Página#12 Libre

El Gobierno modificó mediante un decreto de necesidad y urgencia, que saldrá publicado hoy en el Boletín Oficial, una disposición clave que figuraba en la ley que estatizó el sistema previsional. La norma ahora reformulada establecía un tope del cinco por ciento en la representación estatal en los directorios de las empresas donde el sector público posee una cuota del capital social, por lo que el Gobierno estaba muy limitado en la designación de representantes en aquellas firmas. La medida que adelantó ayer el ministro de Economía, Amado Boudou, elimina ese tope, de manera que la nueva participación estatal en el directorio de las compañías será proporcional al peso del Estado en el paquete accionario de las empresas. La medida refuerza el control público en muchas firmas que se dedican a actividades estratégicas para la economía, como servicios públicos, intermediación financiera, productos alimenticios y energéticas. El Estado podrá designar entre tres y cinco representantes en las empresas donde tiene mayor peso accionario. Desde el sector empresario auguran que la modificación va a ser judicializada por las compañías.

La eliminación del sistema de jubilación privada en 2008 no sólo terminó con un negocio millonario para las AFJP, permitió recomponer el sistema previsional con una cobertura casi total y ampliar las asignaciones familiares a través de la Asignación Universal por Hijo. También recuperó para el Estado un importante stock de ahorro con potencialidad para dirigir el proceso inversor de la economía, con lo que se constituyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). De los más de 180 mil millones de pesos que componen el FGS, más de 21 mil millones está invertido en acciones de sociedades anónimas y 424 millones en empresas privatizadas. Esos títulos eran propiedad de las AFJP y luego pasaron a manos del Estado.

El marco normativo del sistema de AFJP limitó al 5 por ciento la participación de las compañías de jubilación privada en el derecho a voto en el directorio de las empresas en las cuales se invertía. La Ley 26.425, que eliminó el sistema privado, dispuso expresamente que seguían vigentes las limitaciones en el derecho a voto. Fue un punto que el Gobierno cedió como parte de la negociación vinculada con la estatización.

Con el decreto 441 de necesidad y urgencia que saldrá publicado hoy en el Boletín Oficial, el Estado recupera para sí la representación en el órgano de decisiones de unas 42 empresas donde están invertidos los fondos previsionales. En muchos casos esas compañías ocupan espacios centrales en la economía argentina. La mayor participación estatal está en Banco Macro (30,9 por ciento), seguido por SA San Miguel (27), Gas Natural BAN (26,6), Consultatio (26,6), Edenor (26,4), Distribuidora Gas Cuyana (26,1), Siderar (26), Telecom (25) y Transportadora Gas del Sur (23,1 por ciento). El Estado posee el 9 por ciento del Grupo Clarín.

“El Estado podrá ejercer los derechos políticos en relación con la participación accionaria. Esto permite defender adecuadamente los fondos de los trabajadores”, indicó el ministro de Economía, Amado Boudou, quien explicó que se utilizó un DNU para que los nuevos directores se incorporen rápidamente antes del comienzo de las asambleas de accionistas. En unas veinte empresas el Estado ya tenía un director. En los casos que corresponda, esa representación se ampliará. Hay otras empresas como la petroquímica Solvay Indupa, Molinos, la mayor parte de los bancos y el Grupo Clarín, que en su momento se negaron a aceptar la participación estatal; allí el cambio será más resistido. En la poderosa Siderar al Estado ahora le corresponderán tres votos sobre once.

La participación en los directorios le permite al Estado incidir en, por ejemplo, la política de distribución de dividendos, la aprobación de estados contables o decisiones de inversión. Son cuestiones que atañen al desarrollo económico nacional y también al propio sistema previsional, porque empresas como Clarín y Emdersa (holding de distribuidoras eléctricas del noroeste) no distribuyen dividendos, lo que impacta de forma negativa sobre los activos de la Anses. La capacidad de influir en la decisión de las empresas guarda relación con la forma en que se reparte la otra parte del paquete accionario. Por ejemplo, a mayor dispersión en la propiedad privada, mayor peso podría tener el Estado.

La compra de acciones de empresas por parte de las AFJP constituyó otra parte del negocio privado con fondos de los trabajadores y jubilados, ya que la adquisición de esos activos permitían a las firmas emisoras fondearse con recursos previsionales. Si bien la Anses mantiene esas inversiones, ahora lo hace ejerciendo el control que le corresponde en el directorio de la compañía. Esto le brinda más herramientas al Estado para regular la actividad privada en favor de un modelo de desarrollo diferente del de los años ’90, cuando fue concebido el sistema previsional anterior.

“La Argentina ha sido puesta como una referencia por la Organización Internacional del Trabajo por como utilizó las instituciones del mercado de trabajo para sobrellevar el impacto de la crisis internacional. Esas instituciones en los ’90 eran demonizadas y catalogadas como obstáculos, pero a nosotros nos permitió evitar el impacto de la crisis sobre el empleo”, manifestó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Fue en el cierre del seminario de integración económica y financiera para los países de la Unasur organizado por la CNV, el Cemop y el Cefid-Ar.

También participaron del panel Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la Cepal; Martin Khor, economista malayo del South Centre-Suiza, y el ecuatoriano Pedro Páez. Los especialistas debatieron sobre el rol de los foros internacionales y la necesidad de que los países periféricos incrementen su representación allí e impongan agenda.

Los disertantes coincidieron en el diagnóstico general de la coyuntura global: a pesar de que la crisis puso al descubierto las nefastas consecuencias de un sistema económico regresivo, que se centra en la especulación financiera para mantener el nivel de ganancias, los países centrales vuelven a presionar para profundizar las condiciones que dieron origen al último descalabro. “La financierización en el mercado de commodities empeoró mucho la situación, las reglas de la OMC son muy contrarias a los intereses de los países en desarrollo y la Ronda de Doha se quiere relanzar, como así también es desfavorable la regulación sobre los derechos de propiedad”, describió Khor.

