Página#12 Libre

El recurso se presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, luego de que Gallardo ordenará el viernes pasado intervenir con veedores judiciales la dirección del SAME y de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud de la que dependen los centros de asistencia en las villas.

El juez porteño tomó la medida durante una audiencia pública con organizaciones de derechos humanos y delegados y villeros, a la que estaban citados, además de Lemus, los ministros de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro; y de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta.

Las audiencias se son llevadas adelante debido a que Gallardo hizo lugar a una medida cautelar presentada por médicos, vecinos y la ONG ACIJ y ordenó que se diseñe de inmediato un plan de asistencia de emergencias sanitarias en las villas y protección a los efectores de salud.

Ahora, la Cámara deberá decidir si rechace sin más tramite el pedido de reacusación interpuesto o le da lugar y dilata las decisiones que pudieran surgir de las audiencias.

Por esa razón, mañana a partir del mediodía, profesionales de la salud y vecinos y vecinas de todos los barrios se concentrarán en Roque Saenz Peña 636.

La Sala Tercera de la Cámara, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Liliana Catucci, anunciará a las 10 el fallo que revisará la decisión de primera instancia, con sentencia en agosto de 2009.

Entonces, el tribunal N°24 condenó a Chabán a 20 años de cárcel como coautor del delito de incendio doloso calificado por causar la muerte de 194 personas y heridas a otras 1.432, en concurso real con cohecho activo.

Los jueces condenaron también al manager de Callejeros, Diego Argañaraz, a 18 años de cárcel, la misma pena que el subcomisario Carlos Díaz, a quienes el tribunal halló culpables de cohecho en concurso real.

Mientras que los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández fueron condenados a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", en tanto que para el amigo y colaborador de Chabán, Raúl Villarreal, la pena fue de un año de prisión en suspenso por ser partícipe secundario del delito de cohecho activo.

El comisario Miguel Belay fue absuelto por el beneficio de la duda, al igual que el ex director adjunto de Fiscalización y Control del gobierno porteño Gustavo Torres, y todos los músicos de Callejeros.

Familiares y amigos de las 194 víctimas emitieron un documento en el que advirtieron que "la Cámara puede corregir la sentencia que deja al Villreal, libre; que absuelve a policías que recibieron coimas; que condena con penas menores a algunos funcionarios y absuelve a otros; que absuelve a los músicos-empresarios de Callejeros".

Los familiares manifestaron, además, la "inquietud" que les genera "que la fecha de lectura de la sentencia de Casación sea en la víspera de un receso como el de Semana Santa".

Fossatti, de 34 años, quien trabaja como agente de viajes, sostuvo: "En 2005, pude recuperar mi identidad, saber quién soy, saber la verdad y que durante 28 años mi familia me estuvo buscando", lo que calificó como "una forma de volver a nacer". Y resaltó que todos los casos apropiación "tuvieron el un denominador común, el secuestro, la tortura y la desaparición de nuestros papás y el robo de nosotros".

El joven declaró como testigo en una nueva jornada del juicio oral y público que se le sigue al dictador Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone junto los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa de intervenir profesionalmente en los partos.

El joven recordó que fue entregado a sus "padres de crianza" por una partera quien les aseguró que "una chica muy jovencita de Córdoba, que había venido a estudiar a La Plata quedó embarazada y como no podía hacerse cargo del bebé quería entregarlo en 'adopción'". Fossatti indicó que siempre tuvo dudas sobre su identidad y agregó: "Cuando fui papá creí que era importante conocer la verdad sobre mi origen, mi identidad y la de mi hijo".

Todos los imputados son juzgados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos, entre los que están los hijos de Laura Estela Carlotto y Horacio Fontán; de María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman; de María Hilda Pérez de Donda y José María Laureano Donda y de Alicia Elena Alfonsín de Cabandié y Damián Cabandié.

En diálogo con Radio Del Plata, Rozas sostuvo que "la vuelta de las colectoras es una vuelta al pasado, y no tiene nada que ver con la reforma política que había prometido el Gobierno", pero dejó en claro que "de todas formas, vamos a usar todo lo que permita la ley para ganar. (...) Nos piden que no seamos pragmáticos ideológicos, y nadie dice que el kirchnerismo tiene de aliado a Aldo Rico", subrayó, tras lo cual repitió que "entre el PRO y la UCR tenemos algunas diferencias insalvables: unir los dos partidos en una alianza electoral sería un error".

La región del país con mayor índice de pobreza en el noreste, donde el 18,5 por ciento de sus habitantes son pobres. Le sigue en noroeste con una tasa de pobreza de 11,8 por ciento. En la región de Cuyo y el Gran Buenos Aires, el 9,8 por ciento de las personas son pobres, mientras que en la región pampeana el 9,6 por ciento está en esa condición y en la Patagonia el 5,8 por ciento.

