Página#12 Libre

Después de estar algo más de un año presos por las escuchas, el ex jefe de la Policía Metropolitana y el espía Ciro James fueron dejados en libertad. La Sala I de la Cámara Federal evaluó, ante un planteo del ex comisario, que ya no hay razones para suponer que podría fugarse u obstaculizar la investigación judicial o que, al menos, el juez Norberto Oyarbide –a cargo de la causa– no las ha demostrado para justificar que la detención se prolongue. Con la resolución recién salida del horno, la abogada de James corrió al juzgado a pedir el mismo beneficio para su cliente. Oyarbide se lo concedió, porque tarde o temprano los camaristas se lo darían. Aunque este dúo que fue base del espionaje vuelva a su casa, la esencia del expediente no cambia porque siguen procesados por los delitos de asociación ilícita, violación de secretos, violación de privacidad y falsedad ideológica. Es decir, no está puesto en duda que pincharon los teléfonos del dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein, del cuñado de Mauricio Macri, Daniel Leonardo (enemistado con la familia), de empresarios, abogados y amantes, por lo que todo indica que irán a juicio oral. Si el jefe de Gobierno porteño irá al banquillo junto con ellos, es una de las principales dudas que aún prevalecen.

Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (Eduardo Farah está de licencia) siempre respaldaron la investigación de Oyarbide, y lo siguen haciendo, sólo que ayer fueron muy duros al analizar su manejo de las detenciones y le atribuyeron “ceguera” por desoír una indicación anterior en la que le decían que no debía prolongarlas “más de lo estrictamente necesario”. “El encarcelamiento preventivo es de utilización excepcional (...) no es un fin en sí mismo (...) sólo un medio para asegurar” la investigación, remarcaron ayer. “No es misión del juez instructor sancionar ni imponer una pena”, señalaron, sino “concentrar todos sus esfuerzos” en “el descubrimiento de la verdad”.

En octubre la Cámara de Casación había rechazado por tercera vez excarcelar a Palacios por considerar que era un riesgo para la pesquisa. La Sala I de la Cámara Federal hizo un análisis distinto y le dio la razón a la defensa del policía favorito de Mauricio Macri por el hecho de que toda la prueba en su contra fue reunida durante 2009 y no se incorporaron nuevos elementos durante este año. El razonamiento es que no tendría nada que entorpecer.

Para los camaristas, Oyarbide “ha fracasado en la demostración de la existencia de un riesgo, sobre la base de la ponderación de elementos objetivos y contrastables que justifiquen la prolongación de la medida excepcional de restricción de la libertad”, en el caso de Palacios. Burstein, querellante en la causa, le dijo a Página/12: “No me cambia nada que Palacios y James estén en libertad, más allá de que uno a uno le pueda impactar pensar que el Fino está por la calle; lo importante es que se siga investigando y lleguemos a un juicio oral” (ver aparte).

Palacios y James fueron trasladados a los tribunales federales de Retiro después del mediodía y recibieron la notificación formal del secretario Gustavo Russo. Ninguno dijo ni una palabra más que “gracias”. A James se lo vio con algunos kilos más que los que tenía en octubre del año pasado, cuando fue detenido luego de que el juzgado confirmara que unas semanas antes le había pinchado a Burstein el celular que usaba para hablar con sus compañeros y con el fiscal Alberto Nisman, de la causa sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que Palacios estaba entonces muy cerca de ser procesado (algo que ocurrió), a pesar de lo cual Macri lo puso a armar y dirigir la Policía Metropolitana. Después de unas semanas, al analizar con quién se comunicaba James en momentos claves de la escucha a Burstein –por ejemplo, cuando retiraba las grabaciones–, resultó que hablaba con Palacios, quien confesó que cuando estalló el escándalo estaba por hacerlo entrar a la policía porteña.

Como reveló Página/12 días antes de que James quedara preso, el circuito para concretar el espionaje incluía la participación de varias personas, aunque el espía y Palacios eran un hilo conductor. Era James el que gestionaba, a veces a instancias de Palacios, las pinchaduras, y lo hacía con ayuda de policías y dos jueces de Misiones, Horacio Gallardo y José Luis Rey. Ambos magistrados trucaban expedientes al incluir los nombres de las personas a las que se quería espiar como supuestos implicados en robos y homicidios. Entonces le ordenaban a la SIDE que interviniera sus comunicaciones, y James retiraba las grabaciones en oficinas de la central de inteligencia en Capital Federal. Así ocurrió con una decena de personas. Después del hallazgo de la pinchadura a Burstein, aparecieron otras, como del cuñado de Macri, al del empresario televisivo Carlos Avila, su yerno y gerente de TyC Federico Infante, dos ejecutivos de Supermercados Coto, el abogado Francisco Catex y la esposa de un conocido anticuario, entre otros. La investigación demostró la participación de James en todos los casos; la de Palacios quedó acreditada en cinco.

La primera conexión con Macri fue el nombre del propio Palacios, ideólogo y jefe de la Metroplitana, a quien antes le había confiado la seguridad de Boca cuando era presidente de ese club y decía que estaba dispuesto a confiarle a su familia. Pero hubo más: en un allanamiento en el departamento de James apareció el famoso contrato del espía en el Ministerio de Educación porteño, donde se suponía que prestaba servicios como asesor legal pero ningún trabajo suyo quedó documentado. Además, justo su nombramiento coincide (en mayo de 2008) con la intervención telefónica a Leonardo, el cuñado del jefe de Gobierno, casado con su hermana Sandra Macri, envuelto en una histórica disputa en torno de la fortuna familiar. Luego se sumaron otros datos, como ciertas apariciones de James (detectadas por la ubicación de su celular) que coinciden con la casa de Macri en días que retiraba escuchas del cuñado, y recientemente, setenta llamados telefónicos desde y hacia dos celulares del ex ministro de Educación Mariano Narodowski. Tanto para Oyarbide como para los mismos camaristas que decidieron liberarlo, James tenía un contrato en la administración porteña como pantalla de su actividad de espionaje ilegal. Por otro lado, una pista aún inclusa es la que indaga en los seguimientos que hacían Palacios y Chamorro sobre las finanzas y el patrimonio de legisladores de la oposición al macrismo desde la consultora del Fino mientras ambos dirigían la policía porteña en su etapa de estreno.

James y Palacios, con sus procesamientos confirmados por asociación ilícita, violación de secretos, violación de privacidad y falsedad ideológica, podrían a volver a ir presos si los condenaran en un juicio oral. Macri todavía cultiva expectativas de que la Cámara de Casación le abra un recurso de queja (una medida excepcional, reservada para casos igualables a una sentencia definitiva) y que revise su procesamiento como partícipe de la asociación ilícita, ya confirmado por la propia Sala I que acaba de liberar al dúo de espías. Todavía está también en veremos la recusación contra Oyarbide. En el macrismo ayer se cuidaron de festejar el nuevo escenario, entre otras cosas porque cuando una causa queda sin detenidos los tiempos hasta llegar a juicio se vuelven más lentos, por ende, el panorama del jefe de gobierno difícilmente se resuelva mucho antes de las elecciones presidenciales y seguirá enredado en la trama de las escuchas.

La Cámara de Casación rechazó ayer, por tercera vez, el pedido de excarcelación de Jorge “Fino” Palacios, preso en el penal de Marcos Paz desde hace once meses. El argumento de dos de los tres jueces es que teniendo la experiencia que tiene en el mundo del espionaje, los contactos en las fuerzas de seguridad y los recursos materiales con los que cuenta, tiene lógica que en libertad obstruya la investigación y logre alterar pruebas de importancia que se están haciendo. Por ello, los magistrados consideran que debe continuar detenido. Los jueces de la Casación no evaluaron la acusación en sí misma, es decir que se mantienen firmes las imputaciones por violación de secretos, violación de privacidad, falsedad ideológica y –aunque en esto no tienen unanimidad los magistrados– asociación ilícita.

La eventual libertad de Palacios hubiera sido festejada, seguramente con discreción, por el macrismo. Es más, lo habrían exhibido como un argumento en la comisión de investigación de la Legislatura. Sin embargo, la realidad es que ni la continuidad de su prisión ni la excarcelación cambian el fondo de la causa judicial y las acusaciones por espionaje. En ese terreno, Mauricio Macri y su entorno sostuvieron desde el principio que la causa era un armado del juez federal Norberto Oyarbide, en combinación con el Gobierno, pero lo cierto es que las medidas del magistrado fueron confirmadas por la Cámara Federal varias veces y también por la Casación.

La jueza Angela Ledesma, redactora de la resolución mayoritaria de ayer, sostiene que hay un conjunto de pruebas que todavía falta hacer y que con Palacios en libertad podrían ser alteradas. Por ejemplo, el juez libró un oficio a la Justicia norteamericana para que la empresa de seguridad Ackerman responda si contrató a Global Consultancy, la consultora de Palacios, para tercerizar una investigación sobre el cuñado de Mauricio Macri, Daniel Leonardo. Ackerman habría sido contratada por Franco Macri y Mauricio sugiere que toda la responsabilidad del espionaje ilegal sobre Leonardo es de su papá.

También está pendiente averiguar con precisión cómo se hicieron los pedidos de informes financieros de dirigentes gremiales porteños, opositores al gobierno de Macri y hasta hombres del PRO, averiguaciones que partieron de una computadora en la empresa de Palacios. Ledesma dice que, tal vez, el Fino no obstaculice algunas de las medidas de prueba pendientes, pero que se trata de un conjunto y que es evidente su capacidad para moverse en el ámbito de las investigaciones. El criterio de Ledesma fue acompañado por otro juez de la Sala, Gustavo Mitchell. En cambio votó a favor de la libertad de Palacios la jueza Liliana Catucci.

En la anterior denegatoria de la excarcelación de Palacios, hace poco más de un mes, Catucci se refirió a la acusación de asociación ilícita y directamente se opuso a esa imputación. Su par de aquel momento, Eduardo Riggi, sugirió que tal vez la figura de la asociación ilícita no correspondía, pero la cuestión era que Palacios podía obstruir la pesquisa. En esta oportunidad, ninguno de los tres jueces volvió sobre el tema, algo que podrían haber hecho.

