Página#12 Libre

Los dos forman parte del equipo que deberá trabajar contra reloj para cumplir con los plazos que prevé la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para su propia reglamentación. Y ese equipo, que tiene espíritu de cuerpo y ciertos códigos de pertenencia, se muestra disperso por la inmensa geografía del país. Quizás es una metáfora no buscada de la impronta federal que se le pretende dar a la reglamentación de la ley, sobre la que alguien alguna vez dijo –nadie cobró los derechos de autor– que venía a “democratizar la palabra”. Decir equipo es mencionar a Gabriel Mariotto. Titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Mariotto recibe el llamado de Página/12 mientras se prepara para escuchar en vivo a Adriana Varela en el Centro Cultural Carlos Mugica, en Banfield. Director nacional de supervisión y evaluación de la Afsca, de viaje en Tierra del Fuego, Gustavo Bulla también conversa con este diario sobre el proceso de reglamentación de la ley de medios. “El texto de la ley es muy racional. Se ajusta a derecho y en la Justicia vamos a defender su articulado, porque es una ley antimonopólica”, dice Mariotto. Se refiere al debate jurídico, que ya llegó a los miembros de la Corte, sobre el plazo de adecuación al nuevo marco legal, el límite a la titularidad de licencias y el régimen de sanciones.

El fallo de la Cámara Federal de Salta revocó la última medida cautelar que suspendía en su totalidad la aplicación de la ley de medios. Tras esa resolución que acató lo que había resuelto previamente la Corte, la ley 26.522 volvió a entrar automáticamente en vigencia. Ahora falta reglamentar cada artículo de la norma. El proceso incluirá una consulta en sintonía con la elaboración participativa de normas que tendrá en cuenta los aportes que lleguen al sitio de Internet de la Afsca y a la mesa de entradas del ex Comfer, Suipacha 763, tercer piso. En simultáneo, el Consejo Federal –órgano consultivo federal y multisectorial– tiene previsto organizar foros participativos, aunque deberá lidiar con una limitación: el factor tiempo. La propia ley fija un plazo de sesenta días para elaborar el decreto reglamentario; también establece que la norma nacional de servicios, lo que antes se llamaba plan técnico y que consiste en la regulación del espectro radioeléctrico en materia de frecuencias, potencias y categorías, debe estar lista en 180 días.

Mariotto sabe que la reglamentación deberá tener en cuenta la estrategia de dilación de los grupos concentrados. Igual se lo nota optimista. Incluso muestra su confianza ante la toma de posición que deberá asumir la Corte a partir de las medidas cautelares presentadas por las empresas que se consideren damnificadas por los apartados más conflictivos de la ley, o sea los que afectan intereses: los artículos 45 y 161. “No quiero opinar sobre lo que va a hacer la Corte, que es independiente y va a fallar sin ningún tipo de presiones. Pero cuando me consultan sobre el plazo de adecuación, yo digo que el año de plazo es absolutamente racional. Es el mismo que le dieron a Microsoft en Estados Unidos para desprenderse de sus posiciones dominantes. Desde el punto de vista empresarial es lógico que se pretendan defender intereses sectoriales, pero nosotros tenemos que defender los intereses de todos los ciudadanos. Yo creo que el año de plazo va a quedar en vigencia”, asegura el titular de la Afsca.

–Usted sabe que la estrategia de los grupos monopólicos es ganar tiempo, ¿qué va a pasar entonces con los artículos de la ley que sean objetados a través de medidas cautelares? O sea, ¿qué va a pasar en el mientras tanto hasta que se expida la Corte?

–Si hay gravedad constitucional, la Corte puede fallar rápidamente. Nosotros creemos que más tarde o más temprano se va a aplicar el plazo de un año. Y el año empieza a contar a partir de la reglamentación de ese artículo, que se va a concretar quince días después de que termine la elaboración participativa de normas. Nosotros estamos confiados en que lo que resuelva la Corte Suprema va a ser coherente con lo que votaron por amplia mayoría diputados y senadores. Yo estoy confiado en el texto de ese artículo. En lo racional de la ley y en que se ajusta a derecho y al Pacto de San José de Costa Rica, de rango constitucional, que dice que los monopolios y oligopolios atentan contra la libertad de expresión. Eso se tiene que cumplir, que concretar con normas lógicas como el plazo de un año.

–La oposición, incluso desde la centroizquierda de Pino Solanas que en su momento votó a favor de la ley de medios, acusa al Gobierno de estar impulsando una nueva concentración de medios, en este caso de medios ligados al oficialismo. ¿Qué opina de ese argumento?

–La ley de la democracia no permite que hayan posiciones dominantes bajo ningún aspecto, no importa cuál sea el signo político. Lo que sí importa es la pluralidad. Más allá de las líneas editoriales que pueda tener cada medio, lo que no puede haber es monopolio. Evitar los monopolios es algo que tiene que ver con profundizar la democracia.

Hombre de confianza de Mariotto, Bulla se encuentra a tres mil kilómetros del recital de la cantante con aire de milonguera fatal. Atiende el llamado de Página/12 desde la helada Río Grande. Llegó a la segunda ciudad de la isla invitado por el Concejo Deliberante local, lo invitaron a participar de la entrega de un premio a las producciones periodísticas de la zona. En la división internas de tareas del ex Comfer, Bulla se especializa en cuestiones técnicas. Desde esa función adelanta detalles de cómo se elaborará la norma nacional de servicios: “Sabemos que en muchos lugares del país hay una demanda de frecuencias radioeléctricas que supera largamente las posibilidades concretas. Por eso, la norma nacional de servicios va a permitir un ordenamiento del espectro que haga posible la normalización. Los censos que se hicieron entre el 15 de enero y el 15 de marzo de este año también contribuyeron a dotar de información a la Afsca para tener un mapa bastante aproximado de la cantidad de emisoras de radio y televisión en todo el país”.

–¿Ustedes prevén que se produzca una catarata de presentaciones ante la Justicia para trabar la aplicación de determinados artículos, como los que regulan el plazo de adecuación y la multiplicidad de licencias?

–Es difícil pronosticar eso. Ya hay una medida cautelar del Grupo Clarín en la Capital Federal sobre el artículo 161, que tiene ratificación de segunda instancia y que fue apelada para que sea la Corte la que finalmente defina. También hay una en San Juan, que pide que no sea aplicado el artículo 45, de multiplicidad de licencias. Si uno se guía por los dichos de los propios legisladores que se opusieron a la ley durante el debate parlamentario, cuando decían que iban a ir a la Justicia e incluso que iban a modificar la ley antes de que se pusiera en práctica, da la impresión de que va a haber más medidas cautelares. Pero a partir de ahora la batalla judicial se va a dar en términos más racionales, porque se va a discutir con quienes se consideren damnificados. Nosotros consideramos que esta ley no vulnera ningún derecho sino al contrario, pero ellos tienen toda la legitimidad para ir a la Justicia y discutir allí punto por punto. Lo que sí era descabellado es que a partir de dos recursos judiciales interpuestos por dos diputados de la Nación se suspendiera la aplicación global de la ley. Y me parece muy significativo que la Cámara Federal de Salta, en su fallo, haya dicho que los recursos presentados por (la diputada Zulema) Daher y por (el diputado Enrique) Thomas en Mendoza eran prácticamente idénticos. Yo me atrevería a decir, incluso, que fueron escritos en la misma computadora.

–¿En la computadora de un grupo de medios?

–Supongo que en la computadora de un estudio jurídico. O quizás en el bloque que se autodenomina Peronismo Federal. Pero el fallo de la Corte no deja de ser un mensaje hacia los distintos estamentos de la Justicia. Le pone un límite a la idea de judicializar la política.

–Hay dirigentes de la oposición que votaron a favor de la ley y ahora dicen que se está avanzando en una concentración de medios favorables al oficialismo.

–Sobre la centroizquierda que apoyó la ley, habría que recordar que durante el debate parlamentario quien hizo las declaraciones más críticas fue Pino Solanas. Entonces había trascendido que Solanas tenía reticencias con la ley, que sí apoyó el diputado Claudio Lozano. Hay que recordar que cualquier ley puede ser puesta de nuevo a consideración del Congreso. Pero antes habría que pedirles un tiempo para que la ley camine un poco. Después corregir lo que sea necesario. Esto tiene que ver con un uso oportunista de un debate importante que se subordina a la contienda electoral.

Néstor Kirchner, ayer, en el centro de la mesa servida en la residencia de la Embajada de Colombia.
Bernardino Avila.

Néstor Kirchner eligió la misma estrategia que había desplegado en Paraguay para involucrar a toda Sudamérica en su objetivo de fortalecer y darle institucionalidad a Unasur. “Pluralidad”, “convivencia”, “distintos conceptos ideológicos y políticos”, “intelectuales de derecha, de izquierda, liberales”, fueron los conceptos a los que recurrió el secretario general de Unasur para dejar conformes a todos los presentes. Fue ayer al mediodía, en la residencia de la embajada colombiana, Libertador al 2900, donde el anfitrión recibió a Kirchner y a quince embajadores de América latina que están en funciones en la Argentina. Los embajadores forman parte del Grula (Grupo Latinoamericano), que agrupa a los diplomáticos del subcontinente. “Fue una reunión muy productiva. Conversamos sobre la agenda de Unasur y sobre cuáles eran los temas fundamentales. Se tocó muy a fondo el tema de Haití, de la integración de los sistemas previsionales, de los títulos universitarios y la libre circulación de personas”, contó luego Kirchner cuando salía del almuerzo.

El Grula suele organizar almuerzos una vez por mes en alguna embajada latinoamericana, las comidas usualmente cuentan con un invitado especial. Ayer fue el turno de Colombia y Kirchner. El santacruceño llegó hasta la residencia del embajador colombiano junto al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; y sus dos asesores en la secretaría general de Unasur, el secretario de Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, y el asesor en política exterior de la Presidencia, Rafael Folonier. Al salir de la residencia, Kirchner destacó otra vez la “pluralidad” que en su opinión están viviendo América latina y Sudamérica. “Estos países tienen distintos conceptos ideológicos y políticos, pero también capacidad de construir una región integrada”, dijo el secretario de Unasur.

