Página#12 Libre

Perturbado por una pregunta del periodista Jorge Rial, el secretario de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, reconoció la restricción de las libertades sindicales que practica el diario. Aclaró, eso sí, que él estaba en desacuerdo con esa situación. La escena quedó tapada por el espectacular alboroto mediático que fogonearon en los últimos días las empresas dominantes del sector. Esta vez no hubo ninguna excepción relevante en el elenco opositor: sus referentes coincidieron de manera unánime en que el domingo último los argentinos habíamos asistido a un grave ataque a la libertad de expresión, cuyo principal responsable había sido el gobierno nacional.

No pasó mucho tiempo para que los hechos pasaran a inscribirse en la dinámica de la disputa electoral. No habrá de aquí a octubre ningún acontecimiento más o menos relevante que no sea procesado y utilizado en esa perspectiva. Será esa dialéctica interpretativa y no los vistosos documentos programáticos de campaña los que dibujen el mapa de la lucha por el voto ciudadano. En este caso, el conflicto en la planta de Clarín dio lugar a un documento conjunto firmado por los principales dirigentes del PRO, el Peronismo Federal, el radicalismo y la Coalición Cívica. El texto del pronunciamiento no agrega nada a la catarata retórica que se desató los días siguientes del bloqueo a la salida de Clarín. La sustancia del documento debe buscarse en otro lado; no en el texto sino en el contexto (electoral).

La necesidad de la unidad de la oposición ha sido la consigna más transitada por los editorialistas de los medios de comunicación dominantes en los últimos años. La prédica empezó a conseguir ecos significativos. En los días siguientes a la elección en Catamarca, el dirigente radical Ernesto Sanz lanzó su botella al mar: dijo que la lección que debía extraerse del triunfo del Frente para la Victoria en esa provincia era que la oposición tenía que alcanzar una amplitud que superara las “fórmulas tradicionales” porque con el radicalismo “no alcanzaba”. ¿Se limitaba la propuesta a la gestión para el reingreso de Carrió en la alianza panradical? Interpretada de ese modo, la moción de Sanz no tenía la fuerza suficiente para alterar sustancialmente el clima político. La existencia de una movida estratégica por parte de las principales fuerzas opositoras quedó clara unos días después cuando, primero Macri y enseguida Duhalde, echaron a rodar la hipótesis de la unión de las fuerzas “sensatas y democráticas” para derrotar al Gobierno en las próximas elecciones.

Ciertamente el documento opositor de referencia no propone ninguna unidad en lo electoral, pero crea el ambiente de ideas necesario para que la cuestión pase a ocupar un lugar en la política de los días que vienen. Es altamente significativo que el primer pronunciamiento común, el que inaugura la saga de la discusión sobre la unidad opositora, haya sido elaborado en estricta sintonía con la interpretación política de los sucesos que hicieron los principales multimedios. Unos días antes todos los bloques del Senado habían aprobado una declaración que rechaza el bloqueo de Clarín, al mismo tiempo que sostiene la corrección de la política gubernamental de no represión de los conflictos sociales y postula la necesidad de la plena vigencia de la libertad sindical y la negociación entre empresarios y trabajadores para solucionar las diferencias. Los mismos partidos cuyos bloques de senadores suscribieron en común con el oficialismo esa declaración ignoran en el documento opositor la existencia de esos elementos en el conflicto entre la empresa periodística y sus trabajadores. Es muy claro que el solo reconocimiento de la persistencia de graves problemas gremiales en la empresa afectada desautoriza la portada de “grave amenaza a la democracia” con el que se presenta el texto reciente.

Lo que impulsa la jugada unificadora de la oposición es claramente la situación política que vivimos pocos meses antes de las elecciones. Los resultados electorales favorables al oficialismo (incluido el indeterminado escrutinio de Chubut) han sido un sonoro alerta a la oposición. La sola presencia de la presidenta en las provincias que votan produce un visible corrimiento de las expectativas electorales; el panradicalismo pierde en Catamarca su principal bastión provincial, el Peronismo Federal ve cómo un agradable paseo de su caudillo provincial se convierte en un reñido conteo de votos y en una vergonzosa acumulación de irregularidades en el procedimiento electoral a favor de su candidato. Las encuestas, mientras tanto, coinciden en la presunción de una amplia diferencia a favor de Cristina Kirchner que, según varios de los consultores, podría hacer prever su triunfo en la primera vuelta de octubre. Y esa tendencia ya atravesó incólume unos cuantos episodios conflictivos en los que la oposición mediático-político creyó ver –y trabajó para que fueran– otros tantos momentos de debilitamiento gubernamental. En estos pocos meses del año electoral asistimos al naufragio de la mesa de enlace agropecuaria antigubernamental, a la asunción de una conducción empresarial aliada al rumbo gubernamental en reemplazo de otra que lo combatía. No habrá interna radical y la del Peronismo Federal es un gris desfile de figuras del pasado. Con amor o con espanto, todo el mundo reconoce la existencia de un momento de entusiasmo en las filas del kirchnerismo, claramente expresado por la movilización de sus apoyos en la juventud. No hay a la vista sacudones económicos ni sociales y las “caóticas” paritarias que pronosticaba el establishment mediático tienden a convertirse en lo que han sido todos estos años: sensatas pulseadas distributivas que tienen como marco una economía en continuo crecimiento.

Frente a este cuadro, la idea de la unidad opositora tiene el discreto encanto de la lucha por la supervivencia. Si no hay fuertes golpes de timón, el escenario preelectoral adquirirá una consistencia que lo hará irreversible. El sustrato ideológico lo pusieron los grandes medios concentrados: en el país y con este gobierno “peligra la democracia”. Es algo así como el fraseo de los “amplios frentes antifascistas” que supieron unir en los años de la Segunda Guerra Mundial un heterogéneo y hasta autocontradictorio arco de fuerzas que iba desde la derecha liberal hasta el comunismo. En la práctica, la arqueológica operación de desenterramiento de los frentes democráticos muestra una sola cosa que, en realidad, ya sabíamos: la oposición solamente puede juntarse en su antikirchnerismo, su unidad carece de cualquier otro cemento ideológico-político.

Queda por ver la suerte que tenga la operación unificadora. De entrada, la posibilidad de que el radicalismo y el macriperonismo coincidan en una fórmula presidencial no parece alta. La carencia más ostensible es la de un liderazgo y una promesa política capaz de convertir las operaciones aritméticas de suma y resta de votos en un espectacular viraje del ánimo ciudadano a favor de un cambio de rumbo. Los consejeros mediáticos tratan de convencer a sus líderes amigos de que la mayoría antigubernamental ya existe. Que si se suman todos los votos de la oposición son más que los del oficialismo. La reducción aritmético-céntrica de la política da por hecho que los votantes radicales podrían predisponerse masivamente a votar por Macri, o que los votantes de la derecha no tendrían ninguna dificultad para votar a Alfonsín. Todo lo que habría que hacer sería “deponer ambiciones personales” y darles prioridad a los “principios democráticos”. No sería imposible el impulso de una ingeniería electoral unificada en el vértice presidencial y diferenciada en todo el resto de las candidaturas, lo que, en este caso, no serían unas vergonzosas “colectoras”, como cuando las emplea el oficialismo, sino virtuosos recursos democráticos.

La movida es interesante y dará lugar a un nivel de sinceramiento político-electoral de mucha trascendencia. Hay dos preguntas que los operadores de la “unidad antifascista” deberán responder en tiempos muy breves. La primera atañe a los líderes. Y consiste en dilucidar si su objetivo principal es llegar ellos al Gobierno o derrotar al actual oficialismo. Para que la prioridad sea la derrota del Gobierno no alcanzará con poner en un documento que la política democrática está en riesgo, sino que será necesario creerse realmente esa afirmación. Solamente así podrían unirse fuerzas que no tienen ninguna historia común. La segunda concierne a los votantes y tendría validez en el caso de que la unidad se concrete: ¿la insatisfacción de quienes están en contra del Gobierno tiene la magnitud suficiente como para apoyar una alianza electoral que no responde a ninguna confluencia político-cultural y que tiene claramente como único sustento la voluntad de desbancar al kirchnerismo?

En el actual escenario la unidad opositora luce altamente improbable. Por eso hay que esperar que muchos de quienes despotrican contra la polarización política jueguen fuerte en estos meses a favor de esa polarización.

Hace un tiempo bastante breve la palabra hegemonía era casi exclusivamente utilizada entre nosotros con fines descalificadores. Deliberadamente o no, su uso se remitía al pensador liberal-conservador italiano Giovanni Sartori, quien, en su clasificación de los sistemas de partido, reservaba el concepto “partido hegemónico” a aquellos regímenes políticos en los que una fuerza política tenía garantizado –a través del fraude, la violencia o el control monopólico de los recursos políticos– el ejercicio del gobierno. Podía haber otros partidos, como en el México del PRI o en la Hungría de antes de la caída del Muro, pero se limitaban a formar el decorado que legitimaba a un régimen no pluralista.

Así, el gobierno de Néstor Kirchner fue tachado de “hegemonista” por una variada constelación de políticos de oposición y comentaristas también de oposición. Nadie llegó tan lejos en esa ruta como la diputada Carrió, que llegó a asimilarlo al régimen del rumano Ceaucescu y al nacionalsocialismo hitleriano, pero no fueron pocos los que estrujaron el concepto sartoriano hasta el límite de considerar “hegemónico” a un partido que suele perder elecciones.

En el último período, el que va del conflicto agrario hasta nuestros días, reapareció otra acepción de la hegemonía: la que está asociada al nombre de Antonio Gramsci y la concibe como dirección político-cultural de una sociedad por parte de un sector de la misma –la clase obrera, en el pensamiento del célebre político y filósofo italiano–. Fue la presidenta Cristina Kirchner la que reintrodujo la cuestión, cuando sostuvo, en el crítico otoño de 2009, que lo que estábamos viviendo era una “batalla cultural”. En esa batalla, los sectores privilegiados utilizaban toda su influencia para desprestigiar y desautorizar un rumbo signado por la idea central de la redistribución de la riqueza en el país. Curiosamente, en medio de esa batalla cultural más de uno de los “combatientes” que apoyaban al Gobierno desarrollaron un discurso que bien podría caracterizarse de “pregramsciano”, en el sentido de pensar la lucha política como una expresión de fuerzas cuya posición ya estaba predeterminada por sus intereses sectoriales. Así, la “clase media” fue colocada en el lugar de un sector social fatalmente condenado a despreciar a las fuerzas populares y a enfrentarlas. Muchos de los errores que llevaron a la derrota del proyecto oficial, primero en la sociedad y después en el Congreso, fueron tributarios de ese enfoque.

