Página#12 Libre

Inversores de acciones que cotizan en Bolsa conocen lo que implica ser perjudicados patrimonialmente por decisiones del grupo de control de empresas que son socios minoritarios. Varios son los casos donde sus derechos económicos y políticos quedaron desplazados por la fuerza de una mayoría que elude la Ley de Sociedades Comerciales y de instituciones bursátiles que no aplican con severidad normas de protección al accionista minoritario. En las últimas décadas, los conflictos más conocidos en el recinto tuvieron como protagonista a la papelera Celulosa, la acería Acindar, la textil Alpargatas, la automotriz Sevel, el frigorífico Quickfood y una de las más estruendosas fue entre miembros de la familia Escasany en el Banco Galicia. En estos días existen discrepancias con el Banco Patagonia por el precio establecido en la oferta de recompra realizada por los nuevos dueños brasileños, el Banco do Brasil. Los motivos de esas disputas han sido variados: por ampliación de capital que licuaba la tenencia de los socios minoritarios, por ventas de activos en forma ruinosa para la sociedad, por desvío de utilidades a vinculadas que reducían o hasta anulaban el reparto de dividendos en efectivo, por la constitución de fondos de reservas exagerados con ganancias acumuladas no distribuidas, por la disminución del capital social o por el rescate de acciones a precios no convenientes. El decreto de necesidad y urgencia que permite a la Anses ejercer el derecho pleno en asambleas y en directorios por sus tenencias en compañías cotizantes se traducirá en la práctica en una ventaja para otros accionistas minoritarios, porque tendrán una mayor protección ante arbitrariedades de la mayoría.

De esos casos mencionados, uno de los más recientes involucra a Alpargatas. La operación de compraventa de la compañía a Sao Paulo Alpargatas, del grupo Camargo Correa, fue concretada en 2007, e inmediatamente después los brasileños lanzaron al mercado lo que se conoce como Oferta Pública de Adquisición (OPA) del resto de las acciones que circulaban en el mercado bursátil. La oferta fue de 5,8 pesos por acción (equivalente a 1,83 dólar) pagada el 10 de octubre de 2007. Un grupo importante de accionistas minoritarios rechazó esa propuesta. Los brasileños reiteraron otra OPA, ahora a 3,4 pesos por papel (90 centavos de dólar), el 8 de febrero del año pasado. Recibió otro repudio. Con esas ofertas sólo pudo aumentar su participación mayoritaria a un 70,2 por ciento del capital de Alpargatas, porque accionistas minoritarios se opusieron a esas ofertas. Presentaron dos demandas contra el flamante controlante ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa. Finalmente, Sao Paulo Alpargatas adquirió esos litigios a 2,15 dólares por acción, valor idéntico al definido por la compra del control de la compañía, cuando para el resto de los minoritarios pretendió, y con muchos lo logró, pagarle mucho menos. También existió una fuerte disputa por la decisión de los brasileños de vender la marca Pampero, líder en el mercado de prendas y accesorios de seguridad para la industria y el campo, uno de los principales activos de Alpargatas Textil. Los accionistas minoritarios se opusieron porque consideraban que se hacía a precio vil, afectando el patrimonio de la sociedad, además de beneficiar a su competidora Ombú, controlada un ciento por ciento por el mismo grupo brasileño. El proceso de desinversión del Negocio Pampero, que fue aprobado en la asamblea de accionistas del 20 de abril de 2010 solamente con el voto de Sao Pablo Alpargatas y unánimemente en contra por el resto de los accionistas, se encuentra interrumpido como consecuencia de una medida cautelar dictada en la causa “Menéndez, Vicente Adriano y otros c/ Alpargatas S.A.I.C. s/ medida precautoria”.

Este conflicto, como tantos otros que se desarrollan entre grupos de control y socios minoritarios, no tiene mucha repercusión pública porque involucra a grandes empresas; las instituciones bursátiles se hacen las distraídas y la mayoría de los minoritarios se resignan a un vínculo desigual. Por eso adquiere relevancia que todos los accionistas puedan ejercer en plenitud sus derechos económicos y políticos en las compañías. Desde hace dos años, el Estado a través de la Anses contabiliza en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad acciones de unas cuarenta empresas. El decreto de necesidad y urgencia que escandaliza al establishment iguala al Estado con el privado en la cuestión de hacer valer el porcentaje de acciones en los respectivos directorios. Existía una restricción establecida en un máximo de 5 por ciento independientemente del total de la tenencia efectiva. Era un límite establecido en la ley que creó a las compañías dedicadas a especular con el aporte previsional de los trabajadores, conocidas como AFJP, extendido luego a la que dispuso su fin. En su momento se explicó que no se quería sumar más resistencias del sector privado cuando el objetivo principal del Gobierno era terminar con el negocio financiero de la jubilación privada manejada por bancos y compañías de seguro. Pero era un privilegio exagerado para los grupos de control de las empresas, más aún cuando gran parte de ellas ha diseñado una organización societaria que restringe la participación de las minorías, además de que las deja vulnerables. Ahora se pretende saldar esa irregularidad.

En el documento “El Gobierno Corporativo en Argentina”, publicado por el Centro de Estabilidad Financiera, integrado por miembros con mucho conocimiento del mundo empresario y bursátil, se observan los comportamientos de los grupos de control en un “detallado relevamiento sobre la estructura de propiedad y la calidad del Gobierno Corporativo de las empresas en oferta pública”. Se explica que la estructura de propiedad es relativamente simple y está claramente dominada por el principal accionista de la empresa, que “a través de estructuras piramidales, y en menor medida acciones con voto múltiple, los derechos de voto superan holgadamente a los derechos sobre el capital en muchas empresas, acentuando los conflictos de intereses entre controlantes y minoritarios”. “El caso de las empresas con oferta pública en Argentina pone de manifiesto ciertos prejuicios respecto a los beneficios del buen Gobierno Corporativo”, se advierte en el documento.

Como refleja la experiencia en el mercado local, los grupos de control de empresas cotizantes no tienen mucha voluntad de respetar los derechos de sus socios minoritarios, sean privados o, desde hace dos años, del Estado. Como se mencionó, son varios los casos de abuso en el ejercicio de esa posición dominante. La presencia de la Anses en directorios de compañías privadas los inquieta porque tienen que empezar a hacer lo que se han negado a realizar: exponer con mayor fundamento sus decisiones, ya sean de inversión, de venta de activos importantes de la sociedad, o de la política de distribución de dividendos. La presencia más activa de directores estatales indagará sobre la estrategia de expansión, cuestionará una propuesta de desnacionalización o de desvío de utilidades a empresas vinculadas. Es un acontecimiento novedoso para el mercado bursátil doméstico y por eso genera tanta resistencia. Sólo la concepción ideológica que rechaza todo lo que signifique un Estado activo en la economía explica la posición crítica de las autoridades bursátiles, que no dejan pasar oportunidad de mencionar que una de sus principales funciones es defender el interés de los accionistas minoritarios. Descubrirían que ahora con la Anses tienen un colaborador en esa tarea, lo que debería agradar a los inversores de acciones de empresas con oferta pública en la Bolsa.

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Dos veces al año, cuando el equipo de técnicos del Fondo Monetario Internacional presenta el informe “Perspectivas de la Economía Mundial”, previo a sus dos asambleas anuales, resulta oportuno recordar lo publicado en esta misma columna: la Oficina General de Contabilidad (GAO, en inglés), el órgano investigador del Congreso de Estados Unidos, señaló en un informe de 2003 que ese documento de pronósticos económicos de la institución internacional “no es un instrumento confiable para anticipar las crisis”. El resumen presentado fue demoledor. De 134 recesiones ocurridas en 87 países emergentes entre 1991 y el 2001, el Fondo sólo predijo 15. Por ejemplo, el Fondo afirmó que en 2001 la Argentina crecería 3,7 por ciento, cuando su economía se contrajo 4,4 por ciento. Así siguió en todos los años siguientes sin interrumpir la cadena de equivocaciones, siempre subestimando la evolución futura del PIB argentino, como para dudar de su intencionalidad política. En 2003 pronosticó un crecimiento del 3,0 por ciento y fue 8,8; en 2004 estimó un avance del 5,5 por ciento y fue 9,0. En 2005 calculó 6,0 por ciento y fue 9,2; en 2006 vaticinó un crecimiento de 7,3 por ciento y fue 8,5; en 2007 predijo 7,5 por ciento y fue 8,7; en 2008 fue el único año que estuvo cerca al estimar 6,5 por ciento y fue 6,8; en 2009 predijo una caída de 1,5 por ciento y el índice oficial informó un alza del 0,9; y en 2010 adelantó un 6,0 por ciento y el número final fue 9,2. Para este año, el pronóstico del FMI alcanzó un grado aún mayor de inconsistencia: prevé un crecimiento del 6,0 por ciento del Producto junto a un alza en el desempleo del 7,3 al 9,0 por ciento, sendero que revela escasa rigurosidad analítica. Para el Fondo la dinámica de la economía argentina implica que a mayor crecimiento, mayor desempleo, resultado que ha sido precisamente el opuesto en estos años.

El incómodo recorrido por tantos números reviste su importancia porque la observación fondomonetarista se extiende desde las estadísticas hacia la evaluación de las perspectivas de la economía y las recomendaciones de medidas. Políticas que siguen manteniendo la matriz de la ortodoxia, línea que tiene su expresión en la mayoría de los economistas del establishment y que empieza a dominar el debate local con la inflación como caballito de batalla para imponer esa estrategia. En forma sintética, el concepto básico que sostienen los técnicos del FMI, con el disciplinado eco a nivel doméstico, es que la demanda tiene mucho vigor (“recalentamiento”, lo denominan) generando tensiones inflacionarias y que para enfrentarlas se debería subir la tasa de interés y apreciar el tipo de cambio (dólar barato). En el documento del Fondo se presenta con el siguiente lenguaje: “el endurecimiento de la política monetaria y la apreciación del tipo de cambio son necesarios para mantener el equilibrio interno, poniendo freno a la presión inflacionaria y a la expansión excesiva del crédito”.