“Los países en desarrollo tenemos un creciente peso en la economía global, estamos más comunicados, poseemos un nivel de reservas en los bancos centrales muy alto. Tenemos una oportunidad, pero todavía reconocemos sólo parcialmente nuestra fortaleza. No vamos a aceptar las reglas que quieren imponer los países desarrollados, pero aún no podemos imponer las nuestras”, agregó Khor. Tomada ofreció un ejemplo de esta situación cuando recordó que en la reunión del G-20 de Londres la Argentina, secundada por Brasil, logró que el documento final no incluyera la noción de “flexibilidad laboral” como forma de resolver los problemas en el mercado de trabajo, aunque no pudo incorporar conceptos propios.

En el mismo sentido, Prado resaltó que las instituciones globales “no conciben los problemas de las economías emergentes” y “su proceso de toma de decisiones es elitista”. Por su parte, Páez consideró que “la especulación en el mercado de hipotecas ahora pasó, de forma estructural, al de los commodities. Esa es la gravedad del contexto global que estamos viviendo, pero hay una retórica edulcorada que baja desde los centros de poder que no permite ver el problema en su real dimensión”.

La aplicación de políticas económicas para atacar una inflación que está concebida, de forma equivocada, desde la visión ortodoxa, está produciendo en varios países de América latina una apreciación cambiaria que impacta negativamente sobre la estructura productiva, reprimarizando las economías. Ese fenómeno analizó ayer el economista de la Cepal Martín Abeles, en el seminario de integración económica y financiera organizado por el Cefid-Ar, el Cemop y la CNV. El correlato empírico lo ofreció Alberto Couriel, senador del Uruguay y referente del Frente Amplio, quien criticó la política ortodoxa que en la actualidad lleva a cabo el Banco Central de ese país, ya que estaría provocando las consecuencias negativas que Abeles enunció. En la Argentina, la apreciación se da por el lado de la inflación, aunque en términos relativos frente a Brasil y otros socios comerciales el peso todavía mantiene un margen de competitividad.

La situación en el frente externo para las economías de América del Sur es favorable desde el punto de vista de la captación de divisas. Los precios internacionales de los alimentos y los minerales exportados están en niveles muy altos, provocando un persistente superávit comercial que permite acumular cuantiosas reservas en los bancos centrales. Además, los paquetes estímulo llevados adelante por las economías desarrolladas junto a las bajas tasas de interés que éstos propician para impulsar la demanda generan alta liquidez internacional y facilidades en el acceso al crédito. Esto se verifica en el flujo de capitales positivo hacia la región, que también mejoran el horizonte en la balanza de pagos.

El ingreso de dólares es incentivado aún más por la suba de tasas que algunos bancos centrales de la región aplican para frenar la inflación. “El aumento en los precios internos tiene una fuerte correlación con la suba de los alimentos a nivel global, pero la ortodoxia lo concibe sólo como un exceso de demanda, por eso suben la tasa”, señaló Abeles. “Ese instrumento –la tasa de interés– no es eficaz y genera una apreciación cambiaria que va en detrimento del nivel de actividad”, agregó. La suba en la tasa atrae capitales del exterior que, junto al superávit comercial, hace bajar el dólar y apreciar la moneda local.

“Los bancos centrales de la región siempre se concentran sobre la inflación. En Uruguay la moneda de apreció mucho por esta razón y aunque la imagen del país para la ortodoxia es buena, hay equilibrio fiscal y pagamos la deuda, la industria nacional está perdiendo, porque no puede competir con el dólar barato. También se reprimariza la economía. Ojalá tengamos elementos y margen de maniobra para modificar esta situación”, manifestó Couriel, senador y referente del Frente Amplio.

El Banco Central argentino también tiene en el plano formal una línea ortodoxa, aunque el Gobierno ha coordinado acciones desde 2003 para mantener un tipo de cambio competitivo. La inflación interna viene erosionando ese “pilar”, aunque por ahora el colchón de competitividad se mantiene. Abeles resaltó la necesidad de incorporar otros objetivos para los bancos centrales además de la inflación y utilizar nuevas herramientas de política económica. En ese sentido enumeró el control de capitales, el sistema de franjas de precios como tienen los países andinos, los bancos de desarrollo, las retenciones, la política fiscal y de ingresos y, obviamente, la intervención en el mercado cambiario, para impulsar el crecimiento y el desarrollo y proteger las cuentas externas.

También participó del debate Antonio Simöes, director general de la Cancillería de Brasil, quien destacó que en los últimos años un elemento fundamental para impulsar el crecimiento de la región fue el incremento del comercio Sur-Sur y la ampliación de los mercados internos. También resaltó el rol de la Unasur para potenciar la vinculación económica. Por su parte, Jorge Marchini, investigador del Cemop, elogió los acuerdos de pago en moneda local.

El Gobierno impulsó un nuevo acuerdo sectorial con el objetivo de proteger la balanza comercial. De forma similar al pedido que semanas atrás fue realizado a las automotrices, el Ministerio de Industria instó a los fabricantes de maquinaria agrícola para que “exporten cada dólar que importen” y, de esa manera, poder eliminar un déficit comercial de 450 millones de dólares. “Es una decisión estratégica de este gobierno impulsar una fuerte industria nacional de maquinaria agrícola, porque hay un mercado potencial enorme si pensamos que en cinco años la cosecha pasará de 100 a 150 millones de toneladas anuales”, dijo la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien además les exigió a los fabricantes duplicar en 2011 la producción de tractores y cosechadoras. Empresas del sector presentaron proyectos de inversión por más de 60 millones de dólares.

El Centro de Estudios para Producción, que depende de la cartera industrial, indica en un informe sectorial de septiembre de 2010 que “el sector de maquinaria agrícola constituye el principal segmento de la industria nacional de bienes de capital”. Sin embargo, el sector sufrió un intenso proceso de desarticulación durante la década del ’90, cuando las compañías mudaron sus plantas a Brasil, en especial luego de la devaluación del real en 1999. Esta situación redujo la capacidad de respuesta de la producción local de maquinaria frente a la fuerte recuperación del agro a partir de la devaluación de 2002 y el ascenso de los precios internacionales. El resultado fue un aumento en las importaciones. En 2010 la venta de maquinaria agrícola marcó un record y la industria nacional participó en un 48,6 por ciento del mercado local.