La ciudad del país con peor situación es Posadas, donde el 20,7 por ciento de sus pobladores es pobre. Luego aparecen Resistencia con 19,4 por ciento y Corrientes con 19 por ciento. La región noreste se completa con Formosa, con una tasa de pobreza de 13,6 por ciento. En tanto, la ciudad con mejor estándar de vida es Río Gallegos, donde la pobreza sólo afecta al 0,9 por ciento de sus pobladores.

Una versión más breve del cuestionario de 75 preguntas que la Corte envió al ente de control fue remitido al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación (AGN). El tribunal superior analizará esos informes sobre “núcleos temáticos” y realizará una inspección judicial “terrestre y aérea” en la zona de la cuenca hídrica, previa a la realización de la audiencia que, para reanudar la del 16 de marzo último, fijó para el próximo 1 de junio.

La Corte recordó que corresponde a la ACUMAR “concentrar en su representación la información concerniente al genuino y preciso grado de avance respecto de cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria fijados en el fallo definitivo (del tribunal) del 8 de junio de 2008”.

A la ACUMAR se le pidieron detalles sobre la “información pública” de tareas efectuadas para la ejecución de la sentencia de junio de 2008, mediciones de calidad de aire y agua, contaminación y reconversión industrial, limpieza de márgenes, expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal, situación de los basurales y financiamiento y presupuesto, entre otros.

A la Defensoría del Pueblo de la Nación se le preguntó acerca de las restricciones que tuvo en materia de acceso a la información pública sobre tres aspectos concretos: “mejoramiento de calidad de vida”, “recomposición del medio ambiente” y prevención del daño”.

Por último, la Corte le pidió a la AGN que “desarrolle los puntos de mayor relevancia que sostiene su conclusión acerca de que hubo una subejecución del programa”, que indique a qué lo atribuye y que aclare por qué en la última audiencia dijo haber auditado solo el 9 por ciento de las asignaciones presupuestarias totales del Programa Integral de Saneamiento Ambiental.

La resolución fue dictada en la “Causa Mendoza”, como se denomina a la demanda promovida por vecinos de la cuenca contra el Estado Nacional y casi medio centenar de empresas por los daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental de la cuenca hídrica.

El ministro de Educación consultado por la situación en el tradicional establecimiento del barrio porteño de Recoleta, sostuvo: "La vemos con preocupación e involucrándonos, estamos trabajando con el rector de la Universidad (Rubén Hallú), quien ha planteado, a mi juicio muy sensatamente, un camino que es el del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires".

En declaraciones a radio Continental, insistió en que "hay que transparentar las designaciones" y remarcó que "los modos para designar docentes en las escuelas argentinas son los concursos". "No había una práctica de concursos en el Pellegrini, hay que empezar a tenerla", aseguró.

Además, reiteró que se debe apostar al "diálogo" y "escuchar" tanto a "los chicos" como a "los grandes". En ese sentido, planteó que "la escuela no es una institución gobernada por una asamblea de docentes y alumnos, es una institución gobernada por adultos, pero hay que escuchar a los chicos y hay que ir a clases".

Así lo resolvió el máximo tribunal ante la acción promovida por R.D.R.P.(iniciales de quien promovió la demanda, cuyo nombre no se da a conocer) con el objeto de obtener la información que, sobre su persona, obrase en la SIDE desde 1961, y que estimaba necesaria para que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) le reconozca varios años como computables para su jubilación.

La SIDE se había opuesto al reclamo con el argumento de que el revelamiento de esa información comprometería los intereses públicos y por la supuesta supremacía de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) sobre la de Protección de Datos Personales (25.326). La cuestión llegó a la Corte luego que la SIDE presentara un recurso extraordinario contra la decisión de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que le ordenó manifestar si tiene o no almacenados datos referidos a R.P.

La Corte sostuvo que "la clasificación de la información de los organismos de inteligencia no es óbice para que los jueces, a pedido de parte, puedan verificar si está comprometido el interés público y hacer efectiva la garantía del hábeas data", establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Los ciudadanos tienen derecho a obtener "toda la información que pueda existir" en la actual Secretaria de Inteligencia y "la secretaría se encuentra obligada a manifestar si tiene o no los datos requeridos", sostuvieron, sin disidencias, todos los ministros de la Corte.

El candidado dasnevista, por primera vez, admitió la posibilidad de aceptar las elecciones complementarias que debe decidir el Tribunal Provincial Electoral (TEP) sobre las mesas que fueron anuladas, aunque esa decisión es recurrible nuevamente ante el Superior Tribunal de Justicia.

"No se puede apelar hasta el infinito pues sería como estirar la zozobra ya que se abre un horizonte ilimitado y no podemos llevarlo hasta lo último, por lo que si así lo resuelve el tribunal electoral y se convoca a complementarias lo vamos a acatar", insistió Buzzi.

