Página#12 Libre

Unas 100 mil personas accedieron desde 2006 a la llamada jubilación de amas de casa en Rosario y su zona, de acuerdo con los datos brindados por el jefe de la Unidad de Atención Integral de Anses (UDAI), Roberto Sukerman. "Así como todos los ciudadanos tenemos derechos civiles, también tenemos derechos sociales constitucionales, y uno de ellos es estar incorporado al sistema de la seguridad social", puntualizó Sukerman, quien recordó que "la oportunidad de ingresar en la moratoria a partir de la ley 24476 posibilitó que miles de personas no quedaran excluidas del sistema previsional".

La ley otorgó el haber mínimo mensual a "aproximadamente 521.000 personas en la provincia, así como a 100.000 ciudadanos en la localidad de Rosario y zona de influencia", detalló la Coordinadora de Gestión de Beneficios de Anses, Silvia Petersen. Las personas que solicitan la jubilación de amas de casa y que cumplen con los requisitos (60 años para las mujeres y 65 para los hombres, sumado a regularizar los 30 años de aportes que solicita Anses), pueden acceder a facilidades. "Quienes ingresen en la moratoria pueden pagar la deuda de esa regulación de aportes en 60 meses", indicó Petersen.

Al mismo tiempo, Sukerman enfatizó que "la implementación de este haber jubilatorio es revolucionaria, ya que no sólo permitió incorporar a miles de personas que estaban fuera del sistema de seguridad social, sino que además brinda la cobertura médica de Pami". En ese sentido, el funcionario del organismo nacional quiso "felicitar y reconocer a los trabajadores de Anses por el esfuerzo que tuvieron que hacer para registrar en muy poco tiempo a la misma cantidad de gente que estuvo jubilada a lo largo de la historia argentina".

Sin embargo, el abogado Franklin Quagliato, profesor de Derecho de la Seguridad Social en la Universidad Nacional de Rosario, opinó que "el régimen contributivo tiene que responder esencialmente a aquél que hizo los aportes correspondientes pero no al que no los hizo, ya que en última instancia una política de seguridad social puede tener otros componentes para resolver las situaciones de necesidad".

La visión de Quagliato es crítica. "Todos tenemos la obligación de hacer los aportes en nuestra vida activa, y como consecuencia del cumplimiento de esas obligaciones nacen los derechos en el momento en que reunimos los requisitos para el logro de las prestaciones", consideró. De este modo, Quagliato calificó a la jubilación de amas de casa como "un fenómeno incomprensible, ya que aquel que hizo aportes durante 40 años termina cobrando un haber mínimo de jubilación del mismo modo que aquél que no los ha realizado".

En ese sentido, Sukerman apuntó a otros factores. "La situación es complicada, ya que el que nunca ha aportado y se jubila a través de la moratoria no debe ser prejuzgado en que no tuvo intenciones de hacerlo sino mejor dicho que no pudo", planteó. El funcionario puntualizó que "este tipo de jubilación aumentó su haber mínimo en un 500 por ciento desde el año 2003", y que "el 41 por ciento de los jubilados y pensionados del país se incorporaron mediante este sistema sin tener todavía los aportes".

En ese sentido, los funcionarios locales de Ansés le dieron un marco a la ley que permite la jubilación de amas de casa. "Vino a buscar una solución histórica para la inclusión social de personas que se encontraban excluidas del sistema, pero la problemática sigue, porque el 40 por ciento de los trabajadores no aportan al sistema en la actualidad. Entonces es el cuento del nunca acabar", dijo Sukerman.

En cambio, Quagliato tiene una visión crítica de cómo se implementó el beneficio. "Si bien es cierto que la jubilación para las amas de casas cubre necesidades económicas insatisfechas, a la par acceden aquellos que no tienen necesidades. Es decir, la puede obtener el pobre y el no tan pobre, y el rico y sumamente rico", apuntó.

En ese punto, Sukerman indicó que el organismo "confía en la buena fe de las personas", pero no omitió "la existencia de casos de ciudadanos que estafan al sistema porque son ricos y nunca han realizado aportes". El funcionario subrayó que "no se puede dejar de establecer un sistema porque alguien puede abusar del mismo".

En otra línea, Quagliato expresó que a la par de ayudar a aquellos que tienen necesidades "se debe buscar la forma para que esta jubilación no sea lesiva para quienes aportaron en el transcurso de su vida".

Entre "30 y 50 inquilinos" se acercan cada semana a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor para iniciar reclamos sobre sus contratos de alquiler ante el Consejo Asesor para la Vivienda Unica, que funciona. "Existe una vulneración de los derechos, se fijan indexaciones, se fijan cláusulas abusivas y leoninas, se infringen cuestiones que figuran en las leyes", apuntó Ariel D`orazio, coordinador del Consejo.

