Página#12 Libre

Los afiliados del PAMI gozarán de mayores descuentos en los precios de los medicamentos. Los fármacos bonificados en un 40 por ciento como los antiartrósicos pasarán a tener una reducción del 50 por ciento, mientras que aquellos remedios con una cobertura del 70 por ciento contarán con un beneficio del 80 por ciento. La medida que estaba vigente desde comienzos de abril fue presentada ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante el acto que encabezó en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la mandataria firmó también el decreto que crea la Asignación Universal por Embarazo y anunció la incorporación al calendario escolar de la vacuna contra el neumococo para todos los niños (ver aparte).

El PAMI posee 4,4 millones de afiliados. En 2004, solamente el 33 por ciento del padrón se atendía en la obra social por los bajos niveles de sus prestaciones. El año pasado ese porcentaje trepó hasta el 94 por ciento. La ampliación de 10 puntos porcentuales en los descuentos para remedios contra las arritmias, la artrosis y las alergias, entre otros, significará un ahorro cercano a los 140 millones de pesos para más de dos millones de jubilados y pensionados que utilizan esas prestaciones. Una porción de los mayores descuentos será asumida por el PAMI. En 2010, el gasto total de la obra social en medicamentos alcanzó los tres mil millones de pesos. Según señalaron desde el PAMI, si los jubilados hubieran recurrido al mercado para comprar esos fármacos habrían requerido un desembolso tres veces superior.

“Estamos ante una extensión de los beneficios pocas veces vista en la historia de nuestro país y estoy segura de que es absolutamente única en toda la región”, consideró Cristina Fernández acompañada por los gobernadores de Buenos Aires y Mendoza, Daniel Scioli y Celso Jaque, y gran parte del Gabinete. A su vez, la mandataria anunció la firma de un acuerdo entre PAMI y Aerolíneas Argentinas para incrementar en un 40 por ciento el número de jubilados y pensionados que pueden acceder a los beneficios turísticos (ver aparte): “Este tipo de reparaciones las podemos hacer porque, además de recuperar la administración de los recursos del PAMI, también hemos recuperado Aerolíneas Argentinas. Recuperamos un Estado de equidad y justicia. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de que le damos valor a la salud de nuestros abuelos”, sostuvo Fernández de Kirchner ante un auditorio colmado por embarazadas, jubilados y funcionarios de distintos organismos.

El incremento en las bonificaciones para la compra de medicamentos es el resultado de una extensa y continua negociación de la obra social pública con los laboratorios. Algunos de los medicamentos que son bonificados con un descuento del 50 por ciento son los antiartrósicos, antibióticos, antitrombóticos, antiinflamatorios y aquellos de acción sobre el sistema nervioso central. En tanto, entre los fármacos que contarán con una cobertura del 80 por ciento se destacan los broncodilatadores, antialérgicos, antiasmáticos y corticoesteroides.

Durante su discurso, la Presidenta recordó que el 25 por ciento de los jubilados totales del país, 1,1 millón de personas, tienen cobertura por la totalidad de sus necesidades farmacológicas. Se trata de un conjunto de personas que perciben en su mayoría la jubilación mínima o que deben recibir tratamientos con un costo muy elevado. Entre ellos, figuran quienes reciben medicamentos oncológicos y para el tratamiento del HIV. En 2004, cantidad de afiliados con bonificaciones por el 100 por ciento de sus requerimientos ascendía solamente a 9 mil.

El gasto del PAMI, que dirige Luciano Di Cesare, creció en sintonía con el aumento en el uso que hacen los afiliados de las distintas prestaciones económicas y sociales. En 2003 el organismo gastó 2600 millones de pesos para atender a los jubilados y el año pasado se ejecutaron 16.900 millones de pesos. Según precisó recientemente a este diario el titular del organismo, en 2003 las encuestas evidenciaban que el precio de los medicamentos era el principal reclamo de los afiliados y, en los meses previos al anuncio de ayer, ese ítem ocupaba el lugar número 24 entre las preocupaciones de los jubilados y pensionados.

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Desde que el gobierno nacionalizó el sistema previsional, a fines de 2008, el director ejecutivo de Anses, Diego Bossio, recibió sistemáticamente propuestas informales de las empresas para recomprar sus activos. El Gobierno nunca aceptó esas operaciones frente a las perspectivas de rendimiento de las acciones de las empresas que valorizarían el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y permitirían acceder a recursos durante la distribución de dividendos e impulsar el financiamiento de distintos proyectos productivos. Las acciones de empresas representan alrededor del 14 por ciento de la cartera del FGS. En diciembre de 2008 valían 7744 millones y ahora 22.124 millones de pesos.

La Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina remarcaron la necesidad de preservar la limitación del 5 por ciento del derecho a voto, más allá de la magnitud de la inversión, que derogó el DNU 441/11. Esa cláusula se estableció en tiempos de las AFJP para “impedir que intentaran controlar directa o indirectamente el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones”. Precisamente, el texto del decreto señala que esa situación no sucede con los representantes del Estado y argumenta que la limitación al ejercicio de los votos afecta la capacidad del FGS para defender la administración de sus activos.

“Las acciones no se vendieron porque no hubiera sido un buen negocio. Querían recomprar cuando la expectativa era de un aumento del 30 o 40 por ciento. Si el CEO de un fondo privado de inversión se le ocurre hacer eso lo despiden inmediatamente. No es racional venderlos cuando el precio está volando, y si los vendían en dónde invertía el FGS ese dinero, ¿en un plazo fijo que rinda el 10 por ciento? Pero la discusión es otra. La lógica de Anses es de largo plazo, no tiene posiciones de un broker del mercado”, explicó a Página/12 uno de los directores en representación del Estado en una empresa productora de insumos para la actividad industrial.

En 2009, en el marco de la crisis financiera global la economía argentina atravesó un período recesivo donde aumentó el desempleo y distintas empresas experimentaron caídas en sus ritmos de producción. No obstante, la reducida Bolsa porteña ocupó el quinto lugar entre las diez plazas bursátiles de mejor desempeño en el mundo. La mejora medida en dólares fue del 95,2 por ciento. El precio de las acciones de las empresas donde Anses posee una parte del capital social llegaron a trepar por encima del 200 por ciento en pesos, en los casos del Banco Patagonia y la autopartista Mirgor donde el FGS posee 15,2 y 21,5 por ciento de las acciones respectivamente. Los papeles de las dos firmas con mayor participación de Anses, la exportadora citrícola tucumana San Miguel (26,9) y el Banco Macro de la familia Brito (30,9), registraron mejoras en el orden del 175 por ciento. El resto de las empresas registraron comportamientos con alzas entre 30 y 100. Las acciones de Siderar, la filial local del Grupo Techint donde desconocieron la validez del DNU para rechazar la designación de entre 1 y 3 directores en representación de Anses, mejoraron 76 por ciento. El año pasado, el nivel de crecimiento económico opacó el impacto en el mercado bursátil de la crisis estructural de la UE y cualquier rastro de incertidumbre derivado del debate alrededor del uso de las reservas internacionales del Banco Central para cancelar deuda. Las acciones moderaron la velocidad pero registraron un alza del 45,2 por ciento en dólares. La acción de Molinos Río de la Plata (20), empresa agroalimentaria de la familia Pérez Companc, ascendió 155 por ciento en pesos y los papeles de Aluar (9,3) subieron 42 por ciento.

Experiencia sindical

En el reciente comunicado que emitió la UIA donde expresó su “preocupación por la injerencia estatal en la gestión empresaria”, la central fabril que encabeza el Grupo Techint expresó su perturbación ante “las declaraciones públicas de importantes dirigentes sindicales en el sentido de solicitar participación en los directorios de las empresas” ya que “no hacen más que aumentar la incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas”. En Gas Natural Ban, la presencia del “director sindical” impulsó obras de extensión en la red de gas natural hacia barrios de Moreno donde la evaluación de mercado de la empresa sobre la capacidad de cobro del servicio frustraba la inversión.

El director que representa a Anses en Gas Natural Ban es Rubén Bassi, miembro de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas y de buena relación con la conducción de la CGT. Bassi comenzó trabajando en Gas del Estado y vivió en Santa Cruz, donde conoció a muchos de los funcionarios del gobierno nacional, incluso al ex presidente Néstor Kirchner. Anses posee el 26,69 por ciento del paquete accionario de la empresa y un solo representante. La relación entre el gobierno nacional y el resto de los dueños del paquete accionario –la española Gas Natural Fenosa y el Grupo Chemo, del empresario argentino Hugo Singman– es muy fluida aunque, al igual que sucede con la mayoría de las empresas de servicios privatizadas, el principal punto de tensión son las tarifas y los subsidios. Como la asamblea de la empresa se realizó a comienzos de abril, las partes comenzaron a dialogar la posibilidad de incorporar entre uno y dos nuevos directores en representación del Estado.