Gramsci concibió a la hegemonía como la capacidad de alcanzar y sostener la unidad de un bloque social. Y esa capacidad no gira en torno del puro dominio, del ejercicio real o potencial de la violencia sino de una fuerza de orden cultural y moral, una “fe” decía el pensador sardo. No es muy forzada la conexión entre esa formulación y la insistencia de la Presidenta en la existencia de una lucha entre “relatos” opuestos en la realidad argentina. El discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso es una muestra elocuente de esa estrategia: los datos y cifras que allí expuso no tenían la cadencia de un “balance de gestión”; se presentaban como la ilustración de los resultados de un proyecto político. Toda una reactualización de la vigencia de los programas políticos partidarios a los que apresuradamente se les extendió carta de defunción desde la perspectiva de la “pospolítica”, que sitúa al gobierno en el lugar de la administración de lo dado, sin capacidad creadora alguna.

¿No es también la apelación de la Presidenta a no permitir la desunión de las fuerzas favorables al rumbo político actual un gesto “hegemónico” en el sentido gramsciano? La unidad, dice y repite Cristina Kirchner, no es un objetivo en sí mismo; es una premisa de supervivencia y profundización del proyecto en curso. Parafraseando en términos de Gramsci, es la “unidad del bloque social” lo que está en juego. Y la idea de bloque social se diferencia del planteo economicista de la “clase” en que no está unido por supuestos “intereses objetivos” que preexisten a la práctica política, sino que es esta misma práctica la que los construye y los explicita. Siempre en el vocabulario gramsciano, este bloque social tiene en su interior intereses “corporativamente” contradictorios. Es decir que si se miraran exclusivamente los intereses del sector social particular, la unidad del bloque social no sería un objetivo deseable.

Los episodios de estos últimos días materializan dramáticamente estas abstracciones. Hugo Moyano ha producido un espectacular gesto de poder; enfrentó a la sociedad con el fantasma de un día caótico, sin camiones, colectivos, subterráneos, trenes ni barcos. El argumento propiciatorio fue el de defender al movimiento obrero de las agresiones políticas y periodísticas que recibe a diario. Como suele decirse en el ajedrez, “la amenaza es más fuerte que la ejecución”. El anuncio le permitió al líder cegetista situarse en el centro de la escena, obligar al Gobierno a dialogar y bajar los decibeles alrededor de un exhorto de la Justicia suiza que no pasará a la historia por la precisión de sus fundamentos y mucho menos por su calidad de redacción. Como frutilla del postre y para que no queden dudas de la naturaleza de la operación, Moyano dijo que los trabajadores no quieren ser limitados por reivindicaciones sectoriales: quieren el poder.

No está de más insistir en que el deterioro de la imagen del sindicalismo y la extraña credibilidad de cualquier acusación política o ética que los involucre no tiene nada de natural ni de inocente. La historia del movimiento obrero en su etapa peronista ha tenido glorias y miserias. Pasó por la resistencia contra la falsa democracia de las proscripciones y la lucha contra las dictaduras. Y también por el oprobio de la complicidad de algunos con el terrorismo de Estado y la participación en las ganancias del remate de los bienes públicos ejecutado por el menemismo. Da la impresión, sin embargo, que no son las claudicaciones sindicales el objeto del escarnio multimediático. De otra manera no se explicaría la “prudencia” con la que se trató la detención del Momo Venegas y la furia calificativa que, por ejemplo, la editorial de La Nación de ayer, sábado, dedica a la figura del líder camionero.

No parece, entonces, que el tema sea ético, sino que es esencialmente político. Y es político porque apunta a un componente clave de la coalición que conduce la Argentina desde 2003: la alianza entre el Gobierno y el movimiento obrero. Quienes ponen el grito en el cielo por el supuesto carácter no republicano de esa alianza, no se escandalizaron de igual modo cuando, con Menem y con De la Rúa, los interlocutores principales del Estado eran los grandes grupos del poder económico concentrado. La alianza entre Estado y CGT no es una simple estrategia electoral. Por el contrario está cimentada en un proceso de cambios en el mundo del trabajo como no se registraba en el país desde hace muchas décadas. Es la alianza que permitió reincorporar al empleo a cinco millones de personas, recuperar las convenciones colectivas de trabajo y el salario mínimo vital y móvil, instaurar la paritaria docente, aumentar sensiblemente sueldos y jubilaciones y crear la asignación universal a la niñez, entre muchas otras novedades de época. Todo eso en un tiempo en el que muchos consideraban que habían desaparecido los actores sociales y la política era una cuestión de individuos aislados sólo unificados en la condición de audiencia de los medios de comunicación.

El hecho es que en estas horas hemos vivido la amenaza más significativa a la unidad de la coalición que hoy gobierna el país. Y que el episodio toca el nervio más crítico para la posibilidad de continuidad de su proyecto político, el de sus propias contradicciones internas. Si alguien en el Gobierno cree que se puede gobernar en la dirección asumida sin el acompañamiento de una porción considerable del movimiento sindical, terminará contribuyendo a la derrota. Y si algún líder sindical cree que los trabajadores van a llegar al poder sobre la base de la fractura de la actual coalición político-social de gobierno, va a convertirse en la clave del éxito de las operaciones mediático-políticas que dice combatir. De eso trata la hegemonía, de contener en unidad la diversidad y hasta la contradicción.

Hace unos pocos meses el centro de la atención preelectoral estaba en los movimientos del llamado “peronismo disidente”. Se disputaba la cuestión del alcance que tendría la diáspora justicialista iniciada en los días del conflicto agrario por las retenciones móviles. Las elecciones de junio de 2009, especialmente la de la provincia de Buenos Aires, habían puesto de relieve un importante potencial de desarrollo para quienes impulsaban el retorno del peronismo a la “normalidad”, después de la experiencia kirchnerista a la que se consideraba definitivamente agotada.

Hoy la imagen que transmite el conglomerado disidente se ha desdibujado considerablemente. Sin liderazgos propios con atractivo electoral, ni esperanzas de desgranamiento territorial del PJ, ni unidad estratégica de ninguna naturaleza, el Peronismo Federal se ha reducido a una fotografía del pasado a la que solamente animan las recurrentes sagas mediáticas orientadas a debilitar al Gobierno. En la hipótesis más venturosa, aquella en la que lograran convencer al PRO de la conveniencia de una alianza, los disidentes se constituirían en una estructura territorial de apoyo a la candidatura de Mauricio Macri.

Como en todo proceso político, las causas de esta deriva hacia la irrelevancia son múltiples. Pero no puede negarse que la progresiva recuperación de apoyos por parte del Gobierno a partir de principios del año pasado está entre las principales. Sin esa recuperación, lo que hoy son vagos rumores que los analistas de la prensa hegemónica ponen en boca de incomprobables “fuentes del peronismo del conurbano” hubieran podido ser una progresiva centrifugación de los apoyos al Gobierno. La Presidente no le debe su actual situación dominante en el justicialismo a un brusco ataque de lealtad de aquellos que estaban preparando el desembarco, sino al viraje favorable de sus expectativas electorales.

Como empezó a verificarse desde las primeras horas posteriores a la muerte de Néstor Kirchner, el PJ vive una tendencia al reforzamiento de su unidad. La situación, aun en los distritos que aparecían más conflictivos, avanza en la dirección del apoyo a la todavía no formalizada candidatura de Cristina Kirchner. En los mismos días en que se lanzaba la operación publicitaria del macrismo con la supuesta gestión para que Reutemann fuera candidato a vicepresidente en su boleta, el PJ santafesino aprobaba una ambigua pero efectiva declaración de unidad. El ex gobernador acaba de subrayar ese rumbo al descartarse para cualquier candidatura en la próxima elección.

Fracasada la presunción de la diáspora justicialista, las tensiones del gobierno nacional han sufrido un desplazamiento. Ahora se trata de transitar lo más ordenadamente posible la etapa de la construcción de una compleja ingeniería electoral. Son muchas las variables que deben ser consideradas. La primera, claro está, es asegurar una alta competitividad para el espacio de apoyo, puesto que la elección dista de estar definida. Y la competitividad –como no puede ser de otro modo– se arma desde arriba hacia abajo, es decir, sobre la base de fortalecer los recursos disponibles para la candidatura de la Presidente. A partir de esa premisa hay que compatibilizar una serie de elementos contradictorios. Existen las tensiones entre las corrientes más fielmente kirchneristas y aquellas que, habiendo vuelto al redil, reivindican su potencial electoral; están las pujas sectoriales (sindicales, por ejemplo) y las territoriales (claramente los intendentes del conurbano). Y no pueden dejarse en último lugar de importancia las disputas entre pretensiones personales antagónicas. Es imposible saber cuáles de estas contradicciones ocuparán el lugar principal porque ese lugar no lo da la lógica sino la política. El peronismo no es –nunca lo fue– un partido altamente institucionalizado; después de la crisis de 2001 tiene más bien el aspecto de una federación de liderazgos comarcales que se ordenan nacionalmente según las circunstancias. Eso significa que no está escrito en ningún lado que la lucha por el triunfo nacional sea la que organice el tablero; en principio, cada cual atiende su juego.

En estos días, una vez más, el foco está puesto en la provincia de Buenos Aires. Y gira en torno de la habilitación o no del Encuentro por la Democracia y la equidad para presentar la candidatura de su líder a la gobernación de la provincia, en una boleta que incluya la candidatura nacional de Cristina Kirchner. Las razones del conflicto son evidentes: tanto la candidatura de Scioli como la de varios intendentes sufrirían probablemente una merma electoral con este formato electoral. Esa razón de poder está obligada a revestirse de conceptos y argumentos. En este caso el preferido es el del interés común del “peronismo” ante el desafío del “progresismo”.

No es extraño el uso del argumento identitario por parte de quienes se sienten directamente afectados por la propuesta. Más curioso es advertir que la pureza “peronista” suma adherentes entre sectores que hasta hace poco eran difíciles de identificar con el justicialismo. Es claro que en este espacio, muchos de cuyos referentes formaron parte de la experiencia del Frepaso, el kirchnerismo ha logrado reavivar legítimos sentimientos de pertenencia peronista y es interpretado en términos de regreso a las fuentes históricas del movimiento. Y es comprensible también que la persistencia del antiperonismo en ciertos círculos progresistas alimente ese reforzamiento de la identidad peronista. El término “progresismo”, además, tiende a oscurecer más que aclarar el sentido de la acción política: vemos todos los días “progresistas” que hacen causa común con las grandes corporaciones económicas en el combate sistemático contra la política nacional vigente.

Sin embargo, el rechazo a la alianza parcial con el partido de Sabbatella suele sostenerse en argumentos confusos y, a veces, contradictorios. Se dice, por ejemplo, que hay que asegurar la unidad del peronismo para lograr la reelección de Cristina Kirchner; es difícil de entender cómo los votos bonaerenses a la boleta de Sabbatella que llevaran como candidata a Cristina conspirarían contra esa reelección. Desde otras veredas se dice que Sabbatella apoya en los buenos momentos y critica en los malos. Lo dice algún intendente a quien no se le oyó ninguna definición en los tiempos de la Resolución 125, mientras el entonces intendente de Morón militaba claramente en defensa de las retenciones móviles. La “unidad del peronismo” no resistió, en su momento, las presiones corporativas: emigraron no pocos legisladores con el carné del PJ al día y las dirigencias provinciales de Santa Fe y Córdoba, entre otras, pasaron a formar parte de la ya comentada experiencia del peronismo disidente.

