Página#12 Libre

Mientras tanto, la Cámara Nacional de Casación Penal todavía no aceptó los recursos de apelación presentados en septiembre por las partes tras el fallo que condenó a Omar Chabán y otros imputados, por lo que se espera una resolución para mediados del año próximo, informó el abogado José Iglesias, padre de un chico muerto en el incendio.

Los peritajes para hallar a quien tiró la bengala fueron dispuestos por el juez de instrucción porteño Alberto Baños, quien quedó a cargo de la parte de la causa que no llegó a juicio oral.

"El magistrado le pidió a la Dirección de Individualización Criminal de la Policía Federal que realice un cotejo fotográfico de cinco jóvenes pertenecientes a `El fondo no fisura`", explicó el letrado, en alusión al grupo de seguidores de Callejeros presuntamente enfrentado con otro llamado "La familia piojosa".

Iglesias dijo que estos jóvenes se convirtieron en sospechosos luego de una serie de escuchas telefónicas ordenadas por Baños, de las que surgen que miembros de "El fondo no fisura" se culpan entre ellos de haber tirado la bengala que originó el incendio.

Además, el letrado explicó que esos cinco chicos declararon en el juicio oral que terminó en agosto pasado y como el debate fue grabado en forma íntegra, se obtuvieron imágenes digitales de cada uno de ellos.

Entonces, Baños le pidió a los peritos de la Federal que establezcan "el grado de similitud" entre esos testigos y los tres identikits que hay en el expediente, efectuados en base a dictados de rostro que hicieron varios sobrevivientes que estaban cerca de quién arrojó la bengala.

Si bien la medida se conoció hoy, el juez la solicitó el 24 de noviembre y se estima que los resultados estarán en febrero.

Iglesias recordó que "ya se hizo un peritaje igual con el primer identikit del sospechoso" de haber arrojado la pirotecnia, pero el resultado fue negativo, y aclaró que los familiares de las víctimas quieren saber quién lo hizo.

"Siempre nos interesó saber quién fue, especialmente después de que por una movida política de Aníbal Ibarra se imputó a mi hijo Pedro de esto. Lo que quiero aclarar es que no tiene la misma responsabilidad Chabán que quien tiró la bengala, pero si se lo encuentra, tendrá que responder ante la Justicia", sostuvo.

El caso es de un joven de 23 años que había regresado de Cancún, por lo cual es considerado importado, y es el primero de la temporada estival 2009-2010.

El joven regresó de Cancún el 14 de noviembre y el 19 presentó síntomas febriles en Rosario, donde cursa estudios, mientras el 20 concurrió a una consulta en San Nicolás.

El primer diagnóstico, a raíz del cuadro febril, fue de gripe A, pero luego se avanzó en un análisis en un laboratorio privado que dio un cuadro positivo de dengue.

El ministerio sostuvo en el comunicado que México "se encuentra en situación delicada respecto al dengue. Según las autoridades sanitarias mexicanas, durante diciembre se produjo un aumento de 50 por ciento en el número de casos respecto a los ocurridos en 2008".

El dólar retrocedió hoy un centavo a nivel minorista -tras el salto de tres centavos de la víspera- y se negoció a un promedio de 3,79 pesos para la compra y 3,83 pesos para la venta, un 11 por ciento más que a fines de 2008, mientras que los bonos de deuda volvieron a marcar avances en las especies nominadas en dólares y terminaron 2009 con avances cercanos al 200 por ciento en el caso de los títulos de corto plazo.

La suba de la bolsa porteña se sustentó en el buen desempeño de las empresas que en el segundo semestre de 2008 sintieron el impacto de la crisis internacional, como los bancos Patagonia, Hipotecario y Macro, las relacionadas con el juego de azar como Bolt y las firmas cuya actividad se relaciona con los precios de commodities, como Carboclor y San Miguel.

El avance del Merval de hoy se sustentó en la suba del 3,52 por ciento registrado por el banco Hipotecario, seguido por Transener (+3,45 por ciento); Francés (+3,05 por ciento), Edenir (+2,67 por ciento), Patagonia (+2,60 por ciento) y Telecom (+2,02 por ciento).

Los analistas más optimistas pronostican que el Merval puede llegar a superar los 2500 puntos avanzado el primer trimestre de 2010, por el buen clima que imprimiría al mercado la reapertura del canje de bonos en default que no entraron en la operación de 2005 y por los avances de la negociación con el Club de París y el pago de los compromisos previstos para el próximo año.

El mercado de bonos, según el informe elaborado por el Instituto Argentino de Mercados de Capitales, vio este año reflejado en sus cotizaciones "el favorable contexto internacional", a lo que se "sumaron señales y medidas concretas del Gobierno que buscaron recrear la confianza de los inversores".

Al 23 de diciembre pasado, los bonos cortos en pesos registraron un avance promedio de 198,23 por ciento respecto al último día hábil de 2008. En el caso de los bonos en dólares la mejora fue del 119,81 por ciento. Por encima del promedio se ubicaron el Bono de Consolidación en pesos (PR13), con una suba en pesos del 340 por ciento anual, seguido por el Cupón PBI en dólares (según legislación de Nueva York), con un avance del 326,78 por ciento.

Hoy, con un mercado que aguarda la oficialización del canje de deuda -prevista por el Gobierno para el 12 de enero próximo-, el Cupón atado a la evolución del PBI en dólares volvió a liderar la rueda, con una mejora de 2,08 por ciento. También marcaron subas el Par en dólares (+0,38 pr ciento) y el Boden 2012 (+0,2 por ciento), mientras que el Discount en pesos cayó 0,67 por ciento y el Cupón PBI en pesos perdió 0,67 po rciento.

En lo que respecta al dólar, la decisión de las autoridades del Banco Central de moderar hoy su intervención en el mercado de divisas desinfló la demanda de la moneda estadounidense, que cerró la jornada a nivel mayorista en franco retroceso, tras la suba de la víspera. La rueda de hoy se destacó por la abundante oferta que superó la expectativa de la demanda, que dio como resultado fuerte baja en el tipo de cambio mayorista hasta 3,799 pesos por unidad, cuatro centavos menos que en el inicio de la jornada.A diferencia de la víspera, cuando la suba en el segmento mayorista se trasladó al minorista, el retroceso de cuatro centavos de hoy dentro del ámbito en el que se mueven los grandes actores del mercado no se replicó en el mayorista, dónde el dólar retrocedió un centavo, a 3,83 pesos.

A pesar de esta baja, desde el lado de las perspectivas para el 2010, la encuesta cualitativa que realiza el INDEC con los empresarios del sector arrojó un mejor escenario para aquellos que realizan obras privadas.

Así el 27,3 por ciento de los encuestados dijo que la actividad aumentará durante el año próximo, contra un 18,2 que anticipa una baja, mientras que el 54,5 por ciento restante no espera cambios significativos.

Entre quienes realizan obras privadas, el 29,8 por ciento anticipa una merma en la actividad, el 27,7 confía en que aumentará y el 42,5 por ciento restante no prevé cambios.

La superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas en una nómina representativa de 42 municipios registró durante noviembre una baja del 28,5 por ciento respecto a octubre y del 24,1 por ciento con relación a igual mes del año anterior.