El sector puede dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, están las sembradoras e implementos (como cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, entre otros), donde la participación de la industria nacional es más fuerte. Esos productos dieron cuenta del 37 por ciento de las ventas de maquinaria agrícola en 2002-2009, según datos del Indec. En sembradoras casi todo lo vendido en el mercado local es de origen nacional y la mitad de las ventas externas se dirigen a Uruguay. Los implementos tienen menor nivel tecnológico y el 70 por ciento de la demanda local es satisfecha por producción nacional.

La situación es distinta para las cosechadoras y tractores, que provocan el grueso del déficit sectorial. En el primer caso la deslocalización hacia Brasil supuso que a nivel local las empresas sólo mantengan la producción de algunos subconjuntos, como los motores, para luego realizar el ensamblaje en el país vecino. De hecho, de las diez empresas activas que operaban en 1990, sólo quedaron tres en 2001. En la actualidad casi todas las cosechadoras que se venden en el país son importadas, la mayoría de Alemania y Brasil. En tractores, el panorama es similar, y la mayor parte de lo importado viene de Brasil. En ambos casos, las ventas externas se dirigen a Venezuela y Uruguay. Una de las principales firmas a nivel global es John Deere, a quien Giorgi le pidió que equilibre su balanza comercial. La empresa ampliaría su fábrica de motores ubicada en la provincia de Santa Fe, mediante la cual abastece a su planta de Brasil.

Los productores de maquinaria agrícola se benefician del bono del 14 por ciento que rige para todos los fabricantes nacionales de bienes de capital. Además, en el sector rigen licencias no automáticas, sobre la importación de tractores, cosechadoras y fumigadoras. La maquinaria agrícola emplea a unos 50 mil trabajadoras directos y 110 mil indirectos.

Si las empresas del sector responden al pedido oficial con un aumento en la producción, las firmas que fabrican partes para las máquinas también deberán ampliar su capacidad. Para avanzar en ese sentido, Giorgi estuvo reunida ayer con Marto Maric, director ejecutivo de la empresa Carraro, que fabrica transmisiones y ejes para maquinaria agrícola, quien anunció el compromiso de abastecer el incremento en la producción nacional.

La Unión Europea se manifestó en contra de las licencias no automáticas de importación y la regulación a la industria automotriz que lleva adelante el Gobierno. El director del departamento para América latina del bloque europeo, Gustavo Martín Prada, consideró que esas medidas son perjudiciales para el acuerdo entre los dos bloques regionales (que se negocia desde mayo de 2010) y deslizó que la actual administración del comercio por parte de la Argentina podría estar violando la normativa internacional. “Las medidas se ajustan a la normativa y no tienen por qué entorpecer las negociaciones, como tampoco pensamos que las entorpece la maraña de subsidios que tiene la UE, por la cual los países en desarrollo reclamamos hace años”, respondió a Página/12 el secretario de Industria, Eduardo Bianchi, que encabeza las tratativas con la UE.

“Para el clima de la negociación entre la UE y el Mercosur no es positivo que se creen nuevas barreras al comercio, porque estamos hablando de un acuerdo que prevé una liberalización muy profunda de las economías”, indicó ayer Prada en su visita al país. La Organización Mundial de Comercio (OMC) establece que las licencias no automáticas de importación (LNA) deben expedirse en un lapso inferior a los 60 días. En plena crisis internacional el Ministerio de Industria retrasó esa entrega, lo que despertó quejas en Brasil y Europa. Con las nuevas LNA que entraron en vigencia recientemente los europeos temen que las complicaciones resurjan. “Esperamos que se respeten las normas”, dijo Prada. El funcionario evaluó que la presión del Gobierno sobre las automotrices para que equilibren su balanza comercial e integren más partes nacionales “es una medida que puede ser contraria a las normas de la OMC”. “Recibimos las protestas de nuestras empresas y trasladamos nuestra inquietud al Gobierno”, agregó.

“Este comportamiento es muy común en los países desarrollados o en organismos como el FMI. Ellos hicieron durante mucho tiempo las políticas que ahora dicen que no podemos hacer”, acusó Bianchi. El prestigioso economista de Cambridge Ha-Joon Chang grafica la situación indicando que los países industrializados “patearon la escalera”, luego de haber subido hacia el desarrollo. “Históricamente la UE protege a sus mercados agrícolas, algo que afecta a la Argentina”, agregó Bianchi, y aclaró que las LNA afectan a sólo 600 productos sobre 10 mil codificados, y que las importaciones desde la UE crecieron mucho el año pasado.

De todas formas, el gobierno argentino parece entrar en cierta contradicción, ya que por un lado logró recuperar, luego de la apertura comercial salvaje de los ’90, valiosos instrumentos de administración de comercio (como las LNA, los antidumping, valores criterio), mientras que por otra vía potencia el mayor acuerdo de librecambio del mundo, con gigantes asimetrías entre los bloques y también dentro de los mismos. Incluso el rechazo a la Ronda de Doha que Argentina promovió en 2008 podría quedar empañado por esta negociación. “La Ronda de Doha no ha avanzado y pensamos que tenemos una oportunidad este año con el acuerdo entre la UE y el Mercosur, que busca liberalizar el comercio más allá de la OMC”, graficó Prada, quien consideró que además del impacto en el comercio, el acuerdo impulsaría fundamentalmente las inversiones. “El objetivo es que haya un acuerdo este año”, aseguró. Para ello sería necesario que el Mercosur termine de perfeccionar su Unión Aduanera.

Prada anticipó que antes de la ronda entre el Mercosur y la Unión Europea, que se realizará a principios de mayo en Asunción, los bloques intercambiarán por primera vez sus ofertas de forma de poder discutir sobre esa base en la reunión de Paraguay. La UE pedirá apertura comercial en bienes industriales y ciertos servicios, flexibilizar normas de inversiones, más facilidades para las compras públicas y mejoras en la regulación de la propiedad intelectual, dijo Prada.

En el gobierno argentino aclaran que, previo a la presentación de ofertas, “deberá discutirse un marco normativo que establezca reglas de origen claras, de forma que no se produzcan triangulaciones e ingresen al país productos chinos con etiqueta europea”. Aseguran que con un fuerte esquema de normas que contemple mecanismos de salvaguarda “la negociación puede ser provechosa para la Argentina”, pero son prudentes con los tiempos de intercambio de ofertas.

Por otra parte, la Unión Europea está examinando presentar una queja por la resolución oficial que termina con el sistema de reaseguros en el exterior y buscarán agregar ese tema en la negociación con el Mercosur.

