Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.

“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).

Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.

Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.

Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.

No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.

La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.

“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.

En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Opdhi) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (...) de manera tal que se preserve el lugar”.

La Comisión instó a implementar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).

“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.

Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.

El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir” y llamó la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblos originario de la comunidad.

Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que “como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.

En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”. También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.

El Odhpi emitió en julio de 2010 su “Informe de situación 2009-2010”, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro”, afirma.

El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.

Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.

La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.

La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.

La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.

La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales”.

“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.

El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.

La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.

Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.

Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.

Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).

Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.

El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.

El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.

Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.

Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.

La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.

La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.

El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.

Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.

Un fallo de segunda instancia de la Justicia del Chaco confirmó una prohibición inédita para las fumigaciones con agrotóxicos. Limitó las aspersiones con químicos a no menos de mil metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2000 metros si es mediante métodos aéreos. La sentencia dio otro paso fundamental al proteger los cursos de agua. De esta forma, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que revocó una medida de primera instancia, dio la razón a vecinos de una arrocera que denunciaron efectos nocivos del glifosato y del endosulfán, entre otros químicos. La Justicia también hizo valer el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y remarcó que se debe dar prioridad a la salud de la población por sobre la producción agropecuaria.

La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace ocho años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, endosulfán, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros, químicos usados también en los cultivos de soja.

Laura Mazzitelli y Elio Servín son dos de los vecinos que denuncian las fumigaciones. El hijo de Laura, Iván, padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. El hermano de Elio, de 30 años, sufrió una leucemia fulminante y falleció. Los casos se repiten en el barrio, al igual que los niños con malformaciones. Los médicos le preguntaron a Laura si vivía cerca de cultivos con uso de agrotóxicos. Y todas las miradas apuntaron a las arroceras San Carlos y Cancha Larga, de tres mil hectáreas.

En enero de 2010, los vecinos presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua, muchas de las cuales proveen a los habitantes.

El Juzgado Civil y Comercial 14 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de 1000 metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizaban vía terrestre) y 2000 metros si eran aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite para fumigar y, en un hecho sin precedentes, también prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua.

Fue el primer fallo en Chaco de este tipo. Pero fue apelado por las arroceras. En septiembre la medida fue flexibilizada por el mismo tribunal: se redujo el límite a 500 metros y se permitió fumigar sobre cursos de agua. Los argumentos centrales fueron un estudio de impacto ambiental aportado por la empresa (no intervinieron organismos técnicos independientes) y un escrito de la Dirección de Epidemiología del Chaco (dependiente del Ministerio de Salud), que había minimizado los casos de pacientes con leucemia. Los vecinos apelaron la medida.

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en el primer fallo provincial en segunda instancia sobre fumigaciones, retrotrajo la medida a junio de 2010 y dejó claro cuál debe ser la prioridad del Poder Judicial entre la salud de la población y la producción agropecuaria: “No se puede modificar la medida cautelar otorgada (que protegía a los vecinos) dando primacía a la productividad económica por sobre los riesgos que implican para la salud y la vida de las poblaciones”.

También cuestionó las pruebas que permitieron la flexibilización de la medida en primera instancia: “Entendemos que el estudio de impacto ambiental elaborado por una de las partes (las empresas) debió haber sido sometido a otra evaluación por parte de organismos oficiales e imparciales”, remarcó la sentencia.

En cuanto al escrito favorable a las empresas presentado por el director de Epidemiología provincial, Mario Echevarría, la Cámara dictaminó: “Le asiste razón al recurrente (los vecinos) cuando sostiene que la prueba (el escrito) carece de relevancia como postulado de verdad”. Los jueces desisten llamar investigación o informe a lo presentado por la dependencia oficial, la califican como “opinión”. Y retomaron como letra válida la Ley General del Ambiente (25.675), cuya aplicación es solicitada desde hace tiempo por poblaciones contaminadas, sobre todo en cuanto al principio precautorio.

En primera instancia, desde abril de 2010, la Justicia había ordenado al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras. El fallo de segunda instancia afirmó: “No se ha dado cumplimiento por parte del Ministerio de Salud respecto del control médico de la población vecina de los establecimientos arroceros, con el fin de constatar el estado de salud de la misma”. Desde el ministerio no aceptaron dialogar con este diario.