La superficie cubierta autorizada acumulada durante los primeros once meses del año acumula una baja del 16,8 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

Sebastián Barrio, defensor del acusado, contó que el sospechoso declaró más de cuatro horas antes el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, tras lo cual regresó a la cárcel de Sierra Chica, donde está procesado por una causa previa de robo.

La decisión judicial fue la cuarta en el país, ya que anteriormente se habían producido fallos en Buenos Aires, Salta y Mendoza.

La presentación había sido efectuada por "Jorge Estornel S.A. y Otros", un grupo de larga trayectoria en la Provincia, que incluye al grupo Vila de Mendoza, propietario del Canal 8 de la capital provincial, Supercanal y Diario Uno.

Los demandantes pidieron a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley 26.522 e incluyó un pedido de amparo para suspender su aplicación, a la vez que cuestionó los artículos 8, 45, 46, 48, 73, 89, 158, 161 y 165.

Pero el magistrado ordenó posponer la puesta en funcionamiento de los artículos 42, 43, 45, 46, 48 y 161, ya que agregó dos cláusulas y rechazó otras.

Según el grupo Estornel, la nueva ley "viola la libertad de expresión" además de provocar un "un daño económico para las empresas" y pondría en peligro numerosos puestos de trabajo en el caso de Supercanal.

En el fallo, el magistrado advirtió sobre algunas medidas de la nueva ley porque estarían en "abierta contradicción al principio de libertad de prensa".

Consideró un "peligro" la modificación impuesta a la duración de las licencias y los plazos para amortizar inversiones y mencionó el derecho a la propiedad de los dueños de medios.

Por la alta temperatura, de las casas surgía un fuerte vaho a humedad y a productos en descomposición, por lo que sus dueños se apresuraban a retirar todo lo que quedó inutilizado, en especial muebles de madera, libros, ropas, colchones y alimentos que se pudrieron dentro de las heladeras.

Los camiones de vialidad y los tractores que arrastraban varias bateas recorrían las calles de barro y superaban pequeñas lagunas que llegaban hasta las casas, para recoger estos residuos, sobre los que comenzaban a formarse nubes de moscas y mosquitos de los matorrales y los recovecos húmedos.

El personal de Gendarmería entregó bidones de agua mineral y también baldes de plástico y cloro, que la gente mezclaba con el agua recogida de los charcos para limpiar pisos, paredes y mesadas.

En la zona céntrica, ya no había agua dentro de las viviendas, aunque la humedad marcaba la altura de más de un metro y medio que había alcanzado la inundación. En barrios del norte y el oeste, la mayoría de las viviendas permanecen inundadas.

Algunos vecinos afirmaban que hubo un relevamiento sobre sus pérdidas -que todos calificaban de "totales"- y necesidades, de parte de la municipalidad, pero otros se quejaban de que ninguna autoridad se había acercado a sus casas.

Por último, la policía patrulla las calles transitables para evitar actos de rapiña, mientras que en el barrio Don Pancho, que continúa anegado, sólo podían hacerlo gendarmes en los gomones de la fuerza y algún vecino en su bote.

Los fuerzas especializados antiterroristas utilizaron una cámara robot para acercarse y revisar la camioneta sin encontrar materiales explosivos. Entre los edificios evacuados están los dos rascacielos, que albergan la bolsa de valores Nasdaq y la editorial de revistas Conde Nast.

Alrededor de un millón de personas asisten cada año a la celebración de Nochevieja en este distrito neoyorquino, informó la agencia de noticias ANSA.

El hecho, que evidencia la preocupación de los estadounidenses tras el atentado fallido contra un avion, se produce en momentos en que la ciudad se prepara para la asistencia de centenares de miles de personas que se reúnen para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Fuentes judiciales indicaron que el procedimiento se realizó esta mañana por orden del juez que interviene en la causa, Conrado Bergesio, y precisaron que las muestras de "células desprendidas de los cuerpos" servirán para "establecer estudios de compatibilidad".

En tanto, el abogado de Felipe y Marcela también confirmó los procedimientos y precisó que se realizaron en las viviendas de sus clientes, de donde se retiraron "cepillos de dientes y de cabellos".

En los cementerios, mañana las inhumaciones se realizarán de 8 a 12, en lugar de destino y el 1 de enero las inhumaciones se realizarán de 8 a 12 en depósito.

Para la recolección de residuos, mañana la basura deberá ser sacada a la calle de 12 a 13. En tanto, la recolección de residuos será normal el 1 de enero, pero no se prestarán los servicios de levantamiento de podas, escombros y residuos voluminosos y el barrido manual diurno estará acotado a las principales avenidas.

En cuanto al estacionamiento, el Gobierno porteño autorizó el estacionamiento general de vehículos en las avenidas de la ciudad, de 7 a 21, mañana y el 4, 5 y 6 de enero de 2010.

El 1 de enero rige como feriado de fin de semana, por lo que está permitido estacionar libremente en las avenidas porteñas. Se exceptúan de ese beneficio las siguientes avenidas: Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo.

Tampoco se podrá estacionar en las que tienen contracarriles y carriles preferenciales como Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras, Pueyrredón entre Belgrano y Libertador, Presidente Roque Saenz Peña entre San Martín y Suipacha, Juan De Garay entre Combate de los Pozos y Lima y Triunvirato, entre 14 de Julio y Olazábal.

Los controles de alcoholemia se redoblarán en la medianoche del 31 de diciembre y 1 de enero se montará el mismo sistema que se utiliza en días feriados.

El Registro de licencias estará cerrado mañana y 1 de enero, al igual que la Dirección General de Infracciones.

En cuanto a los parques, la Reserva Ecológica estará cerrada 1 de enero lo mismo que el Jardín Botánico. Por su parte, Metrovías informó que mañana, las 6 líneas del Subte y el Premetro y la Línea Ferroviaria Urquiza funcionarán bajo su cronograma habitual. En tanto, durante el 1 de enero, los servicios se prestarán bajo el cronograma de horarios de los días domingo:

El ministro agregó que "situaciones como el default generan incertidumbres", por lo que destacó que el Gobierno tuvo que "tomar medidas para acrecentar la confianza", en el marco de una presentación en el Congreso para explicar los alcances del Fondo del Bicentenario.

Por otra parte, Boudou anticipó que "el superávit comercial será muy importante este año" y destacó que este resultado "no fue de casualidad", sino producto de un gran esfuerzo.

Y mencionó medidas como "la política de acumulación de reservas que tienen un volumen importante, durante los últimos seis años" y "el mantenimiento del tipo de cambio".

En tanto, el ministro destacó hoy la labor del Gobierno en las políticas fiscales y las que tienen que ver con la inclusión del sistema jubilatorio. "Este año también hemos incluido a los menores de 18 años con la asignación por hijo", agregó el ministro en el marco de una presentación en el Congreso para explicar los alcances del Fondo del Bicentenario, donde también hizo alusión a los mecanismos financieros puestos en marcha.

“Estamos muy contentos, le sacaron la traqueotomía y volvió a hablar, estuvo hablando de fútbol con Gancedo, hablaban de Falcioni cuando estaba en Independiente”, aseguró Ramón Cáceres, uno de los hermanos de Fernando Cáceres, en declaraciones radiales. "Los primeros días eran de terror y ahora estamos saltando de alegría", agregó.

Tras considerar que la recuperación de Fernando “es un milagro”, Ramón Cáceres recordó que “cuando entró acá no le daban nada de vida”.