"Lamentablemente, y gracias al trabajo de la ANSES, ha sido detectada una maniobra con varios casos que implican un perjuicio contra el Estado, que consistía en embargos judiciales por los cuales se cobraba más de una vez una misma sentencia, por valores superiores a la dictada por la propia sentencia", señaló el ministro de Economía, Amado Boudou.

El jefe de la cartera de Hacienda brindó este mediodía una conferencia de prensa con el titular de la ANSES, Diego Bossio, con el objetivo de aclarar las acciones que se llevarán a cabo para clarificar la situación de los expedientes judiciales tramitados en la Justicia Federal de Río Cuarto.

"Esta situación involucra a jueces, abogados y beneficiarios que prestaron su consentimiento para firmar parte de la maniobra que estamos denunciando", indicó Boudou. Por su parte, Bossio dejó en claro que el hecho involucra directamente al juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, a partir de una auditoría externa iniciada en noviembre del año pasado.

Precisamente, la denuncia se realizó por "prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público, y estafa, a la vez que se giró al Consejo de la Magistratura", informó Bossio. "Hemos encontrado en Río Cuarto casos de doble pago por ejecuciones de la Anses por un valor superior a la sentencia ordinaria y la denuncia inicial abarca al pago de 6 expedientes", señaló Bossio.

De todas maneras, el funcionario añadió que "a la brevedad se denunciará en sede penal las irregularidades detectadas en otros 20 expedientes, en tanto que tenemos 60 millones de pesos embargados en la Anses por decisión del juez Ochoa".

"El 50 por ciento del total de los embargos que tienen la Anses por el pago de sentencias a favor de los jubilados provienen de la ciudad de Río Cuarto", explicó Bossio.

El diputado que prevé pelear por el Ejecutivo bonaerense desde una lista colectora a la que lleve al candidato presidencial por el oficialismo, insistió en diferenciarse en un aspecto del Gobierno: "El modelo sindical que nosotros planteamos es la CTA que conduce Hugo Yasky", aseguró durante una entrevista radial.

Si bien aclaró que "no todo es lo mismo en la CGT y tenemos distintas opiniones sobre distintos dirigentes", el ex intendente de Morón reconoció "lo que significó Moyano en la lucha contra el neoliberalismo en los '90 desde el MTA, enfrentando claramente lo que era el menemismo y esa década terrible".

"Uno le tiene que reconocer ese compromiso y esa lucha permanente", señaló, pero puntualizó sus "diferencias" con el "modelo sindical" de Moyano "o con ciertas prácticas que uno quiere cambiar".

Por otra parte, en su renovada embestida contra Scioli, le endilgó al gobernador bonaerense su "falta de planificación estratégica, de una mirada de largo plazo; le falta pensar la Provincia desde su potencial".

Además se mostró convencido de que el mandatario provincial "en materia de seguridad está equivocado", motivo por el cual aconsejó que "hay que retomar la idea del Ministerio de Seguridad" tal como lo hace el Gobierno nacional.

En este sentido ponderó la cartera de Seguridad que conduce Nilda Garré: "Una parte fundamental de un ministerio en esa materia es la gestión social de la seguridad pública en lo que hace a la prevención social del delito, la prevención social de la violencia y la participación comunitaria y eso me parece que es lo que está expresando con mucha claridad Nilda Garré", afirmó.

“No es descabellado” pensar en esa dupla, afirmó el líder del PRO. "¿Por qué descabellado? Somos un equipo, así que todo está en el marco de lo posible", dijo durante una entrevista radial, tras participar de un festejo de Pascuas en el Centro de Primera Infancia "Estrellita", en el barrio Fátima de Villa Soldati.

Las afirmaciones del mandatario comunal contrastan con la voluntad manifiesta por Gabriela Michetti, quien en febrero último descartó esa posibilidad al afirmar: "Ni él (Rodríguez Larreta) haría una fórmula conmigo ni yo con él", porque tienen "distintas maneras de trabajar".

En declaraciones a Télam, Cattáneo explicó que "la UOM debió convocar a un paro nacional a raíz de la insuficiente oferta empresarial en las paritarias, que fue ofrecer un incremento salarial en tres cuotas: un 7 por ciento para abril, otros 7 más para agosto y un 6 restante para diciembre".

La cartera laboral dictó la conciliación con el objeto de destrabar el conflicto entre los gremios y las cámaras empresarias, en el marco de las negociaciones paritarias. La medida dispuesta a través de la resolución 310/11, firmada por los funcionarios de la subsecretaría de Negociación Colectiva, Adrián Caneto y Raúl Fernández, será por el período de 15 días hábiles.