Los “intereses comunes” del peronismo son tan confusos que hasta los analistas de Magnetto y Mitre han pasado a ser sus defensores. Todos los días martillan sobre lo que consideran un sistemático castigo del gobierno nacional a la estructura del PJ del conurbano bonaerense. Al mismo tiempo, critican y descalifican a quienes sostienen que el actual gobierno nacional es “progresista”. Es decir, a los peronistas se les dice “cuidado con la izquierda” y a la izquierda se le dice “¿qué tiene este gobierno de progresista?”.

Pedirles a militantes y dirigentes políticos que no argumenten en defensa de sus “porotos” es desconocer la naturaleza de la política. Este reconocimiento no es incompatible con la crítica del sectarismo, es decir a la actitud de renuncia a tomar en cuenta cualquier interés que no sea el de la propia persona o el de su micromundo. Suele ser una fórmula infalible para el fracaso. La cuestión es que pocas veces en las últimas seis décadas se habían dado circunstancias tan favorables para un diálogo constructivo entre dos tradiciones políticas populares como son el peronismo y la izquierda de inspiración genéricamente socialista. Ambas tuvieron sus méritos y sus limitaciones históricas. La tradición peronista chocó –a veces en forma sangrienta– con los límites de la derecha del propio movimiento. La tradición socialista se situó casi siempre en contra del peronismo y por ese camino quedó más de una vez alineada con la derecha. Habrá que ver si cada quien logra defender sus legítimas aspiraciones sin frustrar la posibilidad que se ha abierto.

Imagen: DyN.

Reaparece recurrentemente entre nosotros la discusión sobre la vigencia de la división del mapa político argentino entre izquierdas y derechas. No es una cuestión nueva ni restringida a nuestra realidad: los extraordinarios cambios sociales, políticos y culturales a escala mundial ocurridos en las tres últimas décadas pusieron en crisis los esquemas ordenadores de la política. La centralidad de los Estados nacionales tambaleó bajo el temporal de la globalización, las identidades sociales generadas durante la hegemonía del capitalismo industrial y la sociedad salarial sufrieron una intensa erosión, la “sociedad de los individuos” pareció alejarse definitivamente de los conflictos ideológicos y los antagonismos de clase. En el caso argentino, la dupla izquierda-derecha no se situó nunca en el centro de la disputa. Conservadores-liberales, radicales-conservadores, peronismo-antiperonismo fueron las antinomias que organizaron las grandes pertenencias políticas de la nación recién organizada, de la democratización y de la incorporación de los trabajadores a la plena ciudadanía política. La izquierda así autodefinida alcanzó a ocupar posiciones importantes en la lucha social pero no se expresó como alternativa política de poder, a no ser como “alas” de los grandes partidos populares. La derecha tampoco tuvo su expresión política hegemónica independiente y, en su caso, se expresó a través de las grandes corporaciones económicas, los sectores partidarios conservadores y, hasta 1983, por medio de los golpes y chantajes militares.

El debate se ha reinstalado. Desde su ascenso, el kirchnerismo ha reivindicado su lugar histórico en el mundo del “centroizquierda”, sin abjurar de su condición peronista y construyendo un nexo simbólico con la juventud de los años setenta. La derecha ha retomado el intento –exitoso con la UCeDé de mediados de los ochenta– de construir su espacio político propio a través de la figura de Macri y de su resonante triunfo electoral porteño de 2007.

Sin embargo, entre analistas políticos de diferente signo se procura recusar la existencia de esas divisiones. Cuando Macri ganó la elección en la ciudad de Buenos Aires, abundaron los juicios que negaban que eso significara un triunfo de la derecha. La sociedad porteña no votó a la derecha, decían, sino que se pronunció por un buen gobierno de la ciudad, al margen de los rótulos y las definiciones ideológicas. El argumento lució débil desde un principio: las derechas –tampoco las izquierdas– ganan con los votos de sus propias filas que, salvo en tiempos fugaces de excitación y temblor político, son siempre minoritarias en el conjunto de la población; necesitan, para ganar, del voto centrista y oscilante de las mayorías. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la acción de gobierno, la interpretación tecnocrática del triunfo macrista languidece aún más. No solamente porque el gobierno profundizó la desigualdad, debilitó el espacio público, se concentró en los grandes negocios público-privados, nombró funcionarios de indudable abolengo conservador y desarrolló un discurso de derecha cada vez más crudo; también porque, aun en el marco de ese sinceramiento político, conservó un núcleo duro de apoyos electorales que, aun cuando aparece visiblemente debilitado, está en condiciones de pelear la continuidad en el gobierno. Difícilmente esos apoyos puedan explicarse en términos de “buen gobierno” y neutralidad política.

La escena desplegada alrededor del conflicto en el Parque Indoamericano refuerza la existencia y la vigencia de la alternativa derecha-izquierda. Un “parque” reducido a basural por la desidia gubernamental ocupado por pobladores de una villa cercana, un desalojo violento y fracasado, la demanda del gobierno porteño de un nuevo desalojo sazonado por apelaciones xenófobas que encendieron la mecha de la guerra entre “buenos vecinos” y “extranjeros delincuentes” y la decisión del gobierno nacional de descartar cualquier nuevo recurso a la violencia para encarar una búsqueda, finalmente exitosa, de solución política conformaron un cuadro muy completo de la naturaleza de las diferencias.

Claro que pensar en términos de derecha e izquierda requiere precisiones necesariamente litigiosas. Es necesario distinguir el plano de los valores y de las estructuras: sostener, por ejemplo, que el gobierno nacional sostiene rumbos afines a la izquierda no equivale a caracterizar de ese modo a todas las fuerzas políticas que lo apoyan. Del mismo modo, registrar las reacciones antiextranjeras como expresión ideológica de derecha no supone que las personas que ocasionalmente se pronuncian de ese modo asumen posiciones de derecha en todos los sentidos. Izquierda, supo decir Norberto Bobbio, significa básicamente igualdad y común pertenencia ciudadana, y derecha significa aceptación de la desigualdad como fuente del espíritu competitivo y creativo que desarrolla a las sociedades. Son dos polos “ideales” que, en la práctica política, funcionan de modo flexible y siempre acechados por los requisitos tácticos de la lucha por el poder.

En la Argentina de estos años funciona otra manera de la negación de la existencia de las derechas y las izquierdas. Su recitado es más o menos así: el gobierno no tiene ninguna afinidad con la izquierda y el centroizquierda; ha montado un simulacro en el que la agitación populista funciona como decorado del pragmatismo y la acumulación sistemática de poder. Esta mirada es, sin duda, una regresión metafísica, según la cual los grandes conflictos de intereses y valores políticos pierden entidad porque quienes lo impulsan carecen de autenticidad. Para identificar izquierdas y derechas bastaría una colección de carpetas de archivo mediante las cuales se identificaría el ADN del actor, lo que a su vez validaría o negaría sus pretensiones de identidad política. Lo que ocurre es que en política no hay máscaras o, lo que es lo mismo, todas son máscaras; lo que se dice y lo que se hace se convierte en una presencia independiente de la voluntad del actor. Así como hoy se puede reconocer que la conquista de las vacaciones y el aguinaldo son independientes del paso de Perón por Italia y su elogio de Mussolini, también con el tiempo la democratización de los medios, la asignación a la niñez o la reestatización de los aportes jubilatorios se emanciparán de la biografía de los Kirchner.

Por otra parte, ¿se justifica adoptar el ropaje del pluralismo y la negociación política en lugar de la represión ante el conflicto en el sur de Buenos Aires con fines electorales? Hoy hay muchos consultores que se atreven a poner en duda ese aserto y más bien consideran que el oficialismo puede pagar algún costo por esa definición. ¿Está la opinión pública tan volcada a favor de una gestión de la seguridad de corte político democrático y respetuoso de los derechos humanos como la que se insinúa con la designación de Nilda Garré al frente del ministerio? Es razonable ponerlo en duda. De manera que el balance provisorio del episodio es, más bien, una apuesta fuerte de la Presidenta a explotar su recuperación en términos de opinión pública en la dirección de una profundización de líneas de acción que serían más problemáticas en otros tiempos.

Tampoco es una apuesta “inocente”. Consiste en el aprendizaje de la experiencia: cuando un gobierno “crece” haciendo concesiones cruciales a sus adversarios (corporaciones, grupos mediáticos concentrados, sectores oscuros en las fuerzas de seguridad), los que en realidad crecen son esos adversarios. Las vicisitudes de la democracia recuperada desde 1983 parecen una prueba categórica al respecto.

Se podría pensar que la díada derecha-izquierda no solamente está vigente hoy entre nosotros, sino que ha adquirido una densidad temática y un dramatismo político que no tuvo antes. Y en ese clima, los argentinos decidiremos nuestro futuro político en octubre próximo.

Imagen: Leandro Teysseire.

Por lo visto en los últimos días, la oposición persevera en un estilo de acción política muy eficaz para justificar algunas tapas espectaculares y ganar muchas horas de show televisivo, pero estéril para cualquier intento de revertir la actual escena política. En el caso del frustrado tratamiento del Presupuesto en la Cámara de Diputados, no puede ignorarse el peso simbólico de la decisión de dejar sin presupuesto al Gobierno. Difícilmente, sin embargo, esa estrategia afecte seriamente al Gobierno, que contará con los mismos recursos y un margen más amplio de discrecionalidad en su empleo. A la que seguramente terminará afectando es a la propia oposición, cuyo juego es fácil de decodificar en términos de sistemática obstrucción de la acción de gobierno.

¿Por qué persiste la oposición en este juego? Fácilmente se explica la conducta de Elisa Carrió: situada, acaso irreversiblemente, en los márgenes del sistema político en consonancia con sus pobres expectativas electorales, la diputada chaqueña sabe que sus posibilidades de protagonismo futuro están asociadas a la eventualidad de que algún acontecimiento inesperado modifique el clima de creciente estabilidad y previsibilidad política en el país. Su lugar está perfectamente definido: es la portavoz de los más encarnizados e incondicionales enemigos del gobierno de Cristina Kirchner. Desde esa perspectiva y apoyada centralmente en el puntal de ese espacio –los grandes medios de comunicación– procura ejercer una sistemática presión sobre el conjunto de la oposición, de modo de poner cualquier gesto de convivencia política en el sitio del pacto y del “colaboracionismo” (este último engendro retórico, que invoca a los cómplices del nazismo y el fascismo, da cuenta de que la responsabilidad política no pone ningún límite a la verborragia de Carrió).

El peronismo disidente, en el contexto de su actual crisis probablemente terminal, no tiene demasiado peso en el universo opositor. A pocos meses de una elección presidencial, solamente puede intentar la ocupación del centro de la escena quien insinúe probabilidades ciertas de disputar la sucesión. Provisoriamente cerrada la “variante Scioli” y con Reutemann fuera de su radio de influencia, el peronismo opositor carece de atractivos políticos relevantes y, en consecuencia, sus legisladores actúan con la inercia de quien está esperando que se aclare el panorama.

