Página#12 Libre

Luego agregó: "Nuestro objetivo es pasar esta primera ronda y luego ya se verá qué pasa en octavos y cuartos", recordando que España "está en un buen momento y será uno de los equipos más fuertes junto con Francia, Brasil y Portugal".

Por otra parte, el delantero argentino aclaró su situación en el Atlético de Madrid, habida cuenta de los constantes rumores que hablan de una posible transferencia: "Soy consciente de que siempre hay rumores sobre mi futuro, pero en realidad estoy aislado de todo eso. Siempre dejé claro mi compromiso con el Atlético y todo el mundo lo sabe".

El distrito de Bannu es vecino de Waziristán del Sur, una zona tribal fronteriza con Afganistán en donde el ejército paquistaní combate actualmente a los talibanes aliados a Al Qaida, que en represalia cometen numerosos ataques suicidas.

"Los habitantes del pueblo estaban viendo un partido entre dos equipos de esta localidad cuando el kamikaze llegó manejando un vehículo todoterreno que precipitó sobre ellos e hizo estallar", relató el jefe de la policía del distrito, Mohamad Ayub Jan. Unas 200 personas asistían a la contienda, según la policía.

"El atentado dejó al menos 70 muertos y más de un centenar de heridos y el balance podría aumentar", declaró el jefe de policía del distrito, Mohammad Ayoub Khan. El balance anterior era de más de 60 muertos y más de 100 heridos.

Una reunión del comité local antitalibán se desarrollaba en la mezquita situada justo al lado del terreno de voleibol, cuando se produjo el ataque, indicó Mushtaq Marwat, miembro de ese "comité de paz", al canal de televisión local Geo.

Varias víctimas, entre ellas mujeres y niños, fueron extraídas debajo de los escombros de una veintena de negocios y viviendas que se derrumbaron, indicó Jan señalando la impotencia de las autoridades del pueblo para enfrentar una tragedia como esta.

"La clínica local no tiene siquiera un doctor. Los habitantes del pueblo tienen que subir a las víctimas a sus propios vehículos y llevarlas al hospital de la ciudad Lakki Marwat" a 30 km de distancia, agregó.

Jan y otros responsables policiales acusaron a los rebeldes talibanes de haber perpetrado este atentado.

"Recibimos amenazas de Miranshah", principal ciudad de Waziristán del Norte, uno de los principales feudos de los talibanes, afirmó Mushtaq Marwat.

La policía y el ejército lanzaron el año pasado una operación contra los talibanes en Bannu y declararon al distrito unos meses después totalmente seguro.

El primer ministro, Yusuf Raza Gilani, condenó el ataque afirmando en una comunicado que "tales actos terroristas no pueden debilitar la resolución del gobierno a combatir la amenaza terrorista hasta que sea totalmente eliminada".

La ola de atentados que sacude a Pakistán desde hace unos dos años y medio se aceleró desde octubre, cuando el ejército lanzó una ofensiva terrestre contra los talibanes en Waziristán del Sur, bastión del Movimiento de los Talibanes Paquistaníes (TPP) que juró fidelidad a Al Qaida.

El TPP y sus aliados, que denuncian el alineamiento de Pakistán con Estados Unidos en la "guerra contra el terrorismo" en la región, son considerados los principales autores de estos atentados.

Las zonas tribales fronterizas de Afganistán son consideradas como un santuario para los talibanes y Al Qaida. Washington presiona a Islamabad para que ponga fin a la rebelión islamista.

La mayor cantidad de víctimas fatales se registró en el municipio de Angra dos Reis, donde el temporal que azotó esta madrugada la ciudad provocó deslizamientos de tierras que dejaron por lo menos 22 muertos, según informó el superintendente operacional de Defensa Civil Estadual, Luís Guilherme Ferreira dos Santos.

El secretario de Defensa Civil de ese municipio, Alexandre Soares, aseguró que 15 de las 22 personas muertas allí fueron aplastadas por un deslizamiento de tierra que sepultó una posada y varias casas de Praia do Bananal, en Ilha Grande.

Las lluvias fueron provocadas por un frente de tormenta en el Grande Rio entre la noche del 30 y la mañana del 31 de diciembre que se desplazó hacia Angra dos Reis, indicó Dos Santos.

En la capital del estado murieron 11 personas, y el resto de las víctimas son de los municipios de Niterói, Belford Roxo, São João de Meriti y Duque de Caxias.

Lula, quien se manifestó "sensibilizado" por la tragedia, se comunicó hoy con el vice gobernador fluminense, Luiz Fernando Pezão, a quien le informó sobre las medidas de ayuda del gobierno federal.

El presidente ordenó al ministro de Integración Nacional, Geddel Vieira Lima, que la cartera a su cargo quede a disposición del gobierno de Rio de Janeiro para auxiliar en el rescate de las víctimas. Según la Asesoría de la Presidencia, Lula, quien está de vacaciones en Bahía, determinó además que la Marina también colabore con los trabajos de rescate.

El hecho se conoció ayer, pero ocurrió en la tarde del 30 de diciembre, cuando unos hombres ingresaron a la oficina de Derechos Humanos provincial, ubicada en las calles 8 y 53 de La Plata, maniataron a la funcionaria y le exigieron que entregara las llaves de la caja fuerte donde estaban guardados los legajos de los represores, de quienes aún no trascendió la identidad.

Además, los delincuentes se llevaron la computadora portátil personal de Cobacho, teléfonos celulares y 8 mil pesos.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Primera, ubicada a una cuadra de la Secretaría, hasta el momento no hay detenidos.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, calificó de "actitud mafiosa" el robo a la subsecretaria de Derechos Humanos provincial, Sara Derotier de Cobacho y aseguró que "nada hará quebrar su voluntad en el esclarecimiento" de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El director Ejecutivo de la ANSV, Felipe Rodríguez Laguens, señaló que “el trabajo mancomunado con la policía bonaerense y los municipios locales es fundamental para salvar las vidas que todos los años se pierden por accidentes relacionados con el alcohol en el verano”.

Además recalcó que “los operativos se realizarán diariamente y se intensificarán los fines de semana durante toda la temporada en los principales puntos turísticos del país”.

El desglose por ciudades arroja que en Mar del Plata se realizaron 107 test, se registraron 8 casos positivos, y se retuvieron 7 autos y una motocicleta.