En abril de 2010, un informe oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco reveló que, en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Los casos de cáncer estaban focalizados justamente en La Leonesa. Fue la primera vez que un ámbito oficial elaboró estadísticas de ese tipo, en base a datos de los hospitales públicos. Nunca fue presentado oficialmente, pero trascendió a los medios en junio pasado.

El trabajo, llamado simplemente “Primer informe”, señaló la multicausalidad del cáncer, pero llamó la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos”.

Laura Mazzitelli, ama de casa transformada en militante luego de la leucemia de su hijo, argumenta y pregunta: “Los médicos y la Justicia nos dieron la razón. Alcanza caminar por el barrio para ver los niños con malformaciones y cáncer, ¿qué más van a esperar los funcionarios para reconocer este desastre?”.

Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco pasaba sus días entre experimentos, clases en la Facultad de Medicina y conferencias entre científicos. Sin mayores sobresaltos. Pero en enero de 2009 decidió investigar el efecto del glifosato, pilar del modelo sojero, en embriones anfibios. En abril de 2009 lanzó el alerta: “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión”. El trabajo fue publicado en Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio mediática, política y científica. Dos años después, ayer a la mañana, mientras desayunaba, se sorprendió: un cable de Wikileaks, también revelado por este diario, daba cuenta de que la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires tomó nota de su trabajo y ejerció lobby para defender el cuestionado herbicida y a la empresa productora, Monsanto. “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel, junto a ámbitos científicos que les realizan estudios a pedido, medios de comunicación que les lavan la imagen y sectores políticos que miran para otro lado”, sostiene Carrasco y sonríe: “Estaban, y están, preocupados. Saben que no pueden esconder la realidad, los casos de cáncer y malformaciones se reiteran en todas las áreas con uso masivo de agrotóxicos”.

Desde hacía una década se multiplicaban las denuncias de vecinos, organizaciones ambientales, campesinos e indígenas sobre el efecto nocivo de agroquímicos. En enero de 2009, la Justicia de Córdoba prohibió fumigar en campos de soja cercanos al barrio Ituzaingó Anexo. Apuntó al glifosato y al endosulfan, pilares del modelo agropecuario. En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez limitó las fumigaciones en el barrio Urquiza de San Jorge (Santa Fe), también apuntaba a fumigaciones sojeras. El 13 de abril de 2009, Andrés Carrasco adelantó los resultados de su estudio.

El mismo día, abogados de la Cámara de Fertilizantes (Casafe) irrumpieron en su laboratorio en la UBA e intimidaron a sus colaboradores. Le siguieron amenazas telefónicas y campañas mediáticas de desprestigio (llegaron a afirmar que su investigación no existía). Aunque Carrasco aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico (en agosto de 2010 la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology publicó la investigación). Tres días después, la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se suspenda la venta y aplicación de glifosato y endosulfan.

Los cables internos de la Embajada de Estados Unidos revelados ayer por Página/12 dan cuenta de que, en ese contexto, diplomáticos estadounidenses entregaron estudios favorables al glifosato al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), dependiente de la entonces Secretaría de Agricultura y uno de los órganos más cuestionados por no difundir cómo, y en base a qué estudios, se aprueban los agroquímicos en Argentina. Los cables también reconocen que el lobby pretendía proteger a la empresa Monsanto, caracterizada por los diplomáticos como “la víctima circunstancial más prominente y más vulnerable a los ataques”.

Carrasco relee la noticia sobre el lobby pro agrotóxico. “Recuerdo cómo algunos periodistas me descalificaron a mí y, lo que más duele, se burlaban de las víctimas de las fumigaciones. Recuerdo a cámaras empresarias y funcionarios de primera línea con el mismo discurso, uniforme, sobre las bondades del glifosato, poco más y era agua mineral. Insisto, por enésima vez, que no descubrí nada nuevo, hay muchos estudios en el mundo y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de un experimento masivo que sucede en la Argentina de hoy.”

“La información de Wikileaks creo que deja al descubierto cómo el poder apaña y fomenta un sistema de silencios cobardes y complicidades interesadas que incluye a empresas, ámbitos de la ciencia y también a políticos. Al quedar claro cómo operan, creo que hoy es imprescindible que el Estado actúe, sobre todo el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud. La Justicia ya dictaminó que estos productos no son seguros ni inocuos (hace referencia a la Justicia de Santa Fe, que hace dos semanas dejó firme un fallo que prohíbe las fumigaciones en la localidad de San Jorge)”, reclama Carrasco.

