Página#12 Libre

Nisman presentó su escrito al juez federal Norberto Oyarbide, mientras la defensa de Palacios solicitó su exención de prisión, beneficio que sería rechazado por el magistrado. El fiscal sostuvo que Palacios fue "responsable de haber ordenado, implementado y supervisado la escucha telefónica a Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Sede de la AMIA".

Nisman acusó a Palacios de "violación a la intimidad mediante la intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo como Jefe de la Policía Metropolitana y partícipe necesario de los delitos de falsificación de documentos públicos reiterada en 4 oportunidades".

El fiscal entendió que Palacios tenía "una relación de confianza y amistad" con el detenido y procesado ya por este hecho Ciro James. "Habían trabajado conjuntamente en la Policía Federal" y Palacios había sido el "gestor y firme impulsor" del ingreso de James a la Metropolitana.

Según la acusación Palacios "introdujo el número de celular de Burstein en una causa que tramitaba ante el Juzgado en lo Penal 1 de Misiones, a cargo de Horacio Gallardo, donde se investigaba el homicidio del José María Piccoli, ocurrido el 5 de agosto de 2005, y se lo vinculó falsamente con un prófugo de dichas actuaciones, Pedro Antonio Figueredo".

Paralelamente se supo hoy en la causa que el ex jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, pidió unos 200 informes patrimoniales a una empresa privada dedicada al rubro, entre ellos, el del director del diario La Nación Bartolomé Mitre.

Oyarbide ordenó también que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad le envíe todas las grabaciones de cámaras de seguridad tomadas este año para determinar si el detenido espía Ciro James ingresaba asiduamente a esa dependencia.

Los datos sobre informes patrimoniales pedidos por Chamorro surgieron del listado completo entregado hoy por la empresa Nosis en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, informaron fuentes judiciales. En el listado además del jefe de gabinete macrista Horacio Rodríguez Larreta y legisladores porteños figura por ejemplo el asesinado empresario del rubro farmacéutico Sebastián Forza, vinculado a la causa por el tráfico de efedrina.

Además están droguerías como Unifarma, Bisol y San Javier, investigadas también por Oyarbide en otra causa por venta de medicamentos adulterados. Estos pedidos de informes datan del 2008, precisaron las fuentes, y fueron encontrados en un archivo de la computadora de Chamorro durante un allanamiento.

Las mismas fuentes confirmaron que en ese listado no figura ni la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni su esposo Néstor Kirchner.