Página#12 Libre

En la reconstrucción de Haití, el cemento y los ladrillos para levantar casas, hospitales, escuelas, caminos y toda la infraestructura pública básica de un país casi en ruinas desde el terremoto de 2010 pueden parecer, con el dinero que los compre y los lleve, una de las prioridades absolutas, sin discusión en una lista de necesidades que encabecen víveres y medicamentos.

Puede sonar destemplado pensar de un modo menos material para este país, el primero en liberarse del yugo europeo en América, pero hoy día el más empobrecido del continente, además castigado empecinadamente por tifones y sismos. Y sin embargo, hay otras prioridades del mismo tenor, hasta de mayor dimensión en el largo plazo. Porque se trata de reconstruir, en verdad, una sociedad regida también por el Estado de derecho, que debe levantarse desde sus mismos cimientos políticos y jurídicos.

Hace pocos días, la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad de la ONU convocó a un debate abierto sobre el caso de Haití, donde Michel Martelly acaba de ser elegido como sucesor del mandatario René Preval, tras un proceso político valorado por el propio jefe de la misión de paz de la ONU en ese país, la Minustah, Edmond Mulet.

El canciller Héctor Timerman participó del debate abierto, en el que quedaron expuestas con crudeza las terribles dificultades que soporta ese país, pero donde también se apreció el valor de los pequeños pasos dados durante los últimos tiempos y el renovado compromiso de la Minustah y del Grupo de Amigos de Haití, que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

Argentina, en particular, continúa ejecutando ayuda humanitaria a través de los Cascos Blancos (cuatro misiones entre 2004 y 2010) y promoviendo la autoproducción de alimentos frescos en huertas familiares escolares y comunitarias mediante el Programa Pro Huerta Haití. También la Unasur formó un fondo de reconstrucción para Haití y tiene una misión técnica permanente en Puerto Príncipe.

Sin embargo, el panorama tras el sismo de hace un año es a primera vista desolador, y así lo resumió en el debate el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Si bien se removió ya una quinta parte de las ruinas, los refugiados en campamentos pasaron de ser un millón y medio a menos de la mitad y la epidemia de cólera se estabilizó, la economía del país está de rodillas. Las instituciones públicas son apenas capaces de proveer servicios esenciales y millones de haitianos dependen de la asistencia de ONG. Los registros de propiedad son inexistentes y el gasto público carente de transparencia.

La insatisfacción de algunos sectores de la población haitiana ha afectado de algún modo la percepción de toda la presencia internacional en Haití y eso ha llevado, también, a la posibilidad de adecuar el mandato de la Minustah y el modo en que deberían participar los países de nuestra región. Como se escuchó en la reunión en la ONU, lo hecho no es todavía el mejor trabajo como para felicitarse.

Sin embargo, en este contexto, es vital que Haití se vaya haciendo dueño de su propio destino. La participación local es el principio fundamental para las tareas de mantenimiento y consolidación de la paz en Haití.

La ayuda internacional no servirá de mucho si no se tiene en cuenta el punto de vista haitiano de los problemas. Sin el resto del mundo no saldrá adelante, es verdad. Y en especial sin la coordinación por parte de la ONU. Pero la responsabilidad principal debe reservarse para el pueblo haitiano y sus nuevos líderes. Todos los esfuerzos internacionales deben hacerse con base en las prioridades que fije Haití.

En esa tarea conjunta, las misiones de mantenimiento de la paz –como la que integra con fuerte presencia Argentina– deben ir dejando su lugar al trabajo de los ingenieros en la reconstrucción. Pero la reconstrucción material es tan importante como la institucional que la sustente y le dé sentido a largo plazo.

Hablamos de registros civiles, de leyes comerciales, de la capacidad del Estado de cobrar impuestos, de garantías jurídicas en general. Eso puede valer para el futuro de los haitianos –la inmensa mayoría jóvenes– tanto como los ladrillos y la ayuda exterior para alimentarse, crecer sanos o educarse. Ahora, como dijo Ban Ki-moon, la instauración del Estado de derecho debe ser la máxima prioridad del nuevo presidente de Haití.

