Página#12 Libre

La respuesta del pueblo ecuatoriano y el apoyo de la Unasur permitieron que el presidente Rafael Correa y el sistema democrático prevalecieran en Ecuador. Correa recibió esta semana el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires y presentó un libro, Ecuador: de Banana Republic a la NO República (Debate, 2010), cuyas páginas reflejan una profunda comprensión de la historia económica y la economía actual de su país. Su calidad de economista no explica en sí mismo su mensaje: presidentes economistas, o rodeados de gurúes de similar formación, nacionales o extranjeros, han pasado por este continente, y algunos viejos conocidos nuestros, como Domingo Cavallo, asesoraron también a gobiernos ecuatorianos. Pero ninguno ha escrito un libro tan penetrante sobre la tormentosa historia de su patria como Rafael Correa, teniendo como meta delimitar de nuevo la frontera ideológica de una identidad ausente o perdida. Lo cual requiere –como sostiene a lo largo del libro– la recuperación de los recursos naturales y humanos, la aplicación de políticas dirigidas a favorecer al conjunto de la población y no a determinados grupos de poder, la acumulación de capitales provenientes del ahorro nacional, la urgencia de volver a tener una moneda propia.

Acosado, arrasado, casi entregando uno de sus territorios (las islas Galápagos) para pagar la deuda externa, abandonado el signo de su soberanía monetaria por los billetes verdes que hoy son responsables de una de las mayores crisis mundiales del capitalismo, beneficiado por riquezas (el cacao, la banana, el petróleo) que se esfumaron rápidamente en manos de piratas internos y externos, y sin poder aprovechar siquiera tímidos procesos de industrialización, castigado por la naturaleza, pero sobre todo por los acreedores y organismos internacionales propiciadores de una deuda externa insostenible, Ecuador trata de renacer, después de la crisis de 1999 y sus remezones posteriores, como el ave Fénix de sus propias cenizas. No sólo eso, nos brinda el ejemplo de tener un presidente que dispone de una pluma acerada y brillante y de un método de análisis económico que hace pie en la historia para comprender y modificar el rumbo de ese destino adverso.

Sabemos que lo que le pasó a Ecuador le ocurrió al conjunto del continente latinoamericano y que en los comienzos del siglo se comenzó a advertir, en la mayor parte de la región, la fractura de la hegemonía neoliberal, después de las fuertes crisis que mostraron su fracaso. Se produjo, sobre todo, una seguidilla de triunfos electorales que llevaron al poder a un nuevo tipo de líderes y fuerzas sociopolíticas, y se realizaron cambios de mayor o menor profundidad según los gobiernos en sus políticas económicas, sociales e institucionales, en la forma de relacionarse con sus vecinos y en su posicionamiento con respecto al orden internacional. Con ello se amplió geográficamente la voluntad política en el proceso de integración y se afirmó la defensa de los intereses nacionales. Correa nos describe en verdad una historia común, aunque en su caso desemboque en el extremo de la dolarización, relatando paso a paso “la larga y triste noche neoliberal”, una expresión que resume con una exactitud más implacable que la de las ecuaciones matemáticas tan caras a la economía ortodoxa, las razones de la crisis que padeció Ecuador.

Pero no se limita a ello. Luego nos da la definición de un populismo del que nadie habla: el “populismo del capital”. Enmarcados por una “teoría” pretendidamente científica, se imponen a la sociedad principios que benefician a unos pocos: el ajuste fiscal, la necesidad del libre comercio, la desregulación de las economías, la minimización del Estado, la desaparición de las soberanías nacionales. En resumen, el conocido “Consenso de Washington”.

Entre otras medidas está el caso de la política monetaria, que tanto afecta a Ecuador. “En toda América latina –nos dice Correa– se establecieron bancos centrales autónomos orientados al control de la inflación sin que exista evidencia alguna de que la independencia de los bancos centrales garantice mayores tasas de crecimiento.” La alta inflación es perjudicial –reconoce—, pero esto no significa que la deflación sea más beneficiosa.

Keynes opina a este respecto que “la deflación no es deseable pues produce una modificación en el patrón de valor existente [...] una transferencia de la riqueza en detrimento de la comunidad y en beneficio de la clase de rentistas y de todos aquellos que tienen sus acreencias fijadas en términos de monedas (Keynes, Essays in Persuasion, p. 166).

“Siempre nos imaginamos –señala Correa– lo terrible que sería que esta clase de economistas [los que pregonan esas políticas] hubiesen sido médicos, ya que habrían llegado a la brillante conclusión de que como la fiebre es mala, mientras más baja la temperatura corporal... ¡mejor!” “En los cementerios –Correa concluye– ¡por supuesto que no hay inflación!” Sale también al frente de una idea muy difundida: “Nos han vendido que la inflación es un impuesto para los pobres, lo que puede ser cierto –sostiene– si no existen las debidas compensaciones.” Como, por ejemplo, aumentos salariales y crecimiento con empleo.