El primer foro del Plan Estratégico Industrial 2020 convocó ayer a los actores de la cadena de valor del cuero, calzado y marroquinería, que divididos en varios grupos de trabajo discutieron cómo alcanzar los objetivos que trazó el Ministerio de Industria. La ministra Débora Giorgi abrió el encuentro proyectando que para 2020 el país deberá duplicar su producción de calzado hasta 200 millones de pares, crear 12 mil puestos de trabajo y equilibrar la balanza comercial sectorial. Presentado ese horizonte, los representantes de las cadenas manifestaron sus posturas, que en algunas casos son contrapuestas, porque la manufactura busca que las curtiembres vendan el cuero semielaborado al mercado interno en lugar de exportarlo. En las mesas se trató el tema del financiamiento, el esquema impositivo y el cuidado de los animales, entre otros.

El Plan Industrial convocará a diez foros hasta el 31 de agosto. A partir de allí empezaría la etapa de formulación de propuestas. El encuentro de ayer fue inaugurado por Giorgi, quien presentó las líneas generales del Plan y luego resumió que en los últimos años las curtiembres aumentaron sus exportaciones pero redujeron el empleo, mientras que calzado aumentó su producción, su capacidad de empleo y la cantidad de empresas en actividad, pero no estaría exportando lo suficiente.

Después se conformaron cuatro mesas de trabajo, cada una con el mismo temario, encabezadas por el jefe de Gabinete de Industria, Horacio Cepeda; el secretario de Industria, Eduardo Bianchi; el secretario Pyme, Horacio Roura, y el subsecretario de Industria, Javier Rando. Participaron empresarios curtidores, del calzado y marroquinería, representantes sindicales, funcionarios de gobiernos provinciales, del Ministerio de Ciencia y Técnica, del INTI y representantes de universidades.

Uno de los temas debatidos fue la necesidad de asegurar el abastecimiento interno de cuero en cantidad y calidad. Los curtidores plantearon que la caída en la faena y el poco cuidado del cuero de los animales de parte de los productores limita la oferta. “Debe haber categorías de cuero y se debe crear un mercado que premie la calidad”, explicaron en Industria a Página/12. Sin embargo, la manufactura remarcó que sólo el 15 por ciento de la curtiembre se consume de forma local, mientras que el resto se exporta, que es el principal negocio de los curtidores. “Si vamos a producir 200 millones de pares de calzado vamos a necesitar más cuero, por eso planteamos que se instrumente un cupo que limite la exportación de cuero semielaborado y permita estabilizar los precios internos”, indicó a este diario Horacio Moschetto, de la Cámara de la Industria del Calzado. Entre las partes ya hubo acuerdos de abastecimiento que no se respetaron.

Analistas del sector advierten que con mejores condiciones de financiamiento para la industria y las curtiembres más pequeñas se generarían más incentivos para vender el cuero al mercado local en lugar de exportarlo. Uno de los empresarios advirtió que “las carteras no se hacen con el mejor cuero, por eso no tienen prestigio. El cuero con mayor calidad se exporta y es el insumo para los zapatos italianos”. La manufactura también propuso modificar el esquema de retenciones del sector, subiendo la imposición sobre el segmento de menor valor agregado. Desde Industria coincidieron en que “los incentivos a la exportación deben estar en función del valor agregado”, aunque no especificaron cuál es el instrumento que planean utilizar.

Se discutió cómo mejorar la competitividad externa, porque calzado y marroquinería son sectores con escasas exportaciones. “Hay que instalar la marca país, para que cuando en el mundo digan ‘cuero’ lo asocien con Argentina”, explicó un empresario. “Así como el vino es la bebida nacional, hay que instalar el cuero”, consideran en Industria. Toda la cadena coincidió en que el segmento para que la manufactura local compita en el exterior no es el de baja gama dominado por China, sino el de calidad media, donde juegue un papel importante la diferenciación por diseño.

El Plan Estratégico Industrial arranca hoy con el foro sectorial de las cadenas de valor del cuero, marroquinería y calzado. El Ministerio de Industria pretende que la producción nacional de calzado pase de algo más de 100 millones de pares a 200 millones en 2020 y llevar las exportaciones a 50 millones de pares para equilibrar la balanza comercial sectorial. Referentes de estos rubros valoran los instrumentos de protección frente a las importaciones que aplica el Gobierno y solicitarán políticas de fomento a las exportaciones, financiamiento a tasas más convenientes y una mejor articulación entre la manufactura y el sector ganadero. Una problemática central es el nivel de trabajo no registrado de estas industrias, que supera al promedio general de la economía.

La marroquinería y el calzado sufrieron como pocos el sesgo antiindustrial de la convertibilidad y la liberalización comercial. A principios de los ‘90, la producción nacional de calzado rondaba los 90 millones de pares, con exportaciones mayores a las actuales. Para 1998, la producción se redujo a unos 50 millones de pares, y en 2001 la fabricación nacional se desplomó hasta menos de 36 millones de pares. La cantidad de empresas pasó de 2000 a sólo 700 en la crisis. En la actualidad, hay unas 1300 firmas que fabricaron en 2010 105 millones de pares, con un 70 por ciento de componentes nacionales.

“La recomposición fue posible por el crecimiento del consumo y porque las importaciones están controladas con las licencias no automáticas, los antidumping y valores criterio”, explicó a Página/12 Horacio Moschetto, de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). La entrada de productos desde China tiene un férreo monitoreo, porque el país asiático fabrica 10 mil millones de pares anuales, y en muchos casos esos productos se venden a precios de remate, lo que afecta sensiblemente a la industria nacional. Además, en 2009 se cerró un acuerdo con Brasil de restricción voluntaria, que limita las importaciones desde ese país a 15 millones de pares. Moschetto también destacó que, frente a la dificultad de importar por las medidas oficiales, se hayan radicado marcas reconocidas para fabricar en el país.