El hermano del ex futbolista de Argentinos Juniors, Boca Juniors, River Plate e Independiente y de los equipos españoles Zaragoza, Valencia, Celta de Vigo y Córdoba, afirmó además que “por la manera que está preguntando cosas, aparentemente sabe lo que le pasó”.

Fernando Cáceres iba a ser dado de alta el pasado 22 de diciembre para comenzar su rehabilitación en el Instituto Fleni, pero los médicos postergaron su alta para practicarle nuevos drenajes.

Una vez que se concrete el alta médica, está previsto que el futbolista sea traslado a ese centro de recuperación de Escobar, donde le espera un largo proceso de rehabilitación.

El deportista fue baleado el domingo 1 de noviembre a la madrugada, a bordo de su BMW gris junto a una mujer, cuando fue interceptado por delincuentes para robarle el auto. El ex jugador intentó escapar y recibió un tiro en la cabeza cuando intentó pasar con el coche por medio de los delincuentes.

En cuanto a los condenados por el incendio, Pedro D´Attoli, abogado del empresario Omar Chabán, afirmó que "estamos a la expectativa de la audiencia de Casación que se hace a mediados de año" y "a la expectativa de lo que investiga el juez Baños, con respecto a los que arrojaron las candelas, y en base a eso decidiremos los argumentos que presentaremos".

Sobre la situación actual de Chában, dijo que está "a la expectativa, en tensión, como todo aquel sobre el que pesa una condena que es muy grave". Agregó que cree que es posible ese fallo favorable "porque es la realidad, ya que él no actuó con dolo".

De conseguir esa sentencia, D´Attoli aseguró que saldría rápidamente en libertad porque con los años que estuvo preso está "practicamente cumplida" la pena.

En cuanto al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 24, que le dio 20 años a su defendido, consideró que "es una doctrina que no está en el Código Penal, que es la de acción por omisión". Chabán está "en absoluta libertad, viviendo en su casa del Gran Buenos Aires", concluyó el abogado.

La causa tuvo inicio ante la denuncia del ex seminarista Rubén Descalzo, por un hecho ocurrido en el año 1992, que fue denunciado 10 años después. En tanto, el abogado de Storni, Eduardo Jauchen, apeló el procesamiento y en consecuencia el expediente recaerá en la Cámara de Apelaciones en lo Penal.

El caso Storni tomó repercusión en el año 2000, a partir de una denuncia publicada en el libro "Nuestra Santa Madre", de la periodista Olga Wornat, presentado por la nombrada en la Feria del Libro de Santa Fe.

En septiembre de 2002, el entonces arzobispo santafesino renunció a su cargo y envió una carta al papa Juan Pablo II en la que no reconocía "culpas" ni "acusaciones".

Tres meses después, Storni declaró en sede judicial y negó los cargos, siendo reemplazado por monseñor José María Arancedo. De allí en más, el ex arzobispo se recluyó en una finca de La Falda, provincia de Córdoba, propiedad del Arzobispado santafesino, y gestionó su jubilación, beneficio que le fue otorgado.

En febrero de 2003, el ex juez de Instrucción Eduardo Giovanini lo procesó por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de un ex seminarista. En aquel dictamen, el magistrado desestimó otras dos denuncias contra la autoridad religiosa al considerar que el tiempo transcurrido superaba el establecido para analizar la causa.

Seguidamente, el juez de Instrucción Darío Sánchez, remitió al magistrado de sentencia 2, Alejandro Echarte, el expediente en el que el ex arzobispo Edgardo Gabriel Storni se encontraba procesado por abuso sexual.

En su presentación, el ex seminarista Rubén Descalzo había declarado que "me hizo pasar a su departamento, donde sólo había una lámpara encendida. Hablamos mucho y me convenció para que fuera. Cuando llegamos a la puerta me abrazó. El abrazo comenzó a prolongarse y me apretó más contra su cuerpo. Colocó su cara en mi cuello y me besó".

La causa tuvo muchas idas y vueltas, se sucedieron las apelaciones y recusaciones, el expediente pasó por varios despachos hasta recalar en el de la jueza Mascheroni.

El abogado defensor de Storni, Eduardo Jauchen, dijo que "la justicia lo condenó a 8 años de prisión, que es la pena mínima, por abuso sexual agravado por la condición del autor. En este caso, se trataba de un sacerdote que estaba a la guarda".

"Esta sentencia no satisface las exigencias constitucionales de lo que debe ser una resolución adecuada a la decisión definitiva que, con grado de certeza en un proceso penal, se requiere para condenar a un ciudadano", puntualizó.

"No solamente el juez debe estar convencido de que ocurrió el delito sino que además la certeza tiene que surgir de las pruebas que existen en la causa. En este proceso existe una total orfandad probatoria para arribar ni siquiera a un estado de probabilidad de la autoría del delito que se le atribuye a Storni", agregó.

"No puede ser que por sospechas, rumores o versiones unilaterales se condene a una persona. Nuestro sistema democrático y republicano trata de evitar este tipo de arbitrariedades. Por lo tanto, o vivimos en democracia y república o seguimos viviendo en el caos, el desorden y culpamos a una persona por comentarios", remarcó también.

Finalmente, Jauchen dijo que "en este momento, Storni tiene o está por cumplir 74 años. En este proceso llevamos más de 7 años. Por lo tanto, en el peor de los casos, tendría que cumplir con el arresto domiciliario por su edad y estado de salud" y añadió que "esta es la única causa en la que no fue absuelto el ex arzobispo. Lógicamente, ya apelé este fallo".

En los ataques, perpetrados por dos atacantes suicidas en la ciudad de Ramadi, resultó herido el gobernador de Al Anbar junto a una treintena de personas.

El gobernador Qassim al-Fahdawi, el subjefe de policía provincial y otras autoridades llegaron al lugar media hora más tarde para inspeccionar el daño, y en ese momento un atacante suicida se acercó a ellos a pie e hizo estallar un cinturón de explosivos.

El subjefe de policía murió y el gobernador y otros funcionarios resultaron heridos, dijo la policía, citada por la agencia de noticias Europa Press. Fuentes médicas indicaron que la mayoría de los 23 muertos eran policías y que el gobernador sufrió quemaduras en el rostro y lesiones en el abdomen y otras partes. Otras 30 personas resultaron heridas.

Una de las 18 provincias de Irak, Al Anbar es mayoritariamente sunnita, la misma rama del islam a la que pertenecía el ex presidente Saddam Hussein.

La provincia fue la zona de operaciones más importante de la insurgencia hasta que el ejército de Estados Unidos pagó a cientos de rebeldes, en virtud de un programa del gobierno llamado Hijos de Irak, para sumarlos a una milicia pro gubernamental.

A estas milicias pro gubernamentales, que se volvieron contra Al Qaeda, se atribuye una significativa reducción de la violencia y una relativa estabilización de las zonas más conflictivas de Irak en los últimos tres años.

Pero desde entonces se convirtieron en blanco de ataques de represalia, y cinco de sus miembros murieron ayer en un atentado en un puesto de control.

El titular de la CGT dijo que en el almuerzo de ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pudieron hablar de "las perspectivas que tiene el país para el futuro". También ponderó la presencia "de la totalidad del consejo directivo" de la Central General del Trabajo en el almuerzo.