El proceso inflacionario es aprovechado por algunos sectores del capital, pero representa un inconveniente para los tenedores de activos líquidos, o sea para el sector financiero y, especialmente para los capitales internacionales que quieren entrar y salir libremente de un país llevándose sus beneficios sin incertidumbre monetaria alguna, para lo cual es necesaria una política deflacionaria como la de la convertibilidad argentina, la eurozona europea o la dolarización ecuatoriana. Su negocio mayor es el endeudamiento externo que alienta tales políticas hasta que hacen implosión. Los lineamientos de la política monetaria mundial los fijan organismos nacionales o internacionales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo o el FMI. En verdad, los bancos latinoamericanos sólo son autónomos respecto de las políticas de sus propios gobiernos.

La satanización del gasto público, el ajuste fiscal que pregonan aquellos organismos, es el costo que pagan los ciudadanos y que, como en el caso de la Argentina (y aun en el de Ecuador), puede llegar hasta la confiscación de sus ahorros. Para Correa, cuyo país debe salir todavía de la trampa de la dolarización, la política económica responde a ideologías e intereses particulares. “En Ecuador se aplicó una política económica básicamente en función del capital, especialmente el financiero (...), la cual se redujo al simple control de la inflación; en limitar el ámbito de la política económica a la programación fiscal que garantice excedentes para maximizar el pago de la deuda pública.” Se alteraron así prioridades “como la supremacía del trabajo humano sobre el capital, cuando la variable de ajuste pretendió ser los salarios del sector público, y no, por ejemplo, el servicio de la deuda”. Algo muy parecido a lo que ocurrió en la Argentina, a lo que sucede en Grecia, Irlanda y varios países europeos, a las erróneas propuestas del FMI y de sus “ministros plenipotenciarios” latinoamericanos al estilo de Cavallo y tantos otros.

La riqueza del libro de Correa radica no sólo en el hecho de que desnuda falacias neoliberales, como la del libre comercio, en base a un análisis centrado en ejemplos históricos y en una bibliografía rica y poco conocida en América latina. También porque revela, por su propia experiencia personal, las intimidades de instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. Por ejemplo, cuando le toca tomar conocimiento, sea como experto o ministro, de la existencia de proyectos de esos organismos sin sentido o relevancia alguna salvo por las suculentas comisiones de algunos consultores impuestos a la fuerza y sin las calificaciones suficientes. O por vivir las presiones inusitadas de funcionarios de esa burocracia internacional, que en el caso de Ecuador culminaron, como sabemos, en una forzosa dolarización. En sus propias palabras, “el suicidio monetario ecuatoriano”.

El libro de Correa es mucho más rico que estas breves reflexiones y su lectura resulta imprescindible para apostar a un porvenir mejor para su país y para la región. Sus páginas procuran alejar “la noche neoliberal” de nuestro continente. Como decía el gran poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, “Bienvenido, nuevo día: los colores, las formas, vuelven al taller de la retina”.

“(...) yo espero (...) evitar los grandes monopolios que en esta parte tengo noticias se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que desprendidos de todo amor hacia sus semejantes sólo aspiran a su interés particular, y nada les importa el que la clase más útil del estado o, como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos...”

Manuel Belgrano

La economía se parece a un tablero de ajedrez con una casilla menos.

El gran economista austríaco Joseph Schumpeter decía que “Nadie puede tener la esperanza de entender los fenómenos económicos de ninguna época –tampoco de la presente– si no domina adecuadamente los hechos históricos o no tiene un sentido histórico suficiente.” El registro histórico no puede ser simplemente económico sino que debe incluir, inevitablemente, hechos “institucionales” a fin de comprender mejor cómo están relacionados los fenómenos económicos con los no económicos. Para otro economista célebre, Charles Kindleberger, “la economía necesita a la historia incluso más de lo que la historia necesita a la economía”. Desde enfoques y pensamientos diferentes, economistas, sociólogos e historiadores como Karl Marx, Max Weber, Fernand Braudel y Pierre Vilar hicieron un esfuerzo de integración entre el análisis económico y la explicación histórica de los hechos contemporáneos, y John Maynard Keynes trató de comprender los problemas que generaba el desarrollo capitalista reconociendo siempre “una férrea vinculación entre la historia y la teoría”.

En la Argentina son numerosos aquellos que desde el marxismo a la ortodoxia liberal, pasando por el estructuralismo y otras corrientes, contribuyeron decisivamente a la construcción de una disciplina que progresó a la luz de los numerosos problemas económicos que tuvo el país en su historia. No se puede mencionar a todos, pero sí marcar algunos pioneros como el del precursor Juan Alvarez; el de esas infatigables voces en el desierto que fueron Alejandro Bunge, propulsor de la industrialización, y Raúl Scalabrini Ortiz, defensor de los intereses nacionales; la enjundia de un joven Raúl Prebisch que abrevó en nuestra historia para construir más tarde su teoría centro-periferia y el abarcador enfoque de Ricardo M. Ortiz, el primero que se atrevió a exponer una visión conjunta de las distintas etapas de la historia económica local. En cuanto al análisis de las políticas económicas en particular, debo destacar, porque ha influido en mi interés por el tema, la obra de Aldo Ferrer, así como la de muchos otros, que son citados en la mayor parte de mis trabajos e hicieron valiosos estudios generales y sectoriales. Sin olvidar, por supuesto, los numerosos aportes de economistas e historiadores extranjeros, con una perspectiva enriquecida por sus propias experiencias y culturas. Y este proceso continúa por la incesante actividad de camadas de jóvenes investigadores.

