Página#12 Libre

Según el asambleísta Gustavo Rivollier, la mancha fue detectada sobre el río Uruguay, frente a la planta de la pastera. La novedad fue comunicada de inmediato a la directora de Medio Ambiente de Gualeguaychú, Noelia Indart, quien dispuso que se tomen fotografías de la mancha y se colecten muestras del río para su análisis en los laboratorios de Obras Sanitarias municipal y en los de las Universidades de Buenos Aires y de La Plata.

Rivollier recalcó que, aunque en un principio se pensó que la mancha podría ser una formación de algas, los biólogos descartaron esa posibilidad. Según los técnicos, la mancha presentó "un aspecto aceitoso" pero no parecía ser causada por hidrocarburos.

Mientras tanto continúan los preparativos para la vigilia convocada el 20 de abril por los asambleístas para esperar el fallo de la Corte Internacional de La Haya.

Moyano anunció el acuerdo tras la reunión que destrabó el conflicto que paralizaba el embarque de cereales. Del acuerdo participaron los ministros Amado Boudou, Carlos Tomada, y Julián Domínguez, entre otros funcionarios.

El colombiano Wilmar Roldán es el árbitro del partido.

Vélez encabeza las posiciones de la zona con 10 unidades, producto de dos triunfos y dos empates; Cruzeiro lo escolta con 7; Colo Colo, de Chile marcha tercero con 4 y Deportivo Italia, de Venezuela, ya eliminado, cierra las posiciones con un solo punto.

Por su parte Cruzeiro, que se hace fuerte en su estadio, necesita ganar sí o sí para alcanzar en la cima a Vélez y así viajar más tranquilo a Chile el 15 de abril para enfrentar a Colo Colo.

Cruzeiro: Fabio; Jonathan, Thiago Heleno, Leonardo Silva y Diego Renan; Fabinho, Henrique, Marquinhos Paraná y Gilberto; Thiago Ribeiro y Kléber. DT: Adílson Batista.

Vélez: Germán Montoya; Gastón Díaz, Sebastián Domínguez, Nicolás Otamendi y Emiliano Papa; Fabián Cubero, Leandro Somoza y Víctor Zapata; Maximiliano Moralez; Hernán Rodrigo López y Santiago Silva. DT: Ricardo Gareca.

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Estadio: Mineirao.

El proyecto del Ejecutivo porteño sostiene que "es posible disminuir el número de personas heridas o muertas durante las detenciones mediante el correcto uso de armas electrónicas de incapacitación motora no letales como uno más de los nuevos elementos que la tecnología pone a nuestro servicio y favor". Por ello, pide el permiso para la utilización de esas arma, pero aclara que serán "en caso de legítima defensa, propia o de terceros o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas o para evitar la comisión de un delito".

Advierte, además, que su implementación se dará en "forma seria y responsable y en el marco de las previsiones de la ley y en claro respeto de los principios constitucionales que rigen todo su accionar, en especial, el respeto por los derechos humanos de los ciudadanos de la ciudad".

La propuesta del Ejecutivo comenzará a ser discutida en las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, según confirmaron fuentes parlamentarias. La propuesta surge tras el fallo de la Justicia que prohibió el uso de los dispositivos eléctricos por parte de los efectivos de Metropolitana en respuesta a un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad que consideraba consideraba a las Taser X-26 como "un elemento de tortura".

Lionel Messi es titular en el Barcelona, empató 2 a 2 ante Arsenal en Londres, en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. La ’Pulga’ desperdició tres chances para marcar en la etapa inicial. Ibrahimovic anotó los dos del ’blaugrana’, descontó Walcott e igualó Cesc Fábregas de penal.

En el primer tiempo, Messi remató a los 3 minutos de zurda por el centro del ataque y rechazó Almunia. A los 13 minutos, el rosarino disparó nuevamente por el medio, esta vez por encima del travesaño.

Messi habilitó a los 32 minutos a Zlatan Ibrahimovic, quien tiró desviado cerca del palo derecho de Almunia. Y a los 36 minutos, el argentino ejecutó un tiro libre desde la derecha, que fue al cuerpo del arquero.

En el segundo tiempo, Ibrahimovic sorprendió de emboquillada a Almunia a los 25 segundos y abrió la cuenta para el Barcelona. El sueco marcó el segundo tanto ’blaugrana’ a los 14 minutos, con un derechazo que entró junto al palo izquierdo de Almunia.

Ibrahimovic le robó en este período protagonismo a Messi, quien intervino menos en el juego que en la primera etapa. Gabriel Milito integra el banco de suplentes en el equipo español.

En el otro encuentro de cuartos de final con presencia argentina, Inter de Italia, con gol de Milito, le gana al CSKA Moscú. Además cuenta con Walter Samuel, Esteban Cambiasso y Javier Zanetti, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de campeones de Europa. Milito anotó a los 20 minutos del segundo tiempo. La revancha se jugará el martes 6 de abril en Rusia.

La decisión la tomó la Sala I de la cámara, que integran los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, que confirmó la tipificación de "asociación ilícita" y amplió el procesamiento por "falsedad ideológica".

En tanto, los camaristas dictaron la falta de mérito para los tres secretarios de los juzgados de instrucción de Misiones que intervinieron en las escuchas dispuestas en esa jurisdicción que afectaron a personas de diversos sectores sociales, entre ellos el miembro de la comunidad Sergio Burstein y el empresario Carlos Avila.

Así, el tribunal ratificó el fallo del juez federal Norberto Oyarbide que, el pasado 18 de diciembre, amplió los procesamientos de Palacios y James por aquella figura penal.

La misma medida involucra a los policías de Misiones, Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández y Rubén Alberto Quintana, y a la funcionaria judicial de esa provincia Mónica Elizabeth González.

En tanto, la Cámara revocó el procesamiento de Lidia Beatriz Kruchowski, Fernando Javier Castelli y Augusto Gregorio Busse, también funcionarios judiciales de Misiones, que había sido dispuesto por el juez Oyarbide.

Por otro lado, el tribunal bajó la calificación impuesta por Oyarbide por fraude contra la administración pública.

El líder rebelde checheno Doku Umarov, quien se hace llamar "el Emir del Cáucaso" reivindicó los ataques del lunes contra el subte de Moscú en un video colgado en la página web del grupo rebelde Kavkaz (www.kavkazcenter.com).

"Los ataques -que no serán los últimos, según advierte Umarov en el video- fueron una represalia por la masacre de invasores rusos de los residentes más pobres de Chechenia e Insushetia, que estaban recogiendo ajo silvestre en el poblado de Arshty el 10 de febrero de 2010, para alimentar a sus familias".

Según el diario Boston Global, citado por la agencia ANSA, los abogados del Vaticano, "para evitar que el Papa sea implicado en el proceso o que documentos secretos sean citados en juicio", están preparando una defensa basada en tres puntos clave.

Los defensores consideran que "el Pontífice, en cuanto jefe de Estado, goza de inmunidad diplomática; los obispos estadounidenses que supervisaron sacerdotes culpables de abusos no eran empleados de la Santa Sede; y el documento de 1962, 'Crimen sollicitationis', no prueba el encubrimiento vaticano sobre casos de pederastía".

Con esta defensa, la Santa Sede busca cerrar "el primer caso en Estados Unidos que trata de determinar si las víctimas tienen derechos contra el Vaticano por haber dejado de denunciar a la policía o de hacer públicos" episodios en los cuales están implicados "curas católicos que abusaron de menores" de edad.

En el caso de Kentucky, abierto en noviembre del 2008, el abogado de las tres presuntas víctimas, William McCurry, sostiene que los obispos estadounidenses "son empleados del Papa y que el Vaticano es responsable por no haber denunciado los abusos", escribió el Boston Globe.

El diario señala que la defensa de la Santa Sede ya estaría lista y recuerda que el mes pasado sus abogados "presentaron un borrador a la Corte de Louisville", según el cual la "estrategia del Vaticano es la de ser formalmente excluido del proceso en las próximas semanas".

La reunión tuvo lugar por espacio de una hora en la Casa de Chubut en Buenos Aires, y, a su término, Das Neves destacó que "las coincidencias son abrumadoramente mayores que las diferencias", por lo que se acordó "seguir trabajando, recorriendo el país, sabiendo que estamos conviviendo en un mismo espacio que nace con el peronismo y que tiene una clara diferenciación con el proyecto que está hoy en el poder".

El mandatario chubutense se refirió al ex presidente Eduardo Duhalde, con quien mantiene, según dijo, "una buena relación". Sin embargo, dijo que "no" le "parece bien" que Duhalde "termine armando la lista de concejales de Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes" y subrayó: "Preferiría a un ex presidente de referencia, viajando por el mundo y trayendo experiencia".