Más curioso es el caso del radicalismo. Las legislativas del año pasado marcan un momento de clara recuperación electoral, después de largos años de descentramiento de la escena política. Son el segundo bloque de la Cámara y sus precandidatos se insinúan como los que, aún desde muy lejos según los sondeos, estarían en mejores condiciones de desafiar la continuidad del kirchnerismo. Curiosamente, los problemas actuales del radicalismo consisten en las condiciones que impulsaron su recuperación.

Fue una brevísima intervención del vicepresidente Cobos en el Senado, como prólogo a su voto contra el proyecto oficial, el impacto que devolvió al radicalismo a la centralidad política. El principal recurso humano del partido pasó a ser un dirigente expulsado de por vida de la organización unos pocos meses antes. Delicias de la política mediático-dependiente: los pecados del jefe del “radicalismo K” fueron perdonados por el Tribunal de Disciplina de modo igualmente veloz a aquel con el que procesó su destierro “definitivo”. El estigma de los héroes mediáticos –a esta altura ya se sabe de sobra– es su fugacidad. Blumberg, De Angelis y hasta Redrado durante unos días, se soñaron en el olimpo político; rápidamente su propia inconsistencia y el resultado de los choques políticos relevantes los situaron en un lugar más adecuado a sus estaturas.

La figura de Ricardo Alfonsín también creció fuertemente en los márgenes del conflicto político; la muerte de su ilustre padre lo proyectó a un alto nivel de visibilidad ciudadana, inteligentemente capitalizada desde el sector partidario del que forma parte. Claro que Alfonsín representa otra cosa dentro del radicalismo. Su emergencia al primer plano tiene que ver con una herencia histórica de gran envergadura y está asociada a una tradición partidaria muy lejana de la que expresa Cobos. Es una tradición que reivindica el respeto por las instituciones y, aun con sus marcadas limitaciones históricas, pretende mantener un sello de identidad reformista y social-demócrata. El hijo del ex presidente sabe que ése es su principal patrimonio político y trata de caminar en esa huella. Sostiene un discurso de convivencia y diálogo, alejado de ese halo desestabilizador que rodea al radicalismo, desde que el vicepresidente de un gobierno al que el partido se opone ocupa un lugar destacado en la interna partidaria. Sin embargo, el radicalismo alfonsinista caminó dócilmente detrás de Carrió y Clarín en el episodio parlamentario de la última semana.

No es inexplicable. Los propios pasos del radicalismo han construido el laberinto en el que está encerrado. La ruptura con el liderazgo de hecho de Carrió y la decisión de apoyar la aprobación en general del Presupuesto y su discusión puntual tenían muchas posibilidades de alcanzar el éxito. Eventualmente habrían podido conseguir cambios en el proyecto oficial que habrían, seguramente, creado más problemas reales al Gobierno y, con toda seguridad, dejado mejor parado al partido y a su bloque de diputados. Es evidente que la interna radical no soportaba esa salida. También es evidente la capacidad extorsiva de la líder de la Coalición Cívica, cada vez más parecida a una estrella televisiva de reality show que a una dirigente política. Pero, desde la perspectiva radical, había un temor todavía mayor, el de la represalia mediática que habría sobrevenido. Especialmente porque la doble asociación simbólica que se esgrimió –el Pacto de Olivos y los sobornos del gobierno de De la Rúa a los senadores para aprobar la ley de precarización laboral– constituía un cóctel explosivo que amenazaba con la memoria de tiempos no muy bien recordados socialmente. Pactistas y corruptos: ése fue el título del chantaje de Carrió y su tropa. No lo resistió el radicalismo y prefirió perseverar en el camino de los últimos años.

La oposición en su conjunto, y dentro de ella particularmente el radicalismo, no termina de percibir la clausura de una etapa política. En una mirada de plazo inmediato, es la etapa que comenzó con la derrota del Gobierno en el conflicto con los empresarios del agro, tuvo su punto más expresivo en los resultados electorales de junio de 2009 y proyectó su influencia hasta comienzos de este año. Con la resolución favorable del conflicto, alrededor del Banco Central empieza a evidenciarse un cambio de tendencia que hasta hoy no se ha detenido y ha cobrado un poderoso impulso después de la muerte de Néstor Kirchner y la multitudinaria y emotiva despedida popular de sus restos.

Sin embargo, también puede hablarse del final, o por lo menos de una profunda crisis, de una matriz política que se impone poco después de la reconquista democrática, desde 1987, cuando los poderes fácticos –los jefes militares y los grandes grupos económicos– acorralan y someten al gobierno de Raúl Alfonsín. Esa matriz es la de un sistemático sometimiento de la política democrática –la que se legitima con los votos, la que se expresa a través de los partidos y los líderes socialmente reconocidos– a la presión y al chantaje de esos poderes. Esa constelación de actores fácticamente poderosos –grandes grupos económicos, grandes propietarios de la tierra, cúpula católica, herencias de la dictadura en el Poder Judicial– ha construido un centro coordinador y articulador de sus políticas: son las grandes empresas que disponen de posiciones dominantes en el mercado de la comunicación. El colapso institucional de 2001 y el crítico debilitamiento de los partidos que lo siguió, ensanchó el espacio de esas nuevas referencias centrales de la política argentina. La cifra más perfecta de la etapa la provee el episodio del CEO de La Nación, José Claudio Escribano, ofreciéndole a un recientemente elegido Néstor Kirchner el apoyo de “la sociedad” a cambio de un reducido pero relevante set de medidas económicas y políticas pro establishment.

Esa matriz ha entrado en crisis. La crisis no fue el producto de un programa político ni de un plan de gobierno meticulosamente elaborado. Fue el resultado de la concreta y específica lucha por el poder que se libra en el país. Ante la crisis, los partidos políticos pueden tomar los más diferentes caminos. Lo que no pueden, o no deberían, hacer, es ignorarla.

Imagen: Leandro Teysseire.

Los comentaristas del establishment mediático han mostrado una impresionante falta de sentido del tiempo y de las proporciones políticas. Varios de ellos tardaron nada más que unos minutos después de la muerte de Néstor Kirchner para salir a marcar la cancha como si el objeto de la reflexión fuera un rumor o una encuesta de las que ellos mismos alucinan y no la desaparición del personaje político más importante de las últimas décadas. Maniáticos de la operación política disfrazada de análisis y pronóstico, rápidamente imaginaron un tiempo de incertidumbre, un tiempo de confusión, de debilidad, de concertación y de consensos. Evocaron desaforadamente el fantasma de Isabel y reclamaron el surgimiento de algún Balbín. Entraron al juicio de un acontecimiento histórico desde el lugar del cálculo chiquito.

Tanto apuro desbocado y lenguaraz fue castigado duramente por los hechos que sobrevinieron. Una plaza multitudinaria, cargada como pocas veces de la mejor energía colectiva desbarató los negros augurios y puso en escena a un actor al que nos hemos acostumbrado a ningunear. Lo hemos rebautizado “la gente”, “la opinión”. Lo hemos reducido a sondeos y a focus groups. Y sigue siendo el pueblo. La plaza mostró la política grande, la que no se deja encerrar en frases hechas y suele no respetar las reglas de la corrección. En medio del profundo dolor, se puso en acto una nueva coalición político-social. Con el valioso sello del pluralismo ideológico y cultural. Con innegable peso del folklore del peronismo, portado por una juventud que ha traducido sus símbolos históricos al lenguaje de la época. Y también con una presencia de la parte de la izquierda que ha escapado del narcisismo de las pequeñas identidades y reconocido la existencia de un proceso de transformaciones epocales.

La plaza del adiós al líder modificó la escena. Desde ahora todos deben saber que el odio elitista, a veces sutilmente enmascarado en la pureza republicana, ya no es una brújula adecuada para seguir el viaje. Tal vez ya no era así antes de la muerte grande del miércoles último; se había empezado a insinuar en los festejos del Bicentenario y lo registraban todos los analistas de opinión pública. Pero el cambio de clima ha alcanzado una potencia y una visibilidad que lo convierten en una variable central de la etapa política que se abre.

Las muertes magnas son enormes tajos que seccionan el tiempo. La de Kirchner nos devolvió a las horas de la emergencia de su liderazgo. Nos hizo recordar que este país que hoy discute si se puede o no pagar a los jubilados un porcentaje del sueldo de los trabajadores en actividad que no cobran en ningún lugar del mundo es el mismo al que un conjunto de “expertos” economistas aconsejaba, a principios de 2002, declararse en quiebra, suspender el funcionamiento de su Congreso y reemplazarlo por un comité internacional de expertos para que administrara sus ruinas. ¿Es el mismo país? Y el que murió es el mismo presidente al que el diario La Nación recibió en sus funciones con el amable pronóstico según el cual no llegaría a cumplir un año en ese lugar. En estos días hemos hecho –estamos haciendo– una rápida relectura del pasado inmediato. Y esa mirada de tiempos cortos pero centrales de nuestra historia nos enriquece y nos precave del vértigo mediático, experto en inducir el olvido del aire que respiramos ayer. Nos permite pensar la nueva etapa desde las grandes líneas del camino recorrido y no desde el escondrijo que proveen las “fuentes calificadas del peronismo del conurbano”, como llaman algunos columnistas a sus propias elucubraciones.

Es esa mirada las que nos devuelve a un Néstor Kirchner diferente. Diferente al violento, autoritario y divisionista del que se hablaba hasta el miércoles y también del “animal político” prolijamente divorciado de todo contenido, que apareció en estos días. En efecto, al luchador por el poder se lo intenta oscurecer por la vía de la neutralización política. Es decir, no importa cuál es el significado del poder kirchnerista. No importa si permitió la jubilación de millones de mujeres y hombres privados de ese derecho. Si recuperó los aportes jubilatorios para el Estado. Si sacó al país del default con la negociación más digna que recuerde la historia. Si echó de la Corte a los cortesanos de Menem. Si impulsó la reapertura de los juicios a los terroristas de Estado. Si comenzó la democratización de los medios de comunicación (aunque, en este caso, para algunos esto sí importa, reinterpretado como ofensiva contra los “medios independientes”). Si volvió a reunir las paritarias, si hizo funcionar el Consejo del Salario. Si desvinculó en la práctica al país del FMI. Si promovió la integración regional y fue reconocido con la Secretaría General de la Unasur. Todo se reduce a una cuestión de poder, al margen de su contenido y concebido de modo autoritario.

Tal vez pueda pensarse exactamente lo contrario. Que en democracia, las autoridades instituidas por la voluntad popular no tienen el derecho sino la obligación de ejercer el poder. Tienen el mandato de poner su poder legítima y legalmente constituido por encima de los poderes fácticos, de aquellos que pretenden colonizar la política desde el dinero, desde la propiedad y desde el dominio de la palabra. Este es un enorme legado del presidente que hoy lloramos. Un legado que significa un salto en calidad de nuestra democracia, un paso decisivo que será también un desafío para futuros gobiernos: nunca más poderes que se pretendan imponer a la soberanía popular.