La Sala I de la Cámara Federal volvió a negarle la excarcelación al espía Ciro James en la causa de las escuchas. El tribunal sostuvo que existe peligro de que se fugue o entorpezca la investigación debido a su amplia “trayectoria como agente de inteligencia”, que le ha dado contactos con fuerzas de seguridad, y el hecho de que aún “hay medidas de prueba en plena marcha”. Igual que el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, James había planteado que la Justicia le da un trato desigual con respecto a otros imputados de mayor jerarquía. Octubre probablemente sea un mes de grandes definiciones en la causa, ya que la Cámara de Casación podría resolver planteos importantes: la apelación del procesamiento de Mauricio Macri, su recusación contra el juez Norberto Oyarbide y el nuevo pedido de excarcelación de Palacios.

El 5 de octubre se cumplirá un año desde que James fue detenido, cuando el juez Oyarbide corroboró que era el encargado de retirar de la SIDE las escuchas a Sergio Burstein, dirigente de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA, que habían sido ordenadas en expedientes judiciales truchos que se armaban en dos juzgados de Misiones. Más adelante se supo que su papel era más determinante todavía, ya que participaba en todo el proceso de gestión y ejecución de las pinchaduras. También confirmaron los investigadores que lo hacía en combinación con Palacios, el ex jefe de la Policía Metropolitana, y que los espiados eran muchos más, entre ellos el cuñado de Macri, Daniel Leonardo. La conexión con el gobierno porteño no fue sólo Palacios, sino que James había sido contratado –justo al iniciarse la escucha a Leonardo– como asesor legal en un lugar insólito, donde en rigor no hay ningún trabajo suyo acreditado: el Ministerio de Educación de la Ciudad.

La última vez que James pidió su excarcelación se quejó de que el juez se negaba a liberarlo basándose en su gran experiencia como espía, reflejada incluso en el currículum que entregó cuando se presentó como aspirante a la Metropolitana. Su abogada alegó que, igual que cualquiera que se presenta a un trabajo, seguramente James había exagerado sus antecedentes y que las posibilidades de que obstaculizara la causa eran una mera hipótesis. A su vez, apeló a otro argumento que también Palacios usó anteayer en un escrito presentado ante la Sala III de la Cámara de Casación, que debe volver a decidir si lo excarcela. El ex comisario dijo –en obvia alusión a Macri– que “otros acusados en la misma causa ocupan lugares de influencia social o política de mayor importancia que Palacios y sin embargo padecen este proceso en libertad”. James, en igual sentido, sostuvo que –siendo él un auxiliar cuarto de inteligencia– recibe un trato desigual.

La Sala I de la Cámara Federal señaló ayer que no fue sólo Oyarbide quien advirtió sobre “las capacidades especiales” de James como espía y las consecuencias que podría acarrear si fuera liberado, sino que el propio tribunal de alzada lo dijo. De hecho, a mediados de julio, cuando confirmó los procesamientos por asociación ilícita de Macri, James y Palacios, la Cámara enumeró todas las actividades de inteligencia por las que habría pasado el joven espía: enlace con la Dirección de Inteligencia Naval, con la Dirección de Inteligencia Militar, con la del Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal, actividades en Inteligencia del Ejército, escuchas telefónicas en investigaciones judiciales, curso de auxiliar de inteligencia de la Escuela Federal de Inteligencia, entre otras tantas. Aquel fallo respaldó la investigación de Oyarbide y le dio una vuelta de tuerca al decir que la presencia de James en la administración porteña era prueba de que se estaba armando un aparato clandestino de espionaje.

La nueva resolución contra James lleva la firma de Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero y una pequeña advertencia: a medida que pasa el tiempo se requieren mayores fundamentos para mantener a alguien con prisión preventiva. “Esta seria injerencia sobre la libertad personal del imputado no podrá prolongarse más allá de lo estrictamente necesario”, dice. “Esto supone –explica– un permanente replanteo acerca de la subsistencia de aquel riesgo (de fuga y obstaculización), que deberá sustentarse sobre variables objetivas y contrastables, sin perder de vista que a medida que el tiempo pasa, la exigencia de tal demostración aumenta.”

En ese punto, la Cámara de Casación firmará un nuevo pronunciamiento en casi dos semanas con respecto a Fino Palacios. El máximo tribunal penal ya le rechazó en otra oportunidad excarcelarlo, precisamente porque podría valerse de red de contactos con fuerzas de seguridad y autoridades para fugarse o afectar la recolección de pruebas. Pero hay que ver si los camaristas siguen pensando lo mismo. También existe la posibilidad de que analicen si es apropiada la calificación de los hechos como “asociación ilícita”, un delito grave. Como en su último fallo una de las juezas de Casación –Liliana Catucci– cuestionó esa figura, por prematura, Macri se aventuró a apelar allí su procesamiento, que también deberá ser resuelto, igual que la recusación de Oyarbide. Este será un mes en el que podría haber –o no– grandes cambios en la causa.

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó cuarenta nuevas declaraciones testimoniales en la causa del espionaje. Los testigos citados son todos empleados actuales o pasados del Ministerio de Educación porteño. Más precisamente, pertenecen o fueron parte de la llamada “unidad ministro”, en la que estaba contratado Ciro James. El objetivo es establecer si alguien conocía o vio al espía en esa dependencia y qué clase de vínculo –si había– lo unía con el ex titular de la cartera, Mariano Narodowski, con quien fue su segundo, Andrés Ibarra, con el titular de Auditoría, Roberto Ayub, y con la jefa de gabinete del organismo, Roxana Barroso.

Tanto el juez Oyarbide como la Sala I de la Cámara Federal vienen sosteniendo que James, clave en la ejecución de las escuchas, había sido contratado en Educación como pantalla de sus verdaderas actividades de espionaje. Los camaristas incluso señalaron que ése fue el camino que eligió la administración macrista para darle “cobertura” y una “paga” como retribución, mientras él colaboraba con el armado, junto con Jorge “Fino” Palacios, de una estructura de Inteligencia subterránea a la Policía Metropolitana y clandestina, ya que la nueva fuerza no está habilitada para ese tipo de seguimientos. Este planteo surge del fallo que confirmó el procesamiento de Mauricio Macri como partícipe de la asociación ilícita por la que están presos James y Palacios, ex jefe de la policía porteña.

Aquella resolución también apuntaba a Ibarra, un hombre muy cercano a Macri, que hasta entonces permanecía relativamente ajeno al expediente. El tribunal recordó que había sido gerente general de Boca cuando el líder de PRO lo presidía, y que a él reportaba Palacios como jefe de seguridad del club. Para los jueces, todo hacía suponer que, por Macri o por Palacios, Ibarra facilitó el ingreso de James a Educación en mayo de 2008, justo cuando le pincharon el teléfono al cuñado de Macri, Daniel Leonardo.

Oyarbide indagó a Ibarra, actual titular de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda porteño, a comienzos de agosto. Antes había interrogado a Barroso, también como sospechosa. Pero aún no resolvió la situación procesal de ninguno de ellos. Ibarra responsabilizó a Narodowski por la contratación de James y a Barroso, de prorrogarla. Ella nunca logró dar una explicación de qué hacía James en la cartera y por qué no hay trabajos suyos registrados. Narodowski fue desprocesado por la Cámara Federal. Ayub hasta ahora sólo declaró como testigo al comienzo de la causa porque la auditoría fue el primer lugar donde estuvo el espía. Allí, según el expediente, duró unos días, y pasó a depender de Barroso.

Las nuevas declaraciones comenzarían a mitad de la semana próxima, a razón de cinco por día. Recién después Oyarbide resolvería si procesa o no a Ibarra y a Barroso, y si le imputa a Narodowski algún delito distinto a los que la Cámara revocó. Mientras tanto, la Cámara de Casación estudia dos planteos de Macri: una recusación contra Oyarbide y la apelación de su procesamiento. También tiene que resolver, otra vez, si libera a Palacios.

Mauricio Macri en una de las actividades de gestión que compartió con Narodowski e Ibarra.

El funcionario porteño Andrés Ibarra, muy cercano a Mauricio a Macri, culpó al ex ministro de Educación Mariano Narodowski por la designación de Ciro James como asesor en esa cartera, donde en realidad no hizo trabajo alguno. Ibarra fue indagado ayer por el juez Norberto Oyarbide en la causa del espionaje como sospechoso de haber sido nexo en la incorporación del espía en el Gobierno de la Ciudad para darle un cargo que ocultara sus verdaderas actividades ilegales de Inteligencia. “No tengo nada que ver con James”, dijo varias veces a lo largo de su declaración, e insistió en que no lo conoce y jamás lo vio. El propio jefe de Gobierno había afirmado en el expediente que Ibarra se ocupaba de las cuestiones administrativas y contrataciones de Educación, y Narodowski de las padagógicas.

Ibarra fue citado en la causa de las escuchas como consecuencia del fallo de la Sala I de la Cámara Federal que ratificó el procesamiento de Macri como integrante de una asociación ilícita dedicada a espiar, donde además de James tuvo un papel crucial el primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios, ambos presos. Los camaristas señalaron a Ibarra, quien fue secretario de Educación (segundo en la línea jerárquica), como posible canal para que James fuera nombrado allí con un sueldo de 6000 pesos. Destacaron su cercanía a Macri, recordaron que fue gerente general de Boca cuando el líder de PRO lo presidía y que a él reportaba Palacios como jefe de seguridad del club desde 2006. Por Macri o por Palacios, Ibarra, según los camaristas, habría sido quien le abrió la puerta a James como parte del armado de lo que describieron como una estructura “clandestina” de Inteligencia del gobierno porteño. Oyarbide le imputa haber colaborado con la organización ilícita.