No se ve así desde el sector inmobiliario. Liliana Tobajas, martillera pública, y poseedora de su propia Consultora Inmobiliaria, informó que en la actualidad "se toman todas las medidas necesarias debido a que el mercado fluctúa y los precios aumentan día a día". Al mismo tiempo, indicó que en el sistema inmobiliario, "los propietarios deciden tomar todos sus recaudos, y quienes no cumplan con los requisitos exigidos no pueden acceder a alquilar".

El Consejo Asesor que coordina D'orazio funciona desde marzo de 2006. Desde entonces, pudo observar "una responsabilidad compartida entre el sector público y el sector privado, acompañada de una sobrecarga de exigencias" por parte de las administraciones/inmobiliarias o a través de los dueños directos que alquilan su propiedad. El funcionario consideró que "hay un importante incremento en cláusulas abusivas que complican al que tiene que alquilar".

Con una perspectiva opuesta, Tobajas -que ejerce su actividad hace más de 20 años-, opinó que "no hay" una sobrecarga de requisitos solicitados en un contrato de alquiler ("dos garantías propietarias, una garantía de recibo de sueldo") ya que el locador debe asegurarse al entregar su propiedad de "no asumir ningún tipo de riesgo como la fuga del locatario, un juicio, la destrucción del departamento, impuestos no pagos". La martillera confesó que en su actividad diaria se encuentra "entre la espada y la pared", ya que por un lado debe atender al propietario, quien le otorga la propiedad y la confianza en su administración como así también a la persona que viene a alquilar.

En tanto, en la Oficina de Defensa del Consumidor, en Alem 1046, se presentan ciudadanos para reclamar sobre "el contrato, y la práctica del alquiler". Según detalló D'orazio, las consultas diarias se refieren a "irregularidades" como "exigencias abusivas, el cobro de expensas extraordinarias, indexaciones, propiedades con daños estructurales, entre las más habituales".

A su vez, el Consejo Asesor manifiesta que ellos por ley no pueden intervenir en procesos judiciales, pero se proponen mediar entre las partes antes de que el problema termine en la justicia.

Desde la Oficina de Defensa del Consumidor, D`orazio advirtió que los ciudadanos "están desinformados de cuales son sus derechos, pero que existe una imposibilidad de que quien los conoce pueda hacerlos valer". Y por esa misma razón, expresó: "Si sos un inquilino complicado, no te alquilo. Viene el de atrás que es sumiso, y le alquilo a él". Para el funcionario, es sólo un ejemplo del disciplinamiento de los locatarios. "Como necesitan alquilar, agachan la cabeza y no hacen valer sus derechos".

Por su parte, Tobajas aclaró que existen casos de personas que optan por trasladarse del centro hacia los barrios "ya que las exigencias son menores", y es "más frecuente" el alquiler directo a un particular, aunque aclaró que son esas mismas personas (locador) que ante un inconveniente "recurren a la inmobiliaria para que lo ayuden a solucionar su problema".

La consultora inmobiliaria admitió que la situación de las personas que deben alquilar con un sueldo básico, "es muy complicada", ya que un departamento de un dormitorio está entre 900 y 1000 pesos. "A esa cifra se le deben agregar impuestos y expensas. Es imposible pensar que esta persona pueda llegar a fin de mes", subrayó. Por este motivo, registró que "si bien hay muchísima oferta y demanda en alquileres y venta de propiedades, otra variante muy solicitada en estos tiempos son los alquileres temporarios".

D'orazio tiene una visión crítica. "Hay un acuerdo desmedido entre inmobiliarias y propietarios,", ya que "más del 90 por ciento" de las viviendas se alquilan a través de inmobiliarias y administraciones, mientras "solamente el 5 por ciento de los inmuebles son alquilados a dueños". "Es necesaria la modificación de la ley nacional de locaciones urbanas", indicó.

Desde el Consejo que funciona en la Oficina de Defensa al Consumidor, D'orazio apuntó que "no se le debe echar la culpa a quienes hoy regulan el mercado, sino que el problema es que no hay una regulación por parte del estado en ninguno de sus tres estamentos, ni municipal, ni provincial, ni a nivel nacional".