Esta exposición del FMI es oportuna porque explicita un debate crucial para los países de la región respecto de los dilemas que hoy se presentan y los objetivos que se deciden priorizar en la definición de la política económica. El contexto internacional es favorable por la sostenida demanda china, la expansión del comercio internacional, el alza de los precios de los commodities y el flujo positivo de capitales externos por la elevada liquidez global con tasas de interés cercanas al cero por ciento. En esa instancia se bifurca el camino sobre el tipo de crecimiento, de tono vigoroso en todos los casos, que adoptan los países de la región. En forma esquemática se podría ordenar entre el elegido por Brasil y el adoptado por Argentina. El primero reúne las siguientes características: la tasa de interés de referencia se ubica en el 11,75 por ciento anual, siendo una de las más altas del mundo; registra una fuerte apreciación del tipo de cambio que coloca al real en una paridad de 1,57 por dólar; y contabiliza un creciente flujo positivo de capitales financieros del exterior. El comportamiento de esas variables genera un intenso dinamismo de la demanda y del crédito que impulsa una baja del desempleo y de la pobreza con un fuerte crecimiento del PIB con tasas de inflación bajas aunque con tendencia al alza. Esto se desarrolló en el marco de una inquietante burbuja especulativa, inmobiliaria y financiera, que ofrece fabulosas rentas en dólares. Este proceso impacta en la economía real en un retroceso de la industrialización con un avance de las actividades vinculadas al sector primario (petróleo, minería y agropecuario). Uno de sus efectos es un déficit de cuenta corriente cada vez más grande, una reducción acelerada del superávit comercial y, por consiguiente, un aumento de la deuda.

El rumbo argentino reúne tasas de interés muy bajas, incluso en términos neutros o negativos, según se considere los índices de precios del Indec o de consultoras de la city; una estrategia cambiaria competitiva de pequeños ajustes de la paridad para evitar una brusca apreciación que acecha por la suba de precios internos; y un escaso ingreso de capitales financieros. Con una activa política de ingresos impulsada desde el Gobierno, la demanda se constituye en uno de los motores más potentes del fuerte crecimiento de la economía, con una tasa de inflación elevada, al tiempo que disminuye el desempleo y la pobreza. Este esquema no fomenta la creación de burbujas especulativas, alienta la industrialización junto a una vigorosa actividad del sector primario, con superávit de cuenta corriente y de la balanza comercial, e inédito alivio en el frente de la deuda.

El economista Alejandro Vanoli explica ante el consejo del FMI y la política brasileña que apreciar el tipo de cambio genera una burbuja y un boom artificial del crédito. Esa expansión se origina por el ingreso de capitales especulativos generando más déficit de cuenta corriente, más desindustrialización y más deuda. “Por el contrario, un tipo de cambio de equilibrio que responda a las necesidades de los sectores productivos desalienta capitales especulativos y burbujas, y genera más inversión, más empleo, menos déficit y menos deuda”, apunta. “La receta del FMI siempre generó procesos que desembocaron en crisis fiscales externas y financieras”, concluye Vanoli.

El modelo brasileño es el preferido del mundo financiero y genera resistencia en los industriales de ese país, que lo critican pero se acomodan a ese escenario que no favorece a la producción. Como pasó durante la tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad en la Argentina, los empresarios destinan un lugar de preferencia a su gerencia financiera para contabilizar ganancias especulativas importantes. Un aspecto que lo hace diferente a la experiencia argentina y que facilita el desarrollo de esta etapa económica es que cuentan con una ayuda fundamentalmente del Estado a través de asistencia crediticia a muy bajo costo del Banco de Desarrollo (Bndes). Este esquema es reforzado con un alza de la tasa de interés ante cualquier síntoma de presiones inflacionarias, lo que seduce aún más a los capitales especulativos que desestiman las barreras que dispone el gobierno para desalentarlos, profundizando así la apreciación de la moneda doméstica.

Esta política económica fascina en Argentina a una parte del poder económico y a sus economistas, que la referencian como exitosa en materia de inflación. Un aspecto minimizado en ese análisis comparativo es que no consideran la experiencia traumática de la apreciación cambiaria en el país, la persistencia de una economía bimonetaria y la intensidad de la puja distributiva por la recuperación de la organización sindical. Estos tres factores no están presentes en la economía brasileña, como tampoco un banco de desarrollo como el Bndes en la Argentina.

El dilema de política económica se podría presentar en forma abreviada, con las coincidencias mencionadas para cada uno de los países, de la siguiente manera: burbuja especulativa, desindustrialización y baja inflación por el lado brasileño; inflación elevada, industrialización y sin burbuja por el frente argentino. La primera opción en Brasil puede no desembocar en una crisis de proporciones por ser una potencia mundial, pero esa vía ya fue probada en Argentina en más de una ocasión con resultados desastrosos. Además es la receta que ofrece el Fondo Monetario Internacional para transferir la crisis de los países centrales hacia la periferia. La otra alternativa no está exenta de complejidades en un horizonte que requiere de un esfuerzo adicional para mejorar el perfil industrial y enfrentar el desafío que plantea la actual dinámica de los precios.

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El miércoles último el diario La Nación dedicó uno de sus editoriales a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Desde el mismo título no ahorró descalificaciones. “Absurdas teorías de Marcó del Pont”, sentenció, para luego arrojar una seguidilla impactante: “La pobreza de sus resultados”; “estrafalarias y carentes de lógica”; “fracaso de su gestión”; “pobreza técnica inquietante”; “desafío a la lógica más elemental”; “razonamiento absurdo”; “por sofista o por su falta de preparación”; “desafío para el que no está preparada”. Para un texto de once párrafos y 917 palabras es una acumulación que empalaga, atrapado en la seducción de la adjetivación. Como no tiene la pretensión de ser un escrito literario, sino político, ese editorial refleja la inquietud de sectores conservadores acostumbrados a manejar el Banco Central, hoy desplazados del núcleo central de las decisiones monetarias y financieras.

Las bancas centrales en el mundo son un reducto histórico de los representantes del liberalismo económico, que se ofrecen como expertos en temas monetarios y bancarios. Esos especialistas son en su mayoría militantes de la ortodoxia económica con estrechas relaciones con el mercado financiero. Esa hermandad se ha fortificado con la desregulación y apertura al capital en el marco de una extraordinaria expansión de las finanzas globales. Es una sociedad que muchos gobiernos aceptan porque temen eventuales estallidos de inestabilidad financiera, que esa comunión promete evitar. En ese escenario global de hegemonía de la ortodoxia se puede comprender la resistencia a la presencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

Por años de predominio del establishment en la entidad monetaria, gran parte de sus cuadros técnicos responden a la corriente de la ortodoxia, con subterráneos canales que unen sus intereses con banqueros y cambistas. No es sencilla la tarea de transformar esa estructura que construye resistencias. Tienen su expresión pública en la reiteración de críticas monetaristas a la actual gestión del BCRA, asignándole culpa por la suba de precios. Insisten así con esa idea marcada a fuego en el sentido común que asocia en forma lineal emisión monetaria con inflación. Economistas que se dedican al mundo académico y a la investigación explican que quienes piensan que la banca central puede controlar la cantidad de circulante dejaron de leer sobre economía hace más de 20 años. Afirman que ningún ortodoxo serio en el mundo habla hoy de la cantidad de dinero como una variable que pueda ser controlada por la banca central. Explican que lo que puede hacer la autoridad monetaria en ese sentido es manejar la tasa de interés o el tipo de cambio; no la cantidad de dinero en circulación. Destacan que la experiencia mundial enseña que las metas cuantitativas no son una herramienta óptima para gestionar la política monetaria. Mencionan que el fracaso de ese enfoque llevó rápidamente a su abandono, no sólo en Estados Unidos, sino también en la mayoría de los países desarrollados. Los millonarios paquetes de rescate como el financiamiento a los gobiernos de esos países centrales en crisis, que implican la emisión de dólares y euros en cantidad, son pruebas contundentes de que esa concepción ortodoxa doméstica que atribuye la inflación a la emisión monetaria ha quedado desactualizada. O, en términos del editorial de La Nación, en una absurda teoría.

La inestabilidad de la velocidad de circulación sumada a la volatilidad de la demanda de dinero hizo evidente la imposibilidad de controlar la cantidad de dinero. Por ese motivo, el principal instrumento de política monetaria de las bancas centrales pasó a ser la tasa de interés. Detrás de la avanzada conservadora con la bandera de la inflación por motivos monetarios, se oculta la estrategia de ajuste: proponen que el Banco Central debería dejar de emitir para sostener el tipo de cambio y que, a la vez, debería subir la tasa de interés para enfriar la expansión monetaria por el lado del crédito. Además, al considerar que la inflación es por un exceso de demanda, proponen reducir el gasto público, focalizado en los subsidios. El esquema sugerido es el siguiente: dejar apreciar la moneda, como en Brasil o Uruguay, subir la tasa de interés y bajar el gasto público. El resultado sería el conocido: menos crecimiento, aumento del desempleo, incremento de las importaciones, pérdida de competitividad de la industria local, abandono de la acumulación de reservas, y fabulosas ganancias especulativas con tasas en pesos en alza y dólar en retroceso. Este sendero conduce al déficit de balanza comercial y de cuenta corriente con estación final en una recesión y posterior devaluación. Eludir ese camino es un desafío complejo, lleno de dificultades, que pone a prueba a la heterodoxia en un campo hostil. Pero lo que incomoda al establishment no es sólo que desde el Banco Central se ensaye una política diferente de la ortodoxa, sino que sus delegados no están ocupando la conducción de la institución que consideran de su propiedad.

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Uno de los principios de la economía convencional se refiere a que las empresas y las personas responden a los incentivos que reciben de las políticas oficiales o de las condiciones de los mercados. Por ese motivo, en línea con ese postulado, se afirma que los gobiernos deberían tomar en cuenta en sus medidas el papel fundamental que desempeñan los incentivos en la determinación de la conducta de los agentes económicos. Esta definición está expuesta en detalle en el libro Principios de Economía, de Gregory Mankiw, bibliografía clásica de la carrera de Economía en las universidades: “Cuarto principio: los individuos responden a los incentivos”, sentencia. Como tantas otras proposiciones que expresan los miembros de la disciplina que se dedica a estudiar las relaciones sociales de producción o la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades infinitas, según la definición que se prefiera, ciertas precauciones deben anotarse para evitar generalizaciones que sumerjan aún más en las tinieblas a “la ciencia sombría”.

