Página#12 Libre

Con este resultado, Venezuela es la única puntera y está secundada por las selecciones brasileña y paraguaya que empataron más temprano. En tanto que Ecuador quedó en el último puesto y con menos chances de clasificar para la próxima ronda.

"Los miembros de 'La Primavera' han manifestado desde el inicio del conflicto -luego de la brutal represión que sufrieron los días 23 y 24 de noviembre de 2010- su necesidad de ser escuchados por las autoridades federales para arribar a una solución pacífica", señaló el organismo.

El CELS remarcó que "todas las decisiones de la comunidad son tomadas de manera colectiva, mediante asambleas, por lo que no resulta válido cuestionar la legitimidad de sus representantes". Además, recordó que los miembros de la comunidad fueron desalojados "del corte que realizaban en la avenida 9 de Julio en medio de un operativo que incluyó la presencia de más de 100 efectivos de la policía federal, siete patrulleros y un camión hidrante.

"Esa fue la única reacción oficial ante sus demandas", criticó el Cels, que recordó que "la CIDH exhortó al Estado argentino a proteger a los miembros de la comunidad 'contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales' y buscó habilitar una nueva instancia de negociación".

"La criminalización de la protesta realizada en la 9 de Julio y las medidas tomadas hoy para levantar el corte vuelven a poner en juego la responsabilidad del Estado frente al Sistema interamericano por las violaciones de derechos humanos padecidas por los pueblos originarios", dijo. Y agregó que las medidas "implican un retroceso en la política del gobierno nacional para la resolución de conflictos sociales en el espacio público".

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) prevé flexibilizar el nuevo marco regulatorio para las reaseguradoras, que entrará en vigencia el 1º de septiembre próximo. De acuerdo con la resolución original, las firmas que otorguen cobertura a las compañías de seguro locales deben abrir sucursales en el país y suscribir un capital mínimo de cinco millones de dólares. Esta última obligación es la que más rechazo genera entre las grandes firmas extranjeras. La SSN, en conjunto con el Ministerio de Justicia, estudia la manera de adecuar la letra chica de la norma para permitirles a las compañías que acrediten esos fondos con cuentas en el exterior, según explicó a este diario el titular de la Superintendencia, Francisco Durañona. La norma general apunta a evitar la salida de capitales bajo el concepto de comisiones. “Sólo con la publicación de la iniciativa, este flujo se redujo un 40 por ciento en el primer trimestre de este año respecto de igual período de 2010”, adelantó el funcionario.

El titular de la SSN y el ministro de Justicia, Julio Alak, se reunieron ayer para analizar las implicancias de la modificación en el marco regulatorio de las operaciones entre las aseguradoras locales y las compañías extranjeras de reaseguros. “Se dispuso una resolución marco y ahora estamos definiendo las reglamentaciones particulares. Hay varias ideas en carpeta”, explicó Durañona. La resolución obliga a las reaseguradoras a radicarse en el país para seguir operando. La medida, según aclaró, contempla excepciones para el caso de “operaciones de reaseguro determinadas y debidamente individualizadas cuando, por la magnitud y las características de los riesgos cedidos, no puedan ser cubiertas en el mercado reasegurador nacional”. “Eso está en el artículo 19 de la medida”, recordó.

Durañona sostuvo que mantuvo encuentros con representantes de casi todas las reaseguradoras extranjeras que operan en la Argentina para interiorizarse de los cambios, y que genera mucha resistencia la obligatoriedad de acreditar un capital mínimo de cinco millones de dólares. Como resultado de estas conversaciones se contemplaron alternativas en las resoluciones particulares que precisan la norma. “El deber de instalar sucursales no se modificará”, confirmó. No obstante, la metodología para la conformación de los fondos todavía se discute.

Una posibilidad que barajan en la Superintendencia es habilitar que una parte del monto se constituya en una cuenta o filial de la compañía en algún país dentro del Mercosur. Esta flexibilización podría entrar en contradicción con la idea de que las empresas tengan un capital vinculado con sus operaciones en el país. Por ello, aseguran desde la SSN, se definirá el marco adecuado para evitar incumplimientos. Otra opción es que las reaseguradoras acrediten una parte del capital con activos en el exterior, “constituyendo reservas vinculadas”. “En este último caso, ese depósito quedaría disponible como garantía”, explicó Durañona. Con estas posibles modificaciones hubo varios interesados.

La resolución busca ser un control efectivo sobre la fuga de capitales que podría encubrir la actividad. Existe una divergencia cada vez más marcada entre las primas contratadas por reaseguros en el exterior y los pagos de siniestros. En 2002 esa brecha no llegaba a 70 millones de dólares, se incrementó a 255 millones en 2005 y continuó en ascenso hasta llegar a casi 610 millones en 2010. “Esa situación parece revertirse. Solamente con la salida de la medida, aun cuando todavía no fue implementada, en el primer trimestre del año se redujo en 40 por ciento la salida de capitales producto del pago de primas de estas compañías”, concluyó Durañona.

Las acciones de las empresas del holding Techint que cotizan en la Bolsa porteña cerraron ayer en alza. Los papeles de Siderar ganaron 1,2 por ciento, mientras que los de Tenaris, el 1,7. Las mejoras superaron incluso la suba promedio del panel MerVal, que cerró con un margen de 0,9 por ciento. Las acciones del grupo que preside Paolo Rocca habían evidenciado anteayer importantes caídas: de 5,5 por ciento en el caso de Siderar y de 2,5 para Tenaris. El ministro de Economía, Amado Boudou, acusó a algunos medios periodísticos de “intencionalidad política” por atribuir la baja del MerVal al conflicto entre el Gobierno y el Grupo Techint. El funcionario atribuyó el comportamiento local al convulsionado contexto externo, luego de que se conociera que la calificadora Standard and Poor’s trasladó a negativa la perspectiva para la deuda estadounidense.