Eso supone la creación de un Parlamento que responda al pueblo y un gobierno transparente, eficiente y sensible. Como dijo el presidente Preval ante los delegados, la memoria haitiana está muy afectada por los peores crímenes contra la humanidad cometidos durante medio siglo y la impunidad se hace un obstáculo insoportable para la paz social: eso exige un Poder Judicial independiente.

Argentina sabe de eso y tiene un compromiso histórico y actual con Haití. El 70 por ciento de sus efectivos en operaciones de paz han estado concentrados en ese país. En este tiempo de reconstrucción material e institucional, nuestro país dispondrá desde organismos regionales o internacionales no sólo ayuda material, no sólo ladrillos, sino todos los recursos políticos e institucionales que permita a los haitianos decir pronto con orgullo que han puesto de pie no sólo casas, edificios o puentes, sino también una sociedad digna con un Estado soberano.

* Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

La Cepal envió a todos los argentinos un mensaje de fin de año, aunque los expertos de la comisión no lo hayan preparado con esa intención. Esta tarjeta de fiestas sui generis se llama Panorama Social 2010 y dice: “haberse alejado de los mercados autorregulados permitió a América latina no sólo eludir las burbujas en explosión del Primer Mundo, sino además mejorar en su lucha contra la desigualdad y la pobreza”. Y Argentina es uno de los países que mejor lo hizo.

Muchos argentinos, con la memoria intacta de lo que trajeron aparejadas las prácticas de ajuste en el país, sabemos que es así. Pero el Panorama Social 2010 que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) las pone ahora con rigor académico, en blanco sobre negro. La pobreza caerá este año en la región hasta 32 por ciento (44 en 2002). Y en Argentina, a 11,3 por ciento. Desafiantes como son todavía estas cifras, el mensaje es que se está en el buen camino.

Claro que quien quiera ver sólo las malas noticias leerá del informe de la Cepal que la región sigue dando batalla todavía para desterrar la reproducción de la desigualdad en los primeros 30 años de vida. O que persisten brechas de oportunidades de desarrollo para los chicos según la clase en que les tocó nacer. Esta mirada puede resultar ideal para consumir sin filtro imágenes rápidas y muchos relatos desarticulados sobre reclamos de viviendas. O con estadísticas de resultado crítico para el estado de la educación en el país después de décadas de desinversión social.

Pero si eludimos la tentación de la foto estática de un día y seguimos en cambio una película que llevamos varios años rodando, se verá no sólo en Argentina sino en el resto de la región el peso de la buena noticia; pese a la grave crisis global, la región ha mostrado una entereza en las variables sociales que no se había registrado en otras crisis.

Sí: parece que aprendimos la lección sobre el “costo social de la crisis”. La pobreza y la indigencia aumentaron menos de lo esperado por la crisis de 2009 y se proyecta para este 2010 que termina, de la mano de la recuperación económica, un descenso de los índices. Y eso, gracias a políticas contracíclicas que impidieron afectar los logros de los últimos seis años. Es decir, la película de la recuperación con protección social y políticas activas de empleo que hacemos y vemos en Argentina.

El gasto público social en América latina aumentó durante los últimos años su participación en el gasto público total, pero también como porcentaje del PIB. Y, por eso, las necesidades básicas insatisfechas muestran que la población con carencias críticas disminuyó entre 2002 –a la salida de la peor crisis Argentina– y 2009. La pobreza en nuestro país, dice la Cepal, sólo desde 2006 a 2009, cayó de 21 a 11,3 por ciento.

Hay un aspecto de este informe al que los argentinos deberíamos prestarle una atención especial, porque aleja en gran medida el fantasma de inseguridad que a veces merodea la toma de decisiones económicas soberanas y distintas de las recomendadas desde los centros financieros. El trabajo hace notar que los Estados latinoamericanos todavía invierten poco en la estructura de consumo de las familias con niños y adolescentes.

Mientras en los países desarrollados de la OCDE el consumo de los chicos de hasta 19 años se nutre por partes iguales del Estado y de las familias, en América latina el componente de transferencias estatales no pasa del 20 por ciento. La alta concentración de la pobreza en las primeras etapas de la vida se repite por ausencia estatal para romperla. Eso necesita una respuesta y la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el nombre que le dimos los argentinos en nuestra película.

