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Al momento de asumir la presidencia Néstor Kirchner, la economía argentina presentaba el siguiente cuadro de situación, heredado básicamente de la crisis que marcó el final de la convertibilidad: una economía que recién arrancaba con niveles altísimos de pobreza, desempleo y capacidad ociosa en los distintos sectores de la producción, un nivel de crédito bancario en mínimos históricos y una deuda pública de 120 por ciento del PIB, de la cual poco más de la mitad se encontraba en cesación de pagos.

Hasta 2006 el modelo de crecimiento instrumentado se basó en una fuerte recuperación del superávit fiscal –a partir de la licuación del gasto público vía inflación y de la puesta en marcha de retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque–, junto con un mantenimiento del tipo de cambio extraordinariamente alto, que promovía una ecuación de altísima rentabilidad en las empresas y la consecuente demanda acelerada de mano de obra. Este modelo resultó consistente con una tasa de inflación acotada y consecuentemente con una mejora significativa de los indicadores sociales, en un contexto de fuerte crecimiento de la economía.

Ya a fines de 2006 se notaron las primeras tensiones del modelo que se plasmaron fundamentalmente en una aceleración de la inflación, a partir de una política que lejos de intentar moderar la nominalidad de la economía, la aceleró con políticas fiscales y de ingresos muy expansivas cuando el ciclo no lo requería. Y el aumento en la tasa de inflación limitó el impacto sobre los indicadores sociales derivado del fuerte crecimiento de la economía. Esto ocurrió fundamentalmente en 2007 cuando el gasto público creció casi 50 por ciento.

La caída en el superávit fiscal no sólo no ayudó al Banco Central a mantener su estrategia cambiaria en un mundo donde el dólar se debilitaba, sino que generó en un intento por aumentar la presión tributaria una serie de medidas que terminaron por limitar el acceso del país a los mercados de crédito: el manejo del IPC como mecanismo para intentar moderar las expectativas de inflación, una instrumentación torpe del esquema de retenciones móviles a principios de 2008, la estatización de las AFJP y el uso de reservas del BCRA. De hecho, los recursos incorporados a la Anses a partir de esta reforma permitieron llevar adelante una política fiscal contracíclica en un contexto donde la recaudación tributaria se desplomaba a partir del impacto de la crisis financiera global, en un Estado que no había generado excedentes durante la parte alta del ciclo.

Ahora bien, la contrapartida de una economía que logró transitar sin crédito en los últimos años: parte pagando con superávit fiscal, parte licuando vía el manejo del CER, parte recuperando los bonos en manos de las AFJP, parte recomprando deuda a precios de default en el mercado, y parte pagando con reservas del BCRA, resultó en un desplome de la relación deuda/PIB que flota en el mercado. Si bien la operación de mayor impacto fue el canje de la deuda post default, cuyo primer tramo se realizó en 2005 y luego se reabrió en 2010, es el paso a manos del Estado de una importante proporción de la deuda pública el que terminó de consolidar el proceso de desendeudamiento hoy en curso. Así, la deuda que flota en el mercado, es decir excluyendo aquella deuda del Estado con el Estado y la deuda con organismos internacionales de crédito (BID-Banco Mundial) asciende a sólo 17 por ciento del PIB, frente al 117 por ciento vigente cuando asume el gobierno en 2003 y al 72 por ciento de fines de 2005 con posterioridad al canje. Es más, si se lograra atravesar 2011 sin ir a los mercados a partir de una recuperación del superávit fiscal y/o de la utilización de una proporción menor de las reservas del BCRA, la relación deuda a PIB en el mercado se reduciría a un sorprendente 12 por ciento del PIB. Es cierto que la mitad de la caída obedece al aumento del PIB en dólares como contrapartida del ajuste del tipo de cambio real registrado en la economía, y que la utilización sistemática de reservas no es compatible con el tipo de cambio actual a medida que desaparezca el superávit de las cuentas externas. A partir de esta nueva realidad, Argentina se encuentra a las puertas de romper con el karma de la deuda pública que tanto condicionó la trayectoria del país en los últimos 30 años. Un legado no menor de la gestión del ex presidente Néstor Kirchner

* Economista y director de Estudio Bein & Asociados.


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4728-2010-10-31.html

  LOS EFECTOS DE LA LEY EN EL SISTEMA FINANCIERO


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“La reforma puede mejorar aspectos del sistema financiero, pero la problemática principal, que es la falta de crédito a largo plazo, no se soluciona con una ley. El reducido sistema crediticio es consecuencia de las recurrentes crisis económico-financieras que suelen desencadenar procesos de desmonetización muy profundos. Tanto desde la legislación financiera como desde la normativa del Banco Central se puede trabajar para lograr una mayor regulación e incentivos, como ampliar la cartera de pymes, pero no se puede obligar a los bancos a prestar. Este retaceo al crédito de parte de las entidades proviene desde la macroeconomía. Lamentablemente, luego de las experiencias inflacionarias y de estallidos hiperinflacionarios, el peso no es una moneda de crédito a 10 años. La pesificación del crédito llega hasta 2, 3 o 4 años, pero no mucho más, porque el riesgo es muy alto. El problema es estructural y tiene que ver con la larga historia de licuaciones. En países vecinos, el crédito como proporción del producto es más alto, pero se debe a que no sufrieron tantos episodios traumáticos.”

Estudio Bein.


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/144672-46483-2010-04-27.html