Página#12 Libre

Hilario Ramón Fariña fue en 1976 y 1977 jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, del que dependían los pilotos y mecánicos de los Skyvan, el avión que protagonizó el vuelo de la muerte por el cual el fiscal Eduardo Taiano pidió esta semana la detención e indagatoria de tres pilotos. Según su legajo, Fariña tenía “poco prestigio entre sus superiores”. Ex subordinados consultados por Página/12 lo recuerdan como un hombre “temible”. En enero de 1984 fue denunciado ante el gobierno de Raúl Alfonsín como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. A pesar de la denuncia y de confesión de Adolfo Scilingo, que estuvo a punto de caer al vacío mientras tiraba al mar a personas adormecidas desde un Skyvan, Fariña nunca rindió cuentas ante la Justicia. Pasó a retiro en 1986, fue en 2001 jefe de seguridad de la agencia Seguridad Zabala SRL, con domicilio en Villa Dominico, Avellaneda, y en 2007 Prefectura lo nombró “jefe honorario del Servicio de Aviación”. Hoy tiene 82 años y vive en Necochea.

–Lo llamo para hablar de los vuelos con secuestrados en los Skyvan cuando usted era jefe –propuso Página/12 el lunes, antes de que trascendiera la decisión de Taiano.

(Largo silencio) –Pregunte en Prefectura, dependíamos de Operaciones. Vaya al edificio Guardacosta. Todo lo que hacíamos está registrado ahí. En operaciones y en Aeroparque, en la torre.

–Vi los registros pero omitieron que volaban con secuestrados.

–Yo no hice ningún vuelo anormal.

–¿Cómo se explican vuelos de más de cuatro horas, nocturnos, que despegaban y aterrizaban en Aeroparque?

–Seguramente eran de adiestramiento. Mientras yo estuve no hice nada que no me haya autorizado Prefectura y que no me hayan mandado por radio.

–¿Trasladar a personas vendadas y drogadas era habitual o esporádico?

–No tengo idea, lo nuestro está todo escrito.

–Hay vuelos que no tienen ninguna finalidad registrada. ¿A qué se debe?

–Todos tienen. Puede ser alguno de mantenimiento, no sé, no me van a prestar un avión para pasear.

–¿Podrán ser vuelos en los que se tiraba gente al mar?

–No tengo idea. Lo que hemos hecho es lo que correspondía, era todo normal. En la torre de control tiene que estar guardado el motivo de cada vuelo. En forma clandestina jamás hemos salido.

–¿Cuál era su lugar físico de trabajo?

–En el puerto nuevo.

–¿Cada cuánto iba a Aeroparque?

–Cuando nos ordenaban algún vuelo, íbamos y cumplíamos. Aeroparque era un lugar público.

–Scilingo relató que...

(Interrumpe) –A Scilingo no lo conocí y no lo conozco, llame a la Armada.

–Scilingo estuvo a punto de caerse desde un Skyvan y ese avión dependía de usted. ¿Mintió Scilingo? ¿Admite que ese vuelo existió?

–No puedo admitir nada, tiene que preguntar en Prefectura.

–Prefectura no va a admitir nada, le pregunto a usted como persona y como piloto. ¿Se veían los detenidos desde la cabina? ¿En qué condiciones estaban?

–¿Quiénes? No lo sé.

–Es chiquito el Skyvan, no podían no ver si había personas vendadas.

–No llevé personas vendadas ni secuestradas. Vaya a Prefectura, a lo mejor ahí le informan. Nunca se hizo nada que no se registrara y no haya sido autorizado por Prefectura. No tengo nada para contarle que sea anormal.

–¿El vuelo que relató Scilingo sería un vuelo normal?

–No lo sé, no puedo contestar nada.

–Usted fue denunciado en 1984 por tirar secuestrados de la ESMA al mar. ¿Qué hicieron con esa denuncia en Prefectura?

–No sé, no me pregunte, yo a usted no le voy a decir nada.

–En las planillas consta la finalidad del vuelo. ¿Qué palabra usaban cuando trasladaban secuestrados?

–No tengo idea. Vaya a Prefectura, pregunte.

–Prefectura aportó casi tres mil planillas de vuelo. ¿Qué significa vuelo de “navegación”?

–Práctica de navegación. Para estar preparado ante una zona de tormenta, por ejemplo. El hombre tiene que estar capacitado para volar en cualquier condición. Hoy hay simuladores, en aquella época no existían.

–¿Los vuelos nocturnos eran habituales?

–Bueno, hasta los ’60 se volaba de sol a sol y después la torre se cerraba hasta el día siguiente. Después se hicieron también vuelos nocturnos, y para eso hay que practicar.

–Un vuelo en el que no consta finalidad, que dura casi cinco horas, despega y aterriza en Aeroparque, ¿qué finalidad pudo haber tenido?

–Siempre está la finalidad, en algún lado está escrito. Si no figura, no tengo la culpa. No éramos un ente desarticulado, siempre tuvimos dependencias, nos daban una orden y teníamos que comunicar a la torre.

–En muchos vuelos figura la cantidad de tripulantes y hasta se identifica a marinos o prefectos por su apellido. ¿Por qué los vuelos con detenidos figuran sin tripulación?

–Si no figuran es porque no se habrán transportado.

–Hay constancias de sobrevivientes que viajaron.

–No le puedo decir nada. Yo dependía de Operaciones, ellos digitaban, decían qué había que llevar, qué no.

–¿Usted ordenaba no registrar a los detenidos?

–Se registraba todo lo que se hacía.

–¿Hablaban entre ustedes de los vuelos de la muerte o era un tema tabú?

–Yo por lo menos lo he escuchado después.

–¿Cuándo?

–Cuando se empezó a ventilar.

–¿Y le resultó extraño o familiar?

–Bueno, siempre de todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía. Siempre digo como Falú, que toca la guitarra y alguna palabra...

–Los vuelos están probados, hay confesiones, hay personas identificadas que estuvieron en la ESMA.

–Averigüe si pertenecí a la ESMA o estuve en algún lugar. Yo era jefe de la división aviación de Pre-fec-tu-ra –levanta la voz.

–Sí, dependía de la Armada.

–Pero a mí la Armada no me daba órdenes.

–Se las daba a su jefe.

–Usted tiene que ir a la fuente.

–Por eso lo llamo.

–Hubo un montón de jefes.

–Pero usted fue jefe en 1976 y 1977.

–¿Eso qué tiene que ver?

–Son los años con más personas desaparecidas.

–No tengo nada que ver.

–¿Alguna hipótesis sobre el destino de los desaparecidos?

–Ninguna hipótesis, de nada.

–¿Ningún remordimiento?

–Tampoco. Tengo la tranquilidad de haber hecho lo que correspondía. Lo que hice fue todo normal.

El prefecto retirado en servicio Alejandro Domingo D’Agostino y los ex prefectos Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru son desde el lunes los tres primeros imputados por los vuelos de la muerte en los Skyvan de Prefectura, denunciados desde 1983. En Necochea vive impune el prefecto general retirado Hilario Fariña, ex jefe de la División Aviación (DAVI), que integraban catorce pilotos y una docena de mecánicos (ver aparte). También están libres los superiores inmediatos de los acusados: el prefecto principal Roberto Antonio Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. Murió en 2003 el mecánico que participó del vuelo del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.

Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano tenían en 1977 el grado de oficiales principales. D’Agostino, oriundo de Bahía Blanca, era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en Aeroparque. Diecisiete días después del vuelo de la muerte, Zaldúa lo elogió por el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aun en situaciones críticas se mantiene sereno”. “Coopera sin reservas en cualquier tarea que se le encomienda”, celebró.

D’Agostino se retiró en 1994 y fue reincorporado tres años después como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura, cargo que aún ocupa. Consultado por Página/12 el lunes, antes de conocer la denuncia, afirmó que no responde preguntas porque permanece en actividad y aconsejó formularlas a Prefectura. Anoche aclaró que ya se presentó ante el juzgado de Sergio Torres. “Soy inocente de todo y la única forma de hablar es a través del juzgado”, advirtió.

De Saint Georges y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas Argentinas, igual que Carlos Giasone y Fernando Paganini, también ex pilotos de los Skyvan. Hasta fines de 1977 sus calificaciones eran óptimas. En el caso de De Saint Georges, Salinas destacó “su amor a la institución, que representa orgulloso”. Fariña elogió “su lealtad” y lo calificó como “incondicional para el servicio”. En el caso de Arru, lo consideraban “un excelente oficial” que “vuelca toda su responsabilidad y criterio personal, siempre exitoso”.

En mayo de 1978, luego de que trascendiera la intención de De Saint Georges de postularse en Aerolíneas, Zaldúa apuntó que notaba “ciertas reservas para brindarse por entero a la institución”. Comenzó por esos días contra los cuatro pilotos “una política agresiva, a efectos de afianzar el principio de autoridad”, tal como propuso el prefecto general Oscar René Elola, quien los cuestionó por “falta de vocación y apego institucional”. “Total falta de lealtad e indiferencia hacia la institución”, agregó el prefecto general Alberto Severo (sic) Mancuso. Página/12 intentó infructuosamente comunicarse con Arru. En el caso de De Saint George, sus familiares apuntaron los teléfonos del cronista pero el piloto no devolvió los llamados.