Romper el ciclo de la reproducción de la desigualdad y cambiar la suerte de una generación a otra en lugar de perpetuarla necesita ese tipo de políticas universales y transferencias de efectivo a los hogares con niños.

Cuando el “Panorama Social 2010” se detiene en Argentina, aparece el mensaje de aliento para otro año de trabajo en la misma dirección: el nuestro fue uno de los países que más logró disminuir la pobreza. Esta última definición no es de un funcionario argentino, sino de la Secretaría Ejecutiva de la Cepal.

La educación, que la Cepal considera una herramienta clave para “desacoplar trayectorias vitales de las brechas de origen”, tiene en la falta de conclusión del nivel secundario según niveles socioeconómicos uno de los aspectos duros de esa desigualdad. Los argentinos nos hemos dado también por eso la obligatoriedad de la escuela secundaria, en un proceso que por supuesto debe ser profundizado en futuras gestiones y que llevará más tiempo. Pero Argentina es uno de los países de la región que más invierte por estudiante. La película también deja ver eso.

El Panorama Social 2010 dedica un párrafo útil para quienes todavía en Argentina insisten en espantarse –y con una horrorosa carga de xenofobia– por el reclamo de derechos efectivos de ciudadanos con pocos recursos, pero en un cuadro de crecimiento económico sin antecedentes recientes.

“La posición que ocupan los individuos en la escala social –dice la Cepal– no es el mero resultado de las circunstancias, los esfuerzos, la decisiones personales. Por el contrario, existe una estructura de oportunidades proporcionadas por los Estados, los mercados, las familias y las comunidades que escapan, en buena medida, al control del individuo y condicionan sus perspectivas de movilidad social y acceso al bienestar.”

Más claro, revisar las estadísticas económicas, de empleo y sociales de los últimos años en Argentina y las de pobreza y desi-gualdad en toda América latina durante los últimos años. O, de lo contrario, quedarse en el camino con apenas un fotograma. La opción no parece tan complicada. Esta película continuará...

* Embajador. Representante Permanente de la Argentina ante la ONU.

¿Qué podría unir a un bibliotecario de Luis XIV de Francia con un grupo faccioso de policías ecuatorianos del siglo XXI? La respuesta aparece enseguida en estudios convencionales de política donde circunstancias tan distantes como los caprichos de un antiguo rey absoluto y las cambiantes modalidades golpistas de hoy terminan enlazados por una sola expresión: “golpe de Estado”.

Al bibliotecario en cuestión, el ilustrado Gabriel Naudé, se le atribuye la invención de la expresión que describe las dos situaciones: “coup d’Etat”. Quedó impreso desde el siglo XVII en sus póstumas Consideraciones políticas sobre el golpe de Estado, donde reflexionó descarnadamente sobre los avatares de los monarcas absolutos para mantener el poder.

Desde entonces, forzada por la realidad y más allá del estereotipo sudamericano del derrocamiento de un gobierno civil por militares, la categoría política del golpe de Estado fue adquiriendo muchos matices, a los que hoy vale la pena prestar atención en nuestra región.

Por ejemplo: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), reunida este mes en Guyana, tomará nuevos recaudos después del intento encabezado por los policías contra el presidente Rafael Correa. La Unión aprobará una nueva Cláusula Democrática para evitar que cualquier régimen ilegítimo se instale en los países miembros.

La Unasur terminará así el formidable trabajo que había comenzado el ex presidente Néstor Kirchner desde Argentina como secretario general del organismo, cuando impulsó la cláusula con el apoyo de todos los mandatarios de la región.

Pero esta respuesta política, contundente como es, involucra un arco de definiciones que nos lleva nuevamente al principio. ¿Qué es hoy un golpe de Estado? ¿O acaso lo que sufrió el presidente Correa fue apenas un “motín policial” en el que un grupo de alocados oficiales osó llamar por radio a sus colegas rebeldes a “matar al presidente”? Porque, en verdad, después de los acontecimientos hay quienes realmente piensan así.