Voto acumulativo

Incluso cuando los grupos empresarios nucleados en la UIA y AEA no hubieran expresado su alarmante rechazo a la medida y compañías como Siderar no desconocieran el DNU en sus asambleas ordinarias buscando judicializar la situación, la designación de directores adicionales o nuevos en aquellas firmas donde todavía no se incorporaron representantes del Estado no será un ejercicio sencillo. Poseer el 20 por ciento de las acciones de una empresa no implica que Anses podrá nombrar directivos en esa compañía. Además en ningún caso el sector público tendrá mayoría: “Ninguna empresa sale a la Bolsa para entregar el control de su empresa. Si deciden capitalizarse se asegurarán de preservar el control de las decisiones estratégicas y se quedarán con las acciones necesarias para ejercer esa situación”, señalaron fuentes oficiales a este diario.

Por eso, la posibilidad de incorporar directores dependerá de las estrategias que desplieguen los accionistas –públicos y privados– a la hora de votar esos cargos, las clases de acciones que posea cada uno y los mecanismos establecidos en los estatutos para la elección de esos puestos. En las distintas asambleas que se celebrarán hasta fin de mes, la Anses recurrirá a la acumulación de votos, un mecanismo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales para garantizar la representación de los socios minoritarios en las votaciones. La herramienta se puede utilizar para elegir hasta un tercio del directorio. En lugar de votar cada caso individual de acuerdo con el porcentaje que posee, Anses puede juntar la totalidad de los votos que tendría durante el proceso y utilizarlos en bloque. Si en la conformación de un directorio de diez personas, el Estado posee el 20 por ciento de los votos, en lugar de usar 20 votos en cada oportunidad y perder sistemáticamente ante los controlantes, será posible acumular 200 votos para desplegarlos como considere en la elección de tres directivos.

La acumulación le permite aumentar su fuerza pero no garantiza la designación de directores en todas las empresas. Así sucedió en Molinos Río de la Plata donde, a pesar de contar con el 20 por ciento del paquete accionario, el Estado no logró colocar ningún director en la asamblea del jueves pasado. La empresa no desconoció el DNU 441, sino que la estrategia desplegada por Anses no resultó suficiente para asegurar la presencia de un hombre de confianza en la empresa que fue recientemente suspendida por AFIP del registro de operadores de granos. La firma agroalimentaria perdió los beneficios fiscales del régimen por triangular sus exportaciones con paraísos fiscales y abusar de un acuerdo de doble tributación con Chile que le permitieron evadir la totalidad del pago del Impuesto a las Ganancias por esas operaciones.

El mercado de trabajo en América latina recuperó el nivel de desempleo previo al estallido de la crisis global, pero la región arrastra un conjunto de debilidades estructurales en la esfera laboral que erosionan y ralentizan esa recuperación. En su primera entrevista con un medio gráfico, Elizabeth Tinoco, flamante directora regional de la Organización Internacional del Trabajo, advierte que la creación de puestos de trabajo se encuentra estancada y resalta la relevancia de las políticas públicas activas de empleo para dinamizar ese proceso. “Es imposible pensar en una recuperación económica, de largo aliento sostenible, aplicando las mismas políticas que condujeron a la crisis. Mantener el empleo y la demanda interna es fundamental”, enfatizó a Cash la venezolana en referencia a los programas de ajuste que impulsa el FMI en distintos países.

¿Cómo espera la OIT que evolucione el escenario laboral en América latina?

–Somos optimistas. Moderados, pero optimistas. El desempleo a nivel regional está ubicado en 7,3 por ciento, en niveles previos a la crisis. Eso implicó la creación de 2,1 millones de puestos de trabajo más de lo que se había destruido durante la crisis. Pero todavía no se trata de empleo de calidad. Argentina y Brasil son los casos más elocuentes donde se logró enfrentar la crisis con políticas anticíclicas, activas para preservar el empleo. Mantuvieron la demanda interna, que es lo fundamental. Si bien la tasa de desempleo urbano en la región en 2010 regresó a los niveles precrisis, en la práctica nos encontramos frente a un estancamiento. A pesar de que la economía regional crecerá más del 4 por ciento, según nuestros cálculos, la tasa de desempleo en 2011 no variará y será del 7,3 o 7,2 por ciento.

¿Cuáles son las principales debilidades que exhibe el mercado de trabajo regional?

–La informalidad en la Argentina alcanza al 35 por ciento de la fuerza de trabajo, pero en otros países latinoamericanos supera el 50 de la población activa. Frente a este problema debemos encontrar fórmulas innovadoras e implementar políticas activas de empleo, incorporando herramientas que brinden capacitación, formación profesional para mejorar las posibilidades de obtener un empleo. Los programas como la Asignación Universal por Hijo y la Bolsa Familia también colaboran para combatir la informalidad.

Capacitar a los trabajadores para mejorar su “empleabilidad” parece una solución incompleta.

–La informalidad preocupa a todos en la OIT, trabajadores, empresarios y gobiernos. Tenemos que lograr incorporar a todos en las redes de la seguridad social. Las políticas públicas activas que ofrezcan una adecuada preparación de los trabajadores para enfrentar la demanda laboral son necesarias. La inspección, más si es digitalizada como la que incorporó recientemente el gobierno argentino, es importante. También es necesario mantener actualizados los salarios mínimos.

Además de la informalidad, existen dificultades en la inclusión de los jóvenes al mercado de trabajo en la Argentina. ¿Cómo es la situación a nivel regional?

–El porcentaje de jóvenes en la informalidad y desocupados es muy superior al promedio. El 13 por ciento de los jóvenes en América latina está desocupado, porcentaje que asciende al 17 por ciento si se toma a las mujeres jóvenes. La desocupación de los jóvenes duplica el promedio de la región y de cada 100 nuevos empleos, 82 son en el sector informal. La región aprovechó su posición ventajosa frente al resto del mundo y logró sortear los embates de la crisis desde una posición mucho más confortable que muchos países desarrollados, pero persisten algunos aspectos muy negativos.

La OIT enfatiza la relevancia de las políticas activas para crear empleos de calidad, pero muchos países de la región encuentran dificultades para legitimar ese tipo de herramientas.

–Tiene que ver con la concepción del rol del Estado que existe en cada país, con la historia de sus políticas económicas y también con el espacio fiscal que poseen para financiar estas políticas activas. La Argentina contaba con la experiencia desde 2002 que le otorgó una mayor cintura para responder activamente durante la crisis. Se trata de implementar políticas que contribuyan a mejorar la distribución de la riqueza. Para nosotros es imposible pensar en una recuperación económica, de largo aliento sostenible, aplicando las mismas políticas que condujeron a la crisis. El crecimiento económico sin empleo no es sostenible

“Vamos a continuar con la intervención en el mercado cambiario para asegurar la competitividad, preservaremos las herramientas para regular los movimientos de capitales de corto plazo y seguiremos acumulando reservas más allá de lo que pretenda imponer el Fondo Monetario Internacional”, aseguró a Página/12 la presidenta del Banco Central Mercedes Marco del Pont. La funcionaria se encuentra en Estados Unidos, donde ayer expuso en la prestigiosa Minsky Conference que organiza el Levy Institute en Nueva York. Hoy participará en Washington con la comitiva argentina del encuentro de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G-20. Desde los andenes de la Penn Station, mientras esperaba el tren que la condujo hacia la capital norteamericana, la funcionaria dialogó telefónicamente con este diario.

–¿Cuál será la posición que llevará Argentina a la reunión del G-20?

–Hay varios puntos en discusión a partir de un conjunto de propuestas que provienen de documentos del FMI. El Fondo ofrece una visión cuestionable desde el interés de los países en desarrollo y recomienda la apreciación del tipo de cambio como herramienta para amortiguar el alza en el precio de los commodities. El documento del Fondo es vergonzoso. También proponen que los países en desarrollo, para evitar el “recalentamiento”, avancemos en la consolidación fiscal, un nuevo eufemismo para el ajuste. Es cierto que el FMI reconoce ahora que el ingreso irrestricto de capitales puede ser negativo, pero se adjudican la capacidad de decir cuándo y cómo se tiene que usar. Nosotros no vamos a ceder en nuestra posición sobre los controles a la entrada y salida de capitales, la acumulación de reservas, desendeudamiento y la intervención en el mercado cambiario.

–¿Por qué?