Un detalle llamativo que señaló el fiscal Taiano en su escrito surge de los legajos de conceptos de los pilotos, donde se registra la cantidad de días, horas y décimas de horas de vuelo. Quien verificó los datos cada mes, durante años, en el caso de los tres imputados, fue el prefecto mayor Eduardo Gutiérrez. Por alguna extraña razón, en diciembre de 1977 no aparece su rúbrica sino la del prefecto mayor Armando Marcelo Nattero. Fue justamente ése el mes del vuelo por el que el juez federal Sergio Torres podría ordenar sus detenciones.

El Skyvan es un avión irlandés fabricado desde 1962 por la compañía Short Brothers. Por sus formas se lo llamó caja de zapatos o heladera con alas. Atrás tiene una rampa que permite el acceso de un jeep y se distingue porque puede despegar o aterrizar en pistas cortas y terrenos poco aptos. La configuración de los aviones que llegaron a la Argentina permitía transportar a 18 pasajeros o hasta 1450 kilos de carga.

Prefectura adquirió en 1971 cinco aviones, todos activos durante la dictadura. Las planillas que el Departamento de Aviación le entregó al fiscal federal Miguel Osorio son de cuatro: faltan las del PA-53. La base de los Skyvan funcionaba durante el terrorismo de Estado en el Aeroparque Jorge Newbery. El hangar de Prefectura tiene 20 metros de ancho, uno menos que las alas de los aviones. En el hangar sólo se guardaban repuestos y asientos, que se sacaban o ponían según la finalidad del viaje. El mantenimiento y las reparaciones se hacían en la base aeronaval de Ezeiza.

Dos de los cinco aviones quedaron en Malvinas, donde sirvieron a la Fuerza de Tareas 80 en tareas de reconocimiento, búsquedas, sostén logístico, traslado de cargas, tropas y vehículos livianos. El PA-54 se accidentó al aterrizar en un hipódromo durante la huida ante un ataque inglés al aeródromo de Puerto Argentino. El PA-50 fue destruido por explosivos británicos en el aeródromo de la Isla Borbón.

Los tres aviones que operaron en el continente estuvieron en el hangar 4 de la base aérea de Morón hasta 1995, cuando los adquirió la empresa CAE Aviation, de Luxemburgo, que brinda servicios a terceros, desde estudios marítimos y reconocimientos hasta filmaciones de carreras. En junio de aquel año la firma británica Hunting Cargo Airlines alquiló los ex PA-52 y PA-53. El primero pasó luego a manos de Babcock Support Services, fue en 2002 la estrella de un documental que la BBC filmó en Belfast para celebrar los cuarenta años del primer vuelo, y en 2006 fue desmantelado para servir como fuente de repuestos. El PA-53 seguía hasta hace dos años en poder de CAE Aviation.

El PA-51 fue vendido en 2003 al correo privado GB Airlink, con base en Florida, y sirve para entregar en el Caribe y el sudeste de los Estados Unidos productos comprados en Miami. “Es para gente que viene de sho-pping”, le explicó el dueño a la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, que a fines de 2009 filmó el aparato y el libro de vuelos con los nombres de los prefectos que los pilotearon durante la dictadura. El avión que el 14 de diciembre de 1977 a la medianoche hizo un extenso vuelo de “navegación”, sin pasajeros según el registro de Prefectura, pasa sus días en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida.

A mediados de 1977, a poco de las primeras rondas de Madres de Plaza de Mayo, el capitán Jorge Acosta, jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA, le ordenó a Alfredo Astiz infiltrarse entre los familiares de desaparecidos. El teniente se presentó como Gustavo Niño y se adosó a Azucena Villaflor, a tal punto que varios pensaron que era su hijo. “No tenemos derecho a callarnos”, explicó en esos días la monja Alice Domon. “Sea lo que fuere lo que hayan podido hacer las personas secuestradas, y ni siquiera busco enterarme de ello, no hay derecho a torturar. Dios pedirá cuentas algún día”, aseguró ante un periodista.

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, las Madres tenían previsto publicar una solicitada en La Nación para denunciar la situación de los desaparecidos. El jueves 8 juntarían la plata para pagarla. Esa tarde, mientras Azucena le aconsejaba a Astiz alejarse para protegerlo, los marinos secuestraron en La Boca a Remo Berardo, el hombre más joven del grupo. Tres horas después, varios autos estacionaron frente a la iglesia de la Santa Cruz, de los padres pasionistas. Adentro daba misa el padre Fred Richards. Los familiares se reunieron en el jardín y cada uno contribuyó con sus ahorros. Astiz hizo un aporte mínimo, simuló culpa, dijo que iba a buscar plata y se fue. Minutos después, marinos, prefectos y policías, en jean, camisa y campera, arrastraron hacia los autos a seis mujeres y tres hombres. Esa misma noche fueron interrogados por un grupo de torturadores que encabezó Antonio Pernías. Un secuestrado que traducía diarios franceses en el sótano del casino de oficiales los vio encapuchados y engrillados, sentados en un banco frente a las salas de interrogatorio. Acosta puso música clásica a todo volumen pero no logró tapar los gritos. Luego los distribuyeron entre Capucha y Capuchita.

Azucena Villaflor no fue secuestrada esa noche porque le tocó hacer la colecta junto con Nora Cortiñas en la iglesia de Santa María de Betania, en Almagro. El viernes terminó de pasar en limpio las firmas de la solicitada y se peleó por última vez con La Nación, donde primero se resistieron a publicarla porque faltaba “el visto bueno del cuerpo jurídico”, después los obligaron a pasar a máquina casi mil nombres, y por último les rechazaron pagar con monedas y billetes chicos. “¡Este no es el diario de Mitre!”, renegó la fundadora de Madres. Por la plata que los marinos robaron en la Santa Cruz el aviso se publicó en tres cuartos de página y no completa como estaba previsto. Al final del texto se advirtió que “esta solicitada ha sido costeada con el aporte –en algunos casos muy sacrificado– de las personas firmantes”. Azucena fue secuestrada cuando acababa de comprar el diario, el sábado 10 a primera hora. Esa misma mañana, en una capilla de Ramos Mejía, fue secuestrada la monja Léonie Duquet. Al mediodía del sábado el grupo marcado por Astiz ya estaba en la ESMA, donde los guardias se dirigían a las monjas como “hermanas”.

Ante la difusión de la noticia, el gobierno de Francia pidió explicaciones y los llamados del Ejército a la ESMA se multiplicaron. Acosta ideó entonces un montaje para desviar la atención. “Hay mucha polvareda por las monjas francesas. Vamos a sacar un comunicado informando que las secuestró un grupo armado y las vamos a trasladar”, le confío el capitán Pernías a una secuestrada. Acosta obligó a Domon a redactar una carta al obispo de Toulouse, de quien dependía la Congregación de las Misiones Extranjeras en Francia, en la que dijera estar prisionera “de un grupo disidente del gobierno de Videla” y reclamara la liberación de veinte presos políticos el día de Navidad. La carta está fechada el 14 de diciembre. Por otro lado, se inventó un comunicado con el sello de Montoneros, reclamando, además de las liberaciones, que la Iglesia y el gobierno de Francia repudiaran la dictadura. Está fechado el 15, llegó a France Press el sábado 17 y fue título de La Nación del domingo: “Los montoneros secuestraron a las religiosas francesas”. La operación se completó con la foto. El prefecto Héctor Febres le encomendó a un secuestrado armar un lienzo con la palabra “Montoneros”, escudo, tacuara y metralla. La puesta en escena se armó en “la huevera”, una oficina montada en el sótano. Acomodaron un escritorio, pusieron dos sillas, colgaron el cartel de fondo y sentaron a las monjas, con hematomas en los pómulos y pálidas de terror. En primer plano, aunque ninguna lo tomó en sus manos, se observa el diario La Nación del día: 14 de diciembre de 1977. De título, una frase de Harguindeguy: “No habrá amnistía para los subversivos”, y una promesa: “liberaráse (sic) a los que estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad”.

El jueves, después del vuelo de “navegación” del Skyvan, La Nación informó por primera vez del secuestro de las monjas. “Dos desapariciones preocupan en París”, tituló. Apuntó que Le Monde, Le Figaro y France Soir aportaron “precisiones diferentes” y sólo informó sobre “la hipótesis de una provocación montada para molestar al gobierno militar”. “En situaciones como la actual, nada es más desaconsejable que la ambigüedad informativa o la imitación del clásico gesto del avestruz”, escribió Luis María Bello, corresponsal en París. La cobertura se completó con un recuadro titulado “Vivas y con buena salud”, información que la Nunciatura le dio a la madre Marie-Joseph, superiora de la Congregación Nôtre-Dame de la Mothe.