Wikileaks también reveló que el entonces presidente de Monsanto (Juan Ferreyra) había tenido reuniones con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, para impulsar los transgénicos en la provincia. “Es un elemento más para entender por qué las denuncias por fumigaciones nocivas eran minimizadas por las autoridades provinciales”, explicó la asesora legal de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos de La Leonesa y Las Palmas en sus reclamos por intoxicaciones.

En junio de 2010, un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco aportó, por primera vez a nivel nacional, estadísticas sanitarias de zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos fueron contundentes: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas.

Gómez enumera en voz alta: “Embajada de Estados Unidos. Monsanto. Chaco”. Y denuncia: “El gobierno provincial cajoneó el informe oficial y la comisión no pude publicar más informes. Otra cosa: el último año se multiplicaron las semillas de algodón transgénico que reparte el Ministerio de Producción, llegaron a 5000 toneladas, y disminuyeron las de algodón convencional, sólo 200 toneladas. Da qué pensar, dicen que no hay casualidades”.

En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.

En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.

La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.

La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.

Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila”, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.

“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado.

La sentencia, dictada el 16 de febrero pero difundida esta semana, también remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...). La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.

En cuanto al caso concreto, sentencia: “No se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescritos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 53 de la Constitución Provincial (...). No se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos. Por el contrario”.

Incluso cita como jurisprudencia al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, máxima instancia judicial de la provincia: “El derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente”.

La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La Justicia nos dio la razón, ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu.

Aunque centrado en un caso (Petrolera Piedra del Aguila y la comunidad mapuche), a lo largo de la sentencia se abordan tópicos sobre derechos que pueden extenderse a los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país frente a industrias extractivas (petróleo, minería, soja y forestales, entre otros). La sentencia reconoce que la gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional), pero en la misma oración les marca un límite claro a los gobernadores al advertir que no pueden avanzar unilateralmente: “A las comunidades indígenas les está asegurada (por ley) la participación en cuestiones relativas a los mismos”.

La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006 y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Sólo diez días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.

“A pesar del fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la mapu (tierra). Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo mapuche tehuelche y revertir la historia de despojo, humillación y saqueo”, afirmó la comunidad Santa Rosa, desde su humilde vivienda a la vera de la ruta 40, a mitad de camino entre Esquel y El Bolsón.

El abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, explicó que la sentencia es “sumamente inconsistente, arbitraria y contradictoria”. Basa su crítica en la “errónea apreciación de las pruebas y la errónea aplicación del derecho”. Detalló que la prueba documental y los testigos en favor de la comunidad mapuche fueron dejados de lado o minimizados.

“Al tener por parte a una comunidad mapuche, el juez automáticamente debió haber aplicado obligatoriamente, de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el derecho indígena. Por el contrario, el juez Magallanes sólo aplicó el derecho civil, sin hacer mención ni a un artículo de derecho indígena”, denunció el abogado de la comunidad.

Volver a las raíces, lograr la comunión con la tierra y recuperar la historia y la cultura ancestrales. Eran los objetivos de Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir en agosto de 2002, cuando se instalaron en Santa Rosa. Pero sin querer, se enfrentaron a un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros. En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento.

El conflicto llegó a tribunales. Dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa. El sustento del fallo, un título de donación de 1896, en el que entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.

Por pedido de Luciano Benetton, en 2004, Rosa y Atilio viajaron a Roma. Luego de horas de discusión, Benetton prometió donar al Estado argentino 2500 hectáreas para que éste restituyera a la comunidad la tierra donde vivir. “Primero habló de donación de tierras. Le aclaramos que así no era. Que nadie puede donar lo que no es de él. Que tenía que ser restitución o devolución. Entonces propuso que donaría al Estado argentino y que éste podría restituir las tierras”, explicaba Atilio Curiñanco a la vuelta del viaje.

En 2005, la provincia de Chubut dictaminó que las 2500 hectáreas cedidas por Benetton eran improductivas y rechazó la donación. “Lo de Benetton fue una trampa”, había afirmado Atilio. Al mismo tiempo, advertían que en esas tierras ya vivían comunidades ancestrales y campesinos. Benetton nunca volvió a hablar del tema.