Según declaró Ibarra, ahora titular de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, Narodowski fue quien “propuso” y firmó “la contratación” de James, que se concretó justo una semana después de que comenzara la escucha al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, en mayo de 2008. Quién recomendó al espía, dijo que no sabe. A su entender, lo que importa es que en el expediente de incorporación de James la firma del ex ministro aparece al comienzo y al final, en las páginas decisivas, mientras que la suya sólo está en trámites menores. Argumentó, además, que los dos lugares a los que James fue asignado (la Unidad de Auditoría primero y la Unidad-Ministro después) dependían de Narodowski. La prórroga del contrato, dijo, la propuso Roxana Barroso, que era jefa de Gabinete del Ministerio. Barroso fue indagada y su situación está en veremos. El ex ministro fue desprocesado por la Cámara. Ahora tiene falta de mérito.

El ex secretario educativo también contó ante el juez que trabaja con el Grupo Macri desde 1979. Que empezó como becario en Socma, dijo, y por último estuvo en Autopistas del Sol. Mauricio Macri, relató, le propuso ir a Boca en 2004. Según Ibarra, Palacios fue llevado al club por propuesta de Macri y el fallecido Pedro Pompilio. Primero, precisó, le dieron un cargo de asesor en seguridad y luego de gerente de seguridad. Cuando le preguntaron en qué época el ex presidente de Boca le presentó al ex comisario, dijo que fue en febrero de 2005, una fecha que discrepa con la que viene divulgando Macri y que señaló en la Legislatura: el año 2006.

En el expediente figuran 22 llamadas hechas desde el celular de Palacios a uno de la gerencia general de Boca. Ibarra dijo que utilizó ese teléfono hasta que se sumó al gobierno porteño, a fines de 2007. Esas comunicaciones comienzan en agosto de aquel año y van hasta octubre de 2009. Una decena corresponde a la etapa en que Ibarra todavía estaba en el club, pero Palacios ya no. Ibarra alegó que el ex comisario lo llamaba para pedirle entradas, una camiseta autografiada o asociar a alguien.

Durante la declaración insistió en que nunca lo vio a James en Educación –ni en Boca–, que no lo conoce y jamás habló con él. Ofreció varios números de teléfono suyos al juzgado para que haga entrecruzamientos y cuatro testigos (dos de Boca y dos de Educación). La Cámara ya dijo en relación a Macri que no importa si conocía a James, que conseguía jueces que ordenaran las escuchas, él las retiraba de la SIDE y Palacios supervisaba. Según el tribunal, la responsabilidad de los funcionarios pasa por haber proporcionado la cobertura y la paga para realizar el espionaje.

El abogado que acompañó a Ibarra a tribunales es Alejandro Pérez Chada, el mismo que representa en algunas denuncias a los accionistas privados de Papel Prensa. Fue, por ejemplo, quien se presentó por Bartolomé Mitre (La Nación) y Héctor Magnetto (Clarín) en una denuncia reciente contra el secretario de Comercio Guillermo Moreno, que cuestionaba la investigación sobre cómo se hizo el traspaso de las acciones de los Graiver.

Hasta hace poco Mauricio Macri se jactaba de que no había llamados suyos con el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios registrados en la causa del espionaje. En tres escritos judiciales diferentes se quejó de que no era justo que a él lo consideraran tan sospechoso como al espía Ciro James y a Palacios que, en cambio, sí tenían múltiples contactos detectados entre sí. “Ninguna comunicación existe entre Mauricio Macri y los nombrados”, remarcaron los distintos planteos –descargos y apelaciones– de sus abogados defensores. Pero las llamadas entre el jefe de Gobierno y el ex comisario empezaron a aparecer: hasta ahora fueron detectadas nueve, entre julio y septiembre del año pasado. Una en particular se produjo al mes de la renuncia del Fino a la policía porteña y fue justo horas después de que James retirara de la SIDE las primeras escuchas al familiar de las víctimas de AMIA Sergio Burstein.

Parecía raro, en rigor, que no hubiera ningún contacto telefónico entre el jefe de Gobierno y Palacios, que era su hombre al frente de la Metropolitana y, como solía decir Macri, el policía al que podría confiarle tranquilamente la seguridad de su familia. Era esperable que hablaran. Lo que sucede es que los investigadores no habían dado hasta ahora con los números viejos ni actuales del líder de PRO. Incluso el juzgado de Norberto Oyarbide tuvo que ser insistente para que la Jefatura de Gabinete porteña le informara los celulares que tiene asignados por el Gobierno de la Ciudad. En un comienzo no le mandaron nada, luego dieron los teléfonos fijos y recién sobre el final de esta semana facilitaron un número de celular que Macri usa en la actualidad. Quienes frecuentan al ex presidente de Boca suelen verlo por lo menos con tres celulares encima, lo que demuestra que lo que se empieza a saber sobre sus comunicaciones es apenas un atisbo.

Del entrecruzamiento de llamados que se empezó a hacer en tribunales el viernes surge, según confiaron allegados al expediente a Página/12, que entre julio y septiembre del año pasado Macri y Palacios hablaron por lo menos nueve veces, ocho de las cuales corresponden al período en que el ex comisario estaba en la jefatura de la Policía Metropolitana, y una es posterior. Palacios renunció el 25 de agosto. La llamada en cuestión es del 25 de septiembre, cerca de las nueve de la mañana: va del teléfono del ex jefe policial al de Macri: duró 45 segundos. Al atardecer del día anterior James había retirado de la SIDE las primeras escuchas a Burstein, el dirigente de familiares de AMIA que fue un fuerte crítico de la designación del Fino en la Metropolitana y que es querellante en la causa del encubrimiento del atentado en la que el ex comisario fue procesado.

Al juzgado todavía le faltan datos como para ponderar qué implicancias tienen estas comunicaciones que despuntan entre Macri y Palacios. En el caso de James y Palacios, se advirtió que había un patrón de comportamiento: solían hablar inmediatamente antes o después de que el joven espía retirara de oficinas de la SIDE grabaciones o transcripciones relacionadas con ciertas escuchas, especialmente las de Burstein, el empresario Carlos Avila y dos gerentes de Supermercados Coto. Las intervenciones, en todos los casos, eran requeridas desde Misiones, por dos jueces que terminaron destituidos (Horacio Gallardo y José Luis Rey), que truchaban expedientes en combinación con James para lograr el espionaje.

Lo que Macri ya no podrá decir ni usar como argumento contra su procesamiento es que no había contactos telefónicos suyos con Palacios, algo que planteó por lo menos en tres oportunidades por escrito, con sus abogados Ricardo Rosental y Santiago Feder:

- “No existen llamadas entre nuestro asistido y James ni entre nuestro asistido y Palacios, tanto en fechas cercanas a las escuchas del señor Burstein como en ninguna otra”, decía el texto de la apelación al procesamiento que le dictó Oyarbide por asociación ilícita, violación de secretos y falsedad ideológica.

- “Respecto de los señores Palacios y James, por ejemplo, el juez consideró fundamental las comunicaciones que mantuvieron en momentos previos y posteriores a las intervenciones telefónicas. Ninguna comunicación existe entre Mauricio Macri y los nombrados, pero a su respecto, en cambio, el juez consideró suficiente para procesarlo la mera presencia de James en la zona donde vivía nuestro asistido, aunque más no sea por escasos minutos y sólo en algunos de los días en que retiró casetes con conversaciones de (su cuñado Daniel) Leonardo”, argumentó la defensa de Macri en un “memorial” que presentó ante la Cámara Federal.

- En su descargo por escrito ante el juzgado Macri dijo que Palacios, como jefe policial, reportaba al Ministerio de Justicia y Seguridad pero no a él, que tuvo una “relación de carácter técnico y profesional” únicamente. En el manejo de la policía, sostuvo, “no intervenía el jefe de Gobierno”. Hasta el día de hoy sigue sin cuestionar al Fino. En aquel primer descargo dijo que los cuestionamientos que había a su nombramiento “no reflejaban la necesidad y los reclamos de los vecinos en materia de seguridad”.

En el análisis preliminar de los llamados del líder de PRO con Palacios, también habría alguna coincidencia con las escuchas al empresario Carlos Avila. Días atrás el abogado Mariano Bergés le planteó a Oyarbide que investigue si existe vinculación entre las escuchas y la licitación fraudulenta de la publicidad del mobiliario urbano, en la que se favoreció a la empresa Publicidad Sarmiento que había presentado documentación falsa. Avila fue uno de los que quedaron afuera. Oyarbide pidió la causa donde se investiga ese asunto al juez Ernesto Botto.

Así, mientras Macri pide juicio oral ya, la causa judicial va sumando vericuetos y pistas que aumentan su complejidad, pero no es seguro que su celeridad. En cuanto a los celulares de Macri, todavía no se sabe, por ejemplo, cuáles usaba en 2008, ni con quién hablaba por entonces, o al menos entre mayo y junio, que fueron dos meses clave porque abarcan la intervención ilegal al teléfono de su cuñado, Daniel Leonardo, y en simultáneo la designación del espía James como supuesto asesor legal del Ministerio de Educación porteño, donde se comprobó que nunca realizó ningún trabajo. Según la Sala I de la Cámara Federal esa designación fue la forma de darle una “retribución” y “cobertura” al espía en los inicios de lo que consideró una estructura “clandestina”, “subterránea” de inteligencia ilegal en el ámbito de la administración porteña. Las escuchas a Burstein y a Leonardo lo confirman, según señaló al tribunal al responsabilizarlo a Macri por ellas.

La pinchadura a Leonardo es muy comprometedora para el jefe de Gobierno, ya que no hay mucha explicación sobre quién más podía tener interés en escucharlo. El jefe del clan familiar, Franco Macri, blanqueó públicamente un enfrentamiento con el parapsicólogo, casado con Sandra Macri, y lo acusó de “cazafortunas”. Leonardo, ante la Justicia, responsabilizó a ambos, suegro y cuñado, de la intromisión en su privacidad. Franco también admitió que había contratado una agencia de seguridad, The Ackerman Group, para proteger a la familia y deslizó que también hacían investigaciones. El juzgado constató que Ackerman no está registrada en el país y espera informes pedidos a Estados Unidos, donde se supone que tiene sede.