El gobierno sirio aprobó un proyecto de ley para levantar el estado de emergencia, una de las principales reivindicaciones de las protestas en el país, más de un mes después del inicio del movimiento que se amplificó en los últimos días. De todos modos, el régimen advirtió que no aceptaría ninguna nueva manifestación, luego de que otras cuatro personas fueron muertas a balazos hoy cuando las fuerzas de seguridad dispersaron una sentada en Homs (160 kilómetros al norte de Damasco).

La ley de emergencia cuyo levantamiento aprobó el gobierno data de 1962 y está en vigencia desde la llegada al poder del partido Baas en 1963. El presidente Bashar al Asad había prometido el sábado que sería abolida en "una semana como máximo". La norma reduce las libertades públicas, impone restricciones a la libertad de reunión y de desplazamiento y permite la detención de "sospechosos o personas que amenazan la seguridad".

El gobierno también aprobó proyectos de ley para abolir la Corte de Seguridad del Estado y para reglamentar el derecho a manifestar, informó la agencia oficial Sana. Pese a esta concesión, el régimen de Asad, que llegó al poder en 2000 después de la muerte de su padre Hafez, afirmó sin embargo poco antes que no aceptaría ninguna nueva manifestación "bajo ninguna consigna".

Más de un mes después del comienzo del movimiento de protesta, en la continuación de la revueltas árabes, las manifestaciones se han extendido a numerosas ciudades del país y se han hecho más radicales, pasando de una demanda de reformas a llamados a derrocar el régimen. En Homs, la sentada había comenzado el lunes en la noche y llamaba a la salida de Asad, antes de ser dispersada "por la fuerza", indicó una militante de los derechos humanos en Damasco que evocó "nutridos disparos".

"Creo que el lunes la conducción del partido se reunirá y dirá cómo se continúa, creo que la elección del otro día (en Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán) no tiene ninguna validez", señaló Duhalde.

En las últimas horas trascendió que Duhalde comenzó a analizar seguir su carrera presidencial con un partido propio, Unión Popular. De hecho, él “es candidato a presidente por ese partido, y seguimos trabajando en eso y en la realización de posibles acuerdos programáticos con sectores de la oposición", dijo uno de sus operadores más cercanos, Carlos Brown.

Si decidiera hacerlo por su partido, el ex caudillo bonaerense sería candidato en las presidenciales de octubre sin pasar por las pre-internas con Alberto Rodríguez Saá, y tampoco por las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto, ya que sería el único candidato de su partido.

"Yo en realidad incorporé a la Unión Popular, y Rodríguez Saá a su partido para conformar el Peronismo Federal. Yo en ese momento no era presidente de la Unión Popular, acepté la presidencia de ese partido que es histórico, cuando el peronismo estaba proscripto", indicó Duhalde durante una entrevista radial.

"En nuestro criterio no tiene justificación la aplicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que la Constitución Nacional sólo justifica que el Ejecutivo legisle en circunstancias muy excepcionales que hicieran imposible ir al Congreso", analizó el empresario. Novegil expresó: "Lo mínimo que pedimos nosotros es un debate parlamentario en el que podamos expresar nuestras ideas".

Anoche, Ternium-Siderar, la mayor empresa siderúrgica del país y parte del conglomerado Techint, presentó un amparo ante la Justicia en rechazo a la resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de declarar "irregulares e ineficaces" las decisiones adoptadas en la última asamblea de accionistas, en la que la Anses buscó ampliar su participación en el directorio.

"Ha habido bastante confusión con todas las declaraciones que han ocurrido, incluidas las de la Presidenta de ayer. Esto se inicia en 1993, cuando se crean las AFJP. Para evitar la injerencia en el manejo de las compañías, el Congreso fija en cinco por ciento el poder de voto de las acciones que la Anses tenía en las diferentes empresas".

En el año 2008 "se las nacionaliza, se las traspasa al Estado y el ministro Boudou, fue al Congreso y como número 1 de la Anses en ese momento mantuvo explícitamente el cinco por ciento para lograr la aprobación. Hoy, dos años y medio después, el Gobierno dicta un DNU anulando la limitación del cinco por ciento y, en definitiva, permitiendo la injerencia política en la vida de las empresas. Eso se está discutiendo".

Novegil señaló en declaraciones a radio 10 que "uno escucha al ministro Randazzo que cuando le preguntan 'por qué no mandan al Congreso el tema en vez de sacar un decreto' y contesta 'porque hubiera habido demasiadas dificultades para que salga', se empieza a entender cuál era la necesidad".

"Luego se escucha al director que la Anses (Axel Kicillof) está proponiendo colocar hablando de control de precios, que pedirán precios diferenciales. Ello va a limitar la expansión mundial de la compañía, y se empieza a entender lo que es la injerencia, y recuerda episodios vividos no hace demasiado tiempo en Venezuela y comienza a preocupar", manifestó.