Por su parte, De Narváez dijo que si bien "no se habló" de candidaturas, "se habló de la necesidad de construir desde el justicialismo una opción que le dé a la sociedad la tranquilidad de un futuro gobierno sensato, con sentido común, que cree en el diálogo y en los consensos". "Hemos combinado seguir recorriendo, caminando el país, para plantear a los argentinos una forma de conducir y de gobernar con sensatez", concluyó.

Macri ratificó su postura a favor de analizar la derogación del impuesto al cheque, como propuso la mandataria en la reunión que esta semana mantuvo con gobernadores oficialistas y aliados, pero sostuvo que, más allá de este tema, una de las prioridades es sentarse a "discutir el presupuesto en serio" poniendo así "el caballo adelante del carro".

"Hay que saber cuáles son nuestras prioridades como país, sin más posibilidad de que el jefe de Gabinete cambie la mitad del presupuesto con su lapicera sin que nadie pueda debatirlo", advirtió Macri, un día después de que se confirmó su invitación a la Casa Rosada para la segunda quincena de abril, junto a otros gobernadores no oficialistas.

Al preguntársele sobre la expectativa que abriga en torno al encuentro, el jefe del Ejecutivo porteño advirtió sobre la decepción que suele sentir al salir de este tipo de reuniones con la Casa Rosada. "Siempre voy con esperanza, siempre vuelvo desilusionado", lamentó.

Sin embargo, manifestó estar dispuesto a sobreponerse a esa sensación: "Iré con la misma esperanza juvenil y romántica de iniciar una etapa para que podamos encarar algunas cosas juntos" con la Nación, remarcó y añadió que "nuestra vocación es trabajar juntos en algunos de los proyectos que están pendientes en la ciudad de Buenos Aires".

En cuanto al compromiso de la primera mandataria de analizar la derogación del impuesto al cheque de cara a la discusión del presupuesto 2011, Macri se manifestó a favor.

"Coincido con que el impuesto al cheque es distorsivo y si debe continuar, tendría que ser a cuenta de Ganancias, con lo cual el 100 por 100 es coparticipado automáticamente", analizó. Macri insistió, no obstante, que la prioridad pasa por debatir "en serio el presupuesto".

"Nadie tiene la menor idea de a dónde va a parar la plata de nuestros impuestos. Vemos todos los días con susto subsidios, despilfarros y corrupción en Aerolíneas, por caso, y así podríamos llenar una hora de audición de la cantidad de gastos que no representan la prioridad de la gente", alertó.

Convencido de que la prioridad de los argentinos pasa por una solución a los temas de "seguridad y la inflación", el jefe de Gobierno porteño insistió en advertir sobre la "falta de control" de los fondos públicos "por parte del Congreso". Parlamento que, a su juicio, "aprobó a libro cerrado el presupuesto anterior y que ahora encima ni siquiera refleja lo que está pasando".

Cuando la capital se disponía a enterrar a las primeras víctimas del ataque del lunes, que se cobraron la vida de 39 personas, dos explosiones frente a la comisaría de Kizliar, en Daguestán, dejaron 12 muertos y 23 heridos, según el balance del comité de investigación de la Fiscalía.

Nueve de los muertos en Kizliar "eran empleados de los servicios de policía", precisó la misma fuente.

La primera explosión tuvo lugar a las 8.40 y fue provocada por una bomba lapa en un vehículo que se encontraba en el patio de las dependencias policiales.

Veinte minutos después, un kamikaze disfrazado de policía se hizo estallar en el mismo lugar, cuando los investigadores habían acudido para examinar las circunstancias de la primera explosión, señaló la fiscalía.

Este segundo atentado mató a varios agentes, "entre ellos el jefe de la policía de Kizliar", Vitali Vedernikov, precisó el comunicado.

Los atentados y enfrentamientos son muy frecuentes en Daguestán, donde viven unos 2,5 millones de personas de múltiples grupos étnicos, mayoritariamente musulmanes.

Al igual que otras repúblicas del Cáucaso ruso (como Chechenia e Ingusetia), Daguestán es escenario desde hace varios meses de sangrientos choques entre rebeldes islamistas y fuerzas de seguridad.

Estos nuevos ataques se producen en un clima de gran nerviosismo a raíz del doble atentado en el metro de Moscú (con saldo de 39 muertos y y 64 heridos), perpetrado según las autoridades por dos mujeres kamikazes relacionadas con insurgentes islamistas del Cáucaso.

Esos atentados, los primeros de envergadura desde hace varios años en la capital rusa, conmocionaron a la opinión pública. Las medidas de seguridad fueron reforzadas en todo el país, incluido el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán, donde un cohete Soyuz debe despegar el viernes.

"El objetivo de los terroristas es desestabilizar al país, destruir la sociedad civil, sembrar el pánico en la población", dijo Medvedev. "No lo permitiremos", agregó. Según Medvedev, los atentados de Moscú y Daguestán son "eslabones de una misma cadena".

Putin había expresado poco antes una idea similar: "No descarto que (los atentados de Moscú y Daguestán) sean obra de la misma banda", afirmó.

El jefe de gobierno subrayó que no le importaba la religión o la etnia de las víctimas, pues los atentados son ante todo "un crimen contra Rusia".

Putin había llamado el martes a las fuerzas de seguridad a "arrancar de las cloacas" a los responsables de los atentados de Moscú.

Aunque los servicios de inteligencia rusos siguen la pista de los islamistas del Cáucaso, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, también aludió a una posible implicación georgiana.

Georgia y Rusia protagonizaron en 2008 una breve guerra, cuando Moscú envió tropas para ayudar a zonas independentistas georgianas a rechazar una ofensiva de las autoridades de Tiflis.

Así lo informó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que aclaró que la medida se tomará en forma excepcional "por única vez" este año debido a las celebraciones de los 200 años de la fundación de la Nación.

De esta forma, habrá dos feriados nacionales consecutivos: el lunes 24 y el martes 25, día en que habitualmente no es laborable por la celebración de la Revolución de Mayo.

Para sancionar el feriado excepcional del 24 de mayo, la Casa Rosada enviará un proyecto al Congreso de la Nación, según indicó en declaraciones radiales.

El vicepresidente Julio Cobos recordó, a un año de su muerte, al ex presidente Raúl Alfonsín, por la "convicción" y por su respeto a las leyes y a la Constitución Nacional.

En un discurso pronunciado en el cementerio de la Recoleta, Cobos destacó que a Raúl Alfonsín "no le fue fácil gobernar" en aquel momento de "innumerables conflictos sociales, económicos y militares", pero subrayó que siempre lo hizo "abrazado a la Constitución nacional y a las leyes".

Recordó también que durante su gobierno siempre priorizó "el bien común" y señaló que por ello debió enfrentar "intereses sectoriales, sindicales e, incluso partidarios".

Por su parte, el diputado nacional Ricardo Alfonsín afirmó que "la confianza de la sociedad en la política la vamos a recuperar con ejemplaridad, que tiene que ver con la obligación de atender con honestidad los recursos del Estado, con no ser oportunista y demagogo y no ser electoralista, ser firme en la convicciones"

"Tiene que ver con no poner por encima de los intereses generales los particulares. Esta ejemplaridad es la que le está faltando a la política", sostuvo Ricardo Alfonsín antes de participar del homenaje a su padre.

En declaraciones radiales, Macri fue consultado hasta dónde está dispuesto a avanzar en su proyecto de "quitar de la calle" a los "limpiavidrios, trapitos y encapuchados conducidos por mafias", a lo que contestó: "Hasta el final".

"Hasta el final, claramente tengo un compromiso con la primer demanda acá y en todo el país, de intentar recuperar la seguridad, ya que la gente quiere sentirse tranquila en su casa y en el espacio público", afirmó.

Macri explicó que el proyecto oficial enviado a la Legislatura porteña busca "darle instrumentos a los jueces, fiscales y policías para tener mayor contundencia".

El jefe de la Ciudad insistió que hay que "combatir a las mafias" que lideran a los trapitos porque "no puede ser que te digan: 'o me pagás o te rompo el auto'".

"Hay que dejar de lado los prejuicios ideológicos y la politiquería barata y votar algo moderno. Nadie viola los derechos humanos, y nadie está criminalizando la pobreza", subrayó en defensa de su proyecto.

El lunes último Macri propuso la aplicación de sanciones más duras contra trapitos, limpiavidrios, manifestantes que utilicen palos y máscaras y aquellos que ensucien monumentos históricos y edificios públicos de la Ciudad, al remarcar que "hay que desterrar las mafias que se han enquistado en la sociedad".