A una gran mesa se sentaron los embajadores Aramís Fuentes Hernández (Cuba), Arévalo Méndez Romero (Venezuela), Guillermo Poni Barriola (Uruguay), Enio Cordiero (Brasil), María Leonor Arauco Lemaitre (Bolivia), Wellington Córdova (Ecuador), Francisco del Río López (México), Guillermo Piña Contreras (República Dominicana), Judith de Mata (Perú), Fabiola Masis Mayorga (Nicaragua), Ricardo Toledo Carranza (Costa Rica), Fernando González Davison (Guatemala) y Mario Boyd Galindo (Panamá). Paraguay y Chile estuvieron representados por los encargados de negocios. Los anfitriones sirvieron una carne con verduras y una salsa de vino malbec, también sopa de verduras. Todo regado por blanco chardonnay y tinto malbec Luigi Bosca. En el momento de servir los platos, el embajador colombiano, Alvaro García, hizo ingresar al salón a su esposa y la presentó a los invitados. Luego comentó que su mujer había cocinado el plato principal.

Durante el almuerzo, que duró casi tres horas, Kirchner conversó con los embajadores sobre la impronta que pretende darle a su rol en Unasur. Dijo que pretendía avanzar en una integración “no ideológica” que respetara “la pluralidad” de los gobiernos elegidos por vía democrática. Como criterio, propuso que el avance de la integración sudamericana pueda notarse en hechos de la vida cotidiana que sean vividos de cerca por los ciudadanos. “Tienen que ser cuestiones vinculadas con la inmigración, con el libre movimiento de personas en Sudamérica, la validez de los títulos universitarios, lo previsional: si una persona que hizo aportes en la Argentina durante veinte años se va a vivir a Bolivia y quiere jubilarse, perdió lo que había aportado acá”, contó a Página/12 uno de los acompañantes del santacruceño en el almuerzo.

En la charla, Kirchner ratificó su postura ante el gobierno de Porfirio Lobo en Honduras (aseguró que la mayoría de los gobiernos de Unasur seguirán sin reconocerlo) y exhortó a colaborar con las tareas de reconstrucción de Haití creando una secretaría técnica que se establezca en territorio haitiano. Kirchner también adelantó que sus próximos viajes como secretario general de Unasur serán a Santiago de Chile (29 de junio, se reunirá con Sebastián Piñera y legisladores trasandinos) y Bogotá, donde saludará a los presidentes entrante y saliente, Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe. Con el Mundial como telón de fondo, en el almuerzo no podían faltar los comentarios futboleros, los elogios compartidos por la buena performance de las selecciones latinoamericanas. También los pronósticos sobre qué equipos llegarán a semifinales. El comentario jocoso lo aportó el embajador mexicano, cuando advirtió que la mayoría de sus pares le tenían más confianza a la Argentina. “No se olviden de nosotros”, advirtió con una sonrisa maliciosa y el más puro acento mariachi.

“No dijo nada novedoso. Volvió a decir lo mismo. Y no nos preocupa, en los próximos días vamos a salir a contestar en los medios.” En el Gobierno hicieron saber anoche que la visita al Congreso del ex embajador en Venezuela, Eduardo Sadous no les había generado ningún tipo de inquietud por sus revelaciones en torno de presuntas irregularidades en la relación diplomática y comercial con Venezuela. “Vamos a salir a discutir a través de los medios”, adelantó un funcionario de la Jefatura de Gabinete. La promesa oficial se escuchó poco después de que Sadous ingresara al Anexo de Diputados. “No se salió del libreto y los nuestros le contestaron muy bien”, coincidió ante Página/12 otro miembro del Ejecutivo que suele acompañar al diputado Néstor Kirchner en sus recorridas por las provincias. El mismo argumento expuso un miembro del gabinete de origen bonaerense que suele involucrarse en temas políticos: “Acá hay tranquilidad porque todo lo que dice (Sadous) son tonterías. Aparte el fideicomiso lo armó Venezuela, no la Argentina”.

Según la versión que anoche recorría la Casa Rosada, la presencia de Sadous ante la Comisión de Relaciones Exteriores había sido impulsada por ciertos referentes de la oposición que buscaban iniciar “una batalla mediática” para desgastar al Gobierno. “Hasta (Alfredo) Atanasof no estaba muy convencido de volver a citar a Sadous, porque sabía que no había muchos elementos. Pero (Francisco) De Narváez y (Eduardo) Duhalde se lo pedían y pedían”, dijo a este diario un ministro que conoce mucho a los jefes –hasta hace muy poco sus ex compañeros– del peronismo disidente. “Todo lo que dijo Sadous después se lo desmintieron las cámaras empresarias. Incluso los empresarios llegaron a decir que ‘gracias a Dios habían conseguido a esta gente’, en referencia a los venezolanos. ¿Cómo podés seguir después de eso?”, se preguntaron ante Página/12 en el despacho de un senador nacional del Frente para la Victoria.

La decisión de la cúpula del Ejecutivo es salir a contestar los argumentos planteados por Sadous en su exposición ante los diputados. “Esto es una excusa de la oposición que está buscando generar bombas mediáticas porque al Gobierno le está yendo demasiado bien. Están tratando de encontrar una bomba, porque además se vienen varios hechos que pueden impactar muy fuerte en la opinión pública”, fue el análisis que escuchó este diario en el edificio del Senado. En sintonía con esos argumentos, la opinión mayoritaria que circulaba en Balcarce 50 buscaba mostrar tranquilidad ante la ráfaga de declaraciones de la oposición. Los cuestionamientos opositores apuntaban en particular sobre la figura del ministro de Planificación, Julio De Vido. “Es el próximo que deberá declarar en el Congreso por los negocios con Venezuela. Es un funcionario clave para entender cómo se lleva adelante esa relación bilateral, cuya parte más sustantiva, la de los negocios, no pasaba por Cancillería”, dijo el lilito Adrián Pérez.

“La existencia de una embajada paralela en Venezuela sólo puede caber en algunas mentes chiquitas”, dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el primero en hablar.

Aunque la reacción mayoritaria del Gobierno tras el informe de Sadous mostraba confianza, también hubo quien aseguró que la denuncia de supuestos reintegros en la exportación a Venezuela significaba un módico logro para una oposición que venía desorientada y sin un eje muy claro. “Este caso, al igual que la renuncia de Taiana, abre de nuevo una instancia para que la oposición pueda intentar recuperar algo de la iniciativa que había perdido estrepitosamente”, analizó ante Página/12 un funcionario que trabaja en el primer piso de Balcarce 50 y que por vicio profesional suele trazar perspectivas de corto y mediano plazo; incluso no les escapa a las hipótesis más desfavorables. Sin embargo, ese mismo funcionario confió a este diario que –más allá de las diversas interpretaciones– el caso Sadous no genera ninguna inquietud si se lo compara con la media sanción que el Congreso le dio anoche al proyecto para limitar la reasignación extraordinaria de partidas.

Una encuesta de la consultora Aresco Research indica que el gobernador Daniel Scioli está hoy casi tres puntos por encima de Francisco de Narváez en intención de voto. El estudio de la empresa dirigida por Julio Aurelio arrojó ese resultado tras preguntar a los consultados –1886 casos tomados de cinco territorios diferenciados de la provincia de Buenos Aires– por sus candidatos preferidos a gobernador. Según la encuesta, Scioli obtiene 25,1 por ciento; De Narváez, 22,4; el diputado radical Ricardo Alfonsín, flamante vencedor en la interna contra el cobismo, 15,5; mientras que el ex intendente de Morón Martín Sabbatella cosecha un muy digno 9 por ciento. El sondeo llegó también a un grupo de intendentes del conurbano, que tras conocer esas cifras, ya comenzó a instalar la idea de que Scioli debe ser nuevamente candidato a gobernador. La reacción fue distinta en el entorno del intendente de Tigre, Sergio Massa. “En algún momento, Sergio (por Massa) va a ser candidato y competirá en la interna. Y en imagen, Sergio está mejor que Daniel”, dijeron a Página/12.

La encuesta de Aresco se realizó en los primeros días de junio en los dos cordones del Gran Buenos Aires; las grandes centros urbanos –Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata–; ciudades medianas como Olavarría, Tandil, Luján y San Nicolás; localidades con menos de 50 mil votantes. Aparte de los resultados sobre intención de voto, el estudio contiene guarismos sobre la gestión de Scioli. Con un margen de error del 2,3 por ciento, las cifras de Aurelio indican que el gobierno de Scioli cosecha un 56,4 por ciento de opiniones positivas y un 37 por ciento de negativas. Esos números expresan una recuperación respecto del panorama electoral complejo –producto de la derrota del 28 de junio– que ofrecía el año pasado. Según algunos intendentes del PJ, la recuperación se explica porque “Scioli está mejorando en el interior”.

Otros dirigentes del justicialismo atribuyen la suba de la aprobación al gobierno de Scioli en una combinación de factores. “Con la baja en la conflictividad social, se nota más el aumento del consumo y la gente empieza a ver las mejoras en la gestión”, argumentó ante Página/12 el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados bonaerense, Raúl Pérez. “Hemos tenido un impacto muy grande de inscripción escolar este año. Hay un crecimiento importante de la matrícula. Es muy difícil saber si todos los pibes nuevos que llegaron a la escuela lo hicieron por la Asignación (Universal por Hijo). En todo caso la Asignación empujó una tendencia que se venía viendo desde los últimos años”, dio su versión el director general de Escuelas, Mario Oporto.

Aunque reconocen una mejora general de la imagen de la gestión, en el entorno de Massa se muestran convencidos de dar pelea. La idea del intendente de Tigre, comentan sus allegados, es competir con Scioli en la primaria que prevé la Ley de Reforma Política. “Si hay algo que ayudará a Kirchner a llegar al 40 por ciento es tener una interna movilizada, competitiva. Sergio está dispuesto a ir a la interna. Y vamos a presentarnos, pero primero queremos ver cuáles son las reglas de juego”, comentó a Página/12 un estrecho colaborador del propio Massa. En el entorno del intendente de Tigre porfían, además, en que De Narváez finalmente no se presentará en la interna justicialista y que irá en bloque con el PJ disidente. “Va a ir por afuera”, descuenta.