En el Partido de La Costa, se realizaron 120 controles y se retuvieron 10 automóviles.

Finalmente, en Pinamar se efectuaron 114 pruebas, se labraron 15 infracciones y se secuestraron 2 vehículos, ya que las autoridades locales optaron por la figura del conductor alternativo para el resto de los casos.

Se informa que los vehículos retenidos fueron acarreados a los playones municipales y serán restituidos a sus titulares, previo pago de multa o presentación ante juez de faltas local, a partir del lunes.

Mateo fue asistido por el equipo integrado por la médica de guardia Laura Muñiz, el doctor Juan Carlos Carbone, la neonatóloga Graciela Rodríguez, las parteras Marianela y Analía y las instrumentadoras Alicia y Sonia.

La fecha de parto de Verónica estaba calculada para el 27 de diciembre, pero recién ayer comenzó con los primeras contracciones y acudió al hospital Vélez Sárfield del que fue derivada.

El trabajo de parto lo realizó acompañada por su madre, hasta que a las 23.58 fue llevada a la sala y en pocos minutos nació Mateo. La reciente mamá y su hijo, descansaban esta mañana junto a su padre, que llegó al hospital pasada la medianoche.

Según consigna un despacho de la agencia de noticias ANSA, de la misa participaron embajadores de los países que tienen representación ante el Vaticano, y fue concelebrada junto con el secretario de Estado Vaticano, cardenal Tarsicio Bertone, y el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente emérito del Consejo Pontificio Justicia y Paz.

La primera misa del 2010 fue celebrada en la Basílica de San Pedro, por la festividad de Santa María Madre de Dios que se celebra hoy y, al mismo tiempo, con motivo de la 43º Jornada Mundial de la Paz.

En su homilía, el Papa invitó a "convertirnos en proyectos de paz, deponer las armas de cualquier tipo y trabajar todos juntos para construir un mundo más digno para el hombre".

Asimismo, recordó el sufrimiento de miles de niños afectados por la guerra en tantas partes del mundo. "A veces, los pequeños inocentes constituyen una llamada silenciosa a nuestra responsabilidad", dijo el Santo Padre.

En otro tramo de su sermón, el Pontífice hizo referencia a la importancia de cuidar el medio ambiente. "Si el hombre se degrada, se degrada también el ambiente en el que vive", señaló, y agregó que "existe una nexo estrechísimo entre el respeto del hombre y la salvaguardia de lo creado".

En ese sentido, el Papa habló de la necesidad de educar a los niños en los valores fundamentales del respeto hacia los que son diferentes y hacia el medio ambiente.

La diputada del PRO, Laura Alonso, quien propuso una "amnistía" para quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura,, calificó como "patéticos" los dichos de su compañctadura militar.

"Los genocidas deben ser juzgados, condenados y deben cumplir sus sentencias. Los dichos de Guelar son patéticos", afirmó la legisladora macrista en un comunicado. Expresó su "absoluto repudio a todo tipo de amnistía vinculada a la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar".

"Se trata de la página más trágica de nuestra historia reciente que debemos recordar siempre", subrayó la diputada.

Recordó que "los genocidas se alzaron contra de las instituciones de la República y violaron los derechos de todos de la manera más atroz que hayamos conocido en nuestro país".

Advirtió a Guelar que "la memoria no se construye haciendo borrón y cuenta nueva, sino sobre la base de la verdad y la justicia".

La respuesta a Guelar partió de la presidenta del sector, la diputada nacional Soledad Martínez, el legislador porteño Fernando De Andreis, el director de juventud del Gobierno de la Ciudad, Ezequiel Fernández Langan; y el titular de la juventud macrista local, Francisco Quintana.

"Desde el espacio de juventud que representamos en el orden nacional, no avalamos, no impulsamos ni compartimos ningún pedido de amnistía a favor de los representantes del Ejército que participaron de la última dictadura militar", enfatizaron los jóvenes alineados con Mauricio Macri.

Aclararon que "es importante que la Justicia sea equilibrada a la hora de analizar y decidir sobre lo ocurrido en los años más negros de la Argentina, sin tener sobre ello una mirada parcial y subjetiva".

"Pero -se destacó- eso no implica que estemos a favor de una medida de ese tipo para los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron parte de esa época".

Agregaron: "No compartimos esa opinión y que no ha sido una postura, ni siquiera, discutida en el ámbito del partido" PRO, en alusión al documento de Guelar en el que pide una ley de amnistía.

"No veo la más mínima posibilidad de que pueda llegar a ser presidente de la Argentina", vaticinó el mandatario en declaraciones periodísticas.

Urribarri calificó al lanzamiento del ex presidente como "un error grosso, cometido por un dirigente al que yo entendía como medianamente mesurado".

Al realizar un balance de 2009, el gobernador dijo que "fue un año especial", en el que hubo "todo tipo de adversidades". "A veces Dios nos pone pruebas y si uno sale indemne o al menos les hace frente, se fortalece. Y eso es lo que nos pasó", comentó el gobernador entrerriano.

Urribarri aseguró que ahora "viene un 2010 plagado de cosas buenas. Vamos logrando poco a poco la unidad de los entrerrianos más allá de que piensen diferente, sean radicales, justicialistas o socialistas", prosiguió.

Respecto de las críticas de la oposición a su gestión, Urribarri sostuvo: "miro para adelante, que es lo que debe hacer cualquier persona seria que le toca esta responsabilidad de gobernar". "Los logros de esta gestión generan estas críticas, pero yo miro hacia delante", completó.

Al hospital oftalmológico San Lucía llegaron 49 personas, de las cuales 44 recibieron tratamiento ambulatorio y cinco demandaron intervención quirúrgica, dijo una fuente en la guardia, donde se aprestaban a atender a un joven con el rostro destrozado por el estallido de una bomba de estruendo.

Entre los pacientes que llegaron al Santa Lucía con lesiones en los ojos hubo 33 menores de 15 años, precisó el vocero y agregó que del total de los heridos 33 fueron varones y 16 mujeres.

En el Hospital Lagleyze atendieron a 35 heridos de los cuales siete quedaron internados y dos menores están para cirugía, según adelantó una fuente del centro oftalmológico de referencia en la Capital Federal.

"De todos los pacientes atendidos hay dos chicos heridos porque pusieron pirotecnia en botellas y van a cirugía", adelantó el vocero.