Palacios y James, seguramente jefe y organizador de la asociación ilícita, y Macri, integrante, son los tres principales procesados. Todos fueron sometidos a pericias psicológicas la semana pasada. Los expertos del Cuerpo Médico Forense dijeron que están en condiciones de enfrentar un juicio y que comprenden perfectamente la diferencia entre “lícito e ilícito”. Sobre Macri, el informe agregó que se lo vio particularmente “molesto por su situación”.

El juez Norberto Oyarbide citó a declarar como testigo a una mujer que fue socia en la publicación de una guía de novias de las esposas del espía Ciro James y del jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta en un período que coincide con el de las escuchas. Se investiga si ese funcionario tuvo vinculación con la contratación de James en el Ministerio de Educación y con las pinchaduras. El magistrado, además, ordenó practicarle a Mauricio Macri un examen psicológico y psiquiátrico, una medida prevista para todos los procesados por delitos con penas mayores a diez años de prisión y le dio un plazo de cinco días para presentarse y hacer efectivo el embargo de 250 mil pesos que le trabó el mes pasado en la causa del espionaje.

La evaluación que le tendrán que realizar a Macri los expertos en salud mental del Cuerpo Médico Forense es obligatoria, según el Código Procesal, para cualquier procesado por delitos graves. Al jefe de Gobierno porteño Oyarbide y la Sala I de la Cámara Federal lo consideran integrante de una asociación ilícita dedicada al espionaje y también le han imputado los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

Macri dijo ayer que le “causa gracia” la pericia psicológica. Acotó que la acepta porque “es lo que marca la ley dentro de la formalidad de este disparate que ha hecho (Néstor) Kirchner con el juez, y lo haremos”. Oyarbide dispuso, también de rutina, la realización de un informe “socioambiental” en la vivienda del líder de PRO. A su vez le notificó que debe presentarse en el transcurso de los próximos cinco días hábiles para hacer efectivo (con dinero o bienes) el embargo. En el entorno de Macri cuentan que evalúa sumar nuevos abogados a su defensa –hasta ahora ejercida por Santiago Feder y Ricardo Rosental– y que todavía no definió si apelará su procesamiento ante la Cámara de Casación (ver aparte).

Después de haber citado a indagatoria a Andrés Ibarra –ex secretario de Educación y actual titular de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda–, Oyarbide empezó a seguir una línea de investigación en la que aparece Rodríguez Larreta. Ya hace algunos meses los investigadores detectaron llamados telefónicos recurrentes entre la esposa del jefe de gabinete macrista, Bárbara Diez de Tejada, y la mujer de James, Silvia Daniela Zanta. Bárbara Diez es una co nocida wedding planner (organiza casamientos) y en octubre de 2007 se asoció con la esposa de James y con una tercera mujer, Daniela Laura Claiman, para la publicación de una guía para novias: Bárbara Diez wedding guide. Todo salvo el novio.

La participación de Zanta en aquel emprendimiento se extendió hasta mayo de 2009, cuando cedió sus derechos. En paralelo, James se dedicaba al espionaje telefónico. Es más, la primera pinchadura hecha a través de la SIDE en la que intervino –según la causa de Oyarbide– es del 17 de septiembre de 2007, unos días antes de conformación del pequeño grupo empresario que juntó a su pareja y la de Rodríguez Larreta. El juez quiere saber si todo, incluso el nombramiento de James en Educación en mayo de 2008 y la escucha en simultáneo al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, son pura casualidad o están conectadas. La citación de Claiman como nueva testigo apunta a comenzar a deshacer esa madeja.

La lupa sobre esta pista la puso una presentación reciente del querellante Sergio Burstein, integrante de familiares de AMIA y uno de los espiados, quien planteó la hipótesis de una posible vinculación de Rodríguez Larreta con el de-sembarco James en la administración porteña y sus actividades ocultas. Tiempo atrás, cuando trascendió que hablaba un celular que era de la flota que usaba James, Diez de Tejada se presentó en la causa, aseguró que no lo conocía y explicó la relación empresaria con Zanta. Burstein pidió también que se analice si el funcionario porteño tuvo contactos con James o con su esposa, aun después de la guía de novias y de que el espía quedó detenido.

A partir de esta semana, cuando termine la feria judicial, la causa del espionaje tocará dos aspectos clave en la reconstrucción de la posible existencia –o su esbozo– de un aparato de inteligencia oculto en el gobierno porteño: uno atañe a la responsabilidad del funcionario macrista Andrés Ibarra en la designación del espía Ciro James en el Ministerio de Educación porteño, donde cobró un sueldo de asesor pero no trabajó (al menos de eso); el otro es el papel del ex jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, en la recolección de información sobre opositores a la gestión de Mauricio Macri, una actividad que realizaba junto con su antecesor, Jorge “Fino” Palacios. El juez Norberto Oyarbide citará a Ibarra a indagatoria en los próximos días. Chamorro, que ya fue interrogado como sospechoso, podría quedar procesado en base a los lineamientos del último fallo de la Cámara Federal, aunque en tribunales no descartan que como paso previo lo convoquen para ampliar su declaración.

La verdadera función de James y las actividades de espionaje que realizaban Palacios y Chamorro desde la consultora Strategic Security Consultancy –incluso en paralelo a su desempeño en la Policía Metropolitana– son dos vertientes de una misma historia, según se desprende del fallo de la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de Macri y ratificó la existencia de una asociación ilícita dedicada a espiar. Ese tribunal es el que le señaló a Oyarbide la hipótesis de una estructura clandestina de inteligencia en la Ciudad.

James, como quedó comprobado en la causa, lograba obtener escuchas con órdenes de dos jueces de Misiones que truchaban expedientes. Solía actuar en combinación con Palacios, cuya participación quedó en evidencia con la pinchadura al familiar de AMIA Sergio Burstein, crítico de su nombramiento en la nueva policía (que luego se verificó en otras pinchaduras durante las cuales se mantenían en contacto). Pero el Fino también tenía su agencia multifunción que, además de atender negocios propios (por ejemplo, fue contratado por laboratorios Abbott), se dedicaba a cuestiones de evidente interés para el macrismo como rastrear informes financieros de sus opositores políticos y gremiales. Chamorro, que fue su segundo en la Metropolitana y luego lo reemplazó en el cargo, compartía oficina con él y los pedidos de datos patrimoniales al sistema Nosis estaban en una carpeta a su nombre. La Cámara, además, señaló una llamativa coincidencia temporal, en 2007, entre las primeras escuchas que James retiró de la SIDE (las de Federico Infante, directivo de TyC Sports y yerno de Carlos Avila, también espiado) y el inicio de las consultas a Nosis desde Strategic Security.

Más indagatorias

Ibarra fue mencionado en reiteradas oportunidades por testigos e imputados dentro del expediente. Hasta Macri habló de él cuando quiso justificar que, como jefe de Gobierno, no puede estar en los detalles de los nombramientos de cada ministerio. Para eso, dijo, en la cartera educativa estaba Ibarra, quien primero fue secretario de Administración y luego secretario de Educación. Para las cuestiones pedagógicas, añadió, estaba el ex ministro Mariano Narodowski. En la actualidad Ibarra es secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda porteño. Oyarbide podría enviarle mañana mismo la citación a indagatoria, según allegados a la causa.

La Sala I de la Cámara Federal señaló dos características elocuentes de Ibarra: fue gerente general de Boca Juniors mientras lo presidía Macri y de él dependía el Fino Palacios cuando fue designado jefe de seguridad del club en 2006. Al Ministerio de Educación entró por pedido del líder de PRO. Según los camaristas en ese entretejido de relaciones habría que rastrear la aparición de James en Educación, más que en el ex ministro Mariano Narodowski, a quien desprocesaron. Lo más factible, según sugirió el tribunal, es que la puerta se la haya abierto Ibarra, que justamente tenía una relación muy cercana tanto con Macri (había estado incluso en el directorio de Correo Argentino) como con Palacios.

El nombramiento se produjo en mayo de 2008, una semana después de que se iniciara la escucha a Daniel Leonardo, cuñado del jefe de Gobierno. Las cintas las retiraba James de la SIDE. Su contrato en Educación duró hasta que fue detenido a comienzos de octubre del año pasado. Como asesor legal no hay ningún trabajo suyo documentado y ningún funcionario pudo explicar qué hacía. El macrismo sólo dice que lo recomendó la Universidad de La Matanza, algo que esa institución negó en la causa. La Cámara puso de relieve que le pagaban un sueldo similar al que recibiría en la Policía Metropolitana, donde Palacios le había prometido un cargo importante. Es decir que le dieron “una retribución” y “cobertura” para que “coadyuve al proyecto de la Policía de la Ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida”.

Pinchar teléfonos es una de las actividades que la Metropolitana tiene prohibidas por ley. Sin embargo, según detalló el tribunal de alzada, era una de las especialidades de las que James hacía gala en el currículum que entregó como aspirante a la nueva fuerza, que deja en claro que a lo que dedicó los últimos 16 años de sus 37 fue a hacer escuchas, reunir información, tomar fotos subrepticias, hacer inteligencia en el Ejército y actuar (como agente de inteligencia policial) como enlace con policías provinciales, con las direcciones de inteligencia Naval y Militar y servicios penitenciarios.

Chamorro, la otra pata

Hasta ahora, la figura de Chamorro estuvo en un segundo plano en la causa, pero todo hace pensar que será fundamental para demostrar que el espionaje no pasaba únicamente por James y Palacios, por lo que la Cámara habló de “aparato”. Chamorro fue indagado el 23 de junio en función de tres elementos: hay al menos dos videos internos del Ministerio de Seguridad que lo muestran conversando con James en los pasillos de la Metropolitana en septiembre del año pasado. Luego se reúnen en el “despacho de jefatura” (esas visitas de James no quedaban en los registros de ingresos); tiene una decena de llamadas con James en su propio celular y medio centenar a través de su secretario; en la consultora de Palacios, para la que él trabajaba, los informes patrimoniales pedidos a Nosis aparecen en una carpeta rotulada “Osvaldo”, su nombre de pila.

