Página#12 Libre

Las ironías del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien lo rebautizó Felipe II, le preocupan menos que los informes acerca de su larga gestión como Secretario de Agricultura y Pesca durante el gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1991 y desde 1993 hasta 1998. Solá está interesado en recuperar fotocopias de las causas iniciadas en la justicia federal de Mar del Plata por la sobrepesca de merluza y calamar, que puso en riesgo de extinción los principales recursos pesqueros del país. Las denuncias fueron formuladas por el capitán de ultramar Roberto V. Maturana, quien citó informes de la Auditoría General de la Nación, de la Procuración del Tesoro y de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Todos fueron consultados para esta nota, salvo el de la UBA, que fue destruido. Desde 1999 la principal especie capturada en el mar argentino, la merluza hubbsi fue declarada en emergencia nacional debido a la sobrepesca, que redujo la biomasa a niveles críticos y con tendencia decreciente. La otra especie auditada es el calamar illex, para la que tampoco existen “planes de manejo a largo plazo” y cuya extracción se multiplicó por seis. Esta fue la consecuencia de una década de advertencias desoídas del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep). Pese a que las leyes lo prohibían se permitió que los buques que cedían un permiso siguieran pescando en vez de darse de baja, se transfirieron permisos de buques pequeños a otros de gran porte, se hicieron pasar por pesqueros buques congeladores. La merma del recurso fue tan salvaje que en 1996 se capturaron 600.000 toneladas de merluza y en 2000 fue preciso imponer un cupo máximo de 35.000. Solá se disculpó ante el periodista Vicente Muleiro, quien el 9 de abril de 2000 publicó en Clarín una investigación titulada “Saqueo en alta mar”. “El único que hace un acto de contrición soy yo. La pesca, hasta 1997 fue manejada con el criterio del crecimiento. Toda la economía apuntaba a la competitividad y el eje eran los propios empresarios. Había que ayudarlos a exportar, a renovar la flota. Pero en el 95-96 me encuentro con el problema de la sobrepesca y, entre varios errores, cometí el mayor: no denunciar la situación porque no tenía ley de pesca y no podía parar ningún barco ni a toda la pesca porque generaba un caos social. No tuve la visión de que ése era el momento de cambiarlo todo”. En la misma nota el entonces responsable de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido dice que Solá y los funcionarios de pesca a sus órdenes deben ser investigados. El precio secreto de esos permisos oscilaba entre 150.000 y 600.000 dólares. Solá también autorizó la introducción en la Argentina de la soja transgénica de Monsanto y el plaguicida que la acompaña, el glifosato. El avance de ese paquete tecnológico amenaza la soberanía alimentaria del país, afecta la calidad de los suelos y ha provocado graves problemas de salud a las poblaciones fumigadas con el agrotóxico que la transnacional estadounidense comercializa con la marca Roundup. La Argentina fue el segundo país del mundo en autorizar la soja RR (por resistente al Roundup), luego de Estados Unidos, en tiempo record y sin otras pruebas que las realizadas por la propia empresa. En su impresionante libro de investigación El mundo según Monsanto, que en un año ya se publicó en trece idiomas, la periodista francesa Marie Monique Robin describe la combinación de amenazas y sobornos con los que Monsanto avanza sus negocios a escala planetaria y menciona los ejemplos de Canadá e Indonesia, donde la transnacional pagó a funcionarios para la introducción de su hormona del crecimiento y su algodón transgénicos. Un dato que incluso algunos calificados investigadores desconocen es que el principal impulsor de la autorización de la soja RR y el glifosato fue el ingeniero Héctor H. Huergo, a quien Solá designó como director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, donde permaneció entre febrero y noviembre de 1994. Su esposa de entonces, Silvia Mercado fue la agente de prensa de Solá. El