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Ese tipo de iniciativas "perturbarían seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias", añadió el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense que advirtió que, con la promulgación de la ley "Arizona cruzó la línea constitucional".

La ley SB 1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras una votación en el Congreso estatal, declara por primera vez en la historia de este país la inmigración ilegal como un delito estatal. Debería empezar a aplicarse a partir del 29 de julio.

La norma obliga a la policía del estado a pedir la documentación a cualquier persona que bajo "sospecha razonable" pueda ser considerado inmigrante ilegal, lo que para algunas organizaciones civiles puede llevar a la discriminación por motivos étnicos o lingüísticos.

En Arizona viven unos dos millones de hispanos, 33 por cinto de origen extranjero. Unos 460 mil son indocumentados. Además, cualquier ciudadano de ese estado puede presentar una demanda contra la policía, o contra otro funcionario estatal, si considera que no cumple con esa exigencia de controlar la situación migratoria de un sospechoso.

Además de la flamante impugnación del gobierno estadounidense, la legislación ya recibió la misma reacción de parte de organizaciones civiles, en tanto que el presidente Barack Obama la tildó desde el inicio como un proyecto "erróneo".

No obstante, un sondeo realizado en ese país puntó que el 62 por ciento de la población lo apoya, mientras que provocó la presentación de iniciativas similares en otros estados y ciudades.

El texto fue aprobado por el Congreso de Arizona tras una creciente preocupación por el posible desborde de la violencia del crimen organizado del lado mexicano.