“Hubo una noticia de mucha gravedad en los Estados Unidos y querer hacer creer que esto tenía que ver con que Techint iba a tener uno o dos directores del Estado es tener intencionalidad política e intentar tergiversar a través de un análisis la realidad”, advirtió Boudou. Ayer se conocieron datos más alentadores sobre la economía estadounidense, y las principales plazas bursátiles lograron recuperarse. En la Bolsa porteña, alineado con el rebote externo el panel de empresas líderes finalizó con una leve suba. Pero fuera del promedio se destacaron varios papeles, entre ellos los de Siderar, aunque en este caso el volumen de operaciones fue escaso: apenas 4,1 millones de pesos, contra 43,6 millones que se negoció en acciones. También sobresalieron el Grupo Financiero Galicia (de 3,2 por ciento), Banco Francés (3,1), Petrobras Argentina (2,3) y Tenaris (1,7).

En la plaza cambiaria, el Banco Central convalidó una nueva suba en la cotización del dólar, que al público se apreció un centavo, a 4,10 pesos para la venta. El Central volvió a comprar dólares y las reservas finalizaron en 51.632 millones de dólares. La divisa viene respetando hace algunos meses un patrón que plantea el organismo monetario, con ajustes de un centavo cada diez o quince días. En lo que va del año acumula nueve centavos de aumento.

Por su parte, el Central difundió su Informe sobre Bancos, en el que se destacan “mayores ritmos de expansión” interanual para los créditos y los depósitos de los últimos cuatro años. “En febrero el financiamiento al sector privado se incrementó 2,4 por ciento, mientras que todas las líneas crediticias aumentaron en el mes, con un destacado desempeño de los segmentos de adelantos, prendarios, leasing y las financiaciones a la exportación”, señala el informe. En los últimos 12 meses el crédito al sector privado aumentó 44 por ciento y alcanzó a representar casi 43 por ciento del activo del sistema financiero.

En el radicalismo que se encolumna detrás de Ricardo Alfonsín ya no esconden su deseo de que el dirigente del Peronismo Federal Francisco De Narváez lo lleve en su boleta como candidato a presidente. El titular del Comité Nacional, Angel Rozas, aseguró ayer que la UCR utilizará las listas de adhesión que tanto le criticaron al kirchnerismo y no descartó que una de ellas sea de De Narváez. Alfonsín fue apenas un poco más cauteloso. “Si con un sector del peronismo disidente se puede llegar a conversaciones y hay acuerdos importantes respecto de nuestro programa a nivel nacional y están decididos a acompañarnos, entonces discutiremos esa posibilidad con el GEN, con el socialismo y con Encuentro Popular”, dijo. El esquema que imaginan es que Mauricio Macri se presente a la reelección en la ciudad de Buenos Aires, que Alfonsín quede como único referente presidencial del arco opositor y que De Narváez cuelgue de él una lista de adhesión. Desde el sector de De Narváez dejaron la puerta abierta a un eventual acuerdo y ratificaron su “vocación frentista”.

Un día antes de recibir a Julio Cobos en el Comité Nacional, el presidente del partido dejó la puerta abierta, de par en par, para la utilización de las colectoras, reglamentadas en el decreto presidencial de la semana pasada. “No estamos de acuerdo con las colectoras, pero el radicalismo también las va a usar. No sé si con De Narváez o Juan Pérez, pero las vamos a usar”, adelantó el ex gobernador chaqueño. “Estas son las reglas de juego y con estas reglas de juego tendremos que jugar nosotros”, dijo Alfonsín, y subrayó que las listas de adhesión “no son inconstitucionales ni mucho menos”.

Lo cierto es que en el radicalismo necesitan fortalecer su candidatura presidencial en la provincia de Buenos Aires, donde hasta ahora apostaban a llevar a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, como aspirante al sillón de Daniel Scioli. Pero en el entorno de Stolbizer descartaron de plano la utilización de las colectoras, que terminarían perjudicándola en una eventual candidatura. “No vamos a utilizar las colectoras porque son ilegales y violan la transparencia de la gestión. No se trata sólo de conseguir más votos, sino de construir una propuesta, resulta ridículo ofrecerle a la ciudadanía más de una opción a la gobernación de la provincia de Buenos Aires”, retrucó el diputado del GEN Gerardo Milman, dirigente incondicional de Stolbizer.

En ese contexto, el diputado Gustavo Ferrari, estrecho colaborador de De Narváez, sostuvo que el precandidato a gobernador “está dispuesto a ser el único candidato de un espacio frentista y si hay otros candidatos, dirimirlo en la primaria de agosto como lo define la ley”. La respuesta fue clara, habrá posibilidad de acuerdo si el empresario es el único candidato opositor o si los otros candidatos se miden con él en la primaria abierta.

La apuesta del alfonsinismo colisiona con los intereses de la fuerza de Stolbizer, pero también con el socialismo. Operadores del santafesino Hermes Binner le reprocharon en privado la “ambigüedad” con la que los radicales se refieren a De Narváez y a un eventual acuerdo. Rozas, consultado sobre la diferencia entre Macri y De Narváez, estableció que el bonaerense “viene del peronismo y el amigo Macri es un exponente del conservadurismo”.