–Porque sus propuestas implican la exportación de la crisis a los países en desarrollo. La corrección de los desequilibrios globales no puede limitar la política económica. En el debate sobre los desbalances globales subyacen las tensiones entre China y Estados Unidos, pero nos meten a todos en la misma bolsa. Según su visión, para rebalancear la economía mundial tenemos que incurrir en déficit de cuenta corriente. Los países en desarrollo como Argentina tienen que hacer lo contrario, privilegiar el superávit para evitar estrangulamiento del sector externo. Como sucedió en los encuentros del G-20, los gobiernos latinoamericanos, Turquía, India y China llegamos con un consenso muy sólido para resistir cualquier propuesta que apunte a condicionar los grados de libertad.

–Funcionarios de distintos gobiernos y organismos multilaterales plantearon la necesidad de regular el precio de los commodities.

–Vamos a rechazar cualquier iniciativa de regulación que condicione los ingresos de exportación de los países en desarrollo. Eso es muy diferente a plantear una discusión sobre la necesaria regulación de la especulación financiera con instrumentos derivados. Sin políticas como la preservación del tipo de cambio, la acumulación de reservas y los controles de capitales que aplica Argentina no es posible hacer frente a las presiones hacia la reprimarización que enfrentamos los países de la región. Para promover la industrialización en un escenario de altísimos términos de intercambio para las materias primas es necesario ofrecer políticas públicas y protección. Es cierto que todavía falta mucho en materia distributiva. Pero si en los últimos años sólo hubiera viento de cola por la soja no hubiéramos tenido las mejoras que se observan ahora. Fue resultado de políticas públicas que tuvieron como eje la redistribución del ingreso y el crecimiento del empleo, en cantidad y en calidad.

–¿Cuál fue la respuesta de los participantes de la Minsky Conference luego de su exposición?

–Precisamente la presentación que llevamos buscó evidenciar que la cuestión financiera está directamente vinculada con lo que sucede en el mercado de trabajo y con la distribución del ingreso. No son compartimientos aislados. Fue frente a un público compuesto por economistas heterodoxos, pero también funcionarios de distintos gobiernos y muchos miembros de la industria financiera que se mostraron sorprendidos con los datos positivos de empleo, distribución del ingreso y recomposición salarial. En los foros internacionales se discute mucho sobre la regulación pero no se habla de dónde va a salir la demanda necesaria para sostener el crecimiento.

La decisión del Gobierno que habilitó la designación de representantes del Estado en el directorio de las empresas donde el sector público posee una parte del capital social recibió un férreo rechazo del establishment empresario. La Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina, los representantes institucionales de los grupos económicos más poderosos, emitieron dos comunicados similares para cuestionar el decreto de necesidad y urgencia que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Encabezadas por el Grupo Techint, principal exponente en ambas instituciones, la UIA y la AEA expresaron su “preocupación” por los cambios, llamaron a rever la medida y enfatizaron la necesidad del gobierno privado de la actividad empresaria. El lamento empresario, que no fue unánime, no tuvo un correlato en las cotizaciones de las firmas en la Bolsa de Comercio porteña. Desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida y explicaron que busca ampliar el control sobre las empresas donde están invertidos los recursos de la seguridad social, influir en las decisiones de inversión para lograr una mayor creación de puestos de trabajo e impulsar el desarrollo de las firmas para proteger los fondos públicos.

La oposición vertida en los comunicados reactivó el cuestionamiento empresario sobre el rol del Estado y evidenció la preocupación por el aumento en la capacidad del sector público para observar en detalle el accionar y las estrategias de las compañías. “La gestión de las empresas privadas debe mantenerse en manos privadas” y “Preocupación de la UIA por injerencia estatal en la gestión empresaria” son los títulos que eligieron las entidades patronales para sus declaraciones institucionales. Fuera de esas proclamas, dirigentes de esas cámaras interpretaron en diálogo con este diario que el nombramiento de los nuevos directores por el Estado puede ser un paso previo a la nacionalización de empresas estratégicas. A su vez, muchas empresas recordaron que desde que el Gobierno nacionalizó el sistema previsional ofrecieron sistemáticamente recomprar sus activos, algo que la Anses nunca aceptó por el buen rendimiento de las acciones.

“Para avanzar en el camino de un vigoroso desarrollo económico y social es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando el avance de la participación estatal”, sostiene el texto que difundió AEA, entidad que preside Jaime Campos, directivo de Aceitera General Deheza. Los asociados más relevantes de AEA son el Grupo Clarín y Techint. En tanto, la Unión Industrial, cuya conducción también responde al holding que preside Paolo Rocca, expresó “su preocupación por la modificación” y advirtió que atenta contra la promoción de la actividad privada. En la UIA tampoco se olvidaron de dedicar un párrafo a expresar su perturbación ante “las declaraciones públicas de importantes dirigentes sindicales que solicitaron participación en los directorios”, ya que “aumenta la incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas” (ver aparte).

En diálogo con Página/12, en el Ejecutivo enfatizaron que “la experiencia acumulada durante más de un año en muchas de las empresas que hoy difunden sus lamentos fue más que positiva. Eso no quiere decir que no exista tensión entre las posiciones pero la actividad privada siguió siendo muy lucrativa”. A pesar de las expresiones institucionales, no todas las empresas donde el Estado posee acciones cuestionaron la decisión: “El Gobierno ejercerá el derecho político que le da la tenencia en cada una de las empresas. Eso no me parece ningún disparate”, sostuvo el presidente del fondo de inversión Consultatio, Eduardo Costantini.

Así como Consultatio, otras empresas que recibirán directores estatales evitaron confrontar con el Gobierno. Según admitieron fuentes oficiales, varias de ellas antes que sumarse a la embestida de la AEA y la UIA prefieren negociar en privado quiénes serán los representantes de la Anses que llegarán a sus empresas. Hay otras, en cambio, que deslizaron que estudiarán el decreto 441 para determinar si pueden iniciar acciones legales para evitar su aplicación.

La legislación establece que las empresas tienen cuatro meses para celebrar sus asambleas accionarias una vez que cerró su ejercicio económico. Por lo tanto, aquellas firmas que consolidan sus estados contables el 31 de diciembre tienen hasta fin de mes para organizar los encuentros. Precisamente mañana será el turno de la asamblea de Siderar, perteneciente a Techint.

El Estado mantiene desde fines de 2010 una puja con la compañía para colocar al economista Axel Kicillof, cercano al presidente de Aerolíneas Argentinas y dirigente de La Cámpora Mariano Recalde, como reemplazo de Aldo Ferrer, quien fue designado como embajador en Francia. En lugar de Kicillof, Siderar dejó trascender que postulaba como alternativa para ocupar el puesto correspondiente al Estado al ex director de la Cepal Bernardo Kosakoff. Pero la Anses no aceptó la oferta e insistió con Kicillof, quien ahora tendrá el camino despejado para ingresar al directorio, junto a dos nuevos representantes estatales. Esta posición del Gobierno aumentó los temores de Techint al fantasma de una supuesta nacionalización de Siderar. Allegados al grupo de los Rocca afirmaron que hace dos años el diputado José María Díaz Bancalari hizo una mención al respecto, durante un conflicto gremial, y rememoraron la nacionalización de Sidor –otra empresa del holding– en Venezuela por parte de Hugo Chávez.

La UIA y AEA enfatizaron la necesidad de preservar la limitación del 5 por ciento del derecho a voto, más allá de la magnitud de la inversión, que derogó ayer el DNU 441/11. Esa cláusula se estableció en tiempos de las AFJP para “impedir que intentaran controlar el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones”, recordó la UIA. En los considerandos, el DNU responde que esa situación no se da con los representantes del Estado. A su vez, argumenta que la limitación al ejercicio de los votos afecta la capacidad del FGS para defender la administración de los activos.

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El FMI estimó que Argentina crecerá seis por ciento durante 2011. Este organismo subestimó sistemáticamente el recorrido futuro que podía tener el Producto a lo largo de la última década y realizó reiteradas advertencias sobre la escasa sustentabilidad del proceso económico. Este año la proyección estuvo en sintonía con las cifras que manejan en el Gobierno y supera a las elaboradas por economistas del establishment. Sin embargo, a pesar de prever que el país tendrá el segundo nivel de crecimiento más elevado de América latina, el Fondo calculó que será el único de la región donde aumentará el desempleo. De acuerdo con los técnicos del FMI que elaboran el Panorama Económico Mundial, el desempleo promedio trepará del 7,7 registrado el año pasado hasta el 9,0 por ciento. En el Ministerio de Trabajo, distintos centros de investigación y hasta economistas de la city señalaron a Página/12 que ese dato es de una profunda inconsistencia técnica, además de improbable, y hasta especularon con que se trató de un error durante la redacción del informe, por lo disparatado.