Es la disputa sobre ese contenido de la política –y no sobre el “poder” en abstracto– la que seguramente va a signar el futuro inmediato del país. No es casual la retórica de las plumas principales de los socios mayoritarios de Papel Prensa en estos días. El filo principal está dirigido a mostrar el “debilitamiento” del gobierno de Cristina Kirchner y la consecuente “incertidumbre” sobre el futuro. Detrás de este diagnóstico viene enseguida la terapia: “diálogo” y “consenso”. Palabras buenas y necesarias pero a las que hay que poner en contexto para averiguar su sentido. Porque como se utilizan en estos días tienen olor y sabor a la construcción de una escena nada neutral ni inocente: una presidenta débil, confusión y disputas en la fuerza política oficialista, necesidad de abandonar las confrontaciones y acceder a las demandas de aquellos grupos de interés afectados por las reformas en curso.

Claro que a la operación fácilmente descifrable de los grandes medios no parece razonable oponerle la sensación de que acá no ha pasado nada y todo sigue igual. La pérdida de una figura de la estatura de Kirchner obliga a una pronta y eficaz rearticulación del dispositivo de gobierno que tendría que ir en la dirección de un sistema de decisiones menos concentrado y más colectivo. Es evidente que la situación en el peronismo ocupará el centro de la atención. Es una escena naturalmente conmocionada por la desaparición de su jefe, pero tal vez no necesariamente en el sentido de la diáspora inminente que desde hace mucho profetizan los peronólogos de Magnetto y de Mitre. Al peronismo, menos que a ninguna otra fuerza política, se le escapa el significado de las plazas que despidieron al ex presidente Kirchner. Saben que está en marcha una corriente muy profunda y muy masiva de solidaridad hacia la figura de Cristina. Y que en esas condiciones las jugadas de centrifugación de su poder en el movimiento son altamente riesgosas. Si esto es así, habrá que ver si no se abre paso una fuerza de dirección contraria, de reunificación. Por supuesto que esto tampoco será sencillo y lineal; no contar con los costos que puede acarrear a la fuerza gobernante la puja posicional interna que se abriría con esa hipótesis sería riesgoso. Pero la idea de “alambrar” a la fuerza de gobierno y cerrarse a la ampliación de su base de sustentación, desde el peronismo y fuera de él, sería igualmente equivocada.

Los tiempos serán más difíciles para todo. Las desapariciones magnas modifican el mundo de la política. Nadie sabe cuándo surge un mito, pero todo hace pensar que en la Argentina acaba de nacer uno. Es muy probable que para hacer política en los días que vienen –oficialista o de oposición– se haga necesario reconocer esa novedad y no mantener las certezas que eran válidas hasta el miércoles pasado.

¿Se está discutiendo realmente en la Argentina una política de mejoramiento de la situación de los jubilados o lo que está en juego es la relación de confianza y credibilidad popular entre los actores políticos y la sociedad, con vistas a las elecciones del año próximo?

Si se tratara de lo primero, sería bueno revisar los antecedentes de los contendores, hurgar en los modos en que se instaló el tema y pensar las consecuencias reales y concretas de la disputa. Revisar antecedentes no equivale a la agitación de archivos de la década del noventa; se puede perfectamente tomar como punto de partida la crisis de 2001 y 2002, de cuyas responsabilidades no queda afuera casi ningún actor político relevante. De la crisis se salió en una dirección, en un rumbo y eso es lo que valdría la pena discutir. ¿De qué política de estos años forma parte la propuesta de pagar el 82 por ciento móvil a los jubilados? Parece que de las plataformas programáticas de los partidos no vale la pena hablar en estos tiempos en que la política se mueve al ritmo vertiginoso y en las formas fragmentadas que imponen los medios de comunicación. Nadie habló del tema en la elección de 2007 ni en las legislativas de 2009, ni en ningún momento muy anterior a la circunstancia –muy reciente– en que la oposición, espoleada por los medios concentrados, reconstruyó su hoja de ruta antigubernamental. Magistraturas y decretos de necesidad y urgencia no son lo que se dice una materia de gran conmoción social. Para la reforma del impuesto al cheque no hubo clima propicio entre los gobernadores, beneficiados por la refinanciación de sus deudas. Las retenciones a las exportaciones parecían un tema interesante por las reminiscencias del conflicto de 2008 que convoca; pero no hubo acuerdo en la oposición y hasta la otrora gloriosa mesa de enlace está enredada en sus querellas internas y bastante devaluada en su capacidad de movilización. La elección de los haberes jubilatorios es hija de la búsqueda de una arena de conflicto, que atrae a la sociedad, genera expectativas y puede producir simpatías en amplios sectores de la población.

Ni en las plataformas ni en los discursos electorales estaba el tema. Mucho menos aún puede establecerse algún enlace entre la audaz promesa de aumento –todo un viraje general de la política en la materia– y la conducta legislativa previa del Grupo A. Para no hacer un relevamiento muy exhaustivo, alcanza con refrescar la memoria sobre las posiciones asumidas por cada uno de los bloques en ocasión de la discusión sobre la reestatización de los fondos jubilatorios, justamente la decisión que facilitó el fortalecimiento financiero del Estado que se esgrimió y se esgrime como argumento principal a favor de la vetada ley. Radicales, peronistas disidentes y Coalición Cívica no solamente votaron en contra de la iniciativa sino que cerraron filas con los grandes medios de comunicación en el señalamiento de que esa decisión constituía un saqueo a los jubilados. Ahora, las consecuencias exitosas de ese “saqueo” son las que posibilitarían la atractiva medida a favor de ese mismo sector. Coherencia cero.

Un aumento como el que impulsó el Grupo A significa una reasignación de los recursos públicos de extraordinario volumen. Tan partidarios de la deliberación y el consenso como se declaran, los diputados y senadores de la oposición de derecha (y no solamente de derecha) reemplazaron, como es costumbre, toda discusión por una melodía repetitiva y pegadiza: la plata está, hay que dejar de gastarla en los subsidios y en el clientelismo y dársela a los jubilados. Es notable la conexión de este tipo de fórmulas con la vieja retórica antipolítica que tuvo su clímax entre nosotros en 2001. Es la retórica que dice que la plata de los trabajadores y los productores se la lleva la política, equivalente en este registro a manejos espurios, corrupción e inoperancia. Con su habitual elocuencia lo dijo hace poco Biolcati en la Sociedad Rural: “El Estado es un gran depredador”. A esta altura habrá que convenir que la antipolítica es por naturaleza de derecha. Presupone una sociedad transparente y sin conflictos arruinada por la política. Oculta las contradicciones y la complejidad, agita resentimientos y prejuicios. Escamotea la cuestión del poder.

No hubo, pues, discusión. No se hizo precisión alguna sobre las formas de financiamiento. En este punto, resulta conmovedora la reflexión final de Cobos, antes de su nuevo voto contra el gobierno del que forma institucionalmente parte. Dijo el vicepresidente que “ahora tenemos que discutir entre todos cómo lo financiamos”. Una metodología institucional sorprendente: primero sancionamos una ley y después vemos cómo la hacemos viable. No fue un exabrupto producto de la tensión: lo repitió varias veces ante los medios el día siguiente. Esa discusión que proponía Cobos hoy es “cuestión abstracta” porque la ley fue vetada. Pero habría sido muy interesante. Porque en una de ésas habríamos acordado en que el 82 por ciento no era viable pero sí el 67 o el 75. Todavía más, es probable que nos hubiéramos quedado cortos y fuera posible el 82 o el 100,5. Realmente impresionante.

El verdadero objetivo de la oposición fue cumplido. Obligó al veto presidencial en una materia de alta sensibilidad y masiva audiencia social. Medios concentrados y derecha política están convencidos de que el camino de la victoria en 2011 es una sucesión de hechos resonantes que obliguen al Gobierno a pagar costos de popularidad. Hasta ahora la táctica ha tenido un momento de victoria resonante en el episodio agrario del otoño-invierno de 2008, pero no ha logrado plasmarse en todo el período siguiente en la insinuación de ninguna propuesta alternativa. El tiempo se acorta y la presión corporativa se intensifica. La semana pasada fue el “operativo Scioli”, orientado a conseguir una referencia para el peronismo disidente, que no ha logrado dejar de ser una amenaza un poco espectral y busca salir de esa situación con un candidato estrella. En los últimos días, micrófonos y pantallas han vuelto a confluir en el rostro de Cobos. No será fácil reconstruir el aura heroica con que se lo consagró después del voto contra las retenciones móviles. Es nada menos que el intento de forjar una referencia institucionalista y republicana encarnada en un personaje que pretende encabezar la oposición desde la vicepresidencia de la Nación. De convertir en símbolo del consenso a un especialista en la nada consensual práctica del desempate parlamentario.

El tema de las jubilaciones no desaparecerá fácilmente de escena, a menos que nuevos frentes muy intensos de conflicto lo desalojen. El Gobierno ha hecho mucho por los jubilados, particularmente por los que forman parte de la escala más baja. Y tiene herramientas para producir mejoras, especialmente para los sectores de ingresos bajos y medios, que no comporten el desfinanciamiento del Estado ni el ensanchamiento de la brecha de desigualdad que traía consigo la nonata ley. En su caso tiene la tarea de compatibilizar la acumulación político-electoral con la viabilidad presupuestaria. Una tarea que, de por sí, no tiene ninguna oposición en el mundo. Y de la que la oposición de derecha argentina se burla irresponsablemente.

Gran parte de la puja política en la Argentina de estos días está atravesada por la discusión sobre las relaciones entre el Estado y el mercado o, desde otra perspectiva, entre los derechos sociales y la propiedad privada. Es un tema clásico de la teoría política, particularmente desde la revolución industrial hasta aquí. Si algo puede decirse a modo de esquemático balance de esta histórica discusión es que las soluciones simples y extremas han fracasado: ni el estatismo autoritario y burocrático ni la utopía tecnocrática del neoliberalismo han podido resolver la cuestión. Al contrario de la prédica del fin de la historia, en cualquiera de sus versiones, cada situación histórica pone esta relación bajo una nueva perspectiva.

¿Desde qué perspectiva afrontamos el debate en la Argentina? Nadie puede negar la influencia central de la catástrofe socioeconómica e institucional de fines de 2001 en la forma que adquiere la controversia. Para algunos, la crisis fue una crisis de mala administración, de déficit de aptitud técnica para manejar los tiempos de la salida de la convertibilidad. En la misma clave pero con otro fraseo, se dice también que el gasto público incontrolado provocó la crisis fiscal y que con gobiernos más austeros y menos corruptos hubiera podido evitarse. Lo que envuelve esta manera de mirar las cosas es su común denominador antipolítico y tecnocrático, la creencia de que la política no es racionalización de conflictos de intereses sino pura gestión. La verdad es que no le ha ido bien en estos tiempos a esta interpretación: el derrumbe argentino no fue el último y desde 2008 asistimos a un tramo particularmente inestable y crítico de la economía mundial, con epicentro en Estados Unidos y con episodios turbulentos en varios países de la Unión Europea, hasta ayer presentados como ejemplo exitoso de la globalización hegemonizada por el capital financiero. El debate teórico-político sobre la crisis está mostrando cada vez más sus raíces en el agotamiento de un modelo de desarrollo centrado en la especulación financiera, crecientemente desvinculada de la producción y ajena a todo patrón distributivo medianamente viable.