Mientras se producen esos cortocircuitos en los vínculos con otras fuerzas, el alfonsinismo sigue esforzándose por cerrar el frente interno. Hoy al mediodía, Cobos visitará el histórico edificio de la calle Alsina, donde participará de una reunión con Alfonsín y Rozas. “Será una reunión muy cordial. muy afectuosa, en la que vamos a hablar de la necesidad de sumar los equipos técnicos que tenemos trabajando sin mucha coordinación entre nosotros y definir una agenda de trabajo”, sostuvo el candidato.

Sigue siendo una incógnita el futuro del senador Ernesto Sanz, que se llamó a silencio luego de que Cobos resignara sus aspiraciones electorales. Consultado sobre la posibilidad de que Sanz siga los pasos del vicepresidente, Alfonsín señaló que espera resolverlo “antes de agosto”. “Estoy seguro de que vamos también a hablar con Ernesto, con quien también tenemos una buena relación, para ver de qué manera trabajamos juntos para que tengamos las definiciones lo antes posible”, concluyó.

Pese al principio de acuerdo alcanzado el lunes en el Ministerio de Trabajo para revisar el acuerdo salarial firmado dos semanas antes, la asamblea de delegados del sindicato de petroleros privados de Santa Cruz decidió ayer seguir adelante con el paro que se prolonga desde el 2 de abril. Pero, ahora, la motivación es otra: reclaman que, a la par que quedara desautorizado el convenio que firmara con las petroleras al inicio del conflicto, el titular del gremio, Héctor Segovia, dé un paso al costado. “El paro sigue”, informó Rubén Retamoso, secretario adjunto del gremio petrolero, que anteayer había participado del acuerdo en la cartera laboral. A pesar de que las condiciones del acuerdo habían sido inicialmente aceptadas en asambleas de base, ayer por la mañana se decidió continuar con las medidas de fuerza en contra de la conducción del gremio. Retamoso, que está enfrentado a Segovia en las disputas internas del gremio, participó ayer por la mañana de la asamblea en la localidad de Cañadón Seco, que resolvió volver al paro. Una nueva asamblea convocada para hoy “decidirá los pasos a seguir” de ahora en más, según informó el adjunto de los petroleros santacruceños.

Segovia, que tiene buena llegada con el gobernador de la provincia, Daniel Peralta, sufre una fuerte resistencia de los delegados de base de los yacimientos del norte (lindantes con Chubut), que son los que habitualmente presionan con medidas de fuerza lanzadas antes de ser acordadas con la conducción sindical. Así sucedió a principios de abril, cuando Segovia arribó a un acuerdo de mejoras salariales con las tres principales petroleras con concesiones de área en la zona –Repsol, Pan American Energy y Occidental–, pero las asambleas de base lo rechazaron por considerarlo insuficiente, convocando a un paro por tiempo indeterminado.

Tras 18 días de conflicto, el lunes se arribó a un acuerdo para revisar el convenio anterior. Pero ayer, en asamblea, los trabajadores le exigieron a Retamoso que sea él quien se ponga al frente de las negociaciones en lugar de Segovia. Por lo tanto, volvieron al paro hasta que este último renuncie.

La zona donde se da el conflicto abastece el 20 por ciento del crudo que consumen las refinerías. La prolongación del paro hacía temer un eventual desabastecimiento de combustibles en pocos días más. El lunes, tras el acuerdo, se vieron expresiones de alivio, sensación que sólo duró unas horas.

El debate llevó ayer más tiempo de lo previsto, pero tampoco zanjó las diferencias. La mesa nacional del Movimiento Proyecto Sur se tomará unas semanas más, al menos hasta el 2 de mayo, para definir si Fernando “Pino” Solanas continuará su carrera presidencial o finalmente dará pelea por la Jefatura del Gobierno porteño. Todas las fichas están puestas ahora en un encuentro que para la semana próxima Solanas prepara con el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, el cordobés Luis Juez y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, con la idea de apurar la conformación de un frente electoral para octubre y una fórmula para la Casa Rosada, con Binner a la cabeza.

La discusión en el local porteño de Proyecto Sur duró casi cuatro horas. La mesa nacional del Movimiento –que integran Proyecto Sur, Unidad Popular (UP), Partido Socialista Auténtico (PSA), Libres del Sur y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)– debatió por primera vez la nueva propuesta de catapultar al cineasta como candidato a gobernar la Capital. Una idea que nunca abandonaron los fundadores de Proyecto Sur, tras las elecciones legislativas de 2009, donde alcanzaron el segundo lugar detrás del macrismo.

En la reunión, los dirigentes más cercanos a Pino, como Julio Raffo, Luis Brunatti y Alcira Argumedo, fundamentaron que la mejor perspectiva para el proyecto político que encarnan las fuerzas del espacio es dar la batalla porteña para poder mostrar “su capacidad de gestión”. Una propuesta que también avaló Mario Mazzitelli (del PSA), pero que recibió algunos cuestionamientos de Alejando Bodar (MST). Claudio Lozano (de UP, la agrupación que conduce Víctor De Gennaro) y Humberto Tumini (Libres del Sur), directamente plantearon que nada había cambiado en el escenario nacional para modificar la candidatura de Solanas. Y no consideraron convincentes los argumentos esgrimidos para que Pino baje a la Ciudad.

El debate giró entonces sobre los límites temporales para tomar la decisión. Proyecto Sur y el PSA estimaron que la definición no puede ir más allá del 2 de mayo, la fecha para la que convocaron al congreso nacional del Movimiento. “Las candidaturas en la Ciudad hay que presentarlas el 20 o 21 de mayo”, afirmaron. Las otras fuerzas aseguraron que igual acompañarán la decisión final que tome Pino, pero creyeron imperioso definir antes la situación de una fórmula presidencial y apurar una definición de Binner. Algunos de ellos sacan cálculos propios y opinan, incluso, que habría tiempo hasta el 25 de mayo para presentar las candidaturas en la ciudad.