ingeniero agrónonomo e historiador Alberto Lapolla, quien renunció como responsable agrario de Proyecto Sur cuando Claudio Lozano votó en la Cámara de Diputados en contra de las retenciones, como reclamaba la Sociedad Rural, fue compañero de facultad de Huergo. Allí ambos conocieron a Solá, que era unos años menor. Lapolla recuerda que por entonces, Huergo era el dirigente estudiantil del Partido Obrero Revolucionario Posadista. Luego se acercó al frigerismo y en vez de escribir en Voz Planetaria, que era el órgano oficial del POR, ingresó a Clarín, donde desde 1971 dirige el Suplemento Rural. Huergo también preside la Asociación Argentina de Biocombustibles, tiene una consultora en agronegocios y fue el introductor en el país del modelo norteamericano de las ferias abiertas, que Clarín y La Nación aplican en la empresa conjunta Expoagro. Lapolla agrega que durante el gobierno de Alfonsín, Cavallo propuso desde la Fundación Mediterránea “volver al modelo agroexportador que tuvo la Argentina en el pasado”. Cavallo lo llamó “agro petropower” y otro compañero de Huergo y Solá, Héctor Ordóñez, “una Argentina verde y competitiva” que implicaba dejar de lado el proceso de industrialización. El ingeniero agrónomo Luis Polotto, quien militó con Solá en la agrupación estudiantil Cimarrón, cuenta que al asumir con Menem, Solá convocó a varios ex compañeros y les preguntó quiénes estaban dispuesto a acompañarlo para hacer “lo contrario a lo que siempre dijimos”. Polotto trabajaba en esos años en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, la cual propuso investigar los efectos que podría tener la introducción de la soja transgénica. Pero Agricultura y el INTA respondieron que era un tema de su competencia, la secretaria María Julia Alsogaray no insistió y Solá firmó el permiso. Lo hizo en dos resoluciones notablemente escuetas. La 115, del 14 de marzo de 1996, estableció el método de solicitud de autorizaciones para “la experimentación o liberación de la semilla de soja transgénica”. La 167, del 3 de abril de 1996, autorizó a producir y comercializar la semilla y los productos y subproductos de la soja “tolerante al herbicida glifosato”. Ese mismo año, Huergo creó el canal Rural de televisión por cable. Jorge Rulli, quien era titular de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica dependiente de la Secretaría de Agricultura le reprochó a Huergo que violara los pactos firmados por la Argentina sobre biodiversidad. Huergo le contestó que se había quedado en el pasado: “Hoy la biodiversidad se hace en los laboratorios”. Para Lapolla las autorizaciones deberían emanar del Ministerio de Salud, ya que es imposible obviar los efectos de los transgénicos sobre el ecosistema, sobre la selección natural y sobre otras especies, como la maleza, que no pueden evaluarse en un par de años y sin una investigación multidisciplinaria, compleja y cara. “Ya entonces Huergo era un empleado de Monsanto. Desestructuró el INTA, transfirió el capital genético estratégico para el país a las empresas privadas como Monsanto y Nidera, les permitió el acceso a los archivos secretos del INTA, cuyos equipos de investigación también fueron comprados por estas empresas. Esto le permitió a Monsanto crear la soja RR sobre la base de la variedad de soja natural desarrollada en la Argentina para los suelos del país. Quienes estaban en desacuerdo fueron despedidos del INTA. Así se perdió, entre otras, una variedad de maíz resistente a las sequías, que hubiese sido muy rentable para los pequeños productores y podría haber competido contra la soja transgénica. Huergo hizo todo esto, pero el impulsor decisivo del avance de la soja transgénica en la Argentina fue el propio Solá”, concluye Lapolla. Huergo coincide. En su columna del 10 de enero El soy power llega a la política, escribió en Clarín Rural: “Felipe Solá fue casi diez años secretario de Agricultura, y su gran pergamino fue la autorización de la soja RR en 1996”. Con admirable modestia, nada dijo de su propio rol en el acontecimiento que, se ilusiona, “cada vez tallará más fuerte en la gran escena política nacional”.