El Hospital de Quemados recibió 23 casos, de los que 16 son chicos, la mayoría con quemaduras en las manos que requirieron intervención quirúrgica, en tanto un nene de 9 años quedó internado, detalló a Télam el Jefe de Urgencias, Armando Escobar.

Un total de 13 personas fueron atendidas en el Hospital del Quemado de Córdoba como consecuencia de accidentes ocasionados por elementos de pirotecnia.

Luis Plensa, médico del hospital ubicado en la capital de Córdoba, precisó que de las 13 personas atendidas sólo uno de ellos presenta una lesión ocular seria y que en la mayoría de los casos se trata de heridas menores en las manos.

El profesional destacó que en comparación con los años anteriores "los accidentes por manipulación de pirotecnia disminuyeron considerablemente este año".

"Estoy convencido de que una vez que se expida la Justicia, haya sentencia y se produzca el debate, va a haber que o dictar una amplia amnistía o una consulta popular para transformar el drama en historia", enfatizó el integrante de la fuerza macrista.

En diálogo con radio 10, el ex embajador en Estados Unidos durante el menemismo juzgó "viable" esa iniciativa al razonar que la "Argentina está madurando" y aclaró que su idea no significa que queden en el "olvido" los años '70.

"Los grandes episodios de la historia, por felices o por trágicos, se incorporan al acervo permanente, como la Guerra Civil Española, en torno de la cual todavía hoy se siguen excavando tumbas. Yo estoy en contra de cualquier forma de olvido", subrayó.

En un documento político difundido ayer, Guelar impulsó la idea de avanzar en una "una amplia amnistía para saldar el pasado trágico" de la Argentina, "después de que la justicia termine los juzgamientos en curso".

Esta mañana, Guelar consideró "lógico" que "ese nivel de drama que vivió la Argentina sea juzgado, condenado y conocido en toda su dimensión", pero señaló que, después de ello, en torno a ese "gran drama que nos pasó a los argentinos, en algún momento vamos a tener que dar vuelta la página".

Al ratificar su postura a favor de una amnistía a los acusados de crímenes de lesa humanidad, recordó que en los próximos dos años "se van a llevar adelante las megacausas" por esos delitos.

"Estas megacausas, que están en su proceso de apertura, dispararán un debate muy importante, que afecta la sensibilidad de mucha gente" y es una "realidad que todos vamos a enfrentar", señaló Guelar, quien evocó que él, personalmente, en el pasado participó de la "resistencia de gobiernos militares" y estuvo "clandestino" durante la última dictadura.

"En mi alegato en el juicio ya hablé del fracaso e inutilidad de pasar a una amnistía", recordó Strassera, quien se desempeñó como fiscal en la causa contra la Junta Militar, en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

En declaraciones a radio 10, el ex integrante del Ministerio Público cuestionó la iniciativa de Guelar, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, en el sentido de convocar a una "consulta popular" para discutir una "amplia amnistía" a favor de los ex represores de la dictadura.

"No creo que sirva una amnistía para ese tipo de delitos porque eso es favorecer la impunidad y la impunidad no puede favorecerse de ninguna manera", subrayó Strassera.

El ex fiscal se manifestó convencido de que, en todo caso, "aunque se hiciera un plebiscito, lo pierden. Esta es la posición de la mayoría del pueblo argentino: no quiere saber nada con amnistía para hechos de esa gravedad", concluyó.

El robo fue cometido en las últimas horas de ayer cuando dos ladrones, armados con pistolas, irrumpieron en el edificio de la calle 53 número 653 de La Plata, y en un rápido procedimiento redujeron al encargado y a dos empleados.

Un jefe policial contó que los ladrones, luego de maniatar a las víctimas con precintos plásticos, se apoderaron del dinero existente en el lugar y de varias pertenencias de valor de los tres hombres.

La policía de la zona instruyó actuaciones por "robo calificado, por el uso de armas, y privación ilegal de la libertad".

Domínguez formuló declaraciones a radio del Plata, e hizo referencia a la reunión que mantuvo ayer con representantes del agro, la industria molinera, exportadores y funcionarios del Gobierno de Entre Ríos.

En esa reunión "hablamos sobre la apertura de la primera cosecha del trigo, se contactó a la agencia del trigo para garantizar que al productor le llegue el precio que le tiene que llegar. Nosotros, al publicar el precio, nos estamos poniendo a nosotros mismos un límite", dijo Domínguez.

El Gobierno busca que a los productores les llegue el valor FAS (producción) que elabora el Ministerio, y que ayer rondaba los 627 pesos la tonelada.

Domínguez explicó la situación por la que atraviesan los productores y los restantes sectores que participan en la comercialización del trigo, al señalar que "hace 30 días se encontraron con la sorpresa de que hay un rendimiento récord de la cosecha".

Luego "no había precio para los productores" y, tras una serie de reuniones con todos los sectores de la producción y comercialización del trigo, el Ministerio fijó un valor teórico.

Respecto de la producción lechera, Domínguez reiteró que no va a haber más subsidios. "Atentos a los problemas que tuvimos con los precios y las sequías, se decidió subsidiar, por un tiempo determinado" la producción láctea, explicó.

"Nosotros creemos que tenemos que ayudar en momentos particulares. El Estado tiene que estar ahí trabajando y asistiendo" en esos momentos, señaló.

"A las 8:30 unos 70 automóviles por minuto están cruzando este puesto vial en dirección a la costa atlántica", dijo el oficial a cargo, José Ruiz, perteneciente a la Policía Vial bonaerense.

"Felizmente hasta el momento no se han producido accidentes, el tránsito es sumamente fluido y únicamente a la altura del kilómetro 20 de la autopista Buenos Aires-La Plata, en Quilmes, se producen algunas congestiones", agregó.

Ruiz recordó que "durante todo el día de ayer hubo un gran desplazamiento de vehículos hacia la costa, que sólo mermó hacia la medianoche, pero hoy entre las 4:30 y las 5:00 volvió a intensificarse".

Según el Cuerpo de Bomberos, el caso más grave ocurrió en el barrio Jacarepaguá, en la zona Oeste de Río, donde un alud de tierra soterró una casa y causó la muerte a cinco personas de la misma familia. Una de ellas llegó a ser rescatada con vida, pero falleció antes de llegar al hospital.

Los casos fatales restantes fueron registrados en barrios de la zona Norte y en ciudades de la región metropolitana de Río, como Duque de Caxías y Magé.