Las preguntas que se hace todo estudioso de la realidad económica y social tienen que ver con la propia vida personal, con la problemática de la sociedad en la que está inmerso. No es casual que esos interrogantes lo lleven a mirar el pasado para comprender mejor la naturaleza del desarrollo económico, de las crisis financieras, de los procesos inflacionarios, de las desigualdades de ingreso o de las distintas formas de vínculos que existen entre los países o bloques de países. En este sentido, la historia económica argentina y la de las políticas económicas de sus distintos gobiernos convoca a un conocimiento más profundo, interdisciplinario e histórico de la sociedad actual.

Para cada período, este libro analiza en forma sintética la evolución de la economía y de las políticas económicas, las responsabilidades de los distintos gobiernos y actores sociales y los intereses internos y externos en juego. Incluye asimismo los principales debates económicos y políticos y no descuida la evolución de las ideas económicas, políticas y sociales en cada época histórica

Como señala el gran matemático Oskar Morgenstern, “las estadísticas económicas y sociales se basan con frecuencia en [...] mentiras deliberadas de varios tipos”. Así cuenta la historia de un ministro de Finanzas europeo que, con el propósito de poder recibir los beneficios del Plan Marshall de ayuda al viejo continente, estaba dispuesto a brindar las cifras que fueran necesarias para convencer a las autoridades del plan. Esto es lo que se descubre ahora para explicar cómo entró Grecia en la Eurozona sin estar en condiciones reales para cumplir con los requisitos exigidos. En cambio, resulta lógico entender por qué quiso entrar en ella: además de la posible ayuda económica con la que podría beneficiarse, un objetivo importante era la obtención de tasas de interés menores a las que llegarían a acceder en los mercados internacionales manteniendo su independencia monetaria. Las tasas reales de interés resultaban aun inferiores debido a los niveles de inflación en relación al euro, cuyo valor se diferenciaba cada vez más entre los distintos países de acuerdo con sus respectivos procesos inflacionarios. Entre 1997 y 2009 el nivel general de precios en Grecia aumentó 46,4 por ciento; en Irlanda, el 39,9, y en España, el 39,2. En tanto, en Alemania la inflación alcanzaba sólo un 19,2 por ciento y en Francia, un 22. Como resultado de ello, el poder adquisitivo del euro no es el mismo para todos los miembros de la Eurozona.

En cambio, las bajas tasas de interés reales permitieron mayores niveles de endeudamiento. En Grecia sería sobre todo el Estado el que se endeudaría; en España y Portugal fueron los agentes privados. A esta problemática se agregaron fuertes déficit exteriores: en 2008, 12 por ciento para Grecia; 10 para Portugal; 9 para España. La producción doméstica perdía competitividad por el diferencial de inflación y las importaciones se abarataban. Y cuando se registra este tipo de situación en una zona monetaria unificada no es fácil salir. Sin el euro, estos países podrían devaluar sus monedas, como ocurrió en la Argentina. Con el euro, o en el caso argentino, durante la vigencia del régimen de convertibilidad, el ajuste recae en la parte real de la economía: la producción y el empleo.

La crisis griega ¿puede dar lugar a comparaciones con la crisis argentina de 2001? La cuestión es saber si existen elementos similares que nos ayuden a entender el curso actual de la situación en el país helénico. Ambos tuvieron inicialmente una problemática similar que podemos tomar metafóricamente de la leyenda griega: la introducción en sus políticas económicas del caballo de Troya del neoliberalismo. Ambos arribaron a una recesión económica formidable. A partir de ello es posible establecer nueve puntos de comparación:

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De los países europeos que entraron en la Zona Euro, Grecia era el que tenía mayores tasas de inflación, un elevado nivel de gasto militar –entre los más altos del mundo– y también elevadas fugas de capital. En distintos momentos de su historia, la Argentina tuvo situaciones semejantes o peores (todas juntas durante la última dictadura militar).

2

La deuda pública en 2001, año de la crisis, era en la Argentina de 131 mil millones de dólares, y la deuda per cápita, de 3600 dólares. En Grecia la deuda pública en 2010 alcanza los 363 mil millones de dólares y la deuda por habitante es 10 veces mayor que aquella de la Argentina: 33.000 dólares. Como porcentaje del PIB, la deuda pública en la actual crisis griega es del 100, mientras que en Argentina representaba en 2001 menos de la mitad de esa proporción. La deuda pública y la externa venían aumentando exponencialmente en ambos países antes de las respectivas crisis.

3

En nuestro país existía un déficit fiscal crónico que las políticas de ajuste no doblegaban y debía cubrirse durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad con un mayor endeudamiento. Curiosamente, antes de la crisis el déficit fiscal no llegaba al 3 por ciento del PIB, la cifra requerida para ingresar a la eurozona. El déficit fiscal griego, cuando entró en ella, era en realidad mucho mayor que el declarado. Se ocultaron gastos de defensa y de fondos de seguridad social y se sobreestimó la recaudación tributaria. Ahora es del 12,7 por ciento del PIB.