Por su lado, Binner afirmó que recién proclamará si será candidato a presidente por un frente de centroizquierda o candidato a vice del radical Ricardo Alfonsín después de que se defina la suerte de su delfín para la gobernación, Antonio Bonfatti, en las primarias santafesinas del 22 de mayo. En tanto, las dudas también abarcan a los socialistas y partidarios del GEN que coquetean con ambas fuerzas –el posible frente y la UCR– sin todavía lograr una resolución.

Cerca de Solanas especulan que “nadie ha movido aún sus piezas en el tablero de ajedrez que es la disputa presidencial”. Ayer, Pino prefirió salir del ojo de la tormenta y no participó del encuentro. Mientras trabaja en la organización de un encuentro la semana próxima con Binner, Juez y Stolbizer, se dedicó a la edición de Oro ilegítimo, el film sobre el petróleo en la Argentina que quiere terminar para presentar en medio de la campaña.

La tasa de pobreza en la Argentina al cierre de 2010 se ubicó en 9,9 por ciento, lo que representó una baja de 3,3 puntos respecto del mismo período de 2009, mientras que la tasa de indigencia fue del 2,5 por ciento. Así lo informó ayer el Indec, que dio a conocer los datos del segundo semestre del año pasado. En total, todavía permanecen en la pobreza 2.475.000 personas y 619.000 están bajo la línea de indigencia. mientras que la pobreza e indigencia en los hogares alcanza al 6,8 y 2,1 por ciento, respectivamente. Algunas consultoras privadas, con metodologías que han sido cuestionadas por el Ministerio de Economía, estiman que la pobreza oscilaría en torno del 24 por ciento, pero admitiendo una tendencia a la baja, aunque lejana a las proporciones reflejadas por el Indec.

El organismo público de estadísticas realiza sus mediciones de pobreza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares en 31 aglomerados urbanos, y toma como dato central la Canasta Básica Alimentaria para medir los niveles de indigencia y la Canasta Básica Total para estimar la pobreza, datos que surgen del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Es, precisamente, en base a las discrepancias respecto de estos valores que establecen las líneas de pobreza e indigencia que se genera la amplísima diferencia entre las mediciones oficiales y las estimaciones privadas.

En diciembre del año pasado, mes de cierre de la medición, una pareja con dos niños de 8 y 5 años necesitó 578,58 pesos para no caer en la indigencia y 1252,54 pesos para evitar la pobreza. Según los datos más recientes de ambas canastas, ya hubo un incremento durante los primeros tres meses del año del 2,4 por ciento, aproximadamente.

Con estos indicadores, el Indec informó que todavía hay 570.000 hogares bajo la línea de pobreza y 168.000 bajo la de indigencia. La diferencia entre la cantidad de hogares pobres y la cantidad de personas (este último dato, consignado más arriba) surge porque los hogares con más bajos recursos suelen tener más miembros.

“Si uno mira el año 2003, cuando teníamos el 42,7 por ciento de los hogares argentinos bajo la línea de pobreza y el 20,4 bajo la línea de indigencia, hemos mejorado mucho. Pero todavía falta, porque nos quedan 2.740.000 personas en la pobreza”, sostuvo anteayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el anuncio realizado en Casa Rosada sobre la ampliación de la cobertura de los medicamentos para los pacientes del PAMI.

“No hay mejor dato de ingresos que los del Indec, porque las consultoras no tenemos la capacidad técnica de realizar una Encuesta Permanente de Hogares. Sin embargo, no se puede poner las manos en el fuego por estos resultados. Más allá del IPC, donde seguimos notando groseras diferencias, en el resto de los indicadores, como empleo, crecimiento e ingresos, las variaciones comenzaron a converger entre los privados y el Indec”, había señalado a este diario un consultor luego del encuentro que se realizó en la Cámara de Diputados el mes pasado.

En este sentido, desde la consultora Bein y Asociados indicaron a Página/12 que si bien el último dato confiable del Indec es de diciembre de 2006 (26,9 por ciento de pobreza), ahora habría una tendencia a la baja, “algo inferior al 24 por ciento y nunca cercana al 30 por ciento, ya que la economía siguió creciendo”.

Este número coincide con el análisis del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), vinculado con la CTA. “En el período 2007-2010 la pobreza ha sido inferior al 24 por ciento, pero lo que notamos es que no hay movimientos sustantivos, ni para arriba ni para abajo, sobre todo porque tampoco habría mejoras sustantivas en la tasa de creación de empleo”, explicó a Página/12 la economista Mariana González. En 2009, la generación de puestos de trabajo se había frenado debido a la crisis internacional, pero recobró fuerza en 2010 cuando la economía creció en torno del 9 por ciento.

En su informe semestral, el Indec también dio a conocer la distribución regional de los índices de pobreza e indigencia. El nordeste es la región del país con los mayores indicadores de pobreza, con el 18,5 por ciento, donde sobresale la ciudad de Posadas con un 20 por ciento de su población en la pobreza, Gran Resistencia (19,4) y Corrientes (19,0).

Luego sigue la región noroeste, con una tasa de pobreza del 11,8 por ciento. De este sector del país, Santiago del Estero tiene niveles que alcanzan al 15,9 por ciento de su población. En tercer lugar está la zona pampeana (9,6 por ciento). Por su parte, en el Gran Buenos Aires, donde reside casi un tercio de la población del país, los niveles de pobreza llegan al 10,6 por ciento de sus habitantes, de los cuales 2,4 por ciento son indigentes.