"Nadie presiona, nadie equivoca qué es lo principal y qué es lo accesorio" en la CGT, enfatizó Héctor Recalde y atribuyó las versiones sobre la intención de que el referente de algún gremio se postule como vicepresidente, como parte de "la puja normal de todos los sectores que, con legitimidad, quieren participar".

En este sentido aclaró que “vamos a aplaudir a la persona que elija” la Presidenta para secundarla eventualmente y remarcó que -más allá de que más de una vez lo sugirió- "nunca" tuvo la aspiración de integrar una fórmula y que "nadie pidió nada".

Para el laboralista "lo principal es que continúe este sistema de gobierno que comenzó en mayo de 2003" y dijo que la idea del titular de la CGT, Hugo Moyano, "no es avanzar sobre la historia, sino recuperarla, porque originalmente el sindicalismo tuvo mucha participación política partidaria en el Ejecutivo, con vicegobernadores, con diputados, con senadores, y fue perdiendo ese famoso 33 por ciento" en las listas de candidatos.

Por otra parte, precisó que “el mensaje” del acto de la central que se realizará el 29 de abril en la Plaza de Mayo es “hacia adentro y hacia afuera” y que Cristina Kirchner fue invitada: “Ojalá hable la Presidenta".

Hague no especificó el número de personas que viajarán a Benghazi. Antes, el ministro británico había señalado en varias ocasiones que no se enviarían armas a los rebeldes. El Reino Unido ya apoyó a la insurgencia con chalecos antibalas y con teléfonos satelitales.

El canciller precisó en un comunicado que el nuevo "equipo de enlace de asesores militares" reforzará a la delegación diplomática dirigida por Christopher Prentice que se halla en el bastión rebelde desde principios de abril. "Este contingente estará formado por experimentados oficiales británicos", declaró el ministro. "El personal adicional se sumará al trabajo que ya lleva a cabo el Reino Unido para respaldar y aconsejar al Consejo Nacional de Transición", órgano de dirección de la rebelión (CNT), agregó.

El ministro precisó que "aconsejarán al CNT sobre cómo mejorar sus estructuras de organización militar, las comunicaciones y la logística, incluido como distribuir mejor la ayuda humanitaria y entregar la asistencia médicas". Sin embargo, insistió en que la delegación está amparada por la resolución 1973 de la ONU adoptada el 19 de marzo para proteger a la población civil, y que excluye la posibilidad de una intervención terrestre.

"Conforme a nuestras obligaciones bajo esa resolución, nuestros oficiales no estarán implicados en entrenar o armar a las fuerzas combatientes de oposición. Ni estarán implicados en los planes o la ejecución de las operaciones militares del CNT o en el suministro de cualquier otra forma de consejo militar operacional", afirmó. Hoy su par francés, Alain Juppé, se declaró "totalmente contrario" el envío de fuerzas terrestres a Libia, inclusive a fuerzas especiales que guíen los bombardeos de la OTAN.

En tanto, el canciller italiano Franco Frattini recibió en Roma al líder de los rebeldes libios, Mustafa Abdel Jalil, y luego del encuentro dijo que los países y organizaciones del llamado Grupo de Contacto para Libia discutirán en Roma a principios de mayo "instrumentos legales para autorizar la venta de derivados del petróleo".

El encuentro debatirá también formas de utilizar fondos congelados al gobierno de Khadafi en distintas partes del mundo en beneficio de los rebeldes y volverá a discutir la hasta ahora espinosa idea de armar a los insurgentes. Frattini dijo que Italia aún tiene reservas sobre el envío de armas, pero dijo que evalúa la posibilidad de suministrarles "equipos de visión nocturna, radares y tecnología para bloquear comunicaciones.

"No tenemos muchas alternativas. Una es el uso de tropas terrestres, pero Italia no está a favor de ese tipo de envío", señaló Frattini, citado por la agencia de noticias italiana ANSA.

El canciller italiano contó que Jalil le dijo que 10.000 personas murieron y unas 55.000 resultaron heridas en el conflicto en Libia, que comenzó el 15 de febrero. El líder rebelde libio, un ex ministro de Justicia que renunció tras denunciar un abuso de la fuerza para repeler la insurrección, realizó ayer una visita a Qatar y tiene previsto reunirse mañana en París con el presidente Nicolas Sarkozy.

La gira de Jalil es la primera que realiza por el extranjero e incluye visitas a los únicos tres países que reconocieron oficialmente a los rebeldes: Francia, Italia y Qatar. Italia es el principal socio comercial de Libia. La compañía energética italiana ENI es también la empresa extranjera que más petróleo produce en Libia, un país con ricas reservas de crudo.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial bajo el decreto 446/2011, donde se aclara que la percepción "no será incompatible con la Asignación Universal por Hijo para Protección Social" que se percibe por cada menor de 18 años, o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado a cargo de la mujer embarazada".