Además, la gestión macrista insistirá en que se permita el uso de pistolas eléctricas para la Policía Metropolitana, iniciativa que en los últimos meses fue cuestionada por diversos sectores de la oposición.

Los camaristas Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone, con la disidencia de Alfredo Barbarosch, sostuvieron que los "pretensos querellantes" son, al mismo tiempo, imputados por haber causado daños en un Centro de Gestión y Participación, en el contexto de una protesta por el desalojo de la "huerta".

"Es dable colegir que existió una situación de violencia entre las partes (policías y manifestantes), mas no si ésta tuvo o no solución de continuidad. En este sentido, llama la atención la extensión de la persecución callejera que se habría producido (aproximadamente 1200 metros), en plena ciudad de acuerdo a la versión policial o los motivos que pudieron haber llevado a los manifestantes a pasar a terrazas vecinas, cuando ya se encontraban a resguardo en el centro cultural", subraya el fallo.

El párrafo parece dar tácitamente crédito a las denuncias de violencia policial, pero al mismo tiempo advierte que "ante el estado inicial en el que se encuentran las actuaciones, en las que aún no se han determinado responsabilidades, resulta incompatible que los aquí peticionantes adquieran el doble carácter de querellantes e imputados".

El 2 de julio del año pasado, un grupo de integrantes de la Huerta Orgázmika, protagonizó una marcha con pancartas y cánticos frente al Centro de Gestión y Participación correspondiente a ese sector de la ciudad.

La manifestación, indicó la denuncia, fue reprimida por la policía e incluso una de las mujeres que integraba el grupo "fue brutalmente golpeada por los funcionarios policiales, resultando gravemente herida en la cabeza", por lo que debió ser atendida en el hospital Durand, donde le aplicaron siete puntos de sutura.

Los manifestantes se dispersaron y buscaron refugio en el Centro Cultural La Sala, donde la mayoría de ellos trabaja en "diferentes proyectos y talleres comunitarios", pero según la denuncia hasta allí llegó la policía para continuar con la represión.

La descripción de los hechos, acompañada por fotografías y filmaciones, describe episodios de presuntos abusos y malos tratos que abarcaron por igual a jóvenes, mujeres e incluso una embarazada, todos detenidos y trasladados a una comisaría.

"A la embarazada de seis meses no la ingresaron a una celda, dejándola sentada en una habitación cercana, negándole la posibilidad de tomar agua, ir al baño o descansar los brazos que le obligaban a mantener en alto, ya que no tenía esposas colocadas", explicaba el texto.

El escrito narraba lo que padecieron dos jóvenes: "Después de tirarlos al piso y de agredirlos con patadas y golpes de puño, los funcionarios les pisaban la cabeza, miembros y tronco con sus pesados borceguíes mientras jocosamente se preguntaban entre ellos ¿dónde está el detenido, que no lo veo?".

Todos los detenidos fueron liberados, pero contra ellos se inició una causa, la número 65.094, que según las presuntas víctimas del maltrato "pretende justificar lo injustificable en el marco represivo del accionar policial. El atentado y resistencia a la autoridad son imputaciones que usualmente se realizan para encubrir las señales de apaleamiento y demás tormentos que las fuerzas represivas ejecutan".

En declaraciones a Radio Milenium, Sanz aclaró que él habla "en nombre del radicalismo" y no puede "hablar en nombre de la oposición", ya que "demasiados costos se pagan por pretender representar a un colectivo que es muy heterogéneo".

"Vamos a ser respetuosos de esa cuestión judicial, y a partir de aquí nos vamos a concentrar en dar el debate y la discusión en el Parlamento", prometió el senador nacional, respecto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 298/2010 que prevé el uso de reservas del Banco Central para la cancelación de deuda pública.

"Para nosotros, los DNU, cuando el Parlamento está funcionando, no son una herramienta válida y creemos que la herramienta válida para que el gobierno pudiera utilizar reservas no es a través de ese DNU sino a través de una ley", sostuvo.

De todas maneras, Sanz advirtió que aunque "la justicia se los ha avalado -el uso de las reservas- todavía está pendiente la ratificación de ese decreto" por parte del Congreso. El senador nacional por Mendoza aclaró que la postura del radicalismo "no es cerrada respecto del uso de las reservas".

Pidió también, y en relación con eso, discutir "qué es lo que ha pasado con el financiamiento del Presupuesto" 2010.

"El gobierno quiere usar reservas para pagar deuda que vence este año, pero esas deudas están dentro de un Presupuesto, que a su vez tenía previsto pagarlas con superávit fiscal, que hoy ya no existe", explicó.

Agregó que "estamos a tres meses de su ejecución y todos los guarismos que contenía el Presupuesto han quedado absolutamente desfasados".

"Hay una propuesta con la que se inició todo esto y el 14 de abril se anunciará oficialmente, y a partir de ahí empieza a tomarse el nivel de aceptación y ver quién se presenta al canje", dijo el ministro en declaraciones radiales.

"Ese día se cuelga en la página web y estará disponible para todo el mundo", aseguró Boudou, tras destacar que "lo que hay que ver es cuál es la quita: Argentina tiene una deuda y hay que ver cuánto deja de tener ya que hay 20 mil millones, más 10 mil millones de intereses acumulados".

"El piso es la instancia anterior, el 75 por ciento de quita. Ese es un análisis que es el más relevante para el fisco porque es lo que en definitiva va a terminar pagando el Tesoro Nacional", puntualizó el ministro.

En la misma línea, agregó que "otro análisis es cuánto valen los títulos argentinos en el mercado secundario, que tiene que ver con cuánto valoran en el mercado los títulos argentinos". "En estos meses han subido en términos muy importantes", finalizó el ministro de Economía.

Después del revés judicial al intento de frenar el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda pública, la oposición desestimó la apelación ante los tribunales, pero continuará con la arremetida contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 298 que crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino (Fondea). Senadores y diputados opositores buscarán declarar nulo el DNU la semana entrante en los recintos de ambas cámaras. El kirchnerismo, en tanto, buscará bloquear la embestida, mientras propone avanzar en la discusión de los proyectos de ley presentados por los propios legisladores de la oposición, que con diferentes propuestas habilitan el uso de reservas para saldar los vencimientos de 2010.

“No vamos a apelar. Es el turno del Congreso”, dijo el diputado radical Ricardo Gil Lavedra a Página/12. De esa manera, el ex camarista, que elaboró el escrito con que la UCR recurrió a la Justicia para bloquear el uso de reservas, desestimó seguir con el camino judicial. En el mismo sentido se pronunció la peronista disidente Graciela Camaño, autora de la otra presentación judicial ahora rechazada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo: “Vamos a apelar a la racionalidad del bloque oficialista para que se siente en sus bancas y discuta la decisión de fondo”, remarcó.

Radicales, peronistas anti K y la Coalición Cívica coincidieron en señalar que la próxima semana “se cumple el plazo de días para tratar en el pleno de ambas cámaras el DNU 298, con o sin dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo”.

“La semana que viene vamos a ir al recinto a suerte o verdad”, dijo el jefe del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales. Para la UCR, la prioridad es anular el DNU, para luego discutir el uso de reservas. Morales dijo que presentarán un proyecto propio, pero el radicalismo todavía no saldó las diferencias internas sobre la iniciativa que llevará al Congreso.

“Tenemos que iniciar una discusión”, sostuvo el jefe del bloque K, Miguel Pichetto, en referencia al debate de una ley que habilite el uso de reservas. “Es uno de los temas centrales que tiene el Congreso”, remarcó. El oficialismo quiere que se discutan los proyectos opositores presentados en el Senado antes de que el DNU llegue al recinto. Aunque tampoco ocultan su preferencia por la iniciativa del díscolo peronista pampeano Carlos Verna, que se opone al DNU pero no al uso de reservas y presentó un proyecto similar al DNU que crea el Fondea.

El proyecto de los radicales correntinos José Roldán y Josefina Meabe también habilita el uso de reservas para cancelar deuda, pero al mismo tiempo proponen que el Gobierno condone el cincuenta por ciento de las deudas provinciales que ahora afronta el Estado nacional. El senador porteño Samuel Cabanchik propone que el Gobierno recurra al Congreso para que habilite el traspaso de reservas, vencimiento por vencimiento, y demuestre que no tiene recursos presupuestarios para afrontarlos. El ex legislador de la CC considera que su proyecto “es el único que podría atravesar con éxito la Cámara baja, con apoyo de un sector de la oposición”.

