Página#12 Libre

“Ojo que el salario mínimo está adelantado y no atrasado. Tenemos el salario mínimo más alto de América latina”, sentenció el vicepresidente de la UIA y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja. “Desde 2002, cuando era de 200 pesos, hasta ahora, que es de 1500 pesos, subió un 650 por ciento. Creció más que todos los (salarios) de convenio de la industria y los servicios, las asignaciones familiares y las jubilaciones”, argumentó.

La comparación de Funes de Rioja arranca en el año 2002 cuando el 54 por ciento de la población era pobre, el 27 indigente y el 50 por ciento de los trabajadores informales, mientras el 30 por ciento de los asalariados que permanecían formales no superaban con su salario la línea de pobreza. Entonces la institución Salario Mínimo había sido congelada y finalmente demolida por el neoliberalismo como mecanismo histórico de protección para los asalariados de menores remuneraciones.

Al respecto, reforzando lo dicho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala: Durante los años noventa, en un escenario en que muchos países aplicaron políticas de liberalización y apertura de los mercados de bienes y servicios y financieros, hubo voces que también propusieron eliminar el salario mínimo como una forma de dar mayor libertad a las fuerzas del mercado. Si bien muy pocos países en el mundo se han aventurado por el camino de la eliminación del SM, no han sido pocos los que deliberadamente han optado por debilitarlo como piso relevante de la escala salarial.

En su historia reciente, los países del Cono Sur practicaron algunos de estos enfoques, y en su aplicación debilitaron el instrumento al punto de que en muchos casos pasó a tratarse de una política desprestigiada. En los últimos años, sin embargo, en su mayoría han dado pasos concretos con miras a recuperar el SM como una política efectiva para proteger a los trabajadores de más bajos ingresos.

Las comparaciones de Funes de Rioja, con intencionalidad corporativa manifiesta, no tienen entonces fundamento real alguno. Cualquier aumento que parta desde la nada parecerá “colosal”, estimado Doctor. En efecto, luego de una década de congelamiento y finalmente estrepitosa caída entre 2001 y 2002 (el punto de base que sirve de referencia en la comparación de Funes de Rioja y su “650 por ciento de aumento”), el Salario Mínimo en Argentina se recompone recién a partir del año 2003 de manera sostenida, y se alinea con el de Chile y Brasil recién en el año 2004.

Dada la fijación de 1500 pesos como Salario Mínimo en enero de 2010, hoy en línea con la valorización de la línea de pobreza para un hogar tipo metropolitano y con una perspectiva inflacionaria en torno del 20 por ciento anual promedio y 30 por ciento en alimentos y bebidas, no cabe duda de que el nuevo Salario Mínimo a fijar no puede ser menor a 1800 pesos, o sea un 20 por ciento por sobre los niveles anteriores.

Se intentará con este aumento ya que no recomponer, al menos preservar el poder adquisitivo de la institución Salario Mínimo, respecto del valor de la línea de pobreza para cuatro miembros, y evitar que también en el ámbito formal se consolide y expanda el fenómeno del trabajador pobre, tan frecuente en el mercado de trabajo diseñado durante los años noventa y cuyos efectos, aunque atenuados, aún perduran: trabajadores ocupados plenos con remuneraciones menores al umbral de la pobreza de su hogar de residencia.

* Director de la consultora Equis.

Por lo que se ve, a pesar del terrorismo consultoril, las perspectivas de inflación de este año son bastante similares a las de 2009. Es probable que giremos en torno del 15 por ciento anual o, a lo sumo, con un leve deslizamiento hacia el 18 a 25 por ciento en alimentos y bebidas y lo mismo para Canasta Básica Alimentaria.

Este mes de abril, por motivos estacionales en parte, la desaceleración es notable y el trimestre que continúa probablemente tenga bajos niveles de inflación. Igualmente ya hemos comentado la impertinencia de la centralidad del discurso inflacionario para explicar, entre otras cosas, la tasa de pobreza local. Sólo el 10 por ciento de la tasa se explica por inflación. El resto de su robustez y perpetuación hay que buscarlo en la inequidad persistente de la estructura distributiva y la morfología asimétrica del mercado de trabajo, producto de la desindustrialización inaugurada por la dictadura y profundizada en los ’90, que aún no cambia de manera consistente.

Así las cosas, la actualización del Plan de Asignación a menores de 18 años, atado automáticamente a la asignación por hijo del circuito formal, si repitiera la actualización del 33 por ciento del año 2009 supondría una recuperación de 8 a 10 puntos por sobre el nivel esperable de aumentos del rubro “Alimentos y Bebidas” y Canasta Básica Alimentaria.

Con el crecimiento económico esperado del 6 al 7 por ciento y la generación de empleo que suscitará (no menos de un punto y medio) y la disminución leve del trabajo informal (tal vez un punto del actual 36,1 por ciento), probablemente a diciembre de 2010 los niveles de pobreza actuales hayan descendido un 40 por ciento y los de indigencia un 55 por ciento.

Estos niveles de pobreza e indigencia esperables serán los más bajos desde la recuperación democrática. Desandar el camino de la destrucción neoliberal en materia de pobreza e indigencia nos habrá tomado entonces, más de tres décadas.

* Director Consultora Equis.

Una de las claves del sostenimiento de los efectos inclusivos del Plan de Asignación Universal por Hijo (AUH) es su actualización. Hoy sabemos que el mecanismo de actualización elegido será enganchar el monto por beneficiario al aumento promedio de las asignaciones por hijo de los trabajadores formales, subas que son reclamadas por sindicatos y centrales de trabajadores y que durante 2009 treparon un 33 por ciento en promedio.

Si se repitiera el promedio del año pasado, la AUH treparía a 240 pesos por niño, y es compatible con el actual ritmo de aumento de la Canasta Básica Alimentaria, que en el primer trimestre, según el Indec, trepó un 9,6 por ciento. Así las cosas, el ajuste de la asignación universal previsto tiene una doble propiedad.

- Es automático y no discrecional.

- Se engancha la actualización a la discusión y disputa de la organización gremial, redundando en un agregado de capital social a los hogares beneficiarios que son también tutelados en sus ingresos por las organizaciones gremiales tradicionales y la CGT.

De ese modo, la actualización prevista tiene el beneficio adicional de expandir el universo de representación de la Central de Trabajadores hacia el territorio informal (hoy, en materia de representación gremial, verdadera “tierra de nadie”), por la vía de la actualización del beneficio. Se ensanchan así las fronteras democráticas y avanza la construcción de ciudadanía social, al ingresar –aún parcialmente– a la representación y tutela sindical el segmento de trabajadores informalizados. Es cierto que el incremento de las asignaciones familiares de los trabajadores formales lo decide el Poder Ejecutivo y lo instrumenta a través de una resolución de la Anses, pero los sindicatos participan activamente de la discusión por la recomposición de ese beneficio y ahora, indirectamente, también de la AUH.

* Director de la Consultora Equis.