Página#12 Libre

No hace falta tener las últimas encuestas en la mano para darse cuenta de que la actual división entre peronistas nos resta posibilidades de triunfar en las próximas elecciones. Si finalmente deciden ir por fuera quienes hoy disienten con la conducción del Partido Justicialista –incluyendo no sólo al llamado “peronismo disidente” sino también a quienes llamándose peronistas apoyan a Proyecto Sur o expresiones partidarias similares– no sólo perderán irremisiblemente, sino además serán eventualmente responsables del triunfo de una reedición de la malograda Alianza de 1999. Sin pretender minimizar las diferencias existentes entre ellos y quienes adhieren al Gobierno, en los hechos unos y otros actúan como si fuera preferible una presidencia de Cobos, de Carrió o de Macri antes que la de un peronista de un sector opuesto.

Para justificar esta contradicción algunos compañeros buscan difundir la creencia de que las diferencias ideológicas entre “izquierda” y “derecha” son más importantes que las políticas. Juan Perón, a quien se pretende invocar para respaldar esa actitud, postulaba exactamente lo contrario. El demostró que en la Argentina la división política más importante no es binaria sino tripartita: su tercera posición, nacional y popular, se opuso a la derecha antinacional y a la izquierda antipopular.

Los “presidenciables” tienden a dar importancia a las diferencias ideológicas cuando se refieren a sus competidores, pero hacen la vista obesa con sus propias segundas líneas. Eso es posible porque la diferencia entre derecha e izquierda ya no es lo que era. Hoy parece involucrar más el destrato por razones de género que las estructuras sociales y económicas injustas. Tomar partido entre una izquierda “moral” y una derecha “pacata” no es una disyuntiva digna de un peronista.

La ilusión de refundar el sistema político en esta clave –tal como pretenden, entre otros, Di Tella y Laclau– apenas logra ocultar otra fantasía: la de moldear al enemigo a imagen y semejanza de esos ardores morales. El único logro que pueden adjudicarse en todos estos años fue el corrimiento de Carrió hacia la derecha. Los peronistas siempre nos hemos divertido con los delirios literarios de quienes pretendieron caracterizar nuestra personalidad con argumentos “científicos”. Esa experiencia debería servirnos para descreer de los academicismos que postulan que el sistema político argentino avanza saludablemente hacia una división más “europea”, en la que se agruparán los buenos peronistas con los progresistas sensibles y los malos peronistas con los oligarcas innobles. La realidad desmiente día a día estos espejismos: la mayor parte de los peronistas adherimos a los ideales de soberanía política, independencia económica y justicia social, que no son de izquierda ni de derecha.

Por su parte, otros dirigentes asumen posiciones similares a las del gorilaje fundacional, criticando el vestuario o los estilos de dirigentes afines al Gobierno. Arturo Jauretche se haría una fiesta describiéndolos. Asombra además que en su afán de diferenciarse hagan acuerdos y pronuncien frases que enajenan a muchos compañeros. Parecen olvidar que si tienen alguna oportunidad de ganar las elecciones necesariamente va a ser con esos votos, salvo que pretendan llegar al sillón de Rivadavia en andas del antiperonismo...

Unas y otras actitudes se explican por la tendencia a traducir las diferencias políticas en clave moral, donde lo microscópico se vuelve decisivo. Ahorrémonos las especulaciones que suelen hacerse sobre una eventual segunda vuelta. Aspirar a ganar por un voto no sólo es riesgoso, sino también supone consagrar la postura de que es preferible arriesgar todo antes que buscar acuerdos, que se asimila más a un aforismo radical que a la tradición peronista. Se puede entender esa disposición en una apuesta personal cuando sólo hay un lugar a ocupar y varios postulantes, pero no es razonable pretender que todo el movimiento la asuma como estrategia principal.

Sin embargo, el ejemplo de 1999 no es el único válido para reflexionar sobre el presente. También la experiencia de 1989 puede servir para recordar que a veces la defensa a ultranza de la unidad puede llevar a abandonar nuestros principios más elementales. Por eso no pretendo sugerir que la solución sea simplemente celebrar una interna alegre y entre todos, porque ella no garantizaría a quien pierda que el ganador tome en cuenta sus propuestas. La interna es indispensable, pero no suficiente: para que la interna sea un puente hacia la unidad tiene que ser inobjetablemente transparente, y a la vez debe confirmar el protagonismo popular, para evitar que el rumbo del peronismo se dirima en negociaciones entre cúpulas más o menos iluminadas.

