Página#12 Libre

El funcionario debió declarar como testigo ante el juzgado federal 7, que subroga el juez federal Norberto Oyarbide, en la causa que investiga las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, de los familiares de muertos en el atentado a la AMIA, y a Carlos Avila.

Según la fuente, Narodowski dijo que James tuvo un contrato de trabajo "en el área Ministro, donde hay unos 400 empleados, pero que no sabía exactamente qué hacía allí".

Según consta en el expediente, James renunció a ese cargo para pasar a desempeñarse en la nueva Policía Metropolitana, para cuyo organizador, el comisario Jorge "Fino" Palacios, ya había trabajado en la Policía federal.

La investigación se inició por una denuncia de Burstein, viudo de una víctima de la AMIA, quien dijo haber recibido una llamada anónima advirtiéndole que tenía "el teléfono pinchado por orden del Fino Palacios".

Palacios debió renunciar a su cargo para el que había sido designado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, poco antes de que el juez Ariel Lijo lo procesara junto a Carlos Menem y otros funcionarios en la causa por ocultamiento de pruebas y desvío de la investigación del atentado, en que murieron 85 personas.

El juez Oyarbide estableció en la investigación que para realizar las escuchas James logró en Misiones una orden del juez Horacio Gallardo en el marco de una investigación por un crimen cometido en la provincia.

Por la causa ya están detenidos, además de James, dos policías misioneros y habría orden de captura contra un tercero.

La pertenencia de James a la nueva policía metropolitana fue negada por el ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, pero al declarar en la misma causa, el reemplazante de Palacios, Guillermo Chamorro, admitió haber conversado sobre esa incorporación con su antecesor.

El legislador electo Tito Nenna, encabezó ayer una marcha a la Legislatura junto a la Unión de Trabajadores de la Educación de la ciudad. La movilización fue para pedir la interpelación de los ministros del gobierno porteño involucrados en el caso.

Según denuncia, James montó una "red de espionaje" para espiar a directivos, maestros y alumnos de escuelas porteñas, durante el conflicto por la reducción de las becas, y elaborar presuntas "listas negras".