Se han oído razonamientos de este tipo: no puede calificarse propiamente como “golpe de Estado” el intento contra Correa porque ni hubo intento claro de toma de poder de parte de los autoacuartelados en armas, ni se expresó un programa de gobierno ni se expuso un liderazgo único que coordinara a los rebeldes.

La aproximación es objetable, ya, considerando el contexto de los hechos: en Ecuador, durante los últimos 15 años ningún presidente terminó su mandato. Pero es más que eso.

En aquellos escritos sobre el absolutismo, el bibliotecario Naudé, consejero de Richelieu y continuador francés de las reflexiones de Maquiavelo, dio una vuelta de tuerca más a la noción de “razón de Estado” a la que ya recurrían para justificarse los monarcas si las reglas de la Política, con mayúsculas, no bastaban a sus fines.

Naudé definía los “coup d’Etat” de entonces como “acciones audaces y extraordinarias” a tomar ante “empresas difíciles y rayanas en la desesperación, contra el derecho común, y sin guardar ningún orden ni forma de justicia”, en nombre de un “bien general” que involucraba una plebe “inferior a las bestias, peor que las bestias y cien veces más necia que las mismas bestias”.

Con el tiempo, las luchas populares fueron forzando el reconocimiento de derechos, por empezar los políticos, pero la teoría tuvo que seguir clasificando nuevos atropellos a la democracia. Así, hay golpes de Estado como los que Argentina soportó entre 1930 y 1983: dictadores militares que terminaron gobernando con el título de “presidentes”. Pero la región también conoció otras variantes del mismo canon, como el “autogolpe” de Alberto Fujimori en los ’90, o la “destitución” de Manuel Zelaya en Honduras en 2009.

El historiador Samuel Finer reconoció, hasta los ’70, al menos cuatro niveles de presión de poderes uniformados sobre el Estado democrático. Salvo el primero, los otros tres constituyen para el autor formas de golpe de Estado.

Un primer nivel de presión sobre el gobierno o el Parlamento en busca de intereses propios. Un segundo nivel de amenaza de uso de la fuerza, una especie de “golpe tácito” como el que obligó a Raúl Alfonsín a adoptar la Ley de Obediencia Debida en 1987.

La presión puede seguir en escalada con el uso de la violencia o amenaza para reemplazar al gobierno civil por otro civil, un tercer nivel que en el caso de Frondizi lo expulsó directamente del poder, reemplazado por José María Guido. Y, por fin, golpes que instalan una dictadura como la de 1976, aunque al pensar esta clasificación Finer no pudo siquiera imaginar hasta donde llegaría el terrorismo de Estado.

Entonces, aceptada la variedad de posibilidades, lo que está en juego es la necesidad de caracterizar ampliamente el fenómeno político de golpe de Estado, para evitar fisuras y mantener a nuestra región unida bajo lo que la Unasur ya denominó en su carta como “valores compartidos” y “enfoques comunes”.

¿Acaso los ataques terroristas que sufrieron en suelo americano tanto Argentina como Estados Unidos no requieren de una misma consideración, tipificación, tratamiento y condena por parte de los países de la región? ¿Cómo dejar fuera, entonces, parte de la gama completa de formas de golpes de Estado cuando el daño a la democracia es el mismo?

En el caso de Ecuador, fue clave la pronta reacción que tuvo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al acudir al país inmediatamente y condenar los hechos calificándolos él mismo como intento de golpe de Estado. Lo mismo debe decirse de la Declaración de Buenos Aires que firmaron los presidentes de la región convocados de urgencia por Kirchner, en defensa del gobierno de Correa.

Esa declaración incluyó un artículo específico que –en este mes de noviembre– en la IV Cumbre de la Unasur de Guyana, se convertirá en la Cláusula Democrática de la Unión. Una vez aprobada, cualquier golpista sabrá que además de repudio enfrentará cierre de fronteras, restricciones de comercio, de tráfico aéreo, de provisión de energía y de otros suministros que impidan la instalación de un poder ilegítimo.

Las democracias de Argentina y América latina experimentaron ya suficientes “coup d’Etat”, golpes de Estado, “motines” y “planteos” o como pueda llamarse a cualquier variante de asalto a la democracia. Ahora, esta categoría política debería volver para siempre a las bibliotecas, “el lugar del ejercicio público de la razón”, como gustaba llamarlas el pragmático Naudé.