La característica principal de ese principio enfatiza que el responsable de la gestión económica debe evaluar el impacto de sus iniciativas en el comportamiento de la actividad privada. No recibe tanta atención entre los economistas, en cambio, el estudio de los incentivos entre actores privados que influyen en la conducta global de la sociedad. Informes sectoriales, análisis macroeconómicos, recomendaciones de políticas públicas e investigaciones académicas pueden orientar expectativas. Por lo tanto, decisiones de empresas y de personas también están definidas por un esquema de incentivos. No se trata de la concepción rústica de vincular todo a un interés monetario, sino de precisar que también en el discurso y la acción de un grupo de economistas intervienen incentivos, que merecerían explicitarse para mostrar un debate transparente de las ideas.

En el espacio público dominado por la puja política-mediática y en el contexto de una polémica con los economistas del establishment por la difusión de índices de precios privados enfrentados a los del Indec se presenta una oportunidad valiosa para abordar ese tema sensible. Gran parte de esos profesionales de la city realizan su tarea en función de los intereses del poder económico, se han equivocado una y otra vez en sus pronósticos sobre la evolución de las principales variables, y varios de los denominados gurúes que circulan con frecuencia por los medios de comunicación trabajan para alguna fuerza política opositora. A diferencia de otras profesiones, la labor de los economistas no está regida por un manual de ética ni existe un tribunal académico que lo exija. La polémica sobre los controvertidos índices oficiales de precios y los preparados por consultoras de la city ofrece el terreno para exhibir el conflicto de intereses y los incentivos que impulsan a esos economistas. Pero la intervención de la Secretaría de Comercio Interior, valiosa para descubrir que esos economistas elaboran estimaciones de precios con escasa rigurosidad técnica y carencias materiales, pero desproporcionada al establecer multas de dinero elevadas, ha desviado la atención. En lugar de tener que responder sobre cómo trabajan, qué intereses defienden, pasaron a ocupar el lugar de víctimas por una disposición gubernamental.

El sociólogo y periodista estadounidense Micah Uetricht escribió un artículo que expone el oculto conflicto de intereses de esos profesionales. En La vida secreta de los economistas del sistema, Uetricht comienza con una pregunta provocativa: “¿Los norteamericanos estarían más preocupados por la desregulación financiera que ayudó a desencadenar la Gran Recesión si supieran que algunos de los economistas que la defienden públicamente se beneficiaron de su aplicación?”. Ese interrogante trasladado a la realidad local se podría reformular de la siguiente manera: “¿Los argentinos estarían tan atentos a escuchar las críticas al actual momento económico y aceptar pasivamente los indicadores privados si supieran que algunos de esos economistas se beneficiaron de las políticas que desencadenaron la crisis del 2001-2002?”. Uetricht se responde que “es difícil saberlo, porque en los editoriales y apariciones públicas, esos economistas no suelen revelar sus inversiones en, o contratos con, instituciones financieras privadas, que podrían influir en sus recomendaciones políticas”. En la Argentina, ocultan o minimizan su participación en la historia de los ajustes permanentes con profundos costos sociales, como también el estrecho vínculo que los une con los grupos empresarios beneficiarios de la política neoliberal.

Uetricht menciona la investigación de los economistas Gerald Epstein y Jessica Carrick-Hagenbarth, de la Universidad de Massachusetts, Los economistas financieros, los intereses financieros y rincones oscuros de la crisis: ¡Es hora de establecer normas éticas para la profesión de Economía!. En ese documento esos dos investigadores sugieren una causa de la crisis poco explorada: los economistas no vieron venir el colapso porque muchos de ellos se estaban beneficiando de las políticas que llevaron al desastre. “Los economistas, como muchos otros, tenían incentivos perversos para no reconocer la crisis”, señalan Epstein y Carrick-Hagenbarth en el trabajo que ha sido publicado por el Instituto de Investigación de Economía Política de esa universidad.

Con criterio didáctico, explican que los economistas a menudo ocupan puestos no sólo en la propia universidad, sino también en los medios de comunicación y en la política. Son considerados como expertos. Ellos escriben artículos de opinión para periódicos, dan testimonio en paneles públicos, toman posiciones como asesores de los políticos y son entrevistados por la prensa. Esos economistas dan la impresión de que ocupan esas posiciones como expertos independientes y objetivos. Al mismo tiempo, algunos de esos economistas también trabajan en instituciones financieras o empresas privadas. “Su objetividad puede verse comprometida por su trabajo en el sector privado o, al menos, plantear preguntas sobre la posibilidad de ese sesgo. En este caso, aquellos que dependen de las evaluaciones de esos economistas para la toma de decisiones sobre cuestiones económicas o de política tienen derecho a saber que ese sesgo potencial existe”, señalan Epstein y Carrick-Hagenbarth.

Los resultados de esa investigación son notables. El estudio examinó a 19 economistas financieros y académicos cuyas opiniones han sido destacadas en los medios de comunicación de Estados Unidos durante la promoción de la desregulación financiera antes y después del colapso del mercado. Esos dos especialistas revisaron los escritos y apariciones en la prensa, así como los trabajos académicos de ese grupo de economistas entre 2005 y 2009, para determinar las veces que identificaron su vinculación con instituciones privadas al escribir o comentar sobre la desregulación financiera. Epstein y Carrick-Hagenbarth concluyeron que trece de los diecinueve tenían intereses o contratos con entidades que no informaron. Y ocultaron que con sus opiniones podían influir para aumentar el valor de las inversiones de esas compañías, que a la vez los contrataban por sumas millonarias. Epstein y Carrick-Hagenbarth concluyen que el silencio de los economistas acerca de los peligros de la desregulación puede atribuirse en parte a sus propios intereses económicos.

Uetricht menciona un caso asombroso: en 2006, la Cámara de Comercio de Islandia contrató a Frederic Mishkin, profesor de la Columbia Business School y ex gobernador del Consejo de Administración de la Reserva Federal, por 124.000 dólares, para que realice un estudio sobre la situación financiera de Islandia con el objetivo de alabar las bondades del sistema desregulado y abierto, que luego estalló. Mishkin cumplió su tarea. El documental Inside Job revela que ahora, en su currículum vitae, Mishkin cambió el título del estudio “Estabilidad financiera en Islandia” por el de “Inestabilidad financiera en Islandia”. Una cuestión de incentivos.

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–¿Y cuál es la pseudociencia más peligrosa?

–La teoría económica estándar, ortodoxa, porque sustenta las políticas económicas de los gobiernos conservadores y reaccionarios, que son enemigos del bienestar de la gente común.

(Entrevista a Mario Bunge, diario español
El Mundo, 11 de marzo 2011)

La debacle argentina de 2001 es un espejo que resisten los países europeos en crisis. Una sintética cronología de un año del descalabro de Portugal, el mismo que padece Grecia e Irlanda y el que amenaza a España, reúne todos los componentes conocidos. Empieza con un plan de austeridad incluyendo reducción del gasto social, aumento de impuestos a las rentas más altas, congelación del salario de los funcionarios y privatización de bienes públicos. Luego las agencias Standard & Poor’s y Moody’s rebajan sucesivamente la calificación a la deuda lusa con el argumento de “la debilidad estructural” de su economía, fruto del deterioro de sus finanzas públicas y sus escasas perspectivas de crecimiento. Continúa con una nueva ronda de ajuste, esta vez con un alza de la alícuota del IVA y del impuesto sobre las rentas de las personas físicas. Desde entonces la tasa de interés que demanda el mercado para la refinanciación de la deuda no detiene su ascenso, hasta alcanzar esta última semana su máximo de 10 por ciento anual con bonos a diez años, el rendimiento más alto desde que se creó la Eurozona, en 1999. A lo largo de esos meses, el gobierno niega una y otra vez que acudirá a un paquete de rescate de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que comienzan las protestas sociales y las huelgas convocadas por las centrales sindicales. El gobierno insiste con la política de austeridad y lanza otro paquete de ajuste. Este contiene un aumento del IVA del 21 al 23 por ciento, una rebaja del 3,5 al 10,0 por ciento del salario de los funcionarios, la congelación de pensiones y recortes de gasto e inversión estatal. Sin mejorar nada la situación, el 11 de marzo pasado reincide presentando por sorpresa el cuarto Programa de Estabilidad y Crecimiento, que incluyó recortes a las pensiones más altas, al presupuesto en salud y la limitación de los beneficios fiscales. En lugar de ganar el favor de los financistas, el resultado fue que dos de las tres agencias de calificación de riesgos rebajaron la nota de solvencia de la deuda para situarla cerca de la categoría “bono basura”, y Standard & Poor’s castigó devaluando la nota a las cinco grandes entidades financieras del país. La UE estima que un eventual rescate de Portugal implicaría unos 75 mil millones de euros del fondo de ayuda europeo. Finalmente, dimite el gobierno socialista de José Sócrates y el presidente conservador Aníbal Cavaco Silva disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas para el 5 de junio, dos años y medio antes que lo previsto. La crisis colocó al borde del abismo económico al país, sometido a las presiones de los mercados y de sus socios europeos.

Cuando estalló la crisis en las potencias mundiales en 2008, con epicentro en Estados Unidos extendido a Europa, la primera reacción fue rescatar al sistema financiero e impulsar la demanda con incentivos fiscales. Se hablaba del regreso del keynesianismo en las políticas públicas. Con inyecciones al mercado de millonarios fondos se salvó a los bancos. Luego de preservar el negocio financiero con tibios intentos de regulación del sistema, se empezó a recomponer la corriente ortodoxa que exigió y logró imponer la necesidad de la austeridad en las cuentas fiscales. Así los planes de ajuste iniciaron su recorrido por los países europeos alcanzando a los Estados Unidos, con el Partido Republicano impulsando al gobierno de Barack Obama a seguir ese sendero. El resultado fue la profundización de la crisis en las economías más vulnerables, con tasas de desempleo que se mantienen en niveles elevados por un tiempo prolongado. Por caso, en Portugal supera el 10 por ciento de la población en condiciones de trabajar.