El sábado La Nación informó del repudio del gobierno a las desapariciones “de un grupo de personas, entre ellas dos religiosas”, que atribuyó a “la subversión encerrada en su nihilismo, (que) insiste con sus métodos de odio y destrucción”, y el domingo difundió el invento de Acosta. El martes 20 apareció en la playa el primero de los cinco cuerpos, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Veintiocho años después, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a la monja Duquet, a Angela Aguad y a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

Página/12 analizó testimonios de sobrevivientes de la ESMA. Ninguno afirma con certeza el día del traslado, pero las estimaciones oscilan entre cinco y diez días de cautiverio, léase hasta el 13 o el 18 de diciembre. Varios apuntaron que “las monjas quemaban” y que apenas concluidos los interrogatorios Acosta decidió el traslado. “Cuando yo llego acababa de pasar lo de la Santa Cruz, las monjas y familiares, no vi nada de eso pero (escuché) comentarios muy a flor de piel”, relató el año pasado Rosario Quiroga, que llegó a la ESMA el sábado 17, trasladada desde Montevideo.

Jaime Dri llegó en el mismo vuelo, después de dos días de torturas. Miguel Bonasso relata en Recuerdos de la muerte que, ya en la ESMA, el Tigre Acosta le preguntó: “¿Por qué mataron (sic) a las monjas?”. Dri no sabía de qué le hablaba. Después lo dejaron hablar con dos compañeros a quienes daba por muertos, que le informaron sobre la infiltración de Astiz y de los secuestros. “Las hicieron mierda. Yo las vi en Capucha –le contó Horacio Maggio–. A la pobre Alice la llevaban al baño entre dos verdes porque no podía caminar. Y todavía me preguntaba por ese muchachito rubio. Ella seguía creyendo que era un familiar y que lo habían secuestrado”, agregó.

–¿Y luego? –preguntó Dri.

–Las trasladaron –respondió Maggio.

Según el libro, el diálogo transcurrió durante el primer día de Dri en la ESMA. Los secuestrados le dijeron que era domingo. Sin embargo, Quiroga, trasladada en el mismo vuelo desde Uruguay, declaró que llegaron el sábado a primera hora, dato que coincide además con un vuelo del Skyvan PA-51 desde el aeropuerto de Carrasco. En el peor de los casos, el domingo 18 el “traslado” era parte del pasado.

Entrevistado para el archivo oral de Memoria Abierta, el sobreviviente Ricardo Coquet precisó que la orden de armar el cartel de Montoneros, léase cuando Acosta ya había decidido el traslado, fue “a los dos días del secuestro”, es decir el sábado 10. Miguel Lauletta, presente cuando se tomó la foto, calculó hace más de quince años, ante el periodista Uki Goñi que el montaje fue a “las siete u ocho de la tarde”. “La idea de Acosta era sacar (la foto) con un diario y después ir trucando el diario para que mucho más tiempo después de haberlas eliminado se pensara que seguían vivas, una idea infantil que no se hizo nunca”, agregó. La única persona que arriesgó día y hora del vuelo fue el periodista que investigó el caso. “Los traslados en la ESMA usualmente ocurrían los miércoles”, escribió Uki Goñi en su libro Judas. La verdadera historia de Alfredo Astiz. Precisó que la foto se tomó el miércoles 14 y concluyó que los secuestrados “fueron probablemente arrojados vivos esa noche a las aguas del océano Atlántico ”.

El 14 de diciembre de 1977, entre las siete y las ocho de la tarde, un secuestrado de la ESMA fotografió a Alice Domon y Léonie Duquet con un cartel de Montoneros de fondo y un ejemplar de La Nación en primer plano. La imagen de las monjas francesas, ideada por el capitán Jorge Acosta para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada, es la última prueba de vida del grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz. A las 21.30 de aquel miércoles, día habitual de “traslados” en la ESMA, el Skyvan PA-51 de Prefectura Naval Argentina despegó desde el aeroparque Jorge Newbery. Según la planilla del vuelo, no transportó pasajeros, voló tres horas y diez minutos, y, sin escalas, regresó al punto de partida. Seis días después aparecieron en playas de San Bernardo y Santa Teresita los restos de Duquet, que en 2005 identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense. El uso de los Skyvan está denunciado desde 1983 y es el avión del que estuvo a punto de caer Adolfo Scilingo mientras arrojaba prisioneros al mar. A partir de documentos obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio y del trabajo de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, que permitió por primera vez identificar un vuelo de la muerte concreto, el fiscal Eduardo Taiano pidió ayer la detención e indagatoria de los tripulantes del Skyvan: Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. La decisión sobre sus futuros depende del juez federal Sergio Torres, que a más de tres lustros de la confesión de Scilingo todavía no indagó al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el superior que le acercaba a las personas drogadas para arrojar al vacío. Ayer al mediodía, a pedido de Página/12 y con el fin de evitar una nueva fuga en la causa ESMA, la fiscalía informó al juzgado de Torres que Arru debía volar a las nueve de la noche rumbo a Madrid como comandante de un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas.

Veintiocho años no es nada

El primer testimonio sobre los Skyvan lo aportó en marzo de 1983 el inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ex ayudante del general Harguindeguy. “Escuché al teniente de navío Norberto Ulises Pereiro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Nacional Naval para el transporte y lanzamiento en altamar de prisioneros políticos secuestrados –dijo–. Estos aviones, de fabricación irlandesa, de buena capacidad de carga, y con una rampa en la parte trasera, cuya marca no recuerdo, resultan apropiados para la misión encargada”, precisó. El marino le contó “que un prisionero había arrastrado en su caída al vacío al suboficial encargado de su eliminación”. El contraalmirante retirado Pereiro era piloto de los L-188 Electra, el otro avión que la Armada usó para desaparecer enemigos. Fue agregado naval en Washington durante el menemismo y es el actual vicepresidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida.

La segunda denuncia, sobre la que el Poder Judicial tomó nota la semana pasada, está en la Conadep desde enero de 1984. Es una carta firmada por la “oficialidad joven y no corrupta de la Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”, que recibió el ministro del Interior de Alfonsín, Antonio Tróccoli. La nota ratificó el dato sobre los Skyvan y señaló a un responsable directo: “Hilario Ramón Fariña. Prefecto general –aviador–- era quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”, precisa el escrito. Fariña tiene hoy 82 años, 35 impune. Entrevistado por Página/12, negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”.

“La tripulación normal”

Scilingo confesó en 1990, en una carta al dictador Videla, su participación en dos vuelos, ambos desde Aeroparque. “El primero, con trece subversivos, a bordo de un Skyvan de la Prefectura”, apuntó. Cinco años después relató la historia. “El sistema para eliminar a los elementos subversivos era orgánico. Mover aviones no los mueve una banda, sino una fuerza armada”, explicó. En un pizarrón del casino de oficiales de la ESMA leyó los nombres de los verdugos. Vio cuando adormecieron a los secuestrados, cuando los cargaron al camión y luego al avión. Subió con su jefe, el “teniente Vaca”, a quien luego identificó como Torres de Tolosa. “Estábamos tan convencidos que nadie cuestionaba, no había opción. La mayoría hizo un vuelo, era para rotar gente, una especie de comunión”, aclaró, y categorizó victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo e “invitados especiales” que daban “apoyo moral”.

“Al salir de Aeroparque se daba un plan de vuelo: la base aeronaval de Punta Indio. Al llegar a Punta Indio se enfilaba mar afuera”, relató. “Se los desvestía desmayados y, cuando el comandante daba la orden en función de dónde estaba el avión, se abría la portezuela y se los arrojaba desnudos, uno por uno”, dijo. “En el Skyvan, por la portezuela de atrás, que se abre de arriba hacia abajo. Es un gran portón pero sin posiciones intermedias. Está cerrada o está abierta, por lo cual se mantiene en posición de abierta. El suboficial pisaba la puerta, una especie de puerta basculante, para que quedaran 40 centímetros de hueco hacia el vacío. Después empezamos a bajar a los subversivos por ahí. Yo, que estaba bastante nervioso, casi me caigo y me voy por el vacío”, contó.

–¿Qué personal naval iba en cada vuelo?

–En la cabina iba la tripulación normal del avión.

–¿Y con los prisioneros?

–Dos oficiales, un suboficial, un cabo y el médico. En mi primer vuelo, el cabo de Prefectura desconocía totalmente cuál era la misión. Cuando se da cuenta entra en una crisis de nervios. Se puso a llorar. No entendía nada, se le trabucaban las palabras. Eso me puso nervioso. Le empecé a explicar y le dije que hable con los pilotos. Yo no sabía cómo tratar a un hombre de Prefectura en una situación tan crítica. Al final lo mandan a cabina. El Skyvan es una gran caja, con la cabina separada.