* Embajador. Representante Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas.

El fallido intento de golpe de Estado que soportó, afrontó y superó en Ecuador Rafael Correa pasará a la historia latinoamericana por la valentía con la que el presidente se plantó ante una rebelión violenta que puso en riesgo su propia vida. Pero, sobre todo, por un cambio cualitativo que Latinoamérica experimentó al hacer frente a la crisis ecuatoriana: la decisiva actuación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un bautismo tan inesperado como aleccionador hacia el futuro.

Este salto de calidad tiene precedentes que la explican. La región había recorrido una primera parte de ese camino durante los últimos años, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó su Carta Democrática Interamericana en 2001 y comprometió a todos los gobiernos a promover y a defender la democracia en un marco de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Una ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional en un Estado miembro de la OEA pasó a ser sinónimo de exclusión de las sesiones de la Asamblea General, e incluso de suspensión en el ejercicio de los derechos de la organización. Así se determinó en el caso de Honduras en 2009, con la destitución del presidente Manuel Zelaya.

Luego, transcurrieron cuatro años contados desde la creación de la Conferencia Sudamericana de Naciones en 2004 hasta su transformación en la Unasur, en un marco de procesos políticos ricos e intensos en los que la creciente participación democrática de sectores sociales y de comunidades étnicas históricamente postergadas fortalecieron la conciencia democrática de toda la región desde las bases mismas de la sociedad civil.

En ese contexto, la Unasur nació para profundizar los compromisos postulados por la OEA y dar una vuelta de tuerca a la acción política de la región como un todo.

El pasado ya escrito nos deja sólo un ejercicio de ucronía: imaginar cuáles habrían sido las vidas de los pueblos de América latina durante las convulsionadas décadas anteriores si consensos como los actuales hubiesen sido posibles.

Si algo se valora en política internacional es saber cuándo actuar: timing y oportunidad para prevenir crisis o conflictos. Bástenos recordar lo acontecido en Ruanda o Kosovo para medir las consecuencias de una actuación tardía o diletante.

Así, el hecho consumado de Honduras dejo una lección que fue aprendida y, este año, la joven Unasur logró encaminar la crisis entre Colombia y Venezuela, con una actuación oportuna y decisiva. En el pasado habría sido un típico caso de intervención posible del Consejo de Seguridad de la ONU.

Semanas atrás, en el intento de golpe de Ecuador, la Unasur hizo valer ese valor agregado propio, que ahora potencia las opciones que ofrece la OEA. La firmeza con la que los jefes de Estado acudieron a Buenos Aires en cuestión de horas a respaldar con hechos concretos la autoridad democrática de Correa mostró una concentración de energía, en plazos nunca vistos e imposible de ignorar por los actores de la crisis. Que los presidentes de Colombia y Venezuela, precisamente, se unieran en Buenos Aires recién relanzadas sus relaciones bilaterales a través de la Unasur fue todo un símbolo de potencia política. La fuerza política de la Declaración de Buenos Aires mostró ese salto de calidad en la reacción regional, cuando los presidentes rechazaron cualquier intento de golpe a un “poder civil legítimamente elegido”, sin importar el atuendo institucional con el que pueda ser vestido, como ocurrió en Honduras.

La amenaza concreta –si Correa era desplazado por el golpe– del cierre de fronteras, de suspensión del comercio, del tráfico aéreo, servicios y otros suministros anunciado por la Unasur en su Declaración desde Argentina, traducen en la práctica ese salto político en defensa de las democracias de la región, considerando la alternativa disponible hasta ahora de una simple suspensión del país como miembro de la OEA.

Para la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Unasur prevista para noviembre en Guyana, los presidentes acordaron incorporar al tratado de la Unión una Cláusula Democrática que deje establecida, como norma, la respuesta que recibieron los golpistas de Ecuador. Más que declaraciones, la región trazará una raya definitiva, con su nueva herramienta, la Unasur, lista para un nuevo salto hacia la calidad de la democracia y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

* Embajador. Representante permanente de Argentina ante la ONU.