Esa doctrina de los fanáticos del ajuste tiene la particularidad que está fracasando estrepitosamente pero sigue siendo la dominante en el discurso y en las políticas de los gobiernos europeos. La literatura económica ya lo explicó y la experiencia lo demostró que es un error reducir muy fuerte el gasto público cuando se registra una desocupación importante. Se sabe que el alza de impuestos, junto a la reducción del gasto público, deprime más a la economía, profundizando la crisis y la pérdida de puestos de trabajo. La experiencia muestra que en una economía en recesión la austeridad es contraproducente también desde el frente fiscal. El supuesto ahorro quedará anulado en parte por la caída de los ingresos debido al retroceso de la economía. Otra vez el ejemplo portugués: el déficit de 2009 fue corregido de 9,3 a 10,0 por ciento del PIB, mientras que el ministro de Finanzas portugués reconoció que el desequilibrio fiscal de 2010 alcanzó el 8,6 por ciento, en vez del 7,3 anunciado a principios de año.

Pese a los costos sociales que se agudizan a medida que se extiende la crisis, los abanderados de la austeridad argumentan que los recortes del gasto se traducirán en beneficio para la sociedad por el supuesto aumento de la confianza de los inversores, que revertiría así los impactos negativos en el crecimiento y el empleo. Nada de eso sucede. En realidad, los ajustes fiscales sirven para dar tiempo a los inversores financieros que quieren fugar sus capitales de economías en crisis y también a los bancos para obtener salvatajes estatales para cubrir los agujeros negros de su frenesí especulativo con préstamos inmobiliarios y bonos de deuda de países.

Cuando la política económica está bajo dominio de la ortodoxia, base de operaciones de las finanzas, la recuperación de una crisis es una falsa ilusión. Paul Krugman lo advierte en relación a la economía de Estados Unidos, en un artículo reproducido la última semana por El País de Madrid, cuando señala que “dedicarse ahora al empleo y luego a los déficit era y es la estrategia acertada. Desgraciadamente, es una estrategia que se ha abandonado por culpa de unos riesgos imaginarios y unas esperanzas ilusorias”. Apunta que “por un lado, no paran de decirnos que si no reducimos drástica e inmediatamente el gasto, terminaremos como Grecia, incapaz de adquirir préstamos como no sea a unos tipos de interés desorbitados. Por otro, nos dicen que no nos preocupemos por el impacto de los recortes del gasto sobre el empleo porque la austeridad fiscal creará de hecho puestos de trabajo al aumentar la confianza”.

El círculo vicioso está lanzado con políticas de austeridad que agudizan la fragilidad fiscal, derivando en una crisis de la deuda soberana que se extiende a los bancos. Ante esa vulnerabilidad, las entidades financieras son castigadas por las agencias de riesgo, lo que las encamina a acudir al Banco Central Europeo debido a que se le cierran las puertas en el mercado voluntario de crédito. Por ese camino varios países europeos se acercan al borde del abismo, situación que se puede monitorear con la tasa de interés que deben convalidar para refinanciar deuda, teniendo como referencia que para el estándar de ese mercado superar el listón del 7 por ciento anual se traduce en que el mercado está descontando la posibilidad de un default o de un paquete de rescate millonario que sirva para cancelar pasivos. El caso de Portugal también sirve de referencia: la deuda pública creció en forma sostenida hasta alcanzar el equivalente a casi todo su Producto Interno Bruto.

La experiencia argentina de la convertibilidad, que duró 10 años y medio y que anteayer se cumplieron 20 años desde su implementación, de los cuatro años de recesión y ajuste antes de su estallido, y del predominio de las finanzas sobre la producción y el empleo son antecedentes cercanos que los europeos desestiman asomados a la cornisa. Las políticas de austeridad de esos gobiernos podrán seguir avanzando hasta encontrar el nivel de saturación de la población a los planes de ajuste. En Portugal, el fado es la música del alma que canta las desdichas y las alegrías con sentimiento estremecedor. Con lo que hoy están padeciendo, Misía, la destacada cantante lusitana, encontrará un fado de su repertorio para expresar el castigo que están sufriendo los portugueses.

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Inversores de títulos públicos y ahorristas de plazos fijos no pagan el Impuesto a las Ganancias por la renta de esos activos financieros. Dueños de empresas o propiedades que venden esos bienes no tributan por la ganancia de capital que implicó esa transacción. Los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales están exentos de pagar Ganancias. Un Informe elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía estimó que para este año las exenciones por rentas de títulos públicos sumarán 3627 millones de pesos, por intereses de depósitos en entidades financieras y de Obligaciones Negociables percibidos por personas físicas alcanzarán 971 millones de pesos, y el beneficio para miembros de la Justicia, 269 millones de pesos. En total, 4867 millones de pesos que dejará de recaudar el fisco. En ese contexto tributario, con esas inequidades en su estructura, se reedita todos los años el debate sobre la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.

A medida que se reitera esa discusión, los reclamos son cada vez más agudos. La central de trabajadores dirigida por Pablo Micheli presentó un recurso judicial para que se elimine “el impuesto al salario” al calificarlo de “injusto” e “inconstitucional”. La CTA de Hugo Yasky también pidió derogarlo o subir al doble el mínimo no imponible. La CGT propuso algo similar, manteniendo la carga sólo sobre niveles jerárquicos. El tema es complejo por el tipo de estructura impositiva vigente, pero resulta controvertido bregar por la distribución del ingreso al tiempo de demandar la anulación de Ganancias para trabajadores de salarios medios y altos. Pese a ese peculiar comportamiento, esa medida reúne apoyo mayoritario. No se presenta políticamente correcta, desde el arco político denominado progresismo, la crítica a una medida que beneficia a trabajadores. Y no resulta oportuno, desde el ubicado en el centro hacia la derecha, el cuestionamiento a una iniciativa que favorece a las empresas en la negociación salarial con los gremios, además de que alivia la carga tributaria de cuerpos gerenciales y jerárquicos.

Por ese motivo, la reducción impositiva anunciada ayer, que involucra 3245 millones de pesos anuales menos de recaudación (el año pasado sumó 3184 millones), logra el apoyo de sectores diversos y el elogio casi unánime de parte de los medios de comunicación. Esa coincidencia tiene su motivo: periodistas que definen líneas editoriales y otros mediáticos pagarán menos y recibirán un sueldo de bolsillo mayor; las empresas podrán mostrar que abonan salarios más elevados; los sindicalistas, que pelearon y consiguieron ingresos mayores para los trabajadores; y los gurúes de la city se olvidan su obsesiva preocupación por las cuentas fiscales y el recalentamiento de la demanda porque sus clientes estarán satisfechos con que el Estado haga ese aporte para mejorar los salarios de los deciles más altos de la pirámide de ingresos. El coro de la oposición parlamentaria con este tema ha sido oportunista y conceptualmente mediocre.

Esta concurrencia de intereses no debería ocultar que el alza del mínimo no imponible se dispone en un universo laboral fragmentado y con aún una elevada informalidad y que ese beneficio involucra a un porcentaje reducido del total de las personas ocupadas. Apenas al 10 por ciento de los empleos registrados y no más del 5 por ciento del total de los ocupados.

Resulta evidente que existe una situación compleja cuando los salarios van recuperando terreno perdido, y con más intensidad con petroleros, camioneros, obreros de la siderurgia y de la industria automotriz, entre otras ramas industriales dinámicas. El cobro de gravámenes sobre los ingresos de los trabajadores existe en muchos países. Se lo denomina impuestos sobre los salarios o sobre los ingresos personales; no Impuesto a las Ganancias. La cuestión semántica no es irrelevante. El salario no es la obtención de una ganancia sino la retribución a la fuerza de trabajo.

La recaudación de ese rubro en Argentina es muy baja en comparación con países desarrollados, y también es menor a la que se obtiene en Brasil. Según datos elaborados por los especialistas Juan C. Gómez Sabaini y Dario Rossignolo, el Impuesto a las Ganancias recauda en el país el equivalente al 5,3 por ciento del PIB, representando el aporte de personas físicas apenas el 1,6 por ciento (incluyendo autónomos). En Estados Unidos y en los países de la OCDE, esa participación se eleva al 9,0 por ciento del PIB. Es cierto que para que esa comparación sea completa se debe incorporar otro factor: en esos países que recaudan más de los ingresos de las personas ofrecen servicios públicos básicos aceptables.

El mal denominado Impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia es progresivo en sentido doble. Por un lado, no afecta a todos los trabajadores, sino sólo a aquellos de más altos ingresos; por otro, la tasa del impuesto se eleva a medida que son mayores las remuneraciones. La administración de un sistema impositivo debe buscar el objetivo de equidad tributaria y equidad económica. En el caso de la suba del mínimo no imponible probablemente se avance en ese último aspecto. En cambio, es más controvertido con respecto a la equidad tributaria. Especialistas en materia impositiva explican que para empezar a intervenir en ese desequilibrio debería estructurarse un tributo de base amplia y global, con un mínimo de exenciones subjetivas (que benefician a determinadas personas, físicas o jurídicas) y objetivas (que alcanzan, de modo general, a operaciones) que eviten los tratamientos diferenciados por tipos de rentas. Al incorporar una definición global del concepto de renta se eliminan las brechas que favorecen la evasión y la elusión. Señalan que resulta indispensable, en un contexto de necesidades fiscales, la ampliación de la base imponible y la generalización del tributo.

Concentrar el tema en si los ingresos de los asalariados deben estar o no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias desvía la atención sobre la necesidad de corregir las distorsiones que se fueron generando en los últimos años: la curva de las alícuotas de ese tributo y el monto y el tipo de deducciones. Al respecto, debería haber mayor progresividad en la actual escala de las alícuotas que pagan los trabajadores de cuarta categoría, puesto que la máxima es del 36 por ciento, inferior a la de países comparables. Además, con la actual estructura de Ganancias se observa la paradoja de que, a medida que se sube en la pirámide salarial, gerentes y ejecutivos complementan sus ingresos con rentas financieras y ganancias de capital que hoy están desgravadas.