El 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque decidió volver a su territorio. “Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”, retrucaba Atilio Curiñanco. Y comenzaba la nueva batalla judicial.

Durante los últimos cuatro años, historiadores y antropólogos dieron testimonio ante el juez sobre la posesión ancestral mapuche. Y los abogados dieron cuenta de que los derechos indígenas están vigentes en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. Pero el juez Magallanes priorizó una norma inferior, el Código Civil, y dictaminó: “(Condenar a la comunidad) A restituir la posesión, libre de personas y/o cosas puestas por ellos en el plazo de diez días”.

La compañía envió a Página/12 un comunicado donde resalta: “Hemos sido formalmente notificados del fallo respecto a la propiedad del predio Santa Rosa. Reiteramos nuestra posición de remitir la solución de este caso a la Justicia, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho desde la compañía para generar un acercamiento entre las partes, que incluyen el ofrecimiento de tierras realizado en dos oportunidades, la primera a través del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la segunda a través del estado provincial”.

La meseta de Chubut es el centro geográfico de la provincia, de clima seco, rutas solitarias y clima inhóspito. Allí viven desde hace generaciones indígenas, puesteros y también descendientes de inmigrantes. La cría de animales es la tradición, aunque en la década del ’80 fue noticia nacional porque la dictadura militar intentó instalar en el lugar el primer basurero nuclear del mundo. La movilización popular lo rechazó. Treinta años después, la región experimenta un déjà vu: pretenden instalar una mina de plomo y plata (llamada Navidad), a pesar de que una ley provincial prohíbe la actividad. Las comunidad indígenas, que ya sufrieron la profanación de un cementerio por el avance minero, anunciaron el rechazo a la actividad y, junto a las asambleas socioambientales de la provincia, realizaron el fin de semana una marcha de dos días hasta el cuestionado yacimiento. La empresa, Pan American Silver, aseguró que no tiene “nada que ocultar” y anunció que mantendrá con la comunidad una política de “tranqueras abiertas”.

Desde Chacay Oeste, Laguna Fría, Blancuntre, Pire Mahuida, Sacanana y Gan Gan comenzaron el domingo a la madrugada una lenta cabalgata por la ruta provincial 4. Se detuvieron en cada vivienda rural e informaron sobre los perjuicios de la minería. El lunes al mediodía se encontraron en la tranquera del emprendimiento minero con los asambleístas del oeste de la provincia (Esquel, Pueblo, Bolsón) y del este (Trelew, Comodoro Rivadavia y Madryn). Por la tarde hubo una caminata en Gan Gan, donde los Vecinos Autoconvocados celebraron el “Carnaval de la resistencia”, con música y comidas. También estuvieron los integrantes del Foro Ambiental y Social de la Patagonia.

En marzo de 2003, y luego de un proceso de movilización y consulta popular, la comunidad de Esquel rechazó la instalación de una mina de oro a diez kilómetros de la ciudad. Fue el puntapié para lograr que la Legislatura provincial sancionara la Ley 5001, que prohíbe en toda la provincia la minería metalífera a gran escala, con uso de sustancias tóxicas.

A pesar de la prohibición, la compañía canadiense Pan American Silver adquirió en diciembre de 2009 el yacimiento Navidad.

Desde la Asamblea de Esquel afirman que, luego de las elecciones, el gobierno provincial buscará modificar la ley y habilitar la minería en la meseta, donde viven desde hace más de cien años nueve comunidades indígenas que rechazan el avance minero sobre sus territorios. Cuentan con leyes específicas que obligan a “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”.

El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Argenta (filial local de Pan American Silver), Fernando Muratore, señaló que la compañía respeta toda manifestación pacífica, sostuvo que la marcha es una “buena oportunidad para que se acerquen y conozcan el área del proyecto”.

La compañía tomó nota del tema más preocupante para la población (el agua). En febrero último difundió un informe que tuvo amplia cobertura en los diarios provinciales. Informó que detectó “importantes recursos de agua subterránea en el área de la mina y sus alrededores (...) Se trata de recursos de gran tamaño que no habían sido identificados previamente”.

Las asambleas ambientales descreen del anuncio, sobre todo porque la compañía no hizo público el supuesto estudio hidrológico. Muratore dijo que todos los estudios están a disposición de la provincia, pero solicitó tiempo para hacerlos públicos.