El PJ disidente, que comanda Felipe Solá, prepara un proyecto de un solo artículo, donde al mismo tiempo de habilitar el uso de reservas, declara la coparticipación total del impuesto al cheque y la forma de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Si la Presidenta lo veta, también vetará el uso de reservas”, sostienen.

Pero la oposición quiere primero rechazar el DNU antes de habilitar el debate sobre los proyectos que hasta ahora ha bloqueado en las comisiones legislativas donde tiene mayoría. La cobista Laura Montero, presidenta de la Comisión de Economía, se niega a tratarlos hasta que el ministro de Economía, Amado Boudou, responda a un pedido de informe. En Presupuesto, habrá que esperar la decisión final que adopte Verna, que puede volcar la votación de la comisión. La única duda opositora no es menor: si lograrán reunir los 37 senadores que le den el quórum para sesionar y “voltear” el DNU presidencial.

En Diputados, el kirchnerismo corre con desventaja numérica. El conglomerado opositor le pedirá al presidente de la Cámara, el oficialista Eduardo Fellner, que convoque a una sesión para discutir el DNU 298.

Elisa Carrió insiste en la interpretación de que el DNU carece de validez después de que Diputados declarara de “nulidad absoluta” al ya desechado decreto 2010 que creaba el Fondo del Bicentenario. Sin embargo, quiere llevar al recinto la semana entrante su propio proyecto de declaración para rechazar el DNU 298 en los mismos términos. Lo avalaría el resto de la oposición.

En tanto, el oficialismo se abroquelará detrás de su impugnación administrativa sobre un dictamen que considera “viciado de irregularidades legislativas”. Afirman que el despacho opositor no fue ratificado en un plenario de las comisiones a las que fue girado –Presupuesto, Finanzas y Asuntos Constitucionales– y que tampoco tiene la firma de la mayoría de los integrantes en dos de las tres comisiones que lo trataron. Incluso argumenta que un proyecto de declaración no puede anular un decreto. Pero tampoco descartan reunir la tropa propia para dar debate si no logran bloquear la embestida opositora.

Ante los dos fallos que habilitaron el pago de deuda con reservas del BCRA, opositores de distintos espacios coincidieron en plantear que el Congreso debe ser la vía para buscar la anulación del Fondo de Desendeudamiento Argentino (Fondea). Tanto el radicalismo como el peronismo disidente se inclinaban por no apelar los fallos.

- Ricardo Gil Lavedra (UCR): “Es una decisión que se ciñó ortodoxamente al pronunciamiento anterior de la Corte, que había dicho que la medida cautelar había devenido abstracta. No entró a juzgar el parentesco entre los dos DNU. Creo que ya es tiempo del Congreso. Los jueces no deben sustituir la actividad del Parlamento. Ahora ya nada impide que se pronuncie, si bien la presidencia recurrió al ardid de reemplazar un DNU por otro para impedirlo. No me sorprendería que dictara otro nuevo”.

- Graciela Camaño (PJ disidente): “Vamos a apelar a que nuestros pares se sienten en su banca y tomemos una determinación sobre la cuestión de fondo en el Parlamento. La cautelar la solicitamos por el impedimento de sesionar en ese momento”.

- Felipe Solá (Peronismo Federal): “Le vamos a pedir al presidente de la Cámara que, vencidos los diez días reglamentarios que prevé la ley, convoque a sesión ordinaria para tratar el rechazo al DNU”.

- Jorge Triaca (PRO): “El Gobierno tiene vedado el uso de las reservas del Banco Central, por cuanto en la sesión del día 17 de marzo la Cámara de Diputados rechazó el DNU 2010/09, y teniendo en cuenta que el DNU 298/10 versa sobre el mismo objeto que aquel, es también nulo de nulidad absoluta. Para reafirmar nuestro absoluto rechazo al uso de las reservas por parte del Ejecutivo ya hemos firmado junto a otros bloques opositores el dictamen de rechazo al DNU 298/09, que será tratado en la próxima sesión”.

- Fernanda Reyes (Coalición Cívica-ARI): “En principio, vamos a seguir pidiendo la anulación del decreto por la vía del Congreso. Se votó un dictamen de rechazo del 2010 y para nosotros el 298 es una extensión del 2010. Es lo mismo. Lo único que le cambiaron es el nombre. Nuestro objetivo es votar el rechazo al decreto en la Cámara de Diputados”.

- Roy Cortina (Partido Socialista): “Es terrible que el uso de las reservas para pagar la deuda que impulsa el gobierno nacional siga sin poder debatirse en el Congreso y que esta decisión –trascendente para el conjunto de los argentinos– quede atada a una especie de lotería judicial. Vamos a seguir insistiendo en que el Poder Ejecutivo sincere los problemas de caja que se empeña en esconder y reabra la discusión del Presupuesto vigente para este año, buscando avanzar en un planteo coherente de las múltiples necesidades que enfrenta nuestro país, que priorice el desarrollo nacional por sobre los intereses de los mercados”.

El titular del PJ, Néstor Kirchner, reunirá el miércoles de la próxima semana a la cúpula nacional del peronismo en La Plata para discutir con los gobernadores oficialistas la elaboración de una nueva ley de coparticipación de impuestos. Para el convite, el ex presidente eligió el mismo día en que la oposición intentará aprobar en el Senado el proyecto para ampliar el porcentaje del impuesto al cheque que se coparticipa. De esta forma, buscará contener a la tropa propia.

Es la primera reunión de la Mesa Nacional del PJ desde noviembre del año pasado, cuando rechazaron la renuncia de Kirchner a la presidencia del partido. El diputado reunirá a los gobernadores y dirigentes peronistas en una cena, con la idea de contener a los mandatarios provinciales ante la iniciativa opositora, que les permitiría aumentar los recursos de los que disponen en sus gestiones. No se descarta que el gobierno nacional negocie, a cambio, más ayuda financiera para sus provincias, mediante el Programa de Asistencia Financiera (PAF).

“La reunión es para que se discuta, entre otros temas, la coparticipación federal”, indicó el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien señaló que la discusión “es muy compleja y a largo plazo, pero no imposible”. También aseguró que el Gobierno tiene la idea de “agrandar la torta” que se reparte entre las provincias, para lo que se tendrá en cuenta “el excedente de recursos que están por arriba de lo presupuestado”.

Luego de que la presidenta Cristina Fernández les anunciara a los gobernadores que piensa derogar el impuesto al cheque en 2011, el debate sobre un proyecto de ley de coparticipación federal se dará en el PJ. La intención es que de ese espacio salga un proyecto de ley que se eleve al Gobierno y luego al Congreso, en no menos de seis meses. La reforma a la actual Ley de Coparticipación Federal debe hacerse mediante una “nueva ley convenio” y debe contar con el apoyo de los 24 mandatarios provinciales, ya que con la negativa de uno solo no se podría modificar la vigente, según lo establecido por la Constitución nacional, tras la reforma de 1994. La Constitución también dispone que ninguna provincia podrá recibir menos dinero del que recibe actualmente.

Entre las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo al Estado argentino, una de las más centrales y repetidas por ausencia de respuesta es la creación de un registro nacional sobre los casos de torturas a personas privadas de libertad, en lugares de encierro tanto federales como provinciales. La Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria y el Instituto Germani de la UBA decidieron unir sus fuerzas para crear el primer Registro Nacional de Casos de Torturas. Ayer, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo; Alcira Daroqui, codirectora del Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos del Germani; y Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, presentaron en público la decisión. Lo hicieron en la Facultad de Derecho de la UBA, cuya decana, Mónica Pinto, saludó la decisión y afirmó que “hay reticencias importantes para reconocer los casos de tortura”.

Tanto la Procuración Penitenciaria como la Comisión por la Memoria, a través del Comité Contra la Tortura, llevan una larga práctica de recepción de casos de torturas, con lo que, con el paso de los años, han ido conformando sus propias bases de datos. Finalmente, los dos organismos llegaron a la conclusión de que entre ambos reunían información correspondiente al 63 por ciento de las personas privadas de libertad en todo el país y todas las jurisdicciones. De acuerdo a datos oficiales, hay 9247 personas detenidas en ámbitos federales a diciembre de 2009, según datos del Servicio Penitenciario Federal; y 26.500 en cárceles de Buenos Aires, según el SP Bonaerense, a riesgo de quedar cortos, a lo que habrá que agregar los detenidos en comisarías de la Federal y la Bonaerense, hospitales neuropsiquiátricos, centros de detención de Gendarmería y Prefectura. De cualquier modo, esas cifras sumadas revelan el 63 por ciento de la población penal de todo el país.