Un proceso de crecimiento que redunde en mayor desempleo no es impensable técnicamente ni ajeno a la historia nacional. Durante los primeros años de la convertibilidad, en 1993 y 1994, el PIB crecía impulsado por el ingreso de capitales, el endeudamiento y la valorización financiera, mientras que el desempleo trepaba por arriba de los dos dígitos. La apertura comercial irrestricta y la apreciación cambiaria impulsaron la destrucción del empleo industrial, el proceso privatizador y los ajustes del gasto también implicaron la reducción del mercado de trabajo.

“Mientras crezca la producción de bienes no puede aumentar el desempleo. Dentro del patrón de crecimiento actual, la proyección del FMI no tiene ningún respaldo empírico ni teórico”, cuestionó el especialista de la UBA Daniel Kostzer. Desde 2003, Argentina registró una sostenida recuperación en los indicadores laborales, pero las mejoras cuantitativas y cualitativas del empleo se desaceleraron en los últimos años. En el Ministerio de Trabajo no ignoran ese comportamiento, pero advierten que “las proyecciones del Fondo resultan paradójicas, puesto que en el cuarto trimestre de 2010 se superó la cantidad de puestos de trabajo registrados previos a la crisis”. Además, anticiparon a Página/12 que en febrero se alcanzó la tasa de crecimiento mensual de empleo formal más elevada de los últimos 33 meses. Por eso, para alcanzar un promedio del 9 por ciento de desempleo en el año como espera el Fondo, el deterioro de la estructura ocupacional a lo largo de los próximos meses debería ser muy pronunciado.

Durante la recesión de 2009, el Gobierno desplegó un conjunto de herramientas como el programa de Recuperación Productiva (Repro) para preservar los niveles de empleo. La desocupación llegó a rozar, en el tercer trimestre, el 9,1 por ciento. Pero el promedio anual –el dato que proyecta el FMI– fue de 8,7 por ciento. En ese período operó un mecanismo que se conoce como atesoramiento de empleo, donde las empresas conservaron sus dotaciones gracias a las políticas públicas y las expectativas de que la crisis tendría impacto temporal. Así, explican en Trabajo, la fuerte recuperación económica de 2010 exhibió un menor ritmo de creación de puestos de trabajo: la creciente producción se realizó con mano de obra que ya estaba disponible en las empresas. En la cartera laboral explican que el agotamiento de ese recurso, en un escenario de crecimiento en los niveles de inversión se traducirá en una mayor demanda de mano de obra, arrojando por la borda la estimación del Fondo.

En la versión de octubre, el documento del FMI estimaba un crecimiento del PIB del 4,0 por ciento y un desempleo del 8,6 por ciento. La actualización del documento a partir de la nueva evidencia empírica elevó la proyección del FMI al 6 por ciento y hasta el 9 por ciento, respectivamente. “Es un dato ridículo, no es consistente con la proyección de crecimiento. Tiene que ser un error en la mecanografía, que será corregido. Si mejorás tu estimación del PIB dos puntos porcentuales, el desempleo tiene que retroceder necesariamente, aunque sea levemente”, explicó el consultor Miguel Bein. El investigador del Cedes Mario Damill consideró que un escenario como el que plantea el organismo multilateral es “poco probable”, ya que el efecto de la apreciación del tipo de cambio “no opera inmediatamente, sino con bastante rezago y no tendrá relevancia este año”.

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Disponibilidad de agua potable fría y caliente, habitaciones con pisos de material y ventanas, heladeras y el derecho a conocer dónde desempeñarán sus tareas y las remuneraciones que recibirán son algunas de las condiciones mínimas de empleo para los trabajadores rurales temporarios de todo el país que estableció la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). A través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, el organismo tripartito donde conviven las cuatro cámaras patronales, el sindicato del sector y el Estado busca brindar un paliativo transitorio a los vacíos legales en materia de protección de los asalariados rurales estacionales, mientras que el Gobierno impulsa el tratamiento legislativo de un nuevo Estatuto del Peón Rural. La normativa, que prohíbe el trabajo infantil, no cuenta con el apoyo de Federación Agraria, Confederaciones Rurales, Coninagro ni Sociedad Rural.

La resolución alcanza a todos los trabajadores agrarios temporarios, cíclicos y estacionales de todo el país, quienes representan alrededor de dos tercios de los asalariados del sector. El objetivo es establecer un piso mínimo para los asalariados migrantes, prácticamente ignorados por la legislación vigente. Los 28 artículos abarcan desde los aspectos materiales de las viviendas hasta derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, el trato digno y la preservación de la salud. La resolución de la CNTA apunta a homogeneizar los dispersos antecedentes normativos vigentes en distintas actividades y regiones. A su vez, al establecer pautas mínimas, facilita el proceso de fiscalización.

Alojamiento: Las viviendas deben ser construidas con materiales que garanticen un adecuado estándar de confort, dispondrán de una ventana por cama y la capacidad para ofrecer un volumen de aire mínimo de 15 metros cúbicos por persona. Los pisos deben aislar la estructura del suelo y no deben existir filtraciones de aire o agua. Los establecimientos tienen que ofrecer energía eléctrica las 24 horas, agua potable y heladeras.

Servicios sanitarios: Los establecimientos deberán contar con una ducha, un inodoro, un orinal y un lavabo cada cuatro trabajadores. Estos servicios deben ser independientes para cada sexo. A su vez, debe existir una cámara séptica y un pozo atmosférico.

Información: El empleador está obligado a informar a los trabajadores el lugar geográfico donde de-sempeñarán sus tareas, la forma y período de pago del salario, la ubicación de las autoridades laborales y entidad sindical más cercanas, así como los riesgos de las actividades que realizarán.

Trabajo infantil y cuidado de los niños: Se prohíbe el empleo de chicos menores de 16 años y los empleadores deberán habilitar espacios de contención para los menores.

Alimentación: La comida debe ser sana, adecuada y variada. Si los trabajadores no pueden adquirir esos bienes en los centros de abastecimiento por la distancia o dificultades de transporte, el empleador podrá venderlos siempre y cuando sea solicitado por el asalariado y que el precio sea igual o inferior al vigente en la zona. Los patrones no podrán descontar del salario en forma directa esas compras.

Comunicación: Las empresas deben proveer un teléfono celular por cada 15 trabajadores, pudiendo realizar cada uno una llamada diaria sin cargo.

Envases tóxicos: Los envases que contengan o hubieran contenido sustancias como fertilizantes deben ser almacenados en lugares alejados de las viviendas y estar bien señalizados.

“Ante la ausencia de una definición sobre condiciones mínimas cualquier cosa podía ser válida”, explicó a Página/12 el subsecretario de Relaciones Laborales y presidente de la CNTA, Alvaro Ruiz. A las paupérrimas condiciones de trabajo y escasos salarios que exhibió históricamente el ámbito rural, se sumó la emergencia reciente de un conjunto de episodios de reducción a la servidumbre. “En los últimos años avanzamos en regular algunos sectores o regiones específicas, pero luego de las situaciones de abuso y trabajo esclavo en actividades con renta extraordinaria explotadas por empresas multinacionales se decidió una intervención muy fuerte para los trabajadores temporarios.” El Ministerio de Trabajo, que conduce Carlos Tomada, presentó a la CNTA durante el primer encuentro del año una propuesta para establecer condiciones mínimas de protección. Los representantes de la Mesa de Enlace y el sindicato recibieron el borrador y solicitaron más tiempo para analizarlo. El debate se postergó hasta mediados de marzo.

En la reunión del 16 de marzo, FAA, SRA, Coninagro y CRA volvieron a solicitar más tiempo, pero su pedido fue rechazado por una votación. Ante la negativa a una nueva dilación, las cámaras patronales, que poseen dos votos, se retiraron del encuentro antes de comenzar las discusión pormenorizada de los 28 artículos. Los representantes de los trabajadores no siguieron a sus patrones, habilitaron el debate y apoyaron con sus dos votos la normativa publicada ayer en el Boletín Oficial.

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Durante la exitosa temporada de verano, el empleo no registrado en los principales centros turísticos ascendió hasta 34 por ciento. La cifra global de las irregularidades laborales detectadas está en sintonía con el promedio de 33,7 por ciento a nivel nacional que informó recientemente el Indec para el cuarto trimestre de 2010. Sin embargo, los primeros resultados de los operativos que realizaron los inspectores del Ministerio de Trabajo entre diciembre y marzo, a los que accedió Página/12, evidencian que en algunos destinos de la costa atlántica, el interior del país y en actividades como la gastronómica, la precarización de los asalariados superó el 60 por ciento.