Desde el Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia afirmaron en 2009, y aún sostienen, que en la meseta no hay agua en cantidad suficiente para la minería y advierten que se secarán las aguadas y mallines. A la crítica se sumaron las asambleas socioambientales y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).

La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) afirmó que el acuerdo entre Río Negro y China pone en “riesgo” a la provincia, declaró el “estado de alerta” y describió al proyecto en un proceso global que experimenta el país: “Argentina está viviendo el secuestro de tierras para la producción industrial de agrocombustibles y soja transgénica para forraje. Esto se agrava cuando se amplía la frontera agropecuaria y se producen los desmontes, las inundaciones, el desarraigo de los pobladores y los intoxicados por agrotóxicos”, denunció la Red y sostuvo que la “entrega de 320 mil hectáreas de suelo rionegrino para la potestad y criterio productivo de la República China está vinculada con la pérdida de soberanía nacional, territorial y alimentaria”.

Doce organizaciones agrupadas en “Ni soja ni China” denuncian la pérdida de suelos fértiles y biodiversidad, y hacen hincapié en los “desalojos violentos y corrimiento de alambrados” en perjuicio de pueblos originarios. Entre los autores figuran el Consejo Asesor Indígena (CAI), la APDH, Unter (sindicado docente provincial), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los partidos Socialista, Humanista y Proyecto Sur.

Bariloche fue sede en octubre último del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Biología y Ciencias Ambientales. Fue declarado de “interés técnico, educativo y ambiental” por la legislatura de Río Negro. Concurrieron 450 estudiantes y profesionales de doce provincias. Escribieron una carta al gobernador Miguel Saiz: “Manifestamos nuestro total rechazo a la decisión tomada por usted de incorporar la producción de soja en 320 mil hectáreas. Nos sentimos en la obligación de alertar a la población sobre el peligro de la implementación del modelo de producción agroindustrial y transgénico con utilización de agroquímicos en nuestra provincia, tanto sobre la flora y fauna nativas como en las poblaciones humanas”.

Realizaron un llamado a que la universidad pública se comprometa con las problemáticas socioambientales y remarcaron la obligación de las casas de estudios para denunciar las prácticas que afectan la salud de la población y el ambiente. “La superficie cultivada con soja transgénica destinada a producir forraje para ganado, en especial para Asia, y biocombustibles se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años. El desmonte de áreas naturales y el creciente aumento en el uso de agroquímicos y prácticas agrícolas intensivas ha generado problemas irreversibles en los ambientes y en las poblaciones circundantes. A la pérdida de bosques, fauna y biodiversidad de ecosistemas, se suma el impacto sanitario en las poblaciones”, denunciaron y recordaron los graves casos de San Jorge (Santa Fe, donde la Justicia en segunda instancia limitó las fumigaciones), el barrio Ituzaingó de Córdoba y de la localidad chaqueña de La Leonesa, donde datos oficiales confirmaron el aumento de casos de cáncer y malformaciones.

El presidente del estatal Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema), Oscar Echeverría, explicó que uno de los puntos críticos de un proyecto tan grande “es el agua, hay que estudiar seriamente si el caudal del río Negro permite irrigar tanta superficie”. Remarcó que el organismo público no tiene un posicionamiento sobre el acuerdo “porque nadie ha solicitado un estudio de impacto ambiental”.

A las críticas se sumó el presidente del Instituto Nacional de Teconología Industial (INTI), Enrique Martínez. “El mismo Gobierno dice que no se dedicará semejante superficie solo a soja, aunque anuncia que se ampliará el puerto de San Antonio para exportar grano y aceite y que se instalará allí una planta de aceite. Si no es soja, ¿que será? El gobernador también dice que la soja la producirán los dueños de la tierra. Es lo más insólito de todo el planteo. Los chinos pondrán el dinero para regar y los dueños de esas tierras, que nunca han soportado más que cabras o vacunos flacos, producirán soja para exportar. ¿Quien puede creer esto?”

El presidente del INTI sostuvo: “Un gobernante aplica otra vez el sueño del tío rico americano, esta vez chino. Y dice ‘por suerte nos pudimos subir al tren chino’. Esa dependencia ideológica del inversor extranjero (...) la falta de estudio previo mínimo de las fortalezas y debilidades del tema, llevan como por un embudo a una dependencia económica y política del inversor extranjero, que fijará sus propias leyes y procedimientos en todo lo imaginable. Todo lo que los chinos indiquen será palabra santa. Esto no es crecimiento. Es el antimodelo. No hay justicia social y progreso comunitario posibles en una colonia, por próspera que sea”.