La cuestión equidad tributaria-justos reclamos de aumentos de salarios es muy complicada de resolver debido a las debilidades de la actual estructura del Impuesto a las Ganancias. Esta contiene exenciones como las mencionadas (renta financiera, ingresos de jueces y utilidades obtenidas por ventas de activos) que distorsionan el cuadro impositivo y, por lo tanto, la discusión sobre justicia tributaria. En esta circunstancia, resulta provocador en cuanto a equidad que un asalariado que va recuperando poder adquisitivo tenga que pagar Ganancias mientras que inversores financieros, hombres de negocios y magistrados no destinan ni un peso a cumplir con ese tributo. Pero el camino a transitar es el de cerrar esas filtraciones y no profundizarlas. Para ello se requiere plantear un debate integral del régimen y no saludar como una conquista una mejora de los salarios de la cúpula de la pirámide laboral en una estructura tributaria que en los últimos años ha registrado un estancamiento relativo de la recaudación de los impuestos más progresivos como ganancias o impuestos al patrimonio. Se trata de pensar un sistema tributario progresivo, sustentable, transparente, simple y equitativo.

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Los índices oficiales de precios del Indec no tienen legitimidad social; las consultoras de la city se han equivocado persistentemente en sus pronósticos. La credibilidad del sistema nacional de estadísticas está dañada por motivos técnicos, políticos y gremiales; gran parte de los economistas de la city realizan su tarea en función de los intereses del establishment. El Instituto está transitando por su peor crisis y cada acción oficial para tratar de mejorar la situación la termina profundizando; varios de los denominados gurúes que circulan con frecuencia por los medios de comunicación trabajan para alguna fuerza política opositora. El Indec ha informado tarde y mal sobre los necesarios cambios metodológicos del IPC y no ha podido librarse de la sospecha sobre cómo imputa los precios de los bienes relevados; las consultoras de la city encontraron ese nicho de negocio y elaboran estimaciones de precios con escasa rigurosidad técnica y carencias materiales. Es un panorama complejo lo que se ha instalado con las estadísticas, con la indudable responsabilidad primaria del Estado, que debe proveer indicadores confiables y hoy son cuestionados.

Este desaguisado con las estadísticas, en especial con el índice de precios al consumidor, se explica por la posición del Gobierno con el Indec. Se trata de un tema político y técnico, que por ahora ni en uno ni en otro se ha encontrado una vía de solución. El Estado es el responsable principal de brindar a la sociedad indicadores creíbles. Esa falencia habilitó la elaboración y utilización de índices alternativos elaborados por centros de estudios o economistas de la city. La situación se ha desarrollado de tal forma a lo largo de los últimos cuatro años que se ha generado un vacío estadístico: existe consenso en que el IPC-Indec no es representativo, pero los que se ofrecen como sustitutos son todavía menos apropiados. Esto genera una perturbación existencial para investigadores, economistas y usuarios de indicadores que necesitan llenar ese vacío. Debido a que no existe una estadística “creíble” sobre precios aparece una desesperación por llenar esa falta para superar ese “desequilibrio emocional”, más aún con los economistas siempre entusiasmados por el equilibrio general. Descartan las estadísticas del Indec, pero las elaboradas por los privados son aproximaciones mediocres, que han adquirido mayor legitimidad por dos razones:

La población, aquí como en otros países, siempre piensa que los precios suben más que lo que indican los números oficiales.

La puja política-mediática ha determinado que los índices privados sean considerados válidos.

Pero esas cuestiones no habilitan a adoptar cualquier índice para realizar investigaciones o proyecciones económicas. Se presenta una situación compleja: profesionales de diversas disciplinas científicas necesitan estadísticas para sus trabajos y no pueden detenerse por la crisis del sistema nacional de estadísticas. Entonces preparan indicadores alternativos. Lo que no se aclara es que los índices oficiales pueden ser malos, pero los sustitutos pueden ser peores. Aquellos con intenciones científicas buscan llenar ese vacío estadístico con índices aproximados, por caso el IPC-7provincias, que no es representativo ni por alcance geográfico, poblacional ni de pauta de consumo general de la sociedad. En cambio, otros tienen objetivos políticos, ya sea porque perdieron el canal privilegiado de tráfico de información en el Indec o por militar en fuerzas de la oposición.

Una cosa es cuestionar algunos indicadores del Indec y otra muy distinta es otorgar credibilidad a índices que no resisten la mínima prueba de solidez técnica. Ese vacío estadístico provoca ansiedad mediática, especulación política y agitación de investigadores. Ese vacío buscan llenarlo con indicadores privados. Cada uno tiene su motivación para ese comportamiento perturbador, pero no puede ocultarse que se trata de una elección política convalidar la mediocre producción estadística de consultoras de la city. Más aún cuando muchas de ellas no esconden sus bajos instintos.

En ese escenario, las multas aplicadas a consultoras de la city por parte de la Secretaría de Comercio Interior por elaborar y difundir índices propios de inflación han incorporado otro capítulo más a esta historia de despropósitos oficiales y privados a partir de la crisis del Indec. Aplicando la Ley de Lealtad Económica, Comercio Interior intimó a esas firmas a completar un cuestionario sobre cómo confeccionan sus indicadores. Las respuestas en la mayoría de los casos revelan muy poca dedicación metodológica y seriedad técnica. No superan un examen de solidez mínima. Por ahora, de acuerdo a los informes difundidos, sólo el Estudio Bein y Fiel muestran un poco más de aplicación a criterios básicos en la construcción de indicadores estadísticos. Pero en ningún caso pueden reemplazar a los que debería entregar el Instituto, organismo que cuenta con presupuesto y recursos humanos y técnicos muy superiores.

Esa intervención oficial ha tenido la virtud de mostrar información que permite develar la debilidad de los indicadores privados y el elevado nivel de frivolidad conceptual de esos economistas. Pero este aspecto interesante es luego seguido por el desacierto de aplicar multas a consultoras de la city por no brindar toda la información requerida o por considerar que sus indicadores pueden “llevar a engaño” a la población. Por eso son castigadas por “deslealtad comercial” con una multa de 500 mil pesos. Esta es una exageración que desvía la atención de la fiabilidad de indicadores estadísticos hacia un debate sobre la libertad de expresión. La Ley de Lealtad Económica es una norma que se aplica para la compraventa de bienes y servicios al público, no para regular la información pública que difunden agentes privados. En la audiencia pública convocada por la oposición en Diputados para tratar este tema, el abogado Roberto Gargarella explicó que la Secretaría de Comercio puede sancionar un discurso comercial como una publicidad engañosa, pero no un discurso público. “Lo que hacen las consultoras forma parte del discurso público y político protegido por la Constitución”, afirmó, dejando en claro en esa defensa de las consultoras el papel que cumplen en la actualidad: intervienen con sus indicadores en el discurso político, comportamiento que no es neutral, como se pretende presentar a las estadísticas.

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Los dos tramos de la reestructuración de la deuda en default que permitió normalizar el 92 por ciento del total de los pasivos impagos han tenido generalizados elogios de economistas de diferentes veredas. El porcentaje de quita del capital fue del 65 por ciento y mejoró el perfil de vencimiento de los intereses y el capital de acuerdo con la capacidad de pago del país. Mediante las condiciones de emisión de los nuevos títulos se consiguieron alargar los plazos de vencimiento de capital y reducir las tasas de interés. El canje permitió postergar las primeras cuotas de amortización del capital adeudado recién para al año 2024, como también capitalizar una parte de los intereses que devenga. Otro aspecto relevante fue modificar la estructura de monedas con que estaba conformada la deuda pública: antes del default sólo el 3 por ciento de la deuda pública estaba nominada en moneda nacional, en la actualidad cerca del 41 por ciento se encuentra emitida en pesos. En principio, esto permite reducir la incertidumbre ligada a la capacidad de pago ante variaciones de tipo de cambio. De esa forma, la carga de la deuda dejó de ser un condicionamiento central de la política económica y de limitación al crecimiento, al generar un escenario de sustentabilidad en el tiempo del principal pasivo del sector público. Estos resultados del canje definen esa operación como exitosa. Este proceso de reestructuración de deuda que fue inédito por su magnitud y quita de capital y que ahora es mencionado como referencia en propuestas para los endeudados países europeos, incluyó un bono adicional que está teniendo una relevancia cada vez mayor sobre las cuentas públicas: las “Unidades Vinculadas al PBI”, conocidas en el mercado como Cupón PBI.

La oferta de canje incluyó esos papeles ligados al crecimiento de la economía. En el escenario del default más grande de la historia financiera moderna, que derivaba en una profunda desconfianza sobre la economía argentina, el objetivo oficial fue “tentar” a los acreedores para elevar el porcentaje de aceptación con ese novedoso instrumento financiero. El mensaje al mercado era que si a la Argentina le iba bien tras la reestructuración, los acreedores también se beneficiarían con un pago “adicional”. Lo cierto es que los tenedores de bonos en default no le asignaron valor a esa propuesta y no influyó en el resultado final de la aceptación del canje. Pero el Cupón PBI, ese “regalo” menospreciado por los acreedores, ha tenido un recorrido extraordinario, tanto en sus cotizaciones como en los pagos realizados a cargo del fisco. Desde su primer pago en 2005 hasta el que se efectuará el 15 de diciembre de este año por 2419 millones de dólares (cinco días después de la asunción del nuevo gobierno), el Cupón acumuló erogaciones por un total de casi 8700 millones de dólares. Una suma elevadísima teniendo en cuenta el resto de los vencimientos de deuda: por caso, el pago de este año será el más alto, superando los 1553 millones de dólares por la amortización final de Bonar V a fines de marzo y de la penúltima cuota del Boden 2012 por 2300 millones de dólares el 2 agosto próximo. Esos papeles se emitieron en cuatro monedas por el monto de cada emisión de los nuevos bonos: peso (44 por ciento), dólar (29), euro (26) y yen (1). La suma a pagar por el Cupón del PBI se basa en diversos supuestos.

1. El PBI tiene que aumentar por encima del crecimiento proyectado del escenario base, definido en la oferta de canje original, y que el PBI se ubique por encima de ese valor (287.012 millones de pesos, base 1993).

2. La tasa de crecimiento del PBI debe superar a una tasa de crecimiento mínima estipulada en el 3 por ciento.

3. Los pagos acumulados de estos títulos no pueden superar la quita de capital nominal obtenida en la reestructuración de la deuda. Esto implica que los pagos no podrán superar de 36 mil a 40 mil millones de dólares, según diferentes estimaciones de analistas financieros a partir de resultado de la reapertura del canje en 2010.