Un importante déficit de la industria del calzado es la inserción externa, ya que sólo se vendieron al exterior dos millones de pares en 2010, mientras que se importaron unos 22 millones. Desde la cartera que encabeza Giorgi plantearán hoy que para 2020 el objetivo es pasar a tener una balanza comercial superavitaria en 14 millones de dólares, para lo cual, estiman, habría que exportar 50 millones de pares. Los industriales también pretenden avanzar en ese sentido. “Hay que realizar inversiones que fomenten las exportaciones, crear consorcios de exportación y abrir oficinas comerciales en otros países. Necesitamos ayuda financiera para incorporar tecnología y diseño y apoyo logístico, para asistir a ferias internacionales y también organizarlas aquí”, anticipó Moschetto.

Hugo Alvarez, de la cámara de industriales proveedores de la industria del calzado, advirtió a este diario que la oferta de materia prima será un tema a tratar, porque la provisión de cuero a la curtiembre, que luego le vende tanto al sector del calzado como a la marroquinería, es cubierta por los frigoríficos, para quienes el cuero es una actividad secundaria. “Tiene que haber animales suficientes y de mejor calidad”, indicó Alvarez. La caída en la faena produjo un aumento del cuero crudo.

Según datos de Abeceb.com, el 42 por ciento de la producción de calzado es valor agregado, mientras que el promedio de la industria es de 29 por ciento. Ese sector emplea a 25 mil trabajadores directos y 14 mil de manera indirecta. Según las respectivas cámaras empresarias, la marroquinería genera 9 mil puestos, mientras que la curtiembre, 18 mil.

El Plan Estratégico Industrial pondrá primera esta semana, cuando el martes se realice el foro de la cadena del calzado. En cada una de las mesas que tendrán lugar hasta septiembre, que es cuando el Gobierno pretende tener cerrada la etapa participativa, los integrantes de toda la cadena de valor de cada sector plantearán sus problemáticas y esbozarán iniciativas sobre cómo llegar a los objetivos que el Ministerio de Industria considera virtuoso alcanzar para el 2020. En diálogo con Página/12, fuentes de esa cartera explicaron que una prioridad es explotar la potencialidad exportadora de cada sector, en lugar de limitarse a la sustitución de importaciones. En los foros surgirán propuestas en torno del financiamiento, mejoras de infraestructura, medidas comerciales y formación de la mano de obra, por ejemplo. También se busca desarrollar una mayor coordinación de acciones entre las distintas partes de las cadenas de valor.

Los objetivos generales para 2020 son duplicar el PIB industrial, aumentar las exportaciones de manufacturas industriales y llegar a un desempleo del 5 por ciento, entre otros. Para eso es necesario incorporar valor nacional a la producción local, mantener la competitividad cambiaria y sostener una balanza de pagos superavitaria. El camino a seguir para alcanzar esas metas debería discutirse en las mesas organizadas por sector, donde participarán funcionarios nacionales, provinciales y municipales, empresarios, sindicatos y representantes de instituciones académicas. “Muchas de las medidas que puedan surgir de las discusiones ya están en práctica, pero falta darles organicidad”, dicen en Industria.

Los diez sectores que el Gobierno eligió son alimentos; calzado, textiles y confecciones; madera, papel y muebles; material de construcción; bienes de capital; maquinaria agrícola; autos y autopartes; medicamentos; químicos y petroquímicos; y software. El criterio que se utilizó es el de la cadena de valor, por lo que en esa selección están incluidos, por ejemplo, eslabones como la siderurgia y productos electrónicos. En total representan el 80 por ciento del PIB industrial.

De forma preliminar al foro de calzado, en Industria adelantan que en ese sector hay carencias en la formación de la mano de obra, a pesar de que el Ministerio de Trabajo tiene en marcha programas de capacitación. Junto al rubro textil y de madera y muebles, calzado es un sector “sensible”, con utilización intensiva de trabajo. Para ese universo de industrias la competencia china es un factor de peligro, por eso son las principales beneficiarias del paquete de medidas de administración del comercio, que en parte apunta a limitar la entrada de productos asiáticos con precio “de remate”, por debajo de los costos de producción, que desplazan de forma desleal a la producción nacional. En ese grupo de políticas están las licencias no automáticas de importación, los antidumping y los valores criterio que maneja la Aduana.

A pesar de que la productividad del trabajo en el gigante asiático es muy alta, en el Gobierno consideran que para la industria nacional la competencia vía diferenciación de productos es posible. “En este Plan se concibe a la producción de forma internacionalizada, porque las industrias son globales. En la actualidad hay una oportunidad histórica para el país, por la mejora en los términos del intercambio. Pero más allá de eso la industria nacional tiene que exportar, no sólo sustituir importaciones, de manera que genere divisas y no dependa de los dólares que ingresan por las exportaciones agropecuarias”, indican en la cartera que encabeza Débora Giorgi. Un sector con potencialidad en ese sentido es el del software, donde hay intenciones de mejorar los programas de capacitación y formación de la mano de obra.

Uno de los principales impulsores del crecimiento industrial es el sector automotor, cuya producción avanza fuertemente con la perspectiva de llegar al millón de unidades en 2012. Sin embargo, el nivel de integración nacional de partes y piezas es muy bajo, alrededor del 20 por ciento. Eso se manifiesta en el déficit comercial que genera el bloque automotor, superior a los seis mil millones de dólares anuales.

La proyección para los próximos años es acercarse a una producción de un millón y medio de autos. “Con ese volumen, va a haber que aumentar la integración. No es un capricho nuestro, sino una cuestión de costos, porque la logística se encarecería mucho”, consideran en el Gobierno. Si bien no hay una meta estipulada para elevar la integración nacional, cálculos oficiales encuentran que el actual nivel de piezas locales podría incrementarse sensiblemente a medida que el aumento de la escala de producción haga viable la fabricación nacional de motores u otro sistema del auto. El Gobierno también busca que otras empresas repliquen a Peugeot-Citroën, que instaló en Argentina un importante centro de ingeniería. De forma similar, la escala haría eficiente la puesta en marcha de laboratorios de homologación de autopartes, para evitar que los proveedores nacionales deban enviar a certificar sus piezas a los países industrializados.

Si bien la producción industrial presenta altas tasas de crecimiento, el impacto positivo sobre el empleo es reducido desde 2008. Funcionarios cercanos a Giorgi aseguran que la mejor forma de movilizar el mercado de trabajo es mediante un fuerte avance de la inversión. El objetivo es llevarla de casi el 23 por ciento del PIB en la actualidad hasta el 28 por ciento en 2020.