El Estado bobo

El juez Sergio Torres está a cargo de la causa ESMA desde 2003, cuando la confesión de Scilingo se conocía en todo el mundo. La investigación sobre los vuelos, sin embargo, nunca se activó. En 2005, el juez Julián Ercolini declinó su competencia para investigar la confesión del capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”, y se la envió a Torres, que recién acusó recibo cuatro años después, cuando Página/12 publicó la historia. Su procesamiento fue confirmado, pero el juez no avanzó contra sus superiores. En el caso del teniente Julio Poch, el impulso de la investigación no fue de jueces argentinos, sino del Reino de los Países Bajos. Sus superiores siguen impunes, igual que el suboficial Rubén Ricardo Ormello, autor de la tercera confesión judicializada, que Página/12 informó en 2009. Torres tampoco indagó a los aviadores y técnicos aeronáuticos condecorados por Massera por su actuación en “operaciones de combate” (sic) como miembros del Grupo de Tareas 3.3, capitanes Hugo Roberto Ortiz, Guido Paolini y Rodolfo Alberto Bogado. Hasta el imputado Carlos Capdevila renegó por la indiferencia de Su Señoría ante los datos precisos sobre represores que aportó el médico de la ESMA. “Mi colaboración no ha sido tenida en cuenta”, lamentó.

El disparador de la investigación sobre los Skyvan fue un informe de la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, quien filmó en Estados Unidos uno de los cinco aviones que Prefectura usó durante la dictadura. Lewin volvió al país con una copia del “Historial técnico de vuelos”, que acompaña al aparato hasta el fin de sus días e incluye información valiosa, como apellido del comandante, fecha, procedencia, destino y duración de cada vuelo. A fines de 2009 los datos ya estaban en el juzgado de Torres, abocado desde hace quince meses a conseguir una copia certificada de los documentos. No menos frustrante fue la respuesta del entonces ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak, al pedido de Página/12 de tomar vista de los legajos de los pilotos: lo rechazó sin explicitar motivos, contrariando la política oficial de promover las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.

Tras la emisión del informe en Canal 13, el fiscal federal Miguel Osorio, que investiga traslados de secuestrados en el marco de la causa Plan Cóndor, le tomó testimonio a la periodista, analizó las irregularidades que surgían de los registros y solicitó a Prefectura la documentación sobre los Skyvan. A diferencia de la Armada, reticente a entregar las planillas de los Electra pese a las intimaciones de Osorio, Prefectura aportó 2758 planillas de vuelos registrados entre 1976 y 1978, que además de la información del libro del avión incluyen datos imprescindibles, como horarios, tripulación y finalidad.

Del estudio y la búsqueda de un correlato documental de los vuelos de la muerte se ocupó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración. Los registros se volcaron en un cuadro para visualizar regularidades y excepciones. En base al relato de Scilingo y a la velocidad de los Skyvan, se seleccionaron vuelos de más de dos horas y media. Descartados aquellos con destinos que la justifiquen, surgió que el despegue y aterrizaje de los restantes siempre tuvo lugar entre Aeroparque y la base aeronaval de Punta Indio. El dato es sugestivo: los dos vuelos que confesó Scilingo partieron de Aeroparque. En su libro Por siempre nunca más, agregó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar”. La duración es aún más llamativa: los 40 o 50 minutos que tardaba un Skyvan para unir ambos puntos se extienden según los registros hasta cuatro horas y media, al límite de la autonomía del avión. Por último se considera la nocturnidad y la finalidad apuntada.

Los vuelos que sortean todos los filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son once en tres años. En ninguno se registraron pasajeros. Diez tienen por finalidad la “instrucción”. Sólo uno, el del 14 de diciembre de 1977, tiene un objetivo diferente: “navegación nocturna”. Según la planilla de vuelo, el PA-51 voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, al mando de De Saint Georges, Arru y D’Agostino. Los primeros se fueron de Prefectura al año siguiente y vuelan tres veces por mes a Madrid como comandantes de vuelos de Aerolíneas Argentinas. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura. Diecisiete días después del vuelo con el grupo de la Santa Cruz un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aun en situaciones críticas se mantiene sereno”.

La foto de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet tomada luego de su secuestro.

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La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender el martes, durante un panel realizado en el Congreso, que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977. La investigación, que permitirá avanzar contra sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Oyarbide –que instruye la causa Plan Cóndor–, Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la Justicia, Página/12 omite por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa.

El informe final de la investigación realizada por la Unidad Especial que conduce el fiscal general Jorge Auat y coordina Pablo Parenti data del 19 de noviembre pasado. A partir de un universo de 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978, los investigadores analizaron regularidades y, en contraposición, excepciones: vuelos cuya duración no se condice con los puntos de despegue y aterrizaje, horarios sin relación lógica con las finalidades explicitadas, un mismo destino de salida y llegada en vuelos de “instrucción”, omisiones llamativas en los registros.

El universo se acota primero según la duración: por la velocidad de los aviones y en base a las precisiones que aportó el condenado ex capitán Adolfo Scilingo sólo se consideran vuelos de dos horas y media como mínimo. El segundo parámetro es el destino. Descartados los vuelos de duración justificada (a provincias del norte, la Mesopotamia o la Patagonia), los restantes tienen una particularidad: el despegue y el aterrizaje tiene lugar siempre en el Aeroparque Jorge Newbery o en la base de Punta Indio, y en algunos casos ambas en el primero. El dato es sugestivo: los dos vuelos en los que participó Scilingo despegaron desde Aeroparque. El marino confesó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar: continuaban vuelo a baja altura mar adentro para no ser detectados por el radar de Mar del Plata”.

El tercer filtro es la nocturnidad, asociada por la Unidad Fiscal “a todo aquello que pretende ocultarse”. Los vuelos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana son excepcionales: rondan el seis por ciento en 1976 y 1977, crecen hasta casi un diez por ciento en 1978. Por último se considera la “finalidad”. En más de la mitad de los casos se menciona un genérico “traslado”, por lo general con un objeto preciso: “material clasificado”, “buzos”, “maquinaria”, “contraalmirantes”. También figuran finalidades específicas: “apoyo regata”, “sanitario”, “relevo de personal”, “arrojar paracaidistas”, “vuelo de prueba”, “patrullaje” o “instrucción”. Los vuelos que sortean los cuatro filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son apenas once en tres años. Todos menos uno tienen por finalidad la “instrucción” y en ninguno se registra la existencia de pasajeros. A partir de este análisis se pudo individualizar el vuelo en el que se habría “trasladado” a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre de 1977. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de De Vicenti. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA al menos hasta el 14 de diciembre, cuando los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet con una bandera de Montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

El método argentino de desaparición de personas, que Rodolfo Walsh denunció en 1977 y Scilingo confesó en 1995, continúa dando frutos. Más allá de condenas aisladas como las de Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, los asesinos que participaron de las ejecuciones que según Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica e incluyeron hasta “invitados especiales” aún disfrutan de impunidad y anonimato.

Al margen de Scilingo, condenado en España a un millar de años de prisión, el único procesado con prisión preventiva por ese delito es el capitán Emir Sisul Hess, quien contó en privado que las víctimas “caían como hormiguitas”. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal, que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la situación del marino. El magistrado no avanzó aún contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormello, quien –tal como informó Página/12 en 2009– relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. El juez Torres tampoco indagó aún al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, mencionado por Scilingo entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío en uno de los dos vuelos que confesó, y mucho menos a los capellanes Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, que sedaban las conciencias de los marinos y continúan en actividad en las filas de la Iglesia Católica.

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Escenario de puebladas, bombardeos, marchas de Madres desesperadas, discursos patrioteros, huidas de presidentes en desgracia, la Plaza de Mayo vivió ayer un día atípico. Las primeras horas fueron puro silencio. Miles de personas bajo el cielo celeste con las miradas perdidas, procesando la muerte del líder. El correr de las horas dejó fluir bronca, dolor, pero sobre todo gratitud y reflexiones de un pueblo que, a nueve años del “que se vayan todos”, se reconoce en proceso de transformación. Al anochecer la Avenida de Mayo vibró con miles de pibes para quienes “¡Néstor no se murió / vive en el pueblo / la puta que los parió!”, y que advierten a gritos: “Si la tocan a Cristina / qué quilombo se va a armar”.

–Me salió del alma venir –confiesa el Negro Gusti, laburante de una fábrica de plásticos de Laferrère–. Mi viejo fue monto, yo nunca milité, pero hoy siento que hay que estar, hay que apoyar el proyecto.

–La gente se define en los momentos críticos –advierte Francisco, sobreviviente de un centro clandestino y varias cárceles de la dictadura–. Algunos pensarán que hoy retrocedemos. No tiene por qué ser así. Hay dos proyectos, y uno sólo apunta a disputar el poder.

–En estos días se pone a prueba la madurez del pueblo –apunta Patricia, su esposa, docente–. Los argentinos fuimos siempre muy dependientes de los líderes. Ahora hay que mostrar que el proyecto y el poder están intactos.

La plaza comenzó a poblarse a partir del mediodía. Trapos y afiches debieron armarse de apuro. “Eva, Perón y Néstor, juntos en el cielo.” “Hoy muere el hombre. Hoy nace el mito.” El luto no opacó la creatividad: “Le pegaste al chancho, saltó el dueño. Tu mejor movida, lo demás es chamuyo”.

