Página#12 Libre

El recientemente nombrado titular del organismo encargado del control de las agencias de seguridad privadas de la provincia, Gonzalo Basualdo, fue separado de su cargo este fin de semana por el ministro de Seguridad Alvaro Gaviola. La renuncia del profesional se debió al descubrimiento de que formaba parte del estudio que defendía al autor material del asesinato de Abel Beroiz, Raúl Flores, quien se fugó el pasado 3 de marzo de la cárcel de Piñero. La salida del abogado rosarino se venía barajando desde las primeras horas del día sábado, cuando el juez de Instrucción 7º de Rosario, Juan Andrés Dónnola, lo citara a su despacho. Cabe resaltar que tras la intervención, el juez dispuso el secuestro de los tres celulares que utilizaba Basualdo, entre ellos el teléfono oficial utilizado para su actividad política. Luego de la citación judicial, Basualdo presentó la renuncia al ministro Gaviola, quien había puesto en funciones al renunciante tras los cambios producidos durante el pasado enero en la estructura de seguridad de la Provincia. El conflicto se desató después de la fuga que se produjo el miércoles pasado. Flores usó una bolsa de pan como escondite para desaparecer del perímetro de seguridad del Complejo Penitenciario de Piñero. Flores había confesado que cobró 20 mil pesos por asesinar en noviembre de 2007 al ex tesorero del sindicato de camioneros, Abel Beroiz. Tras la fuga de Flores y las dudas sobre el accionar del personal penitenciario, las voces de los familiares del fallecido Abel Beroiz profundizaron las presuntas implicancias y connivencias políticas sobre la protección de la figura de Flores. Según Iliana Beroiz, hermana del dirigente asesinado, "la fuga no fue fraguada sólo por el asesino, sino que existieron conexiones internas y facilitamientos desde el exterior". Por su parte, uno de los abogados de la familia Beroiz, Romeo Díaz Duarte, señaló "responsabilidades políticas y penales", en la fuga de Flores. Además, parte del cuerpo legislativo solicitó ayer información precisa sobre el defensor del asesino de Beroiz, sindicado como el renunciante Gonzalo Eduardo Basualdo. El pedido de informes, invocado por el diputado provincial Alberto Monti, interroga al Ejecutivo si "el doctor Basualdo (ex defensor de Flores), era el mismo que figuraba en la planta de personal del Gobierno de la Provincia". La respuesta a Monti llegó rápidamente, con el desplazamiento del funcionario.