Cada vez está más claro que nuestra crisis fue un jalón del proceso crítico del capitalismo globalizado. Que no fue un desperfecto técnico ni una tormenta pasajera. En estos tiempos, no es fácil, como era en la década del noventa, presentar como novedosa panacea el retiro del Estado, la plena libertad de los mercados y sostener que la pérdida masiva de empleos y la precarización del trabajo son pasajes dolorosos pero necesarios hacia el mundo feliz del neoliberalismo. La derecha, que de ella estamos hablando, se empeña en desplazar los términos de la discusión. No hay –dice– derechas e izquierdas. Hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Gobiernos corruptos y gobiernos virtuosos. Buena y mala administración.

Sin embargo, se puede, sin mucho esfuerzo, apreciar que las cuestiones del Estado y el mercado, de la propiedad y sus límites están implícitas en cada una de las batallas políticas centrales del último período. Cuando se trata la ley de pasaje de los fondos jubilatorios al Estado, escondidos detrás de la gritería sobre la “caja” y el “saqueo”, no era difícil encontrar los mismos argumentos que acompañaron el programa de los años noventa. Con la misma argumentación acerca del supuesto uso oscuro que haría el Gobierno de esos fondos, se hubiera podido sostener la negación al pago de impuestos, lo que de hecho sugirió el notable escritor Marcos Aguinis. De hecho, de la dificultad para defender a las fraudulentas AFJP se llegó al intento de movilizar a sus empleados en defensa de la fuente de trabajo. Biolcati lo diría sin eufemismos en uno de los encuentros anuales de la Sociedad Rural: el Estado es un depredador insaciable. Lo dijo con elogiable sinceridad, no se escudó en ningún gobierno circunstancial, dijo “el Estado”.

En el debate de las retenciones móviles en el Senado de la Nación ya había habido varios precedentes de este tipo de argumentos. Allí se sostuvo que había que liberar el “campo” de las retenciones para que creciera exponencialmente la “torta” de la riqueza nacional. Después habría llegado el momento del reparto entre quienes no se hubieran llenado los bolsillos de plata y siguieran siendo pobres. Con la discusión de la ley de medios, el debate alcanzó mayor sofisticación. La cuestión de los límites a la apropiación monopólica de los medios fue prolijamente desplazada por la de la libertad de prensa. Se utilizó a la audiencia de rehén en la puja, sobre la base de sembrar el miedo a la desaparición de determinados programas o canales. No es una casualidad que esta ley –aprobada pero sistemáticamente estorbada en su aplicación por jueces solícitos a los intereses de las grandes empresas del sector– provoque las tensiones que provoca. La regulación de los medios es un punto de cruce entre la esfera del mercado y la del uso de la palabra, ambas vitales para la democracia. El monopolio de la palabra no es solamente una situación inicua en términos económicos, es además una amenaza para la vigencia de la democracia, cualquiera de cuyas definiciones, hasta las más liberales, sitúa en un primer plano la pluralidad de la información. Algunos entusiastas de la etimología recusan el uso de la palabra monopolio porque, sostienen, monopolio significa uno solo. Entonces, para que haya monopolio no debe haber ningún otro proveedor de la mercancía en cuestión. Con esa definición no habría monopolios en el mundo, ni se justificarían las leyes antitrust que rigen en muchos países. La etimología, decía Borges, sirve para saber lo que las palabras ya no significan.

Y así como para algunos la ley de medios nos acerca a la situación de Venezuela, el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias empresariales nos convertiría en cofrades del régimen cubano. ¿Hace falta decir que esta fraseología no solamente es de derecha sino que lo es de una variante que huele a naftalina? ¿A ninguno de los analistas del establishment mediático se le ha ocurrido preguntarle al señor empresario Méndez, que repite impertérrito ese sonsonete, si piensa que el artículo 14 bis de la Constitución es comunista y totalitario?

Sería largo repasar todo el temario del debate. Incluiría la discusión sobre el estatus del Banco Central y la pretensión de su autonomía respecto de las autoridades ejecutivas del Estado, las denuncias sobre la trama civil empresarial que sostuvo a la dictadura y muchos otros frentes conflictivos de estos años. Lo que aquí se pretende es sugerir una mirada cuidadosa de lo que se está discutiendo y definiendo en estos días en nuestro país. Porque quien logre instalar hegemónicamente su interpretación sobre la naturaleza del debate tendrá prácticamente asegurado un duradero triunfo. Hemos terminado catastróficamente y salido penosamente de un largo ciclo de fundamentalismo neoliberal. Estamos ante la opción entre sostener esa salida, revisarla y mejorarla en todos sus aspectos o entrar en un nuevo ciclo de derecha presentado con un nuevo decorado discursivo.

Elisa Carrió es el símbolo de una etapa política argentina. La que empieza a insinuarse con el escándalo de los sobornos en el Senado para aprobar la más regresiva ley laboral de nuestra historia y la consecuente renuncia de Chacho Alvarez a la vicepresidencia del gobierno de la Alianza. En octubre de 2001 la ciudadanía expresaría en las urnas su repudio al rumbo asumido por el gobierno de De la Rúa y dos meses más tarde, en las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre, las manifestaciones populares sellarían en las calles el fin de esa experiencia política.

Aunque las escenas de aquel incendio social parezcan hoy lejanas en el tiempo, vivimos políticamente bajo la influencia que proyecta esa experiencia. En algún sentido, podemos pensar que la elección del año próximo podría estar señalando la desembocadura de ese ciclo de la política argentina. Se juega, en los meses que nos separan de esos comicios, si la política puede escaparse definitivamente de la jaula de hierro del sentido común cualunquista y antipolítico sistemáticamente construido por los grandes medios de comunicación o seguirá aceptando esas reglas de juego y reduciéndose a la condición de administradora de intereses y proyectos que se incuban fuera de las instituciones democráticas.

Si la renuncia de la jefa de la Coalición Cívica al Acuerdo Cívico y Social (se supone, aunque no está claro, que es el partido y no solamente su líder el que renuncia) se inscribe en esa perspectiva, el acto adquiere una significación muy especial. La estrella central de un modo personalizado y mediatizado de hacer política parece estar llegando a su ocaso. Y ese ocaso podría estar señalando también los límites insalvables de la acción política exclusivamente centrada en la video-seducción, carente de entramados colectivos y de sustentos ideológicos. Si Carrió, como todo hace prever, avanza en la dirección del aislamiento y la irrelevancia, será tal vez el golpe más duro para toda una matriz política: la de lo que el investigador italiano Mauro Calise llamó “partidos personales”, séquitos cambiantes que acompañan la casi siempre frágil y fugaz fortuna mediática de sus jefes.

La historia de la emergencia, el cenit y el tendencial ocaso de Carrió es, de algún modo, la historia del mencionado derrumbe político argentino. Rápidamente comprendió la naturaleza raigal de la brecha de confianza abierta entre la sociedad y la política en los últimos meses de 2001. Construyó, a partir de esa comprensión, un atractivo relato que, en ese entonces, combinaba la denuncia moral contra la clase política en su conjunto con el señalamiento de la funcionalidad de esa crisis moral para los proyectos políticos de sectores privilegiados, nacionales y extranjeros. En la tradición yrigoyenista, el término clave del relato era el “régimen”. El régimen eran los dirigentes políticos venales y era también un proyecto de exclusión social y postergación nacional.

Ese discurso convirtió a Carrió en la heredera de la centroizquierda republicana que había expresado el Frepaso en los años noventa. A su alrededor se nucleó una importante cantidad de dirigentes de ese origen, que habían soltado amarras con la experiencia de la Alianza, cuando ésta apareció nítidamente como una continuación vergonzante del proyecto menemista. El escenario de aquellos días era muy propicio para la penetración del discurso refundacional desarrollado en clave ética: las crisis como las de entonces llevan a las sociedades a profundas interrogaciones sobre su historia y sobre su futuro; las viejas explicaciones y las viejas retóricas son arrastradas por el vendaval de los acontecimientos. La consigna “que se vayan todos” había encarnado en planteos políticos de máxima radicalidad, provenientes, muchos de ellos, de sectores políticos e intelectuales, habitualmente caracterizados por su moderación y su prudencia.

La etapa moral-centroizquierdista de Carrió abarcó el período que va desde fines de 2001 a la elección de mayo de 2003, aunque formalmente se mantuviera un tiempo más, en los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, al que apoyó en la finalmente nonata segunda vuelta de esa elección, con la fundamentación de que el líder santacruceño era “lo mejor del régimen”. El paulatino viraje de la líder de lo que entonces era el ARI tuvo como telón de fondo la necesidad de diferenciación respecto de la agenda de la primera etapa kirchnerista. Derechas e izquierdas, pasó a sostener, son cuestiones del pasado que hoy se agitan demagógicamente. Lo que hacía falta, según esta nueva portada “preideológica” era un “contrato moral” que agrupara a los adversarios del “régimen”, de cuya definición dejaron de formar parte los componentes específicamente políticos. Su partido, mientras tanto, nunca dejó de ser personal. Carrió era (y es) la ideología, la imagen, la estrategia y la táctica de cualquier espacio que la reconozca como referente. No es difícil de entender: si el crecimiento del “partido” se reduce a la suerte de su liderazgo, ¿cuál será el espacio de crítica y rectificación colectiva que pueda surgir de su interior? Cualquier debate puede clausurarse con la amenaza del líder de irse del partido. Así, fue muy escaso el eco alcanzado por la disidencia del ARI, encarnada por varios ex dirigentes del Frepaso; el partido personal –es decir su líder– ya había decidido convertirse en la vedette política de la oposición de derecha, lo que no hizo sino profundizarse desde entonces. Dicho sea de paso, los supuestos debates que hoy tendrían lugar en la Coalición Cívica a partir de la ruptura de su jefa con el agrupamiento panradical no tendrán ninguna consecuencia política relevante; ninguno de quienes puedan promover la discusión cuenta con recurso alguno para modificar las decisiones y solamente le queda a cada uno la alternativa de buscar otras aguas para su navegación política.