–No los voté pero voy a la plaza –confiesa en el subte una dama de fina estampa–. Hay que apoyar a esta mujer, no hay que dejarla en soledad.

A las tres de la tarde, con sol picante, la cola de personas con claveles y jazmines atravesaba la plaza. La mayoría copó las fuentes o se sentó en el pasto, con las miradas perdidas hacia el balcón de la Rosada.

–¡Hay que ser más peronista que nunca! –se cortó solo un morocho curtido, camiseta celeste y blanca de Mascherano.

Los Descamisados intentaron romper el hielo, entonaron la marcha peronista, cantaron a “Néstor, que desde el cielo milita conmigo”, pero no hubo quórum: la cola los miró con ternura, en silencio, igual que cientos de pibes, promedio treinta a sesenta años, mayoría de clase media, sentados en el pasto, con mate, puchos y unas pocas hierbas.

–Somos de Cristina, nos ayudaron mucho –explica Juan, que llegó con su mujer desde la villa de Retiro–. Yo era cartonero y conseguí trabajo bajo relación de dependencia. Mi vieja se pudo jubilar. Pensaba trabajar para la candidatura de Néstor. Todo mal.

–Siempre creímos en este gobierno –agrega Cloti, la esposa, rostro sufrido, un solo diente, militante de la Federación de Tierra y Vivienda.

–Siento mucha tristeza. Fue el único presidente que entró a nuestras villas y barrios, que vio nuestras necesidades –asegura Santa, así se llama, que llegó con su organización M-8 desde José C. Paz.

–Es terrible, doloroso, una gran pérdida. Habrá que remar –razona Juan Carlos, “jotapé de toda la vida”–. Con haber encanado a los milicos se había ganado mi respeto. Pero hizo mucho más. ¿El futuro? Confío en Cristina, que tiene mucha polenta, y sobre todo en la militancia.

Con el ingreso de La Cámpora la plaza se despabiló. Una pareja abrazada con calas en las manos no pudo contener el llanto. Pero las lágrimas fueron excepción. Primó la bronca contenida, muecas de desconcierto.

–Siento mucho dolor –confiesa una señora mayor y agrega: “Perdí a mis hijos: se exiliaron con la crisis de 2001. Mis nietos desde España me dicen ‘abuela, no te conozco’. La política debe reinsertar a la gente”, reclama, con una bandera argentina que le cubre el pecho.

Una breve incursión en la catedral, con más curiosos y turistas que feligreses, permite escuchar las últimas palabras de Jorge Bergoglio: “Padre, te pedimos que recibas en la morada de la paz a tu hijo Néstor”, que en vida se reivindicaba hijo de las Madres a las que la iglesia del cardenal cerró las puertas. Jorge Telerman parlotea indiferente.

A las siete de la tarde el clima de la plaza es otro. “¡Andate Cobos / la putá (acento en la A) / que te parió!”, corea un centenar. “Llora la gorda Carrió / el Colorado también / Néstor va a volver / con la JP”, cantan otros.

–Kirchner mejoró nuestra calidad de vida. Vinimos a despedirlo y a apoyar a Cristina –dice Luis, “apartidario” y comerciante de Berazategui.

–Los peores siguen, el que hizo algo se nos fue –masculla bronca Elena, ama de casa de San Martín–. Hay que defender el proyecto más que nunca porque se va a agudizar el ataque de los buitres.

Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.

El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.

Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.

Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría “carece de fundamentación y sustento” y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación.

Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.

La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.

“Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa”, se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. “El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia.”

El abogado argentino Carlos Slepoy, impulsor de la causa por los crímenes del franquismo, está feliz por partida doble. La resolución de la Cámara Federal implica no sólo reconocer la competencia de la Justicia argentina para investigar delitos de lesa humanidad en España, sino también aceptar el criterio de los querellantes de extender la investigación hasta el retorno de la democracia, en 1977, con lo cual se amplía el universo de potenciales imputados que tarde o temprano perderán su impunidad.

–¿Cómo recibió la resolución?

–Es muy importante. La resolución no sólo le ordena a la jueza iniciar la investigación, también le dice que envíe un exhorto a España a efectos de determinar si existen investigaciones y más importante aún, acepta que debe investigarse el período que propusimos, desde 1936 hasta 1977, toda la dictadura franquista, que ni siquiera consideraba el juez Garzón, que llegaba hasta 1952.

–¿Cuál era el criterio de Garzón?

–Planteó que sólo entre 1936 y 1952 se había acreditado la desaparición forzada de personas y el secuestro de niños. Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura. La aceptación implica que van a ser investigados los responsables de los distintos fenómenos represivos. Ante el planteo de que la mayor parte de los responsables están muertos, se abre un período amplísimo, con muchos responsables vivos. Paralelamente al exhorto que envíe la jueza vamos a pedir que se soliciten todas las pruebas que pedimos, empezando por la identificación de ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de los dirigentes de la Falange.

–La Cámara le ordenó a la jueza preguntar si efectivamente se están investigando los crímenes del franquismo. ¿Las causas siguen paralizadas o hubo avances en alguna instancia?

–Las causas están paralizadas. La prueba más evidente es que Garzón está procesado, en vías de ser inhabilitado y temporalmente suspendido por su actuación en esta causa. Cuando Garzón se inhibió envió las pruebas (que vamos a pedir que remitan a la Argentina) a cincuenta juzgados provinciales. Ninguno puso en marcha una investigación y sólo unos pocos están supervisando la identificación de fosas comunes. Todo recae en los familiares y las asociaciones para la memoria histórica, que investigan con ayuda de antropólogos forenses, incluso estuvo (Luis) Fondebrider (del Equipo Argentino de Antropología Forense). Pero no hay una causa penal en curso. Por eso queremos que en paralelo al exhorto se produzca la prueba, porque la persecución de estos crímenes no actúa de manera subsidiaria sino concurrente con las actuaciones en otros tribunales.

–Cuando Garzón impulsó la investigación sobre Argentina chocó con la resistencia de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. ¿Qué expectativa tiene sobre la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero?

–Por los antecedentes no podemos tener ninguna confianza en que colaboren. Sin embargo, esperamos que así sea. Lamentablemente, el gobierno español, a través del fiscal general, dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. De todas formas, confiamos en que el gobierno sea fiel e informe la real situación de los procesos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar.

–La Cámara destaca el derecho a conocer la verdad sobre el destino de las víctimas, planteo que en la Argentina, con leyes de impunidad vigentes, derivó en juicios por la verdad. ¿Podría darse un proceso similar si se comprobara que los imputados españoles están muertos?

–El problema no es si están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No olvidemos que aún se está condenando a criminales nazis. La única alternativa es conocer la verdad histórica y en España ni siquiera existe una comisión por la verdad. El retraso es enorme, patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. De todas formas, el proceso se aceleró en los últimos años con las asociaciones por la memoria histórica y el trabajo de los nietos. Es un trabajo subterráneo que en el último tiempo adquirió enorme potencia, incrementada con las actuaciones de Garzón. No olvidemos que mientras el proceso estuvo abierto hubo manifestaciones en toda España y llegaron a movilizarse entre sesenta y cien mil personas reclamando investigar los crímenes del franquismo.

–La causa vuelve a manos de la jueza que para querellantes y camaristas dictó una resolución infundada. ¿Puede afectar ese decisión al impulso de la causa?

–Esperemos que no. La jueza interpretó que como no había impulso del fiscal no podía llevar adelante el procedimiento, pero también dijo que no entraba a considerar las argumentaciones del fiscal. Superado ese obstáculo pensamos que actuará a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa.

La lentitud de la Cámara Nacional de Casación Penal para confirmar las sentencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad derivó ayer en la obtención del beneficio del arresto domiciliario para Luciano Benjamín Menéndez, quien suma cuatro condenas a prisión perpetua en el haber. El mayor asesino del norte argentino durante la última dictadura fue condenado en julio de 2008 a cumplir su sentencia en el penal de Bouwer, pero se benefició días después con una resolución de la Sala III de Casación, que ordenó postergar el cumplimiento efectivo de la medida hasta que el fallo quedara firme, paso que no dio durante los 25 meses posteriores. El retorno del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército a su chalet del barrio Bajo Palermo se produce mientras recrudecen las amenazas a querellantes, fiscales y militantes de derechos humanos.

Paradójicamente, Menéndez no pasó los últimos dos años en la cárcel por las condenas de los tribunales orales de Córdoba y Tucumán, sino por los procesamientos con prisión preventiva de jueces que instruyen causas en primera instancia. Ayer por la mañana, el Tribunal Oral Federal 1 recibió la notificación de la decisión del riojano Daniel Herrera Piedrabuena: el mismo juez que un año atrás decidió postergar la estadía de Menéndez en la cárcel, le otorgó finalmente el arresto hogareño en base a un diagnóstico médico de neumonía bilateral. Al mediodía, durante la audiencia del juicio que Menéndez comparte con el dictador Jorge Videla y 29 ex subordinados, el presidente del tribunal Jaime Díaz Gavier informó la habilitación para retornar al hogar cuando concluyera la jornada.