Para completar el mapa electoral del distrito bonaerense falta menciontar a Sabbatella. A pesar de los rumores que lo postulaban como eventual candidato a jefe de Gobierno porteño, el ex intendente de Morón tiene casi decidido postularse a gobernador. Lo haría con una lista propia, sin llevar candidato a presidente en la boleta. Cerca de Sabbatella consideran que si Scioli se despega de De Narváez en las encuestas, sus chances podrían fortalecerse y el partido Nuevo Encuentro lograría sumar más legisladores al bloque que comparte con Heller, Ariel Basteiro y Vilma Ibarra: “Eso no significa que vayamos a ser neutrales, aunque queremos ir por más, nosotros vamos a defender lo conseguido en estos años.”

Jorge Taiana se recluyó entre sus íntimos tras el cruce de fuertes reproches con la Presidenta, un episodio que no deseó pero que no pudo evitar, y que lo llevó a presentar la renuncia. El viernes, una vez que pasaron las horas sin recibir el llamado que quizá hubiera descomprimido la situación, Taiana comenzó a reunir a sus principales colaboradores en el piso 13 del anexo del Palacio San Martín. También llegaron su hijo, su esposa, Bernarda Llorente, y su socio en la productora de contenidos On TV, Claudio Villarroel. En medio de un clima emotivo, Taiana recibió saludos de funcionarios de la Cancillería que aparte se consideran sus amigos. Cuando la noticia de su renuncia ya ocupaba buena parte de los portales de noticias, el flamante ex canciller recibió un llamado de Carlos Kunkel. Diputado y miembro del Consejo de la Magistratura, Kunkel compartió con Taiana largos años de cárcel. El llamado de Kunkel buscaba transmitir tranquilidad; ciertos testigos lo interpretaron como un primer paso para intentar una recomposición de las relaciones.

En cada comunicación telefónica que recibió en la difícil tarde del viernes, Taiana repitió la misma aclaración. Dijo que se retiraba del Gobierno pero que seguía formando parte del proyecto político.

Esa misma frase escuchó Juan Carlos Dante Gullo, otro compañero de viejas épocas. En su charla con “el canciller” –así le decían a Taiana en las cárceles de la dictadura por su parquedad–, Gullo hizo una invitación. Convidó a su viejo compañero a asistir a un asado que ofrecerá en su vieja casa del Bajo Flores, en Cachimayo al 1900. En esa casa fue secuestrada la madre del “Canca”, Angela Aieta de Gullo, quien había tomado contacto con las primeras integrantes de Madres de Plaza de Mayo al visitar el penal de Villa Devoto.

En ese entorno que rodea a Taiana aseguran que cualquier esfuerzo por convertirlo en una suerte de remedo de Martín Redrado tras su salida del Banco Central no tendrá ningún éxito por las propias características del involucrado. “Se van a llevar una sorpresa”, advirtieron a Página/12 con algo de malicia.

Taiana vivió durante cinco años en Washington, mientras se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su paso por ese cargo le permitió estrechar lazos con dirigentes del Partido Demócrata estadounidense y también con las organizaciones de derechos humanos de todo el continente.

Un ejemplo de ello es el guatemalteco Frank La Rue, relator especial de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. Hace unos meses, La Rue llegó a la Argentina en una visita de trabajo. Durante su estadía elogió con palabras impactantes al entonces anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese momento la iniciativa estaba en pleno proceso de discusión a través de los foros federales que organizaba el Comfer. “Es lo más avanzado que he visto en el continente”, dijo entonces La Rue en una entrevista de Página/12.

Funcionarios del Ejecutivo dicen que en la cúpula del Gobierno no se olvidarán de los antecedentes y los logros que se le atribuyen a Taiana de sus cuatro años y siete meses como canciller.

El alejamiento de Taiana fue acompañado por el del secretario de Coordinación, Rodolfo Ojea Quintana; el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía, y el ya ex vocero del canciller, Javier Porta.

Para alguien tan acostumbrado a viajar como Jorge Taiana, su alejamiento del cargo que lo convirtió en viajero frecuente por el mundo significará un descanso y un esperado retorno a cierto sedentarismo. Ahora podrá pasar más tiempo en el restaurante Bella Italia, uno de sus reductos preferidos para conversar en confianza. Será el momento de retornar a sus pasiones, como el reacondicionado de su Citroën 2CV, la lectura permanente, la escucha de jazz y el relato de anécdotas que incluyan imitaciones de dirigentes famosos. Su emulación de Perón es el punto más alto de ese pasatiempo, un hobby que sólo prodiga ante pocos privilegiados. El presidente venezolano Hugo Chávez siempre le pide que la repita.

Selectivo a la hora de depositar su confianza, Taiana hace honor a ciertas tradiciones de la militancia de los setenta. Hijo del médico personal de Perón, estuvo preso sin condena en las prisiones de la dictadura desde 1975 hasta 1982. Primero en el penal de Sierra Chica, luego Rawson. Allí compartió el pabellón con otros detenidos que militaban en Montoneros, adonde había llegado desde la organización Descamisados. De aquellos años le quedó el trato con Carlos Kunkel y Juan Carlos Dante Gullo, hoy diputados del oficialismo, y con Rodolfo Ojea Quintana, compañero y amigo que lo secundó hasta ayer en la Cancillería.

En su círculo de confianza, Taiana es definido como un obsesivo por los detalles, con capacidad de trabajo –condición excluyente para mantenerse en pie en la hiperactividad K– y dificultades para convivir con las nuevas tecnologías. Su último y esforzado logro fue aprender a usar el Blackberry para revisar los cables diplomáticos. En ese celular pudo registrar los avances que se produjeron en los últimos días en varios frentes de conflicto de la política exterior: la confirmación de la visita presidencial a China; el respaldo a la Argentina por sus derechos soberanos en Malvinas en la reciente reunión de la OEA; el principio de acuerdo para que haya una inspección en las instalaciones de la pastera de Fray Bentos. “Esta había sido una semana inmejorable”, comentó ayer uno de los colaboradores de Taiana que giraba entre la desazón y la incredulidad. Pero lo que en la Cancillería era visto como un mérito, como un objetivo próximo a ser alcanzado, terminó en un problema. Un dolor de cabeza que se habría profundizado con un difícil intercambio con la Presidenta. La publicación de que Brasil podría sumarse al monitoreo del río Uruguay derivó en reproches. Cuando cortó la comunicación telefónica, Taiana sabía que había terminado su paso como canciller de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Fueron cuatro años y siete meses. Había sucedido a Rafael Bielsa tras el cortocircuito de aquél con Kirchner por el incidente de la disidente cubana Hilda Molina en la embajada argentina en La Habana. Taiana llegó al Palacio San Martín precedido por su labor como uno de los organizadores de la Cumbre de Mar del Plata de 2005.

Hincha de River, fanático del asado, el ya ex canciller asumió como una de sus banderas personales la defensa de la soberanía argentina en Malvinas. “Tenemos que crear las condiciones políticas para que el gobierno británico tenga que sentarse a la mesa. Un aspecto muy importante es que la política de la Argentina en Malvinas sea asumida regionalmente”, dijo a Página/12 en una de las contadas entrevistas que concedió en los últimos años. Esa definición tuvo su primer resultado cuando Lula asumió esa postura en la última cumbre de América Latina y el Caribe, en Cancún.

Se lo veían venir. En la Casa Rosada preveían que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidiría levantar el corte del puente internacional que une la ciudad entrerriana con Uruguay. Sin embargo, hasta anoche a última hora, cuando los ambientalistas votaron “negociar con el Gobierno” y liberar el bloqueo de la ruta 136, se mantuvo el suspenso.

Desde hace días, en las áreas del Ejecutivo que venían siguiendo el conflicto comenzaron a notar que los ambientalistas estaban interesados en “retomar el diálogo”. Así, a pesar de los cuestionamientos de los que fue objeto el Ejecutivo (“el Gobierno nos abandonó”, se escuchó en el club Frigorífico), en la Rosada intentaron poner su cuota para facilitar el levantamiento del piquete. Mientras que los canales de negociación fueron el intendente Juan José Bahillo y el gobernador Sergio Urribarri, el Ejecutivo ensayó otra gestión con el presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica.

El sondeo, de carácter reservado, buscaba que el jefe de Estado de Uruguay hiciera algún gesto que diera más argumentos a quienes proponían levantar el corte o como mínimo flexibilizar la forma de la protesta. “Hubo una negociación. Eso se lo puedo garantizar”, aseguró a Página/12 un allegado muy cercano al matrimonio presidencial que suele visitar Olivos y también la Rosada.

La condición que la asamblea había puesto para levantar la medida era que Uruguay hiciera lo necesario para que comenzara a funcionar el demorado monitoreo de las aguas del río. También exigía –y era el punto más sensible, el más discutido– que Montevideo facilitara una inspección por parte de técnicos y ambientalistas argentinos dentro de la propia planta de UPM (ex Botnia). Este, puntualmente, era uno de los reclamos que más se venía escuchando entre los referentes de la asamblea. En la madrugada de ayer, un texto firmado por Mujica apareció en el sitio web de la presidencia uruguaya: “El autocontrol puede ser un concepto muy valioso en la discusión ética pero tiene patas cortas en la vida material. El sistema de control que vale es el que hace espacio a la oposición de intereses, porque es la única manera de contener la natural inclinación a ser indulgentes con nosotros mismos”.

Una simple lectura de su contenido parecía sugerir una posible revisión de la postura del gobierno oriental, hasta ahora contraria a la realización de inspecciones dentro de la planta. Esa postura intransigente fue expuesta originalmente por el canciller de la otra orilla, Luis Almagro. Anoche, en la Rosada se atribuían en parte la posibilidad de que Mujica termine autorizando la inspección dentro de la pastera.