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La cuestión central para medir el parecido entre ambos casos es el tipo de cambio fijo con convertibilidad de la moneda. Para Grecia esto significaba el sacrificio de su soberanía monetaria al entrar en la Eurozona. Dejando a salvo esa diferencia, las variables económicas y financieras argentinas estaban atadas al dólar, mientras que las de Grecia se sujetaban al euro. Ninguno tenía la posibilidad de realizar políticas monetarias.

5

En la Argentina el poder adquisitivo del peso en relación al del dólar no era equivalente; había un desfasaje que convertía al país en menos competitivo y lo llevaba a generar fuertes déficit comerciales. Para Grecia, el problema es similar, pero aquí la diferencia de poder adquisitivo se establece, en especial, respecto de los otros países de la Eurozona. Argentina y Grecia experimentaron, respectivamente, una inflación en dólares y en euros, y una sobrevaluación de sus monedas.

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También en ambos casos se implementaron programas que liberalizaron los movimientos de capitales, desregularon los mercados financieros e impulsaron reformas estructurales. Especialmente en Argentina después de 1991 y en Grecia a partir de 2004, se aplicaron drásticos planes de privatización de los activos públicos. Esos planes no disminuyeron la deuda soberana, mientras reintroducían a los respectivos países en los mercados de inversiones internacionales. Pero los sectores externos estaban fuera de todo control: los capitales especulativos venían y se iban a su guisa y paladar. La combinación de fuga o retiros de capitales y déficit en el comercio exterior provocaron en la Argentina un proceso de desmonetización, acompañado de deflación por la caída de la actividad económica, que se está repitiendo en Grecia.

7

En el caso argentino, el proceso que llevó a la crisis estuvo acompañado por la “ayuda” o el “blindaje” del FMI y el Banco Mundial, que no contribuyeron a resolver los problemas y, por el contrario, forzaron la realización de planes de ajuste, con baja de sueldos y jubilaciones y otros recortes de gastos que llevaron a una tasa de desempleo por encima del 20 por ciento e inéditos niveles de indigencia y pobreza. Ahora se recomiendan planes similares para Grecia, que pueden ser tan amargos como la cicuta que tomó Sócrates. Los aportes financieros son a cuenta de recortes del gasto público griego que afectan rubros similares a los que se impusieron en la Argentina, pero no tocan los gastos militares ni el fraude fiscal ni la responsabilidad de los bancos que crearon ese círculo infernal. Menos aún se menciona a Goldman Sachs, que ayudó a colocar y encubrir la deuda. El IVA subirá al 23 por ciento, una de las tasas más elevadas del mundo de un impuesto claramente regresivo.

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La respuesta popular en ambos países frente a esas duras políticas de ajuste no reconoce diferencias culturales y cobró ya sus víctimas en Grecia, como antes lo había hecho en la Argentina. El ajuste fracasará en Grecia o en España como fracasó en nuestro país. En el caso griego el final del túnel, sin un verdadero hilo de Ariadna que pueda conducir a la salida, no parece estar cercano. El viejo Partenón de patrimonio de la humanidad puede pasar a ser patrimonio de los acreedores.

La celebración del Bicentenario es oportuna para hacer un balance de la evolución económica y social del país en el largo plazo, aunque algunos análisis históricos basan ese balance, de manera casi obsesiva, en la comparación entre la “brillante” Argentina del primer centenario y la “decepcionante” de nuestros días. “Casi un siglo de caída económica”, se titula un artículo publicado recientemente sobre este tema (Roberto Cortés Conde, en La Nación, 14-5-2010) En síntesis, el argumento es el siguiente. Desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la primera década del nuevo siglo, la Argentina pasó de ser un país atrasado y marginal a figurar entre los primeros del mundo por su renta per cápita y sus indicadores de bienestar. Pero la declinación posterior fue igualmente notoria, hasta ubicarnos nuevamente en el pelotón de los países subdesarrollados. Esa declinación coincide, en la óptica de la corriente historiográfica liberal, con el fin del modelo agroexportador, cuando se profundizó la intervención del Estado en la economía y se impulsó un proceso de industrialización que cerró la Argentina al mundo, redistribuyó ingresos de manera irresponsable y la llevó a crisis económicas recurrentes, procesos inflacionarios y un sistema político inestable.