Las vacaciones se presentan como una oportunidad para un aumento de los abusos empresarios sobre la legislación laboral: se trata de puestos de trabajo que duran pocas semanas, con bajas remuneraciones y son ocupados por jóvenes, uno de los segmentos más débiles de la estructura ocupacional. “Los indicadores mejoran año tras año pero sabemos que todavía falta, las cifras son elevadas. Es necesario que el trabajo no registrado siga retrocediendo. En ese proceso, la recuperación de la capacidad de inspección juega un rol muy importante”, señaló Guillermo Navone, subsecretario de Fiscalización, quien adelantó a este diario los resultados de las 18 mil inspecciones realizadas en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), que alcanzaron a más de 50 mil asalariados.

En la Costa Atlántica, los relevamientos en los establecimientos dedicados a la elaboración de productos alimentarios (alfajores, pan, facturas y chocolates) arrojaron una tasa de no registración del 46 por ciento. En tanto, en los restaurantes la precarización alcanzó a más del 50 por ciento de los asalariados. En el rubro gastronómico, una porción significativa de los mozos y el personal de cocina está inscripto por media jornada aunque trabaja dos turnos. Así, los empleadores evitan pagar las cargas sociales correspondientes. El subsecretario de Fiscalización estimó que si se contemplan esos casos fraudulentos, la informalidad dentro del gremio que encabeza Luis Barrionuevo puede trepar hasta el 70 por ciento. El funcionario comentó que la contratación temporal legal en los comercios de la costa se ubicó en el 27 por ciento.

En Mar del Plata, los inspectores encontraron una tasa de no registración del 24 por ciento, pero a 60 kilómetros de La Feliz, en Villa Gesell, las irregularidades alcanzaron al 31 por ciento de los trabajadores relevados. Mientras tanto, la precarización laboral en la ciudad de Tandil trepó hasta el 61 por ciento. “No sólo se multa a los empresarios y se realiza un seguimiento de los trabajadores sino que se genera el riesgo sobre el resto de los empleadores”, precisó Navone. Corrientes, Tucumán y Jujuy evidenciaron cifras similares. En el NOA y NEA, las elevadas cifras se extienden hacia todas las actividades y crecen aún más en las explotaciones agropecuarias.

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La AFIP suspendió ayer a la multinacional cerealera Molinos Río de la Plata del registro de operadores de granos. La firma se sumó así a otras exportadoras cerealeras como Bunge, Cargill, Nidera o Louis Dreyfus, que en los últimos meses habían perdido los beneficios fiscales que perciben por figurar en ese listado. A diferencia del resto de las empresas sancionadas al utilizar facturas apócrifas o triangular exportaciones con paraísos fiscales, Molinos incorporó un nuevo eslabón en su ingeniería fiscal nociva que le permitió eludir totalmente el pago del impuesto a las ganancias por sus exportaciones de granos. Se trata del abuso de un tratado impositivo que Argentina mantiene con Chile.

El esquema fiscal organizado por la empresa del grupo Perez Companc que detectó la AFIP durante una inspección en 2007 es novedoso y, según el Ministerio de Economía, “abusivo”. La primera parte de la operatoria se basa en la triangulación de exportaciones con tres subsidiarias uruguayas, Molinos Uruguay, Molinos Overseas Uruguay y Alimentos del Plata Uruguay, y en menor medida una peruana. Ese mecanismo se mantuvo hasta 2004 cuando la empresa incorporó un nuevo eslabón a su cadena de elusión.

A partir de ese momento, los beneficios de las operaciones se consolidan en Uruguay y son girados al Holding Molinos Chile. Allí, la firma chilena no debe pagar ningún monto en concepto de ganancias ya que está estructurada como “sociedad de plataforma”, que le permite no pagar el impuesto a la renta si ésta se generó fuera de su país. Finalmente, los dividendos se remiten a la dueña del holding: Molinos Argentina donde tampoco deberán tributar Ganancias. Gracias a la existencia de un tratado de doble imposición entre Argentina y Uruguay, que pretende garantizar que no se pague impuestos por el mismo concepto dos veces, esos dividendos no abonan el tributo al ingresar en el país. De esta forma, la empresa consigue elaborar una estructura tributaria que le permite evitar todo pago de impuesto a las ganancias por sus exportaciones de granos.

El organismo recaudador reclama a la compañía el pago del tributo correspondiente a 410 millones de pesos de dividendos percibidos entre 2004 y 2009. La empresa no reconoció esas diferencias y el caso pasó a la justicia. En un comunicado dirigido ayer a la Bolsa y la CNV, la firma cotizante aseguró haber cumplido con sus obligaciones fiscales e informó que, como sucedió con el resto de las empresas, se defenderá legalmente. La multinacional Molinos fue suspendida en su carácter de acopiadora de granos. Desde ayer la empresa pasó a pagar de 2 a 15 por ciento en concepto de las retenciones que se realizan por las ventas al mercado interno y deberá ingresar un IVA del 10,5 por ciento.

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El diputado nacional del Frente para la Victoria y abogado de la CGT, Héctor Recalde, volvió a presentar en la Cámara de Diputados su proyecto de ley para crear un Fondo Empresario Anticrisis. La iniciativa que había perdido estado parlamentario fue diseñada durante la desaceleración económica de 2009 como un mecanismo destinado a evitar que las compañías en crisis suspendan trabajadores o reduzcan la jornada laboral, y así evitar despidos masivos a través de un subsidio. Para financiar ese fondo se creará una sobretasa a las alícuotas establecidas en el impuesto a las Ganancias para las rentas extraordinarias. Las firmas beneficiarias no podrán despedir trabajadores durante un lapso de dos años. Las políticas públicas ya cuentan con una iniciativa similar: el Programa de Recuperación Productiva (Repro), donde el Estado se hace cargo del pago de una parte del salario de los trabajadores. El nuevo instrumento colaboraría en el financiamiento de esa herramienta que durante la última crisis llegó a cubrir más de 142 mil trabajadores y requirió un desembolso entre enero y diciembre de 2009 de 510 millones de pesos.

Durante el ciclo recesivo de 2009, cuando el legislador presentó por primera vez el proyecto, se destruyeron alrededor de 350 mil puestos de trabajo según estimaron especialistas del Cenda, y el desempleo alcanzó el 9,1 por ciento. La existencia del subsidio que otorga el Repro cuando las empresas acreditan una situación crítica impidió que la desocupación trepara un punto porcentual más. El fuerte crecimiento del año pasado permitió recuperar los niveles de empleo precrisis y la cantidad de personas sin empleo retrocedió hasta 7,3 por ciento a fines de 2010. “La crisis pasó y el país está en pleno crecimiento, pero siempre es positivo tener un fondo anticrisis que sirva para implementar políticas anticíclicas destinadas a evitar un aumento en el desempleo y mejorar las condiciones de trabajo”, comentó Recalde en diálogo con Página/12. Ese fondo no reemplazaría al Repro sino que complementaría la necesidad de recursos del programa y permitiría construir un stock para momentos de crisis.

Esta iniciativa plantea un mecanismo de financiamiento solidario redistributivo al interior del sector empresario, ya que las compañías grandes con abultados márgenes de rentabilidad colaborarían para evitar que las firmas pequeñas despidan asalariados. Aquellas empresas con utilidades netas que superen el 20 por ciento de los ingresos del período pagarán tres puntos porcentuales más del impuesto a las Ganancias. La porción de esos impuestos, que de acuerdo con la ley de coparticipación corresponde a la Nación, se destinará al programa. La administración de ese fondo estará a cargo de un órgano tripartito en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Según sostiene el proyecto en sus fundamentos, “los sectores gravados por esta medida serán aquellos que por diversas circunstancias poseen un poder de mercado suficiente como para poder imponer condiciones muy favorables y que no son permeables a los mecanismos de la libre competencia”.

El diputado del FpV, que también impulsa una iniciativa para distribuir una porción de las ganancias empresarias entre los trabajadores, considera que el debate sobre el Fondo Empresario Anticrisis “es un tema interesante para discutir como preámbulo a una reforma integral del sistema tributario”.

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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner desplazó al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central por autorizar a un conjunto de bancos extranjeros a distribuir dividendos por una cifra cercana a los 500 millones de dólares sin consultar a las autoridades del BCRA. Oficialmente, Carlos Sánchez, un colaborador histórico del Gobierno proveniente de Santa Cruz, renunció a su puesto de auditor del sistema financiero por razones personales, aunque conservará su rol de director del BCRA. Extraoficialmente, distintos funcionarios explicaron que existía una creciente tensión entre las autoridades de la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont y Sánchez por el proceder “inorgánico” de este último en temas sensibles.