Mientras la asamblea continuaba su debate, en el Ejecutivo se hicieron eco de una de las propuestas que surgía en Gualeguaychú. Allí se había exigido que el Estado dejara sin efecto su denuncia penal contra los referentes más conocidos del corte. “La denuncia no se puede levantar porque no se trata de delitos de acción privada, sino de delitos de acción pública. Lo que sí puede suceder es que el juez, si se levanta la interrupción del puente, considere que el delito ha desaparecido y declare abstracta la denuncia”, aseguró a Página/12 un alto funcionario que conoce de temas judiciales.

Anoche, cuando la asamblea aún discutía cómo contar los votos de los vecinos que se dividían entre negociar con el Gobierno manteniendo el piquete o corriéndose a la vera de la ruta, los funcionarios nacionales seguían lo que iba pasando desde las pantallas de TV. “Sabemos, por lo que nos cuentan los medios, que la Presidenta y Aníbal Fernández están viendo esto por la televisión”, comentó en un momento uno de los organizadores de la asamblea. La reacción fue una silbatina y cantitos contra la jefa de Estado: “Y ya lo ve/ y ya lo ve/ es para Cristina que lo mira por tevé”. Recién cerca de la medianoche, y tras varios intentos infructuosos, los ambientalistas pudieron comprobar cuál de las dos mociones había ganado: por unos cien votos se había impuesto la propuesta de levantar el corte y negociar dejando libre el paso de la ruta.

“Estoy contenta. Se ha restablecido la autoridad del Parlamento argentino en la sanción de esa ley.” La Presidenta festejó la decisión de la Corte Suprema de revocar la medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Se logró que el sistema jurídico haga honor a su propio funcionamiento y que permita que se aplique la ley de medios, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso”, dijo ayer CFK durante un acto de entrega de viviendas en el municipio de Tres de Febrero. “No fue el triunfo del Gobierno ni de un sector”, aclaró la mandataria. Las declaraciones medidas de la jefa de Estado reflejaron el clima de “euforia contenida” que, según la definición de un funcionario que trabaja en el primer piso de la Casa Rosada, reinaba desde el mediodía en el seno del Gobierno: “Quedan pasos por delante, ahora hay que ir a Salta a levantar la otra medida cautelar. Y aunque los miembros de la Corte dejaron salvado que esto no supone intervenir sobre los contenidos específicos de la ley, acá también son optimistas en ese punto”.

El fallo de la Corte no tomó desprevenida a la primera plana del Ejecutivo. En la Casa Rosada sabían desde hacía cuatro o cinco días que el máximo tribunal estaba por hacer pública su postura ante la medida cautelar de la Cámara Federal de Mendoza. Ese tribunal, tras una presentación del diputado del peronismo disidente Enrique Thomas, había ordenado suspender la aplicación de la ley 26.522. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras en octubre pasado. La información que venía circulando en el Gobierno sobre el caso anticipaba que la Corte iba a rechazar los argumentos de la Cámara mendocina por un margen significativo de votos. “Sólo había una duda con el voto de Ricardo Lorenzetti”, confió a Página/12 el funcionario que trabaja en Balcarce 50 y que desde hace semanas venía siguiendo la evolución del debate en torno de la ley. “Dimos un gran paso. Ahora, en el peor de los casos, sólo podrán extender el plazo de desinversión”, analizó el hombre de la Casa Rosada.

Tras la resolución emitida por la Corte, el Ejecutivo deberá cumplir con algunos pasos formales. Uno de ellos es enviar un abogado de la Procuración General del Tesoro a presentarse ante la Cámara Federal salteña para acompañar una copia del fallo unánime de la Corte. Los camaristas de Salta, incluso antes de recibir ese escrito, ya están preparando una resolución que irá en la misma línea del máximo tribunal. Ayer, en las áreas del Gobierno que tuvieron una injerencia directa en la controversia judicial sobre la ley 26.522 –el Ministerio de Justicia, el ex Comfer, la Procuración– había una sensación muy visible de alivio. “Todo salió muy bien, el fallo contribuye al fortalecimiento del sistema democrático. Y también significa una convalidación del Parlamento. ¿Usted se imagina cuál hubiera sido el efecto sobre las instituciones si la Corte emitía un fallo negativo? Hubiera puesto al Congreso en una situación de debilidad extrema”, se preguntó ante Página/12 un alto funcionario que tuvo participación en el tema. Ese planteo estuvo en sintonía con uno de los argumentos que la Corte Suprema incluyó en el fallo. “Un legislador no tiene legitimación activa cuando pide a la Justicia la reedición de un debate parlamentario que perdió por el juego de las mayorías y las minorías”, se pudo leer en la resolución de los supremos.

Tras revisar los razonamientos de la sentencia, en el Gobierno se prepararon para el siguiente paso: la nueva etapa se abrirá dentro de poco, una vez que se expida la Cámara Federal salteña y la ley de medios vuelva a entrar en vigencia. En la Casa Rosada esperan que los grupos de medios con posición dominante en el mercado comiencen a presentar amparos puntuales por la inminente pérdida de derechos preexistentes que acarrearían algunos apartados de la ley, como la intransferibilidad de licencias (artículo 41) y el de desinversión (artículo 161). “Ya sabemos cuál será la estrategia de ellos. Van a buscar dilatar la aplicación de la ley con amparos contra determinados artículos; mientras tanto van a ir transfiriendo los dominios de las sociedades a otras personas jurídicas o físicas vinculadas con los mismos grupos”, contó a Página/12 un ministro.

Los colaboradores del gobernador Daniel Scioli cierran la puerta de chapa que separa el pequeño cuarto del Club Social y Deportivo Libertad de la cancha de fútbol y básquet. En el espacio cubierto por el viejo y querido tinglado está cantando Ignacio Copani. El volumen del equipo de sonido irrumpe como una oleada cada vez que alguien pretende ingresar a la oficinita del modesto club de barrio de Villa Martelli. La institución está a pocas cuadras de la avenida Constituyentes, donde termina el municipio de Vicente López y comienza el de San Martín. El barrio es otra prueba descarnada de la herencia de los años noventa. Monoblocks a medio terminar, galpones industriales desocupados y reconvertidos para diversos usos por los propios vecinos. Hace apenas un rato Scioli encabezó un acto en el que se entegaron setenta escrituras y cuarenta guitarras, también firmó un cheque por prestaciones realizadas por el hospital municipal. Ahora conversa con Página/12 sobre los reacomodamientos que se van perfilando con vistas a la elección presidencial de 2011. “La competencia y el voto popular, de una manera u otra, van a ordenar toda esta cuestión. Y a nosotros nos gusta la competencia”, dice.

La frase de Scioli es, a su modo, un inequívoco desafío a los referentes del peronismo disidente que la semana pasada se mostraron juntos en el despacho de Adolfo Rodríguez Saá. Allí estuvieron Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Francisco de Narváez, Jorge Busti y Ramón Puerta. La foto en el Senado fue leída por la mayoría de los analistas políticos como un guante en el rostro del oficialismo, un reto a duelo. Una preparación para la pelea de fondo. Scioli prefiere no emitir opinión sobre la imagen del PJ disidente unido (“no hago comentarios de fotos”) pero su definición sobre las bondades de la competencia es elocuente. Está invitando a los exponentes del Peronismo Federal a presentarse en las internas, en la primaria que establece la Ley de Reforma Política. Un detalle más. De todos los apellidos que aparecieron en la oficina de Rodríguez Saá, el gobernador sólo nombra a uno: “el diputado De Narváez”. Un indicio que adelanta la disputa por la gobernación en 2011.

–¿En 2011 quiere ser el vice de una fórmula presidencial u otra vez candidato a gobernador?

–Lo hemos dicho una y mil veces nuestro espacio político, el oficialismo, no está en campaña. Está en gestión. Estamos pensando cómo día a día vamos resolviendo distintos problemas en los barrios. La urbanización social, las cloacas, las viviendas, el agua potable. Ya lo venimos diciendo desde el partido y desde el máximo nivel ejecutivo provincial y nacional. El año próximo será el año en el cual cada partido político de acuerdo con la ley de Reforma Política y con las elecciones internas ordenará su propuesta.

–Usted deslizó que no había que descartar a Cristina Kirchner como candidata en 2011. ¿Será candidata a presidenta?

–Yo lo que dije... (se interrumpe). A ver... (silencio) yo dije otra cosa. Dije que quien conduce el Ejecutivo nacional es la Presidenta, que está haciendo un gran trabajo. Y que día a día es más reconocido y valorado en Argentina y en el mundo. Por políticas sociales de nueva generación, la Asignación Universal por Hijo, por políticas de inclusión digital como la conectividad y la entrega de computadoras, como la reindustrialización permanente, sustitución de importaciones y desendeudamiento. En este contexto, la Constitución prevé, como también a nivel provincial, que quien está gobernando pueda expresar su voluntad de continuar su trabajo un período más. Esto es lo que dije. Porque hay algunos que después salen a instalar rumores. Son...

–... los machos del off the record? (N. de la R.: una ocurrencia que se hizo famosa, creada por su jefe de Gabinete, Alberto Pérez).

–Claro. Ahí están. Lo hacen para generar incertidumbre y confusión. Es como que yo corriera en lancha y, en lugar de preparar mi lancha lo mejor posible, pensara en cómo le hundo la lancha al otro o cómo trato de generar una situación incierta. Para eso se largan a correr rumores. Y yo en esto quiero ser claro, porque quien es el conductor político de nuestro espacio está siendo muy claro también. El esfuerzo está puesto, desde el año pasado, en haber puesto a salvaguarda a la Argentina en el marco de la peor crisis internacional con la recuperación de los fondos de la Anses para volcarlos a dinamizar los sectores productivos, en el rol de la banca pública. Son todas reformas y cambios muy profundos. Nosotros estamos planificando el futuro de este proyecto. Pero empieza la dinámica del run run. El run run primero fue que después del 28 de junio este proyecto estaba terminado. Era el tiempo de “el kirchnerismo fue”.