Cuando lo indagaron, Chamorro dijo que no pisaba las oficinas de Strategic Security desde que había asumido en la Metropolitana, primero como segundo de Palacios, luego como su sucesor tras la renuncia del Fino el 25 de agosto cuando estaban por procesarlo (algo que ocurrió) por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Sin embargo, una gran cantidad de los informes a Nosis fueron requeridos desde julio del año pasado, cuando entraron en funciones en la policía porteña. En este punto, dijo que no tenía ni idea de cómo usar ese sistema, y le echó la culpa a su viejo aliado Palacios.

Entre los espiados figuran los legisladores de la oposición como Gonzalo Ruanova, Diana Maffía y Silvia La Ruffa (quien ya terminó su mandato). Y en ciertos casos hay coincidencias muy sugestivas: el espionaje financiero al abogado radical Pablo Sebastián Litardo, de agosto de 2009, comenzó diez días después de que se presentó en la Justicia para reclamar que no se cerrara una investigación que involucraba a Calcaterra Construcciones, de los Macri, en posibles sobreprecios en obras en el Hospital Santojanni que podían complicar al gobierno porteño. El informe “Nosis” del dirigente municipal Patricio Datarmini fue gestionado el 7 de julio del año pasado, el mismo día que se celebraban las elecciones en el gremio.

El fallo de la Cámara le da gran relevancia a esta recopilación de datos que se hacía desde las oficinas privadas de Palacios y Chamorro y advierte que la ley de seguridad pública que rige en la Ciudad le “prohíbe expresamente” al personal de la policía local hacer acopio de información privada sobre personas por sus actividades, raza, religión preferencias sexuales o lo que fuere. También dice que esa prohibición se condice con las disposiciones de la ley de inteligencia a nivel nacional. Ahora, en función de estos señalamientos, se deduce que Oyarbide podría procesar a Chamorro también, aunque como lo indagó como sospechoso de encubrimiento del espionaje antes de adoptar cualquier definición, podría ampliarle la indagatoria. Es uno de los temas que el juzgado tiene que analizar ahora.

Durante las últimas semanas Macri se defendió con uñas y dientes no sólo pidiendo su propio juicio político para evitar una comisión investigadora en la Legislatura, sino a través de la difusión de videos y coloridos power point que intentan traducir el contenido de la causa para todo público, haciendo eje en lo que a él le interesa: acusar al juez de kirchnerista y mostrar que el espionaje –que no puede negar– era un negocio privado de James. A Palacios lo sigue defendiendo. De Chamorro, ni una palabra.

La contratación de Ciro James en el Ministerio de Educación porteño va a ser la vertiente que tendrá que seguir el juez Norberto Oyarbide en la causa sobre las escuchas ilegales. El personaje clave que se sentará frente al magistrado será Andrés Ibarra, viceministro de Educación, a quien la Cámara Federal le asigna un papel principal en la ubicación del espía en un puesto en el que no trabajó y que, según la acusación, sirvió para pagar y encubrir su labor de espionaje. Paralelamente, la Cámara sugirió a Oyarbide que profundice la investigación sobre la empresa Consultora Strategic Security SRL, propiedad de Jorge “el Fino” Palacios y su segundo Osvaldo Chamorro, para determinar cuáles fueron sus actividades y “disponer cautelarmente las medidas para evitar que el presunto delito rinda frutos”. Parece seguro que también Franco Macri, el padre de Mauricio, tendrá que comparecer en el juzgado: la cámara le dijo a Oyarbide que precisara su papel en las escuchas a su yerno, Daniel Leonardo, aunque la compañía que Macri padre dice que contrató, Ackerman, tiene sede en Brasil. El juez también tendrá que profundizar en las demás escuchas a empresarios, abogados, esposas y amantes de empresarios. Lo que se busca es saber la magnitud del delito y de la asociación ilícita. Por último, es muy posible que en el próximo período surjan novedades en cuanto a los cruces telefónicos. En el expediente se está trabajando para determinar qué celulares usaron James y Palacios en 2008, y cuáles fueron los que utilizaron Palacios y Macri. Es obvio que el jefe de Gobierno porteño habló muchísimas veces con su policía preferido, pero hasta ahora Oyarbide no pudo detectar ni una sola de esas llamadas, lo que indica que no pudo establecer qué celulares usaron.

¿Sorpresa?

El fallo de la Cámara Federal que produjo tanto estupor en el macrismo era en realidad esperado. Es que los integrantes de la Sala I, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, ya le habían dicho a Oyarbide que no investigue el expediente como si se tratara de escuchas ilegales aisladas, casi privadas, sino como una organización paraestatal de espionaje. Es decir, que la cámara orientó la investigación en el sentido que después cuajó en el procesamiento. En su fallo anterior, los camaristas prácticamente le señalaron a Oyarbide que entre Palacios y James está el jefe y el organizador de la asociación ilícita, mientras que el papel de Macri consistía en utilizar el espionaje de un grupo que ya espiaba de antes, dándole un lugar en el Estado. Estas consideraciones de los camaristas hacían muy esperable la confirmación del procesamiento. No se entiende la sorpresa.

El Ibarra de Macri

Todo indica que poco después que termine la feria judicial, Oyarbide tendrá que convocar a declaración indagatoria a Andrés Ibarra, quien fuera algo así como el jefe administrativo del Ministerio de Educación cuando contrataron a Ciro James. Su relación con Macri es más que estrecha: fue gerente general de Boca durante la presidencia del ahora jefe de Gobierno.

–¿Qué hacía James en Educación? –preguntó este diario a una de las máximas figuras del macrismo.

–La verdad es que todavía hoy no lo sabemos. Pero no lo contrató Ibarra sino el ministro Mariano Narodowski. Así se declaró en la causa.

–La conclusión es la contraria. Tanto al juez como a la Cámara les queda claro que Narodowski no sabía quién era. Y el ex ministro admitió que Ibarra tenía capacidad para contratar.

–No es así. Narodowski dice que lo contrató. Que la Universidad de La Matanza recomendó a James.

–Los funcionarios de La Matanza declararon que no lo recomendaron y que nunca se enteraron de que James trabajaba en Educación porteña.

–Uno de ellos, Echave, contó que le dijo a James que presentara un currículum en el Ministerio de Educación.

–Eso no es lo mismo. La Universidad de La Matanza no lo recomendó. Y, por otra parte, sigue el interrogante de cuál fue su trabajo.

–Le admito que no lo sabemos. Igual, si queríamos meter a alguien en forma clandestina, lo hubiéramos hecho de otra manera. Designábamos a su mamá o a una hermana, sin que figurara su nombre. Acá lo publicamos en el Boletín Oficial.

–Sí, pero en un puesto muy lejano de lo que hacía en realidad, que era espiar. En Educación era insospechado.

–Esas son suposiciones.

Justamente éste el punto nodal en el que la Cámara insiste ahora: le dice a Oyarbide que investigue la incorporación de James al Estado porteño. Desincriminó a Narodowski y le apuntó a Ibarra. Parece obvio que el juez tendrá que citarlo. Y también parece cantado que estudiará los cruces telefónicos entre Ibarra y los demás protagonistas de esta historia.

Strategic Security

En el fallo de la cámara se vuelve a poner el ojo en la empresa que integraban Palacios y Chamorro. Desde la computadora del Fino, allí en SS, se pidieron informes económicos del dirigente Patricio Datarmini, justito el día que había elecciones en el sindicato. Y también se consultó el estado económico de Federico Infante, el yerno del empresario Carlos Avila, al mismo tiempo que Ciro James le empezaba a escuchar los teléfonos, siempre a través de la maniobra con los jueces y policías de Misiones. Es decir que la Cámara percibió un funcionamiento conjunto entre Strategic Security, o sea Palacios, y Ciro James, ya en 2007.

Después de aquel inicio, Palacios –desde su computadora en SS– pidió informes económicos de los miembros de la Comisión de Seguridad de la Legislatura y de Pablo Litardo, un abogado radical, de bajo perfil, que denunció a una empresa del clan Macri, Calcaterra Construcciones, por sobreprecios en obras a realizar en el Hospital Santojanni. Litardo se presentó a la Justicia en agosto de 2009 y diez días después, desde la computadora de Palacios, se pidió el informe de Nosis sobre Litardo.

Lo que dice la Cámara es que debe investigarse si SS “prosigue de alguna manera funcionando para, de ser así, disponer las medidas para evitar que el presunto delito rinda frutos”. En otras palabras, le pide a Oyarbide que mire con atención qué pasó y qué pasa con SS.

Celulares

Hay un tramo de la pesquisa sobre la cual Oyarbide y su secretario letrado, Gustavo Russo, vienen trabajando desde hace semanas: los celulares. En el juzgado están seguros de que hay parte de la trama que todavía no se pudo develar porque no se sabe con exactitud qué celulares usaban Palacios y James en 2008. En 2009, después de la denuncia del dirigente de Familiares de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, se detectaron de inmediato los celulares usados por Palacios y James, con lo cual se pudo hacer un análisis de las 180 llamadas que se cruzaron en ese tiempo. Algunas de esas comunicaciones se produjeron a altas horas de la noche o tempranísimo a la mañana, con lo cual quedó demostrado que no hablaban –como intentaron justificar en sus declaraciones– porque James era un simple aspirante a entrar en la Metropolitana. Con ningún otro aspirante Palacios cruzó semejante cantidad de llamados y a esas horas. Parte de las comunicaciones se produjeron justito cuando James retiraba las cintas de la SIDE.

El espía nunca usó celulares a su nombre, siempre utilizó líneas pertenecientes a una empresa o algunas cuyo titular era el militar retirado Jorge Raúl Zenarruza que, obviamente, revistaba en Inteligencia del Ejército. En ese terreno se está profundizando la pesquisa.

Otro dato que surgió de la investigación es que no hay una sola conversación entre Macri y Palacios. Eso evidencia que los diálogos se establecían a través de celulares o teléfonos que todavía no están en la causa. El jefe de Gobierno aportó en las últimas semanas datos de los celulares y teléfonos fijos que utilizó en estos años. Esa nueva información recién se está trabajando.

