Página#12 Libre

Las sucesivas crisis financieras en países europeos aparecen para el ciudadano común como simples cuentas de un rosario que se van engarzando a medida que la pandemia del dinero se dispersa por el mundo central. Una primera mirada invita a dividir entre países débiles –España, Portugal, Grecia– y fuertes –Francia, Inglaterra–. Los primeros tienen problemas estructurales enteramente similares a los de Argentina 2001, sin poder de decisión o de control sobre sus mercados financieros, sometidos a vendavales especulativos. Los segundos son la sede de los principales bancos que han generado la mayor parte de la crisis y por lo tanto mantienen algún poder de derivar la crisis hacia otras regiones. Sin embargo, entre tanto ajuste de manual, el caso de Irlanda deja importantes enseñanzas, sobre todo para un país como la Argentina, empeñado en construir un modelo justo, independiente y sustentable.

Irlanda es un pequeño país, con algo más de 4 millones de habitantes. Como pocos en el mundo, ésta es una población menor en 2 millones de personas a la que había en 1841, cuando comenzó una histórica hambruna producto del sucesivo fracaso de varias cosechas de papa. Las muertes masivas y la emigración marcaron el espíritu de este pueblo hasta hace unos 50 años. Como bien describe Charles Sabel, esa sociedad cansada de fracasos decidió pensar en el largo plazo y para ello decidió fundar su desarrollo en dos ejes, a los que identificó como su real fortaleza:

1. Su material humano.

2. Su capacidad de construir consensos entre los organismos públicos, las empresas y los sindicatos.

Desde entonces fortalecieron enormemente su sistema educativo y, especialmente en las Universidades, construyeron facilidades que les permitieron tomar una ventaja de décadas respecto de otros países en cuanto a seducir a corporaciones como Hewlett Packard, IBM e Intel para que instalaran allí centros de investigación y desarrollo. Durante bastante tiempo la original propuesta tuvo éxito. Los números de Sabel y varias otras fuentes lo confirman. Fue especialmente exitosa frente a las crisis de sobreproducción propias del capitalismo. Las que podríamos llamar “crisis suaves”. En esos escenarios, las grandes corporaciones redoblan sus esfuerzos para innovar sobre la lógica de su posición dominante en el mercado. Hasta que llegó la ola grande de una crisis financiera. Son muchos los analistas que han demostrado que todas –sin excepción– las grandes corporaciones industriales son hoy empresas que obtienen beneficios por sus inversiones financieras de magnitud igual o mayor que las de origen productivo. Sólo que hay una gran diferencia. Todo el control o posición dominante que se pueda disponer sobre un mercado de granos o de automóviles se diluye cuando se habla de inversiones financieras. Allí mandan los bancos y las grandes organizaciones de especulación con bonos, futuros, hipotecas, derivados, para hacer dinero sin trabajar. La crisis financiera afectó a todas las corporaciones, que en términos generales tuvieron una conducta homogénea. Se replegaron sobre sí mismas, protegiendo ante todo sus inversiones y su gente cercana a las casas matrices.

En Irlanda, en consecuencia, desaparecieron de la noche a la mañana los planes de I+D y quedó sin sustento un modelo muy inteligente, salvo por un solo detalle: no era independiente. Nada podía hacer el país frente al achique de las empresas con gran nombre, que corrían como manada atemorizada a recuperar sus frágiles inversiones financieras. Este caso es paradigmático. Junto con el caso de Cuba se trata de los dos modelos de vinculación internacional más heterodoxos del último medio siglo. Sin embargo, aun así no alcanzó y no alcanza. La independencia, entendida como la capacidad de tomar decisiones al interior del país y para preservar la calidad de vida de la comunidad, definitivamente no se puede negociar ni postergar. Argentina está buscando su modelo productivo. El caso irlandés debería revisarse en todas las facultades de ingeniería y de economía del país. Creceríamos mucho en claridad

* Presidente del INTI.

La Federación Agraria Argentina está auspiciando un proyecto de ley para frenar la compra de tierras por parte de extranjeros, quienes ya serían dueños de 20 millones de hectáreas productivas en el país. ¿Cómo no adherir al concepto? Pero la situación invita a varias reflexiones complementarias.

Primero: En tiempos de globalización, donde los inversores pueden ir a cualquier rubro en cualquier punto del planeta, que se compre semejante superficie en Argentina muestra que tener tierra es muy buen negocio. No se compra la tierra sólo para mirar serenamente la puesta de sol, con todo lo bello que ello puede ser.

Segundo: Es un gran negocio, aunque se viva a decenas de miles de kilómetros de distancia, porque sólo en esta región se da en arriendo tanta tierra y con tanta renta para el propietario pasivo. Sólo hay que ser dueño. Ni siquiera hay que conocer el campo.