Todo indica que el portazo de Carrió no fue inesperado para los cálculos de la cúpula radical; más bien se lo fue induciendo a fuerza de desplazamientos y ninguneos. Razonablemente, los dirigentes radicales consideran que los votos que pudiera sumarles la diputada para la elección de 2011 no compensan el costo de una convivencia virtualmente imposible. Ante cada giro de la situación, el Acuerdo Cívico y Social tiene que lidiar con las iniciativas del Gobierno y, al mismo tiempo, con una “aliada” autoerigida en tribunal moral del partido, pronta a denunciar cualquier gesto que a ella le parezca una claudicación ética. Hace rato que en la UCR se está tomando nota del cambio en el humor político de la sociedad que, visiblemente, ya no es el de los afiebrados días de la protesta agraria de 2008, ni el de los coletazos de la crisis mundial en 2009. La idea de seguir haciendo política, hacia 2011, con el tono y las consignas de entonces –que hoy siguen siendo las de Carrió y los oligopolios mediáticos– ha dejado de ser una estrategia recomendable. Es cierto que los humores políticos son muy cambiantes entre nosotros; pero los radicales no creen que la exaltación apasionada y la guerra sin cuartel sean su elemento. Saben que la ciudadanía puede más fácilmente buscar al radicalismo para que gobierne, cuando se siente estabilizada en sus avances, que cuando hay que poner orden en el caos.

Lo previsible es que Carrió y las personas que decidan seguir acompañándola doblarán indefinidamente la apuesta de la rabia antikirchnerista incondicional. A diferencia de 2007, los opositores no sienten que estén jugando necesariamente por la “medalla de plata” sino que aspiran, cada agrupamiento por separado, a ganar el gobierno. Los electores opuestos al Gobierno no buscarán –es de prever– alguien que exprese su indignación, sino alguien que pueda ganar y gobernar. Es probable que a la Coalición Cívica no la esté esperando un muy buen desempeño electoral. ¿Puede volver Carrió sobre sus pasos? Difícilmente el radicalismo la ayude con mucho más que con gestos afectuosos y políticamente correctos.

¿Qué quiere decir monseñor Bergoglio cada vez que, rodeado por las principales figuras de la oposición (la última fue hace poco más de un mes en la Universidad del Salvador) exhorta al “diálogo sincero” y a “dejar de lado la confrontación entre diferentes sectores de la sociedad”? No es de menor importancia la dilucidación de este enigma porque el jefe católico se ha convertido durante el último período en el gran articulador político de los principales dirigentes de la oposición de derecha.

No éramos pocos los que sospechábamos que detrás del enunciado conciliador se escondía la intención de sacar de la agenda política todos los puntos que comprometieran intereses y valores de los sectores más poderosos de nuestra sociedad. Sin embargo, en la etapa política que siguió a la larga saga de la protesta agraria pareció que el reclamo de una política más moderada y menos “crispada” se convertía, ayudada por visibles torpezas del Gobierno, en una tendencia irrefrenablemente mayoritaria en la sociedad argentina. Poco a poco se fue insinuando un curioso clivaje político que diferenciaba a “dialoguistas” y “polarizadores” y dejaba en suspenso toda discusión sobre el contenido de las políticas, o, dicho más directamente, toda discusión realmente política.

Ya se sabe que ese curso entró en crisis. Para sintetizar la naturaleza de esa crisis, habría que decir que es una crisis de proyecto alternativo. El diálogo no puede ser, en sí mismo, un proyecto alternativo y eso es lo que está en el fondo del apreciable declive de las figuras más emblemáticas de aquella ofensiva antigubernamental, la principal de ellas el vicepresidente Cobos. A la hora de los enunciados políticos, la constelación opositora fluctúa entre un progresismo declamativo y autocontradictorio (como el que sustenta el reclamo del 82 por ciento móvil en combinación con la baja de las retenciones a las exportaciones agrarias) y la agitación de denuncias previamente publicadas en las portadas de los principales diarios. Escaso material para sustentar una promesa política que justifique la apuesta al cambio en una etapa social y económicamente bastante favorable.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo no parecía, en principio, destinado a encrespar las aguas políticas en el país, aunque era lógico esperar una considerable resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, en las últimas semanas previas al tratamiento en el Senado, después de su aprobación en Diputados, asistimos a un brusco cambio del lenguaje de la discusión, a una dramatización existencial de la cuestión. Curiosamente, en la sesión reciente del Senado, algunos opositores atribuyeron el cambio de clima a la voluntad confrontativa de Cristina y Néstor Kirchner y reclamaron la necesidad de discutir temas tan agudos en un marco de “paz y concordia”.

Veamos ahora qué dijo el cardenal Bergoglio, máxima autoridad del catolicismo argentino, unos días antes de la decisiva sesión del Senado, en una carta dirigida a las monjas carmelitas que alcanzó una enorme difusión. “No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el Espíritu de Verdad”... “Recordémosles (a los senadores) lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: ‘esta guerra no es vuestra sino de Dios’. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios.”

La verdad es que el documento tiene un alto valor como revelación del verdadero perfil del líder eclesiástico y pone negro sobre blanco el significado de las frases rituales que convocan al diálogo y la moderación. Porque en este caso, como en muchos otros, las iniciativas legales que despertaron radicales enconos en ciertos sectores de la sociedad fueron impulsadas en el contexto de un amplio debate público; es difícil, por ejemplo, mencionar una ley que haya sido tan profundamente discutida dentro y fuera del Congreso, como la que regula los medios audiovisuales. Cuando se habla de “no producir confrontaciones”, debe leerse que se trata de que la política no se meta con instituciones y prácticas que constituyen una añeja trama de dominio económico, social, político y espiritual en nuestro país. Se trata, en fin, de derrotar y escarmentar definitivamente el intento de poner en el espacio de debate público aquellas cuestiones que no pueden ser discutidas porque conforman algo así como la esencia de la nacionalidad. Ni grandes grupos económicos, ni militares, ni sacerdotes –entre otros grupos– pueden ser alcanzados por otra justicia y por otra legislación que no sea la que rige sus propias corporaciones. Aunque sea un minuto, para no alterar nuestros nervios, podemos escucharlo a Videla reivindicando que es la justicia militar la que lo pudo haber juzgado en su momento. O a la cúpula católica haciendo un sonoro silencio respecto de los funcionarios de la institución complicados en los crímenes de la dictadura, o en los más recientes delitos de pedofilia. O a los grandes empresarios mediáticos afirmando que la mejor ley de medios es la que no existe, porque cualquier regulación ataca a la “libertad de prensa”.

Es un hecho muy relevante para nuestra democracia que la incendiaria retórica del cardenal no haya tenido ecos en la discusión del Senado. Nadie asumió de modo explícito el magisterio eclesial sobre una materia civil como es la legislación sobre el matrimonio. Nadie exorcizó demonios ni amenazó con castigos bíblicos; hasta los más conservadores esgrimieron argumentos sociológicos y jurídicos y no rompieron en ningún momento el principio de la racionalidad política. La cúpula eclesiástica perdió dos veces: por el resultado de la votación y por la casi nula presencia virtual de sus argumentos en el debate. Su influencia fue un poco fantasmal; estuvo más presente en los alegatos de fidelidad católica de muchos senadores que votaron a favor que en los argumentos de quienes votaron en contra.

La Iglesia Católica defiende un monopolio del poder sobre las almas que claramente ya no tiene. La sociedad argentina ha vivido décadas de secularización y ha visto crecer formas populares de religiosidad crecidas en los intersticios que deja el catolicismo. Miles de católicos desarrollan formas nobles y generosas de militancia social sin necesidad de compartir visiones ultramontanas del mundo. Vivimos un punto de inflexión de un ciclo largo de centralidad política de la Iglesia Católica, cimentado en la década del 30 del siglo XX, a partir de una política de influencia en el Estado, urdida a partir del entrelazamiento con el Ejército. Fue entonces donde nació el mito de la preexistencia de la Iglesia y Ejército a la nación misma. No hace falta decir nada sobre las consecuencias de ese mito para la democracia argentina; basta recordar el papel de las principales autoridades de la Iglesia Católica en la preparación del clima social que facilitó el golpe de marzo de 1976 y cuál fue el lugar que ocupó la institución en los años de barbarie que siguieron.

El miércoles pasado se terminó de escribir una página histórica para la democracia argentina, al completarse la aprobación del proyecto originalmente impulsado por Vilma Ibarra y Silvia Augsburger. Somos, desde ese día, una sociedad más libre y más igualitaria. Y fue además un paso decisivo en la puja de la política democrática por ensanchar su autonomía respecto de los poderes fácticos. Cada vez está más claro que ésa es la cuestión que está en el centro de la disputa en esta etapa política.

La existencia de un nuevo clima de opinión política es un hecho innegable. Con frecuencia se habla de ese cambio desde la perspectiva de un mejoramiento de las expectativas sociales, muy asociado a la superación de los efectos de la crisis mundial en la economía nacional y al consecuente avance en la producción, el empleo y el consumo, así como de un grado de recuperación de la imagen del Gobierno en la opinión pública. Se trata de datos muy relevantes cuando falta poco más de un año para la elección presidencial. Sin embargo, es posible que el cambio de clima incluya elementos menos coyunturales y más vinculados a procesos políticos de más largo aliento.

Podríamos estar en presencia del principio de una crisis de una matriz de acción política. Desde la crisis de 2001 en adelante se profundizó en el país un proceso de vaciamiento de las instituciones políticas formales y de aumento desmesurado del peso de agencias externas al sistema político, muy particularmente de los medios masivos de comunicación. El fenómeno de la mediatización de la política no es una exclusividad argentina sino un fenómeno que atraviesa el mundo, en correspondencia con profundos cambios sociales y culturales cuyo aspecto central es el de la erosión de las grandes identidades masivas y el desarrollo de conductas y preferencias políticas signadas por el individualismo. No es tampoco nuevo ni argentino el desarrollo de los “partidos personales”, que giran en torno de liderazgos establecidos sin mediaciones partidarias a través, en lo fundamental, del desempeño televisivo. Esta metamorfosis afecta a partidos políticos altamente institucionalizados y fuertemente implantados en sus bases sociales en todo el mundo.

La especificidad argentina consiste en la radicalidad alcanzada por la brecha de confianza entre política y sociedad en los tiempos del colapso de la convertibilidad y la caída del gobierno de la Alianza. La credibilidad política se convirtió desde entonces en un bien extraordinariamente escaso. Fueron los medios de comunicación masivos los que incrementaron en esas condiciones su capital de confianza social. Flexibles y pragmáticas, las conducciones mediáticas pudieron pasar, casi sin solución de continuidad, de la celebración entusiasta del “modelo” vigente en la década del ’90 a la indignación por sus catastróficos resultados, acompañando así el humor igualmente cambiante de las clases medias.

La política quedó progresivamente aprisionada a la agenda, la lógica y los tiempos de los grandes medios. En los últimos años ya no se trata tanto de la utilización de los medios para seducir a la opinión pública, como del alineamiento automático de buena parte de la oposición con los intereses empresarios mediáticos, orientado a recibir el apoyo necesario para su proyección política. Hemos visto así a dirigentes radicales despotricar contra la ley de estatización de las jubilaciones, contrariando toda la tradición partidaria en la materia. A Carrió doblando la apuesta hasta el infinito, al punto de manifestarse abiertamente en la defensa de los grupos mediáticos concentrados contra un proyecto de ley en cuya elaboración participaron muchos de quienes formaron parte de su agrupación política. Los juicios contra el terrorismo de Estado, la ley de medios, el proceso relacionado con la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina de Noble, el uso de reservas del Banco Central, en fin, cualquier tema pasó a ser pensado por una parte de la oposición con la cabeza de los gerentes de los medios y en la perspectiva de la defensa de sus intereses.