La situación que generó malestar en la Casa Rosada y detonó el pedido de renuncia fue que Sánchez autorizó, sin consultar ni informar a los directores del Banco Central, a distintas entidades extranjeras a distribuir dividendos y, por lo tanto, a remitirlos hacia sus casas matrices.

El superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias está encargado de supervisar y auditar todo el sistema bancario, así como de autorizar las fusiones y adquisiciones entre entidades. A su vez, el funcionario en el cargo posee la facultad para autorizar la distribución de los crecientes dividendos de las empresas del sector, pero en el BCRA una práctica habitual es informar en el directorio las novedades. Sánchez mantiene una relación tirante con Marcó del Pont y algunos miembros del directorio, quienes cuestionan la celeridad con la que avanza sobre temas sensibles, como puede ser la adquisición de un banco por otra entidad más poderosa o, en este caso, la distribución de dividendos.

Algunas semanas atrás, Sánchez decidió habilitar, aparentemente sin consulta previa, a distintos bancos de capital extranjero para repartir entre sus propietarios alrededor de 500 millones de dólares. Algunos funcionarios consideraron que se trató de una apuesta de quien fuera ministro de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz para demostrar poder. El resultado no fue el esperado y el permiso para girar al exterior los fondos causó malestar en la Casa Rosada, donde determinaron el final de sus funciones en el cargo. El contador Sánchez, que preservará su puesto de director del BCRA, terminaba el mandato de tres años en la Superintendencia dentro de cinco meses.

En el constante intercambio con el sector, las autoridades del Banco Central tienen pocos momentos donde pueden sentarse a negociar desde una posición de poder con las entidades. Las aperturas y adquisiciones son uno de esos episodios, el otro es precisamente cuando se distribuyen dividendos. Aunque muy posiblemente las propuestas de los bancos hubieran recibido el visto bueno del directorio, el mecanismo implementado por Sánchez para demostrar su fuerza dentro del Central impidió al Gobierno manejar los tiempos y establecer una negociación con las entidades financieras que permita, por ejemplo, aceitar la política de créditos que busca impulsar el Estado, o limitar el giro al exterior de los fondos. En el BCRA no confirmaron cuáles fueron los bancos extranjeros autorizados para girar fondos a sus accionistas.

De acuerdo con lo que establece la Carta Orgánica del BCRA, el vicesuperintendente, Sergio Chodos, ejercerá las funciones vacantes hasta que se designe un reemplazante para Sánchez. La ley establece que el Poder Ejecutivo designa al superintendente a partir de una propuesta que realiza la presidencia del Central. Si bien sostienen que no hay urgencia para nombrar a nadie, Santiago Carnero, un contador de Caleta Olivia designado director recientemente que antes de llegar a la autoridad monetaria se desempeñaba como director por el Estado en YPF. De todas formas, no existe urgencia por nombrar un reemplazante.

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El anuncio del aumento salarial del 24 por ciento más un plus de 69 pesos por día durante las vacaciones para los trabajadores camioneros fue el primer paso exitoso en la estrategia salarial del Gobierno para este año electoral, ante la frustrada convocatoria al diálogo económico y social tripartito. En el Poder Ejecutivo pretenden volver a establecer una pauta indicativa que se ubique entre el 23 y 24 por ciento para guiar las negociaciones a partir de la firma de un grupo de sindicatos, aunque reconocieron ante Página/12 que no será tarea sencilla. Desde el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo advierten que el aumento logrado por Camioneros no representa un techo para el resto de las actividades. En tanto, el Ministerio de Trabajo no ignora la existencia de colectivos laborales donde persisten remuneraciones bajas que requieren reivindicaciones superiores a la pauta deseada.

En la CGT y el Gobierno advierten que la magnitud y el momento de la paritaria firmada por el gremio que conduce Hugo Moyano está acompañada por un acuerdo con CFK referido al incremento en el mínimo no imponible y demás deducciones del Impuesto a las Ganancias. Ayer, en la central sindical fueron más allá y comentaron a este diario que “hay que esperar algunos días para que la Presidenta haga un anuncio referido al tema del Impuesto a las Ganancias”.

El renovado intento oficial por orientar los aumentos y desarticular los lamentos empresarios ante el reclamo de los trabajadores por preservar el nivel de ingresos reales comenzó bien. Pero mantenerlo no será sencillo, aseguran distintos funcionarios. “Con aumentos entre el 23 y 24 por ciento hay una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores y no disparan reclamos muy elevados que despiertan el llanto empresario”, señalaron a Página/12, para luego recordar que “cada sector tiene su realidad y ante esa situación no hay pauta indicativa que resista, pero es un instrumento válido para calmar las expectativas”.

Aunque reconocen el peso que significó entre los dirigentes sindicales, sostienen que el acuerdo de Camioneros no establece un techo a los reclamos. Explican que un aumento del 24 por ciento en el transporte de carga puede representar una mejora de 2000 pesos, “que sí permite preservar el poder adquisitivo, y será todavía mayor cuando se suba el mínimo no imponible”. Mientras que la misma magnitud en sectores con elevado trabajo no registrado, en sindicatos débiles como vestimenta, calzado, maestranza o vigilancia, entre otros, ese aumento no implican más de 700 pesos que habilitan la negociación de sumas más elevadas. “El acuerdo que firmó Moyano no es inocente. Más allá de si con el plus vacacional la mejora salarial sube del 24 al 26 por ciento, hay que esperar pocos días para que la Presidenta haga un anuncio sobre el mínimo no imponible que va a aumentar indirectamente los salarios de bolsillo de los trabajadores con mejores ingresos”, señaló ayer a este diario un colaborador cercano al secretario general de la CGT.

“Nunca renunciamos a establecer pautas indicativas para guiar los aumentos salariales a partir de la firma de cinco o seis grandes convenios, pero la crisis en 2009 y la aceleración de los aumentos de precios a comienzos de 2010, dificultaron llevar adelante esa práctica”, expresaron desde Trabajo. El año pasado Moyano firmó un acuerdo muy similar, pero lo hizo en julio cuando ya habían cerrado un grupo importante de sectores.

Esta vez se trató del primer convenio colectivo del sector privado en anunciarse, mientras que otros sectores ya comenzaron a negociar. En las actividades de transporte terrestre subsidiado (trenes, colectivos y subte), la Secretaría de Transporte pretende que se cierre un acuerdo del 23 por ciento en los próximos meses, en lugar de instrumentar una suma fija hasta octubre para definir los parámetros definitivos en ese momento como proponen algunos sindicatos. Además, según pudo saber este diario, la mejora para los trabajadores del Estado volvería a ubicarse por debajo de la pauta indicativa alrededor del 22-23 por ciento a pesar de tratarse de un año electoral.

En la actividad privada, los bancarios ya comenzaron a negociar. El sindicato pretende una mejora del 27 por ciento, aunque reconocen que posiblemente termine por debajo de esa cifra: “Los bancos tienen ganancias extraordinarias y poseen espaldas más que suficientes para otorgar los aumentos salariales que reclamamos”, explicaron desde La Bancaria. Una situación sectorial de bonanza similar, pero con salarios iniciales más bajos, experimentan los aceiteros en Rosario. En tanto, alimentación y metalúrgicos serán dos actividades donde pesen disputas políticas arrastradas de las últimas negociaciones.

La negociación salarial del Sindicato de Comercio porteño comenzará en los próximos días, en medio de una fuerte disputa de poder al interior del gremio que obligó a postergar sin fecha las elecciones de autoridades gremiales y amenaza con dejar acéfalo al colectivo durante las paritarias. Hace diez días, la Justicia laboral suspendió el acto electoral sindical por irregularidades en los padrones y obligó a la histórica conducción de Armando Cavalieri a entregar la totalidad de las listas a la agrupación encabezada por Oscar Nieva, que busca desplazarlo del cargo que ocupa hace más de 25 años. Nieva, quien alcanzó el cargo de secretario gremial del SEC junto con Cavalieri, cuenta con el apoyo del titular de la CGT, Hugo Moyano, y el diputado nacional del FpV Carlos Kunkel.