Para acceder al beneficio, el artículo 4 precisa que "la embarazada sea argentina nativa o por opción, naturalizada o residente, con residencia legal en el país no inferior a 3 años", que acredite identidad, mediante DNI, lo mismo que el "estado de embarazo", mediante la inscripción en el "Plan Nacer" del Ministerio de Salud.

Asimismo, se agrega que se le entregará una cartilla de seguimiento en la que se explicitan los deberes y obligaciones para el cuidado del bebé. La madre recibirá el 80 por ciento de la Asignación por Embarazo para Protección Social de forma mensual, y una vez verificados los controles médicos, se le depositará el 20% restante.

Vestido con una campera azul oscura y camisa a cuadros, Fidel Castro, de 84 años y retirado del gobierno desde julio de 2006, entró apoyado por escoltas al plenario del Congreso, donde fue recibido con un estruendo de aplausos.

El ex gobernante confirmó su renuncia a la máxima jefatura del PCC, su último alto cargo político, al pedir ser excluido del Comité Central, principal órgano de la agrupación, según escribió en un artículo de prensa. "Raúl conocía que yo no aceptaría en la actualidad cargo alguno en el Partido", escribió Castro, al explicar en un texto en el portal Cubadebate.cu su "ausencia" en el nuevo Comité Central del PCC, electo el lunes por el VI Congreso del PCC.

Fidel ocupaba el cargo de primer secretario del Comité Central del PCC desde la creación del Partido, único legal en Cuba, en 1965. Su hermano Raúl lo sigue en jerarquía, y es muy probable que sea su sucesor.

El dirigente comunista confirmó así lo que había dicho en marzo acerca de su renuncia también a la jefatura del PCC. Fidel cedió a su hermano Raúl el mando en 2006 debido a una grave enfermedad, aunque siguió siendo llamado primer secretario.

En su artículo titulado "Mi ausencia en el CC" (Comité Central), el líder de la revolución cubana aseguró que Raúl siempre fue quien lo calificaba de primer secretario y Comandante en Jefe, incluso después de renunciar a dichas funciones.

"Nunca intenté ni podía físicamente ejercerlas, aún cuando había recuperado considerablemente la capacidad de analizar y escribir", afirmó Castro, y aseguró que le "agradó" la propuesta que hizo Raúl en la apertura del congreso el sábado, de que los principales cargos políticos, incluidos la jefatura de Estado y del Partido, se puedan ejercer sólo por dos períodos de cinco años.

Uno de los representantes gremiales de los trabajadores, Daniel Farella, informó esta mañana que "la asamblea del personal decidió continuar con el paro y aceptó que los delegados concurramos esta tarde a una nueva reunión en Trabajo". Según Farella la reunión se hará a partir de las 15 horas en la Dirección Nacional de Negociación Colectiva del ministerio de Trabajo

El gremialista agregó que "además de los delegados participarán tres mediadores; uno del ministerio, otro de la empresa y un tercero de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)". No obstante Farella advirtió que "la empresa está generando un conflicto para sacar al cuerpo de delegados, ya que nuestro reclamo no tiene discusión".

"La empresa liquidó mal las vacaciones de más de 600 trabajadores, porque lo hizo con los sueldos de diciembre y lo tendría que haber hecho con los salarios de enero que tuvieron 300 pesos más por el blanqueo de una suma no remunerativa acordada con la UTA", añadió.

La medida de fuerza mantiene completamente paralizado el servicio de la línea 60 que cuenta con 1400 trabajadores que prestan servicios en 17 ramales y que unen las localidades de Escobar con Constitución, transportando diariamente a más de un cuarto de millón de personas.

Anoche, el Ministerio de Trabajo intimó a la empresa MONSA, propietaria de la línea, a cumplir de forma inmediata el acuerdo integral alcanzado con el cuerpo de delegados el 11 de abril. La cartera laboral también ofreció que de mantenerse diversas interpretaciones sobre el alcance de aquel acuerdo, el caso sea sometido a un arbitraje, del cual surgirá un laudo de cumplimiento obligatorio.

"Si conseguimos mantener la refrigeración, algo así (la fusión del núcleo) es improbable", dijo el portavoz gubernamental, Yukio Edano. No obstante, las enormes masas de agua contaminada impiden los intentos de reparar los sistemas de refrigeración propios de la planta, que quedaron destruidos tras el tsunami hace seis semanas.

Los operarios comenzaron a bombear el agua con partículas altamente radiactiva del edificios de las turbinas del reactor 2. El agua fue llevada a un contenedor con capacidad para 30 mil toneladas, informaron medios japoneses. Según Tepco, la empresa que opera la central, en el edificio de las turbinas hay unas 25 mil toneladas de agua contaminada.

La contaminación radiactiva es de mil milisivert por hora. El agua contaminada es un efecto secundario de los esfuerzos por intentar refrescar los reactores.