“Tenemos el propósito de que los datos que se reúnan en el Registro Nacional sean datos públicos”, consideró Mugnolo. También sostuvo que “debemos tomar nota de los casos que hemos relevado y de los que no nos dan consentimiento para denunciarlos ante la Justicia. Y sin embargo, existe una cifra desconocida de los que ni siquiera no lo denuncian porque ya tienen naturalizada la tortura, y les resulta un hábito al que deben someterse. Es la cifra negra. Entre esos datos tomamos idea de las dimensiones de la tortura”.

La Procuración Penitenciaria tiene injerencia en la supervisión de las cárceles y las instituciones federales como Gendarmería, Prefectura y Policía. El Comité Contra la Tortura, que funciona dentro de la Comisión por la Memoria, tiene injerencia en comisarías y cárceles bonaerenses. El Gespydh es un grupo de investigadores que trabaja sobre el funcionamiento del sistema penal y sus agencias, y la vulneración y/o respeto de los derechos humanos de las personas detenidas, y que funciona dentro del ámbito del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Sociales de la UBA.

Precisamente, el Gespydh sistematizó los datos aportados por la Procuración Penitenciaria y publicó en 2008 “Cuerpos castigados. Malos tratos físicos y torturas en cárceles federales”, un informe sobre casos de tortura que desató una fuerte polémica entre el titular del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, que negó la existencia de la tortura, y los datos fríos de la estadística, que indicaban lo contrario.

“¿Qué van a decir? No conozco la tortura pública. Siempre se oculta en los rincones”, dijo el procurador Mugnolo.

Según los datos recogidos por el Comité Contra la Tortura, en cárceles bonaerenses murieron por hechos violentos 101 personas en 2007, 112 en 2008 y otro tanto en 2009, en 31 establecimientos carcelarios. En el ámbito federal, una encuesta realizada a 939 personas indicó que al menos 601, el 64,3 por ciento, fueron agredidas físicamente por penitenciarios; el 58,8 por ciento respondió que las agresiones físicas fueron golpes recibidos en las unidades donde se encontraban alojadas.

Las tres instituciones ya tienen acuerdos que rigen entre ellas para compartir sus datos. Ahora invitan a sumarse. “La pretensión es ampliar la convocatoria. No queremos sólo hacer público el Registro para que se sepa cuánto se tortura, sino para que el Estado le ponga fin al publicitar los actos.” “Si en la época de la dictadura es casi natural aceptar que exista la tortura, en democracia no es para nada aceptable”, sostuvo Cañón.

“Lo sorprendente –sostuvo Daroqui– es que los reclamos de los presos están más dirigidos contra los jueces que contra los propios carceleros.” En última instancia, sin jueces que la habiliten, la tortura resultaría reducida.

hcecchi@pagina12.com.ar

Lejos de la discusión técnica, la visita del ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado derivó en una dura pelea política entre la oposición, encabezada por el titular del bloque radical, Gerardo Morales, y el oficialismo, representado por Amado Boudou y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto. Tras unos cuestionamientos puntuales de la cobista Laura Montero, Morales lanzó un fuerte discurso en el que amenazó con acciones penales contra quienes firmaron el decreto de creación del Fondo de Desendeudamiento, calificó los planes de cooperativas que impulsa el Gobierno como formas para reclutar “ejércitos de rehenes” y machacó sobre “la mentira” y la “intervención” del Indec. Boudou no se quedó atrás, ratificó que volvería a firmar el decreto y le recriminó a Morales ser parte del gobierno de la Alianza, que “fue un desastre” y tuvo que irse en helicóptero. “Como ahora no pueden llevarnos al desastre, porque no son la actual administración, quieren llevarnos al desastre poniendo palos en la rueda”, retrucó.

Más de cinco horas duró la visita del ministro de Economía, quien había prometido ya dos veces asistir al Senado, pero, finalmente, recién ayer cumplió su palabra. En su exposición hizo una férrea defensa del uso de reservas del Banco Central para pagar deuda pública y también justificó la utilización de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en lugar de un proyecto de ley. “El uso de reservas para cancelar los vencimientos de la deuda no sólo es razonable, también es beneficioso y esto quedó demostrado en los mercados financieros”, dijo Boudou, convocado por el titular de la comisión, Eric Calcagno. El ministro precisó que con la diferencia de tasa de interés entre el financiamiento externo y el que obtiene el BCRA por sus depósitos en Basilea “la Argentina se ahorrará unos 800 millones de dólares anuales”.

Más de una decena de funcionarios acompañaban al titular del Palacio de Hacienda, aunque sólo habló el secretario de Programación Económica, Roberto Feletti: “Hicimos seis simulaciones, incluyendo el pago de la deuda con reservas. En todas hay excedente de reservas. Nosotros no dudamos, hacemos los cálculos y proponemos las medidas”, dijo tras detallar cada uno de los escenarios.

El clima cambió cuando el jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, hizo uso de la palabra. “Inflación, su medición y la situación del Indec es el punto central, ya que en la medida en que se siga mintiendo el mundo no nos cree”, aseguró. El senador jujeño pidió que se vuelva a discutir la Ley de Presupuesto y cuestionó la política social del gobierno nacional. Dijo que las cooperativas de viviendas apoyadas por el Estado representan un “ejército de rehenes” que es utilizado por el kirchnerismo. Y al referirse al Fondo de Desendeudamiento aseguró que “va a haber denuncias penales” contra los funcionarios que firmaron el DNU 298/10 por haber “eludido una resolución judicial”.

El ministro de Economía recogió el guante y le replicó que no se imaginaba que lo amenazarían con una denuncia penal, pero que de todas formas –dijo– “volvería a firmar el decreto”. Boudou fue más allá y recordó el pasado como viceministro de Desarrollo Social de la Alianza que pesa sobre el ex presidente de la UCR. “Hay una administración que fue un desastre y que se fue en helicóptero. Ustedes, que vinieron con el ajuste del 13 por ciento a los jubilados y a los docentes, ¿a dónde quieren llevar el desastre?”, insistió. Morales intentó responder las acusaciones, pero tuvo que esperar su turno para volver a hablar. “Es curioso –continuó Boudou– que el Megacanje se realizó por decreto y ahora son los mismos los que se rasgan las vestiduras por el DNU de la Presidenta.”

Después de las réplicas del ministro, al momento de su segunda intervención, Morales prefirió bajar un poco el tono. El radical reconoció como “imperdonables” medidas económicas como el descuento a los jubilados y se hizo cargo de su función como viceministro de la Alianza. De todas maneras, aseguró que el actual gobierno debe hacerse cargo “de la inflación como materia pendiente de solución; del innecesario conflicto con el campo; de los sobreprecios a la obra pública; de la efedrina para el financiamiento de la campaña electoral de 2007; de la bolsa con plata en el baño de la ministra Miceli”.

Al retomar la palabra, Amado Boudou redobló la apuesta: “Usted dice que se hace cargo, 40 millones de personas son las que hoy se tienen que hacer cargo y eso es trágico”. El ministro de Economía insistió con el recorte al presupuesto educativo que impulsó el gobierno de Fernando de la Rúa y, luego, esquivó otras cuestiones puntuales que requirieron otros senadores.

En un encendido discurso, Miguel Angel Pichetto cerró la reunión con un llamado a la oposición para que “deje de meter palos en la rueda para derrocar al Gobierno”. “Ustedes dejen de gobernar con DNU”, gritó, otra vez, Morales. Así terminó un fuerte contrapunto, pleno de chicanas políticas y escaso de discusiones económicas. Al salir, los que todavía no lo sabían se enteraron de que la Justicia acababa de habilitar el uso de reservas del BCRA para el pago de deuda.

El 24 de octubre de 2003, los trabajadores del Conicet nucleados en ATE denunciamos públicamente la complicidad del investigador científico Hugo Levato con el genocidio perpetrado por la dictadura militar. Las pruebas eran contundentes.

Hugo Levato, de puño y letra, había sostenido una inequívoca defensa del accionar dictatorial en una carta dirigida a la prestigiosa revista Nature, publicada por ésta el 19 de agosto de 1976. Levato les respondía así a 70 destacados científicos italianos que clamaban por la suerte corrida por 550 colegas argentinos.

En su descargo, el 28 de octubre de 2003, Levato declaró al diario El Zonda, de San Juan, que “la nota en cuestión se publicó en 1976, en inglés (en la revista Nature), y en ese período estuve fuera del país”. Más adelante dijo que “respondí con la información que contábamos en ese momento, que era la del New York Times”. La respuesta de los trabajadores científicos nucleados en ATE no se hizo esperar.