“Cavalieri no tiene voluntad de convocar a elecciones, no quiere que revisemos los padrones donde están inscriptos patrones y está preocupado porque los empleados de comercio puedan elegir a sus dirigentes”, expresó Nieva ayer a Página/12. Los comicios estaban previstos para el 23 de marzo y fueron suspendidos luego de que la Justicia hiciera lugar a un recurso solicitado por la lista opositora. Obligó a Cavalieri a facilitar los padrones a la oposición, donde según Nieva figuran empleadores y trabajadores que fallecieron, y a establecer una nueva fecha para las elecciones, con un mínimo de 30 días hábiles a partir de ese momento.

El problema es que el mandato de Cavalieri en el sindicato vence el 14 de mayo y es técnicamente imposible que se vote antes de esa fecha, forzando una intervención del gremio por parte de la Federación, que también conduce Cavalieri y debe renovar el cargo en septiembre. O un pedido de extensión de mandato al Ministerio de Trabajo que, según señalaron desde esa cartera, no sería otorgado a menos que el dirigente gremial asegure una fecha para las elecciones. En el medio de esta disputa de poder tendrá lugar la negociación salarial del sector, que se encuentra entre los más atrasados de la economía y con condiciones de trabajo paupérrimas en actividades como los supermercados.

Las negociaciones paritarias tuvieron anoche el primer plato fuerte del año. Desde la Casa Rosada, el sindicato de camioneros y las cámaras empresarias del transporte de carga anunciaron un acuerdo salarial de 24 por ciento para todos los trabajadores del sector. La firma del convenio, que se negoció en el mayor de los secretos, se conoció luego de que Hugo Moyano, titular del gremio, y Luis Morales, representante del sector empresario, le informaran a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los detalles de lo acordado. La mejora en las remuneraciones se distribuye en tres partes no acumulativas: 12 por ciento en julio, 6 por ciento en noviembre y 6 por ciento en marzo de 2012. La cifra se convierte en la primera referencia de peso para los convenios del sector privado. Durante el distendido encuentro con CFK, Moyano le dijo: “Tenemos una charla pendiente”, ante lo cual la mandataria asintió. Luego, en otro pasaje de la reunión, el titular de la CGT hizo una referencia tangencial a la necesidad de aumentar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, pero no pasó de ahí.

Las negociaciones entre las partes comenzaron hace veinte días y los pormenores de la paritaria se negociaron en privado, entre el sindicato de camioneros y la federación empresaria (Fadeeac), aunque existieron intercambios permanentes con las autoridades de la cartera laboral y otros funcionarios. Los aumentos alcanzan a alrededor de 180 mil asalariados que se desempeñan en las distintas ramas del sector. El salario mensual de un chofer que recorre la ciudad de Buenos Aires superará los 7500 pesos por mes en marzo de 2012, cuando se termine de incorporar la mejora pactada. La estimación de los salarios en el sector no es sencilla, ya que en el convenio de camioneros existen una serie de adicionales que elevan la remuneración de los trabajadores por encima de los básicos.

La tensión que generó el pedido de información de la Justicia suiza y la frustrada convocatoria al paro postergaron algunos días el anuncio, pero las conversaciones entre las partes siguieron su curso y concluyeron en un distendido encuentro en la Casa Rosada. En diálogo con Página/12, Carlos Tomada se mostró conforme con las características del convenio y precisó que “el acuerdo contempla además un plus vacacional de 69 pesos diarios”. “Es un componente del salario vinculado con la comida que no se percibía durante las vacaciones. Ahora esa suma es remunerativa y también se cobra en el descanso”, precisó el ministro de Trabajo.

El año pasado el acuerdo de camioneros tuvo características muy similares: un aumento del 25 por ciento escalonado en tres etapas idénticas a las del anuncio de ayer: julio, noviembre y marzo. La principal diferencia con ese convenio es que en 2010 la paritaria se firmó en junio, cuando un grupo importante de gremios ya habían cerrado sus aumentos salariales y el promedio de las mejoras rondaba el 30 por ciento. En ese momento, junio de 2010, Moyano expresó a este diario: “Llegar al 25 por ciento no fue fácil, estamos conformes. No queríamos hacer algo que no se pueda cumplir. Los gremios con sueldos importantes siempre nos manejamos alrededor de esta cifra, pero hay muchas actividades con sueldos atrasados”, sostuvo para explicar la diferencia con otras paritarias.

Este año, el momento y la magnitud del acuerdo reactivan el intento oficial por establecer una pauta indicativa para el promedio de los aumentos salariales y aplacar el discurso empresario que alarma sobre un inminente desborde inflacionario cuando los trabajadores comienzan a reclamar por la mejora en sus ingresos. “No existe ni un piso ni un techo, cada actividad tiene su realidad e inciden muchas variables más allá de la inflación. Pero siempre existen 5 o 6 convenios que buscamos que sean una referencia. Buscamos que sirvan para controlar las expectativas”, comentó a este diario un funcionario que siguió de cerca la negociación. Luego de conocerse el acuerdo, colaboradores cercanos a Moyano en el Consejo Directivo de la CGT explicaron a Página/12 que “más allá de lo que firme Camioneros, los acuerdos salariales promedio del año girarán alrededor del 28 por ciento. Cada actividad tiene su propia realidad, cada sindicato sabe lo que puede pedir, algunos como Camioneros se ubicarán por debajo de esa línea y otros la van a superar”.

“El acuerdo firmado ayer demuestra la importancia del funcionamiento de las paritarias. Otorga un marco de previsibilidad y razonabilidad dentro de un desempeño macroeconómico que impulsa el crecimiento del país, que genera empleo, mayores salarios y más consumo interno”, comentó a este diario el ministro de Economía, Amado Boudou.

Charla pendiente

El reclamo de la CGT sobre el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias quedó pendiente para otro encuentro, cuando Moyano se reúna con CFK en su carácter de secretario general de la central sindical. El dirigente gremial le recordó esa cita. “Tenemos una charla pendiente”, le dijo durante la reunión en la Casa Rosada, donde también se vivió un momento de distensión cuando los participantes comentaron las declaraciones matutinas de Moyano en apoyo a Boudou: “Tengo dos ministros excelentes”, sostuvo CFK.

En ámbitos gremiales y en el gobierno interpretaron el cierre de la paritaria de los camioneros como un guiño de Moyano para facilitar la cuestión de la suba del mínimo no imponible de Ganancias. Esa medida tiene un impacto directo en las remuneraciones de bolsillo de los trabajadores de mayores ingresos.

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Los trabajadores rurales temporarios de todo el país contarán desde los primeros días de abril con una estructura legal que pretende asegurar el cumplimiento de condiciones mínimas de empleo que contemplan desde el suministro de agua potable hasta la prohibición del trabajo infantil. La resolución que aprobó la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un espacio donde conviven el Estado, el sindicato del sector y las cuatro cámaras patronales, ofrece un paliativo transitorio a los vacíos en materia de protección de los asalariados rurales estacionales mientras que el Gobierno impulsa el tratamiento en el Congreso de un nuevo Estatuto del Peón Rural. La normativa no cuenta con el apoyo de Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro, ni Federación Agraria. Cuando la CNTA discutió los distintos aspectos de la regulación, hace dos semanas, los representantes de la Mesa de Enlace abandonaron el encuentro.

A raíz de los distintos episodios de reducción a la servidumbre y condiciones de empleo infrahumanas detectados en los últimos meses, los técnicos del Ministerio de Trabajo que encabeza Carlos Tomada comenzaron a elaborar una propuesta para establecer condiciones mínimas de protección para los asalariados migrantes. Esos trabajadores representan a más del 66 por ciento del empleo rural y son prácticamente ignorados por la legislación vigente.

La propuesta que fue elevada a la CNTA a mediados de febrero establecía aspectos mínimos vinculados con la calidad de la vivienda en la que deben alojarse los trabajadores, las condiciones de los servicios sanitarios, la disponibilidad de energía eléctrica, los sistemas de cocina y medios de comunicación telefónica y la obligación del empleador de informar a los trabajadores dónde se encuentra el establecimiento, cuál será el salario y cuándo se abonará. A su vez, la norma –que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días– también especifica aspectos fundamentales como la libertad ambulatoria, preservación de la salud, el trato digno, la habilitación de espacios para la contención y el cuidado de los hijos de los trabajadores y la prohibición del empleo de menores de edad.

Durante el primer encuentro del año de la CNTA, celebrado a fines de febrero, las cámaras empresarias y el sindicato solicitaron más tiempo para analizar la propuesta y su tratamiento se postergó hasta el 16 de marzo, cuando las tres partes se habían comprometido a analizar el tema. No obstante, SRA, CRA, Coninagro, FAA y otras asociaciones de productores reclamaron una nueva prórroga, que fue rechazada en una votación. Antes de comenzar la discusión pormenorizada de los 28 artículos de la resolución 11/2011 las entidades agropecuarias –inclusive FAA cuyo presidente volvió a reunirse con el ministro de Trabajo una semana después para expresar su rechazo al trabajo esclavo– se retiraron del convite. Los representantes de los asalariados no siguieron a los patrones, permanecieron en el debate y finalmente se aprobó una normativa que establece parámetros mínimos en las condiciones de empleo rural para todos los trabajadores agrarios temporarios, cíclicos y estacionales de todo el país.