Tercero: Para más seguridad del inversor extranjero están los pools de siembra, que son grandes y brindan la tranquilidad de alquilar miles de hectáreas de una vez, sin tener que negociar con demasiados contratistas. Son dos caras de la misma moneda.

¿A qué aspira la Federación Agraria? Su mirada estratégica la deberían explicar ellos. Sería bueno entender cuál es la visión última de la estructura productiva agropecuaria que les parece adecuada para un país justo. Pero en concreto, si el actual intento de bloquear a los extranjeros es exitoso, lo que se conseguirá es simplemente reservar el fabuloso negocio actual para quienes ya lo disfrutan, sin resolver el problema de fondo, que es que la demanda de tierra para trabajarla es muy superior a la oferta.

Muy distinto sería aplicar una legislación que obligue a los dueños de la tierra a no dejar la tierra ociosa, trabajándola por sí mismos o por terceros que tengan su sede física a distancias razonables del emprendimiento, digamos 100/150 kilómetros como máximo. Esta lógica recuperaría el sentido de que la tierra debe ser para quien la trabaja, con una mirada de promoción regional fuerte, y simultáneamente haría disminuir con fuerza el interés de extranjeros por comprar cajas de seguridad de miles de hectáreas de dimensión, que es lo que hoy hacen.

La soberanía sin justicia es una consigna falsa. La bandera antes que la dignidad para todos ya fue expuesta por el nacionalismo oligárquico hace casi un siglo. Es conveniente equilibrar las cargas en el carro. Que la tierra sea para los argentinos, pero para todos.

* Presidente del INTI.

El breve gobierno de Héctor Cámpora quedó devorado por el vértigo de la Argentina de ese momento. Entre las cosas que debieran recordarse de él está el notable conjunto de pensadores progresistas de primera línea que llevó al gobierno. Nombrando sólo los que pude conocer, tengo ahora presentes a Horacio Giberti, Alberto Davie, Rafael Kohanoff y Héctor Camberos en el equipo económico de José Gelbard o el gran Arturo Jauretche, Rodolfo Puiggrós y Rogelio García Lupo en la Universidad de Buenos Aires. En varias otras áreas lo mismo. Personas sin militancia partidaria, pero con identidad y halo propio en materia intelectual, capaces de unir la teoría, la imaginación y la acción concreta, para buscar la justicia social.

Este fue un hecho relevante y no destacado de ese gobierno, tal vez porque ningún otro gobierno desde la recuperada democracia de 1983 lo imitó. Horacio Giberti, como secretario de Agricultura y Ganadería, fue coherente. Simplemente, buscó llevar a la práctica lo que había escrito antes de asumir y luego siguió toda su vida sosteniendo. Su Historia Económica de la Ganadería Argentina nos hizo ver en una película clara el escenario en que nació y se consolidó el poder conservador del país. Sus propuestas, en consecuencia, fueron casi de sentido común, para contrarrestar esa dominación. El fortalecimiento de la Junta de Granos y la Junta de Carnes; la participación activa del Estado en el comercio exterior de productos primarios; culminando con el proyecto de Ley de Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra. Este último documento tenía una base de justicia directa: buscaba gravar el potencial productivo de un bien escaso por definición, obligando así a los terratenientes, de cualquier dimensión, a producir con eficiencia o a vender la tierra a quien la quisiera trabajar. El intento no pudo ser.

Por supuesto, la oligarquía lo ubicó entre sus enemigos. Y los “progresistas”, como en tantos otros casos, poco hicieron por contenerlo o por utilizar su saber para hacer. Hoy lamentamos su muerte y honramos su actitud, su pensamiento y su legado intelectual. La democracia, sin embargo, tiene una enorme deuda con personas como Horacio Giberti. Porque además de todo eso, deberíamos estar honrando las obras que se hicieran con su participación, para mejorar la calidad de vida de los compatriotas. No pudo ser. No se quiso. Deberá ser, si es que hemos de construir el país con que Horacio Giberti soñaba, al igual que tantos y tantos de nosotros.

* Presidente del INTI.

A medida que avanzaba el escrutinio de las elecciones en la provincia de Buenos Aires el pasado 28 de junio, todos esperábamos que llegaran los resultados del llamado segundo cordón del conurbano, donde se suponía que la lista oficialista descontaría la diferencia del interior de la provincia y pasaría a ganar. Pero los resultados favorables nunca llegaron. La corte de politólogos mediáticos, cada vez más superficial, construyó la teoría de la conspiración de intendentes, que habrían invitado al corte de boleta. Fernando Krakowiak, con pocos números y mucho sentido común, desbarata esa tesis en la edición de Página/12 del 2 de julio.