“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.

En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de “Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio”: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como “parte A”, la empresa china como “B”, las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.

“La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: “(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios”.

El ítem once obliga a la provincia a “poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la “futura explotación” se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.

A partir de la carilla once comienza el “anexo” del acuerdo. El Estado provincial se compromete a “ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero “el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina”. La “inversión” china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.

El acuerdo destaca que China enviará “especialistas” para investigar la forma de inversión, pero “todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)”.

También se obliga al propio Estado de Río Negro a “brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental”, y ceder “sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas”. Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, “se renovará automáticamente”.

Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las “tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione” y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.

El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, remarcó que, como ingeniero agrónomo, posee amplia experiencia en agricultura bajo irrigación. “Sin dudas es el proyecto más importante de la provincia. Y las críticas son más ideológicas que técnicas. A todos les damos las mismas facilidades para que inviertan en la provincia”, señaló y se lanzó con críticas al modelo agropecuario argentino: “Es una amenaza que el país tenga el 60 por ciento de su superficie cultivada con monocultivo. Es un disparate la dependencia a la soja, al glifosato y también a China. No adherimos a ese modelo, es un paquete tecnológico muy peligroso, porque además suma agroquímicos como el endosulfán”.

El funcionario afirmó estar “atento a la preocupante información que comienza a conocerse sobre el glifosato” y remarcó que el gobernador tiene la misma mirada crítica sobre el modelo agropecuario.

A pesar del rechazo al monocultivo, el subsecretario de Producción rechazó enfáticamente la posibilidad de que, en el acuerdo con China, se prohíba sembrar soja. “No es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”, retrucó y argumentó que la soja en Río Negro es menos rentable que el maíz. Durante la hora de entrevista desestimó una decena de veces que China siembre las 240 mil hectáreas con soja, reconoció que esa limitación no figura en ninguna parte del acuerdo firmado y su reiterado argumento antimonocultivo fue la supuesta baja rentabilidad de la oleaginosa en la zona patagónica.

En Viedma, el gobernador Miguel Saiz brindó una conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de China. “Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China (...) Río Negro tiene un escenario histórico para formular un proyecto de desarrollo de carácter integral para los últimos valles de clima templado que quedan en Latinoamérica sin producción”.

Explicó que se estima la siembra de entre 200 mil y 250 mil hectáreas, afirmó que la producción estará a cargo de los actuales propietarios y precisó las “fortalezas” que identificaron desde la empresa China: la aptitud del suelo y clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia.

Desde 2003 la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior comenzó con pruebas experimentales de soja en Río Negro. En septiembre de 2006 el Ministerio de Producción firmó un convenio con la empresa Relmó SA para sembrar soja en doce hectáreas de la localidad de Choele Choel. El miércoles 18 de abril de 2007, el gobierno provincial festejó e inundó las redacciones con gacetillas de prensa: “Levantan la primera cosecha de soja en la provincia de Río Negro”.

“Esta experiencia adaptativa es un paso previo necesario para continuar observando cómo se adapta el cultivo al suelo rionegrino. Con estos datos fidedignos podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas. Río Negro ve en esta iniciativa un proyecto interesante en lo que hace a la extensión de la frontera agrícola”, afirmaba el ministro de Producción, Juan Accatino, en el comunicado oficial de hace tres años.

Detrás de esa primera siembra estaba el denominado “Proyecto Soja Patagónica”, donde media decena de empresas de agronegocios impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas. Entre ellas, figuraba la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos.

El Ministerio de Producción precisa que en la actualidad existen sólo 2000 hectáreas con soja. Y detalla que en toda la provincia existen 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, todas bajo riego, principalmente por medio de canales y acequias. La mitad de esa superficie dedicada a la fruticultura. El acuerdo con China duplicaría la superficie sembrada y sextuplicaría el área dedicada a los principales cultivos (peras y manzanas abarcan 40 mil hectáreas).

“Corrimiento de la frontera agropecuaria” es un término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario. Implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Si China decide sembrar en Río Negro, será el desembarco masivo de la soja en la Patagonia.