Según el servicio de meteorología, hay un 90 por ciento de posibilidades de que llueva durante el espectáculo pirotécnico de 15 minutos que saludará la llegada de 2010 a la media noche en Copacabana.

Sin embargo, las autoridades municipales aseguraron que las condiciones climáticas no perjudicarán la fiesta que, además de las 16 toneladas de fuegos artificiales, incluye shows musicales con artistas populares, como el grupo Paralamas y el cantautor Lulu Santos.

El mediocampista de Estudiantes de La Plata aventajó por 45 votos al chileno Humberto Suazo y el ecuatoriano Edison Méndez, que fueron sus escoltas y empataron la segunda ubicación.

La diferencia lograda por Verón es histórica, ya que nunca se había registrado un triunfo tan abultado. La máxima diferencia se remontaba a 1997, cuando el chileno Marcelo Salas se coronó rey del fútbol continental, superando al peruano Nolberto Solano por 44 votos.

El cuarto puesto fue para el zaguero argentino, Leandro Desábato, de Estudiantes de La Plata, seguido por su compatriota de Liga Deportiva de Quito, Claudio Bieler.

Entre los 10 primeros está octavo el zaguero de Vélez Nicolás Otamendi, consignó el diario uruguayo.

El récord de consagraciones consecutivas continúa en poder del argentino Carlos Tevez, que fue el ganador de la encuesta en 2003, 2004 y 2005.

Según explicó el ministro de Gobierno, Carlos Caserio, la nueva norma, aprobada a mediados de octubre por la Legislatura, implementa el sistema de puntaje para los infractores de tránsito que, entre las sanciones más severas, incluye la quita de la licencia única de conducir.

El funcionario precisó que a los fines de adaptar en forma gradual y paulatina la nueva norma en los meses de enero y febrero "no se aplicará la quita de puntos, pero si se apercibirá la infracción" cometida y recién en marzo se comenzará con la vigencia plena de la ley.

El funcionario detalló que por el momento sólo el personal de la Policía Caminera estará habilitado para aplicar la quita de puntaje, hasta tanto adhieran al nuevo régimen los municipios cordobeses.

También se crea el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat), organismo que tendrá a cargo la unificación de los carné de conductor de toda la provincia, además de registrar todos los antecedentes de infracciones de tránsito.

Algunas de las infracciones que incorpora la nueva legislación tienen que ver con las prohibiciones de hablar por teléfono celular mientras se maneja; de fumar; de usar auriculares, audífonos y pantallas de TV; transportar menores de 10 años en motocicletas o ciclomotores.

Además de la quita de los puntos, según la característica de la infracción, se cobrarán multas en Unidades Fijas (UF) de entre 100 y 400 que serán el equivalente al valor de un litro de nafta especial por cada UF.

Por otra parte se crea un Fondo de Seguridad Vial y el Fondo de Compensación que integrará con los montos provenientes de lo recaudado en concepto de sanciones por infracciones.

Estos fondos se distribuirán para la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, además de los municipios que adhieran a la nueva norma.

A las 21.05, la marcha empezaba a dar sus primeros pasos. Es inevitable, en ese momento, sentir cómo la congoja aprieta la garganta. Después se suelta, se acomoda, la angustia se va distribuyendo o filtrando, como el agua. A cinco años del incendio de Cromañón, los familiares y víctimas del boliche de Once realizaron su marcha, desde Plaza de Mayo hasta la capilla de Once, en Bartolomé Mitre y Ecuador. Marcharon alrededor de dos o tres mil personas, al inicio visualmente separadas en dos grupos –diferencias ideológicas que le dicen, unas participaron de la misa y otros no–, diferencias que luego parecieron disolverse. Antes, desde las 19, el arzobispo Jorge Bergoglio calificó a la ciudad, en abstracto, de “coimera, casquivana, vanidosa y superficial” y la comparó con “una madre que no tiene lágrimas para llorar a sus hijos”. Mientras, en la plaza, las banderas del PO, del MST, de grupos que claramente no tenían pretensiones de participar de la misa, comenzaban a marcar algunos ritmos.

A la salida, las cámaras se colocaron alrededor de José Iglesias, padre de uno de los chicos fallecidos y abogado del grupo más numeroso de familiares. Sostuvo que no había cambiado nada, que la experiencia no había servido y que el resultado final del juicio vendría demorado unos tres o cuatro años más.

La situación más patente de la división no sólo geográfica fue la espera. Durante media hora, una buena parte de los familiares, ya ubicada sobre el inicio de la Avenida de Mayo, esperó a que finalizara el acto de los que habían quedado ocupando la plaza en una anticipación del acto. A las 21 y monedas, desde la cabeza de la columna se decidió no esperar más y se dio inicio a la marcha. Al rato, se sumó el resto. Después, la división sería menos visible, al calor de las batucadas y las pancartas de memoria. Iglesias reveló que el juez Alberto Baños ordenó peritajes comparativos de imágenes de cinco seguidores de Callejeros con tres identikits elaborados por sobrevivientes, para tratar de determinar si alguno puede ser reconocido como el autor del disparo de la bengala que inició el incendio. “Siempre nos interesó saber quién fue. No tiene la misma responsabilidad Chabán que quien tiró la bengala, pero si se lo encuentra, tendrá que responder ante la Justicia”, sostuvo.

Cuando inició la marcha, un grupo de mujeres del cuerpo de tránsito de la ciudad comenzó a cerrar el paso a los automovilistas en las intersecciones con la Avenida de Mayo. Y a medida que las dos cuadras de marcha pasaban devolvían el paso. Es notable descubrir cómo opera la diferencia. El corte causaba la misma incomodidad que provocaría un corte piquetero. Pero a cambio de éste, la marcha por Cromañón no desataba el odio diferencial. Los automovilistas, es cierto, gesticulaban un poco, pero especialmente a las guardias de tránsito, que se mantenían en su papel de corte e impedían el avance de los paragolpes. “¿Y yo qué hago si te dejo pasar y alguien se cae abajo de tus ruedas?”, preguntaba altiva una que parecía más jefa que las otras. Y el automovilista la miraba entre resignado y mirada típica de “qué te cuesta”. Pero no reclamaba. Las bocinas, a espaldas del resignado, sonaban hasta que los conductores parecían enterarse de que no eran los diferentes los que cortaban el tránsito.