Se realizó ayer el primer de-sembolso de dinero de la línea de financiamiento del Bicentenario, que benefició a 31 proyectos de inversión productiva por 1384 millones de pesos. Durante el acto donde hizo el anuncio, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, sostuvo que, con la macroeconomía en orden y medidas de apoyo puntuales a la producción como esta línea de créditos, “se están acabando las excusas”, un mensaje dirigido al nutrido público empresario que se hizo presente en Casa Rosada. El grueso de los créditos otorgados se enfocó en el bloque automotor (terminales y autopartistas) y la agroindustria. La línea de tasa fija de 9,9 por ciento en pesos está fondeada por el Banco Central.

El actual proceso de crecimiento de la economía se desarrolla con un grado de utilización de la capacidad instalada en la industria mucho mayor que en los primeros años luego de la salida de la convertibilidad. Esto hace necesario un paralelo incremento en la producción potencial de la industria, que se logra mediante un flujo de inversión productiva. En 2010, la inversión fue el componente de la demanda más dinámico con un avance de 21,2 por ciento, que posibilitó que terminara representando el 22,8 por ciento del PIB. El Gobierno pretende potenciar esa tendencia, de manera de evitar que se generen cuellos de botella que precipiten el aumento de precios o se resuelvan vía un incremento de las importaciones.

La línea del Bicentenario ofrece financiamiento por un total de 8 mil millones de pesos. Hay aprobados 116 proyectos por 2769 millones y de ese total ayer se otorgaron 1348 millones para 31 proyectos. Las inversiones derivadas del primer desembolso generarán 5325 puestos de trabajo. En los próximos cinco años permitirán sustituir importaciones por 2243 millones e incrementar exportaciones por 6310 millones anuales.

La empresa cordobesa Ortiz y Cía. recibió un crédito de 10,2 millones de pesos para incorporar una nueva línea de producción importada desde Italia por unos 2 millones de euros. Fabrica tubos con costura, sector en el cual es la tercera compañía más importante del país y provee al sector autopartista, la construcción y la agroindustria. Con esta inversión aumentará su capacidad de producción en un 20 por ciento e incorporará a 15 trabajadores. Por su parte, la autopartista Basso obtuvo un crédito de 13 millones de pesos para fabricar un nuevo tipo de válvulas destinadas a motores más modernos y contratará para ese programa de 50 a 70 trabajadores.

De los 1384 millones de pesos otorgados, casi el 70 por ciento se dirigió al sector automotor y autopartes y la agroindustria. Son sectores sensibles por diferentes causas. El bloque automotor genera un déficit comercial superior a los 6 mil millones de dólares anuales, por lo que la sustitución de importaciones y promoción de exportaciones es clave, sobre todo teniendo en cuenta el horizonte positivo para el sector. La industria de alimentos y bebidas es la que presenta una dinámica de precios más alcista, que podría apaciguarse si aumentara la oferta. También obtuvieron créditos el sector de laboratorios y biotecnología, transporte industrial, comercio, textil y químicos, entre otros. El 89 por ciento de los créditos fue otorgado por el Banco Nación, y el resto por siete entidades privadas entre las que se encuentra el Banco Credicoop, HSBC y Santander Río. Del monto total aprobado, Buenos Aires concentró el 32 por ciento, seguido por Córdoba (23 por ciento) y Santa Fe (12,9 por ciento).

Desde cueros y levantavidrios hasta acoplados, vinos, aceite de oliva y buses son algunos de los productos que están buscando exportar las automotrices importadoras. “No es sencillo conseguir productos a precios competitivos y clientes en el exterior en un volumen como para equilibrar nuestra actividad. Tenemos muchos problemas, pero estamos trabajando”, indicó a Página/12 Arturo Scalise, presidente de la Cámara de Automotrices Importadoras (Cidoa) y de Alfacar, representante de Mitsubishi. Porsche ya presentó su carpeta y lo propio estaría por hacer Mercedes Benz.

Durante 2010 hubo un par de contactos entre el Ministerio de Industria y las terminales no radicadas, donde las autoridades solicitaron información sobre las importaciones en años previos y pidieron a las empresas que presentaran planes de exportación y que redujeran sus importaciones. En la última reunión, el Gobierno estableció que las importaciones de 2011 deberán equilibrarse con exportaciones el año próximo, pedido que hizo extensivo a las terminales radicadas. Por ese motivo, Volskwagen hizo un plan que fue aprobado ayer, de forma que podrá ingresar los Audi frenados en la Aduana de Zárate (ver aparte). Allí habría unos tres mil vehículos Mercedes Benz, Audi, BMW, Porsche y Jaguar. Las compañías importadoras tienen el 1,9 por ciento del mercado local de vehículos.

El Gobierno posee varias herramientas para controlar el ingreso de los vehículos importados, como la demora en el otorgamiento de la licencia de configuración de modelo (una especie de homologación) y las recientes licencias no automáticas de importación.

Porsche es la primera importadora que presentó planes de exportación. La empresa distribuidora pertenece al Grupo Pulenta, que también posee bodegas de vino y produce aceite de oliva, por lo que es esperable que su intención de vender al exterior tenga relación con esas actividades. Sin embargo, la carpeta todavía está siendo evaluada por la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Si reciben el OK y sale la declaración jurada, Porsche no tendrá problemas para importar este año, siempre que se sujete a lo acordado. Mercedes Benz también estaría cerca de presentar un plan, con más facilidades porque tiene su planta de camiones en Córdoba. Por su parte, en BMW indicaron que están evaluando instalar una planta en la región, aunque sólo operan con Brasil y Argentina y en el país vecino ya producen. Sería para ensamblar motos.

En Mitsubishi, para equiparar las compras está estudiando impulsar las exportaciones de levantavidrios o cueros para los asientos hacia la filial de la compañía en Brasil. Sin embargo, la decisión final la tiene la casa matriz, en Japón, donde la presión argentina es muy limitada. También se vinculó con una empresa que fabrica acoplados altos e incluso una conocida bodega de vinos. Hay otra empresa que evalúa producir buses a nivel local, que buscaría computarlos como exportaciones.