“El mayor asesino que conocieron las diez provincias que integraron el Tercer Cuerpo de Ejército vuelve a su casa. Ya aprendimos que el único camino que nos garantiza justicia es la organización del pueblo”, escribió minutos después Hijos Córdoba en su perfil de Facebook, para convocar a una marcha de repudio. Cuando concluyó el testimonio de Marcelo Gustavo Iturbe, otro ex preso político que detalló los padecimientos en la Unidad Penitenciaria 1, un centenar de personas se trasladó hasta la casa de Menéndez, custodiada por un imponente operativo a cargo de fuerzas de elite de la policía provincial. A las 20.18, tras recoger sus petates en el Hospital Militar, donde estaba internado desde el 2 de julio, el condenado volvió al barrio en un celular del Servicio Penitenciario Federal, que mañana a primera hora lo devolverá a la sala de audiencias.

“La Cámara de Casación es la gran responsable de que Menéndez vuelva a su casa. Su actitud es absolutamente funcional para que los represores de mayor rango mueran sin sentencia firme”, destacó Claudio Orosz, abogado de Hijos Córdoba. “Días después de la sentencia de 2008, sin entrar en el fondo del asunto, la Sala III ordenó que no se aplicara el punto que ordenaba el cumplimiento de la pena en la cárcel. Luego de esa resolución en tiempo record pasó más de dos años sin pronunciarse”, recordó Orosz. “En diciembre, cuando nos rechazaron el segundo pedido de pronto despacho, dijeron que habían pedido documentos al tribunal. Tres meses después nos enteramos que el tribunal no había recibido nada”, abundó.

La medida que beneficia a Menéndez se produce en un contexto de amenazas crecientes a sobrevivientes, familiares y querellantes: desconocidos que anuncian encomiendas y desaparecen, mensajes telefónicos con música durante horas. “Su hijo va a mirar los rabanitos desde abajo”, le advirtieron al padre de Orosz. La frase lleva la marca registrada de La Perla. La semana pasada, el ex comisario Carlos Yanicelli, torturador del Departamento de Informaciones (D2) que llegó a ser director de inteligencia criminal del gobernador Ramón Mestre, insultó a la fiscal Graciela López de Filoñuk, a quien acusó de “peinar testigos”. La acusación se convirtió ayer en volantes que circularon por tribunales.

Menéndez no es el único condenado beneficiado por las demoras de la Cámara de Casación para confirmar las sentencias. Circulan por las calles con impunidad, entre otros, el general Jorge Olivera Róvere, responsable de la represión en la ciudad de Buenos Aires durante 1976, y los brigadieres César Comes e Hipólito Rafael Mariani, condenados por crímenes en Mansión Seré. A cuatro años de los primeros juicios desde la reapertura de las causas existen sólo dos condenas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia: Julio Simón y Miguel Etchecolatz, ambos juzgados en 2006. Los otros 1462 represores imputados y/o procesados, son para el Poder Judicial teóricamente inocentes.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín que desde el 30 de agosto juzgará a Luis Abelardo Patti por delitos de lesa humanidad, deberá resolver en los próximos días si le concede el arresto domiciliario, si lo devuelve a la cárcel que no pisa desde hace seis meses, o si le permite seguir internado en el centro de rehabilitación Fleni de Escobar, donde en teoría se recupera de un accidente cerebro vascular (ACV) que sufrió en enero y donde se tomó la foto que ilustra esta nota.

Mientras sus abogados Alfredo Bisordi y Silvio Duarte se esmeran en demostrar que Patti no puede valerse por medios propios y pulen la estrategia para probar que es incapaz de comprender y comunicarse, paso previo al reclamo de suspensión del juicio, el perito que evaluó al torturador a pedido de la querella lo describe como un simulador que no habla para disimular su verdadero estado, y destaca que “no es imprescindible” el tratamiento indicado por los médicos del Fleni, quienes justifican desde hace medio año la internación en el instituto que el propio Patti inauguró cuando era un intendente impune.

A principios de año, los abogados obtuvieron la autorización judicial para que Patti se operara de una lesión en los ligamentos cervicales, maltrechos desde un accidente que sufrió en 1997 como copiloto de un auto de Turismo Carretera. Durante la intervención, que se realizó a fines de enero en el hospital de la Universidad Austral, en Pilar, Patti sufrió un ACV que le permitió tomar distancia del penal de Marcos Paz, donde estaba detenido desde noviembre de 2007 junto a Etchecolatz, Von Wernich & Cía.

La recuperación comenzó en el Fleni de Belgrano y continuó en el imponente hospital de la Familia Pérez Companc (familia con mayúsculas en la web de la fundación) en Escobar. “Va a tener una recuperación larga, pero eso depende de las posibilidades de rehabilitación que pueda tener, ya que está privado de su libertad”, explicaron entonces sus amigos al diario La Nación. “El ya tenía para tres meses de rehabilitación por la columna, a lo que ahora se suma esto”, se esperanzó Luis Patti Jr. en declaraciones a una revista local.

En ese contexto, y mientras el tribunal se aprestaba a fijar fecha para el proceso que compartirá con los condenados generales Reinaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, y con el ex comisario Juan Fernando Meneghini, su jefe en la comisaría de Escobar en los ’70, Bisordi y Duarte solicitaron el arresto domiciliario. El argumento: el tratamiento bajo la modalidad “hospital de día” indicado por los médicos del Fleni sólo se lo podría brindar ese centro de rehabilitación de Escobar, y los traslados desde el penal de Marcos Paz serían traumáticos para la salud del imputado, que según sus abogados es incapaz de alimentarse o vestirse sin ayuda de un tercero.

Durante los cinco meses posteriores al ACV, el tribunal que deberá juzgar a Patti, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Lucila Larrandart y Marta Milloc, tomó conocimiento de su estado de salud sólo por los informes del Fleni. Luego de insistentes requerimientos del fiscal federal Juan Patricio Murray, los magistrados ordenaron un examen a cargo del Cuerpo Médico Forense, cuyos resultados se conocerán esta semana.

Sí se conoce el informe del perito médico ofrecido por la parte querellante, patrocinada por los abogados Pablo Llonto y Ana Oberlin. Según el escrito del médico Leonardo González, “el aumento excesivo en los tiempos de latencia en responder, como si no comprendiera una pregunta, no es justificable con las lesiones padecidas en el sistema nervioso”. Patti “no padece alteraciones en el lenguaje”, afirmó. Si bien “se mostró extremadamente callado” y “prefirió el lenguaje gestual”, el perito observó un llamativo contraste entre la precisión para dibujar en el aire letras que le mostraron durante un examen de agudeza visual y la discapacidad que manifestó durante el interrogatorio para realizar tareas básicas como el aseo personal o el vestido.

“Puede escribir con destreza suficiente, y no padece significativa discapacidad para no poder realizar sin asistencia la mayoría de las actividades de la vida cotidiana. El paciente niega que pueda comer sólo con su mano derecha, niega poder cortar o llevar la comida a la boca, lo que contrasta con la observación objetiva”, escribió González, quien advirtió que el ex comisario “colaboró muy poco con la evaluación”.

Consultado por el tribunal sobre la necesidad de continuar el tratamiento indicado por los médicos Lisandro Olmos y Marcos Rey, del Fleni, el perito apuntó que “no es imprescindible”, pues la terapia de recuperación “no precisa de aparatología compleja o asistida por computación”, y que tampoco es imprescindible que la frecuencia del tratamiento sea diaria. “Dos o tres veces por semana resulta suficiente”, apuntó, y enumeró centros de rehabilitación a los que podría trasladarse sin inconvenientes desde el penal de Marcos Paz.

Cristiano consecuente como sacerdote y luego como laico, víctima del terrorismo de Estado por su militancia en villas, crítico de la conducción de la Iglesia por su complicidad con la dictadura y dirigente esencial del movimiento de derechos humanos desde fines de los ’70, Patrick Rice falleció de manera repentina, el miércoles por la noche, en un hospital de Miami. Rice fue cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), nacida en 1981 para potenciar la lucha de quienes enfrentaban dictaduras en América latina y el Caribe, y hasta los últimos días acompañó a sobrevivientes y testigos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Luego de visitar a familiares y amigos en su Irlanda natal, se descompuso durante la escala del vuelo Dublín-Buenos Aires. Paradójicamente para quien sembró amigos en todo el mundo, murió lejos de sus seres queridos. Sus restos llegarán a la Argentina en los próximos días. Será velado en la Casa de Nazareth.

Rice nació en el seno de una familia rural de Irlanda en 1945. Se recibió de bachiller en teología en la Universidad Pontificia local y en 1970 llegó a la Argentina. Se ordenó como sacerdote en la congregación del Verbo Divino y en 1972 ingresó a la Fraternidad Hermanos del Evangelio Charles de Foucauld. Luego de su trabajo pastoral en el interior de Santa Fe se radicó en Capital, primero en La Boca, luego en la villa 3 de Villa Soldati. Como sacerdote de la capilla junto al padre Carlos Bustos trabajó con los laicos, entre ellos Fátima Cabrera, catequista y alfabetizadora con quien estableció una relación para toda la vida.