La exaltación del modelo agroexportador empalma, sin duda, con ideas que se expresaban en el primer Centenario. El ex presidente Carlos Pellegrini señalaba, por ejemplo, en la introducción de un libro escrito cuando se celebraba aquel acontecimiento: “La Argentina ocupa ahora una posición tan significativa como la que tenía Estados Unidos a comienzos del siglo XIX y, de continuar esta evolución, antes del fin del siglo XX el país tendrá, sin duda, una importancia igual a la de Estados Unidos en los tiempos presentes”. Propuesta aparentemente modesta, porque comentando esta opinión al presidente norteamericano Theodore Roosevelt, éste le habría respondido que la Argentina necesitaría “menos tiempos que eso” para lograr ese objetivo: sólo cincuenta años (en Martínez y Lewandosky, The Argentine in the Twentieth Century, 1911, p. xliii). Toda leyenda amalgama, sin duda, realidad y fantasía en proporciones diversas y se transmite de generación en generación encubriendo, en muchos casos, los datos objetivos proporcionados por el contexto socioeconómico. El modelo agroexportador, cuyo punto culminante fue la época del Centenario, tuvo una apreciable performance en materia de comercio exterior, y presuntas altas tasas de crecimiento del PIB (no había entonces cálculos del producto e ingreso nacional), lo que alentó a la clase dirigente a imaginar un brillante “destino manifiesto” para la República Argentina. Fue en ese marco que se configuró la metáfora que atribuía al país del Plata la condición de “granero del mundo” o “granero del orbe”, según la generosa licencia poética de Rubén Darío, aunque no se pudieran ocultar los altos niveles de pobreza y las profundas desigualdades sociales que existían en el interior de la sociedad argentina. Ni tampoco, como los autores del libro que citamos lo admiten, desconocer la carencia de una auténtica democracia en un país donde las elecciones estaban manejadas por el gobierno. Resulta “difícil decir si esto es así –afirmaban–, porque no hay una verdadera opinión pública, o si esa opinión pública no existe porque el gobierno usurpa las funciones del electorado” (p. xxii). Opinión pública “invisible” en la que debían incluirse también los millones de inmigrantes que habían venido a trabajar y habitar la Argentina.

La clase dirigente de entonces, una cerrada oligarquía –dueña mayoritaria de las mejores tierras del país–, confiaba, por otra parte, en la supuesta inagotabilidad de las riquezas naturales; en la perenne continuidad del endeudamiento externo, que contribuía a financiar la infraestructura de transporte y el desarrollo urbano y rural (pero también producía repetidas crisis financieras); y en la inamovible disposición del mundo a adquirir y abonar los bienes producidos en las fértiles y vastas extensiones de la Pampa Húmeda.

En verdad, esto último estaba enmarcado en una división internacional del trabajo cuyo eje era Gran Bretaña, el poder hegemónico de la época, que proveía sus capitales y manufacturas, y necesitaba las materias primas y alimentos baratos, pero no la competencia a sus productos industriales: esto indicaba las características asimétricas y dependientes de la inserción de Argentina en el mundo. La realidad no tardó, además, en mostrar que el país contaba con una base productiva limitada que distaba de brindar a su población en crecimiento un bienestar como el que empezaban a alcanzar los habitantes de Australia, Canadá, Estados Unidos y las naciones del norte europeo. Cuando estalló la crisis mundial en 1929, la clase dirigente (otra vez la oligarquía en el poder) debió abrazar medidas otrora consideradas revulsivas para sus convicciones, pero ineludibles a la hora de capear una tempestad gestada en otras latitudes. El rumbo industrializador adoptado en la Argentina, sobre las endebles bases heredadas del modelo agroexportador, no fue una respuesta equivocada a las nuevas condiciones del mundo sino la adaptación al panorama impuesto por una realidad que escapaba al control de la elite local. Luego, otra orientación política afirmó ese rumbo y le agregó un programa social del que el país carecía.

Ahora bien, resta saber cuáles son los factores que dan cuenta de la divergencia en el camino transitado por parte de Australia y Canadá, dos países (entonces colonias) que despegaron económicamente en condiciones internas y externas con similitudes a las nuestras: extensos territorios, grandes riquezas naturales y escasa población. Al realizar una comparación con esas naciones, entre las principales diferencias se encuentra la estructura de tenencia de la tierra. Frente al dominio del latifundio en nuestro país, acompañado por un sistema de arrendamiento que dificultaba la incorporación de tecnología, en Australia la posesión de la tierra quedaba en manos de la Corona, y cuando se otorgaban adjudicaciones, se lo hacía exigiendo mejoras en la utilización de la misma.

En el caso de Canadá, predominaba allí la explotación de medianas extensiones personificada en la figura de los farmers, quienes habían obtenido la propiedad de sus campos en forma gratuita y a quienes esa condición les facilitaba el acceso al crédito, haciendo posible la adquisición de maquinarias y el mejoramiento de las explotaciones. Por el contrario, la Argentina no logró generar una clase media rural significativa, lo que implicó, al ser prácticamente el sector agropecuario la actividad económica que motorizaba al país, una gran concentración de poder en manos de grandes estancieros, que promovieron la más amplia apertura comercial a fin de colocar sus productos agrícolas. Esto se diferenciaba de lo que ocurría en Canadá, donde la “Política Nacional”, industrialista, encabezada por el primer ministro MacDonald, facilitó el desarrollo manufacturero desde 1890; o de las preferencias otorgadas en Australia a firmas locales por licitaciones del gobierno, particularmente en torno del abastecimiento de materiales para los ferrocarriles y las comunicaciones en general, incentivando áreas como la metalurgia y la producción de maquinarias agrícolas. Estos hechos muestran las distintas capacidades con que los tres países enfrentaron el proceso de industrialización a partir de la abrupta caída en el comercio exterior que siguió a la crisis del ‘30 y permiten dilucidar el supuesto misterio que se escondería detrás de las divergencias en el grado de desarrollo de sus economías, muy superior, desde esos años, al de nuestro país. Las esperanzas de Carlos Pellegrini no se cumplieron y la Argentina entró al siglo XXI con más incertidumbres que certezas. Pero ello se debe no sólo a un futuro difícil de pronosticar sino, y sobre todo, al balance de un pasado que no ha sido suficientemente bien comprendido.

