Página#12 Libre

"Estamos ajustándonos a prácticas recientes que permiten despejar toda duda respecto a la calidad de nuestra administración tributaria y la cooperación internacional", afirmó Lorenzo. Y agregó que la nueva ley permitirá a la Dirección General Impositiva (DGI) pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario de un contribuyente en particular, siempre que "tenga una denuncia fundada" de comportamiento ilícito.

En la actualidad, sólo los jueces pueden pedir en los tribunales el levantamiento del secreto bancario. "Se introducen cambios de procedimientos (...). Estamos extendiendo los argumentos y los fundamentos que pueden dar lugar al levantamiento del secreto bancario por parte de la autoridad tributaria cuando exista una denuncia fundada", explicó el ministro.

Asimismo, Lorenzo señaló que la norma también buscará gravar rentas activas que los uruguayos que residan en el país tengan en el exterior. "Los activos que están involucrados son préstamos realizados por residentes a no residentes, depósitos y colocaciones en el exterior en entidades no residentes o participaciones en el patrimonio de entidades no residentes", apuntó el funcionario. Según los datos oficiales, ese tipo de inversiones pueden ascender en la actualidad a 9000 millones de dólares, que ahora tendrán que ser incluidos en la declaración de la renta de sus propietarios.

La persistencia del secreto bancario ha sido una de las políticas más cuestionadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que colocó a Uruguay marzo de 2009 en la lista negra de países que incumplen con los estándares de intercambio de información en materia fiscal.