Consultado sobre supuestos reclamos a la Presidenta que hoy publican algunos medios periodísticos, el líder gremial respondió que "son gansadas que escriben solamente los gansos".

Sobre la ansiada conformación del Consejo Económico y Social, se manifestó a favor de que "lo podamos concretar", ya que "por parte del sector empresario hay voluntad, interés. Nosotros también creemos que es necesario ese ámbito, lo que demuestra una madurez de todos los sectores de la producción y el trabajo", añadió.

"En principio lo importante de esto es decidir crear ese ámbito, después las discusiones vienen adentro. Seguramente las discusiones van a ser como en todo orden, cada uno va a defender los intereses que representa, pero en definitiva es el ámbito para encontrar un acuerdo y que las cosas salgan con consenso", dijo Moyano.

Sobre las futuras demandas de incremento salarial, Moyano respondió: "Terminamos en julio el acuerdo salarial. Cuando lleguemos a julio vamos a hacer la evaluación correspondiente y cada una de las organizaciones gremiales hacen lo mismo".

El líder de la central obrera justificó dicha apreciación en que "no sabemos cuál va a ser la evolución de la actividad a la que pertenecemos cada uno de nosotros, el índice de inflación al momento de empezar a discutir salarios, y la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido durante este tiempo".

Moyano se mostró confiado en que "la economía va a mejorar y que vamos a tener un crecimiento" el año próximo, incluso en lo referente a "superar nuevamente la cosecha de la soja". "Esto de querer hacer aparecer porcentajes o preocupar a la sociedad, es un absurdo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo", agregó.

Moyano aseguró que el ex presidente Eduardo Duhalde "tiene derecho a postularse" para un nuevo período, pero advirtió, en referencia al ex mandatario, que "algunos hablan como si hubieran venido recién al país, y son parte de las situaciones que vivió el país, de los males que sufrió el país".

Evaluó que desde algunos sectores empresarios "tratan de instalar" la candidatura de Duhalde "para devolver los favores recibidos a algunos candidatos de la época de la pesificación".

En declaraciones a radio América, el líder sindical consideró que hay un "apresuramiento" en la postulación de Duhalde, y advirtió que "la gente, creo yo, en el momento de decidir, va a hacer un recuento de todo lo que pasó los últimos años y va a saber quién es quién en este país"

La comisión quedó a cargo interinamente de la diputada Diana Conti por el oficialismo y de Luis Naidenoff, del radicalismo, y fue invitado a ingresar a la reunión el ministro de Economía, Amado Boudou, quien pasadas la 11 comenzó a fundamentar el decreto que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento.

La reunión se realiza en el Salón Illia del Senado y constituye la última actividad parlamentaria del año legislativo

A través de tres avisos de pago, Metrogas comunicó a la Comisión Nacional de Valores que hoy honrará el vencimiento de intereses de una obligación negociable equivalente a 9,5 millones de dólares. De esa manera, la distribuidora gasífera alejó el fantasma del default y, al mismo tiempo, de la intervención oficial que la acechaba si hubiera caído en cesación de pagos.

Después de varias advertencias a través de sus estados contables sobre la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones con el actual esquema tarifario, la empresa operada por British Gas e YPF finalmente decidió cumplir con aquel compromiso. Lo hizo en el medio de rumores sobre el ingreso de un eventual nuevo socio a la compañía, alternativa esbozada por Sebastián Eskenazi (YPF), pero que se maneja de manera bastante discreta. Esa eventual incorporación fue analizada en la reunión de directorio de ayer de Metrogas en la que había mucho desconcierto al respecto. Para muchos no está claro si la idea es un plan en ciernes, con chances de que se concrete, o sólo una alternativa no debidamente explorada.

Metrogas venía alertando sobre el riesgo de no poder cumplir con sus pagos en la medida en que se mantuviese el statu quo de su tarifa. Los precios a los usuarios residenciales están congelados y el controvertido cargo dispuesto para mejorar la retribución a los productores y para costear la importación se transfiere al Estado, que es el que administra esos fondos.

A fines de 2008 se otorgó una mejora en el margen de distribución que oscilaba entre 22 y 27 por ciento y que en las boletas de usuarios residenciales se traducía en una suba cercana al 7 por ciento. Pero en el caso de aquellas empresas que tuviesen demandas contra el Estado argentino en el Ciadi debían depositar esos recursos en un fondo fiduciario a crear para tal fin y que debía servir para hacer obras en el área del servicio de la compañía. Este, sin embargo, nunca se puso en ejecución y aquel incremento no se cobró.

El afán de Metrogas es que, finalmente, ese ajuste se destrabe en los próximos días a través de la correspondiente resolución del Enargas aprobando los nuevos cuadros tarifarios. También apuesta a que el Gobierno se avenga a permitir el traslado a la tarifa de una serie de tributos provinciales que por ahora habrían absorbido las distribuidoras. Quizás en función de esta esperanza es que la empresa decidió hacer finalmente el pago de la ON. Este, a su vez, es un recurso para preservar la deteriorada relación con el Gobierno, que ya había dejado saber que intervendría la empresa si caía en cesación de pagos, tal como hizo previamente con TGN.

Rodeada de ministros y mandatarios de varias provincias, la presidenta de la Nación encabezó ayer la firma de convenios para extender la llamada “reforma penitenciaria democrática”, que desde hace un año viene implementándose en las cárceles federales. Cristina Fernández concluyó que el país tiene una “terrible” historia, luego de mencionar las condiciones de la antigua prisión de Ushuaia, e instó a cambiar esta realidad “diametralmente”, en pos de garantizar los derechos civiles a toda la población. El convenio permitirá que más 50 mil personas privadas de su libertad accedan a una decena de planes de salud, que hasta el momento estaban destinados sólo a la población general.

Las provincias que adhieren son Buenos Aires, Mendoza, Salta y Tierra del Fuego, por lo que los representantes de esas jurisdicciones estuvieron presentes: Daniel Scioli, Celso Jaque, Andrés Sotto (en reemplazo del mandatario salteño) y Fabiana Ríos. La Presidenta habló de los problemas de reinserción en un país con una marcada desigualdad socioeconómica. “No vamos a tener cárceles dignas hasta que no vivamos en una sociedad digna”, comentó al respecto. Luego recordó lo que le contó un guía de la ex cárcel de Ushuaia, hecha museo. Allí los presos dormían sobre piedras, en medio de inviernos de 25 grados bajo cero.

Alrededor de la Presidenta estaban los ministros involucrados en la reforma. A saber: Julio Alak, de Justicia; Alicia Kirchner, de Desarrollo Social; Juan Manzur, de Salud, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El proyecto fue presentado por el ex Comité Científico en materia de drogas a fines de 2008. Se lo llamó Plan Nacional de Salud para Incluir a la Población Carcelaria Intra y Extramuros y fue la puerta para que distintos programas relacionados con la tuberculosis, la educación sexual, el VIH, la salud mental, las adicciones, los remedios y dolencias oculares y cardíacas pudieran ingresar en las cárceles federales, siendo financiados por el Ministerio de Salud de la Nación.