Que la Asignación Universal por Hijo tendrá un efecto importante sobre la vida cotidiana y el acceso a derechos de amplios sectores de la población es indiscutible. Sin embargo, desde Amsafé Rosario advierten que la exigencia de certificados escolares podría llegar a "ocasionar situaciones de malestar entre los docentes o la escuela con los padres". El secretario de Asuntos Sociales del gremio rosarino, Daniel Couselo cuestionó también que se produce una "sobrecarga de las responsabilidades y de las obligaciones laborales" para los directivos. Por su parte, el Director Provincial de Bienestar Docente del Ministerio de Educación, Leonardo Panozzo, consideró se refirió a la Asignación como un "paliativo" para la deserción escolar, aunque dijo que "se requieren soluciones más complejas".

Couselo indicó que "puede haber situaciones de rispideces de gente que necesita el certificado para cobrar esta asignación". Para el dirigente de Amsafé Rosario, los certificados configurarían a las escuelas como un "espacio de control social que poco tiene que ver con su rol pedagógico y en donde la sobrecarga administrativa no se relaciona con la función que deben cumplir los colegios".

Desde el Ministerio, Panozzo tuvo otra mirada. "Pienso, apuesto y creo que esta propuesta de la Asignación Universal por Hijo va a impactar positivamente en el seno de las familias", afirmó aunque también mencionó que "habría que intentar con algunas otras cuestiones que hacen a la problemática general de la deserción". De este modo, el funcionario evaluó que "si hace falta una apoyatura particular, se cuenta con un equipo socio educativo que está conformado dentro del Ministerio de Educación para reforzar algún tipo de herramientas en las escuelas".

Pero también una docente como Mirta Britos hizo una valoración positiva de la Asignación. Maestra y Licenciada, coordinadora general del Departamento de las Olimpiadas de Matemáticas a nivel Nacional y Provincial, a partir de su actividad en las escuelas de enseñanza media 430 y 360, Britos opinó "que las políticas educativas en este momento son las más acertadas, ya que con la creación de este tipo de planes se apunta a una mayor escolarización y a disminuir la analfabetización". Sin embargo, aclaró que "tendría que haber más requisitos para que el padre se sienta con mayor obligación a mandar a los niños a la escuela, porque hoy la deserción se debe a que el chico tiene que salir a trabajar para ayudar en su casa".

Desde Ansés puntualizaron que "el monto total de la asignación es de 180 pesos, de los cuales el 80 por ciento (144 pesos) será percibido directamente, y el restante 20 por ciento (36 pesos) se depositará en una cuenta a nombre del titular. Ese dinero únicamente podrá ser retirado una vez al año, cuando demuestre que el niño ha concurrido a la escuela durante el ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación".

De acuerdo a la cifra otorgada por el gobierno nacional para las Asignaciones Universales por Hijo, Panozzo opinó que "esto es importante, y demuestra un avance". Por su parte, Britos consideró que "estas asignaciones son positivas, ya que se complementan con otros tipos de ayuda", y Couselo tuvo otra opinión: "Es un monto miserable".

El dirigente gremial diagnosticó que "existe una gran deserción y desescolarización", y en ese sentido, la Asignación "no resuelve el problema de fondo: la pobreza, la exclusión social, la marginalidad, la falta de políticas complementarias". Así, Couselo lo describió como "un gran parche en un gran bache, en un gran agujero". Otra fue la visión de Panozzo, quien afirmó que la asignación "será incentivo para que las familias vuelvan a mandar a los chicos a la escuela".

El funcionario provincial apuntó que "el sistema educativo viene con dificultades de todo tipo; problemas de infraestructura, de cargos, de abordaje de las problemáticas sociales hacia el interior del establecimiento educativo, es decir, cómo impacta la crisis social en las escuelas". Para él, la solución pasa por "recuperar el trabajo digno en Argentina y una política fiscal que facilite o que proponga una redistribución del ingreso diferente a la que existe en este momento".

Por su parte, Ansés detalló que "la vocación del organismo es otorgar las asignaciones, permitir que los sectores más vulnerables de la población puedan acceder al beneficio, que no sólo es monetario, sino que obliga a los padres a solucionar el problema de los niños indocumentados, así como también la obligación de la escolaridad y tener el calendario de vacunación al día".

Por su parte, Britos aclaró que la asistencia a clases es indispensable para la entrega de los certificados. "El alumno después de 25 ausentes queda libre", indicó. En ese sentido, Panozzo expresó que "no habrá una sobrecarga administrativa en las escuelas" y dijo que para evitar circunstancias no queridas entre la escuela y los padres, lo que harán es pasar "la responsabilidad del seguimiento de la matrícula, y de los niños al Ministerio de Educación".

Desde su lugar pedagógico, Britos apuntó que la escuela es el lugar para educar/enseñar a los alumnos, pero "la sociedad cambió, la escuela está más asistencialista, se genera un acercamiento mas humanitario con los alumnos ya que el docente siempre está predispuesto y el ámbito emocional es importante en lo cognoscitivo".