Si existen en nuestro pasado gobiernos que han padecido al mismo tiempo, como el actual, el rechazo de la oposición política en el Congreso y el de los grandes medios de difusión de su época no fueron, como podría creerse, los del peronismo, que tuvieron siempre, al menos, el soporte de amplias mayorías legislativas, sino las dos administraciones radicales de Hipólito Yrigoyen.

En el año 1916, en el que Yrigoyen asumió el gobierno, sus partidarios eran minoría en diputados y senadores, mientras que en el resto de su primer mandato, 1918-1922, el líder radical logró una mayoría en la Cámara baja pero nunca la tuvo en el Senado. A su vez, en el período de su vuelta al poder, entre 1928 y 1930, le ocurrió lo mismo, salvo que a sus opositores de siempre, en especial los conservadores, se les sumaron los radicales antipersonalistas, que venían del mismo tronco político pero se transformaron en sus enemigos más acérrimos. Además, tendría en forma casi permanente la gran prensa en contra, tanto la “seria” –La Nación o La Prensa– como la “popular” –el famoso diario Crítica de Botana– en este caso sobre todo en el último período. Se dice que el pasado no explica el presente, sólo lo ilumina, pero es mejor leerlo a la luz de alguna vela que en plena oscuridad.

Decía con elocuencia el hoy poco recordado líder radical Moisés Lebensohn, prematuramente fallecido, fundador y verdadero ideólogo en los años ’40 de la rebelde intransigencia, que tuvo en su seno a figuras luego más conocidas como Frondizi y Balbín: “... el jaqueo a las reformas de Yrigoyen fue implacable. Constituyó la expresión despiadada de una clase que se aferra al statu quo y permanece insensible ante los padecimientos del pueblo y de la nacionalidad. El daño inferido al desarrollo nacional surge de la sola enunciación de los proyectos orgánicos de Yrigoyen, frustrados por la oposición legislativa” (Prólogo a Hipólito Yrigoyen: pueblo y gobierno, Raigal, 1954). Y esa enumeración era larga, iba desde los contratos colectivos de trabajo hasta salario mínimo, Código de Trabajo, jubilaciones y pensiones de empleados del comercio, la industria y el periodismo; cooperativas agrícolas; régimen de explotación del petróleo; creación de una marina mercante nacional; plan de vinculación ferroviaria entre las provincias de norte y del oeste y muchas otras. “Desde el Senado y la Cámara de Diputados, desde la prensa y la judicatura, desde las posiciones llave del mundo económico y de la ‘inteligencia’, la oligarquía le combate (a Yrigoyen) acerbamente... Nueve décimas partes del periodismo lo ataca con saña, le zahiere, le tuerce sus palabras y retuerce sus propósitos.” Expresiones que cobran relevancia en el anfiteatro actual de la política argentina.

Pero desde el punto de vista económico resulta interesante el rechazo a cuatro de sus proyectos de ley principales: la creación de un Banco de la República; la de un Banco Agrícola; la reforma del régimen tributario, en especial la implementación del impuesto a los réditos; y la imposición de derechos a la exportación. Parece que estuviéramos hablando de temas coyunturales pero no es el caso. En 1917, el ministro de Hacienda de Yrigoyen, Domingo Salaberry, propuso la conformación de un Banco de la República sobre la base de capitales estatales y la garantía por parte de la Nación de todas sus operaciones. No era el Banco Central de 1935 con mayoría de capitales privados –resultaba más parecido a la reforma que hizo Perón en 1946– aunque tenía todas las funciones de un banco de ese tipo: desde emitir moneda y hacer redescuentos hasta regular los cambios y las tasas de interés. La intención era practicar políticas contracíclicas regulando la cantidad de dinero y de crédito para que no escaseara en épocas de iliquidez ni sobrara en coyunturas de auge. Pero el Senado rechazó el proyecto y, en cambio, en 1927, ya con Alvear en la presidencia, se aprobó la reapertura de la Caja de Conversión, por la cual presionaban los intereses agroexportadores a fin de detener la revaluación del peso que se había producido debido a una reactivación coyuntural de la economía. El retorno a una tasa de cambio fija impulsaba de hecho una devaluación de nuestra moneda. Pero la medida resultó un fracaso y el propio Yrigoyen, de nuevo en el gobierno en 1928, tuvo que cerrar la Caja frente a la fuga de capitales hacia Wall Street impulsada por el auge previo a la crisis mundial que estallaría en octubre de 1929.