–Eso decían algunos dirigentes que hasta poco antes se consideraban kirchneristas.

–Obvio. Scioli es una persona leal y consecuente con sus ideas y poniendo el hombro y el pecho en los momentos más difíciles. Pero ellos decían que me había suicidado por acompañar en momentos difíciles. Bueno, ése fue el primer run run. Después, que asumía la banca de diputado, entonces dejaba la gobernación. Después el plan B, que iba a lo nacional y dejaba la gobernación. Después vino el plan C, que iba como vice de Kirchner. Y ahora, como si esto fuera poco, que iba a la Capital. Yo estoy haciendo mi trabajo. Gobernar esta provincia. Atrás quedó la época en la que la provincia estaba aislada o encerrada en sus problemas. Lo que a veces el diputado De Narváez critica, cuando dice que yo debo separarme de la Nación... Nadie lo puede pensar. Preguntémosle a las familias de la provincia si están de acuerdo o no con la seriedad que se están llevando adelante las obras de cloacas o agua potable, las viviendas, las inversiones en energía, la urbanización de los parques industriales.

–¿Cómo registran las encuestas su imagen ante la eventualidad de que llegara a ser candidato?

–Hay un crecimiento constante ya sea de lo que es el trabajo del gobierno nacional y nuestro trabajo en la provincia. Hubo como un subibaja. Porque se creó una expectativa por parte de la oposición que fue defraudada mientras que el Gobierno y este proyecto vienen demostrando un gran vigor y una gran vigencia. Este año del Bicentenario va a ser un año muy pujante en lo productivo, la UIA lo reconoció, 13 por ciento de aumento industrial, muy inclusivo en lo social, por la aplicación y la efectividad de estas medidas, una cosecha record por el bien del campo y de las provincias del país...

–¿Qué debe hacer el Gobierno ante el conflicto de Gualeguaychú?

–Se van generando las condiciones para normalizar la situación. Hay un nuevo ciclo con una gran afinidad en las relaciones institucionales y un diálogo muy intenso entre Mujica y Cristina, está el fallo de La Haya de por medio, creo que se va caminando hacia eso. Este proyecto tiene una manera de ir descomprimiendo los conflictos agotando la persuasión, convocando a descomprimir estas situaciones, y a veces es preferible un poco más de tiempo pero que no sea una cuestión traumática.

–¿Mantener el corte es un capricho?

–(Silencio). Es un reclamo. Como todo reclamo, este Gobierno escucha.

–Recién mencionaba la asignación por hijo como una política social de nueva generación. ¿Tiene que haber un aumento en el monto?

–La Presidenta viene mostrando mucha responsabilidad en las decisiones con respecto a las prioridades de aplicación de recursos dentro de las posibilidades. El Gobierno hará una evaluación y verá la evolución de este programa, que trae múltiples beneficios, como la inscripción en la matrícula escolar, la vacunación. Hay hasta un 20 por ciento más de chicos en las escuelas. La agenda del crecimiento nos enfrenta a pujas por mejores ingresos, por mayor participación de los trabajadores en el producto bruto. Es bueno que estemos discutiendo estas cosas y no ajustes.

–¿Pero tiene que haber un aumento en el monto nominal de la Asignación Universal por Hijo?

–Si hay algo que caracteriza el respeto en la relación provincia-Nación es que a mí jamás me van a escuchar una intromisión en temas en los que la Presidenta hace una evaluación y toma las decisiones. Sí puedo decirle el impacto altamente positivo que tienen estas decisiones en la provincia.

–¿Cuál es el impacto en la provincia de Buenos Aires?

–Se está notando en la inscripción en las escuelas. Por la responsabilidad de tener la libreta sellada, la vacunación, al estar bajando en forma permanente la bronquiolitis, la gripe A, la mortalidad infantil. El consumo local en el almacén del barrio. En la seguridad.

–¿La provincia tiene alguna información que demuestre que la Asignación Universal por Hijo está haciendo bajar el índice de delitos?

–Son muchos los factores que ayudan desde la prevención a revertir la situación de inseguridad. Cuando secuestramos drogas, cuando sacamos armas, cuando le damos a los jóvenes un camino, esto ayuda.

–Hablando de seguridad: ¿el alejamiento de Stornelli de alguna manera es un reconocimiento de que hubo una política que fracasó?

–No. Hubo una etapa y ahora empieza otra. Vamos readecuando las estructuras de gobierno a las nuevas características de los problemas que enfrentamos. Hoy es estratégico articular en este bloque de seguridad ciudadana con la Justicia.

–¿Stornelli no se equivocó en nada?

–Todos nos equivocamos. ¿Usted nunca se equivoca? Yo me equivoco. Ella (por la fotógrafa de Página/12). Todos. Pero él hizo un trabajo en la primera etapa que tenía que ver con una lucha contra la droga, desmantelar desarmaderos, poner más policías en la calle, reequiparla. Hubo un volumen record de secuestro de droga. Queríamos recuperar el sentimiento de confianza en la policía, alentar la participación ciudadana a través del 911. Yo evalué que teníamos que avanzar aún más. Y confié en esta etapa en un hombre de la experiencia de (Ricardo) Casal, con una visión integral de este problema, coordinando con todas las otras áreas de gobierno.

–Usted habló recién de la puja salarial que se da en el marco de un país que crece, donde hay consumo...

–No hay que tener temor por eso.

–Los gremios buscan tener mayor participación de los trabajadores, el propio Kirchner dice que le gustaría un país con 50 y 50 de distribución del producto entre el capital y el trabajo, como en las viejas épocas.

–Somos peronistas, buscamos eso.

–En ese marco, la inflación, hoy, ¿en cuánto está?

–Mire, nosotros estamos trabajando para aumentar la oferta de bienes y servicios. Es decir, a una demanda vigorosa acompañarla con una oferta vigorosa. Por eso, el rol del sistema financiero es estratégico. El otro día se lanzó una nueva línea de créditos por parte del Banco Nación a tasas de un dígito para que las pymes puedan acompañar maquinaria y bienes de capital y de esa manera aumentar la productividad. En otro momento, ¿qué camino se tomaba? Bueno, enfriemos la economía, aumentemos la tasa de interés, bajemos la demanda. No, al contrario, es un mercado interno expansivo al que creemos nosotros que tenemos que seguir agregándole oferta para satisfacer este gran consumo. Eso es lo que va equilibrando la oferta y la demanda y alivia la tensión que pueda haber sobre algunos precios.

–¿Cómo vivió los festejos del Bicentenario?

–Me entusiasmó mucho lo que pasó. El sentimiento patriótico es muy importante. La gente con orgullo con la bandera, con la camiseta argentina. Veo que tanto perseverar predicando el optimismo, el ser positivo y la buena onda (risas) parece que ahora está de moda. A buena hora por el bien del país. ¿Se acuerda que me decían “siempre positivo”, “siempre optimista”, “siempre entusiasmado”?

–Puede reclamar derechos de autor.

–En buena hora que estemos entusiasmados. Porque los problemas se arreglan más rápido de esa forma.

–Una duda, ¿quiénes son los machos del off de record?

–No sé, los que tiran esas cosas (risas, también se ríe Alejandro Delgado Morales, su director de Prensa). Como dice el flaco, al que le quepa el sayo, que se lo ponga.

El Gobierno ratificó ayer su decisión de impulsar “la vía judicial” para tratar de forzar a los ambientalistas a levantar el corte del puente binacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. “No vamos a seguir con los palos, vamos a ir con la ley. La estrategia del Gobierno es la Justicia. Esto lo tendrá que resolver la Justicia porque el mantenimiento del corte supone una violación a las normas y al Código Penal”, aseguró el ministro de Justicia, Julio Alak, en diálogo con Página/12. Alak es uno de los firmantes –junto con la Presidenta, obviamente– del decreto simple que habilita al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a representar al Estado como querellante ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El decreto en cuestión fue rápidamente notificado al juez subrogante Gustavo Pimentel. El magistrado había puesto esa autorización formal como un requisito ineludible para aceptar al Estado como parte querellante en la causa abierta por la interrupción del derecho constitucional a la libre circulación.

Según pudo saber Página/12, en la demanda que el Estado presentó ante el juzgado de Pimentel están imputados diez –no más, tampoco menos– reconocidos miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Hasta que el juez Pimentel no solicite otro tipo de pruebas, el Gobierno sólo puede justificar su acusación –dirigida por ahora a vecinos de la ciudad entrerriana con nombre y apellido– en documentación de carácter público, como notas periodísticas que se hayan publicado en los últimos tres años y siete meses: el lapso que lleva la protesta. En la denuncia penal que recibió el juzgado hay diez imputados cuyos nombres han aparecido en los diarios en los últimos días. Quien no fue incluido dentro de la demanda es el referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli. Algunas versiones que circularon en Gualeguaychú deslizaban que el mediático líder de la resistencia contra la Resolución 125 había sido incluido entre la lista de acusados. Fuentes judiciales de Entre Ríos aseguraron a este diario que no es así.

Aunque en el Gobierno insisten en que la decisión de la Presidenta es impulsar la “estrategia judicial”, no descartan que en forma paralela se intente una negociación política. La idea es que sea una alternativa más bien reservada, que quedará en manos del intendente local, Juan José Bahillo, y del gobernador Sergio Urribarri. Una posibilidad que no verían con malos ojos ciertos representantes del Ejecutivo es que la Asamblea, tras un tiempo de debate interno en el que se mantenga el bloqueo de la ruta 136, decida levantar el corte pero de manera temporaria y condicional. La propuesta sería que la protesta se levantara pero con un plazo previsto de antemano y con la exigencia al gobierno uruguayo de que en ese lapso empiece de una vez el monitoreo conjunto del río y que –además– facilite la inspección de las instalaciones de Botnia.