En los diálogos con dirigentes allegados a Macri éstos señalan –defendiendo a su jefe– que la estructura de James era tan grande que no consiguió sólo órdenes de escuchas telefónicas en Misiones sino que hubo también en otras provincias. Por ejemplo, citan Río Negro. Es un tema que el juez deberá investigar, pero no cambia el encuadre. Oyarbide y la cámara no dicen que todo el espionaje se hacía para Macri sino que éste utilizó un aparato ya existente y lo insertó en su aparato del Estado.

El truco del juicio express

El juez tiene numerosos canales para seguir investigando, aunque dictaminó que con lo que hay hasta el momento en el expediente, existe semiplena prueba contra Macri. Por eso le dictó el procesamiento, confirmado por la cámara. Pretender ir ahora al juicio oral es una buena –aunque imposible– táctica de Macri. Falta profundizar en los detalles de cómo llegó James al Ministerio de Educación, qué hacía Strategic Security, el papel de Andrés Ibarra y, sobre todo, las llamadas todavía no descubiertas entre Palacios y Ciro James, así como la secuencia de comunicaciones entre Palacios y el propio Macri.

La causa judicial se inició con una llamada, pero la denuncia al principio no era por escuchas ilegales, ya que Sergio Burstein creyó que lo estaban amenazando y pidió custodia para su casa, donde su hija estaba sola por unos días. El resto fue apareciendo en forma sorpresiva: las causas por homicidio en Misiones, las llamadas entre Palacios y James, el espionaje a Leonardo, a Carlos Avila y otras personas, el nombramiento en Educación, el vínculo con la Metropolitana. El expediente judicial ha sido una caja de sorpresas y promete seguir siéndolo.

Enlace con la Dirección de Inteligencia Naval.
Enlace con la Dirección de Inteligencia Militar.
Enlace con la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal.
Inteligencia del Ejército.
Escuchas telefónicas en investigaciones judiciales.
Curso de auxiliar de inteligencia de la Escuela Federal de Inteligencia.
Identificación y toma de vistas fotográficas.
Reunión de información en causas judiciales.
Enlace con las policías Bonaerense, de Misiones, Corrientes y Paraguay.

Así se presentaba Ciro James en el currículum que entregó como aspirante a la Policía Metropolitana: un auténtico espía desde 1994, un superagente, un sabueso que por lo menos desde los 21 años husmeaba en la vida de la gente y se dedicó a perfeccionarse con el tiempo. Esa “carta de presentación” es la columna vertebral del fallo de la Cámara Federal que esta semana confirmó el procesamiento de Mauricio Macri como miembro de una asociación ilícita dedicada a espiar. Porque James era todo aquello cuando un buen día, en 2008, empezó a cobrar un sueldo de asesor del Ministerio de Educación porteño, donde jamás realizó trabajo alguno, lo que ningún funcionario pudo justificar. Para el tribunal hay una explicación y es que su verdadera actividad “siempre estuvo ligada al proyecto de la Policía Metropolitana”, donde su arquitecto y primer jefe, Jorge “Fino” Palacios, le tenía un importante lugar asegurado. “Ese emprendimiento preveía, a través de James y de otros, el armado de una estructura de inteligencia subterránea” y “clandestina”, dice el fallo, porque en rigor la nueva policía tenía y tiene prohibido hacer tareas de espionaje. “¿Qué haría un experto en aquel tipo de inteligencia en una institución que tenía prohibido hacerla?”, advierten los jueces, que hacen responsable al jefe de Gobierno por esa designación y sus implicancias. Para ellos, además, son elocuentes las investigaciones financieras sobre opositores al macrismo que se hicieron desde una consultora de Palacios. Macri, concluyen, por lo menos “consintió” el armado de ese aparato y su función fue “asegurar que se instalara” y garantizarle “recursos”.

Macri y sus abogados tuvieron una cita con los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, donde pudieron detallar su parecer sobre el expediente, en el que acusan al juez Norberto Oyarbide de haber hecho una investigación direccionada y sesgada, sometida a intereses políticos. A la Cámara el planteo no le convenció. Respaldó al juez pero incluso dobló la apuesta al afirmar por primera vez en forma taxativa que lo que estaba en cierne era “un aparato de inteligencia clandestino” como “vertiente paralela” de la policía porteña. En este punto, les dio gran relevancia a las escuchas y también a las investigaciones que se hicieron desde oficinas privadas que compartían el Fino Palacios y su segundo en la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, e indagaban –a través del sistema Nosis– en el patrimonio y las finanzas de legisladores de la oposición, un dirigente de los empleados municipales y hasta un abogado radical que denunció sobreprecios que podían complicar a Macri (ver aparte).

El fallo desarticuló todas y cada una de las justificaciones del líder de PRO con aspiraciones presidenciales. La clave de lectura de la sentencia está en la cadena de relaciones de tres personajes de la trama: Palacios, como el policía de máxima confianza de Macri, y James, como estrechísimo colaborador del Fino, con quien trabajó en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.

Espía sí, infiltrado no

Macri intentó desde un comienzo instalar la teoría de que James era un infiltrado de la Policía Federal (a la que todavía pertenecía), y por eso emergió en su Ministerio de Educación, por sus dotes de espía. Para rebatir esa explicación, los camaristas sugieren que parece demasiada coincidencia esa aparición del ladero de Palacios justo en la misma época en que empezaba a diagramar la Policía Metropolitana. De esos preparativos da cuenta el propio Macri en su descargo judicial. Con el Fino tenía una relación de años, desde su secuestro en 1991. Más casualidad todavía, señala también el fallo, parece que exactamente una semana después del inicio de la pinchadura telefónica al cuñado del jefe de Gobierno, Daniel Leonardo, James obtuviera su nombramiento en Educación y empezara a recibir 6 mil pesos mensuales. La cifra es similar a la que recibiría en la policía porteña.

La Cámara hace responsable a Macri del nombramiento de James, con el siguiente razonamiento: Palacios, que iba a ser el jefe de la Metropolitana y llevaría con él a James, no podía nombrarlo todavía porque la policía no existía. De hecho, en esa época el Fino trabajaba en la seguridad de Boca Juniors. Pero el ex comisario “sí tenía relación con Andrés Ibarra” –dice el fallo–, que había sido gerente general del club cuando Macri lo presidía. Ibarra fue nombrado viceministro de Educación a pedido de Mauricio Macri y estaba encargado de las cuestiones administrativas y de personal. “La relación de Palacios con Ibarra puede tender a explicar la aparición de James bajo su órbita. Pero mejor la explica la relación de Palacios con el jefe de Gobierno, máximo responsable de la administración”, enfatizaron los camaristas. Al ex ministro de Educación Mariano Narodowski, el tribunal lo desprocesó.

El verdadero “negocio”

Como hay una decena de pinchaduras ilegales comprobadas, el planteo del jefe de Gobierno ante la Cámara se centró en que todo era un negocio privado de James, que espiaba también a empresarios, abogados y amantes. Siempre insistió, además, en que no lo conocía. A Palacios hasta el día de hoy no le cuestionó nada, apenas lo mencionó en sus escritos. Incluso lo defendió: dijo que tenía muchos avales para liderar la Metropolitana, aunque estuviera involucrado en el encubrimiento del atentado a la AMIA (por lo que fue procesado a los pocos días de renunciar).

Para la Cámara, tal vez el joven espía James tuviera sus propios negocios, pero en este caso se trataba de otra cosa: ya estaba trabajando en la nueva policía. El tribunal recuerda que Palacios lo mandaba a reuniones con funcionarios en cuestiones criminales y que cuando ya la Metropolitana tuvo sus oficinas entraba como uno más, pero con una diferencia: su ingreso no quedaba registrado. El razonamiento apunta a que James estaba embarcado en el proyecto de una estructura de inteligencia que sería oculta, porque está prohibida por ley (el macrismo no logró que prosperaran sus proyectos para legalizar esas prácticas).

En los hechos, dice el fallo, ni Macri ni ningún funcionario porteño pudo probar que James hiciera trabajo concreto alguno para Educación, pero “sí se ha demostrado que durante ese tiempo era una pieza clave en la intervención ilegal de teléfonos”, en una organización delictiva que tenía entre sus protagonistas a su antiguo jefe Palacios, quien comandaría la Metropolitana. “La respuesta de lo que haría James en la Policía Metropolitana se construye a partir de lo que no hacía en el Ministerio de Educación porteño”, dice la Cámara. Para el tribunal, además, es elocuente el currículum que entrega James como aspirante a la nueva fuerza policial, donde demuestra “qué ofrecía él a la nueva institución”, “aquello en lo que era verdaderamente idóneo”: “es una carta de presentación de un experto en inteligencia, especialmente idóneo en materia de comunicaciones”.

La Metropolitana, repasan los tres jueces, era base del proyecto político de Macri, había sido una promesa de campaña. Se la confió a Palacios. “Es posible que Macri no conociese personalmente a James, sin embargo, es muy difícil sostener que no estaba al tanto de la tarea que en materia de seguridad le había encomendado a Jorge A. Palacios”, afirmaron. “El jefe de Gobierno no era ajeno a la apuesta del aparato de inteligencia clandestino aun cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento”. A James, “por medio de la influencia de Palacios”, “le dio una retribución y cobertura para que coadyuve al proyecto de la policía de la ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida”. Todo esto conduce, según los camaristas, a que el propio dirigente del PRO cumplía “un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”.