El primero en hablar en el pequeño Salón de los Científicos fue Julio Alak, quien repasó los ejes del plan de “cooperación y asistencia”, destacando como “innovadora” la creación de una oficina interministerial para el seguimiento y contención de las personas que salen en libertad. “Por primera vez, se llevaron a casa la historia clínica y se les asegura la continuidad de cualquier tratamiento médico que hayan iniciado en la cárcel; esta reforma viene a romper un paradigma penitenciario”, explicó Alak, y destacó que además de los 50 mil reclusos beneficiados, “indirectamente” lo serán 210 mil personas.

En su discurso, Alak mencionó a Roberto Petinatto padre, jefe de la cárcel de Las Heras en los cincuenta. “Era un humanista, que reformó todo lo hecho hasta entonces. Hablaba de la dignidad de los presos y aseguraba que las paredes de las cárceles debían ser lo menos duras posibles. Fue el que terminó con el trabajo forzado y los grilletes. Decía que la justicia social debe llegar a las cárceles, yo creo que estaría orgulloso de los convenios que estamos firmando”, aseguró el ministro.

Antes de terminar tiró dos datos de la recordada gestión del padre del saxofonista y conductor televisivo: “La cárcel de Las Heras fue la primera en no tener reincidentes y además tuvo el 90 por ciento de ex convictos reinsertados a la sociedad”. Cristina Fernández retomó este dato y aclaró que los tiempos eran distintos: “Si pudieron reinsertarse fue porque afuera de la cárcel había una sociedad que lo permitía. La solución definitiva es lograr una sociedad justa y equitativa, como la que existía en aquel momento”.

En la primera fila de butacas del salón estaban el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky; la titular de la flamante Comisión Coordinadora de Políticas de Drogas (y una de las autoras de esta reforma penitenciaria), Mónica Cuñarro; el secretario de Medios fueguino, Leandro Gorbacz; el ex titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Juan Carlos Sylvestre Begnis, y la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Detrás se mezclaban diputados, jueces, médicos, sociólogos y psicólogos.

A la salida del acto, el juez Martín Vázquez Acuña, especialista en el tema penitenciario, dijo a Página/12 que había dos aspectos revolucionarios en este plan, al que podrían sumarse las provincias de Catamarca, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. “Por un lado se basa en los principios de equivalencia y universalidad y por otro hay que rescatar que reduce el presupuesto en salud de las penitenciarías, lo que permite que esa plata se invierta en otras mejoras”, estimó. Mejorar la situación carcelaria será una de los temas del mentado Acuerdo del Bicentenario.

El discurso de la mano dura en materia de seguridad quedó en minoría. También, las respuestas autoritarias frente al delito. Ayer al mediodía, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, se presentó el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), respaldado por un amplio e inédito abanico político, social, gremial y religioso. El documento expone las bases doctrinales para un plan futuro de política criminal a nivel nacional, permite ampliar el debate social y enfoca la discusión de la denominada inseguridad sin el “facilismo represivo”. Por ejemplo: “Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población”, reza el texto. Además de los ideólogos de la propuesta –los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y varios especialistas en el tema–, del acto participaron numerosos de los adherentes a la iniciativa.

“Esta debe ser la foto más buscada de la Argentina”, dijo Horacio Verbitsky. Con una carcajada, todos los presentes comulgaron con el titular del CELS y orador principal. La escena no daba lugar a dudas. Tras la mesa de especialistas y dirigentes –que incluía a León Arslanian, Estela Carlotto, Laura Conte, Hugo Cañón, Marcelo Saín y Enrique Font– se apostó la nueva multisectorial. Hasta ayer, verlos juntos en una misma iniciativa era impensable, pero lo que las diferencias partidarias deshacen, la preocupación por la seguridad esta vez logró unir. En la primera fila, de izquierda a derecha, estaban entre otros, Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Victoria Donda (Libres del Sur), Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR), Felipe Solá (Peronismo Federal) y Martín Sabatella (Encuentro por la Democracia y la Equidad). Entre Solá y Gil Lavedra, unos metros por detrás, asomaba Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y a unos pasos sonreía Margarita Stolbizer (Acuerdo Cívico y Social).

Cerca de las 12.30, poco después de que Verbitsky comenzara la presentación del documento, un hombre del público lo interrumpió. Era el tucumano Alberto Lebbos, padre de una joven que fue estrangulada en 2006. El crimen se mantiene impune.

–Sólo necesito que me escuchen dos minutos. No quiero que bajen la edad de imputabilidad, ni que endurezcan las penas, ni que haya más policías en las calles para que estén al servicio de la corrupción y repriman al pueblo. Sólo quiero que se haga cumplir la ley de protección a testigos y se respeten las normas que están vigentes.

Con lágrimas en los ojos y sin esperar respuesta, Lebbos dejó el recinto. Entonces, Verbitsky retomó su discurso: “Las palabras del señor son una prueba adicional de la gravedad y la complejidad que tiene el problema de la inseguridad en nuestro país”. Sentado en una silla contigua a la del titular del CELS, León Arslanian –coideólogo de la propuesta de seguridad democrática, propulsor de los cambios en la Bonaerense como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires– asentía con la cabeza los dichos del orador. En los últimos años, “el problema se ha agravado por la repetición de políticas fallidas e ineficientes como el manodurismo”, sentenció Verbitsky. Luego, una locutora leyó los puntos más importantes del texto.

El documento está dividido en diez apartados. Cada uno demarca una lectura de situación sobre el problema de la inseguridad y una propuesta distinta sobre la seguridad. De todas maneras, hay un común denominador: la posición democrática. Frente a las posturas reaccionarias, que hacen foco sobre la coerción social y la criminalidad juvenil, en el ASD las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario son los puntos centrales de la discusión crítica sobre seguridad.

“La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.” En tal sentido, una adecuada política criminal y de seguridad requiere “una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador”.

El texto también pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos civiles. Otra medida que impulsa el documento es la descentralización de las fuerzas uniformadas a nivel distrital y comunal. Luego de la presentación, Arslanian destacó que “lo peor que le puede pasar a un país es tener una policía sospechada de relacionarse con la delincuencia y la corrupción política”. Por eso y en concordancia con el Acuerdo para la Seguridad Democrática, el ex ministro destacó la importancia de los gobiernos en el control policial: “Las fuerzas de seguridad no deben autogobernarse”, explicó enfático a este diario.

“Una buena política de seguridad protege por igual a todas las personas sin distinción alguna”, dijo Verbitsky no bien recuperó el micrófono. Según el titular del CELS, durante años “la histeria punitiva desvió la problemática y permitió una discrecionalidad represiva”. Por eso, la propuesta fundamental del documento “no es meter bala, sino organizar las fuerzas de seguridad para poner el peso del Estado en el crimen organizado y no en la cacería de perejiles y estereotipos”, dijo.

Verbitsky concluyó el acto destacando el encuentro en la diversidad. “Esta reunión es excepcional y las distintas posiciones políticas, sociales y académicas son fundamentales para encarar el problema de la seguridad”, finalizó.

Informe: Mariana Seghezzo.