Los crecientes desembolsos por un alza del PBI impensada durante un período prolongado, con excepción del 2009, derivarían en que ese instrumento financiero se terminaría de cancelar antes del 2034, año establecido como tope. Un estudio de la consultora Econométrica, realizado por el especialista Ramiro Castiñeira, calcula que a este ritmo en el 2017 el Cupón del PBI activaría la última cláusula que limita los pagos acumulados al total de la quita de capital nominal obtenida en la reestructuración de la deuda en default. El año pasado el Producto avanzó 9,2 por ciento y el Banco Central adelantó que calcula que la base mínima para este año será un alza del 6,0 por ciento. Esto implica un creciente costo fiscal para los próximos años, porque el Cupón del PBI paga por el crecimiento acumulado y no por la evolución puntual de la economía en un año en particular. En términos fiscales ello implica que a medida que el PBI observado se aleja del sendero pautado por el PBI base (3 por ciento), mayor será el pago aunque sea menor la tasa de variación del Producto respecto del año anterior. La secuencia de pago es elocuente:

2005: 389,0 millones de dólares.

2006: 821,1 millones de dólares.

2007: 1302,6 millones de dólares.

2008: 1417,5 millones de dólares.

2009: no hubo desembolso porque la economía creció apenas el 0,9 por ciento.

2010: 2316,5 millones de dólares.

2011: 2419 millones de dólares.

Este instrumento financiero, incorporado al prospecto de oferta del canje en 2005 por el entonces ministro Roberto Lavagna y su secretario de Financiamiento, Guillermo Nielsen, permitiría a los acreedores recuperar la quita nominal del capital en doce años, en lugar de los treinta originales.

El atractivo de este activo para los inversores bursátiles se refleja en la extraordinaria evolución de su cotización, que el año pasado aumentó 200 por ciento, y en lo que va de este año acumula un alza del 12 por ciento. El miércoles, último día hábil de la semana, el nominado en pesos cerró a 16,6 pesos, el valor más alto registrado desde su emisión. Por los pagos previstos por el crecimiento 2010 y el estimado para este año, esa alternativa garantiza a sus inversores un recupero de casi 90 por ciento de la inversión en términos nominal en 21 meses, y le queda el derecho a cobrar 200 por ciento de lo invertido desde 2013 en adelante. Por ese motivo, en la city circulan informes que estiman que si la economía sigue con el actual ritmo de expansión, el monto total del Cupón se terminaría de cobrar en 2017.

El canje de deuda fue un éxito que, acompañado por una constante política de desendeudamiento, ordenaron la estructura de los pasivos del sector público. Además, las compras de títulos públicos por parte del Banco Central y de otros organismos, sumadas al stock de bonos absorbidos por la Anses con el fin de las AFJP, derivaron que del total de la deuda apenas el 38,5 por ciento está en manos de inversores privados. Todas esas notables mejoras del perfil y composición de deuda pública son perturbadas por las condiciones establecidas para el Cupón del PBI, “regalo” brindado a los acreedores en términos bastante onerosos para las cuentas públicas.

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Un período prolongado para el estándar argentino de estabilidad económica, aumento del empleo y mejoras del poder adquisitivo deriva en una renovada agenda de demandas sociales. Una de ellas es el acceso a la tierra y a una vivienda propia. No se trata de un reclamo que antes no existía, sino que quedaba desplazado por exigencias inmediatas para la subsistencia. La cantidad de pobres sigue siendo un problema relevante de la cuestión social, pero el estado material de ese sector de la población se encuentra relativamente mejor que en décadas pasadas. La brecha de la pobreza, que mide el ingreso monetario necesario para salir de esa categoría, se ha achicado, además de por el efecto del crecimiento económico y el empleo (formal e informal), por el impacto de la Asignación Universal por Hijo. Existen discrepancias cuantitativas entre los indicadores sociales del Indec y de centros de estudios, sin embargo observaciones cualitativas sobre consumo local y expansión y construcción de viviendas precarias en villas y barrios periféricos expresan esa mejora de sectores postergados. En ese escenario social emerge con más fuerzas demandas históricas, como el acceso al suelo urbano, al título dominial del terreno y a la vivienda propia. Por esa vital dinámica socioeconómica ha emergido con más vigor en los últimos meses varios episodios traumáticos vinculados a la ocupación de baldíos y viviendas populares.

La toma de tierras y el desarrollo de barrios marginados denominados villas de emergencia se precipitaron con las migraciones internas y el desarrollo económico, y ha tenido mayor o menor intensidad según cada período histórico. En los últimos años, y con más fuerza en los más recientes, se acentuaron esas ocupaciones de terrenos privados o fiscales, empezando a trazar así una nueva geografía periurbana. En ese contexto se presenta la necesidad imperiosa de una regulación pública del desarrollo urbano y de las tierras ociosas para garantizar el acceso a la vivienda propia de grupos sociales postergados y para intervenir en el mercado de la especulación inmobiliaria. Para dar respuesta a esa problemática, el Ministerio de Infraestructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires elaboró un interesante anteproyecto de ley de Promoción del Hábitat Popular. Con un trabajo de más de dos años y con el aporte de diferentes organizaciones sociales, de la Universidad de General Sarmiento y profesionales de varias disciplinas, se avanzó en esa iniciativa que su sola enunciación provocó la reacción negativa de sectores conservadores. De los 6 capítulos con un total de 46 artículos que integran esa norma, las críticas que se expresaron a través del diario La Nación se concentraron en los referidos a “Cesiones de suelo” y “Expropiaciones”. En esos artículos sólo se precisan situaciones ya existentes para las expropiaciones y cesiones de suelo. Sobre este último punto, el anteproyecto dispone que los emprendimientos de urbanización privada (clubes de campo, barrios cerrados y countries), de cementerios privados y de centros comerciales de más de 5 mil metros cuadrados que se instalen en la provincia deben entregaren al municipio en forma gratuita terrenos equivalente al 10 por ciento de la superficie neta de esos predios, pero ubicados en otro lugar. La forma en que se difundió la noticia inducía a entender que los habitantes de los futuros countries deberían convivir en terrenos lindantes o incluso dentro del perímetro del emprendimiento con viviendas populares, mixtura que provocaría escozor. La norma establece que “en todos los casos la cesión podrá efectivizarse en una localización diferente a la del emprendimiento, accesible desde vía pública y acordada con el municipio, y “en casos excepcionales debidamente fundados y aprobados previamente por Ordenanza municipal, la cesión de suelo podrá canjearse por un pago en dinero efectivo al Municipio, haciendo los cálculos de equivalencia de los valores correspondientes”. También se otorga Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos la facultad de expropiación contenida originalmente en la Ley 5396/48 actualmente vigente, atribución reservada a la legislatura. En la norma se incorpora al Instituto a quedar facultado para celebrar arreglos directos con los propietarios y para la adquisición de aquellos terrenos que se consideren necesarios para la ejecución de los Planes de Obras. En la norma se contempla que en caso que estas tratativas resulten negativas y se deba promover el pertinente juicio de expropiación, el mismo se tramitará por la Fiscalía de Estado, organismo que asumirá la representación del Instituto.

La campaña de confusión no debería inhibir a la gobernación de la provincia de Buenos Aires a postergar el tratamiento de ese proyecto con el argumento del “consenso”. La situación habitacional en el mayor distrito del país sigue siendo delicada pese al esfuerzo en la construcción de viviendas en los últimos años: según estudios de dependencias públicas bonaerenses, cerca de 850.000 familias padecen, en mayor o menor medida, problemas de vivienda y de acceso a la propiedad de la tierra. Panorama inquietante teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires crece a un ritmo de más de 2 millones de habitantes cada diez años. Es decir que en la próxima década, en la provincia será necesario construir (entre el sector público y el privado) una cantidad de viviendas, infraestructura social y de servicios igual a las ciudades de Córdoba y Rosario juntas.

El anteproyecto de ley de Promoción del Hábitat Popular viene a actualizar una Ley General de Vivienda de la Provincia, que fue de avanzada en su momento, pero a más de 60 años de su sanción por el gobernador Víctor Mercante, hoy ha quedado desactualizada. La lectura de esa iniciativa ofrece un marco global, eludiendo esa mirada parcial concentrada en la reacción de desarrolladores de countries, destacándose los siguientes objetivos:

- Tiene la finalidad de cumplir con el Inciso 7 del Artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que garantiza el acceso a la vivienda única y determina que una ley especial debe reglamentar las condiciones de ejercicio de dicha garantía.

- La ley de Promoción del Hábitat Popular tiene como objetivo general brindar una nueva base jurídica, política e instrumental al gobierno provincial y a los municipios para ampliar la oferta de tierra urbanizada para vivienda en condiciones formales y económicamente accesibles a los sectores medios y a los de menores ingresos.

- Se persiguen tres grandes finalidades: a) modernizar los conceptos sobre las políticas de tierra, vivienda y hábitat; b) incorporar herramientas de gestión más dinámicas; y c) generar más recursos para aplicar en políticas de hábitat y vivienda.

- Se actualizará la normativa provincial incorporando, entre otros, los principios de inclusión social y de sustentabilidad urbana. De tal manera pasará a ser una legislación moderna que recoge los contenidos y las ideas recomendadas por los principales organismos internaciones, como la ONU-Hábitat, y que hoy son aplicadas en las más importantes ciudades de Latinoamérica y el mundo. Estos son: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la ciudad y de la propiedad, y la gestión democrática de la ciudad.

- Se propone una mirada integral, abordando el problema habitacional, articulando la tierra, la vivienda y las normas urbanísticas.

- Promueve el loteo de tierra para vivienda social no sólo a través del sector público sino también mediante el sector privado y, adicionalmente, facilita la asociación entre ambos para encarar proyectos conjuntos.

- Obtiene, a través de distintos instrumentos, mayores recursos en tierra y financiamiento para la urbanización y construcción de viviendas.

- Se crean nuevos programas para ampliar la oferta y la variedad de soluciones habitacionales.

- Se crea la figura del microcrédito para el hábitat social, que permite dar pequeños créditos con devolución para el mejoramiento de la vivienda, y se recupera la competencia del Instituto para expropiar tierras para viviendas sociales en forma directa.

- Se genera un Consejo Consultivo Provincial que incorpora distintos actores públicos y privados, para asesorar y recomendar políticas de hábitat.