En el otro extremo, la ciudad con mejor calidad de vida es Río Gallegos, donde la pobreza sólo afecta al 0,9 por ciento de sus pobladores, y le siguen Ushuaia (2,6), Comodoro Rivadavia (4,0) y la Capital Federal (4,2).

Mario Vargas Llosa siguió con su gira de encuentros con opositores: ayer tuvo un almuerzo con Ricardo López Murphy y otros amigos, y habló sobre el populismo en el cierre del encuentro de neoliberales, organizado por la ultraconservadora Mont Pelerin Society. Mauricio Macri –que le dio la bienvenida en un cóctel en el Hotel Sheraton el lunes, junto con Eduardo Duhalde, Francisco de Narváez y Patricia Bullrich– no fue de la partida, pero sí varios de sus funcionarios y diputados. En su discurso en la cena de cierre del encuentro neoconservador, Vargas Llosa no habló de la Argentina. Los organizadores no permitieron el acceso de Página/12.

Potenciado por la polémica que tuvo con el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, por su participación mañana en la apertura de la Feria del Libro, Vargas Llosa desembarcó en Buenos Aires junto con los think tanks neoliberales que suelen hacerle la corte. Ayer se escucharon en el hotel de Retiro a algunas de las glorias locales de los noventa y a algunos exponentes traídos directo de Estados Unidos.

El presidente de la Fundación Atlas, Alejandro Chaufen, compartió una mesa con López Murphy. Vargas Llosa y su hijo, Alvarito, se sentaron en primera fila. “Scioli y Macri tienen varias similitudes: aumentaron drásticamente los impuestos, se endeudaron a tasas extravagantes para la realidad financiera que vive el país y utilizan descaradamente la propaganda oficial para publicitar a sus actividades de campaña y sus posibles candidatos”, disparó el Bulldog. “Nada más antirrepublicano y autoritario que usar los dineros públicos para hacerse propaganda de sí mismos”, sostuvo, y fue uno de los más aplaudidos. Vargas Llosa lo recordó luego en su discurso de cierre.

Al mediodía, el Bulldog compartió pastas y vino tinto con el Premio Nobel de Literatura y los dos se lamentaron porque Alejandro Toledo quedó fuera de la segunda vuelta en Perú. Ambos se mostraron preocupados también por la fragmentación de la oposición argentina. López Murphy le dijo que, si siguen así las cosas, es muy probable que Cristina Fernández de Kirchner gane en primera vuelta. Vargas Llosa se cuidó de no hacer comentarios. “No quiero dar la impresión de que vengo a la Argentina a criticar a la Presidenta. No me anima ninguna lógica de provocación”, había sostenido en diversos reportajes que dio a su llegada. “Las políticas que ha implementado no me parecen las ideales ni para la Argentina ni para ningún país”, aclaró, de todas formas. Luego dejó una definición doctrinaria: “Es que las ideologías hoy se han ido a la mierda, ¿no?”.

Macri no apareció de nuevo por el Hotel Sheraton, pero mandó en su lugar al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. Por la tarde, los neocon pudieron escuchar una charla, que se planteaba una pregunta que los aflige: “¿Por qué es el populismo tan popular y el capitalismo tan temido en el mundo hoy?”. Poco antes de entrar a la cena, Vargas Llosa se mostró en su salsa entre los dirigentes neoliberales y recordó la polémica con González: “Dio marcha atrás cuando la Presidenta, expresando que la Argentina respetaba la libertad de expresión, hizo que quienes habían pedido que me desinvitaran retiraran esa propuesta. Me alegro que todo eso haya vuelvo a foja cero”, sonrió.

Luego compartió una cena, a la que no faltaron la embajadora de Estados Unidos en la Argentina, Vilma Socorro Martínez; López Murphy; el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger; el ex embajador de Carlos Menem en Washington Diego Guelar; la diputada evangelista Cynthia Hotton; el empresario Enrique Morad, de Loma Negra; el ex funcionario menemista Jorge Castro; el director ejecutivo de la Fundación Pensar, Miguel Braum, y la diputada del PRO Paula Bertol, entre otros. Todos degustaron el guacamole y el hojaldre con champignones de la entrada, la carne con una torre de papas, el tomate relleno con queso crema y, de postre, una torta de limón.

En su discurso, Vargas Llosa no hizo ninguna mención a la Argentina. “En mi juventud Latinoamérica era el paraíso de las dictaduras. Las excepciones eran Costa Rica, Chile y Uruguay”, sostuvo Vargas Llosa, y luego elogió las transiciones democráticas de estos últimos dos países. “Para mí el mal mayor es el retorno del régimen de Alberto Fujimori. Sin alegría, con muchos temores, voy a votar por Humala”, anunció, entre murmullos. Varios neoliberales peruanos se quedaron con las manos sobre la mesa al final de su discurso.

“A ver si esta Justicia me da algo, mi tierrita, porque nunca vendí nada y me tiraron abajo el ranchito dos veces. Espero que me den algo para mí y para mis hermanas.” El testimonio es de Ramona Bustamante, una anciana de 85 años que vive en el paraje Las Maravillas (Córdoba), quien asistió ayer a una charla en el Senado para reclamar un freno a todos los desalojos de pequeños campesinos. El encuentro fue organizado por el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas, el Foro Nacional de Agricultura Familiar y el Movimiento Campesino de Liberación, entidades que están preparando un proyecto de ley para “declarar la emergencia territorial por cinco años” y frenar así las expulsiones de los campos.

