Página#12 Libre

En el escrito presentado, los abogados defensores Diego Richards y Manuel Beccar Varela, consideraron que la escucha telefónica ilegal al dirigente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, es un delito de acción privada, no de acción pública, y por tanto la víctima debió promover una querella en un juzgado en lo correccional.

También plantearon la incompetencia para actuar de Oyarbide por entender que el delito de falsificación de documento público para ordenar a la Justicia de Misiones las intervenciones telefónicas de Burstein se habría perpetrado en aquella provincia del nordeste y no en la capital federal. "La promoción de este proceso se realizó por actos nulos, todo lo actuado en consecuencia debe ser abarcado por dicha nulidad toda vez", juzgaron los defensores.

Ahora el juez Oyarbide debe resolver sobre dicho pedido de anulación y si, como se descuenta, lo rechazase, los defensores apelarán ante la Cámara Federal porteña.