Los autoridad nuclear confirmó además que las barras de combustible en los reactores 1, 2 y 3 se han fundido parcialmente. Según Tepco, existe además la posibilidad de que las barras de combustible que ya habían sido utilizadas en el reactor 2 estén dañadas. El portavoz gubernamental Edano señaló que todavía no se puede saber a ciencia cierta el alcance del daño hasta no tener los resultados de los exámenes que están haciendo los expertos.

En septiembre del año pasado, un tribunal penal de La Plata condenó a 14 años de prisión a un ingeniero por abusar sexualmente de sus dos hijos de 5 y 6 años de edad. Hace pocos días, dos jueces de la Cámara Penal de la misma ciudad decidieron beneficiar al violador preso y otorgarle la prisión domiciliaria, dándole además permiso para salir a trabajar en una empresa de La Plata. El fallo se basó en lo esencial en que el ingeniero es un “buen vecino”, que les causó “buena impresión” y hubo una presentación con 714 firmas, presumiblemente de vecinos tan buenos como él, los que, según los jueces, se convierten en “garantes” de que el hombre se presente cada vez que sea requerido, y eso demuestra que se trata de “una persona querida y apreciada en el ámbito social en el que se desenvuelve”.

El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves que puede cometer una persona. En la mayoría de los casos, los abusadores son familiares o personas cercanas a los niños que son “apreciados en el ámbito social en el que se desenvuelven”. Eso hace que los abusos en general sean continuados en el tiempo, con el agravante de que las víctimas están unidas a sus abusadores por algún vínculo afectivo. Esas características generan un daño imposible de medir en la mente y el cuerpo de las criaturas, a quienes el victimario priva no sólo de un despertar sexual normal sino, además, a quienes somete a una tortura que comienza en el primer abuso y continúa a veces a lo largo de toda su vida. La posibilidad de elaborar esos traumas y acceder paulatinamente a una existencia feliz, si bien es muy difícil, no es imposible. Hay factores que van a contribuir para un mejor pronóstico, y que son una intervención oportuna, especializada y respetuosa de parte de la Justicia, un acompañamiento terapéutico de las criaturas víctimas y también la contención hacia quienes las han ayudado, en general madres no abusadoras, docentes y vecinos. En sentido contrario, hay factores que lejos de ayudar a las víctimas, las alejan de la posibilidad de un futuro mejor. El principal, sin duda, es la mala justicia. Son aquellos jueces representantes de la peor ideología que un funcionario puede sustentar, los que realizan un aporte esencial para el mantenimiento de los mitos, prejuicios y estereotipos de género y edad, que siempre rodean casos como el del buen vecino de City Bell. Son los que miran con unos ojos a los acusados de piel clara y con otros a los de piel oscura y, finalmente, desarrollan ante hipótesis similares, mecanismos de razonamiento distintos. Eso se llama “doble estándar” y es la forma más sofisticada de discriminar con apariencia legal y de perpetuar, entre otras cosas, la impunidad del abuso sexual infantil. Semejante despropósito deja a las víctimas expuestas no sólo a las presiones de su abusador en libertad, sino que además las obliga a la destructiva tarea de no sentirse culpables. De tratar de entender algún día, por qué si ellas sienten que fueron tan dañadas, muchos vecinos creen –como en este caso– que su papá es tan bueno. La historia del abuso demuestra que a veces no alcanza una vida para semejantes elaboraciones, salvo que como parece insinuarse los restantes vecinos del lugar, muchísimos más por cierto, puedan expresarse descalificando a aquellos que por ignorancia o identificación de clase se atrevieron a avalar semejante monstruosidad.

Es útil recordar a Eric Priebke, un nazi que había matado de propia mano hombres, mujeres y niños en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Descubierto hace años viviendo en Bariloche, se lo detuvo, juzgó y condenó en Italia. Desde el primer momento de la noticia, algunos habitantes de esa hermosa ciudad tuvieron la misma reacción que los de City Bell. Las palabras fueron las mismas, “Eric es un buen vecino”. El resto de la sociedad dijo lo contrario y lo propio hizo el Estado argentino que lo extraditó y los jueces italianos que lo condenaron a prisión perpetua.

Siempre van a existir ciudadanos que firmen a favor de un violador de clase alta, lo esperable es que cada vez sean menos y que haya muchos otros que puedan alzar su voz para diferenciarse y reclamar justicia. Nuestro país ha avanzado más que muchos otros en la investigación y mejora de la intervención en casos de abuso sexual infantil, adulto y trata de personas. El caso del ingeniero pone una vez más en alerta a las organizaciones sociales que trabajan en el tema y al propio Estado, que a través de los mecanismos legales del Poder Judicial deberá mostrar a la sociedad que la mayoría de sus jueces no aprueba el desamparo de los niños víctimas. Charly García hace décadas anunció que los dinosaurios van a desaparecer y a mi entender están desapareciendo, aunque todavía queden algunos sueltos por La Plata o City Bell.

* Juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

“Algunas empresas no quieren distribuirnos sus dividendos, y son las mismas que hablan de seguridad jurídica. Yo espero que la Justicia sepa poner las cosas en su lugar. Cualquier argentino privado tiene derecho a tener sus ganancias. Para el Estado eso es aún más necesario”, criticó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Uno de las causas que motivó la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que eliminó el tope del 5 por ciento en la representación estatal en las empresas donde la Anses mantiene inversiones fue la retención de dividendos que practican firmas como Techint, el Grupo Clarín o Emdersa. Con una mayor participación en los directorios el Estado podría controlar más de cerca a las compañías, con el fin de evitar prácticas que impacten de manera negativa sobre los activos del organismo previsional. La medida oficial, resistida por parte del sector privado, ya hizo eco en la Justicia: ayer Techint presentó –tal como anticipó Página/12 la semana pasada– un recurso de amparo para intentar frenar la aplicación del DNU. Desde el Gobierno advirtieron que, además de la declaración de la CNV, la propia Anses irá también a la Justicia para denunciar el desconocimiento del DNU que propició Siderar.

En su asamblea ordinaria de accionistas del viernes pasado, Siderar en un primer momento desconoció los efectos del DNU 441 que eliminó el tope del 5 por ciento para la representación de la Anses en las empresas donde mantiene inversiones, de manera que el Estado no estaba en condiciones de ejecutar sus derechos por el 25,97 por ciento del capital social que posee. Frente al reclamo del Gobierno en la asamblea, la empresa, de forma contradictoria, reconoció el DNU pero argumentó que la reunión de accionistas se había convocado de forma previa a la norma, por lo que la votación del viernes supuestamente no estaba alcanzada por la eliminación del 5 por ciento. Finalmente, los derechos de la Anses no fueron reconocidos, lo que motivó el repudio de la CNV, que declaró “irregulares e ineficaces a los efectos administrativos” todas las decisiones que se adoptaron en la polémica asamblea.

Ayer Siderar tuvo que, de imprevisto, dar más precisiones a sus accionistas sobre lo sucedido el viernes. Fue ante un pedido de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que suspendió por casi una hora la cotización de las acciones de la firma a la espera de mayores precisiones. El presidente de Siderar, Daniel Novegil, aclaró en un comunicado a la Bolsa que considera que la decisión de la CNV “carece de validez, razón por la cual la impugnará ante los tribunales competentes”. Techint interpuso un recurso de amparo para suspender los efectos de la resolución de la CNV y de esa forma volver a dejar vigente la asamblea del viernes.

En esa conflictiva reunión se decidió la distribución de dividendos por unos 1500 millones de pesos, que quedó también afectada por la medida de la CNV. La empresa ayer indicó que “procurará las medidas legales a fin de poder cumplir con el pago del dividendo aprobado”. “No obstante –aclaró Siderar–, por causa de la decisión tomada por la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad no puede asegurar que podría poner a disposición de los accionistas el dividendo del 6 de mayo, fecha fijada por los accionistas en la asamblea referida.” La incertidumbre de Siderar sobre el reparto de dividendos generó una venta de papeles por parte de los accionistas que redujo el precio de la acción un 5,5 por ciento en la jornada.

“La CNV dictó la irregularidad a los efectos administrativos, pero seguramente la Anses va a recurrir a la Justicia para iniciar acciones legales contra los directivos de Siderar que bloquearon la participación del Estado de acuerdo con su cuota del capital social”, adelantaron fuentes del Gobierno. En esa línea se manifestó la Presidenta, al indicar que espera que “la Justicia sepa poner las cosas en su lugar”.

El capital social de Siderar está repartido en un 61 por ciento de Techint, un 26 por ciento de la Anses, un 4 por ciento de los trabajadores por medio del Programa de Propiedad Participada y un 9 por ciento que se negocia en la Bolsa. El representante de la UOM en el directorio votó en la última asamblea junto con la empresa. “La posición de la UOM es increíble, yo no la comparto. La CGT apoya el DNU”, dijo ayer el titular del gremio de los judiciales y miembro del Consejo Directivo de la CGT, Julio Piumato, en declaraciones radiales. El titular de la Anses, Diego Bossio, cuestionó que “hay 6400 millones de pesos en dividendos no distribuidos por Siderar. Queremos que le expliquen a la Anses cuál es el destino de esos fondos”.

A pesar de que el Estado es accionista minoritario frente a Techint, el mecanismo de voto acumulativo le permitiría colocar tres representantes en el directorio. El voto acumulativo está contemplado por la Ley de Sociedades Comerciales y permite elegir un tercio de las vacantes a llenar en el directorio (que en el caso de Techint serían tres) multiplicando los votos que se desprenden del 26 por ciento de las acciones por la cantidad de directores a elegir.