Ramona vive en una chacra de 150 hectáreas. Por ser hija extramatrimonial, sus hermanastras, tras la muerte de su padre, vendieron parte de esos terrenos. Esto fue en el año 1984. Tras la venta, el campo pasó por varias manos hasta caer en posesión de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, quienes le hicieron firmar a Ramona un convenio de desocupación. En realidad, había firmado su acta de desalojo. Los hermanos Scaramuzza, que fueron acusados de fraude pero rápidamente sobreseídos, son dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo.

“La batalla legislativa es un espacio para discutir y disputar ideas. Seguramente tendremos la fuerte oposición de las entidades que apoyan el modelo de los agronegocios”, señaló el abogado Ramiro Fresneda, para luego dar detalles del proyecto que es elaborado junto a los asesores de Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Carlos Heller y Remo Carlotto.

“Proponemos suspender los desalojos por cinco años para realizar un registro de posesión de tierras, que sea elaborado con la colaboración de los propios campesinos”, detalló Fresneda. La iniciativa también incorpora la necesidad de establecer “la función social de la tierra” y que se reconozca la propiedad comunitaria de ese recurso.

“Dos veces me dejaron sin casa, sin agua, sin tierra, sin nada. Sólo quiero mi tierrita”, dijo Ramona, con sus 85 años de historia resumidos en 150 hectáreas.

En el Congreso de la Nación ya hay varios proyectos, a los que se les podría sumar la iniciativa que está preparando el Ejecutivo sobre los límites a la extranjerización de la tierra. Muchas de las organizaciones que participaron de la jornada estarán presentes hoy en el lanzamiento de Canpo.

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A Mauricio Macri le preguntaron si sería descabellado que compartieran una fórmula Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. “¿Por qué descabellado?”, retrucó el jefe de Gobierno. “Somos un equipo, así que todo está en el marco de lo posible”, dijo, haciendo caso omiso de las declaraciones de su ex vice. Michetti descartó en varias oportunidades una boleta compartida. “No me parece que la fórmula para presentar a la sociedad sea ésa. Somos tan distintos en concebir el día a día que no creo que podamos trabajar”, había dicho la diputada, a quien la frase de Macri no le causó ninguna gracia.

La eterna interna entre Michetti y Larreta continúa sin definiciones y Macri ya avisó que no tomará ninguna decisión hasta mediados de mayo. El jefe de Gobierno hizo pasar a los dos precandidatos por una suerte de casting ante unos 80 dirigentes del PRO, a los que les tuvieron que hablar de sus debilidades y de su vocación por ocupar el cargo de jefe de Gobierno. Michetti omitió responder qué haría si Macri elige a su adversario interno. A sus íntimos les suele decir: “Si es Horacio, me tengo que considerar despedida y me voy a mi casa”. Otro escenario sería si Macri se presenta en la ciudad, algo que ella y otros dirigentes le vienen reclamando.

Algo parecido seguramente se le plantearía si Macri intenta convencerla de que comparta una fórmula con Larreta. Ella lo descartó de plano desde la primera vez que se lo preguntaron. El jefe de Gabinete fue más ambiguo: se escudó en una frase (“yo trabajo muy bien con ella”), de la que no quiso salirse en la última entrevista que tuvo con Página/12. Nunca dijo que aceptaría ser vice de Michetti. Ayer repitió la misma oración: “Estoy seguro de que Gabriela trabajaría conmigo en el lugar que me toque, así como yo trabajaría con ella. Venimos haciéndolo juntos desde hace siete años, desde el comienzo del PRO. Siempre nos llevamos muy bien, siempre coordinamos nuestros trabajos y para adelante va a ser igual. Más allá de si eso se traduce en una fórmula conjunta o no”.

En el entorno de Michetti señalaron que proponer una fórmula conjunta sería “una falta de respeto” porque Larreta “no está a la par”. Puestos a conspirar, cerca de la diputada veían una operación de prensa del jefe de Gabinete, sobre todo porque algunos medios digitales titularon que Macri evaluaba una fórmula “Larreta-Michetti” (en ese orden). De cualquier manera, los michettistas dejaron en claro que ella no aceptaría tampoco a Larreta. Ni como vice.

“La interna ya fue.” Aunque piensa esperar hasta después de la reunión que la Mesa Coordinadora llevará a cabo el lunes para hacer oficial su salida de ese espacio, Eduardo Duhalde tiene decidido dar un paso al costado y reencauzar sus aspiraciones presidenciales a través de Unión Popular, un sello de goma cuya titularidad asumirá con un nuevo acto de lanzamiento la semana que viene. A partir de ahí, buscará articular alrededor suyo a buena parte de la oposición para intentar forzar un ballottage en octubre. Con este objetivo, ayer difundió una encuesta que lo muestra segundo en la intención de voto, a una buena distancia de Cristina Fernández, pero por encima de Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín.

“Duhalde es el candidato a presidente por Unión Popular. Seguimos trabajando en eso y en la realización de posibles acuerdos programáticos con sectores de la oposición”, anticipó Carlos Brown, jefe de campaña del hombre de Lomas de Zamora, que aunque advirtió que “hay que actuar con mayor cuidado y esperar que haya una resolución por parte de la Mesa Coordinadora”, se mostró “descreído de la posibilidad de una continuidad”. En diálogo con Página/12 confirmó que la UP es la “herramienta electoral” elegida por el duhaldismo con la que irá a las primarias establecidas por la ley para agosto.

“La decisión es avanzar con Unión Popular sin por esto renunciar al espacio del Peronismo Federal –agregó el ex titular de la SIDE Miguel Angel Toma, hombre de consejo de Duhalde–. Desde ahí, tratar de armar el más amplio frente posible de partidos y sectores productivos, un acuerdo basado en acuerdos programáticos.”