En el Ejecutivo sostienen que la estrategia de presentarse como querellante también responde a una decisión más general que está ganando consenso entre la primera plana del oficialismo. Según ese argumento, las protestas sociales buscan “visibilizar demandas que son invisibilizadas” y por eso se entiende que haya protestas que obliguen, tanto al Estado como a los medios de comunicación, a poner el foco en ellas. En eso consiste un corte de ruta. Si el sentido de esa protesta es “visibilizar” un reclamo, siempre según el argumento que esgrimen en la Casa Rosada, se supone que no necesitará permanecer indefinidamente en ese lugar. En esa línea de argumentación, un piquete debería realizarse por un plazo determinado, hasta lograr la atención buscada; si se prolongara en el tiempo perdería aprobación y legitimidad ante el resto de la sociedad. “Nosotros nunca vamos a reprimir, no vamos a criminalizar la protesta social, pero al tema hay que irle dándole cierto orden”, planteó ante Página/12 un funcionario que desde hace días viene siguiendo con atención el conflicto de Gualeguaychú.

“Ya dejó de ser un reclamo o una lucha popular para ser un capricho.” Con esa definición como caballito de batalla, el Gobierno volvió a reclamar a los ambientalistas que terminen con el corte del puente de Gualeguaychú. A través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el Ejecutivo ratificó en toda la línea la decisión de presentarse como querellante en el juzgado federal de Concepción del Uruguay. “Presentamos la denuncia para que de una vez por todas demos por terminada esta situación y podamos liberar el puente. La Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto”, aseguró Fernández. También habló el ministro del Interior, Florencio Randa-zzo, quien subrayó otro de los argumentos elegidos por la Casa Rosada para justificar la querella. “Los ambientalistas deben recapacitar y llevar adelante otro tipo de acciones y no ésta, porque obstruye la posibilidad de que Argentina controle la contaminación del río Uruguay”, planteó.

Randazzo se refería a una condición que habría puesto el gobierno de José “Pepe” Mujica para poner en marcha el monitoreo conjunto de las aguas del río Uruguay. Según altos funcionarios de la Casa Rosada, la administración de Mujica condicionó el avance del –demorado– monitoreo a que los ambientalistas levanten el bloqueo. “El corte perjudica la posibilidad de que Argentina pueda controlar la contaminación a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Por eso nos presentamos ante la Justicia como querellantes, para que los que producen el corte sean llevados a la Justicia”, insistió Randazzo. El titular de la cartera política igualmente reconoció que la resolución del conflicto llevará tiempo y demandará mucha negociación. “Hay que ser inteligentes, razonables y prudentes. Apelo al compromiso de aquellos que cortan el puente porque esto obstruye la posibilidad de que la Argentina controle la contaminación, que en definitiva es el centro de la cuestión”, instó.

El Gobierno también mostró cierta crudeza al referirse al pedido de fondo de la Asamblea, que es la relocalización de la pastera UPM-Botnia. “No va a suceder”, dijo Fernández sobre la relocalización de la fábrica de pasta de celulosa. Según el jefe de Gabinete, el fallo de la Corte Internacional de La Haya “es muy contundente” en ese aspecto. Mientras el Ejecutivo ratificaba el último giro en su estrategia, dos diputados de la Coalición Cívica presentaron un pedido de juicio político contra el propio Fernández. La presentación de los lilitos Fernando Iglesias y Carlos Comi imputa a Fernández y al ministro de Justicia, Julio Alak, de haber cometido delitos de acción pública e incurrir en mal desempeño de sus funciones por haber “hecho caso omiso” a la Justicia.

“El ministro Aníbal Fernández intentó justificar la desobediencia de la orden judicial y el incumplimiento de sus deberes y del ministro Alak señalando que el fallo es de ‘cumplimiento imposible’. Parece ser una costumbre que se ha tomado el ministro, de desobedecer las órdenes judiciales con las que no acuerda”, argumentaron Iglesias y Comi.

“Es preciso dar un corte definitivo a la situación luego del fallo de La Haya y no permitiremos que nadie se arrogue el derecho de desconocerlo.” La advertencia de tono marcial que pronunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desde el Salón Sur de la Casa Rosada fue anticipo de lo que se venía. En un giro en su política ante el corte en Gualeguaychú, el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa abierta contra los asambleístas que bloquean el puente internacional. La presentación del Ejecutivo ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay tiene la forma de una denuncia penal contra los principales dirigentes de la Asamblea Ambiental, a quienes se imputa con nombre y apellido por una sucesión de figuras penales que, leídas una detrás de la otra, producen el efecto buscado: impactar. La querella incluye también una denuncia civil contra los responsables de la Asamblea. Eso significa que, si el juez llegara a disponerlo, los imputados deberán responder con su patrimonio por los perjuicios que pudiera haber generado el corte. Los asambleístas dijeron sentirse “traicionados y agredidos” por la actitud tomada por el Gobierno.

Fernández ingresó al salón secundado por el ministro de Justicia, Julio Alak, cerca de las 18.30. Para entonces ya había trascendido que el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados que representan al Estado, había tomado un avión para presentarse ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El objetivo del viaje relámpago era pedir que el Ejecutivo fuera aceptado como parte querellante en la causa contra los ambientalistas. Pero el vuelo no pudo aterrizar, por lo que Da Rocha tuvo que viajar luego, pero por tierra. La querella finalmente fue presentada en el juzgado ya avanzada la noche, a las 22.

Al mediodía, Da Rocha había estado en la quinta de Olivos. La presidenta Cristina Kirchner había tenido una larga serie de reuniones: Da Rocha, Fernández, Alak y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, desfilaron por Olivos. El informe de Fernández en el Salón Sur comenzó con una explicación de por qué el Gobierno había decidido no limitarse a notificar a los ambientalistas que estuvieran en el corte del fallo del juez Gustavo Pimentel. “No tiene sentido notificar a quienes han decidido que no se van a notificar”, argumentó el jefe de Gabinete.

Hasta ayer al mediodía la idea del Gobierno era que un grupo de oficiales de la Gendarmería se presentaran en el corte, que ya lleva tres años y siete meses, sobre la ruta 136, en el paraje Arroyo Verde, y que allí notificaran a los ambientalistas que la Justicia federal había resuelto que se garantizara el derecho a la libre circulación. Una vez notificados –para lo cual hay que firmar una cédula judicial–, los ocupantes del puente debían ser identificados por el personal de Gendarmería. Eso podría haber generado una situación tensa, aunque lejos de lo que significaría un operativo represivo para liberar la ruta. “El Gobierno ha tenido paciencia. No tiene vocación de reprimir, no va a reprimir”, subrayó el jefe de Gabinete. “No podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo internacional, pero no se reprimirá”, insistió luego.

Los delitos por los que el Gobierno denunció a los ambientalistas son: entorpecimiento de transporte, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, homicidio culposo, apología del delito, entre otros. “Les tiraron el Código Penal por la cabeza”, fue la reacción que se escuchó entre quienes cubrían la aparición de Fernández y Alak. De los delitos que enumeró Fernández causó sorpresa la inclusión de la figura de homicidio culposo. Esa tipificación fue incluida por el accidente fatal de Walter Maulucci, bonaerense de 33 años que se estrelló con su moto marca Motomel cuando se trasladaba desde Fray Bentos hacia Buenos Aires. Maulucci chocó contra el acoplado que usan los ambientalistas para ocupar el puente. Sucedió el domingo 26 de abril de 2009. Era de noche y, según la Gendarmería, había mucha niebla.

Los funcionarios aclararon por adelantado que no responderían preguntas. El jefe de Gabinete también deslizó algunas críticas al fallo de Pimentel. “No hemos tenido una decisión judicial contundente. Este tipo de decisiones elípticas son de cumplimiento imposible”, dijo Fernández.

A la hora de defender la estrategia adoptada por el Gobierno, Fernández destacó la importancia que tenía la resolución de la Corte Internacional de La Haya y recordó que ambos países se habían comprometido a respetarla. “Es absolutamente necesario cumplir con lo dictado por un tribunal internacional. Ambos países se comprometieron a cumplir el fallo. Esto (por el mantenimiento del corte) constituye un alzamiento contra la decisión internacional”, advirtió. Fernández no se privó de caracterizar con duros términos el accionar de los vecinos de Gualeguaychú. “Han tenido actitudes radicalizadas y en algunos casos violentas. Ya han adelantado que no piensan cumplir con el fallo”, dijo Fernández, quien luego usó la palabra “contumaz” para definir la modalidad de protesta.

Los asambleístas ayer cuestionados fueron los mismos que acompañaron a Néstor Kirchner en el acto masivo del 4 de mayo de 2006 en Gualeguaychú. “Tenemos razón, el derecho está de nuestro lado. Esta es una cuestión ambiental que atañe a toda la Nación”, dijo ese día Kirchner. En respuesta a esos antecedentes, el Gobierno sostiene que el fallo del Tribunal de La Haya modificó el escenario. “En ese momento todavía estaba en curso una acción judicial superior, a nivel internacional. Hoy eso se terminó”, argumentó ante Página/12 un funcionario que viene siguiendo el tema.

Fernández prometió también que, más allá de las denuncias penal y civil presentadas, el Gobierno seguirá manteniendo el monitoreo del río Uruguay. “La política de medio ambiente sólo puede preservarse si nos hacemos responsables de la calidad de las aguas, de las mediciones en todos los ámbitos y del seguimiento de las acciones que deben ser resueltas en el marco de la inteligencia y de un análisis serio y responsable. Vamos a garantizar a nuestros habitantes que no hay contaminación que ponga en riesgo la vida de los argentinos”, aseguró. En ese punto, relacionado con el monitoreo conjunto del río que ordenó el Tribunal de La Haya en su fallo, el jefe de Gabinete hizo una revelación que pasó algo desapercibida: aseguró que el mantenimiento del corte impedía el monitoreo conjunto.

Poco después, Página/12 escuchó de uno de los ministros que viene interviniendo en este tema el trasfondo de la puja con Uruguay. “Aunque no lo haya dicho en público, el gobierno uruguayo nos planteó que hasta que no se levante el corte del puente no avanzarán con el monitoreo conjunto”, fue la versión del funcionario. También confió cuál había sido el análisis del conflicto que había llevado al Gobierno a modificar su estrategia. Como se dijo, la idea primigenia era cumplir con el fallo de Pimentel notificando a los ocupantes del puente. “Cada ambientalista tiene una lista de celulares a los que llamar de urgencia, eso hubiera reunido a varios miles en pocas horas. El puente tiene nueve kilómetros, si vos querés garantizar que no lo corten en ningún punto tendrías que disponer de la totalidad de los efectivos de Gendarmería.”