Dejando de lado a algunos sectores insignificantes y las sobreactuaciones, es mucho más lo que la mayoría de los peronistas tenemos en común que lo que nos diferencia. Hay compañeros que no se sienten representados por el Gobierno, pero bien podrían apuntalarlo en los momentos decisivos si éste hiciera un esfuerzo por entender que el apoyo crítico también suma. Y algunos disidentes podrían ser más aceptados por quienes adhieren al Gobierno si dejaran de jugar para la tribuna contraria. El resto, los intransigentes de uno y otro lado, seguramente quedarían aislados y estarían obligados a acompañar al conjunto.

Juan Perón decía que la unidad del justicialismo sólo se podía lograr gracias a una concepción común acerca de la validez de la doctrina, y no resolviendo en elecciones limpias quién tiene más votos: “la unidad de concepción es el origen de la unidad de acción”. El único fundamento de la unidad políticamente efectivo y moralmente justificable es la afirmación de ideales compartidos. Esta es la solución para resolver a la vez las dos crisis crónicas del peronismo: la de unidad y la de identidad.

Perón diferenciaba tres niveles para esa unidad de concepción: la doctrina, que es el conjunto básico de valores que un movimiento impulsa; la teoría, que son los mecanismos de selección y capacitación de dirigentes, y los que asume la organización para tomar decisiones colectivas, y las formas de ejecución, que indican las líneas políticas principales de cada área de gobierno. Para que haya unidad se requiere que haya acuerdo en todas y cada una de estas dimensiones. El ideal de unidad peronista, por tanto, no debe dar lugar a melancolías, sino a un esfuerzo por superar aquello que la obstaculiza: el vacío doctrinario. Explicitar la doctrina también servirá para establecer los límites que indiquen claramente aquello que el peronismo excluye, por ejemplo, cualquier forma de reivindicación de las últimas dictaduras militares.

Por eso, la solución, una vez más, es la política, que no consiste en convencernos de que tenemos razón hablando sólo con quienes ya piensan igual que nosotros, sino en debatir con quienes –a pesar de las diferencias– compartimos una base política común. Perón decía que “el motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión”.

Hoy sólo hay muy reducidos espacios de debate o publicaciones que sirvan para clarificar los valores que los peronistas compartimos. Pero todos notamos la importancia de estos valores apenas intentamos ejecutar acuerdos políticos con quienes provienen de otras corrientes. Hay algo que les falta, aunque no lleguemos a saber muy bien qué es. Si buceáramos en las causas de esta diferencia entenderíamos mucho más acerca de los pilares sobre los que se puede concebir la unidad del peronismo. No hacerlo es abrir la puerta para la llegada de otra Alianza como la de 1999, y a la vez abortar las defensas que debemos construir para evitar que nuestro movimiento se sume a otra aventura neoliberal.

La asignación por hijo recientemente implementada por el gobierno nacional representa un cambio sustancial en la concepción de las políticas sociales dirigidas a la infancia en la Argentina. Podemos hablar de un cambio de paradigma en el sistema de protección social. En este sentido, puede ser entendida como una medida enmarcada en lo que en otras oportunidades denominé la segunda reforma social. Mientras en la década de 1940 la primera reforma construyó el andamiaje legal que garantizó los derechos sociales alrededor del trabajo formal –seguridad social, obras sociales, salario familiar–, la segunda debe dar nuevas respuestas a las necesidades sociales de esta época. Si el empleo estable en relación de dependencia fue la base donde se apoyó la justicia social en la primera reforma, los cambios verificados en las últimas décadas han excluido a muchos trabajadores de las conquistas sociales de entonces. El trabajo sigue siendo la manera más efectiva para asegurar la integración social y la dignidad de las personas, pero en todo el mundo han surgido nuevas formas de inserción e informalización laboral que obligan a reajustar las normas para poder garantizar esos mismos derechos a la generalidad de los trabajadores.

La decisión a la que nos estamos refiriendo es una respuesta en este sentido. Será el subsidio destinado a los niños más cuantioso y de mayor alcance de nuestra historia. Puede asimilarse en su lógica a una nueva modalidad de políticas sociales masivas, basadas en transferencias de ingresos y condicionalidades vinculadas con la salud y la educación de los niños, como la Beca Familia en Brasil o el Plan Oportunidades en México, pero de un monto muy superior a éstas.