El 31 de octubre de 2003 le escribimos: “Que el Dr. Levato haya creído que la denuncia de los científicos italianos merecía menos crédito que el New York Times era (es) un problema de él; pero que, aún hoy, nos quiera convencer –subliminalmente, por cierto– de que la única información ‘con que contábamos’ era la de aquel diario, eso no admite el mínimo criterio de verdad científica”. Le hubiera bastado pedir un ejemplar del Buenos Aires Herald, para verificar que otras campanas doblaban por estas tierras. Esto para seguir con el tema del idioma porque, al fin y al cabo, uno puede leer y escribir en inglés, pero no puede pretender que lo que dijo no lo dijo. Y el Dr. Levato dijo que “entre los 550 científicos que perdieron sus empleos (...) debería haber unas pocas víctimas inocentes”. Amén de considerar que “no es cierto que la gente de izquierda esté siendo perseguida en Argentina. Están siendo perseguidos los terroristas y las personas culpables, prescindiendo de sus preferencias políticas”.

Hoy, como ayer –porque aún el científico Hugo Levato no se retractó de sus dichos ni de sus convicciones– vale reiterar lo siguiente: “Si de algo sirven (las precisiones) es para recordar que, en el mismo mes que él escribía su carta a Nature, con mayor precisión el 11 de agosto de 1976, el ingeniero agrónomo Gustavo Giombini era arrancado de su casa por fuerzas militares y nunca más volvería a ella ni al INTA, donde trabajaba; que el 7 de octubre del mismo año secuestraban a Dante Guede, técnico del Conicet que se desempeñaba en el Observatorio Astronómico de Villa Elisa; y el recordatorio se podría extender –cuando ya el Dr. Levato había regresado al país– con Federico Alvarez Rojas y Daniel Bendersky (ambos de CNEA), con Alfredo Giorgi (del INTI) y muchos otros más que engrosaron las listas de desaparecidos. Aceptar que hubo víctimas inocentes implica convalidar que hubo víctimas culpables cuando, en realidad, sólo hubo víctimas del terrorismo de Estado”.

La Rosada llevará a cabo el próximo martes el almuerzo número dos, esta vez con los gobernadores con los que mantiene alianzas relativas: Corrientes, Santa Fe, Tierra del Fuego y Catamarca. Después de la primera reunión con los jefes territoriales del PJ y radicales K y tras el respaldo para intentar frenar la pelea por la Ley de Cheque en el Congreso, el Ejecutivo se apresta a orientar de alguna manera la discusión por más fondos que se abre dentro de las provincias. Para la semana siguiente quedó el último round, y el más duro. La Secretaría General de la Presidencia convocó para entonces a Mauricio Macri, Alberto Rodríguez Saá y Mario Das Neves. Ninguno dijo que asistirá.

En el almuerzo del lunes pasado, los 17 gobernadores escucharon a la Presidenta hablar de la evolución de la transferencia de dinero de Nación a las provincias desde 2003. En medio de la puja con la oposición parlamentaria por la modificación del reparto del impuesto al cheque, Cristina Kirchner volvió a decir allí que esa alternativa era “una irresponsabilidad”. Los senadores, cada uno a su turno, plantearon posiciones y formularon recetas en vistas a la discusión –abierta por Néstor Kirchner a comienzos de marzo– sobre la coparticipación. En ese escenario cobró fuerza la síntesis de un proyecto del cordobés Juan Schiaretti, que se acerca al Gobierno en medio de su pelea con Luis Juez, y del salteño Juan Manuel Urtubey. Se trata de una propuesta de fondos compensatorios que tomen como parámetros indicadores del PBI como red de agua, cloacas y viviendas. En el medio del debate, la Presidenta sugirió su apuesta de máxima: la derogación del impuesto al cheque.

De ese escenario, los gobernadores se fueron repitiendo en cámara la certeza de que se abría un canal de discusión de fondo. “Si me pregunta si el debate de la coparticipación se adelantó, le digo que sí”, explicó uno. El jujeño Walter Barrionuevo dijo a Página/12 que lo que seguirá ahora “es una discusión muy muy larga pero se va a tener que hacer pensando, seguramente, en algún mecanismo transitorio, complementario, aunque ninguna alternativa es fácil”.

Ese debate volverá a abrirse el próximo miércoles cuando Néstor Kirchner reúna nuevamente al Consejo del PJ. Un espacio que según uno de los jefes territoriales de aquí en más se mantendrá en estado deliberativo casi permanente.

Por afuera, el Gobierno se alista para recibir a sus próximos invitados. La agenda no será distinta a la del lunes. Pero son distintos los perfiles. Hermes Binner viene de iniciarle una demanda a la Nación por los recursos, pide la coparticipación completa de la Ley de Cheque y protestó porque había quedado excluido del cónclave. El domingo pasado Aníbal Fernández lo llamó por teléfono. El jefe de Gabinete, que tiene una relación personal con el gobernador de Santa Fe, adelantó la llamada formal que al día siguiente le hizo Oscar Parrilli.

Fabiana Ríos acaba de conseguir la suspensión del paro docente en Tierra del Fuego, en medio de una conciliación voluntaria todavía abierta. Durante los días de fuego, recibió un llamado de un senador del FpV para preguntarle por el impuesto al cheque. En ese contexto, adelantó la postura que, si hace falta, según sus voceros, repetirá el martes que viene: que la discusión no es política sino matemática, si antes la provincia recibía 70 millones y ahora puede recibir 300, eso es mejor; pero en aquella ocasión también le dijo al senador que él iba a tener que fundamentar en el recinto por qué votó una ley de presupuesto con ese financiamiento. Alrededor de la mandataria no saben aún si en Olivos se abrirá espacio para hablar de los fondos, mencionan la situación de crisis pero no olvidan que acaban de firmar un acuerdo histórico con Nación para empezar a recibir regalías hidrocarburíferas por los pozos adyacentes a Tierra del Fuego, que se encuentran en jurisdicción federal.

El caso de Ricardo Colombi no es distinto. El gobernador radical de Corrientes que ganó enfrentado a Julio Cobos, está preocupado por la plata. Con una deuda con proveedores de 500 millones de pesos, herencia del mandato de su primo Arturo, pidió ser incorporado a las provincias beneficiarias del Programa de Asistencia Financiera, anunció que emitirá un bono y espera una respuesta.

En tanto, habló Florencio Randazzo. El ministro del Interior, que estuvo a la cabeza de la convocatoria del lunes, negó que la reunión de gobernadores haya sido un intento del Gobierno por “neutralizarlos”. “¿Miedo de qué van a tener? Se quiere demonizar al gobierno nacional y hacer aparecer en forma claudicante a los gobernadores frente a un gobierno nacional que los somete”, se quejó.

La presidenta Cristina Fernández anunció ayer que el Tedéum del Bicentenario de la Patria se celebrará el próximo 25 de mayo en la Basílica de Luján, por tratarse de un lugar con “fuerte simbolismo”. En el marco de un acto donde inauguró obras de refacción en ese santuario, y acompañada por el ex presidente Néstor Kirchner y el gobernador Daniel Scioli, la jefa de Estado aseguró que parte de la decisión tuvo que ver con que su madre y su hermana “son muy devotas de la Virgen de Luján”.

Según recordó, las obras en la Basílica fueron “la licitación número uno del Gobierno en 2003”, al tiempo que aseguró que ella cree “mucho en las señales”. Sumado a esto, la mandataria comentó una anécdota ocurrida el pasado domingo, cuando su esposo y actual diputado le preguntó si no era mejor realizar la ceremonia del Bicentenario en la Catedral Metropolitana. El tradicional Tedéum del 25 de mayo no se realiza en esa sede desde 2006, cuando el cardenal Jorge Bergoglio criticó –durante su homilía– a la administración del entonces presidente Kirchner. CFK entonces contó que Kirchner se apoyó en el respaldo de un sillón y éste, al girar, casi lo hace caer. Familiares de la jefa de Estado atribuyeron el suceso a la “Virgen”. Cristina Fernández sostuvo también que la Basílica es “un lugar de mucha paz, de mucho amor, de mucho agradecimiento, que une a todos los argentinos, inclusive a aquellos que no creen”.

Más tarde, la mandataria viajó hacia la ciudad santacruceña de El Calafate, donde permanecerá hasta el viernes, cuando presida, en Ushuaia, el acto central en conmemoración al Día del Veterano de Guerra y a los Caídos en la Guerra de las Islas Malvinas, al cumplirse el 28º aniversario del comienzo del conflicto bélico. La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 12, en la plaza Islas Malvinas, de esa ciudad austral, donde unos 200 ex combatientes prevén realizar una vigilia desde el día anterior. Durante la ceremonia se descubrirán placas, se lanzarán flores al mar para rendir homenaje a los muertos en la guerra, y además del discurso de la jefa de Estado hablarán la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; el intendente local, Federico Sciurano; y Ramón López –presidente del Centro de Ex combatientes de Ushuaia–, en representación de los veteranos.