Habían pasado las 21.30 cuando el ministro del Interior, Florencio Randazzo, apareció ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada. “Haremos cumplir la orden judicial sin represión”, anunció enseguida. Se refería al fallo del juzgado federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Gustavo Pimentel. El magistrado había ordenado disponer las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito en el puente binacional que une Fray Bentos con Gualeguaychú. “Los vamos a notificar (a los asambleístas) y si no cumplen se identificará a quienes estén en los cortes para que la Justicia actúe”, dijo Randazzo. Tras haber analizado el tema con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la propia Presidenta, Randazzo recibió el encargo de hacer el anuncio ante la prensa. El ministro explicó entonces cuál será el procedimiento que el Ejecutivo intentará aplicar: “La Gendarmería se hará presente en el lugar. Va a pedir que se levante el corte. En caso de que se nieguen, se va a proceder a la identificación de las personas y los vehículos y se remitirán esos datos a la Justicia por resistencia a una orden judicial”.

Tras tomar conocimiento del fallo, en el Gobierno comenzaron a prepararse para una jornada complicada. El Ejecutivo fue notificado oficialmente a través del Ministerio del Interior, lo que supuso un error por parte del juzgado. Desde los últimos reordenamientos, las fuerzas de seguridad dependen del Ministerio de Justicia. Tras recibir la notificación, en la Casa Rosada se sucedieron las reuniones. Randazzo y el ministro de Justicia, Julio Alak, se establecieron en el despacho de Fernández. Allí se evaluó la situación y se analizaron las perspectivas.

Lo primero que se hizo en esa reunión fue revisar informes de la secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Según esos datos, dos fallos anteriores –de 2006 y de 2009– también habían ordenado el desalojo del puente para garantizar la libre circulación. En ambos casos, tras notificarse de los fallos, el Ejecutivo no quiso ordenar la liberación. “¿Por qué no lo hicimos en las dos oportunidades anteriores?”, se apresuró a aclarar anoche un ministro que dialogó con Página/12.

El ministro fundó su argumentación en el cambio del contexto político, incluso jurídico. “¿Por qué ahora sí y antes no? Porque antes estaba en trámite un proceso judicial ante la Corte de La Haya, a la que se le había presentado una serie de demandas que podían llevar a que Botnia fuera clausurada. Pero ahora se agotó la instancia internacional. No hay órdenes judiciales en trámite, por lo tanto no tenemos alternativa”, argumentó el ministro. “Ahora, si no cumpliéramos con lo dispuesto por el juez, podríamos ser acusados de desobediencia al Poder Judicial”, agregó.

Entre los argumentos esgrimidos por el funcionario hubo espacio para recientes declaraciones de los ministros de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni. Ambos habían coincidido en que tras el fallo de La Haya el corte del puente no podía extenderse por un plazo indefinido. La explicación dejaba en claro cuál había sido la decisión tomada en los máximos niveles del Gobierno: cumplir con la orden de la Justicia sin reprimir ni realizar –según remarcó ante este diario uno de los ministros– “ninguna acción física”.

“No vamos a entrar en el facilismo de la represión. Aparte, ¿quién dice que la represión es un método eficaz? Lo que vamos a hacer es en el transcurso del día ir hasta el corte para notificarle a la gente que un juez federal ha resuelto que hay que desalojar, y que si no se cumple la orden eso significa el delito de desacato. Pero que quede claro, no vamos a reprimir”, aseguró a este diario uno de los ministros.

Entrada la tarde, cuando trascendió el fallo, el Gobierno salió a poner paños fríos. Entonces llegó el primer anuncio de que las fuerzas de seguridad no reprimirían el corte del puente. El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, le garantizó a los vecinos que “no se usará la fuerza pública”. También aseguró que ni la comuna ni la gobernación y tampoco el gobierno nacional “admitirían un enfrentamiento”. Otro pedido de tranquilidad llegó a través del gobernador Sergio Urribarri. “Como gobernador de Entre Ríos quisiera llevar tranquilidad a la población de Gualeguaychú, descartando absolutamente la existencia de una voluntad política tanto del gobierno nacional como provincial de proceder por medios que potencialmente pudieran perturbar la paz social o la integridad de las personas”, aseguró Urribarri. Anoche, en el Gobierno aseguraban que Urribarri estaba siendo informado al instante de cada una de las decisiones que se iban tomando: “Lo estamos hablando con él, todo se resolverá en tándem con él”.

Jorge Telerman conversa con Página/12 mientras comienza el cumpleaños número quince de su hija. Se lo nota distendido, de buen humor. Este cronista le comenta que la entrevista incluye un breve cuestionario sobre el Mundial.

–La idea es que los candidatos respondan algunas preguntas para conocer su faceta de hinchas.

–Candidato. Dice bien –acota Telerman. Y se ríe. El ex jefe de Gobierno porteño no ha perdido su velocidad para las respuestas veloces y ocurrentes.

Telerman tampoco oculta su deseo de suceder a Mauricio Macri y cree que esta vez se le puede ganar al PRO. “El gobierno de Macri ha demostrado de sobra su incapacidad, tanto en la política como en la administración. Han quedado claras su insolvencia, su grisura, su falta de norte y de capacidad para poner prioridades”, dice.

Sabe que su apellido está en la boca tanto de peronistas afines al kirchnerismo como entre allegados a Francisco de Narváez. Unos y otros comentan que el ex jefe de Gobierno está negociando una candidatura en la ciudad para postularse a mediados de 2011. Cuando Página/12 le pregunta si está pensando ser candidato del PJ disidente o del kirchnerismo, Telerman elige esquivar la disyuntiva.

–Estoy trabajando por la unidad –dice–, pero sobre todo para la creación de las condiciones para que esta unidad sea posible. Y también trabajo por la creación de un peronismo porteño con una identidad sólida. Un partido moderno, inteligente, participativo y abierto. ¿Por qué un peronismo que esté alineado con uno o con otro? Aunque ese debate también estará. Pero los peronistas porteños tenemos que tener identidad propia, más allá de los alineamientos nacionales. No se olvide de que las elecciones de la ciudad se harán alrededor de mitad de año, mientras que la nacional va a ser muy posterior, en octubre.

–¿Será candidato entonces?

–Estoy trabajando, y ya lo he hecho público, en la decisión de que haya internas hacia el último trimestre de este año. Necesitamos un peronismo porteño que sepa darse candidatos elegidos en una interna abierta, que es un proceso de legitimación, que también sepa darse una identidad, porque nunca la ha tenido y hasta ahora ha sido el reflejo de estructuras nacionales. No debemos repetir el pasado. Esta vez no tenemos que disputar fragmentadamente contra un gobierno como el macrista, que ha dado muestras de sus debilidades, de su visión tilinga y frívola de la ciudad, que padece la ausencia de un norte hasta ideológico tradicional que suele caracterizar a la derecha.

–¿Qué opina de la reacción del macrismo ante el avance de la causa por las escuchas ilegales? La intención de desplazar al juez Oyarbide, la investigación sobre el agente de la SIDE que se comunicó con Burstein...

–Sobre eso mantengo lo que siempre he dicho. La Justicia está investigando, hay que dejar que siga. Y más allá de lo que diga la Justicia, en ciertas cosas hasta ahora hay poca claridad, lo menos que se puede decir es que son opacas. Espías que trabajaban en áreas de gobierno que nada tienen que ver con esas funciones, la dirección que se le dio a la Policía Metropolitana. Debería ser una policía de presencia en la calle, de relación con los vecinos, y para eso era imprescindible el proceso de selección de gente y la generación de confianza. Todo eso está en las antípodas de lo que hizo Macri. Creó una policía que disputa con la Policía Federal, lo cual es muy peligroso, tomó los peores elementos de la Federal, gente que había sido desplazada de esa misma fuerza, cuando en la Policía Federal hay muy buenos elementos.

–¿Llegó la oportunidad para ganarle a Macri en la ciudad?

–Si no se repiten los desatinos cometidos, si el peronismo de la ciudad realiza un proceso claro de acercamiento, de discusión y de asunción de identidad, si el peronismo entiende que tiene que plantearse acuerdos con otras fuerzas políticas, si evitamos la fragmentación que está en la base de la derrota de 2007... Porque, además, mucha gente de buena fe que votó a Macri porque creyó en un discurso efectista y demagógico, que creyó en imposibles y en cosas posibles, pero que no se realizaron, ahora está defraudada. Porque se dejó de lado el proceso de Basura Cero, la ciudad también discontinuó muchísimos programas de política social. Afortunadamente se continuó con el de Ciudadanía Porteña, pero se discontinuaron los programas de ayuda a la gente en situación de calle. Se dejaron de financiar las casas de ayuda a los adictos al paco, lo que tendrá consecuencias letales. En fin, se bajó el nivel de inversión en todo el sur de la ciudad. La inversión es bajísima y eso lo sufren muchos votantes de Macri. Este es un gobierno que está muy por debajo de las expectativas, incluso de las menos ambiciosas.

La semana próxima Néstor Kirchner volverá a tener una agenda a puro vértigo. El lunes, acompañado por buena parte de los gobernadores peronistas, asistirá a la presentación del Instituto de Estudios y Formación Política del Consejo Nacional del PJ. La iniciativa buscará poner en marcha un proyecto de formación de cuadros políticos y técnicos que llevará el nombre “Gestar”. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quedará como máximo responsable del emprendimiento, que surgió centralmente por el impulso del director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio. La agenda de Kirchner continuará el martes en Salta, donde será recibido por el gobernador Juan Manuel Urtubey. La visita de Kirchner a tierras salteñas será interpretada como un gesto de realineamiento por parte de Urtubey, quien a mediados de 2009 había iniciado un lento pero visible proceso de diferenciación del matrimonio presidencial.