Las fuerzas del mercado se orientan a desarrollar emprendimientos para sectores de mediano y alto poder adquisitivo. Esa ha sido la corriente dominante en el mercado inmobiliario en estos años de boom de la construcción. Como imprescindible complemento a ese proceso se requiere de políticas públicas que ordenen la situación dominial (banco de tierras), inversiones en infraestructura urbana y marcos legales como el impulsado en la provincia de Buenos Aires que permitirían garantizar el acceso a la vivienda propia a un amplio sector de la población.

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Cuando un país padece un acontecimiento inesperado, que provoca muertes y destrucción, extiende un manto de incertidumbre sobre la población, y si ese shock además convoca al fantasma de la devastación nuclear, ese estado de vulnerabilidad se extiende al resto del mundo, acrecentado porque la zona afectada corresponde a la tercera potencia económica, desplazada un lugar por China apenas hace un mes. El violento terremoto en Japón seguido de un tsunami con graves consecuencias en una central de generación de energía nuclear configura un escenario de incertidumbre global en materia económica. Este se expresa en el grado de desconocimiento de las consecuencias de semejante desastre natural en una de las naciones líderes en el funcionamiento de la economía globalizada. La percepción del riesgo entre los agentes económicos aumenta considerablemente con la misma intensidad que en crisis financieras inherentes al desarrollo del capitalismo, aunque sin las inmediatas pérdidas de vidas humanas y de recursos materiales de un terremoto de esa magnitud. Estos episodios dramáticos ponen en jaque la idea instalada en el sentido común de que se puede saber qué va a pasar en la economía y que para esa tarea están disponibles los economistas, confusión a la que ha colaborado la corriente de pensamiento ortodoxa.

Hace más de treinta años, John Kenneth Galbraith escribió el libro La era de la incertidumbre, base de una recomendable serie de televisión de la BBC, que ofrecía claves para entender muchos de los interrogantes de la actual época económica y la imposibilidad de hacer predicciones seguras sobre su evolución. La revolución conservadora a mediados de los setenta y el predominio neoliberal en los noventa definieron que el libre mercado sin intervención del Estado disminuiría hasta casi eliminar la incertidumbre, puesto que esa fuerza aseguraría el crecimiento económico y el desarrollo de las sociedades. La sucesión de crisis, la última con epicentro en Estados Unidos y Europa, ha castigado ese triunfalismo y derrumbado la certeza de que son incuestionables esos postulados de desregulación y reducción de la intervención del Estado en la economía. Hoy esa seguridad ha sido sustituida por una gran incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, incrementada en estos días por los efectos aún desconocidos del terremoto en Japón.

El economista Guillermo Rozenwurcel, del Centro de iDeAS-Unsam, escribió un documento sobre la relación entre incertidumbre y política económica, presentado en las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA de 2008. Explica que para los hacedores de la política económica existe la “incertidumbre acerca del estado de la economía”, que surge por la presencia de información imperfecta. Señala que también enfrentan la “incertidumbre acerca de la naturaleza y persistencia de los shocks”, como un aumento o disminución brusca de los precios de las materias primas, o un terremoto devastador. Y precisa que existe, además, la “incertidumbre acerca de la estructura de la economía”. Esta se refiere a que los “verdaderos” parámetros fundamentales de cualquier economía muchas veces se ven alterados por innovaciones tecnológicas, cambios en la estructura institucional o en el comportamiento de los agentes. “En suma, la incertidumbre genera discrepancias entre el funcionamiento efectivo de la economía y el estimado, tanto por errores de medición en las variables como por errores de especificación (derivados del desconocimiento del carácter de los shocks) o por la inestabilidad de los parámetros en momentos de cambio estructural”. Rozenwurcel plantea que dado que la incertidumbre no tiende a ser la excepción, sino la regla, “vale la pena preguntarse si una regla considerada óptima bajo determinadas circunstancias continúa siéndolo si la estructura de la economía cambia o si una perturbación que se juzgó transitoria resulta ser más persistente”. Luego avanza sobre la influencia de la política como fuente de incertidumbre por inconsistencias y fallas de coordinación, cambios frecuentes de reglas y baja credibilidad en las autoridades. “Al generar incertidumbre, las políticas alteran la conducta de los agentes y, consecuentemente, las condiciones de funcionamiento de la economía”, sostiene, en una referencia crítica a la actual administración.

Esas inferencias políticas no son los aspectos más relevantes de ese documento, aunque interesantes como debate, sino lo que surge de su propia esencia con la siguiente observación: “La incertidumbre no es la excepción sino la regla”, idea que erosiona la base de sustentación de la construcción del pensamiento económico aún dominante a nivel internacional. No se puede saber qué va a pasar, pero igual elaboran predicciones económicas, un sinsentido desde la misma enunciación que realiza ese tipo de economistas. En un escrito compilado en el libro Repensar la economía política el economista Amit Bhaduri, desafía a los representantes tradicionales de esa disciplina al señalar que “como un cuerpo de conocimiento inexacto, la economía exige que seamos intelectualmente modestos, y eso deja poco lugar para visiones inflexibles. Pero sucede exactamente lo contrario”.

En varias de las polémicas que hoy atraviesan la economía argentina se manifiesta ese comportamiento de los profesionales con conocimientos de economía, que tienen amplia difusión en medios locales con eco en embajadas y en el exterior. Conducta que pareciera ignorar que la crisis financiera internacional aún sigue presente y que ahora se agregó la incertidumbre por los impactos que pueda ocasionar en la economía mundial el terremoto en Japón. Bhaduri ofrece algunos conceptos provocativos en ese artículo que tituló “Neoliberalismo: una visión del mundo fracasada”, en referencia a líderes políticos y economistas enrolados en la ortodoxia:

n Es sorprendente que a pesar de la inexactitud de la economía como cuerpo de conocimientos, que debería dejar lugar suficiente para ideologías económicas en disputa, pretendan la convergencia a un punto de vista similar sobre la política económica.

n El síndrome NHA (No Hay Alternativa) se apoderó tanto de la acción como de su imaginación en materia económica.

n Esos economistas estudian las propiedades de la organización del mercado tomando como punto de referencia un mercado de competencia perfecta.

n Con supuestos irreales, que eliminan toda forma de incertidumbre, ya que al desconocer el futuro lo destierran del análisis, pretenden demostrar que existe un conjunto de precios de equilibrio en los mercados igualando oferta y demanda.

n El mainstream de los medios, propiedad o controladas en gran parte por las grandes corporaciones, nos condicionan continuamente a hacer la vista gorda y creer que la economía virtual de las fluctuaciones en el mercado bursátil son noticias más valiosas que la desigualdad social.

Bhaduri plantea que la historia económica pocas veces da respuesta inequívocas, por ese motivo “la teoría económica tiene que desempeñar un rol crítico que impida que nuestro inexacto conocimiento sea utilizado al servicio de la ideología económica” dominante. Describe con precisión el momento de transición del actual debate económico, al indicar que “el neoliberalismo ha salido del escenario (por su fracaso), pero no de las cabezas en un sentido más fundamental (en las sociedades)”. Por esa razón Bhaduri ofrece un consejo oportuno: “Algún conocimiento económico es útil, aunque sea para evitar ser engañados por otros economistas”.

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Una foto ilustra la disputa por viviendas populares a estrenar de familias que habitan en villas miseria, que han sido postergadas por décadas en la periferia más abandonada de la Ciudad. Otra foto muestra el crecimiento vertiginoso de la construcción en los últimos años, con decenas de nuevos edificios en diferentes barrios y el desarrollo comercial en zonas de la Capital que precipitaron un frenesí inmobiliario. Ambas instantáneas son manifestaciones de la política comunal en materia de administración del suelo urbano, donde la especulación, además de la ineficacia, es el principal (des)ordenador de la cuestión habitacional en el área metropolitana.

La deficiencia de la política macrista en el área de viviendas es notable, teniendo en cuenta que no debía invertir mucho esfuerzo para mejorar las mediocres gestiones pasadas. Al asumir la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri heredó un plan para licitar 7000 viviendas en un acuerdo con el gobierno nacional. Debía comprometerse a invertir un 50 por ciento de los fondos que aportaría la Nación, en un esquema similar definido con el resto de las provincias. En Capital no se realizó esa convocatoria y el saldo fue que se construyeron muy pocas unidades para grupos sociales postergados. Pero la dificultad para el acceso a la vivienda propia se extiende al resto del país también a sectores medios.

Según un informe del año pasado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, desde el 2003 en los 24 distritos del país unas 723 mil familias han mejorado o están en vías de mejorar su situación habitacional a través del acceso a una nueva vivienda o el mejoramiento de la que habitan actualmente. Este plan federal fue el más intenso desde el período democrático iniciado en 1983 y recuperó la iniciativa de la administración central en materia de viviendas, tarea que había sido abandonada en los noventa. Ese notable esfuerzo se enfrenta a la existencia de un déficit estructural y condiciones estructurales de mercado que requieren de un abordaje adicional.

El problema de la vivienda forma parte de una realidad social compleja y es estudiada desde varias áreas, desde la economía, la arquitectura, la geografía y hasta las ciencias políticas. Esto requiere de una intervención interdisciplinaria alejada de la receta única. Por eso resulta necesario tomar de cada uno de esos campos de estudio aspectos fundamentales para aproximarse a los conflictos y dificultades en el acceso a la vivienda, que implica debatir la propiedad de la tierra (el uso del suelo), así como también analizar el desarrollo anárquico de las grandes urbes.

Desde la perspectiva económica, uno de los factores centrales es el aumento del valor de las propiedades, que produce varios efectos:

- Pese al aumento del empleo y del poder adquisitivo de los salarios en los sectores medios de la población, esos ingresos son insuficientes para poder adquirir una vivienda vía un crédito hipotecario.

- Si bien las tasas de interés de los préstamos hipotecarios son neutrales o apenas positivas en términos reales según el índice oficial de inflación y negativas, de acuerdo a estimaciones privadas, la relación cuota/salario es insuficiente para conseguir el monto del crédito necesario.

- El alza del precio de las propiedades genera también una suba del valor de los alquileres, que restringe así la capacidad de ahorro para comprar una vivienda, y en otros casos deriva en la imposibilidad de pagarlos y obliga a una mudanza a barrios periféricos.