Antonio Domingo Bussi morirá condenado por apenas uno de los centenares de crímenes que cometió durante la última dictadura. El dato se desprende de la resolución del Tribunal Oral Federal de Tucumán, que dispuso ayer separarlo del primer juicio a los represores que actuaron en Jefatura de Policía. Los jueces Josefina Curi, Gabriel Casas y Carlos Jiménez fundaron la decisión en un informe del cardiólogo Cristian Rando, del Cuerpo Médico Forense, quien dictaminó que por sus problemas cardíacos y pulmonares Bussi debe permanecer en terapia intensiva y que tiene altas chances de no sobrevivir más de un año.

El agravamiento de los problemas de salud del represor tucumano se produjo durante el fin de semana. Rando apuntó que las deficiencias son sólo físicas, no mentales. También el general Alberto Cattáneo se benefició por sus problemas de salud: el tribunal resolvió que el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 142 podrá seguir los debates desde su casa, por medio de un sistema de teleconferencias, con el fin de tener al mismo tiempo un adecuado control médico. Del centenar de desaparecidos que pasaron por Jefatura, el juicio abarca sólo 21 casos, más el de una sobreviviente ya fallecida. El primer imputado que quedó fuera de juego fue el ex jefe de la policía Albino Zimmermann, que murió por un infarto intestinal agudo. Bussi sólo fue condenado en agosto de 2008, junto con Luciano Benjamín Menéndez, por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, sentencia que aún no confirmó la Corte Suprema.

La construcción registró un avance interanual de 4,8 por ciento en febrero, según informó ayer el Indec. La suba fue de 0,5 por ciento contra enero, mientras que en el bimestre se acumula un alza de 3,7 puntos contra igual lapso del año pasado. El repunte evidencia un proceso de recomposición de la actividad privada. Sin embargo, también obedece a otros dos hechos: la comparación es con un año de crisis y el crecimiento en las ventas de insumos contiene una actitud defensiva frente a la inflación. El modelo de negocio desarrollado desde 2002 se apoyó en la construcción de viviendas para la clase media-alta, un segmento de mercado con límites de demanda, por lo que se requiere una mejora en las condiciones de financiamiento para que la clase media pueda incrementar la compra de viviendas. Esto también resalta la necesidad de incentivos para desviar la actividad para cubrir las necesidades habitacionales.

La presencia del Estado como demandante constituye un pilar fundamental de la actividad. Esto se profundizó en 2009, cuando la inversión pública en infraestructura fue el sostén del sector, logrando que la caída no fuera tan profunda. En términos de empleo, los puestos registrados cayeron 7,4 en el cuarto trimestre de forma interanual.

Para este año, la expectativa es que la obra privada repunte a partir de la estabilidad del dólar y una menor incertidumbre por la mejor coyuntura económica. En el sector esperan crecer un 5 por ciento. Sin embargo, indican que la obra privada depende en buena medida de que el financiamiento hipotecario se pueda reavivar para que los sectores medios puedan acceder a la compra inmobiliaria.

Esta necesidad surge del tipo de crecimiento que experimentó el sector desde la salida de la convertibilidad. Los excedentes generados en otras actividades, como el agro, fueron desviados hacia la construcción de viviendas para el sector medio-alto, que tienen capacidad de compra a pesar del actual esquema crediticio. Sin embargo, esta dinámica comienza a agotarse por saturación del segmento y por ello la rentabilidad ha bajado, lo que puede visualizarse en la evolución de los permisos de construcción. En febrero, este índice cayó 3 por ciento interanual.

Esta limitación, indican los analistas, podría superarse si se modifica la composición de la oferta habitacional, dirigiendo la inversión hacia construcciones para la clase media. Pero para lograrlo, el acceso al crédito barato es indispensable. En la actualidad, la relación cuota/salario es muy alta para la gran mayoría de los trabajadores.

El índice que confecciona el Indec se construye a partir de la medición de las ventas de los cinco insumos principales. Pero en un escenario inflacionario, los despachos también se utilizan como compra anticipada para “cubrirse” del alza de precios. Los analistas advierten que la evolución del cemento Portland –que no es “stockeable”– puede dar una mejor impresión de la evolución. En febrero las ventas de este insumo crecieron 1,1 interanual. En cambio, el hierro redondo subió 18,8, pisos y revestimientos cerámicos 10,4. En tanto, las ventas de ladrillos huecos crecieron 1,3 y pinturas 0,8. El dato negativo provino de asfalto (-9,7).

Poco después de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo diera el visto bueno para que el Gobierno salde los vencimientos de deuda usando reservas del Banco Central, un amplio arco de centroizquierda e izquierda, encabezado por Proyecto Sur y un sector de la CTA, y que sumó el apoyo de grupos tan disímiles como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el GEN de Margarita Stolbizer, juntó alrededor a algunos miles de simpatizantes frente al Congreso en una manifestación en la que se reclamó la creación de una comisión que investigue el origen de ese pasivo y que no se pague la parte que sea “ilegal, ilegítima o fraudulenta”.

La columna principal partió del cruce de las avenidas 9 de Julio y de Mayo poco después de las 16, encabezada por un grupo de diputados, entre los que estaban los once miembros del interbloque Proyecto Sur, más Margarita Stolbizer y Horacio Alcuaz, del GEN, y Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad, además de referentes gremiales y de organizaciones sociales y legisladores porteños que sostenían una bandera con la leyenda “30 mil razones para no pagar la deuda externa”. El centro de la avanzada lo compartían Fernando “Pino” Solanas, principal orador del acto, y Víctor De Gennaro, hombre fuerte de los sectores de la CTA que apoyan esta nueva construcción política opositora.

En la plaza los esperaba la otra columna que nutrió la convocatoria, que nucleaba a la CCC, el Partido Comunista Revolucionario y organizaciones sociales como el MTD Aníbal Verón y el Frente Darío Santillán. A ellos se sumó el grupo del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS), que responde a Vilma Ripoll, quien llegó, a la cabeza de la columna principal, junto a los diputados Claudio Lozano, Graciela Iturraspe y Victoria Donda. Aunque hubo algunos –breves– momentos de tensión entre los militantes, cuando los seguidores de Solanas recordaron la alianza entre el MTS y las entidades rurales durante el conflicto por las retenciones móviles, el clima se distendió al dar comienzo al acto.

Los oradores coincidieron en sostener que el Gobierno propone un “falso debate” entre pagar la deuda externa “con reservas o con ajuste”, cuando en realidad la alternativa es “investigar la deuda ilegítima y fraudulenta” (según la versión más light, presentada por Solanas y compañía) o directamente no pagarla, como propusieron Ripoll y la representante de la CCC, Elena Hanono. También hubo un llamado a un proceso de “segunda independencia”, para la cual se convocó a refundar el país a través de una nueva reforma constitucional, una de las principales reivindicaciones de la CTA. Pero detrás de los reclamos se intuía la intención de conformar un polo “del centro hacia la izquierda” para presentar como alternativa en las elecciones del 2011.

“La idea es llegar juntos”, confirmó Humberto Tumini, titular de Libres del Sur, uno de los grupos que acompañaban al Gobierno hasta el año pasado y hoy engruesan las filas de Proyecto Sur. Solanas, considerado por todos los consultados por este diario como “el mejor candidato que tiene el espacio”, le dijo a Página/12 que el arco político que coincidió ayer en el Congreso “no es ningún milagro”, sino que está dado por “la realidad que se va imponiendo” y “la madurez de los dirigentes”. Ante la pregunta de si las coincidencias se limitaban al tema puntual del pago de la deuda o si el armado se repetiría en la discusión de otros puntos, el diputado sostuvo que “sería fatal que no se repitiera”.

En ese sentido, la diputada Liliana Parada estimó que, aunque irán “tema por tema”, esta alianza volverá a coincidir cuando se debata “el tema de los recursos naturales o el de las rentas extraordinarias”, ya que “los matices no pueden estar adelante de la causa que une a toda la gente que vino”. Los dirigentes que convocaron al encuentro destacaron la necesaria articulación entre la labor parlamentaria y el apoyo. Stolbizer, del GEN, resaltó que “la tarea legislativa es necesaria, tanto como la movilización para respaldarla” y Víctor De Gennaro, por su parte, destacó: “Siempre hubo una convergencia entre la vía parlamentaria y la calle, sólo que ahora somos mucho más fuertes”.