A partir de 1974 la fraternidad sufrió detenciones, secuestros y deportaciones por su trabajo con sectores marginados. El 11 de octubre de 1976 fue secuestrado por un grupo de tareas de civil. Cuando advirtió que era sacerdote lo golpearon y le aclararon que “los romanos fueron muy civilizados con los primeros cristianos comparado con lo que te va a pasar a vos”. En cautiverio fue interrogado a golpes, quemado con cigarrillos y sometido al tradicional submarino. Luego de tres días desaparecido y gracias a la presión de la Embajada de Irlanda y de su orden, fue trasladado al tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal, el sector clandestino del edificio que aún ocupa la Policía Federal y al que volvió durante una inspección ocular en 2008. “La intervención del nuncio y del Episcopado se limitó a tramitar su expulsión del país, sin referencia alguna al maltrato sufrido”, destacó Horacio Verbitsky en su historia de la Iglesia. Antes de exiliarse padeció la cárcel. La Iglesia que aún le permite al condenado Von Wernich oficiar misa en el penal de Marcos Paz le prohibió a Rice y a otros curas presos en la Unidad 9 de La Plata vestirse con ropa clerical y concelebrar la Eucaristía.

En 1985, tras quince años de sacerdocio, dejó los hábitos para casarse con Fátima. Tuvieron tres hijos: Carlos, Amy y Blanca, y se dedicaron a la militancia laica con los Hermanitos del Evangelio. “Sigo trabajando para una Iglesia que vive fielmente el mensaje sencillo y profundo del Evangelio, pero que ha sido traicionada en la historia reciente por miembros del clero y del Episcopado que debieron y deben cumplir su deber de sostener en alto este tesoro ante el pueblo de Dios”, escribió.

“Es una pérdida enorme”, afirmó Marta Vásquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Hemos trabajado juntos desde 1981 en Fedefam y ha sido siempre el consejero, el secretario, el asesor... Realmente no puedo creer que no lo voy a ver más. Pienso mucho en Fátima y en los chicos. Patrick dedicó su vida a los derechos humanos, sociales y políticos, y desde que fue secuestrado tuvo una vida accidentada. Es muy difícil pensar que vamos a seguir sin él”, reflexionó con la voz quebrada. “Querido amigo Patricio: hasta pronto”, lo despidió.

“Ha sido un hombre consecuente en su militancia durante muchísimos años”, recordó Verbitsky, presidente del CELS, que tenía a Rice entre sus socios. “Primero como sacerdote, luego como miembro de una fraternidad laica, ha seguido militando por una transformación de la Argentina siempre en relación con los más desprotegidos.”

“Padeció en carne propia la dictadura y nos dejó la memoria de su sonrisa en su español atravesado y su lucha por la paz detrás de las huellas de Carlos de Foucauld”, recordó Eduardo de la Serna, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. “Lo vi por última vez en la misa de Carlos Mugica. Llevó las ofrendas. Y ofrendó su vida para que la verdad, la justicia y la paz sean una realidad en nuestra patria”, agregó De la Serna, miembro de la comisión directiva del CELS.

“Es un golpe tremendo. Era un personaje querido, querible, inteligente, sano, de una pureza infinita, siempre con esa sonrisa increíble”, lo recordó Lita Boitano, de Familiares. “Sufrió la desaparición y la tortura durante el terrorismo de Estado por su compromiso solidario con nuestro pueblo pobre, que él había convertido en su propio pueblo”, recordó el pastor Arturo Blatezky, del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, donde también actuó como secretario.

“Es una pérdida enorme, no sólo por lo que significaba como militante, sino por lo que era como persona, como ser humano, siempre con una sonrisa y con ese castellano que hablaba perfecto pero con un dejo de irlandés”, recor-dó emocionada Taty Almeida, de Madres.

Los familiares de víctimas del terrorismo de Estado arrojando claveles al Río de la Plata.

Mientras Adolfo Scilingo cumple su condena en España y hay sólo dos pilotos navales procesados luego de confesar (en privado) su actuación en vuelos de la muerte, las Fuerzas Armadas se resisten a entregar datos que permitan investigar el método argentino de desaparición de personas. El fiscal Federico Delgado, que desde hace un año investiga el funcionamiento de la Brigada Aérea de Palomar, le informó por escrito al Ministerio de Defensa “la escasa colaboración” de la Fuerza Aérea, a la que reclama sin suerte el historial de los aviones que según ex conscriptos y operarios civiles se usaron para arrojar secuestrados al mar. Esta misma semana, al procesar a Julio Poch, el juez Sergio Torres destacó que los documentos que sobrevivieron a la impunidad planificada existen “merced a un descuido o falta de prolijidad a la hora de eliminar todas las pruebas escritas”.

La primera denuncia sobre vuelos en Palomar la formuló Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar. Acusó a las tres fuerzas “de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea” y precisó que “usaron Fokker F-27”, modelo que el ex sargento Víctor Ibáñez incluyó entre los aviones que con idéntico fin usaba el Ejército en Campo de Mayo y que empleó la Armada en el Aeroparque Jorge Newbery, según alcanzó a contar el desaparecido Emilio Assales luego de ver a sus compañeros de la ESMA desmayarse al pie del avión y de que el Servicio de Inteligencia Naval postergara su agonía para interrogarlo. También el capitán Hemir Sisul Hess, con procesamiento confirmado por la Cámara Federal, contó a sus íntimos que “los vuelos salían del Palomar o Morón”.

Delgado inició una instrucción preliminar a partir de la denuncia de la hija de un desaparecido víctima de los vuelos que los antropólogos forenses exhumaron de una tumba NN. El fiscal recibió más de trescientos testimonios, la mayoría de ex conscriptos y de civiles. Un soldado contó que vio grupos de “veinte a treinta personas” que “bajaban encapuchados de los furgones y eran subidos por personas vestidas de civil a los aviones”. “Nos decían que eran subversivos”, agregó. Otro dijo que “eran trasladadas en aviones que después nosotros limpiábamos”. Contó que los cautivos, “esposados unos de la mano de otros”, llegaban “en camiones de la Policía Federal”. Identificó los Fokker F-27, contó que los vuelos “duraban entre veinte y treinta minutos” y que se hacían “con mucha frecuencia”. Apuntó que “regresaban sin pasajeros”, aunque dijo ignorar el destino. “Los cabos decían que a esa gente la iban a cambiar de cárcel”, recordó.

Un tercer ex conscripto que dijo haber integrado la “compañía COIN, que significaba contrainsurgencia” y sobre la cual la Fuerza Aérea dice no tener antecedentes, recordó que “había una efervescencia instaurada que hacía creer que todos eran subversivos”. No vio cargar secuestrados, pero sí bajar desde un Fokker “gente esposada por la espalda y con los ojos vendados”, que luego eran “cargados en un micro”. Recordó en particular a “una mujer de unos 35 años” a quien “le pegaron un empujón de arriba y cayó de cabeza”.

Un ex motorista de Palomar supo “por comentarios de suboficiales” que “salían vuelos con personas vivas, quienes luego eran arrojadas al mar”. Agregó que los secuestrados “eran trasladados en camionetas y en forma conjunta por las tres fuerzas militares y por la policía”. “Esos vuelos no estaban programados, no figuraban en ninguna planilla”, dijo. Precisó que los vuelos eran “durante la noche” y que usaban “aviones Fokker F-27 Tango Charly, la versión paracaidismo” (la sigla significa Transporte y Carga y refiere a los aparatos que permiten retirar las butacas del Fokker para volar con carga). El testigo no identificó a los confesores, aunque aseguró que “tenían la necesidad de descargar semejantes atrocidades”.

Según el oficio que Delgado remitió a la ministra Nilda Garré, “nunca recibió una respuesta concreta” por parte de la Fuerza Aérea, a la que reclama planes de vuelos de los Fokker F-27 y F-28 y de los Hércules C130. Los pedidos “recorren todos los rincones de la institución” y derivan en respuestas en “lenguaje encriptado”, que llegan a destino “fuera de término y sin una respuesta concreta”.

El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch se convirtió en el segundo piloto de la Armada procesado con prisión preventiva luego de confesar en privado su actuación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura. El juez federal Sergio Torres destacó “el incesante trabajo” de sus defensores en Europa y en Argentina para “destruir la acusación por todos los medios”, pero priorizó los testimonios de los pilotos de la aerolínea Transavia que recibió de primera mano en 2008 en la embajada argentina en el Reino de los Países Bajos. Torres procesó a Poch por 615 secuestros agravados, le embargó bienes por 615 millones de pesos y ordenó que aguarde el juicio en la cárcel de Marcos Paz.