“Admitida la gravedad del problema, se impone la necesidad de un acuerdo amplio, plural de fuerzas políticas y sociales que converjan desde una perspectiva democrática”, explicaba en el Salón de los Pasos Perdidos el presidente del CELS y periodista Horacio Verbitsky. Se refería al acuerdo firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales, los Foros de Seguridad, la Comisión Provincial por la Memoria, Madres Contra el Paco, Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, el Inecip, entre otras organizaciones sociales y de derechos humanos. También adhirió un abanico de intelectuales (Horacio González y Eduardo Basualdo, entre otros), gremialistas como Víctor de Genaro, Hugo Yasky y Hugo Moyano y religiosos (el rabino Daniel Goldman, el sacerdote Eduardo de la Serna). Salvo el PRO, diversos dirigentes de la política local adhirieron a la iniciativa. En diálogo con Página/12, algunos explicaron su postura frente al binomio seguridad-inseguridad.

“Creo totalmente en el documento”, explicó Felipe Solá (diputado del Peronismo Federal). E inmediatamente quiso mostrar distancia de sus compañeros de fórmula en las últimas elecciones. “Mis decisiones políticas no se centran ni tienen la intención de molestar a otros”, dijo el hombre, sin referirse concretamente al fallido Mapa de la Inseguridad de Francisco De Narváez. Solá aprovechó la oportunidad para lanzar una propuesta de campaña: “Tenemos que tener un plan de seguridad a nivel nacional”.

Desde el GEN, Margarita Stolbizer señaló que “nos parece muy interesante el documento, porque necesitamos como país contrarrestar las propuestas más reaccionarias y de derecha que han sido escuchadas en el último tiempo.” Y destacó que el texto “debe transferirse en propuestas de prevención concretas”.

Martín Sabbatella (diputado por el bloque Encuentro por la Democracia y la Equidad) sostuvo un concepto más abarcativo. “El domingo me robaron. No podemos hacer como que la inseguridad es sólo una sensación, pero tenemos que corrernos de los oportunismos políticos y mediáticos: el abordaje de la inseguridad tiene que ir a la par del de la prevención y la inclusión social.” Para Sa-bbatella, de hecho, “seguridad es que no te roben, pero también tener trabajo, educación, salud, una jubilación y un futuro”.

“Además, dentro de una discusión ampliada sobre la seguridad habría que hablar sobre la desigualdad, la pobreza estructural y las causas que la generaron, porque a veces se apresuran las opiniones y se dice cualquier cosa”, agregó el legislador kirchnerista Juan Cabandié.

Informe: M. S.

El Acuerdo para la Seguridad Democrática (ApSD) congregó un abanico notable de adherentes, que se escenificó en el Congreso. Dirigentes del oficialismo y la oposición, de las vertientes kirchneristas y federal del peronismo, del radicalismo, de la Coalición Cívica, del socialismo, del GEN, de las variadas expresiones del centroizquierda. Organismos de derechos humanos e instituciones con largo millaje recorrido en defensa de las garantías constitucionales, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial de la Memoria. Las dos centrales de trabajadores, religiosos, académicos, funcionarios con millaje en la materia, cien etcéteras.

Ese conjunto alcanza (porque persigue) una vasta representatividad pero no aspira a la vacua unanimidad tan de moda últimamente. Construye un consenso de fronteras amplias pero precisas, definido por principios y polariza con quienes piensan distinto. Del otro lado (enfrente) quedan los predicadores de la mano dura, del manejo de la seguridad por las fuerzas policiales y no por los gobernantes elegidos por la ciudadanía, los apóstoles de la demagogia punitiva. El Acuerdo no se enuncia en nombre del imposible ciento por ciento, sino que define dos campos que confrontan en la arena democrática.

La inevitable generalidad del texto presentado ayer (y anticipado en su totalidad por este diario) imponía obviar nombres propios, pero hay varios protagonistas señalados y reprobados por el Acuerdo. Sin agotar la lista, los principales son lo gobernadores Daniel Scioli, Celso Jaque y Mauricio Macri.

El mandatario bonaerense ranquea primero, por la magnitud de su provincia y por su escalada de mano dura. Resignó las incumbencias del gobierno a favor de la Bonaerense, enhebró un fracaso tras otro y, ante cada revés, dobló la apuesta. Con el caso Pomar a cuestas, se empecinaba en promover el Código contravencional para sancionar la portación de aspecto, la detención de menores para dar rienda suelta al clasismo y racismo policial. La frutilla de ese indigesto postre es reformular el régimen de excarcelaciones, haciendo propio un tópico facilista de políticos irresponsables y comunicadores iletrados.

El mendocino Jaque es otro ejemplo de obcecación represiva, formulada con todos los lugares comunes salvajes que, se supone, expresan “la rabia de la gente”. Sus desempeños han sido pésimos y su cosecha electoral patética, ninguno de esos datos lo disuade.

La Policía Metropolitana de Macri –cabe reconocer– ha causado por ahora menos daño que otras fuerzas uniformadas. Pero consiguió un sugestivo record: cometió delitos y actos de corrupción antes de entrar en funciones. Es un suceso extremo, pero no descolgado: prueba que una determinada concepción degenera inevitablemente en violaciones legales de todo pelaje. La mano dura y la falta de autoridad civil no son un freno al crimen, sino un acicate para que éste se practique desde el propio Estado. La Metropolitana (con ñoquis, causas judiciales amañadas y espionaje ilegal antes de salir a la calle) es un ejemplo de laboratorio.

Hay otro ejemplo de laboratorio, que viene a cuento: el episodio de la familia Pomar, que evidenció clásicas carencias de la mejor del mundo. Corroboró su impericia para investigar algo sin valerse de apremios ilegales, invención de culpables u otros rebusques que son el alfa y el omega de su modus operandi. Su torpeza arrastró a demasiados periodistas, que no supieron poner distancia profesional e intelectual respecto de fuentes capciosas, inútiles, fantasiosas y perversas. El accidente de la familia Pomar, su absurda pesquisa, mostró las costillas de la Bonaerense y las pésimas decisiones políticas de Scioli y Carlos Stornelli.

Si hay aludidos por la negativa en el Acuerdo también hay una tácita convalidación de funcionarios y académicos que trataron de imponer otra concepción. Varios figuran entre los firmantes, entre ellos Marcelo Saín, Gabriel Kessler y Alberto Binder, pero seguramente el principal reivindicado es León Arslanian. En espejo invertido con Scioli, se pondera su acción comprometida en el territorio más arduo de la Argentina. La valorización del ex camarista federal y ministro –permítase una subjetividad del cronista– es como la del técnico de fútbol Angel Cappa. No hace centro en los resultados sino en la filosofía de su juego, frontalmente alternativa a la Vulgata dominante.

El ApSD construye un paraguas político enorme e impone un reto a sus firmantes: transformar los buenos deseos en acciones y normas. A los dirigentes les propone un límite implícito que es renunciar a “correrse por derecha” en esta materia, una tentación siempre latente cuando Susana, Mirtha o Marcelo laburan de referentes mediáticos.