La SIDE

Para Macri, la Secretaría de Inteligencia debería ser sospechosa en esta causa, igual que la Policía Federal. Ante la Cámara, sugirió complicidad de la SIDE con James, ya que le entregaba permanentemente escuchas y porque el espía se comunicaba con gran frecuencia con agentes de la SIDE que estaban en el puesto de control de Ezeiza. Para la Cámara, la lectura es inversa: esos datos no hacen más que confirmar que James se movía en el ámbito de los servicios de inteligencia (incluso de distintos rincones del país) como pez en el agua y de ahí su gran utilidad para el gobierno porteño y la valoración de él que hacía Palacios. El texto de la Cámara dice que la “notoriedad en estos menesteres era tal” que el ex juez misionero José Luis Rey destacó en su indagatoria que el muchacho no sólo trabajaba con la policía provincial sino que les “daba clases de inteligencia”. Rey es uno de los ex jueces imputados en esta causa (fue destituido por esto) porque era junto con su colega Horacio Gallardo quien libraba órdenes judiciales, a pedido de James, para que la SIDE hiciera escuchas sobre cualquier persona a la que se quisiera espiar (como ocurrió con el empresario Carlos Avila, gerentes de Coto, esposas de hombres adinerados, entre otros). Finalmente, las visitas de James a oficinas de la SIDE en Buenos Aires, donde retiraba las escuchas, se convirtieron en una evidencia fundamental en la causa. Como quedaban registradas permitieron reconstruir el circuito del espionaje. La Cámara no abordó en forma directa otro planteo de Macri: que la causa se inició por una llamada anónima a uno de los espiados, que sostiene (aunque nadie pudo probar) que la hizo un agente de la SIDE, lo que dice que implicaría un delito. Pero el fallo no da ningún indicio de que la causa pueda estar viciada, sino todo lo contrario. La avala de punta a punta.

Los espiados

Cuando procesó a Macri, Oyarbide lo responsabilizó por las escuchas a su cuñado, el parapsicólogo Leonardo, y le adjudicó las pinchaduras a Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del ataque a la AMIA, querellante en la causa en que Palacios es investigado por encubrimiento del atentado y ferviente opositor, público, a su nombramiento como jefe de la policía porteña. En su último escrito ante la Cámara Macri recurrió a la estrategia de culpabilizar a las víctimas. Se quejó de que la Justicia no se había ocupado de mirar qué pudo haber motivado la escucha a Leonardo y reclamó que miraran en sus “conflictos personales o patrimoniales”. Otra vez pidió que pusieran la lupa sobre su padre, Franco Macri, quien había admitido una pelea con Leonardo y presentó documentación en la causa reconociendo que había contratado a una empresa de seguridad e investigaciones para proteger a su familia (aunque no dijo si era para investigar y a quién).

La Cámara dio vuelta el razonamiento. Los jueces señalan que Macri, a través de Palacios, armó un aparato de espionaje en la Metropolitana y las pinchaduras a Leonardo y Burstein “vienen a confirmar la matriz del aparato de inteligencia clandestino”.

La Sala I de la Cámara Federal responsabilizó a Mauricio Macri del “armado” de “una estructura de inteligencia subterránea” y “prohibida por la ley” vinculada a “su Policía Metropolitana” y confirmó su procesamiento como miembro de la asociación ilícita en la que su función, detalló, fue “asegurar que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”. Las escuchas telefónicas a su cuñado, Daniel Leonardo, y al dirigente de Familiares de AMIA, Sergio Burstein, quien se oponía a la designación de Jorge “Fino” Palacios como jefe de la nueva fuerza, “vienen a confirmar la matriz” de la estructura de espionaje, sostuvo el tribunal en forma unánime. “El imputado sabía y participó de esas dos intervenciones”, afirmó. Hasta ahora el jefe de Gobierno porteño había argumentado que toda la causa de las escuchas era un armado para perjudicarlo, dirigido por un juez –Norberto Oyarbide– supuestamente oficialista. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah no sólo ratificaron las imputaciones del magistrado sino que fueron mucho más duros en la descripción de las acusaciones.

Macri queda encaminado hacia un juicio oral a partir de la definición de la Cámara Federal, que sostuvo lo señalado por Página/12, el único medio que publicó las denuncias iniciales, sobre la construcción de un aparato clandestino de espionaje capitaneado por Palacios, su policía de máxima confianza. Aunque el líder de PRO lo intente, es difícil que la Cámara de Casación revise su situación, una excepción que en esta etapa sólo suele admitirse a quienes están privados de su libertad. En la Legislatura porteña, la oposición ayer evaluaba posibles medidas contra el jefe de Gobierno. El macrismo en pleno tildó al fallo de “mamarracho” e insistió en que es una operación política K (ver aparte).

La resolución parte de que está comprobado que se hizo al menos una decena de escuchas a través de una organización en la que Palacios y el ex policía Ciro James –ambos presos– eran centrales. El fallo confirma una ampliación del procesamiento del Fino y su detención por escuchas a empresarios como Carlos Avila y gerentes de supermercados Coto, y también respalda las imputaciones contra los ex jueces de Misiones José Luis Rey y Horacio Gallardo, que armaban causas truchas y libraban las órdenes judiciales para que la SIDE hiciera las pinchaduras. A todos les confirma los embargos. Pero la clave, dice la Cámara, está en la “vinculación directa” y de “subordinación” que existía entre James y Palacios, que llegaban a hablar más de cuatro veces al día por teléfono.

Palacios, apunta el fallo, fue el elegido de Macri –con quien tiene una vieja relación desde su secuestro en 1991– para concretar el proyecto de la Metropolitana. Antes de que la nueva fuerza existiera James fue nombrado en el Ministerio de Educación porteño como asesor legal aunque, destaca la resolución, no hay ninguna prueba de que haya trabajado allí. “Contrariamente, sí se ha demostrado –afirma– que durante ese tiempo James era un pieza clave en la intervención ilegal de teléfonos” y “todo hace pensar que una vez que fuera designado en la Policía Metropolitana continuaría” con esa actividad “en la que era experto”. El año pasado, en los albores de la nueva fuerza, Palacios ya mandaba a James a reuniones con funcionarios de Seguridad. El espía además circulaba por el Ministerio de Justicia y la Metropolitana. Sus visitas no quedaban registradas.

Para ilustrar lo grosero de la situación, la Cámara detalla el currículum que presentó James como aspirante a la Metropolitana: un compendio de antecedentes como agente de inteligencia (que evitó precisar ante Educación) que se remontan a 1994 –casi diez años antes de su ingreso a la Federal– e incluyen seguimientos, reunión de información variada, tomas fotográficas, escuchas, enlaces con otras policías y hasta inteligencia Naval y del Ejército. El problema, alertan los camaristas, es que “la Policía Metropolitana tenía prohibido por ley producir el tipo de inteligencia” corroborada en la investigación de Oyarbide, que atesora cientos de horas de conversaciones privadas. “¿Qué haría un experto en aquel tipo de inteligencia en una institución que tenía prohibido hacerla?”, ironizan los camaristas.

Todo esto muestra, según el tribunal, que estaba en plena preparación una estructura de inteligencia prohibida por ley. La responsabilidad de Macri, explica, se basa en “las condiciones en que James se incorporó” a su gobierno y “empezó a ser remunerado” con un sueldo similar al que ganaría en la Metropolitana. Palacios, por sí mismo, no podía meter a James en Educación. Pero Macri sí. Y lo hace, todo indica, a través de Andrés Ibarra, viceministro, quien secundaba al ex titular de la cartera Mariano Narodowski. Ibarra había sido gerente del Club Boca Juniors cuando Macri lo presidía y Palacios era jefe de seguridad. La Cámara revocó el procesamiento de Narodowski porque no encontró nada que lo vincule con “el área de seguridad” ni pruebas de que tuviera “relación con Palacios, como tampoco relación directa con James”. Quien atendía cuestiones administrativas y de personal, aclaró, era Ibarra.

Para la Cámara tampoco es menor que la escucha a Leonardo coincida temporalmente con la contratación de James en Educación y que el espía apareciera cerca de la casa del jefe de Gobierno –según las antenas de su celular– cada vez que retiraba de la SIDE grabaciones de su cuñado. Toma como prueba del aparato de inteligencia paralelo el hallazgo de investigaciones financieras que se hicieron desde una consultora de Palacios, para la que trabaja su segundo en la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, “a través del sistema Nosis respecto de varios opositores al proyecto político encabezado por Macri”. Los jueces advierten una coincidencia temporal entre la primera pinchadura detectada y las consultas al Nosis, en diciembre de 2007. Las averiguaciones sobre legisladores y gremialistas coinciden con los primeros meses de la Metropolitana y están expresamente prohibidas. Chamorro podría ser procesado también.

¿Qué compromete a Macri? Los camaristas dicen que “es posible que Macri no conociera personalmente a James; sin embargo, es muy difícil sostener que no estaba al tanto de la tarea que en materia de seguridad le había encomendado a Palacios” y “ese emprendimiento preveía, a través de James y de otros, el armado de una estructura de inteligencia subterránea al Gobierno de la Ciudad y, puntualmente, a su Policía”. “Fue el jefe de Gobierno quien insertó a James, por medio de la influencia de Palacios, en la administración a su cargo, lo nombró, le dio una retribución y que coadyuve al proyecto de la policía de la ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida.”

“El funcionamiento de este aparato, su actuación y procedimientos de acción, fue tolerado y consentido por el jefe de Gobierno” quien, según definió el tribunal, “ocupó un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”. Según los camaristas se le deben imputar, además, las pinchaduras a Leonardo y Burstein. “Ambos –explican– aparecen conectados con el jefe de Gobierno: Leonardo, a través de un vínculo familiar, y Burstein, por haber sido públicamente un fuerte crítico de su gestión, en particular de la designación de Palacios (...) lo que permite avalar que el imputado sabía y participó de esas dos intervenciones.”

El juez Norberto Oyarbide dedicó 70 páginas de su fallo a analizar la situación particular de Mauricio Macri en la causa. La lógica del procesamiento es que el jefe de Gobierno porteño introdujo en su administración una asociación ilícita que venía de antes, conducida por Jorge “Fino” Palacios y Ciro James, dedicada al espionaje ilegal. El gobierno Macri le dio cobijo, medios logísticos, la designación en el Ministerio de Educación y una suma mensual de 6000 pesos que no tuvieron justificación. Es más, el juez sostiene que no es casualidad que Palacios haya incorporado –como adelantó en exclusiva Página/12– nada menos que a 50 efectivos provenientes de la División Inteligencia de la Policía Federal. Todo eso les permitió a Palacios-James ampliar su funcionamiento ilegal, espiando al dirigente de los Familiares de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y al cuñado de Macri, Daniel Leonardo. La defensa del jefe de Gobierno apelará ante la Cámara Federal que, estimativamente, resolvería el recurso en menos de un mes. De todas maneras, fue esa misma Cámara –Eduardo Freiler, Eduardo Farah, Jorge Ballestero– la que le ordenó a Oyarbide que avance en la investigación y hasta le dijo que no se trataba de casos aislados de escuchas sino de una verdadera organización paraestatal de espionaje. Aunque las 600 fojas de los fundamentos se van a dar a conocer mañana, los puntos centrales de la resolución explican la lógica del procesamiento y responden una serie de preguntas y hasta cuestionamientos planteados por Macri:

1 ¿Cuál es la acusación concreta contra el jefe de Gobierno?