La resolución de la CNTA pretende homogeneizar los dispersos antecedentes normativos vigentes para los trabajadores migrantes y, según precisó el presidente de la comisión y subsecretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz, define a nivel nacional obligaciones mínimas que facilitan el proceso de fiscalización en las distintas actividades. El funcionario enfatizó que pueden existir particularidades que requieran adecuaciones de la nueva normativa, pero destacó que era necesario establecer un piso mínimo de derechos y condiciones. La resolución pretende anticiparse a la sanción del proyecto de ley que presentó en el Congreso el Gobierno para modificar la regulación del trabajo rural.

“No es un tema que hayamos descubierto ayer, tampoco dimos vuelta la historia. Pero hemos avanzado sobre la informalidad absoluta, el trabajo esclavo y el empleo infantil en el sector rural”, consideró el ministro Tomada, durante un encuentro con la prensa donde estuvieron presentes todos los secretarios de la cartera laboral. Allí, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, difundió los resultados de las fiscalizaciones realizadas por los inspectores de la cartera laboral en las distintas explotaciones agrarias en todo el país entre enero y marzo. Durante el primer trimestre del año la informalidad laboral en el sector rural ascendió hasta el 67 por ciento, pero las irregularidades treparon hasta el 75 por ciento en el noreste del país, la región pampeana y Cuyo.

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El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo decidió solicitar una audiencia “urgente” con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reclamar un incremento en el mínimo no imponible y en las demás deducciones del Impuesto a las Ganancias. El piso de ingresos a partir del cual un trabajador comienza a pagar el tributo se reinserta en el debate público como un elemento de negociación de la CGT, mientras los distintos sindicatos encaran sus paritarias. El reclamo de la central sindical, que volvió a tomar fuerza ayer durante un encuentro que encabezó Hugo Moyano, beneficia a los asalariados con remuneraciones que se encuentran por encima del promedio de la economía. En el Gobierno no ignoran el reclamo sindical y analizan distintas variantes para responder al reclamo cegetista.

El Impuesto a las Ganancias alcanza a más de 1,5 millón de asalariados. En 2010, el aumento fue del 20 por ciento, pero la cifra resultó insuficiente para los dirigentes sindicales, quienes todavía prefieren no arriesgar ningún número. En ese momento, alrededor de 130 mil trabajadores dejaron de pagar el tributo; sin embargo muchos de ellos volvieron a pagarlo a partir de los incrementos salariales acordados en las paritarias de 2010. El último incremento en los conceptos deducibles elevó la base salarial a partir de la cual se paga el tributo hasta 4818 pesos para los solteros y 6664,8 para los casados con dos hijos. Si esa cifra se repite este año, el piso para pagar el impuesto pasará a 5800 y 8000 pesos respectivamente.

Mientras que las primeras negociaciones salariales del año comienzan a tomar forma, la CGT reactivó ayer el reclamo para reducir la carga de Ganancias sobre los trabajadores registrados mejor remunerados. El tema no estaba en el orden del día del encuentro, pero los dirigentes sindicales habían anticipado que formaría parte del debate. Por unanimidad, el Consejo Directivo decidió pedir la audiencia con carácter de urgencia con CFK. Hoy, Hugo Moyano transmitirá la solicitud al Poder Ejecutivo.

“Nadie quiere que sus trabajadores paguen el Impuesto a las Ganancias, es injusto. Este es un reclamo lógico que realizamos todos los años y por eso decidimos solicitar la audiencia con la Presidenta”, comentó a Página/12 Antonio Caló, titular de la UOM, donde el 25 por ciento de los asalariados está alcanzado por el impuesto. En los gremios de bancarios, petroleros, camioneros, aeronáuticos y mineros, esa relación es mayor, mientras que en Comercio no supera el 10 por ciento y sólo paga ganancias el 3 por ciento de los gastronómicos.

Ayer, antes del encuentro de la CGT en Azopardo al 800, el ministro de Trabajo advirtió que “hoy no hay una definición sobre el tema, pero todos los años hemos tomado alguna medida en relación a Ganancias”. La Presidenta posee distintos ejercicios de simulación realizados por la AFIP, donde analizan el impacto de una reducción en el impuesto que en 2010 representó el 17 por ciento de la recaudación. El año pasado el Ejecutivo incluyó el cambio en la legislación en el Presupuesto, pero finalmente no fue aprobado por el Congreso y debió prolongar la vigencia de las nuevas escalas para la cuarta categoría hasta fines de 2011, con una resolución de AFIP, a la espera de una ley o decreto que ratifique los valores.

Por su parte, el conglomerado opositor convocó a una sesión especial mañana en Diputados para intentar modificar los valores del impuesto y otros aspectos del tributo. El debate está sujeto a que los distintos sectores acuerden una posición común y alcancen el quórum necesario de 129 diputados.

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El Ministerio de Trabajo y la Federación Agraria llegaron a un acuerdo para constituir una comisión conjunta dedicada a la inspección y el diseño de herramientas que permitan mejorar las condiciones laborales en el sector rural. El acercamiento político surgió durante un encuentro que mantuvieron ayer el titular de la cartera de Trabajo, Carlos Tomada, y el presidente de los federados, Eduardo Buzzi. Allí, la FAA buscó diferenciarse del resto de los miembros de la Mesa de Enlace al expresar su rechazo institucional a las situaciones de reducción a la servidumbre en distintas explotaciones agropecuarias denunciadas este año. Los resultados del encuentro permitieron que, desde de la próxima semana, ambas partes comiencen a consensuar instrumentos destinados a un conjunto de economías regionales, que buscan dejar sin excusas para regularizar la situación laboral y pagar salarios dignos a aquellos empresarios del agro que recurren a formas de explotación infrahumanas e ilegales.

“Vamos a trabajar juntos enfocados en algunas de las actividades donde se registran las peores condiciones de trabajo para encontrar más mecanismos que eviten el trabajo esclavo en el sector agropecuario. Pero no vamos a aceptar que propongan las mismas soluciones que se plantearon en los noventa, como la rebaja de los aportes patronales”, explicó a Página/12 el ministro Tomada. Los nuevos mecanismos que surjan como resultado de la comisión conformada entre Trabajo, Federación Agraria y Agricultura se acoplarán con instrumentos vigentes, como la simplificación de la registración, el Repro y la corresponsabilidad gremial, el mecanismo que busca concentrar en un pago los aportes y contribuciones a la seguridad social en el agro gestionado en forma conjunta con los sindicatos. A su vez, desde Trabajo enfatizaron que la situación no implica resignar el impulso al debate legislativo de una nueva legislación para el trabajo rural.

“Necesitamos ver cómo los pequeños y medianos productores podemos dar las condiciones que se necesitan de trabajo, de comodidad, de baños químicos y los salarios dignos”, señaló Buzzi durante una conferencia de prensa que brindó junto con el funcionario. En ese sentido, el presidente de la FAA reclamó políticas activas “de los ministerios de Agricultura y de Trabajo, los medianos y pequeños productores podemos cumplir todos los requerimientos de los trabajadores”. Los primeros pasos estarán concentrados en algunas economías regionales.

Los funcionarios de la cartera laboral destacaron la “buena predisposición” del federado, quien solicitó el encuentro para expresar su rechazo a las prácticas de reducción a la servidumbre registradas en campos explotados por firmas multinacionales como Nidera. Buzzi consideró esa situación como “confusa y compleja” y explicó que la conformación de la comisión “no la hemos discutido con la Mesa de Enlace, pero esto es lo que nosotros entendemos, en el campo no somos todos iguales”.

Tomada le entregó al titular de la FAA un breve documento al que accedió este diario, donde se refuta el mito de que herramientas como la Asignación Universal por Hijo son la causa de la falta de mano de obra para la cosecha de cultivos como la vid en Mendoza y las aceitunas en La Rioja: “Los productores ofrecen las mismas condiciones laborales paupérrimas sin advertir que los trabajadores ya no están dispuestos a aceptarlas porque sus necesidades económicas se han reducido. El bajo nivel de las remuneraciones en esas actividades, 50 por ciento por debajo del salario medio de la economía, explica por qué muchas personas no están dispuestas a aceptar esas condiciones de empleo”, argumenta el texto.