El mismo destino adverso para Yrigoyen tuvo en 1919 un proyecto de impuesto a los réditos. Para el Poder Ejecutivo el sistema argentino basado en los gravámenes aduaneros era deficiente y dependía en forma exclusiva de los avatares del comercio exterior. Sostenía que el nuevo impuesto resultaba el más equitativo (“la fórmula fiscal de la democracia” argüían en el debate parlamentario los diputados radicales) y se aplicaba ya en muchos países. Frente a la difícil situación financiera y el creciente déficit fiscal, su objetivo era obtener nuevos recursos evitando cualquier reducción de gastos basada en la eliminación de empleados públicos o en la disminución de las prestaciones sociales públicas, o sea, las que hoy denominamos políticas de ajuste.

El proyecto aplicaba una cuota fija progresiva sobre las personas físicas y jurídicas. La escala progresiva variaba del 0,5 por ciento para las rentas más bajas al 7 por ciento para las mayores. Las sociedades anónimas y demás comerciales y civiles tenían una tarifa especial según sus utilidades, que podría llegar hasta el 20 por ciento en aquellas que superaran el 50 por ciento de beneficios. Recién en 1931 Prebisch redactó un proyecto con el mismo propósito que el Congreso, con mayoría conservadora, antes opuesta al que presentaron los radicales, aprobó sin cuestionamientos en 1932.

También Yrigoyen presentó al Parlamento, y fue rechazado, un proyecto de creación de un Banco Agrícola cuyo objetivo era llevar “a los trabajadores del campo la posibilidad de movilizar y aprovechar sus capitales sin disminuir sus propias energías”. Estaba dirigido especialmente a los agricultores de menores recursos que no disponían de líneas de crédito accesibles. Igual suerte tuvo otro proyecto que aplicaba derechos a la exportación mediante una suma fija del 5 por ciento sobre el valor de los frutos o productos del país y del 2 por ciento sobre mercaderías de origen extranjero, sustituyendo el tan engorroso y poco productivo sistema de aforos, que se calculaban mensualmente y daban lugar a la subvaluación de los productos, por un derecho fijo fácilmente realizable. La “mesa de enlace” de esa época, expresada en las organizaciones agropecuarias, puso el grito en el cielo y la sensible mayoría conservadora en el Senado se opuso en bloque.

Frente a tanta oposición, que le impedía gobernar, Yrigoyen presentó en el Congreso, en 1921, un proyecto de ley que sometía a la Corte Suprema la posibilidad de dirimir esta cuestión basado en los términos de la misma Constitución, que permitía al Poder Ejecutivo dictar las leyes necesarias para ejercitar los poderes concedidos al gobierno de la Nación. Ese proyecto fue igualmente rechazado por la mayoría del Senado. Como señala una autora refiriéndose al impuesto a la renta: “la oposición, durante aquellos años, estuvo sistemáticamente en contra de otorgar a su adversario político mayores recursos financieros que pudieran dar autonomía a sus propuestas” (A. Montequin, en revista Ciclos N° 9, 1995). Dime qué historia te cuentan y te diré quién eres.

Retrocediendo raudamente en el pasado, como al visionar al revés alguna película del cine mudo, la visita del enviado del presidente Obama y encargado de asuntos latinoamericanos de Estados Unidos al sur del continente, Arturo Valenzuela, dejó una sensación de déjà vu en la política de Washington sobre nuestro país (desde Cordell Hull y Braden, de recordada actuación en épocas de “relaciones tumultuosas”, hasta Terence Todman, denominado el “virrey”, en los más apacibles tiempos de las “relaciones carnales”). Sus dichos y acciones levantaron una ola de suspicacias sobre la forma de entender los vínculos mutuos. Valenzuela no fue recibido por los presidentes en Argentina y Brasil, donde se reunió con funcionarios subalternos, pero en Buenos Aires (no en la nación vecina) tuvo también entrevistas con políticos opositores que respaldaron sus conceptos.

En conversaciones con éstos y con empresarios locales Valenzuela señaló la “falta de seguridad jurídica” en Argentina y comparó este momento con la “mejor” situación que se vivía en la época del menemismo, esa que llevó directamente –es bueno recordarlo para tanto repentino desmemoriado– a la crisis de 2001-2002. Claro está que la seguridad jurídica a la que se refería era exclusivamente la de los inversionistas y no las de las personas o ciudadanos. Se trata lisa y llanamente de una seguridad jurídica corporativa y vista con los ojos de la potencia del Norte. Pero Valenzuela no mencionó el revés de la trama. El país con mayor inseguridad jurídica del mundo actualmente, a raíz de la crisis económica y financiera, con un fuerte componente especulativo, que se originó en él y se extendió como un reguero de pólvora sobre todo el planeta, es justamente los EE.UU.

¿Qué tipo de seguridad jurídica tuvieron los depositantes o inversores que han visto a cientos de bancos donde tenían colocados sus ahorros derrumbarse de la noche a la mañana? En el 2009 quebraron poco más de 130 bancos de los 8500 existentes y aunque el gobierno de Washington rescató varias entidades financieras, una gran cantidad, sobre todo medianas y pequeñas, se fueron a pique sin su ayuda. En cuanto a los depósitos, la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) sólo cubre hasta un cierto límite los de aquellos bancos asegurados en ella, no la de todos los bancos ni toda clase de acreencias.

