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Entre las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo al Estado argentino, una de las más centrales y repetidas por ausencia de respuesta es la creación de un registro nacional sobre los casos de torturas a personas privadas de libertad, en lugares de encierro tanto federales como provinciales. La Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria y el Instituto Germani de la UBA decidieron unir sus fuerzas para crear el primer Registro Nacional de Casos de Torturas. Ayer, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo; Alcira Daroqui, codirectora del Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos del Germani; y Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, presentaron en público la decisión. Lo hicieron en la Facultad de Derecho de la UBA, cuya decana, Mónica Pinto, saludó la decisión y afirmó que “hay reticencias importantes para reconocer los casos de tortura”.

Tanto la Procuración Penitenciaria como la Comisión por la Memoria, a través del Comité Contra la Tortura, llevan una larga práctica de recepción de casos de torturas, con lo que, con el paso de los años, han ido conformando sus propias bases de datos. Finalmente, los dos organismos llegaron a la conclusión de que entre ambos reunían información correspondiente al 63 por ciento de las personas privadas de libertad en todo el país y todas las jurisdicciones. De acuerdo a datos oficiales, hay 9247 personas detenidas en ámbitos federales a diciembre de 2009, según datos del Servicio Penitenciario Federal; y 26.500 en cárceles de Buenos Aires, según el SP Bonaerense, a riesgo de quedar cortos, a lo que habrá que agregar los detenidos en comisarías de la Federal y la Bonaerense, hospitales neuropsiquiátricos, centros de detención de Gendarmería y Prefectura. De cualquier modo, esas cifras sumadas revelan el 63 por ciento de la población penal de todo el país.

“Tenemos el propósito de que los datos que se reúnan en el Registro Nacional sean datos públicos”, consideró Mugnolo. También sostuvo que “debemos tomar nota de los casos que hemos relevado y de los que no nos dan consentimiento para denunciarlos ante la Justicia. Y sin embargo, existe una cifra desconocida de los que ni siquiera no lo denuncian porque ya tienen naturalizada la tortura, y les resulta un hábito al que deben someterse. Es la cifra negra. Entre esos datos tomamos idea de las dimensiones de la tortura”.

La Procuración Penitenciaria tiene injerencia en la supervisión de las cárceles y las instituciones federales como Gendarmería, Prefectura y Policía. El Comité Contra la Tortura, que funciona dentro de la Comisión por la Memoria, tiene injerencia en comisarías y cárceles bonaerenses. El Gespydh es un grupo de investigadores que trabaja sobre el funcionamiento del sistema penal y sus agencias, y la vulneración y/o respeto de los derechos humanos de las personas detenidas, y que funciona dentro del ámbito del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Sociales de la UBA.

Precisamente, el Gespydh sistematizó los datos aportados por la Procuración Penitenciaria y publicó en 2008 “Cuerpos castigados. Malos tratos físicos y torturas en cárceles federales”, un informe sobre casos de tortura que desató una fuerte polémica entre el titular del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, que negó la existencia de la tortura, y los datos fríos de la estadística, que indicaban lo contrario.

“¿Qué van a decir? No conozco la tortura pública. Siempre se oculta en los rincones”, dijo el procurador Mugnolo.

Según los datos recogidos por el Comité Contra la Tortura, en cárceles bonaerenses murieron por hechos violentos 101 personas en 2007, 112 en 2008 y otro tanto en 2009, en 31 establecimientos carcelarios. En el ámbito federal, una encuesta realizada a 939 personas indicó que al menos 601, el 64,3 por ciento, fueron agredidas físicamente por penitenciarios; el 58,8 por ciento respondió que las agresiones físicas fueron golpes recibidos en las unidades donde se encontraban alojadas.

Las tres instituciones ya tienen acuerdos que rigen entre ellas para compartir sus datos. Ahora invitan a sumarse. “La pretensión es ampliar la convocatoria. No queremos sólo hacer público el Registro para que se sepa cuánto se tortura, sino para que el Estado le ponga fin al publicitar los actos.” “Si en la época de la dictadura es casi natural aceptar que exista la tortura, en democracia no es para nada aceptable”, sostuvo Cañón.

“Lo sorprendente –sostuvo Daroqui– es que los reclamos de los presos están más dirigidos contra los jueces que contra los propios carceleros.” En última instancia, sin jueces que la habiliten, la tortura resultaría reducida.

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