La actividad inmobiliaria ha tenido un avance sostenido desde el 2003 al ritmo del fuerte crecimiento económico. Las bajas tasas de interés para depósitos en pesos no han sido atractivas para los inversores. Esos capitales se volcaron a los ladrillos, generando un boom de la construcción. El aspecto virtuoso de ese ciclo ha sido el de la generación de empleo y dinamización de actividades vinculadas a la construcción. El otro rostro de esa bonanza es que, pese a la construcción de miles de unidades, se ha agudizado el déficit habitacional en la ciudad. Propietarios de terrenos en barrios donde han vivido dos o tres generaciones de su familia son seducidos con impensadas ofertas de miles de dólares. El alza de los valores que se pagan por esos terrenos, acompañados por un aumento en los costos de la construcción, derivó en una suba significativa en el precio de las viviendas. Esos valores son convalidados por inversores porque las tasas de interés, en el mercado local como en el internacional, son muy poco atractivas. El mercado inmobiliario se convirtió entonces en un espacio de inversión de capitales con una elevada cuota de especulación. Así se va realimentando el ciclo con precios en dólares del metro cuadrado que superan por mucho a los vigentes durante la convertibilidad.

Este auge restringió aún más el acceso a la vivienda de los sectores medios y bajos. La necesidad de contar con terrenos para nuevos emprendimientos urbanos impuso el cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas en forma irregular por personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, lo cual produjo su desplazamiento a la periferia de la Ciudad. A la vez, por el alza de los precios de los inmuebles, aumentó considerablemente también el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para calificar como locatario, lo que también excluyó del mercado a los sectores medios y bajos.

En términos globales, según estudios realizados por especialistas en urbanismo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 88 mil familias que tienen necesidades de una vivienda social, 150 mil que viven en villas de emergencia, 220 mil en casas tomadas, 60 mil en inquilinatos, 60 mil en hoteles, y 120 mil que se hacinan, viviendo familias enteras alquilando una habitación de una casa. Por otro lado hay otros 600 mil habitantes de clase media y de clase media baja que no son propietarios. En total, se estima en 1.200.000 las personas que necesitan vivienda, ya que 4 de cada 10 vecinos no tienen vivienda propia. Esas cifras no son desconocidas por la gestión de Macri, puesto que similares, aunque con menor desagregación, se encuentran en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires, en el link del Instituto de la Vivienda. El informe se titula “Situación habitacional de la Ciudad”, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Estadística y Censos. En ese documento se describe que “la Ciudad presenta una situación de formalización con respecto a la tenencia de la vivienda en la que el 60,7 por ciento de los hogares es propietario de la vivienda y el terreno, un poco más de un cuarto es inquilino y el 11,6 por ciento reside en una vivienda de manera irregular o precaria”. En otro punto del informe se precisa que “si se analiza la distribución de los diferentes tipos de vivienda en que habitan los hogares según zona geográfica, se puede observar que las zonas B y C (sureste de la Ciudad) son las que presentan los mayores problemas, con un 13,1 y 12,2 por ciento de déficit habitacional”.

Esta situación de precariedad habitacional convive con un período extraordinario de crecimiento de la construcción en Capital, unidades nuevas que no tienen ningún impacto sobre esa población necesitada de una casa propia. En el tema de la vivienda, con el déficit habitacional y el precio de los alquileres, se sabe que la improvisación y los parches para obtener respuestas de corto plazo no brindan buenos resultados. Cuando es el mercado, en su más amplia expresión, el que determina la dinámica de funcionamiento de una actividad tan sensible, una estrategia pública subordinada a esa lógica sólo agudiza las contradicciones e inequidades.

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En una economía que padeció una muy profunda desestructuración productiva durante décadas y registra una importante apertura comercial, la estrategia de impulsar un intenso crecimiento del PBI tiene como resultado un incremento acelerado de las importaciones. En 2010 las compras de bienes del exterior acumularon 56.443 millones de dólares, una notable alza de 46 por ciento respecto del año anterior, cuando impactó la crisis internacional, pero 1000 millones menos que en 2008. Para este año, manteniendo esa misma tendencia en el comportamiento de las variables locales e internacionales, las importaciones volverían a describir otro fuerte salto. Esa inquietante trayectoria se comprobó en enero, cuando el ingreso de productos sumó 4879 millones de dólares, un aumento interanual del 52 por ciento. Cuando se observaba la consolidación de ese comportamiento del comercio exterior dominó la estrategia oficial de las negociaciones informales con varios sectores productivos para restringir sus importaciones. Los escasos resultados obtenidos obligaron a implementar una política institucional de administración del comercio externo al ampliar el paquete de licencias no automáticas de importación. Este tipo de reacciones es una de las características de la administración kirchnerista: intervenir, en general con criterios que desafían la receta de la ortodoxia, recién cuando estalla el problema, expresando una débil capacidad de anticipación.

Una de las herramientas para administrar el comercio son las licencias no automáticas de importación, que introducen una instancia adicional en los trámites donde el Ministerio de Industria monitorea cada operación de los productos alcanzados. No impide compras, las demora unos 60 días, aunque ese plazo se extiende un poco más con mecanismos burocráticos. Esta medida se encuentra dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que ha fijado que ese despacho a plaza no debería demorar más de dos meses. En la práctica, esa autorización está sujeta también a otros criterios, como la capacidad de reemplazo que el producto tiene por la industrial local o el daño que puede generar sobre los puestos de trabajo nacionales.

La ampliación de 400 a 600 la cantidad de productos sujetos a las licencias no automáticas permitiría reducir en unos 9000 millones de dólares las importaciones, estiman en el Gobierno, aunque consultoras privadas calculan que ese monto alcanzaría los 15.000 millones. Según la estimación oficial, 3000 millones corresponden a las 400 licencias que ya venían funcionando, mientras que el resto (equivalente a casi el 10 por ciento de las importaciones totales de este año) está vinculado con el nuevo grupo de 200 licencias, aunque ya se dispusieron excepciones para el sector automotor y de electrónica. Esas industrias hubiesen tenido complicaciones en el funcionamiento de sus fábricas sin el ingreso rápido de algunos insumos que compran en mercados del exterior.

Una de las medidas para la administración de comercio es la mencionada de las licencias no automáticas. También existe el procedimiento antidumping, que se aplica cuando se sospecha que se importan productos a un costo inferior al que existe normalmente en el mercado de origen. Para poder adoptar esa medida, el Gobierno tiene que demostrar que existe dumping, calcular su magnitud (cuánto más bajo es el precio en comparación) y demostrar que está causando daño o amenaza causarlo en el mercado local. Otra medida es la fijación de “valores criterio” para productos importados, tarea que realiza la Aduana estableciéndolo a partir de un análisis de mercado de su departamento de valoración de ese organismo. Luego se determina su posición arancelaria, para finalmente publicarlo en el Boletín Oficial para darle carácter legal.

Todas esas iniciativas, que están en línea con las normas de la OMC, apuntan a proteger a algunos sectores de la competencia importada, incentivar la producción nacional y fomentar la fabricación local de insumos que compran afuera firmas argentinas o extranjeras. La motivación para disponer esas restricciones debe exceder la situación coyuntural de la balanza comercial. Deben forman parte de una estrategia más compleja para mejorar la integración de la industria nacional y su inserción en el comercio internacional. A la vez, esos sectores beneficiarios de una medida de protección deberían asumir compromisos de producción, precios domésticos, empleo y exportación, condiciones que el Gobierno expresa pero no lo formaliza en acuerdos explícitos.

Las licencias no automáticas, el antidumping y la fijación de valores criterios intervienen en un panorama del sector externo y en algunas actividades productivas que registrarían aún mayores tensiones si el tipo de cambio no mantuviera cierto nivel de competitividad. En los últimos cuatro años se fue erosionando desde un valor exagerado por la megadevaluación, aunque ese proceso fue compensado en parte por la apreciación de otras monedas. Estos años han dejado en evidencia que un dólar caro no alcanza como única herramienta para proteger sectores con competencia de la importación de países asiáticos, en especial de China. Pero resulta necesario para preservar producción y empleo doméstico en esas actividades sensibles. Un escenario como el que se registra en Brasil, de fuerte apreciación de su moneda, provocaría aquí un desajuste productivo mayúsculo, además de una crisis del sector externo, puesto que no se contabilizaría un ingreso de capitales tan intenso para equilibrar la cuenta corriente como el que tiene el principal socio del Mercosur.

El riesgo de la apreciación del tipo de cambio aparece por el excedente de fondos especulativos que circula por el mercado internacional debido a la fabulosa emisión de dólares y euros para financiar los inmensos paquetes de rescate del sector bancario. Con tasas de interés de casi cero, ese excedente de divisas se traduce en una tendencia a la apreciación del tipo de cambio en mercados receptores de ese capital. En el caso argentino, a ese peligro latente se le agrega el alza de precios internos, que abarata la importación de bienes de consumo, y el creciente ingreso de dólares de exportación de commodities por la muy buena cosecha. Esa afluencia de dólares procura ser neutralizada por las autoridades mediante la compra de divisas y la posterior esterilización del flujo de moneda local resultante de esta intervención.

Las medidas de administración del comercio y el desafío de preservar el superávit del sector externo con un tipo de cambio competitivo se presentan en un contexto de crisis global con epicentro en las potencias económicas. La recesión o los síntomas muy débiles de recuperación de esos países provoca dos efectos por el canal comercial: las grandes firmas multinacionales buscan colocar sus excedentes de producción en otros mercados, a la vez que otras potencias del comercio internacional, como Brasil y China, también apuntan a otras plazas para derivar sus ventas que ya no puede concretar en Europa o Estados Unidos en crisis.

En el actual debate que se abrió a partir de la ampliación de las licencias no automáticas, por la protesta de las potencias involucradas, una cuestión relevante permite ordenarlo: casi todos los países cuidan sus mercados (producción y empleo), vigilan el ritmo de ingreso de los importados y diseñan políticas para equilibrar los intereses de la producción nacional y las sus principales socios en el comercio internacional. Como enseña el profesor coreano Ha-Joon Chang, uno de los más importantes economistas heterodoxos del mundo, “la mayoría de los actuales países ricos usó la protección arancelaria y los subsidios para desarrollar sus industrias en las primeras etapas de su desarrollo”.

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