Formulado desde un espectro entre republicano y progresista, el Acuerdo internaliza la legitimidad de la demanda ciudadana de seguridad. La dialéctica cotidiana, la réplica a los sofismas y exageraciones de los medios y los políticos de derechas a veces inducen a desconocer la magnitud del fenómeno y su relevancia en la agenda democrática. Reconocer esa prioridad, proponer un abordaje propio con herramientas constitucionales y develar las flaquezas de los antagonistas es una tarea imprescindible, quizá no imposible pero sí bien difícil.

mwainfeld@ciudad.com.ar

Los jueces de la Corte Suprema están decididos a reformar el Cuerpo de Peritos Contadores y a nombrar un nuevo jefe que haya llegado por concurso, pero en su plenario de ayer acordaron postergar el cambiazo para febrero para “que no se interprete –señaló un integrante del tribunal– como una respuesta al sobreseimiento de los Kirchner”, que se basó en un peritaje oficial. El informe que concluía que el matrimonio presidencial no se enriqueció ilícitamente había sido elaborado por el actual jefe de los expertos contables de la Corte, Alfredo Peralta. Su resultado se conoció al mismo tiempo que finalizaba una auditoría sobre ese cuerpo pericial, ordenada por los supremos a fines de agosto, que arrojó irregularidades en la asignación de peritos a causas judiciales y fallas de control sobre los expedientes.

Los peritos contadores suelen intervenir en causas sobre fraudes, sobreprecios, contrataciones sospechosas, quiebras y enriquecimiento, entre muchas otras. Y, como ocurrió con la causa penal sobre el patrimonio presidencial, sus conclusiones pueden ser determinantes en la suerte que corran esas investigaciones. Desde hace años que la Corte recibe denuncias de corrupción contra algunos de estos especialistas y cuestionamientos a los métodos con que se los asigna a causas penales. La Corte, por lo pronto, planea limitar la potestad que tienen los jueces de instrucción de designar peritos “a dedo” invocando un decreto (1285/58) que los habilita a “disponer, cuando lo crean necesario, de los servicios de cualquiera de los integrantes de los cuerpos técnicos”. Esta norma, evalúan en el tribunal, ha propiciado favoritismos hacia algunas de las partes en expedientes en trámite y arbitrariedades de todo tipo.

La salida del contador Peralta, decano de los peritos contables, estaba prevista desde hacía tiempo. Su mandato incluso llevaba más de un año vencido, aclaró un integrante de la Corte. Como parte de los cambios que implementó el tribunal en los últimos años, para ser perito ahora hay que presentarse a concurso. Ese proceso de selección está terminado y de ahí saldrá el reemplazante de Peralta. El tribunal tenía planeado nombrarlo antes de que terminara el año y aprobar a la vez una serie de reformas reglamentarias que le den transparencia a su funcionamiento. Pero el tema quedó tan asociado al cierre de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Cristina y Néstor Kirchner que Sus Señorías decidieron dejarlo en el freezer hasta febrero. “¿Total, qué apuro tenemos?”, comentaban ayer.

En la Corte, por lo bajo, hay funcionarios que sugieren que no fue inocente la decisión de Peralta de terminar rápido y justo unas semanas atrás la pericia contable que le había pedido el juez Norberto Oyarbide sobre los bienes K. Todo el mundo sabía que el tribunal había dado un plazo de sesenta días a los auditores externos a quienes les encomendó evaluar “la organización, distribución y custodia de los expedientes” del cuerpo de peritos contadores. Esa pesquisa había empezado cerca de mediados de septiembre y estaba bajo la órbita de la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco. Los resultados están en manos de los supremos desde hace varios días y, tal como se preveía, las conclusiones advierten sobre manejos dudosos y anomalías. Fuentes supremas aclaran que el trabajo no avanza sobre “el contenido de las pericias”, sino sobre cuestiones propias del funcionamiento del organismo que se deben modificar.

El propio Peralta había sido denunciado a comienzos de este año por el fiscal federal Federico Delgado, por “demorar de manera injustificada” una pericia que se le había requerido para resolver la situación penal de ex funcionarios –entre ellos el ex presidente Fernando de la Rúa– y banqueros en el expediente sobre el llamado “megacanje”. El perito que se expidió en dos meses sobre el patrimonio de los Kirchner había dejado pasar más de diez sin responder el pedido de Delgado. “El señor decano del cuerpo de peritos no cumplió con la tarea que le fue encomendada y ni siquiera respondió a los puntuales interrogantes formulados por la fiscalía”, advertía una nota que le envió el fiscal al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Peralta fue nombrado miembro del Cuerpo de Peritos Contadores en 1990, informaron en el alto tribunal. A mediados de esa década, con la mayoría automática menemista, fue ascendido a jefe del organismo en una decisión cuestionada dentro de la Corte porque no se habría respetado el orden de sucesión por antigüedad. En 2005 fue nombrado nuevamente como titular interino, después de que el máximo tribunal decidiera desplazar a las autoridades de entonces, Jorge Schiavo, y su segundo, Fernando Robles, sospechados en “varios expedientes administrativos y judiciales”. En febrero de 2007, Robles incluso fue suspendido, acusado de favorecer a representantes del Exxel Group, enfrentado en un juicio millonario con la firma Carrefour, en uno de los casos emblemáticos de irregularidades vinculadas con peritos contables.

En la Corte insisten en que los cambios previstos en el área de los contadores forman parte de una nueva política que se pretende implementar en todo el cuerpo pericial del tribunal y que ya alcanzó al Cuerpo Médico Forense que, incluso, estuvo intervenido. En el caso de los contadores no habrá una intervención propiamente dicha, sino un cambio de autoridades. Para los forenses, hace quince días los supremos aprobaron un nuevo reglamento que apunta a ejercer un mayor control en varios aspectos, que van desde la asignación de causas hasta incluso evitar que haya empleados ñoquis. El nuevo jefe de los forenses será elegido en febrero: ya no habrá un nombramiento unilateral, sino una votación de todos los peritos.

La Cámara Federal porteña le denegó al abogado Enrique Piragini la posibilidad de ser querellante en la causa sobre el patrimonio de los Kirchner y con esa decisión quedó firme el sobreseimiento del matrimonio y la investigación judicial resultó formalmente cerrada. El juez federal Norberto Oyarbide volvió a defender la resolución en la que sostuvo que Cristina y Néstor Kirchner no se enriquecieron en forma ilícita. Se basó, dijo, en la “confiabilidad” de la pericia que realizó Alfredo Peralta, el decano del cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema.

Piragini fue quien presentó la denuncia que llevó a la apertura de la causa sobre los bienes de la Presidenta y su esposo. Pedía que se investigara el incremento patrimonial de los Kirchner entre 2007 y 2008, ya que sólo en un año había sido del 158 por ciento, según la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Según la Cámara, el letrado no puede ser considerado como un particular damnificado con derecho a intervenir en la causa. El expediente quedará cerrado, ya que quienes sí tenían la posibilidad de apelar –el fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles– no lo hicieron. Los Kirchner no podrán volver a ser investigados por su aumento patrimonial de aquel período.

“Yo, en esta oportunidad, quiero simplemente repetir de algún modo que me basé en lo confiable del estudio que realizó nada menos que el decano del cuerpo de peritos contadores de la Corte, secundado por otra perito también de la Corte (María del Carmen Penedo) y, como lo señalé, acompañó el dictamen el perito de parte propuesto por la señora Presidenta y el ex presidente, en este caso el contador (Víctor) Manzanares”, explicó Oyarbide en sus ya clásicas declaraciones matinales. Cuando los periodistas le señalaron que la Corte Suprema analiza desplazar a Peralta, sólo dijo: “Si eso acontece, habrá que seguir con todo cuidado el desarrollo de lo que puede suceder”.