El grueso de la dirigencia política, muy metida en los análisis de poder y tensa ante lo que se prevé como un final abierto hacia las candidaturas de 2011, ha preferido sostener que “la gente” le dio la espalda a un estilo autoritario y poco participativo de conducción. Tengo otra interpretación, más dolorosa como descripción del escenario social y político del país, que la que implicaría el voto castigo a un dirigente.

Desde el voto de 1995 que reeligió a Carlos Menem comenzaron a parecer prehistóricos los ámbitos de debate sobre la Argentina deseada que llevaron a Raúl Alfonsín a la Presidencia en 1983 y al propio Menem en 1989. Más allá de alguna cuota de uso del miedo al otro; más allá de si luego se cumplió lo que se prometió, lo cierto es que la opción Alfonsín o Luder y la opción Menem o Angeloz significaban elegir entre miradas claramente diferentes de cómo desarrollar el país y cómo hacer participar a los ciudadanos en ese proceso. La reelección de Menem en 1995, por 20 puntos de diferencia, representó la opción de gran parte de la clase media por un estado de cosas que le aseguraba el consumo barato y el ahorro en dólares también baratos y que creía que duraría siempre. Fue un voto de comodidad personal masivo, sin ningún tipo de análisis comunitario. Tal dimensión tomó la doble burbuja –financiera e ideológica– que De la Rúa ganó en 1999 porque enfrente no lo tenía a Menem sino a Eduardo Duhalde, heredero moderno del cajón de Herminio Iglesias y fácilmente acusable de comportamiento mafioso. Pero nadie se animó a cambiar la tendencia económica. Tanto que para evitar el naufragio la decisión desesperada fue llamar al mismo que había construido la bomba de tiempo de la convertibilidad. Mi tesis es que la explosión de 2001 y el “que se vayan todos” generó un estado de cosas que, con pequeñas mutaciones, se mantiene hasta hoy. La dirigencia política –de casi todo signo– perdió allí la capacidad ya no de movilizar, sino de conseguir una credibilidad básica en grandes masas de población.

A fines de 2001, los sectores de mayor poder económico buscaban lo de siempre: tener como empleados a quienes condujeran el Estado, de cualquier signo o por cualquier forma de acceso. Los sectores medios consolidaron su desprecio por la política y los políticos, a quienes creyeron responsables de evaporarles los fáciles ahorros de los ’90. Los pobres, los muchos pobres, sólo reclamaban poder comer. Y lo hacían sin ilusiones de ninguna naturaleza. La historia más reciente es conocida. En las primarias de 2003 ganó Menem, confirmando la adhesión de la clase media sólo a su bolsillo. El 25 de mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner. La economía creció a tasas chinas, se aumentó varias veces el salario mínimo de activos y pasivos, se redujo abruptamente la desocupación. Además –esto es muy importante– todos, hasta los más reaccionarios, debieron admitir la solidez de la macroeconomía, lo cual permitió a gran parte de los argentinos construir perspectivas personales mucho más confiables que pocos años antes. Allí, paradójicamente, comenzó a gestarse la derrota kirchnerista del 28 de junio. Muchos pobres comieron y tuvieron trabajo. Mucha clase media rearmó su negocio. Y por si eso fuera poco, la presión de la burbuja global sobre el precio de los alimentos convirtió en oro a cualquier pedazo de tierra apta para soja. Millones de personas mejoraron enormemente su situación económica, en un contexto social donde el político es considerado popularmente un chorro o al menos un vividor. Muy pocas de esas personas asociaron esa mejora a decisiones de gobierno. Fue –se creyó– su propia capacidad o una tendencia mundial que favorecía estas playas.

La resolución 125 y su comunicación de manera imperativa, además en primera instancia afectando por igual a grandes y pequeños productores, fue el equivalente cultural 2008 del corralito 2001. Lo que era ganancia fácil y exorbitante de toda la producción sojera, que en parte se derramaba en los pueblos por construcción, vehículos nuevos y alto consumo, apareció en el horizonte como “expropiada”. El desinterés por la política volvió, una vez más, a convertirse en agresividad sin límites hacia quienes detentaban el poder institucional. En lugar de “que se vayan todos” fue “que se vayan éstos”.

Esa lógica de clase media y media alta, reticente a ceder cualquier logro o pseudo logro, que abarca a quienes dependen de ellos en la cadena de consumo, explica los resultados del interior de la provincia de Buenos Aires o de toda zona con influencia rural. Pero también explica el resultado de un conurbano con más clase media y menos pobres que hace seis años, aunque no haya visto nunca un grano de soja. Explica no sólo el cambio de voto, sino también el voto positivo a una figura oscura, sin ninguna propuesta concreta, surgida de un marketing feroz, que utilizó como principal argumento ser protagonista en un programa cómico de televisión y decir que estará al lado del campo. Que se vayan éstos, que venga cualquiera.