“El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal. (...) He visto en todo el interior la explotación. (...) El trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha.” Fechada el 30 de abril de 1904, escrita por Juan Bialet Massé, la frase pertenece al histórico Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas de vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada.

De sol a sol. Es la característica del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres “tachan”, que implica el cargado del recipiente y la descarga en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, en que –si no hay despido previo– se cobra. En un día muy bueno (los menos) se pueden reunir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las proveedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.

“Los cosechadores son llevados en camiones a las fincas como vacas. Y en muchos casos los trabajadores golondrina están en carpas tipo circo donde duermen todos amontonados, cocinan con fuego al aire libre, sin luz y el agua se la venden. Acá los calores son mortales, lo que le agrega un condimento extra. Los baños no existen. La paga es un miseria, sólo para sobrevivir”, explica Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización que practica el trabajo cooperativo, alimentos libres de agroquímicos y el comercio justo. Un ejemplo es su vino “Campesino”, libre de explotación laboral.

También en Mendoza, idéntica explotación padecen los trabajadores del ajo, que son obligados a inscribirse como monotributistas para falsas cooperativas y soportaban condiciones de explotación, insalubridad, hacinamiento y trabajo infantil.

En noviembre de 2008, un grupo de trabajadores se rebeló y comenzó una manifestación en el frente de la empresa, en el departamento de Maipú. Denunciaron la explotación en sus tres eslabones: siembra, cosecha y empaque. Sobrevino la represión policial y, producto de las heridas, la muerte del trabajador Juan Carlos Erazo.

“Siempre nos explotaron, trabajamos hasta 16 horas. Pero ya era mucho. Nos animamos y dijimos basta. Nos costó amenazas, golpes y la muerte de un compañero. El sindicato y el gobierno nos dejaron solos, pero salimos adelante”, relata Fabián Bravo, presidente de la Cooperativa Irigoyen e integrante del flamante Sindicato de Trabajadores del Ajo y afines (Sitraaj).

En las falsas cooperativas la jornada arranca a las 6, media hora de descanso al mediodía y llegaban a trabajar hasta la medianoche. El cosechador nunca obtiene más de 60 pesos por día, los baños no existen, el agua escasea. “Todo es explotación. Desde lo que se paga al pequeño productor por la cosecha hasta lo que toca al trabajador. Nosotros, autogestivamente, cobramos el doble y también pagamos el doble a los pequeños productores”, remarca orgulloso Bravo.

La producción de frutas en Río Negro tiene tradición en mano de obra temporaria. La gran mayoría de trabajadores llega desde el norte del país. Incluso el gobierno tucumano tiene un convenio con Río Negro para “facilitar” los jornaleros. Desde la Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Trabajo de Tucumán se pagan los micros que trasladan aproximadamente a 16 mil trabajadores, de un total de 25 mil que –según cifras oficiales– migran por temporada. La primera quincena de enero los envían a Río Negro (unas once mil personas). El resto migra a Mendoza, San Juan y La Rioja. “Todos en blanco”, se apuran a aclarar en las gacetillas oficiales, donde se reconoce que se moviliza a familias enteras.

Escasean las estadísticas referidas al trabajo rural. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Río Negro, sólo en las chacras de San Patricio del Chañar, a 55 kilómetros al norte de la capital provincial, cada año llegan 4000 personas para la cosecha de manzana, pera y cereza. El gobierno nacional asegura que, en el campo, el “trabajo no registrado” es del 50 por ciento, en base al Censo Nacional de 2001, la Encuesta Permanente de Hogares de 2010 y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales). Pero Uatre maneja otras cifras: 800 mil trabajadores registrados y 700 mil “en negro”.

En Río Negro, las denuncias se repiten cada año. En enero de 2010, los diarios provinciales volvieron a poner (como todos los años en época de cosecha) las denuncias. Cientos de trabajadores estaban hacinados en un galpón de la localidad de Lamarque. Les habían ofrecido 81 pesos por día y vivienda. En cambio le daban 30 pesos y un tinglado superpoblado. La mitad de los trabajadores dormía sobre el piso. Si alguien reclamaba, en el predio había policías de la provincia que amenazaban con reprimir.