“Esta causa por enriquecimiento ilícito –añadió el juez– no es el primer caso que me toca a mí investigar. Han sido muchos y de distintos gobiernos: menemista, radicales; de la época de (Eduardo) Duhalde también me ha tocado y la repercusión que tiene el fallo es por la característica de las personalidades de quienes fueron protagonistas en toda esta investigación”, explicó el magistrado.

El ex presidente Néstor Kirchner defendió el fallo que lo sobreseyó en una investigación por enriquecimiento ilícito y remarcó que “ésta es la tercera investigación” que tiene como objeto su patrimonio. En una entrevista televisiva, sostuvo que junto a la Presidenta “presentamos las declaraciones juradas sobre hechos reales y patrimonio concreto, que no tienen que ver con bienes ocultos”. Y añadió que “los bienes están justificados en las declaraciones juradas: la declaración jurada es perfecta”. Por otro lado, Kirchner descartó hablar de candidaturas para 2011 y aseguró que hoy en día “la seguridad es un tema central” para la sociedad argentina.

“No tenía dudas acerca del fallo del juez Oyarbide”, aseguró Kirchner, cuando le preguntaron por la decisión del magistrado (a quien aseguró no conocer personalmente) de sobreseerlo en la causa que investigaba su aumento patrimonial. “Es absurdo que nuestro patrimonio haya crecido exponencialmente –consideró–. Yo fui construyendo mi patrimonio desde 1978. Luego de casi 30 años vendimos muchos bienes que tienen una diferencia sustancial con el valor fiscal que tenía desde 1978. Eso es lo único que incrementó nuestro patrimonio”, explicó. Además, Kirchner remarcó que “cuando uno declara todos los bienes que tiene, con claridad, tiene que soportar este tipo de cosas, mientras existe un montón de dirigentes que viajan, que van y vienen y, en sus declaraciones patrimoniales, afirman no tener ningún bien”.

En una entrevista al canal de noticias C5N, el santacruceño volvió a apuntar contra el Grupo Clarín y su CEO, Héctor Magnetto, al observar que “los intereses mediáticos proceden de esta forma, presionando y desinformando. Cuando un juez falla como quiere Clarín, entonces es bueno. De lo contrario es corrupto”. Según el ex presidente, “lo que pasa es que en la Argentina se ha sancionado una ley de medios que tiende a profundizar la democratización de la cuestión mediática, esto afecta intereses y estos intereses apelan a cualquier metodología”.

“No estoy en campaña”, se atajó, cuando le preguntaron por las candidaturas presidenciales. “No voy a hablar sobre lo que puede pasar en 2011 porque hoy tengo que acompañar a Cristina en su gestión de gobierno. Mi tarea es construir una nueva Argentina y profundizar el modelo, como cabeza o acompañando. Hay que aprender a construir de manera colectiva”, completó el diputado, que aseguró que las encuestas que maneja sobre su imagen están entre el 48 y el 52 por ciento.

“No se sintió como un golpe duro lo del 28 de junio”, aseguró, sino que “fue un avance, luego de la Resolución 125 y otras cosas”, aseguró Kirchner, que también explicó que “jamás” responsabilizó a Scioli por la derrota en la provincia de Buenos Aires. “Sería una bajeza –consideró–. Tampoco lo hice con los intendentes. Eso sería buscar fantasmas.” Por último, confió que “los próximos dos años de gobierno serán muy buenos porque veo la recuperación del empleo y un gran crecimiento económico”.

El gobierno nacional presentó una denuncia durísima contra los posibles autores, coautores o partícipes de la construcción de los canales de desagües a la vera de la cuenca del río Areco, origen de las inundaciones del último fin de semana. Por la presencia de los canales, indica la presentación, “buena parte del agua que debía ser retenida en la cuenca rural fue derivada de manera directa y artificiosa hacia el río y de allí a la ciudad”. La causa quedó en manos de la Justicia federal por el supuesto delito contra la “seguridad pública” con penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión. La presentación no menciona ni una sola vez a los productores rurales, pero no faltan alusiones: entre otros puntos, carga parte de las responsabilidades en los mecanismos de siembra directa. Los productores, en tanto, volvieron a quejarse. Por su parte, el gobernador Daniel Scioli tomó distancia: dijo que las denuncias “no son un ataque al campo”.

Si bien las lluvias extraordinarias en la zona –empieza la denuncia– empezaron a registrarse a partir del 23 de diciembre pasado, los desagües naturales y de drenaje que están a la vera de las rutas nacionales 8 y 9, y del cauce del río “serían a priori suficientes para evacuar el volumen de agua caída”.

Con esa premisa, continúa, “se ha verificado la existencia de numerosos canales construidos en los campos de la zona, la mayoría de los cuales colectan el agua superficial y subsuperficial de las subcuencas vecinas al cauce principal, desembocando en el curso del río Areco y/o canales aliviadores de las rutas, manteniendo los predios en estas subcuencas libres de agua superficial”. Mientras sucedía eso, es decir, mientras las tierras estaban escurridas y casi sin agua, “existió como contrapartida una importante cantidad de agua acumulada en la zona urbana de la cuenca”.

Así las cosas, el Gobierno concluye en la presentación que el agua que debía haber permanecido en el campo entró a la ciudad. Y el motivo serían los canales. “La construcción de esos canales trajo aparejadas dos consecuencias: el aumento del caudal pico del río por el volumen adicional del agua que suministran de manera directa y que modifican lo que se conoce como la media del río (hidrograma natural de la cuenca). Y, por otro lado, ocasionan que el exceso de agua afecte un determinado sector de la localidad.” En este caso, la zona urbana de San Antonio de Areco.

El domingo pasado, el Ministerio de Planificación de la Nación había decidido dejar la denuncia en manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero ayer esa decisión cambió. El subsecretario de Recursos Hídricos del ministerio, Fabián López, entregó la presentación a la Justicia federal, y la causa quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Según fuentes del Ministerio, la Nación avanzó cuando advirtió que las aguas habían afectado dos espacios de jurisdicción federal: las vías del ferrocarril y las rutas de circulación nacional.

Las primeras pruebas que soportan la presentación surgieron el domingo pasado. López sobrevoló la zona como lo hizo Daniel Scioli y ministros y funcionarios de la provincia de Buenos Aires y Nación. Recorrió los 70 kilómetros que separan la desembocadura del río Areco del límite superior, unas 3690 hectáreas, con una bifurcación del río y, pese a lo que hasta ahora se decía, no encontró trasvasamientos de aguas de otras cuencas sino una polución de canales.

“Es sospechoso que alrededor de la cuenca, las tierras estaban secas, no todas, pero había muy poca agua acumulada en términos relativos y eso es una muestra, obviamente, de que lo que ha quedado retenido ha ido a parar a otra parte”, dijo una fuente ministerial a este diario.

¿Cuántos son los canales? Todavía no se sabe, pero en el Ministerio dicen que no son menos de cien. Todavía no se sabe si están habilitados o no, y si aún estando habilitados se hicieron correctamente. Los hechos denunciados constituirían para el Gobierno delitos encuadrados en el artículo 186 y 196 del Código Penal. El primero pena al que provoque incendio, explosión o inundación con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes; hasta 15 años si hay peligro de muerte; de 8 a 20 años si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona. La inundación, en este caso, provocó la muerte de tres personas. El artículo 196 indica que será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente. En Mercedes, en tanto, tramita una causa paralela abierta de oficio por el fiscal Pablo Merola.