La marcha siguió provocando escenas semejantes en cada una de las intersecciones, especialmente en las de la 9 de Julio. Cuando la marcha se detuvo en Congreso, una madre muy joven le explicaba a su chiquito justo sobre la esquina de Entre Ríos, después de que el chiquito destapara la pregunta contundente de qué quieren. “¿Te acordás lo que le pasó al tío? –le dijo al niño mientras señalaba una enorme sábana en la que se veían los rostros de los 193 jóvenes fallecidos–. A todos ellos les pasó lo mismo y ahora sus mamis y papis marchan en protesta.”

“Tenemos que hacer un sinceramiento brutal, sin hipocresía. A la UCR esta ley la favorece, a pesar de la postura que asumen sus legisladores. La ley apunta a favorecer a los grandes partidos nacionales”, soltó el vehemente Miguel Pichetto para defender el veto presidencial a la Ley de Reforma Política. Luego, el senador rionegrino afirmó que “en algún momento hay que eliminar un montón de partiditos que no existen y que son sellos de goma. Una actividad casi industrial, económica, que se presta a negociados”. La respuesta radical no llegó durante el debate en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Incluso, no cuestionaron el veto en la discusión que tuvieron dentro del abanico opositor mientras redactaban su propio dictamen en contra de la decisión de la Presidenta. Sin embargo, los legisladores de la UCR privilegiaron mantener la unidad del conglomerado de los bloques parlamentarios opositores y firmaron el dictamen conjunto.

La voz cantante en contra del veto la llevó la lilita Marcela Rodríguez. “La decisión de anular la entrada en vigencia de la ley el 31 de diciembre de 2011 y empezar a aplicarla ahora modifica todo el espíritu de la ley. Si el proyecto que votó el Congreso hubiera tenido esta modificación que hizo la Presidenta, no hubieran logrado ni el quórum ni la mayoría especial para aprobarla”, sentenció la diputada de la Coalición Cívica.

El kirchnerista Jorge Landau le salió al cruce con el argumento de que el núcleo central de la ley es la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos para las generales de 2011, que “serían imposibles de concretar sin antes sincerar el sistema de partidos políticos”. Luego le recriminó a la oposición que propuso más de 50 modificaciones al proyecto, que se hicieron, pero igual votaron en contra.

Su frase más recordada resume su obra. “Un oído en el Evangelio y otro en el pueblo”, decía el obispo Angelelli, y desde ahora su compromiso en vida es una lección que recibirán alumnos de todo el país. Enrique Angelelli, el ex obispo de La Rioja muerto a manos de la última dictadura militar en 1976, será recordado en las escuelas cada 4 de agosto, en conmemoración de su asesinato. Así lo dispone un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial mediante el cual se encomienda al Ministerio de Educación que “arbitre las medidas necesarias para la realización de actividades alusivas” a su figura en todos los niveles.

La ley 26.582 sancionada por el Congreso a principios de mes declaró el 4 de agosto Día de la Conmemoración de la Obra realizada por monseñor Enrique Angelelli. Lleva la firma de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y el ministro de Educación, Alberto Sileoni.

Angelelli nació en Córdoba en 1923 y se crió en una familia de inmigrantes italianos. Con 15 años ingresó al seminario como asesor de la Juventud Obrera Católica y a los 26 ya había sido ordenado sacerdote en Roma. Estudió en la Universidad Gregoriana y fue elegido obispo auxiliar de Córdoba por el papa Juan XXIII. Participó con entusiasmo del Concilio Vaticano II, que renovó el perfil de la Iglesia Católica. En 1968 Pablo VI lo nombró obispo de La Rioja y afianzó su opción por los pobres. Tomó posesión de la diócesis el 24 de agosto con el lema “Justicia y Paz”, hablando de la Iglesia que quería: “No vengo a ser servido, quiero ser servidor, como Jesús, de nuestros hermanos los pobres”.

“El Pelado”, como se lo conoció cariñosamente, recorrió la diócesis de punta a punta. Apoyó a las cooperativas de campesinos y alentó la organización de peones. “Existen los que no tienen voz, los marginados y otros que explotan a los demás”, explicó en su programa dominical de radio, prohibido en diciembre de 1971 por la dictadura de Lanusse.

En años siguientes continuó su lucha denunciando a familias involucradas con la prostitución, el narcotráfico y la usura, que le valieron ataques por parte de terratenientes y grupos conservadores.

Las embestidas contra su misión se intensificaron. A principios de 1976 les escribió a las autoridades eclesiásticas argentinas: “No dejemos que generales del Ejército usurpen la misión de velar por la fe católica”.

El 4 de agosto de aquel año, Angelelli regresaba a la capital riojana junto al padre Arturo Pinto luego de asistir en Chamical al sepelio de dos sacerdotes asesinados por grupos de tareas, cuando su camioneta fue cruzada por un Peugeot 504 que los hizo volcar. El cuerpo del obispo fue encontrado en la ruta con los brazos abiertos en cruz, con la nuca destrozada. La dictadura militar afirmó que se trató de un accidente.

Con el regreso a la democracia la causa fue reabierta y en 1986 el juez Aldo Morales emitió un fallo sobre su muerte en la que determinó que “no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado”. La investigación continúa hoy a cargo del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena.

En agosto de 2006, a treinta años de su asesinato, el ex presidente Néstor Kirchner firmó un decreto declarando el 4 de agosto día nacional de duelo, dando un discurso en la Casa Rosada “conmemorando a los religiosos que fueron víctimas del terrorismo de Estado”.

La sangre finalmente no llegó al río. El kirchnerismo y el conglomerado opositor acordaron poner en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que analiza los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los vetos presidenciales a las leyes sancionadas por el Congreso. En paridad de condiciones (ocho oficialistas y ocho opositores) la Bicameral funcionará sin presidente y fueron nombrados dos secretarios, uno por cada bando en pugna. Una decisión “transitoria” que peronistas y radicales sellaron el martes a la noche en un despacho del Senado. Ayer, y tras las explicaciones del ministro de Economía, Amado Boudou, la comisión emitió dictámenes por separado, a favor y en contra, de los DNU que crean el Fondo del Bicentenario para pagar deuda externa con reservas del Banco Central y la comunicación formal para emitir bonos de deuda hasta por 1500 millones de dólares en el mercado estadounidense, además del veto parcial a la Ley de Reforma Política. Los despachos serán analizados en marzo por diputados y senadores. Si el veto o cualquiera de los decretos fueran rechazados por ambas Cámaras, la resolución de la Presidenta quedaría sin efecto.

