debe seguir participando y hay que abrirle la puerta a futuros inversores", señaló.

A los periplos del transporte público se suman las modificaciones en el servicio de recolección de residuos, cuyos pliegos serán presentados en febrero en el Concejo Municipal. Y en junio también reclamarán los recolectores por más haberes. "Nos adeudan unos 800 pesos mensuales por trabajador correspondientes a un acuerdo ya firmado que el municipio no cumplió y vamos a pedir cuanto menos un 20 por ciento más sobre el salario básico", adelantó Marcelo Andrada, secretario general del sindicato de recolectores de residuos que responde al sector de Hugo Moyano.

El aumento incluirá a 835 trabajadores de higiene urbana que pertenecen al gremio de los recolectores alineados con el Sindicato de Camioneros. Al respecto, Leone afirmó que esa suma está contemplada en el nuevo presupuesto municipal. "Pasamos de nueve millones de pesos mensuales a 12 millones en materia de recolección. La cifra que queda por cumplir se hará de manera gradual y terminará de empalmarse en marzo", dijo el funcionario.

"Antes de fin de año estará en funcionamiento una planta de tratamientos de residuos en el marco del Plan Basura cero. El proyecto ya fue aprobado por el Banco Mundial, sólo falta que asignen las partidas", anunció el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Gustavo Leone a Rosario/12. Se trata de una inversión estatal de 15 millones de pesos que reducirá 250 toneladas diarias del total de residuos que se envían a Ricardone, unas 800 toneladas. El funcionario confirmó además que en febrero estarán en el Concejo los pliegos para la licitación del nuevo sistema de recolección. La concesión será por siete años y la ciudad estará dividida en tres partes. Del microcentro se hará cargo Higiene Urbana y el remanente quedará en manos de dos concesionarias que deberán invertir al menos 40 millones de pesos cada una.

Desde servicios públicos esperan que ambos proyectos se pongan en funcionamiento durante el 2010. En el caso de la ordenanza 8335 conocida como Basura Cero, que fue aprobada hace más de un año, se trata de una normativa impulsada por grupos ecologistas de la ciudad. "La planta de separación de residuos orgánicos estará ubicada en predio actualmente utilizado para la molienda de escombros en el barrio Bella Vista (Pte Perón al 6000) y significa un verdadero avance en materia de tratamiento de residuos", explicó Leone.

Se espera que la puesta en marcha de la ordenanza promueva la recuperación, el reciclado y sobre todo la minimización de la producción de desechos, haciendo un uso razonable de los mismos y disminuyendo el impacto ambiental que originan. Al respecto, el vocero del taller ecologista Mirko Moskat consideró positivo el anuncio. "La mitad de los residuos son orgánicos y esta planta tiene una gran capacidad de procesamiento, lo cual es importante. Pero eso no es todo, todavía falta mucho por hacer para que Basura cero se cumpla", advirtió.

Entre los ítems aprobados en la normativa se encuentran la colocación de contenedores especiales para residuos reciclables y la ampliación de los programas específicos de reciclaje de materiales recuperables.

Moskat hizo hincapié en la necesidad de realizar un servicio de recolección diferenciada para que los desechos sean separados en su lugar de origen. "Para eso es necesario realizar una fuerte campaña de concientización y modificar la logística actual", señaló.

Los nuevos pliegos no prevén una recolección diferenciada. Pero habrá como novedad cinco centros de almacenamiento y recepción de residuos especiales: sillas, sillones, muebles viejos, electrodomésticos y computadoras en desuso podrán dejarse en estos lugares. "Estarán ubicados en la zona correspondiente a las concesionarias del servicio que tendrán que instalarlos y hacerse cargo de la recepción. Serán lugares donde los vecinos podrán concurrir a dejar esos objetos, que actualmente aparecen en los contendores y generan inconvenientes", detalló Leone.

"Estamos terminando en enero los pliegos para presentarlos en febrero en el Concejo Municipal", anticipó el funcionario. Y detalló que el nuevo sistema estará dividido tres áreas: "El centro y las zonas de Fonavi seguirán a cargo de Higiene Urbana de la municipalidad, el resto de la ciudad se dividirá en dos zonas más. A las empresas se les exigirá recolectores de carga lateral y la colocación de contenedores metálicos". La concesión durará siete años y las empresas deberán invertir en ese lapso de tiempo 40 millones de pesos por zona para brindar un servicio de calidad.

Actualmente, las dos concesionarias existentes son Lime y Cliba pero podrían ser reemplazadas en la nueva licitación. "Hay unas cinco operadoras de residuos a nivel nacional y algunas se han mostrado interesadas en los pliegos. También una empresa de Montevideo y otra de Brasil que se acercaron para preguntar, así que hay expectativas", sostuvo el funcionario. Según los plazos estimados, a partir de febrero el Concejo municipal analizará el documento que envíe la Secretaría de Servicios Públicos y antes de que concluya el 2010 el nuevo sistema podría estar en marcha.