Inicialmente, que participó en una organización y se aprovechó de ella para realizar dos escuchas ilegales: la de Burstein y la de su cuñado, Leonardo. En el caso del dirigente de Familiares, el objetivo era estar al tanto de qué ocurría en la causa en la que se investigaban las irregularidades en el caso AMIA. En ese expediente, Palacios estaba a punto de ser procesado, como efectivamente ocurrió. Espiar a Burstein resultaba importante no sólo para estar al tanto de la causa AMIA, sino también porque era un duro adversario de la designación de Palacios. La idea –según cree el juez– era hacerlo trastabillar como querellante. Respecto de Daniel Leonardo, es público que había un conflicto en el clan Macri. Las escuchas tuvieron como objetivo probar algunas inclinaciones sexuales de Leonardo. Después, se le exhibirían esas escuchas a Sandra, la esposa de Leonardo, para romper su vínculo. Para la mayor parte del clan Macri, Leonardo era un parapsicólogo que se aprovechaba de Sandra. Por ello Franco Macri le ofreció dinero para que acceda al divorcio.

2 ¿Por qué le atribuyen a Macri responsabilidad en la escucha a su cuñado?

Según trascendió, en los fundamentos del fallo hay un largo análisis sobre la relación entre Mauricio Macri y Palacios, y de éste con las escuchas ilegales. Se demuestra que el vínculo entre el jefe de Gobierno y su policía preferido venía de la época del secuestro de la hermana de Mauricio, Florencia. Desde entonces, Macri llevó a Palacios a la jefatura de seguridad de Boca y después al máximo cargo en la Metropolitana, pese a que estaba por ser procesado en la causa AMIA. El razonamiento del juez es que en el marco de esa relación tan estrecha, El Fino no habría puesto en marcha la escucha telefónica de Burstein y menos todavía la del cuñado de Macri sin el visto bueno del jefe de Gobierno.

3 ¿Cómo prueba el juez el vínculo en las escuchas entre Palacios y James?

En primer lugar, porque Palacios lleva a James a la Metropolitana y estaba a punto de ubicarlo en un cargo de máxima importancia. Al punto que James, sin estar designado, concurría a reuniones en la Procuración. En segundo lugar, porque hay casi dos llamadas diarias entre ellos. Pero lo fundamental no es la cantidad, sino el momento de esas llamadas. Por ejemplo, Palacios se comunica con James, de inmediato éste lo hace con un policía de Misiones, Diego Guarda, y éste consigue que se libre la orden a la SIDE para que se intervenga el teléfono de Burstein. En forma continua, hay llamadas entre Palacios y James los días en que éste retiró las cintas de la SIDE. Esto es evidente también en el caso del espionaje a Leonardo. En este terreno todavía hay una investigación en marcha. Además de las 192 llamadas entre Palacios y James, se está buscando un celular que supuestamente también usaba El Fino y en el que mantenían comunicaciones que todavía no pudieron ser detectadas. “Hay algunos baches en el tiempo que sólo se explican porque tenían algún otro celular. La investigación no es fácil porque, obviamente, no usaban celulares que estuvieran a su nombre”, reveló uno de los investigadores judiciales.

4 Macri argumenta que James hizo miles de llamadas que no se investigaron.

Desde el juzgado responden que eso no es cierto. Por ejemplo, se investigaron tres llamadas a un teléfono fijo de la SIDE en Ezeiza. Fueron llamados efectivos de la central de espías a declarar y explicaron los motivos de las comunicaciones, que tenían que ver con trámites burocráticos en Ezeiza. Pero el punto clave, es que Oyarbide no encontró en esas llamadas ninguna relación con el espionaje ilegal. El juez también allanó la División Robos y Hurtos de la Policía Federal, porque detectó un pedido a la SIDE de que intervenga una línea telefónica. El jefe de Robos y Hurtos explicó que hubo una llamada anónima –se sospecha que fue hecha por James– denunciando a una persona relacionada con un robo. Se pidió la intervención durante 15 días y como no se encontró ninguna evidencia, dejó de hacerse. Según razonó Oyarbide, en las miles de llamadas hechas por Palacios y James, lo que se buscó era la relación con el espionaje. Por ejemplo, hubo 165 llamadas entre Palacios y la abogada de la DAIA, Marta Nercellas. El dato exhibe la relación que mantenían ambos, pero no existe ningún delito y no hay vínculo con las operaciones de espionaje. Las miles de comunicaciones que hizo James antes, durante y después del espionaje fueron analizadas, pero no se pudieron detectar vínculos con las escuchas ilegales. Por lo menos, hasta el momento.

5 ¿Pero James no espiaba desde antes, cuando estaba en la Policía Federal?

Es posible. La realidad es que la primera vez que retiró una cinta de la SIDE fue con la escucha realizada, por orden de los jueces de Misiones, al empresario Carlos Avila. O sea que la mecánica descubierta la usó por primera vez en 2007. El razonamiento del juez es que seguramente realizó tareas de inteligencia cuando estuvo en la Federal, pero la operación descubierta se concretó bajo la tutela de Palacios y la organización misma se incorporó a la administración porteña. A James se le hizo un contrato fantasma en el Ministerio de Educación porteño, se le pagaban 6000 pesos por mes por un trabajo que no hizo, se lo incorporó a la Metropolitana y ya estaba en actividad en esa fuerza mucho antes de su designación. Es más, era inminente su ubicación en un cargo del máximo rango porque ya concurría a reuniones con el jefe de Política Criminal de la Procuración, Agustín Gamboa, acompañando al jefe de Operaciones Jorge Ontiveros.

6 ¿Por qué el juez Oyarbide incluye en su fallo la citación a Osvaldo Chamorro, quien sucedió a Palacios al frente de la Metropolitana?

Porque James siguió concurriendo a las oficinas de la Metropolitana y, por lo que se ve en los videos del Ministerio de Seguridad, iba a ver a Chamorro. James hasta retiró dos cintas de la SIDE después de la renuncia de Palacios y fue derechito a la sede de la Metropolitana. Para el juez no es un dato menor que la fuerza porteña haya incorporado tantos efectivos –unos 50– provenientes del área de inteligencia de la Federal.

7 ¿Cómo sigue ahora el caso de las escuchas ilegales?

Como es obvio, la defensa de Macri y de todos los procesados va a apelar la decisión de Oyarbide. El caso llegará entonces a la Sala I, integrada por Ballestero, Farah y Freiler. Los tres magistrados ya intervinieron en el expediente varias veces y le insistieron a Oyarbide que acelerara la investigación y pusiera el acento en que no se trataba de hechos aislados sino de una organización paraestatal. La Cámara sugirió que vaya para arriba, señalando a los jefes. Según parece, los fundamentos del fallo van en este último sentido: Macri incorporó a su administración una asociación ilícita dedicada a espiar y le dio los medios para que amplíe su funcionamiento, usando esa organización por lo menos para espiar –en su caso– a Burstein y Leonardo.

El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, entregó el viernes un escrito al juez Norberto Oyarbide y se negó a contestar preguntas. En el texto asegura que no tuvo ninguna relación con Ciro James y que las llamadas realizadas por el espía en la zona de su cartera pudieron haber sido hechas desde dependencias de la Policía Federal, como la Obra Social, un cuartel de bomberos o la comisaría 24ª, que también quedan por allí. El problema es que James no tenía razones para estar tantas veces en esas dependencias y, como mínimo, registra dos entradas oficiales en el ministerio. Montenegro reafirmó su recusación a Oyarbide, un incidente que debe ser resuelto por la Cámara de Casación, pero que seguro será rechazado. El próximo miércoles declara Mauricio Macri.

Durante la semana que terminó, la causa registró dos importantes declaraciones de responsables de la Universidad de La Matanza (ULM), Cristian Cabral y Rolando Echave, quienes negaron que hubieran recomendado a James al gobierno de la ciudad y, más concretamente, al Ministerio de Educación porteño, donde el espía fue contratado. La administración de Macri dijo en estos meses que James llegó al gobierno porteño por recomendación de la ULM, pero Cabral y Echave, los dos señalados por el propio Narodowski, no sólo dijeron que no recomendaron a James sino que ni siquiera sabían que el espía trabajaba en Educación. Ahora, el gobierno porteño debe explicar cómo y por qué le pagaba 7000 pesos por mes a James. Los indicios apuntan a Andrés Ibarra, un hombre de extrema confianza de Macri, que fue gerente general de Boca Juniors. Narodowski sugirió que de la mano de él James llegó a Educación.

Durante su declaraciòn indagatoria, el ministro de Seguridad no aceptó preguntas de Oyarbide ni de su secretario letrado, Gustavo Russo.

El punto más urticante de la indagatoria a Macri, el miércoles próximo, será la intervención ilegal al teléfono de su cuñado. El cuadro de situación es que su policía preferido, Jorge “Fino” Palacios, al que puso al frente de la Metropolitana, tenía un subordinado que se dedicaba al espionaje y con el que cruzó 190 llamadas. Pero entre los espiados no estaba cualquiera, sino su cuñado, Daniel Leonardo, con quien el clan Macri mantenía un fuerte conflicto. El jefe de Gobierno ha sugerido que el espionaje fue obra de su padre y que él no tuvo nada que ver. El problema es que de los dos protagonistas de la historia, uno era Palacios, íntimamente ligado con el jefe de Gobierno, y el otro, James, con un contrato más que irregular en la cartera de Educación porteña.