A mi criterio, no hubo un voto que castigó un modo “autoritario” de conducir. Hubo un voto pancista que volvió a despreciar la política y que buscó alejar la posibilidad de una mirada comunitaria sobre la vida, por parte de los creen que para ellos está todo bien y que los dejen de embromar. Y descubrimos que en el segundo cordón del conurbano también viven muchos que piensan así, sobre todo después de un crecimiento de la economía de más del 50 por ciento en seis años.

* Presidente del INTI.

Las organizaciones empresarias, sindicales o de cualquier otro origen corporativo son componentes necesarios y saludables del tejido social. Con el aporte de su mirada sectorial, un gobierno puede y debe configurar los diagnósticos que le marquen los errores o aciertos de su gestión y de allí pensar las correcciones.

La Unión Industrial Argentina (UIA) es el ámbito de convocatoria de las grandes corporaciones industriales del país y por lo tanto su voz debe ser tenida en cuenta en el marco mencionado. En este momento, la UIA ha concentrado su reclamo en bloquear el acceso de Venezuela al Mercosur, sobre la base de que su modelo político social es distinto al resto y su proceso de nacionalizaciones en marcha estaría perjudicando a grandes industriales argentinos. Sorprende la iniciativa, justo en el momento que la Organización de Estados Americanos (OEA), con Estados Unidos incluido, está discutiendo a fondo revertir la injusta exclusión de Cuba del organismo, que se basó en argumentos en esencia similares a los que ahora sostiene la UIA sobre Venezuela.

Pero más allá de eso, de prosperar la iniciativa, y producirse el previsible enfriamiento de las relaciones con Argentina, se provocarían algunos daños a la industria local que vale la pena exponer, aparte de la actual corriente de intercambio.

Se está completando en el INTI un relevamiento de la industria argentina de equipos para generación y distribución de energía eléctrica, solicitado por Venezuela, para atender un plan de 10 mil millones de dólares de inversión en los próximos cinco años.

Se está construyendo un ámbito de desarrollo conjunto para producir la microelectrónica que abastezca componentes para celulares, PC, televisores, que ya se están ensamblando en Venezuela.

Se prevé estudiar y avanzar en ámbitos binacionales en lo relativo a industrias para utilizar el gas natural; producir fertilizantes fosfatados; integrar la cadena de valor del aluminio aguas abajo; aprovechar los cueros vacunos, el sebo y las menudencias; utilizar la energía solar y la eólica.

Al INTI, como ente de apoyo a la industria argentina, le sería importante saber si la UIA ha hecho un análisis de costo/beneficio de sus acciones para bloquear el acceso de Venezuela al Mercosur.

Si no lo han hecho y lo hicieran, y descubrieran que la industria argentina perderá mucho más de lo que ganará, aun así quedarían varios espacios de posible reclamo al gobierno nacional, que justificarían el accionar gremial de la UIA, que me permito sugerir.

1 La UIA podría reclamar que la exportación de concentrados mineros se industrialice en la Argentina. La gran minería que actúa hoy en el país es evaluada cotidianamente por sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. Pero además de eso debiera ser evaluada –y muy negativamente– porque todo el valor industrial agregado se realiza fuera del país.

2 La UIA podría reclamar que los créditos con que la Anses está auxiliando a las terminales automotrices que operan en el país tuvieran como condición colateral un importante aumento de la participación de los autopartistas argentinos en la producción de autos. El momento de apoyar a los fabricantes de componentes es justamente cuando las terminales están siendo auxiliadas financieramente.

3 La UIA podría pedir y consensuar un plan nacional de aumento de la industrialización de nuestra producción agropecuaria, con destino al mercado interno y a la exportación, con unidades de producción diseminadas por todo el país.

4 La UIA podría conocer y apoyar el plan que el INTI ha presentado a la Anses para financiar plantas de faenamiento bovino y aviar y de industrialización de leche en las zonas más pobres del Norte argentino. Este proyecto apuntala el desarrollo local, generará trabajo industrial donde hoy no lo hay y beneficiará a los fabricantes de bienes de capital argentinos.

Se podría empezar por estos cuatro frentes, a pesar de que hay varios más, donde la UIA podría actuar para fortalecer la industria argentina, sin riesgo alguno de que un análisis costo/beneficio les dé negativo. Este es nuestro humilde aporte. Si no tenemos razón, o si se puede hacer algo mejor, o efectivamente Venezuela es un peligro para el futuro nacional, al INTI al menos le gustaría entender los motivos.

* Presidente del INTI.