En diciembre volvieron a repetirse las denuncias, en la localidad de Choele Choel. Los trabajadores no podían salir de las chacras y sólo podían pedir ayuda por mensaje de texto. Se repetían las condiciones de trabajo y alojamiento, les pagaban menos de lo pautado y cobraban los alimentos a precios altos.

Patagonia y Misiones tienen similitudes. “Parte grande de la riqueza de la provincia sale de nuestras manos y espaldas castigadas. Es lo mismo desde mis abuelos”, afirma Sonia Lemos, 30 años, delegada del flamante Sindicato de Tareferos de Misiones, nacido hace dos años para luchar por los derechos del eslabón más débil de una industria millonaria. La tarefa consiste en podar la planta y separar la hoja del palo. Se acumula sobre plásticos abiertos como mantel, donde se acumula el montículo de yerba. Luego se unen las puntas y forman una gran bolsa: el “raído”. Trabaja toda la familia y cada raído se lo pagan trece pesos.

“Con mucha suerte, cuatro raídos hacemos. Pero hay veces que sólo dos”, explica Lemos. Traducido: por día de trabajo obtienen entre 26 y 52 pesos.

“No queremos que ningún hijo nuestro muera más de hambre en Misiones”, reclamaron los mismos tareferos en noviembre pasado, cuando llegaron hasta Buenos Aires para denunciar la explotación laboral, salarial y la criminalización que padecen por reclamar. Ante el abandono de la Uatre, se organizaron para enfrentar la explotación de largas jornadas de trabajo, paga escasa y la condena a un círculo de pobreza.

El objetivo era visibilizar la situación que ya se había cobrado la muerte de dos niños por desnutrición. “Nos duele reconocer que el hambre está instalado en nuestras casas desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en uno de los dolores más difíciles de enfrentar porque con ella no se puede pensar, no se puede trabajar. De hambre nos estamos enfermando y muriendo”, denunciaron y se movilizaron hasta el Obelisco porteño con una consigna que interpelaba en busca de solidaridad: “Que el placer de tomar mate no siga descansando sobre la esclavitud de los tareferos”.

No los recibió ningún funcionario. Ni siquiera lograron que la Anses cumpliera con la devolución de las asignaciones familiares retenidas arbitrariamente. Volvieron con las manos vacías. “Siempre nos explotaron, pero ahora estamos organizados. No es fácil, pero en eso estamos. Eramos sólo veinte, ahora ya somos 300. Será largo, ya no creemos en los contratistas ni políticos, haremos valer nuestros derechos”, advierte la delegada gremial Lemos.

Guillermo Neiman es sociólogo, investigador del Conicet y coordinador académico de la maestría en estudios sociales agrarios de Flacso. “La cadena de complicidades incluye a los empresarios, intermediarios, sindicatos y Estado”, resume. Afirma que el “trabajo precario” rural es tan histórico como generalizado, y cuestiona a los empresarios agrarios: “Por el nivel de rentabilidad del agro actual no se entiende que sigan manteniendo el trabajo precario. No se justifica de ninguna manera, desde una lógica de rentabilidad, que los salarios sean tan bajos y que permanezca el trabajo en negro”.

Denuncia que para el campo no hay estadísticas actualizadas. Reconoce que deben manejarse con el entrecruce del Censo Nacional 2001 y el Censo Agropecuario de 2002, que es contestado por los patrones, no por los trabajadores. La Encuesta Permanente de Hogares se realiza en ciudades, por lo cual vuelve a quedar afuera el sector rural. “Hay personas que no quieren que se conozca la realidad rural, donde no hay dudas de que la pobreza y la desocupación son superiores a la publicitada, que siempre es una proyección de lo urbano”, afirma.

Neiman explica que la explotación laboral no se da sólo en el trabajador “golondrina”, sino también en el permanente, aunque siempre es mayor en los trabajos estacionales, donde se requiere mano de obra intensiva por época. “Los controles son insuficientes. Es necesaria una participación activa del Estado, es el único que puede modificar el trabajo rural precario”, insta a actuar.

Diego Domínguez es sociólogo e investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. No naturaliza ni resta importancia a la explotación laboral en el campo, pero encuentra una coherencia histórica en la clase dirigente: “Argentina se elevó como Nación sobre la esclavitud encubierta de los gauchos y los indígenas. Entonces hoy no sorprende que, bajo el discurso de un agro exitoso, hombres, mujeres y niños padezcan la peor explotación, es una continuidad histórica”.