Después de algunas escaramuzas más formales que sinceras, la comisión empezó a sesionar pasadas las 10.30, cuando los 16 legisladores (ocho por bando) se acomodaron en los sillones del Salón Arturo Illia del Senado. Empantanados en la paridad de fuerzas para la designación del presidente de la comisión que cada bloque reclamaba para sí, el jefe de los senadores K, Miguel Angel Pichetto, propuso una solución salomónica: nombrar a dos secretarios “provisorios”, uno oficialista y uno opositor, para que dirijan el debate. El senador Gerardo Morales, que no integra la comisión, no dudó en aceptar la propuesta, que se gestó un día antes y de la que fue protagonista. El martes por la noche, el jujeño llegó hasta el despacho de Pichetto, donde también esperaba el diputado K Jorge Landau, para intentar destrabar las posturas más rígidas que amenazaban con paralizar el funcionamiento de la Bicameral. Entre todas las posibilidades que se barajaron allí, la de nombrar dos secretarios interinos en una conducción colegiada fue la que prosperó.

Los secretarios terminaron siendo los mismos candidatos que cada grupo proponía para la presidencia de la comisión. Diana Conti, por el oficialismo, a propuesta de los diputados Landau, Luis Cigogna y Patricia Fadel (que reemplazó a Agustín Rossi) y los senadores Pichetto, Nicolás Fernández, Marcelo Guinle y Beatriz Rojkés de Alperovich. Por la oposición, el radical Luis Naidenoff, respaldado por los diputados Juan Pedro Tunnessi y Rubén Lanceta (UCR); Enrique Thomas (PJ disidente) y Marcela Rodríguez (CC) y los senadores Ramón Mestre (UCR) y Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso (PJ disidente).

Pero el bloque K también tenía preparada su propia sorpresa. Boudou llegó hasta el Senado para exponer ante los legisladores la motivación de los dos DNU que involucran a su cartera y que la Bicameral analizaría. El ministro –que participó en dos de las tres horas que insumió el debate en la comisión– repasó los “logros” del Gobierno y justificó las decisiones presidenciales como “una señal” a los mercados financieros internacionales (ver aparte).

Conti aclaró que no estaban ante una interpelación del ministro pero habilitó las preguntas al funcionario. Aunque firmaron un dictamen conjunto en contra del DNU que crea el Fondo del Bicentenario y el que habilita la emisión de bonos de deuda en el mercado financiero estadounidense, cada legislador opositor quiso volcar sus propios argumentos. Uno a uno fueron desgranando las críticas a las decisiones presidenciales y hasta a algunas definiciones de Boudou.

Antes de retirarse, Morales anticipó los dictámenes del conglomerado opositor en contra de las decisiones presidenciales y recordó la carta donde los jefes de los bloques opositores advierten a los funcionarios del Central sobre las consecuencias legales que afrontarían si separan las reservas para el Fondo creado por la Presidenta. Naidenoff cuestionó la urgencia del DNU para pagar deuda “que empieza a vencer en febrero y se extiende a lo largo del año” y la contrapuso con la definición de urgencia que la Corte Suprema utilizó en una acordada sobre los DNU, antes de insistir en que debería haberse enviado un proyecto de ley al Congreso.

Rodríguez cuestionó la autorización al Ministerio de Economía para solicitar ante el mercado financiero de los Estados Unidos la posibilidad de emitir bonos de deuda hasta 15 mil millones de dólares: “Es claramente una subdelegación de facultades que el Congreso, por ley, sólo delega en la Presidenta y en el jefe de Gabinete”. Negre de Alonso se quejó de que Boudou hubiera explicado que las decisiones se tomaron para reconquistar la confianza perdida en el mercado de capitales tras el default declarado en 2002 por su jefe político, Adolfo Rodríguez Saá, que siguió el debate sin pronunciar palabra. “La suspensión del pago de la deuda fue para investigar el origen de la deuda pedido por el juez Olmos”, dijo Negre, confundiendo al denunciante (Ricardo Olmos) con el juez Jorge Ballesteros. Las respuestas llegaron desde los propios legisladores oficialistas antes que del propio Boudou. “No lo asusten más”, soltó Pichetto en referencia a la carta documento enviada al presidente del Central. “(Martín) Redrado no puede actuar aislado y sin consenso con la política económica del Gobierno”, insistió el rionegrino antes de afirmar que “ya no existe más el concepto de sagrado, de altar, en el que se pusieron la reservas” en las épocas de la convertibilidad. Eric Calcagno también defendió la política monetaria del Gobierno, que con la intervención del Central mantiene un tipo de cambio “que favorece a los sectores productivos” y señaló que “las reservas son un instrumento y no un fin en sí mismo”. El veto parcial de la Presidenta a la Ley de Reforma Política tampoco bajó el tono del debate, aunque mereció menor participación de los legisladores. Sobre ese tema también habrá dos dictámenes enfrentados (ver aparte).

Los tres dictámenes a favor y los tres en contra de las decisiones presidenciales llegarán al recinto en marzo, tras el comienzo de las sesiones ordinarias. El diputado radical Juan Pedro Tunnessi encabeza el pedido a los presidentes de ambas Cámaras, Julio Cobos y Eduardo Fellner, “para que habiliten las sesiones especiales en febrero, ya que la Constitución establece que las Cámaras deberán conocer en forma inmediata los dictámenes de la Comisión Bicameral” sobre los DNU. La idea no cosecha demasiado entusiasmo en el entramado opositor y mucho menos en el oficialismo.

Diferente es la adhesión que genera el pedido realizado ante Fellner para que revise la designación de los miembros de la comisión, donde la oposición reclama cinco de los ocho asientos reservados para los diputados en la Bicameral. Pese a que desde algunos bloques no estarían dispuestos a acompañar el reclamo si no hay una silla para sus representantes. En cambio, para el oficialismo es una cuestión ya definida: “Las designaciones son una facultad que la ley otorga a los presidentes de ambas Cámaras y no hay razón para modificarla”. Por las dudas, los senadores K también pidieron a Cobos cinco de los ocho lugares destinados a la Cámara alta.