En el corazón de este cambio de clima político, casi unánimemente reconocido, está el debilitamiento de la credibilidad mediática. La conducción del grupo Clarín ha asumido el enfrentamiento con el Gobierno bajo la forma de una guerra sin cuartel en la que progresivamente se han ido abandonando las reglas más elementales de la objetividad y la calidad periodística. Ha decidido descender al barro del enfrentamiento directo y sin concesiones ni negociaciones; no puede extrañar que esa estrategia haya desembocado en la conversión de sus productos en instrumentos propagandísticos, más eficaces en su capacidad de expresión de los sectores más hostiles al Gobierno que en la persuasión de quienes no están embanderados en esas posiciones.

Junto con la credibilidad se va deteriorando la expectativa de los beneficios que pueden conseguirse del alineamiento incondicional con las líneas editoriales de los grandes medios. El reciente fallo de la Corte que revocó la medida cautelar contra la ley de medios audiovisuales marca un momento cardinal de esta tendencia. Cebado por el clima de impunidad social y jurídica para cualquier impulso antigubernamental que llegó a reinar en el país, el diputado mendocino Enrique Thomas no dudó en presentarse como damnificado en su condición de legislador y de ciudadano por una ley que afectaba los intereses de quienes ostentan posiciones dominantes en el negocio de la comunicación. La Corte no solamente invalidó la medida cautelar, sino que fulminó en términos contundentes una práctica política orientada a convertir a los tribunales de justicia en trincheras desestabilizadoras y de defensa de poderosas corporaciones económicas. Ahora queda claro que un legislador “afectado” por la aprobación de una ley en el cuerpo al que pertenece corre el riesgo de sufrir el peor de los daños que acechan a un político, el del ridículo.

Las figuras estelares de la política mediática sufren las consecuencias de esta crisis de credibilidad. Cobos, convertido por los medios en la gran esperanza de la Argentina de los consensos y del diálogo, ha cosechado una significativa derrota en la interna radical bonaerense y otro traspié en Neuquén; su camino luce menos lineal que hace un tiempo. Carrió, tal vez la más astuta y desprejuiciada de los cultores de la matriz política mediático-dependiente, aparece hoy resignada a un segundo plano en la batalla de la periferia panradical. A Macri parece no alcanzarle con la pura condescendencia comunicativa para sortear sus enredos políticos y judiciales. Y así podría seguirse con la espera desesperada de la crisis y la diáspora peronista y la ilusión “renovadora” puesta en el ex presidente Duhalde.

Junto con la credibilidad de los grandes medios disminuye también el temor a sus represalias. Ese temor que se expresaba en la frase “con dos tapas de Clarín puede caer un gobierno” y que abarca a buena parte de la dirigencia política, incluido el segmento que se autodefine como “progresista”. Si estamos ante una crisis de la sujeción de la política a los intereses de las empresas mediáticas, eso no debe confundirse con la desaparición de esa matriz. Lo comprueba dramáticamente la entusiasta participación de algunos diputados, en el show montado por Clarín en torno de las declaraciones de Sadous en la Cámara de Diputados a propósito de las denuncias de coimas en el comercio entre Venezuela y nuestro país. Es probable que asistamos a un proceso de diferenciación entre quienes decidan seguir apostando todas sus cartas a la complacencia mediática y quienes se sientan incentivados a abrir paso a una progresiva autonomía de la política respecto de los poderes corporativos. En todo caso, esa autonomía tiene para la democracia un valor estratégico superior a la suerte de un gobierno y al resultado de una elección.

Cierto estado de desconcierto y de impaciencia recorre el mundo de la oposición mediático-política. Los cálculos veraniegos auguraban que a esta altura del año el Gobierno habría entrado en su definitivo colapso, abrumado por las derrotas parlamentarias, desfinanciado y privado de herramientas esenciales para pilotear la economía. No era Mercedes Marcó del Pont la presidente del Banco Central que se preveía para esta altura del año. En la mesa de arena de la derecha no figuraba la decisión de la refinanciación de las deudas de las provincias ni el avance del desendeudamiento, obturado por la descontada anulación de los DNU que disponían el uso a esos efectos de una parte reducida de las reservas acumuladas en el Banco Central. La imagen de la presidenta argentina representando a América latina en el encuentro con la Unión Europea, ante la presencia de Néstor Kirchner como autoridad principal de la Unasur, no entraba ni en las peores pesadillas de quienes pasean por el mundo predicando el “aislamiento argentino”.

Esta derivación de la situación influye en cada uno de los acontecimientos. Los asesores publicitarios de Mauricio Macri, por ejemplo, hacen bien en recomendarle al jefe de Gobierno que instale su respuesta mediática a la crisis político-judicial en la que está envuelto en términos de ataque furioso al gobierno nacional. Si el tema deja de ser la supuesta conspiración kirchnerista y el espacio es ocupado por la sucesión de hechos políticos que desembocaron en su procesamiento, el panorama se oscurece inevitablemente para el político-empresario. La tarea de demostrar que no tiene nada que ver con un operativo de espionaje telefónico en el que está involucrado el comisario que él designó para encabezar la Policía Metropolitana y también su padre (de Mauricio), quien reconoce haber contratado los servicios de espionaje para perjudicar a su yerno, parece bastante complicada. Lo mejor, entonces, es politizar el caso, colocarse en el lugar del acusador y especular con el antikirchnerismo en el que está seguro de ser acompañado por los principales medios de comunicación.

Pero, claro, el cambio de la situación no lo ayuda. Una cosa es sentar en el banquillo de los acusados a un gobierno en el pico de su desgaste y aislamiento y otra es hacerlo en tiempos que hasta sus adversarios más enconados reconocen como de un grado importante de recuperación. Macri está posicionalmente obligado a asumir el papel de halcón, cuando buena parte de la oposición política parece advertir que el juego del rechazo sistemático al Gobierno alcanzó su límite y es necesario abandonarlo, por lo menos provisoriamente. En tiempos de Bicentenario, mundial de fútbol en ciernes y economía creciendo a más del 5 por ciento anual, los llamados a la desobediencia civil no prosperan fácilmente.

Macri cuenta con tres elementos principales a su favor. Los medios de comunicación dominantes lo apoyan; su expectativa electoral sigue siendo relativamente importante y cuenta con un bloque legislativo que lo ampara de la posibilidad de un juicio político. Pero ninguno de esos factores será inmune a la eventual complicación que pueda surgir de los elementos probatorios de la causa. Si se produjera esa complicación, no tardaría en debilitar su imagen pública y, en esas condiciones, ni la fidelidad de las empresas mediáticas ni la de su tropa parlamentaria podrían considerarse datos duros e inmodificables. En esa hipótesis, la suerte de Macri pasaría a depender del curso de la lucha política general: concretamente de la posibilidad de la oposición de someter al Gobierno a un vendaval político de las proporciones que tuvo la disputa en torno de las retenciones móviles. Por eso, Macri no puede volver a su inocente discurso consensualista y tecnocrático, está estructuralmente obligado a ocupar un rol de contestación antigubernamental extremo. Hasta ahora el Gobierno no le ha facilitado la tarea de autovictimización.

La dura situación de Macri, en el contexto de la estabilización política del Gobierno, acentúa el interrogante por el futuro de la oposición. Si el juego del rechazo sistemático comporta el riesgo de la pérdida de credibilidad pública, el terreno de la construcción de algún grado de unidad orgánica de la oposición se vuelve resbaladizo. ¿Por qué la oposición luce tan débil y desorientada después de un resultado electoral genéricamente tan favorable como el de junio de 2009? Hay una respuesta fácil que no por eso deja de ser plausible: no les conviene la unidad porque cada uno de los líderes está pensando en su propia candidatura para las presidenciales del año que viene. Es así. Pero hay una cuestión un poco más profunda que condiciona la debilidad de la oposición. Podríamos llamarla la imposibilidad de pasar de la contestación puntual y episódica a un planteo consistente sobre el país al que se aspira. De un modo un poco más sofisticado, podría hablarse de los problemas para construir una hegemonía alternativa. Es decir, la posibilidad de identificar los intereses de un sector social y político con el bien del conjunto. El punto más alto alcanzado en ese sentido fue el conflicto con las cámaras de productores agrarios. En medio de un gigantesco alboroto mediático, surgieron voces que insinuaron un proyecto político: el de abrir paso a un modelo económico estrictamente centrado en la producción sojera y en el valor agregado que pudiera estructurarse a su alrededor. De modo que había que dejar de “castigar al campo” y a las provincias más prósperas, abandonar el asistencialismo social y apostar al derrame social hacia abajo de la prosperidad agraria.

No es imposible el triunfo de un proyecto de esa naturaleza. Después de todo, fue ése el ambiente de época en el que el país celebró su primer centenario hoy tan añorado por algunos ante tanta división y “crispación” social. Pero el avance de ese proyecto demanda una precondición: una crisis devastadora que derrumbe al “viejo régimen”. De hecho ése es el sueño de los que profetizan tiempos de hiperinflación. Nadie puede olvidar que el más ambicioso y exitoso programa de reestructuración neoliberal en la Argentina necesitó del prólogo del incendio hiperinflacionario de 1989. Ahora bien, predicar ese escenario para el futuro próximo no es lo que se dice simpático en términos de opinión pública. Mucho menos lo es aparecer fogoneando las condiciones de una crisis. Y peor aún frente a las imágenes de una crisis europea que tiene mucho parecido de familia con la descomposición de nuestro “mundo feliz” neoliberal acaecida a comienzos de este siglo. Hacer causa común con los fondos buitres en momentos en que el país renegocia la deuda remanente, apostar a la desfinanciación del Estado nacional, fomentar el clima inflacionario con ocultamientos y mentiras es una estrategia políticamente riesgosa. No tanto para ciertos columnistas y sus patrones, aunque hay que reconocer que ponen en juego –y pierden– parte de su alicaída credibilidad. Pero lo es mucho más para políticos que aspiran al voto popular. Por eso asistimos a una curiosa saga: los comunicadores del establishment piden más energía a los políticos de la oposición y éstos se niegan a inmolarse en el altar del interés de los grandes grupos concentrados.

El panorama muestra, entonces, a un Gobierno con muchas dificultades para recuperar una masa crítica de apoyos que le permita luchar por su continuidad después de 2011 y una oposición que no conforma un proyecto orgánico alternativo. En caso de persistir esta situación, el tipo de régimen electoral argentino deja lugar a dos hipótesis: un gobierno triunfante ante una oposición mayoritaria pero fragmentada o una juntura circunstancial de esos fragmentos que logra imponerse en la segunda vuelta. Pero la política argentina es cualquier cosa menos una imagen congelada.