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El CELS celebró de esa manera la sentencia de la Corte Suprema que dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta por la justicia federal de Mendoza en la causa iniciada por el diputado nacional Enrique Thomas.

"Este fallo es una señal positiva para avanzar en la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), aprobada por el Congreso en octubre pasado", señaló el CELS en un comunicado en el que desarrolla argumentos similares a los que había sostenido junto a más de 20 instituciones, entre las cuales se encontraban universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, en un amicus curiae presentado ante la Corte la semana pasada.

El director ejecutivo del organismo, Gastón Chillier, opinó que el fallo de la Corte "confirma la legitimidad del proceso de elaboración y sanción de esta ley", en tanto que lo destacó como "un paso fundamental para que de una vez por todas comience a regir un marco legal democrático para los medios audiovisuales que fomente el pluralismo, la diversidad de voces y amplíe el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión".

En tanto, el organismo señaló que "la sentencia representa un claro mensaje al Poder Judicial para que, al momento de dictar medidas que suspendan la vigencia de leyes, los jueces realicen una evaluación especialmente estricta sobre la proporcionalidad de esas decisiones en relación con los derechos afectados".

En ese sentido, agregó en el documento que "desde esta perspectiva, la Corte entendió que el diputado Thomas carecía de legitimación colectiva para representar en la justicia los intereses de todos los consumidores de medios audiovisuales del país y que, por el contrario, muchos de ellos no compartían su reclamo".

Por último, el CELS entiendió que en función del pronunciamiento de la Corte, la Cámara Federal de Salta debe revocar sin más demora la medida cautelar dictada en la causa impulsada por la diputada nacional Zulema Beatriz Daher, la otra orden judicial ue mantiene en suspenso la aplicación de la ley.

No obstante, el organismo no olvidó remarcar que "una vez reestablecida la vigencia de la ley, resultará necesario instrumentar un procedimiento participativo para la redacción y discusión del texto reglamentario".