Además, los importadores le pedirán al secretario de Industria, Eduardo Bianchi, que amplíe la cantidad de excepciones a las licencias no automáticas de importación para que puedan ingresar de forma ágil los repuestos de los vehículos. “Algunos envíos urgentes están parados en Ezeiza”, advirtieron.

El trabajo no registrado afectó en el cuarto trimestre de 2010 al 33,7 por ciento de los asalariados, una caída de 2,4 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior, informó ayer el Indec. Como la creación de empleo en el período fue reducida, la mejora en la calidad tendría más relación con el “blanqueo” de trabajadores. El empleo no registrado viene cayendo en forma sostenida desde 2004, cuando alcanzó al 50 por ciento de los asalariados, aunque aún no logró perforar el piso de la década del ’90, revelando la existencia de un núcleo duro de empleo no reconocido que requiere de políticas focalizadas. Los sectores donde se presenta un panorama laboral más complejo son el agro, la producción de madera y papel, gastronomía y construcción.

Según los últimos datos oficiales, a fines de año pasado la cantidad de personas ocupadas de forma plena en los 31 aglomerados urbanos relevados superó los 10 millones, mientras que la subocupación (trabajo por debajo de las 35 horas semanales) afectó a casi un millón. Del total de los ocupados, el 33,7 por ciento no está registrado, es decir que no recibe jubilación, aguinaldo, no tiene vacaciones pagas, negociaciones paritarias, seguro contra accidentes de trabajo y sufre de gran inestabilidad laboral. Se trata de unos 3.800.000 trabajadores. Un sector donde la informalidad es especialmente alta es el agro, donde se estima que habría unos 700 mil trabajadores no registrados, el 18 por ciento del total de los trabajadores en esa condición.

Los datos del último año muestran que la mejora en el trabajo registrado se debió más al “blanqueo” de puestos que a la creación de nuevos empleos formales, es decir que se modificó la composición del empleo. De una forma similar bajó la subocupación, desde 10,3 en 2009 a 8,4 por ciento a fines de 2010.

Ese cuadro se explica porque la tasa de empleo en el cuarto trimestre de 2009 se ubicó (calculada sobre la población de 14 años y más) en el 54,6 por ciento, con una baja de dos décimas según el último dato. Sin embargo, la desocupación cayó de 8,4 a 7,3 por ciento, lo que impactó negativamente en la tasa de actividad (ocupados y desocupados en función de la población total mayor o igual a 14 años), que en 2009 fue de 59,6 por ciento, superior al 58,6 de fines de 2010. Los datos reflejan la pobre dinámica al menos en términos cuantitativos del mercado de trabajo en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad industrial y de la economía en general.

La caída del empleo no registrado es constante desde 2003, cuando llegó a afectar al 50 por ciento de los trabajadores. A fines de 2007 la informalidad fue de 39,3 por ciento; en 2008, 37,8; en 2009, 36,1 y, según el último dato, a fines de 2010 fue de 33,7 por ciento. Aun así, la situación todavía no mejoró respecto del año 1990, cuando la informalidad llegó al 30 por ciento luego de haber ascendido ininterrumpidamente en la década del `80, tendencia que continuó durante la convertibilidad.

En el Ministerio de Economía dividen al empleo no registrado en la industria y en el sector de servicios entre los establecimientos que superan los diez empleados y aquellos que están por debajo. Reconocen que dentro del primer grupo está el grueso del trabajo a realizar en materia de fiscalización y planes de regularización. En cuanto a las empresas más pequeñas, admiten que es un universo frágil cuya supervivencia en buena medida se vincula con la evasión de las cargas sociales.

En el noroeste del país se registró la mayor tasa de informalidad, con el 41,9 por ciento de los trabajadores. La situación fue particularmente grave en Santiago del Estero-La Banda, donde llegó al 47,7 por ciento. En cambio, en la región patagónica la porción de no registrados fue de 21,2 por ciento. Sobresalió Ushuaia, con el 13,5 por ciento.

Las mujeres menores de 30 años fueron el grupo más castigado por la desocupación en todo el país, con una tasa de 17,8 por ciento. Los varones de esa edad registraron el 12,6 por ciento.

“No se les exige a las automotrices que estén totalmente equilibradas en un año. La idea es generar una dinámica de incremento de exportaciones y de aumento en la integración nacional”, explicó a Página/12 una alta fuente oficial, que presenció la reunión de anteayer entre funcionarios de los ministerios de Industria y Economía con las terminales radicadas en el país y empresas importadoras de vehículos. La medida seguirá siendo “de palabra”, sin normativa de por medio, aunque la declaración jurada que deben presentar las empresas constituirá un compromiso formal.

El mensaje que el Gobierno les transmitió a las compañías fue que desde marzo de 2012 se deberá compensar de forma trimestral el déficit en el que se incurrió el año anterior. Es decir que la salida de dólares durante el segundo trimestre de este año debe tener como contrapartida una entrada similar en el mismo período de 2012. Desde la semana que viene en Industria esperan que las automotrices empiecen a presentar las declaraciones juradas donde expliquen el plan que implementarán.

El sector de las terminales junto con el autopartismo incurrió en un déficit comercial en 2010 superior a los seis mil millones de dólares. Ese valor representa cerca de la mitad de todos los dólares que ingresaron el año pasado por la vía comercial. La mayor parte del rojo viene de parte de las terminales, ya que el porcentaje de integración de partes y piezas nacionales es muy bajo, alrededor del 20 por ciento. El Gobierno ahora puso el foco sobre esa ecuación, pero luego habrá reuniones con los autopartistas, que también son deficitarios.

Del encuentro participaron importadores de marcas como Mitsubishi, Alfa Romeo y Chrysler, entre otros, y de las terminales Mercedes Benz, Fiat, Volkswagen y Renault. Para las empresas que tienen planta en la Argentina y no estuvieron en la reunión (como General Motors, Ford y Peugeot) “el mensaje será, en el fondo, igual, aunque pueden aparecer diferencias en los tratamientos”, dicen en el Gobierno. Entre las radicadas, Toyota es la única superavitaria.

“Las conversaciones para aumentar la integración comenzaron el año pasado y hay gran interés entre los autopartistas. Los volúmenes de venta de las terminales son interesantes para poder trabajar con suficiente escala”, dijo a este diario Fabio Rozenblum, titular de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Explicó que la mayor traba está en los componentes electrónicos. El Gobierno está haciendo gestiones para impulsar el ensamblado de estas partes en Tierra del Fuego. Otras fuentes del sector advierten que la capacidad del autopartismo local es limitada, y se requieren fuertes inversiones para mejorar las líneas de producción.