La confesión que cambió la vida de Poch fue el 2 de diciembre de 2003 en el restaurante Gado-Gado, en la isla de Bali, Indonesia. Según el primer testigo, Poch contó cómo desde “abordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida”. Dijo que eran “terroristas” y que “eran tiempos de guerra”. Defendió el método como “una manera humana de ejecutar a la gente” y aclaró que “estaban drogados”. El segundo testigo declaró que escuchó la confesión de terceros. Ante la consulta, Poch le aclaró que se refería a “nosotros” por los pilotos de la Armada, pero negó su participación. El tercer testigo fue categórico: Poch “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar” y “estaba enojado por no haberse percatado de haber arrojado a niños y personas muy jóvenes”. Cuando le planteó lo terrible de vivir con tantos muertos en el haber, Poch le explicó que “lo creía justo” porque “eran terroristas de izquierda que no merecían algo mejor y que había sido una forma humanitaria de ejecutarlos porque habían sido drogados”.

“Había tomado un poco de alcohol” pero “estaba lúcido”, explicó Poch en la primera de sus tres extensas declaraciones indagatorias, luego de ser extraditado desde España. Su estrategia se centró en desacreditar a los testigos. Al primero lo definió como un “lunático y obsesivo” que lo discriminaba porque “es un xenófobo que no aceptaba a pilotos extranjeros”. Del segundo dijo que es “un mentiroso y megalómano porque siempre quiere ser el centro”. Sobre el tercero admitió que “siempre tuve una buena relación”, pero sugirió que lo convencieron para que mintiera. Poch le aseguró al juez que “siempre respeté los derechos humanos” y que los crímenes de lesa humanidad “van contra mis principios morales y cristianos”. Se explayó sobre su especialización como “piloto de caza y ataque” y su incapacidad para pilotear aviones de carga. Auxiliado por los penalistas Gerard Spong, en Europa, y Gerardo Ibáñez, en la Argentina, el imputado presentó declaraciones de colegas de Transavia ante un escribano para certificar su silencio sobre su actuación en la dictadura como la tergiversación de sus dichos en Indonesia.

Torres desbarató en un escrito de 757 fojas los argumentos del imputado. Minimizó “el efecto de los celos profesionales o la envidia”, sostuvo que si no sabía volar aviones de carga bien pudo haber participado como tripulante y diferenció “el impacto inesperado y tal vez imprevisto” de la confesión “en un contexto sociocultural” diferente al argentino. El juez dejó constancia de que los vuelos se ejecutaron desde “distintos aeropuertos o bases militares” y que se usaron aviones pero también helicópteros que partían desde la propia ESMA. El primer piloto procesado por su actuación en los vuelos es el capitán Hemir Sisul Hess.

dmartinez@pagina12.com.ar

“Acá nos mojamos todos”, contaba el capitán Jorge Acosta para graficar la rotación de oficiales y suboficiales de la Armada por los grupos de tareas. La frase la recordó Mercedes Carazzo, sobreviviente de la ESMA, mientras camaradas del Tigre tomaban apuntes y se miraban de reojo en la bandeja superior de la sala. En la segunda declaración de ayer, ambas por videoconferencia desde México, Pilar Calveiro, viuda de Horacio Campiglia, repasó su peregrinaje por centros clandestinos y reinstaló varios nombres de represores que siguen prófugos (el prefecto Gonzalo Sánchez, el capitán Jorge Vildoza), bien que no han sido identificados (“el Pelado Cortés”, interrogador del Servicio de Inteligencia del Ejército) o que aún no están en la mira del Poder Judicial, como los médicos del Hospital Aeronáutico que atendían a mujeres vendadas y con signos de torturas.

Física de profesión, Carazzo dirige el Centro de Innovación Tecnológica del Ministerio de la Producción de Perú, donde se exilió en 1980, cuando se liberó de la Armada y del teniente Antonio Pernías. “Fue una relación personal no impuesta por la violencia, pero que seguro no se habría producido en libertad”, aclaró sin que nadie le preguntara.

El 21 de octubre de 1976, cuando la cargaron en un Falcon, escuchó a los secuestradores hablar en clave de “proas y popas”. Minutos después, en cautiverio, no dudó: “Estoy en la ESMA”, le respondió a Acosta.

–Soy militante peronista –apareció en escena el joven Pernías.

–Tenés los ojos demasiado tranquilos para que sea verdad –lo desafió.

Carazzo militaba en el área de prensa de Montoneros. Después de atarla “tipo Túpac Amaru” y torturarla con picana pasó a ser la secuestrada número 588 y estuvo aislada del mundo casi dos meses. Entre quienes la visitaban nombró a “Dante” (Pablo García Velazco) y a “Cortés”, un tapado que circulaba por distintos centros clandestinos. “Preguntaba sobre la fusión FAR-Montoneros, parecía conocer mucho”, recordó. En diciembre le dieron una máquina de escribir, la engrillaron a una bala de cañón y le ordenaron redactar la historia de las FAR. En eso estaba el 10 de diciembre cuando cayó herido de muerte su esposo, Marcelo Kurlat. “Lo hirió Maco, él me lo confirmó”, dijo en referencia a Julio César Coronel. “Fue un momento de desdoblamiento, de terminar con Montoneros”, dijo.

Entre los cautivos recordó “a la niña sueca (Dagmar) Hagelin” y contó que pudo “hablar un par de veces” con Norma Arrostito, a quien conocía como Gaby. “Estaban exaltados de tenerla”, recordó. En el departamento de Zapiola y Jaramillo donde cumplían con su trabajo esclavo contó que vio el archivo del diario Noticias. “Se jactaban de tener trabajos de Rodolfo Walsh, pero yo no los vi”, aclaró. Agregó que “fui amiga personal de Walsh, lo admiro profundamente”.

–¿Dijo que quien hirió a su marido fue un tal Maco? –preguntó el abogado Julio Coronel.

–No llame “un tal Maco” a su padre –sonrió Carazzo.

–¿Cómo le consta que él lo hirió?

–Me lo dijo Pernías y luego Maco. Pensó que Marcelo iba a dispararle y tiró. También admitió que lo querían vivo.

Cuando el juez Daniel Obligado le preguntó si deseaba agregar algo, Carazzo le habló a Coronel, no al abogado sino al ser humano: “Puedo entender que en un operativo alguien dispare, no le guardo rencor a su padre. Lo que no acepto es que se haya matado a gente rendida”.

El Pelado Cortés

Pilar Calveiro no se resigna. En 1985 declaró en el juicio a los ex comandantes, luego indultados. En 2008 declaró sobre su cautiverio en Mansión Seré en el juicio a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, condenados a la pena de 25 años de prisión, pero en libertad al menos hasta que la Corte Suprema la deje firme. Ayer repasó ante el mismo TOF5 su calvario por Seré, la comisaría de Castelar, ESMA y una casa operativa del Servicio de Inteligencia Naval.

Dos días después del secuestro saltó al vacío desde una ventana de Mansión Seré. La enyesaron. Tiempo después volvería con Graciela Tauro de Rochistein, embarazada que dio a luz en la ESMA, desaparecida. El médico le sacó el yeso, auscultó a Tauro, les dio leche y galletitas. “Para que se lleven un buen recuerdo”, les dijo.

En junio de 1977 la Fuerza Aérea prestó a su secuestrada al sector del SIN que operaba en la ESMA. Pasó a ser un número: 362. Allí la interrogó tres veces el “Pelado Cortés”. “Se movía con una maleta con fotos, preguntaba por características de cada persona, no sólo información dura”, recordó y generó murmullos entre los marinos que comparten palco con la prensa. Un mes después, de vuelta en Castelar, el nómada “Cortés” instaló una mesita en su calabozo y volvió a interrogarla sobre las FAR, las relaciones con el Ejército y sobre su marido, Horacio Campiglia, que caería en Brasil tres años después.

Luego de una escala en la casa del SIN de Thames y Panamericana la llevaron otra vez a la ESMA. Estaba en Capuchita el 10 de diciembre cuando llegaron secuestradas las monjas francesas y varias de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. “Recuerdo haber escuchado el nombre Azucena” (Villaflor fue quien ideó la ronda frente a la Casa Rosada) y “tuve un breve intercambio de palabras con la monja Léonie Duquet”, recordó. “Me sorprendió su entereza. No sé si era porque no estaba muy ubicada o porque su convicción religiosa le daba una serenidad mayor”, planteó.

La mayor parte de 1978 lo pasó en Capucha, ya con menos huéspedes. El capitán Luis D’Imperio le encomendó hacer el seguimiento de prensa del conflicto por el canal de Beagle. “Me pusieron un escritorio en Capucha, en el medio de la nada.” Recién en abril el SIN la transfirió a los camaradas de la ESMA y continuó su trabajo esclavo junto a los secuestrados que actuaban en “la Pecera”. “Mi relato puede sonar a vida de oficina, pero nada más lejano. Convivíamos con la tortura y el asesinato. Sabíamos que quienes aparentaban ser amables con nosotros eran los mismos que decidían sobre vidas y muertes. Y tenían a nuestras familias como rehenes. Era una situación aterrorizante.”