En nuestro caso, lo más significativo no radica sólo en la extraordinaria magnitud en cuanto a cobertura y presupuesto, sino también en que representa una política esencialmente democrática, en tanto recoge una demanda social de larga data. El consenso en torno de la implementación de una renta mensual para los niños en nuestro país es públicamente conocido, más allá de las diferencias operativas –no sustantivas– en torno de su aplicación y administración. Por ello, todos los sectores debemos ser cuidadosos y no confundir medios y fines. El interés político inmediato de un puñado de dirigentes no puede ser fundamento para socavar una conquista de sustancial importancia para millones de niños argentinos. No han faltado tampoco en esta oportunidad los supuestos especialistas que critican esta medida al confundir la universalidad de un derecho con la universalidad de una prestación: en ninguno de los proyectos que fueron seriamente discutidos se planteó la posibilidad de transferir ingresos a niños de hogares ricos, porque ellos no necesitan de esta prestación para ver garantizado su derecho.

En este sentido, mi gratificación es mayor porque esta política viabiliza una antigua iniciativa nuestra en la Comisión de Población y desarrollo humano del Senado de la Nación, que se había ido configurando con los informes sobre desarrollo humano iniciados en 1995. En aquel momento nos propusimos impulsar una profunda reforma de los sistemas de protección social para la infancia. Entendíamos que las asignaciones familiares, al cubrir solamente los empleos formales, excluían a los hijos de desocupados y trabajadores informales, que eran justamente quienes más necesitaban del apoyo del Estado para poder quebrar la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Sostuvimos que el sistema de seguridad social argentino contribuía a reproducir la inequidad social. En aquel momento estudiamos los posibles mecanismos para proteger a la población infantil sin discriminaciones ni exclusiones y analizamos las ventajas y desventajas de las prestaciones en cuanto a cobertura, montos y formas de financiamiento. Así, entendimos que lo más adecuado era mantener el sistema formal de asignaciones familiares, producto de intensas luchas sociales, al tiempo que propusimos extender una asignación similar a todos los hijos de padres desocupados o insertos en la economía informal, utilizando para su aplicación la larga experiencia de la Anses en el tema. Obviamente, en aquel momento la prioridad eran los niños que no accedían a ningún tipo de beneficio social, pero progresivamente el proyecto establecía una cobertura homogénea y similar en su monto a las asignaciones familiares ya existentes.

El aspecto que diferenciaba aquel proyecto de otros en circulación era que garantizaba una renta mensual a todos los niños, independientemente de la condición laboral de sus padres. La urgencia de la medida estribaba en el hecho de que, a principios de esta década, sólo un tercio de la población económicamente activa podía recibir las asignaciones familiares. El proyecto fue nutrido por la opinión de prestigiosos especialistas, así como debatido con organizaciones de la sociedad civil en varios encuentros organizados para tal fin. Semejante trabajo de concertación permitió que fuera aprobado por unanimidad en el Senado, aunque no llegó a ser tratado en Diputados al agravarse aún más las ya dramáticas restricciones presupuestarias del año 2002.

Hoy vemos con enorme satisfacción el resurgimiento de este sistema universal de protección social para la infancia. Alentamos su implementación y consideramos que la misma debe ser refrendada mediante una legislación que consagre esta política con carácter permanente, irrenunciable y garantice la intangibilidad de su financiamiento. Se trata de un derecho que expresa correlativamente la obligación, regida por la justicia distributiva, de procurar la subsistencia básica a los miembros de una comunidad, y en especial a aquellos que no pueden garantizarse la subsistencia por sus propios medios, los niños y adolescentes. Es un derecho de carácter universal, no una concesión graciosa o un subsidio temporario. Por lo mismo, escapa al campo de las contraprestaciones y los contratos, si bien el Estado puede exigir, en función de garantizar la inserción de los niños en el sistema educativo y su adecuada atención sanitaria, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones de los padres.

La asignación por hijo es portadora de una necesidad indiscutible que, como nos enseñó Evita, debe plasmarse legítimamente en un derecho para todos los niños de nuestro país. Esta es la tarea que, gracias a la iniciativa del gobierno nacional, debería asumir ahora el Congreso Nacional para institucionalizarlo como un compromiso irrenunciable del Estado.