"Nuestro reclamo no baja del 20 por ciento y vamos a presentarlo en las paritarias de febrero. Si no conseguimos una respuesta en ese marco reclamaremos por las malas en la calle", aseguró a Rosario/12 Alberto Maguid, Secretario General de UPCN, el gremio que nuclea a los empleados públicos provinciales. El sindicalista afirmó: "Estamos al borde de una crisis tremenda por la desfinaciación de la provincia, en el que no sólo vamos a luchar los trabajadores, sino también los sectores más excluidos, porque en los hospitales ya están faltando insumos". Dijo que tanto el poder ejecutivo como el legislativo serán responsables de esta situación. Y añadió: "Creemos que hay intereses que no tienen nada que ver con los de la provincia", refiriéndose a los senadores justicialistas que boicotearon el proyecto oficial de reforma tributaria. Sin embargo, descartó concurrir al Senado para pedir que se asignen más fondos. También Amsafé exigirá aumento salarial en febrero, y afirmaron que el 20 por ciento no será suficiente.

"Evidentemente, es responsabilidad de los hombres que gobiernan no desfinanciar al estado. El estado necesita recursos no sólo para otorgar aumentos salariales a los trabajadores, que es muy necesario. También para que se mantengan las instituciones, los comedores, los hospitales. Corremos el riesgo de que los perjudicados sean los sectores de menos recursos, que van a ir a un hospital y no van a tener con qué atenderlos. Actualmente faltan insumos en casi todos los centros de salud. En Las Toscas, por ejemplo los empleados y los médicos le piden a la población que done gasas, algodón e inyectables", denunció Maguid.

Respecto a la disputa que se dio en las cámaras legislativas en torno de la reforma tributaria, Maguid prefirió no opinar. Pero señaló a los legisladores como co responsables del desfinanciamiento. "Yo no cuestiono el color político del gobernador, acepto los votos que le dio el pueblo y creo que necesita recursos. Creemos que acá han primado otros intereses que no son los de la provincia", remarcó.

Sin embargo, descartó de plano intentar que los senadores cambien su postura como lo hizo en su momento la Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales) comandada por Claudio Leoni. "No vamos a ir al Senado porque no estamos para cogobernar ni para presionar a ningún sector. Son ellos los que van a tener que rendir cuentas y serán responsables del caos que se avecina, con conflictos largos con los trabajadores y reclamos de los sectores más carenciados", vaticinó.

Uno de los conflictos más difíciles para la gestión de Hermes Binner será el que plantea el sector comandado por el sindicalista que implica a unos cien mil trabajadores. "Nosotros no tenemos la culpa de que no se hayan puesto de acuerdo. No nos bajamos de un 20 por ciento de aumento. Hace un mes se lo anticipamos a (Antonio) Bonfatti y el que avisa no traiciona", anunció.

Respecto a qué pasaría si la respuesta del Ejecutivo es negativa por falta de recursos fue contundente. "Estamos limpiando las armas con dolor. Somos un gremio responsable que apunta al diálogo, el paro es la última opción. Pero es nuestra única herramienta", concluyó.

También insistirán con un aumento de haberes los 70 mil docentes de la provincia, cuando comiencen las paritarias de febrero. Así lo confirmó la titular de AMSAFE, Sonia Alesso: "Este presupuesto beneficia a los que más tienen y perjudica a los trabajadores. Los senadores y diputados tendrán que hacerse responsable de lo que hicieron al dejar a la provincia sin posibilidad de discutir salarios. No nos extraña que Juan Carlos Mercier haga esto, ya lo padecimos cuando era ministro de Hacienda de Carlos Reutemann. Pero no se puede eludir el debate salarial", sostuvo.

Y al ser consultada sobre porcentajes dejó entrever que las exigencias de los maestros superan al resto de los gremios. "Lo determinarán los docentes en asamblea, pero el 20 por ciento nos parece poco", afirmó y dejó en claro que peligra el comienzo del ciclo lectivo.

Desde ATE también apuntan a un incremento que supere el 25 por ciento. Los dirigentes se reúnen hoy y convocarían a un plenario de delegados durante enero para plantear el reclamo a principios de febrero. "Hay que estar preparados para parar si el gobierno no quiere darnos el aumento, porque entendemos que los sueldos de los trabajadores están depreciados y hay que recomponerlos", afirmó el secretario general de ATE Rosario, Jorge Acedo. También explicó que pedirán una reforma en la política salarial de la provincia con la unificación de los haberes básicos de todos los sectores.

Al igual que Maguid, Acedo descartó ir al Senado, pero por razones distintas. "Los legisladores no van a cambiar de opinión porque muchos de ellos son gerentes de grupos económicos que les dan orden, no van a cambiar de patrón", enfatizó indignado.

Más allá de la artillería pesada que todos los sindicatos disparan contra los legisladores justicialistas, a principios de febrero lloverán los reclamos a un estado provincial con un presupuesto flaco, que deberá pilotear las tormentas.