La orden que bajó Duhalde fue la de dedicar todos los esfuerzos en tender lazos con otros sectores de la oposición para llegar a agosto con un pacto: competir entre ellos bajo un solo paraguas y apoyar en octubre que se imponga en esa “semifinal” improvisada. “Sería el campeón de la oposición contra el campeón del oficialismo”, es una imagen que gustan repetir.

“No concibo límites”, se jactó Duhalde, consultado en una entrevista barrial por las fronteras ideológicas de este eventual acuerdo. “Los límites para mí son los sectores antidemocráticos de derecha e izquierda”, entre los que incluiría al kirchnerismo. “No necesariamente debe haber un acuerdo electoral”, aclara, sino una multitud de ofertas con una serie de “acuerdos en políticas de Estado” que se comprometen a cumplir a cambio del apoyo de aquellos que queden en el camino.

Así, intenta establecer “coincidencias básicas” entre justicialistas disidentes, radicales, socialistas, macristas y el GEN de Margarita Stolbizer y, lo que es todavía más improbable, que el electorado de todos esos partidos obedezca el mandato de sus referentes de emitir sufragio en ese sentido. “¿Se imaginan a un votante de Binner poniendo una boleta de Macri o a uno del GEN votando a Duhalde?”, preguntó este diario. “Sí”, fue la respuesta unánime que dio del entorno del ex interino.

Para picar en punta en la conducción de este espacio virtual, Duhalde comenzó a difundir una encuesta realizada por la consultora de Julio Aurelio en la que aparece segundo en intención de voto para octubre, superando a Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín, aunque todavía lejos de un escenario de ballottage. Aunque no se han difundido las cifras exactas ni las especificidades técnicas del estudio, el entorno del ex presidente interino dejaron caer que Duhalde mediría unos 16 puntos porcentuales, seguido de cerca por el jefe de Gobierno porteño y por el diputado nacional por la UCR. Eso sí, se cuidaron muy bien de indicar cuánto le da ese sondeo a Cristina Fernández, que ante un escenario tan polarizado tendría al alcance de la mano la victoria en primera rueda.

La Corte Suprema estableció en un fallo unánime que toda persona tiene derecho a saber qué información sobre su vida y asuntos personales tiene la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) y que el organismo deberá proporcionársela a menos que demuestre que revelarla podría afectar la defensa de la Nación, el orden, la seguridad pública o los derechos e intereses de terceros. La resolución del tribunal hace lugar a un recurso de hábeas data presentado por un ex militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, quien le pidió a la central de espías los datos sobre su actividad entre 1961 y 1973 para obtener el pago de la jubilación por ese período. Más allá del caso puntual, en el alto tribunal presentan la decisión como una forma de limitar a la SI, al advertir que la ciudadanía puede ejercer sobre ella un control del que hasta ahora está exenta.

El fallo de los supremos está basado en un análisis de los alcances de la Ley de Inteligencia (25.520) y de la Ley de Protección de Datos Personales, que regulan los límites de las tareas de obtención de información sobre personas, su carácter confidencial y el resguardo de la identidad personal. ¿En qué medida alguien puede reclamar que la SI le diga de qué datos personales suyos dispone? ¿Todos los datos que acopia ese organismo son de carácter secreto? A esos interrogantes apuntó a responder la Corte en la resolución de la causa promovida por un hombre que sólo fue identificado en la resolución por sus iniciales (R. D. R. P.).

El demandante, un ex integrante de la ultraderechista Tacuara, que según versiones habría sido agente de inteligencia, quería que la SI le diera el detalle de lo que hizo en los sesenta y hasta 1973 porque sólo con ese respaldo podría pedirle a la Anses que le reconozca el beneficio provisional por ese lapso. Para eso presentó un recurso de hábeas data, que le fue concedido en primera instancia y en la Cámara del fuero Contencioso Administrativo con algunas modificaciones.

La SI se opuso con el argumento de que la Ley de Inteligencia tiene supremacía sobre la de Protección de Datos Personales; que había un interés público comprometido; que los responsables de los archivos del organismo pueden negar el acceso a la información; que es una atribución del presidente de la Nación (hoy delegada en el titular de la SI) acceder a la desclasificación de datos –aun los llamados “públicos”– y que por ende habría una intromisión del Poder Judicial en las atribuciones del Ejecutivo. Ponía, como ejemplo extremo, que podría verse en la situación de tener que brindarle información “a un terrorista que podría estar preparando un atentado y desee conocer cuánto se sabe de él”.

La Corte rechazó esa argumentación y sostuvo que cualquier ciudadano puede plantear un “hábeas data” y que la central de inteligencia “se encuentra obligada a manifestar si tiene o no los datos requeridos; y si los tuviese sólo podría negarse a revelarlos (...) mediante una decisión fundada (...) en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública, o de la protección de los derechos e intereses de terceros”. Pero también dice que, aun esgrimidas las razones de parte de la SI, “los jueces cuentan con la potestad de verificar, a instancias del interesado” si esas razones “justifican la negativa a suministrar la información, para lo cual podrán tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad”. Así, en definitiva, son los jueces quienes evalúan y deciden si “está comprometido el interés público” o qué consecuencias podría traer aparejada la revelación de la información en juego para “hacer efectiva la garantía del hábeas data”.

El punto de partida del razonamiento de los jueces supremos es el “artículo 43 de la Constitución (hábeas data)” que “protege la identidad personal y garantiza que el interesado tome conocimiento de los datos a él referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos públicos o los privados destinados a proveer informes” como “garantía frente a informes falsos o discriminatorios que pudieran contener y autoriza a obtener su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización”. A su vez, apuntan que según la Ley de Inteligencia, la secretaría y otros organismos similares deben “enmarcar inexcusablemente sus actividades” en los preceptos de la Ley de Protección de Datos Personales, que excluye la obtención de información, producción de inteligencia o almacenamiento de datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias.