Informe: Nicolás Lantos

La posibilidad de un debate en el Congreso por la legalización del aborto ya generó las primeras reacciones de mentes conservadoras, que pretenden reducir a las mujeres a meras incubadoras. Un diputado radical de Santiago del Estero quiere que “se declare el útero de la mujer y a sus órganos reproductivos ‘ambiente protegido’”. Así dice, textualmente, el artículo primero del proyecto que presentó Cristian Rodolfo Oliva, del Frente Cívico, y que lleva las firmas de cinco de sus compañeros de bancada.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Acción Social y Salud Pública. Fue presentada el 19 de marzo, unos días después del ingreso a la Cámara de Diputados de dos proyectos con amplio respaldo político que despenalizan el aborto. En su segundo artículo, el proyecto de resolución insta al Poder Ejecutivo nacional “para que a través de los organismos correspondientes desarrolle una campaña de prevención de la integridad del útero de las mujeres y de sus órganos reproductores, destacando su relevancia para mejorar la salud reproductiva y la de la persona por nacer, tanto antes, durante como después del embarazo”.

En el artículo 3 sostiene que “dicha campaña deberá alertar sobre prácticas físicas, deportivas, laborales, sociales, alimentarias, etc., y todos los factores exógenos, incluyendo los efectos dañinos de todo tipo de adicciones o consumo de tóxicos, que pudieran dañar la integridad y salud del útero de la mujer y de sus órganos reproductivos”.

Acompañaron el proyecto con su firma los diputados José Alberto Herrera, Mirta Ameliana Pastoriza, Daniel Agustín Brue, Jorge Raúl Pérez y Ana Zulema Luna de Marco, todos ellos santiagueños del Frente Cívico (radicales K y aliados), como el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora. Página/12 intentó ayer consultarlos pero no pudo ubicar a ninguno en la Cámara de Diputados ni a través de sus asesores.

Entre los fundamentos de su propuesta legislativa, Oliva menciona el decreto 1406/98 del ex presidente Carlos Menem, que instituyó el Día del Niño por Nacer, para que se conmemore el 25 de marzo de cada año, como parte de su política de alineación con el Vaticano, en contra de la liberación de las leyes que penalizan el aborto. Oliva destaca también “el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, el de nuestro país (escaso en población) y el valor de la vida humana que porta en su seno”. Con su iniciativa, aclara, busca que se despliegue “una firme campaña” para la “preservación” y “desarrollo saludable” del útero “aumentando la conciencia social sobre su importancia”. “Más allá de la mejora en la salud sexual, reproductiva e integral de toda mujer, la promoción de una mejor conciencia y la implementación de acciones preventivas dirigidas a la protección de su útero y de sus órganos reproductores, coadyuvarán a crear un ambiente más sano para las personas por nacer y asegurará la salud integral de la mujer, antes, durante y después de la procreación”, argumenta el diputado.

Las mujeres son más que un útero. Reducir su existencia a ese órgano es seguir pensándolas en roles tradicionales, o peor aún, como fábricas de niños y niñas para poblar el país, como esboza el diputado radical Cristian Rodolfo Oliva. Hay mujeres que hoy eligen no tener hijos. Qué paradoja: por no querer tenerlos en algún momento de su vida y como consecuencia de la penalización del aborto, muchas, muchísimas, pierden la posibilidad de procrear –cuando ellas decidan, si quieren–, sufren perforaciones de útero, quedan con lesiones gravísimas, al recurrir a métodos inseguros de interrupción voluntaria de un embarazo. Qué paradoja: la provincia a la que pertenece el diputado Oliva, y que gobierna el mismo Frente Cívico al que pertenece, es una de las que tiene los peores indicadores vinculados con el embarazo, parto y puerperio. La mortalidad materna duplica la tasa nacional. Fue de 78 cada 100 mil nacidos vivos en 2008, última estadística oficial disponible. Según cifras extraoficiales, habría aumentado incluso en 2009, a raíz de deficiencias en la oferta de consejería en salud sexual y procreación responsable en centros públicos de salud. La tasa de fecundidad adolescente es de las más altas del país. Santiago del Estero es de las provincias en las que cada 1000 adolescentes más de 80 son madres. Por día nacen en la provincia de Oliva 45 bebés y se producen 40 abortos. Y muere una madre cada 19 días, por causas en su mayoría evitables.

Proteger el útero como un órgano sagrado está en la misma sintonía de aquellos que ponen trabas a los abortos no punibles cuando son pedidos por mujeres, incluso niñas, que fueron violadas y pretenden obligarlas a continuar con la gestación forzada hasta al final, para que después den en adopción la criatura. Purpurados y voceros del clero más reaccionario no se cansan de repetir ese argumento cada vez que aparece un caso similar. Qué paradoja: en Santiago del Estero hay denuncias que investiga la Justicia sobre venta de bebés, que apuntan al Obispado de Añatuya.

La maternidad no es un destino. Debe ser una elección. Santiago del Estero y el resto de las provincias deben garantizar que haya educación sexual este año en todas las aulas, que se entreguen anticonceptivos en las salitas y se realicen ligaduras de trompas sin requisitos arbitrarios impuestos todavía por médicos inescrupulosos, y que se practiquen los abortos no punibles sin judicializaciones. El debate por la legalización del aborto no puede postergarse. Como sostuvo la mayoría de los diputados y diputadas que acompañaron la presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Pretender declarar el útero de la mujer y sus órganos reproductivos como “ambiente protegido” no es más que un eufemismo para poner piedras en ese camino.

El juez federal No 2 de San Martín, Juan Manuel Yalj, declaró “inconstitucional” una clausura preventiva dispuesta por la AFIP en Villa Ballester, por considerar que no se le aseguró al imputado la posibilidad de una defensa previa a la sanción. Para llevar adelante los procedimientos, la entidad que conduce Ricardo Echegaray se amparó en la Ley de Procedimientos Fiscales, normativa que permite actuar sobre aquellos comercios que no estén en regla con el fisco, pero que ahora fue cuestionada por el magistrado bonaerense. Tras la resolución de Yalj, el ente recaudador apeló la medida en la Cámara Federal de San Martín. Según fuentes oficiales, esta Cámara ya le había dado la razón a la AFIP por otros casos ocurridos el año pasado.

El magistrado de San Martín declaró la inconstitucionalidad del artículo 35 (inciso f) de la Ley de Procedimientos Fiscales. “La naturaleza jurídica de la clausura preventiva se encuentra fuera del contexto cautelar mencionado y posee el inequívoco propósito de sancionar a una persona sin proceso previo, contrariando la Constitución nacional”, afirmó Yalj a través de su fallo.

“Esta es una herramienta lícita que utiliza el organismo cada vez que se encuentra frente a una infracción grave. Además, es una medida que siempre tiene como contralor a la Justicia. La AFIP aplica la sanción y luego eleva el caso a la Justicia. No actúa en soledad”, graficó a Página/12 un funcionario del ente recaudador, cercano a la causa.

Según la AFIP, lo llamativo del fallo fue que el contribuyente en cuestión (propietario de una concesionaria de venta de autos usados) figuraba como monotributista, cuya facturación anual no podía superar los 48.000 pesos. Sin embargo, el ente fiscalizador encontró que el propietario había sido dado de baja del monotributo en octubre de 2007, mientras que la última factura emitida había sido el 11 de febrero de este año.

“La AFIP apeló la medida reforzando el concepto que la clausura preventiva es una medida cautelar, que tiene por objeto resguardar el interés del fisco frente al grave perjuicio que acarrea el ejercicio irregular y continuo de actividades que resultan marginales y que restan recursos genuinos a la sociedad, exponiendo a su vez una situación de inequidad frente al contribuyente que actúa dentro de la legalidad”, enfatizó Echegaray a través de un comunicado.

Esta clausura preventiva en Villa Ballester fue realizada en el marco de una serie de operativos en los últimos dos meses, donde se visitaron 6200 contribuyentes, de los cuales el 45 por ciento presentó distintas irregularidades.

A pesar de este fallo adverso de primera instancia, la AFIP recordó dos casos donde la Cámara Federal de San Martín –ámbito judicial donde se realizó la apelación– ratificó, en agosto de 2009, dos clausuras preventivas de contribuyentes, quienes también eran propietarios de concesionarias de autos y revistaban como monotributistas.

“Desde el Estado defendemos al contribuyente que paga sus impuestos, al que emite facturas, al que tiene a sus trabajadores debidamente declarados y al que no está en la informalidad”, concluyó Echegaray.