Una vez que los dictámenes lleguen a los recintos, las situaciones serán distintas. La correlación de fuerzas podría provocar un revés para el oficialismo en Diputados, mientras los K tratarán de hacerse fuertes en el Senado, donde las cosas son mucho más parejas y tienen cierta inclinación favorable, para impedir que la oposición aseste un golpe a las decisiones presidenciales. Para revocar un DNU se necesita el voto negativo de ambas Cámaras del Congreso, mientras que para ratificarlo alcanza con el voto favorable de sólo una de ellas. Todo hace pensar que la disputa voto a voto será recién en marzo y no antes.

El ministro de Economía, Amado Boudou, se presentó ayer ante la Comisión Bicameral del Congreso que examina la validez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para defender el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda. “Es una forma inteligente” de utilizar las divisas, consideró el funcionario, quien justificó que la medida se haya adoptado a través de un DNU y no mediante una ley. “No veo ninguna complicación. El Gobierno ha tomado una medida en el uso de sus facultades”, interpretó. “Esto hay que verlo como una acción de política económica en el marco de una estrategia que ha probado ser exitosa”, completó. Sin embargo, la falta de definición sobre el tema tanto en el Congreso como en la Justicia, ya que la Corte Suprema accedió a involucrarse en la cuestión ante un pedido del gobierno de San Luis, abre un marco de incertidumbre respecto de la posibilidad de aplicación inmediata de la iniciativa.

Hace tiempo que la Corte Suprema viene buscando un caso para expedirse sobre la validez de los DNU. En ese contexto, se dibujó un gesto de preocupación en los funcionarios del Ministerio de Economía cuando se enteraron que el máximo tribunal había aceptado su competencia en el amparo que presentó San Luis contra el DNU referido a las reservas del Central. La administración de Alberto Rodríguez Saá llevó el último lunes a la Corte un pedido de amparo para bloquear la aplicación de ese decreto, con el argumento de que la medida debió ser analizada por el Congreso y que compromete el valor del peso. La Corte aceptó tomar el tema pero aclaró que lo hará recién después de la feria judicial de enero “en virtud de la complejidad y alcances de las cuestiones comprometidas”.

La Corte consideró que debe intervenir en el amparo porque es la instancia originaria de todas las provincias, tal como establece la Constitución, según dice su resolución. El máximo tribunal le corrió vista de la causa al Gobierno, a quien le pidió que en diez días conteste “un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada”.

El Ministerio de Economía tenía previsto empezar en enero con las licitaciones para anticipar el pago de títulos públicos, usando para ello parte de los 6569 millones de dólares que pensaba tomar del Central. Sin embargo, en esa cartera ayer no podían confirmar si podrán seguir adelante con el plan en virtud del fallo que debe tomar la Corte. Por otra parte, todavía falta que el directorio del Banco Central acepte la letra que emitió Economía para transferirle las divisas.

La otra cuestión pendiente es la aprobación parlamentaria del DNU. Ayer la Comisión Bicameral no le dio un cierre al tema, ya que la votación terminó con ocho votos a favor y ocho en contra. Ahora deberá votarse en Diputados y en Senadores, para lo cual habrá que esperar hasta marzo, salvo que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para tal fin (ver pág. 5).

Los abogados del Ministerio de Economía también deben analizar cómo queda la reapertura del canje de deuda, ya que otro de los DNU que analizó ayer la Bicameral, con el mismo resultado de ocho a ocho, fue el que habilitó la emisión de títulos por hasta 15.000 millones de dólares en Estados Unidos. Es un requisito que había pedido la comisión de valores estadounidense (SEC) para aprobar la operación, ya que los títulos públicos en dólares a emitirse tienen jurisdicción legal en Nueva York.

Boudou no dio definiciones sobre este tema en su paso por el Congreso. Lo que dijo sobre el canje es que la oferta a los holdouts se conocerá a mediados de enero y que “tendrá como techo el canje anterior”. Es decir, los bonistas no accederán a una propuesta más conveniente que aquélla. Sobre el uso de reservas para pagar deuda, el ministro dijo que se utilizan “alrededor del 30 por ciento de las reservas excedentes para generar un fondo que dé certezas de lo que va a acontecer en nuestro país con los vencimientos de 2010”. “Se busca dar certidumbre en todo el ejercicio 2010”, insistió. El radical Gerardo Morales le reprochó que si se quiere dar certidumbre, “lo que hay que hacer es resolver los problemas del Indec”.

En los próximos días se estrena en Buenos Aires El alma inmoral, una obra de teatro basada en el ensayo del mismo nombre. Su autor, mi querido amigo, el brasileño Nilton Bonder, dice en su escrito cosas osadas. Sobre el cuerpo y el espíritu. Cuanto más desafiante, mejor le sale la escritura. En su mirada hay un modo de ver que permite discernir entre lo cierto que es errado y entre lo errado que es cierto, entre la obediencia que implica real irrespetuosidad y la desobediencia que representa el respeto más profundo. Son miradas del alma que con densidad resultan provocativas.

No tengo por qué compararlos pero me tiento. A Bonder con Posse. Sinceramente lo de Posse no me pareció para nada provocativo ni creo que haya sido un exceso de sinceridad. Lo de provocativo resulta ser una apócrifa licencia política, lejos de la poética, ya que no debe confundirse grosería con provocación intelectual. Posse sencillamente dijo simplezas de moralina, aduciendo la defensa del supuesto sentido común: la mano dura, la libertad de los que tienen, la seguridad de la inexpresión musical, el temor a los premios Gramsci y otras mediocridades de un vademécum que aduce una pretensión de pensamiento independiente, y que una vez más llevó a definir quién es quién, o sea donde se ubican las almas modosas y en qué sitio las traviesas. En este sentido, no tengo dudas de qué diría Bonder, de cuándo se debe elegir entre la moralina y el regocijo.

Este año casi terminamos intoxicados de moralina. Con un necesario desorden cronológico, a las decisiones de quién se debe casar con quién y cuáles son los amores prohibidos, se le añadió el pedido de las rubias de Barrio Parque a meter bala al sospechoso, y en la misma dimensión el directo espanto proporcional que les produjo que los morochos jujeños adquieran visibilidad organizándose en cooperativas. Al sometimiento lo denominan buenas costumbres y a la idea de redistribución, violencia. El terror a través de los medios logra imponer el modelo.