El fallo supremo, que toma la línea argumental de un dictamen del procurador general, Esteban Righi, de noviembre de 2009, recuerda que la “inteligencia nacional” es una actividad que comprende “la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior”, pero eso no implica automáticamente que tengan carácter reservado o secreto. Y que incluso el uso de datos personales “con fines de defensa nacional o seguridad pública” debe “quedar limitado al estricto cumplimiento” de esas misiones o a la “represión de delitos”. “Excluir de la protección constitucional a esos datos que los organismos estatales mantienen fuera del acceso de los particulares comportaría la absurda consecuencia de ofrecer una acción judicial sólo en los casos en que no es necesaria”, dice la Corte.

Aunque casi todo el fallo está basado en el dictamen de Righi, hay una diferencia en cuanto a los alcances. El procurador decía que la SI “sólo deberá informar si posee datos que sean útiles al demandante a fin de obtener el beneficio” jubilatorio “siempre que no se comprometan los intereses y la seguridad del Estado”. Si no se cumplen esos requisitos podría alegar que “no posee los datos requeridos por el tribunal”. En cambio, el fallo de la Corte abre mucho más el juego y deja librada al juez la decisión sobre a qué datos se puede acceder y a cuáles no.

El caso inauguró un debate novedoso en la Corte, donde casi no había antecedentes de este tipo. Algunos conocedores de la jurisprudencia suprema citan un fallo del tribunal de 1984 que a poco de recuperada la democracia –y salvando las diferencias– sostuvo en el caso promovido por el santafesino César Oxley que no se puede invocar el secreto del Estado sobre archivos de inteligencia (los suyos eran de la dictadura) cuando está en juego la suerte “existencial” de una persona por afectar, por ejemplo, su carrera laboral. Los especialistas consultados recuerdan que en un fallo más reciente, donde declaró la inconstitucionalidad de la llamada “ley espía”, que disponía que las empresas de telefonía e Internet guardaran por diez años todas las comunicaciones de sus usuarios, la Corte advirtió que esa norma le daba un margen de discrecionalidad importante a la SIDE para actuar.

Un alto funcionario supremo señaló ayer que el novedoso fallo de ayer también pretende marcar límites al organismo y facilitar un control que no ha realizado la Comisión Bicameral de seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

El ejemplo más conocido de resistencia de la SIDE a desclasificar información solicitada por el Poder Judicial se produjo en el marco de la investigación por el atentado contra la AMIA. En este caso, el ex presidente Néstor Kirchner habilitó la información.

En agosto de 2002, el Tribunal Oral Federal 3 le solicitó a la Secretaría de Inteligencia la desclasificación del sumario administrativo originado por las declaraciones del ex prosecretario del juez federal Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, sobre el pago del organismo al imputado Carlos Telleldín. Un mes después, el entonces titular de la SIDE, Miguel Angel Toma, respondió que el sumario era “estrictamente secreto y confidencial”, restringió su conocimiento a los jueces y lo negó a las partes. Meses después, el tribunal declaró inconstitucional el decreto que mantenía esa clasificación de seguridad y le señaló al flamante presidente Néstor Kirchner que debía desclasificar todas las actuaciones relacionadas, tachando en todo caso las circunstancias que reflejaran el modo de operar del organismo y la identidad de sus agentes. Kirchner hizo lugar a ambos pedidos.

En el mismo expediente, la SIDE se había negado durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde a relevar del secreto al ex jefe de los agentes, Hugo Anzorreguy, y a un grupo de empleados que habían intervenido en el caso AMIA. El tribunal intimó al Gobierno y la SIDE apeló la declaración de inconstitucionalidad de los decretos que les permitían guardar silencio a los agentes. En junio de 2003, antes de que la Cámara de Casación se pronunciara, Kirchner relevó a los agentes del secreto y los autorizó a declarar en la causa conexa a la del atentado, por el encubrimiento. Meses después, el Gobierno desclasificó 400.000 fojas con registros, fotos, partes de seguimientos e informes de agentes.

En septiembre de 2006, luego de que Página/12 publicara el legajo del entonces diputado Juan José Alvarez que demostraba su paso por la SIDE entre 1981 y 1984, el Centro de Estudios Legales y Sociales le solicitó al entonces presidente Néstor Kirchner la nómina de integrantes de la SIDE entre 1974 y 1983, pidió información sobre los agentes que seguían en servicio y las medidas que se habían tomado para evaluar su idoneidad ética. En este caso, no se trataba de un pedido de hábeas data, como el expediente en el que falló ayer la Corte Suprema, sino de la desclasificación de información por parte del Poder Ejecutivo.

El CELS también le pidió al presidente el impulso de legislación que garantizara el acceso a la información y a documentos de inteligencia en causas judiciales e instó al Poder Ejecutivo y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia a que “separen de sus cargos a aquellos miembros de la Secretaría de Inteligencia vinculados a graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y que aún continúan en funciones”. A diferencia de otras iniciativas del CELS, el Ejecutivo no respondió el pedido.

Meses antes, el periodista Gerardo Young había publicado que hombres de confianza de quienes condujeron la SIDE durante el terrorismo de Estado ocupaban cargos en el organismo.

En enero del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner relevó de la clasificación de seguridad toda información o documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. La decisión permitió a la sociedad conocer los nombres del personal civil de inteligencia que revistó al servicio del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea durante el terrorismo de Estado. Pero no ocurrió lo mismo con sus colegas de la SIDE.