El acto del lunes se realizará en el Teatro El Nacional, de Corrientes al 900. Está prevista la asistencia de gobernadores, intendentes, funcionarios y dirigentes del PJ. El lanzamiento de Gestar, que podría ser definido como una escuela de gobierno, estará a cargo de Bossio y Gioja. Kirchner hará el discurso de cierre. Gestar funcionará en todo el país; sus áreas de trabajo serán la formación política, la capacitación en políticas públicas, el proyecto “Argentina 2020” y la cooperación en materia internacional. La agenda de Kirchner continuará el martes 8 en la capital salteña. Allí, acompañado otra vez por los gobernadores, el titular del PJ encabezará una reunión del Consejo Nacional del partido. La semana del ex presidente podría seguir con un nuevo acto, esta vez en Santa Fe. Se trata de una visita a la localidad de Pérez, que en su momento fue aplazada porque Kirchner tenía previsto viajar a República Dominicana para asistir a una cumbre sobre Haití, viaje que luego suspendió porque no quería cruzarse con el mandatario hondureño Porfirio Lobo.

Francisco De Narváez como precandidato a gobernador, Mario Das Neves compitiendo por la candidatura presidencial. Esa podría ser la alternativa del peronismo disidente para competir con el kirchnerismo en las internas del PJ. Aunque tampoco hay que descartar a Eduardo Duhalde, otro aspirante a la presidencia. Ayer, Das Neves aseguró que en las internas del PJ competirá un candidato presidencial del kirchnerismo con otro del peronismo opositor. “Va a haber dos candidatos. Obviamente el que exprese el kirchnerismo y el candidato (del PJ disidente) que esté mejor posicionado. En esa dirección fijamos postura Reutemann, Busti, Duhalde, De Narváez, yo y otros dirigentes de otras provincias. Tarde o temprano, estoy convencido, va a haber internas dentro del PJ”, dijo Das Neves. De Narváez fue algo más elíptico. “Las dudas sobre las candidaturas se van a aclarar el año que viene”, señaló. Según De Narváez, la estrategia del peronismo opositor se terminará de definir recién a principios de 2011 alrededor de una “mesa de consenso” que reunirá a todas sus figuras.

En contraste con Felipe Solá, quien ya hizo pública su decisión de competir por fuera del partido, Das Neves y De Narváez dieron a entender que podrían presentarse en la primaria. Desde allí enfrentarían al kirchnerismo. Ayer, en una recorrida por Lomas de Zamora, De Narváez dijo que las candidaturas del peronismo disidente “deben ser una simbiosis entre la experiencia de muchos dirigentes y la vocación de transformar que tenemos otros”. “Lo que no se debe hacer es decir yo soy el candidato, porque por ahora todos son precandidatos”, aclaró. De Narváez caminó por Villa Fiorito y Villa Centenario, en lo que tuvo la impronta de una actividad de campaña. Durante la caminata lo acompañaron el diputado provincial Gustavo Ferri –yerno de Eduardo Duhalde– y el ex legislador bonaerense Osvaldo Mércuri, impulsor de una recordada campaña por el Medio Ambiente en la provincia de Buenos Aires. “El medio ambiente será una prioridad”, prometió ayer De Narváez. Poco antes, Mércuri lo había presentado como el “futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

Más allá de sus palabras, los movimientos de De Narváez siguen siendo imprevisibles. Hace unas semanas inauguró una serie de locales partidarios en la ciudad de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo sigue recorriendo el territorio bonaerense. Y sus operadores políticos tratan de extender su flamante fuerza política, el Partido Celeste y Blanco, a todas las provincias del país. “El Colorado es imprevisible. Dice que va a ir por adentro, pero sigue armando su partido nacional, aunque la Corte Suprema va a fallar que no puede ser candidato a presidente. Yo creo que no va a ir a la interna. Si hasta sus propios hombres están desconcertados”, aseguró a Página/12 un ministro del gabinete de CFK que tiene un perfil político y proviene de la provincia de Buenos Aires. En la Casa Rosada consideran que la posibilidad de que Das Neves y De Narváez se presenten como precandidatos en la primaria del justicialismo haría mucho más competitiva a la interna y dejaría muy posicionado al candidato vencedor. “A nosotros nos vendría bárbaro que se presenten”, evaluó el ministro de la Nación.

Si es por el deseo de Kirchner, los dirigentes del peronismo con la ambición de ser candidatos –incluyendo al peronismo opositor– deberían dirimir sus chances en una interna que los involucre a todos. El problema que surgiría allí es que los candidatos que pierdan en la primaria difícilmente luego cumplan con la vieja máxima de “quien gana conduce, quien pierde acompaña”. Otro de los obstáculos son los recelos de los opositores sobre el funcionamiento de la Junta Electoral. En la Casa Rosada porfían en que están dispuestos a despejar cualquier sospecha. El primer gesto en ese sentido será la reglamentación de la ley de Reforma Política. En el Gobierno aseguran que la puesta en vigencia de la ley se concretará luego del Mundial. Y con respecto a la conformación de las juntas electorales, el tema tendrá que esperar hasta que se anuncien las precandidaturas de cada fuerza política.

“Según la ley, todas las listas deben tener representación en la Junta. Y para eso hay que conocer a los postulantes”, argumentó ante Página/12 un funcionario que sigue paso a paso el proceso que desembocará en la elección presidencial de 2011.

“¿Qué es lo único que le falta a Cobos para ser igual a De la Rúa?”, pregunta en voz alta Facundo Moyano. Después hace silencio, busca generar suspenso. Su entonación recuerda al Verdaguer de los mejores tiempos, o a Roberto Pettinato poniéndole la voz al gato que hace chistes en la tele. Tras la pausa llega el remate. “Tiempo”, contesta el dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa). De 25 años, Moyano es secretario general del gremio que agrupa a los empleados de las concesionarias de autopistas del área metropolitana. El sindicato se fundó hace cuatro años, Moyano lo encabeza desde marzo de 2009. “Desde 2006 a la fecha hemos logrado crear más de mil puestos de trabajo. Y es impresionante cómo se han levantado los salarios”, hace su balance. Consultado por las elecciones del 2011, Moyano pronostica: “Kirchner tiene muchas posibilidades de ganar en el 2011. Es el único que puede garantizarle al trabajador la continuidad de este proyecto, y que no se ponga en marcha otro modelo que vaya en contra de sus intereses”.

Moyano es el quinto de los seis hijos del secretario general de la CGT. Por orden de nacimiento lo preceden Pablo, Paola, Karina, Emiliano y Hugo, mientras que el menor de la familia es Gerónimo. Moyano también es el referente de la Juventud Sindical, un espacio integrado por trabajadores jóvenes de los gremios alineados con la CGT. El 24 de marzo, la Juventud Sindical fue a Plaza de Mayo por el aniversario del golpe. “Estuvimos con más de tres mil compañeros. Nosotros consideramos que la dictadura profundizó el proyecto macabro de la oligarquía para desarticular un país que estaba orientado al beneficio del pueblo”, dice Moyano.

–La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó que se realicen las pruebas de ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. ¿Qué opina del caso?

–Carrió hizo declaraciones que son escandalosas. Dijo: “Si no quiero saber mi identidad, tengo el derecho de no saberla”. Pero acá se está planteando un delito de lesa humanidad, un posible delito de apropiación después de que fueron asesinados y de hacer desaparecer compañeros. Que se sepa la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble es algo que afecta a todos. Porque si se produjo un delito se tiene que saber. Y el hecho de que oculten tanto, y la posición que están tomando tanto los hijos como el diario, da a entender que hay algo raro. El tema está en manos de la Justicia y la Justicia es la que tiene que decidir.

–¿Qué opina de las acusaciones sobre maniobras ilegales con medicamentos, acusaciones que involucran a la obra social de Camioneros?

–Lo que pasa es que los medios de comunicación siempre van a jugar para el interés que representan. Se allanaron 60 obras sociales, no es que se allanó la obra social de Moyano. Pero estos tipos van a hablar de Moyano, porque está relacionado con el Gobierno, por lo que representa. A mi viejo le pegan no porque sea negro, le pegan por lo que representa. Ellos representan el proyecto oligárquico y les pegan a todos los que representamos otros intereses.

–¿Cuál es el rol de la juventud en esta coyuntura?

–La juventud tiene que poner la mística y la militancia en este proyecto nacional y popular, hoy encarnado en la presidenta Cristina Kirchner pero que trasciende a los gobernantes. Este es un proceso que se tiene que profundizar. ¿Cómo? Haciendo que los jóvenes y el pueblo en su conjunto trasciendan las discusiones sectoriales. Los trabajadores no sólo están en condiciones de generar la riqueza, sino también de discutir la riqueza. Y la juventud tiene que darle dinámica al proceso de consolidación de los trabajadores en la política. El trabajador tiene que debatir políticamente y no terminar como terminan muchos dirigentes, que entienden la política como un fin. La política no es una finalidad, es un medio para transformar la realidad.

–¿Podría haber en la Argentina un presidente de extracción sindical? ¿Lo va a intentar su padre?

–Eso se lo tendría que preguntar a él. ¿Si a mí me gustaría? Mi viejo es una persona con toda la capacidad de gestionar. Lo demuestra con su accionar, teniendo una de las organizaciones más fuertes entre los gremios. No sé si deseo que sea presidente. Pero mi viejo hace referencia a un proyecto. ¿Por qué Perón pudo conducir los destinos de la Argentina y llevar a este país a sus diez años más felices? Porque entendía cuáles eran las necesidades de los trabajadores.

–¿Hay un cambio en la relación entre el Gobierno y la sociedad?

–La sociedad se está dando cuenta de que este modelo es el único que puede garantizar los intereses de los trabajadores. Y a todo esto lo favorece el papel deplorable, patético y repulsivo de la oposición. La sociedad se está dando cuenta de que el país está caminando. Acá se va para adelante, se discuten paritarias, mientras que en Europa se está hablando de millones de trabajadores que quedarán afuera, excluidos del sistema laboral.