Menos mal que a veces aparecen almas transgresoras, amorales, las que Bonder, al igual que el profesor Heschel, llama subversivas. Y que no se asusten por la palabra los defensores de la paz de los cementerios, los ideólogos de la baja en la edad de la imputabilidad y los constructores de las penitenciarías. Porque son esas almas las que modifican los patrones de la moralidad existente y hacen que ciertos principios, aceptados por los supuestos todos, sean relativos. Hay instantes de la historia en donde algunos varones y mujeres, en un rapto de sensatez, comprenden y postulan que lo correcto y lo lícito sólo lo son en determinado contexto. Este 29 de diciembre (cuando se presentó el Acuerdo para la Seguridad Democrática) fue un día de ésos. Y qué bueno que nos haya dado un poco de oxígeno para festejar el fin de año de otra manera; para comenzar el bicentenario con otra perspectiva. En este sentido, algunos dirigentes políticos y sociales –como diría Borges– han tomado la extraña resolución de ser razonables y se permitieron percibir que lo que asigna el establishment como verdad moral, amenaza de manera contundente a la sociedad misma y a la vida.

La razonabilidad radica en la profunda comprensión de que en una sociedad democrática, la seguridad debe ser democrática, y que los debates alrededor de este tema tan importante no son de soluciones superficiales que acompañan a la maldad organizada, ya que las víctimas de la trivialidad de las políticas del supuesto endurecimiento contra el crimen son principalmente los jóvenes y los pobres excluidos. Menos mal que cada tanto a algunos les aflora el alma inmoral y lo ponen de manifiesto en instantes como el de ayer. Este año que comienza vamos a necesitar abundantemente de ellos y de sus almas para superar la hipocresía, que se dice sincera, pero que desestabiliza la democracia, y mucho.

* Rabino.

El reclamo que hizo el Comité Académico que revisa la actuación del Indec por las trabas que encuentra en el acceso a la información mereció una respuesta del ministro de Economía, Amado Boudou. “Recibirán los datos que hagan falta” para seguir con su tarea, prometió. La creación de ese comité de expertos de cinco universidades nacionales fue una idea del titular del Palacio de Hacienda para intentar recuperar credibilidad en el instituto estadístico. Sin embargo, en el primer balance público de esos expertos tras cinco meses de trabajo fueron críticos por las restricciones con que se toparon para obtener datos claves.

Boudou tomó el guante de esos reclamos y sostuvo ayer que el Gobierno trabaja “para fortalecer” al Indec. En tono comprensivo dijo que es lógico que el Comité Académico reclame “más información porque quiere avanzar en el tema”. El funcionario reconoció que puede haber “críticas o comentarios” en ese proceso, pero destacó los “pasos importantes” que ya se han dado. “En un proceso de mejora puede haber una crítica o comentario, pero lo importante es que seguimos trabajando para mejorar este organismo y ya se han dado pasos muy importantes”, afirmó.

El ministro intentó mostrar voluntad política para resolver los problemas en el Indec. “Nos reunimos una vez cada 15 días y es mucha la labor que realizamos. Además se hace un trabajo muy profundo, en el que hay que seguir adelante”, insistió Boudou. El Comité Académico está conformado por las universidades de Buenos Aires (UBA), Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Tres de Febrero. En una conferencia de prensa que dieron anteayer los representantes de esas casas de altos estudios dijeron que “hay un problema de gobernanza institucional (en el Indec), más que de aspectos metodológicos”. A Boudou todavía no le resulta fácil resolver esa cuestión.

La investigación sobre presuntos favores o beneficios del Estado obtenidos por las droguerías que hicieron aportes para la campaña del Frente para la Victoria en 2007 no tiene juez. Desde hace varias semanas, los jueces federales Norberto Oyarbide y Ariel Lijo se pasan la pelota entre sí: ambos se consideran incompetentes para profundizar esa pista vinculada con la mafia de los medicamentos que podría complicar al ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, quien al mismo tiempo fue recaudador de la campaña que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia. La pelea deberá ser saldada por la Cámara Federal, donde finalmente anteayer llegó el expediente.

La causa a cargo de Oyarbide se centra en desentrañar lo que ya considera una asociación ilícita dedicada a comercializar y suministrar medicamentos adulterados, robados y vencidos, y a cobrarle al Ministerio de Salud tratamientos inexistentes. Hace poco más de un año, cuando allanó la casa del empresario Néstor Lorenzo –considerado eje de toda la organización–, encontró una carpeta rotulada “aportes de campaña 2007”. Adentro había recibos por casi un millón de pesos aportados por distintas droguerías y socios de Lorenzo a la campaña presidencial del FpV. Oyarbide dijo tiempo atrás que había escuchas de conversaciones de Capaccioli con Lorenzo y afirmó que el ex superintendente de Salud sería citado en la causa.

El fiscal Luis Comparatore le pidió al juez que citara a indagatoria a Capaccioli con el argumento de que su función en la Superintendencia –donde estuvo entre 2003 y 2008– era controlar a las obras sociales y droguerías y monitorear el reparto de fondos. Y está demostrado que la Administración de Programas Especiales (APE) pagó infinidad de medicamentos truchos y tratamientos inventados, justificados con recetas apócrifas y troqueles falsos. El dinero era canalizado por las obras sociales y destinado a laboratorios, muchos de los cuales aportaron a la campaña presidencial.

Oyarbide, sin embargo, le giró todas las actuaciones vinculadas con esta pista a su colega Lijo. Este juez tiene una causa que se originó con una denuncia del diputado de la Coalición Cívica Sebastián Cinquerrui por supuesto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública contra Capaccioli. Lijo comenzó a investigar si las droguerías implicadas en la mafia de los medicamentos que aportaron a la campaña fueron beneficiadas por el Estado o el Gobierno con negocios, dádivas o favores, en compensación. Pero ahora este juez sostiene que si los laboratorios hicieron negocios a través de algún funcionario público, es un tema a dilucidar por su colega Oyarbide. Del mismo modo que debería determinar si lo que hubo fue blanqueo de dinero originado en ilícitos.

La causa fue y vino entre ambos juzgados dos veces y el tironeo deberá ser saldado por la Cámara Federal, seguramente tras la feria judicial, en febrero. Mientras, la jueza María Servini de Cubría investiga otro lado del asunto: si quienes colaboraron con la campaña estaban habilitados. Una de las sospechas que circulan es que detrás de los laboratorios estaban los dirigentes sindicales.