¿Qué seguridad jurídica existió para los miles de propietarios de inmuebles que se encontraron sin poder seguir pagando sus hipotecas y fueron desalojados de sus hogares? ¿Cuál fue la seguridad jurídica de los futuros jubilados cuyos fondos de pensión cayeron en el pozo interminable creado por las pérdidas de valor de los activos financieros a los que estaban ligados y se quedaron sin ingresos futuros después de años de aportes y de trabajo? ¿De qué seguridad jurídica se habla para los que perdieron sus empleos en numerosas empresas que achicaron masivamente su personal o cerraron directamente sus puertas? En fin, ¿cómo se aprecia la seguridad jurídica de grandes industrias que se encontraron financieramente arruinadas hasta llegar a ser nacionalizadas, como General Motors, en un país que pregona que ése es el principal peligro para sus compañías fuera de sus fronteras? Puede decirse que muchos de estos casos tienen que ver con la mecánica misma de la crisis, pero es imposible no mencionarlos por la retórica existente.

Yendo a interrogantes referidos directamente a políticas públicas: ¿cuál fue el marco de seguridad jurídica que brindó la revocación, en 1999, de la Glass-Steagall Act, que establecía una separación entre la banca comercial y la de inversión? Desde ese momento se extendió la posibilidad, en un mercado totalmente desregulado, de que cualquier entidad del rubro pudiera crear sus propios medios e instrumentos financieros con una falta de límites claramente establecidos en sus operatorias y un estímulo a actividades especulativas. Esto constituyó una de las causas de la crisis que se desató en 2007. En verdad, la seguridad jurídica está muy lejos de existir en un país que hizo temblar a los inversionistas de todo el mundo y provocar la quiebra de entidades de otros países con intereses en EE.UU. O que permitió fraudes empresarios como los de Enron o WorldCom, compañías que estafaron hasta a sus mismos empleados. Para no hablar de la seguridad que deviene del respeto de la libertad personal, una de las bases mismas de la Constitución del país del Norte, vulnerada en el pasado por el tristemente célebre macartismo o por la aprobación de la patriotic act, que redujo el derecho de privacidad y estableció la detención sin tiempo y sin intervención judicial de extranjeros y hasta de ciudadanos. O la que sostiene el principio de soberanía, transgredido por razones falsas en la invasión a Irak.

La cuestión no queda allí. Como se señala en un artículo publicado en 2007 por el Instituto de Estudios Legales Alternativos de Colombia (ILSA, org. com), el fin último de la seguridad jurídica que preconizan los Estados Unidos para proteger a sus inversionistas en América latina –abandonada la etapa del “big stick” que subsistió en gran parte del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, con algunos “revivals” posteriores– es la adopción de “normas homogéneas, durables, con poder de coerción y que aseguran transparencia” en los acuerdos comerciales o de inversión que realice el país del norte. Pero su desarrollo ha ido en una sola dirección: “La supremacía de la legislación estadounidense” por sobre la local para sus capitales invertidos en el exterior (la obligada intervención del Ciadi –una institución del Banco Mundial con sede en Washington–, apañada por dirigencias nativas, constituye un ejemplo en el caso argentino). Asimismo, esas normas favorecen sistemáticamente a los inversionistas por sobre los demás ciudadanos desconociendo otros derechos como los humanos, ambientales o laborales. Se establece así “la paradoja de que la seguridad de un tipo de leyes somete a la inseguridad a los otros tipos de legislación”. La no aceptación por Washington del Protocolo de Kioto sobre el calentamiento global, defendiendo la depredación de recursos naturales y la contaminación del medio ambiente por parte de empresas de su país, es una demostración de la poca importancia en la seguridad de una vida prolongada para millones de habitantes del mundo, posición no alterada en demasía en la Cumbre de Copenhague, donde se llegó a un acuerdo poco satisfactorio al respecto.

A todo esto debemos agregar la cuestión de la seguridad social en los mismos EE.UU. En una entrevista dada en 2008 a una revista europea, Paul Krugman decía que “la realidad no había estado jamás a la altura del sueño americano”, y esto se reflejaba en la distribución de los ingresos. Los Estados Unidos –concluía– ante la pregunta de si seguía siendo la primera potencia económica del mundo “son todavía un lugar privilegiado para aquellos que están entre el cinco por ciento de los más ricos”. Los esfuerzos de Obama por establecer un seguro de salud universal, boicoteado por gran parte de la clase política, medios y entidades civiles, dan cuenta de que sobre la seguridad social el presidente norteamericano debe enfrentar a intereses poderosos. Inseguridad jurídica, social, ambiental, EE.UU., con toda su potencia y riqueza (en muchos casos más pasada que presente), no es un ejemplo en este sentido. Pero, sobre todo, no puede dar lecciones a otros y menos imponer sus leyes. Eso sí, debe preocuparse por recuperar la salud de su economía, hoy la más endeudada del planeta, cuya suerte representa una incógnita para el futuro económico de la humanidad.