Especialistas advierten que en muchos casos la decisión de integrar partes locales no pasa por la filial, sino por la casa matriz. “Adónde está el poder de decisión es importante, pero hay que ir superando esas dificultades. El ejemplo más contundente es China. Las empresas que se iban a radicar allí tenían que tener participación accionaria local, norma que terminaron acatando. Sudáfrica tuvo planes de desarrollo a largo plazo, también la India, Tailandia y Brasil, donde el BNDS pone requisitos para otorgar préstamos.” Es decir que en muchos casos las empresas multinacionales se adaptan a los regímenes normativos, en función de cuán atractivo sea el mercado en juego. En ese sentido, el mercado nacional llegaría en los próximos años al millón de unidades producidas (entrando en un selecto grupo), con un rápido crecimiento anual.

En relación con las importadoras, la uruguaya Chery corre con ventaja, porque pertenece al Grupo Socma, que fabrica en forma local otros bienes que puede exportar, y en una situación similar se encuentra la compañía que hace la distribución de los Porsche. El panorama más complejo lo tienen las empresas sólo importadoras, como BMW, Mitsubishi, Volvo y Hyundai.

El Gobierno endureció su política frente a la industria automotriz y les exigió tanto a las empresas radicadas en el país como a las importadoras que equilibren su balanza comercial en el lapso de un año. En una reunión con más de 30 empresarios del sector, la ministra de Industria, Débora Giorgi; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el secretario de Industria, Eduardo Bianchi, informaron que cada compañía deberá consolidar “dólar contra dólar” su producción. Frente a esta situación las terminales radicadas se encuentran con un margen de maniobra mucho mayor que las importadoras, aunque aún para las radicadas el equilibrio solicitado supondrá aumentar bastante la integración nacional. “Esto no es una ocurrencia de un día para el otro, desde marzo de 2010 trabajamos con las empresas para aumentar la integración local y reducir el déficit comercial sectorial”, manifestó Giorgi. Se busca cerrar un déficit de casi seis mil millones de dólares y aumentar el impacto del crecimiento automotriz en el empleo nacional.

La novedad es que la regulación oficial no sólo abarca a las empresas importadoras, sino que se amplió sobre las terminales radicadas. En forma global el sector automotor cerró 2010 con un déficit de unos 5800 millones de dólares entre autopartes y vehículos terminados. El autopartismo incurrió en un déficit de 6800 millones, mientras que los vehículos terminados, en un superávit de mil millones de dólares. Según lo acordado ayer, las importaciones que se realicen de aquí en adelante podrán compensarse con exportaciones hasta el 31 de marzo de 2012, o con la alternativa de un aporte de capital. Las compañías deberán presentar una declaración jurada con sus planes para equilibrar su intercambio.

Si bien las terminales radicadas tienen un margen de maniobra mayor para mejorar su ecuación, la tarea no será sencilla. Para exportar más, las compañías tienen que importar más piezas, porque los vehículos en su mayoría tienen partes extranjeras. En el extremo, se puede dar la paradoja que en el afán de vender más en el exterior la compañía empeore su posición comercial. La única solución es aumentar la integración local. Pero esa decisión forma parte de la estrategia global de la casa matriz.

De todos modos, el panorama más complejo lo tienen las importadoras. Según datos de la asociación de concesionarios (Acara), esas adquisiciones representan cerca del 5 por ciento del total de las ventas internas de autos, unos mil millones de dólares anuales. A la reunión con los funcionarios asistieron representantes de marcas como Mitsubishi, Alfa Romeo, Chrysler, Jaguar, Land Rover, Volvo, Hyundai, Subaru, KIA y Mack.

“Es complicado, pero no hay alternativa. Estamos todos muy apurados en hacer los planes, las empresas ya se están moviendo. No sólo hay contacto con autopartistas, sino con empresas de servicios o fabricantes de otros bienes”, indicó a Página/12 Arturo Scalise, titular de la cámara que nuclea a las importadoras (Cidoa).

La situación para las empresas importadoras es dispar. Por ejemplo, Mercedes Benz fabrica en la Argentina camiones, y Audi está vinculada a Volkswagen. Esas compañías tienen un margen mayor para modificar su ecuación comercial. Por su parte, Mitsubishi, Volvo y –próximamente– Hyundai tienen filiales de ensamblaje en Brasil.

Una opción para esas empresas es que se asocien en Argentina con una autopartista local para insertarlo en la línea de producción brasileña, de forma de aumentar las exportaciones y aliviar el déficit. La facilidad es que las exportaciones a Brasil no tienen costo de flete ni arancelario. De hecho, Mitsubishi viene analizando la posibilidad de enviar chasis fabricados de forma local a su planta de Brasil. Por su parte, el Grupo Socma –del Grupo Macri– además de fabricar los autos Chery, producen de forma local adaptadores de GNC que luego exportan, lo que facilitaría el equilibrio de la balanza.

“Algunos importadores están buscando contactarse con autopartistas. Va a ser difícil poder generarles negocios a los autopartistas en el corto plazo porque, por ejemplo, homologar piezas es complejo”, indicó un referente del autopartismo nacional.

La puja salarial comenzó a entrar en calor, y frente a los primeros números deslizados por la CGT y algunos gremios, el sector patronal respondió con un argumento clásico: “Va a generar inflación pura”. La afirmación fue realizada por el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) e integrante de la cúpula de la UIA, Daniel Funes de Rioja. “Hay una escalada de pedidos salariales que tienen que ver muy poco con la realidad”, indicó el empresario. Sin embargo, los números que puedan manejarse en cada sector no son directamente comparables entre sí, así como tampoco son iguales los efectos que puedan causar esos aumentos sobre las estructuras de costos de las empresas. En cada caso juegan un papel relevante variables como la productividad del trabajo, los plazos y condiciones del aumento pactado, el peso de la masa salarial en los costos totales, el retraso relativo de los salarios en determinados rubros y la rentabilidad sectorial.

Con la aclaración de que “no existen ni pisos ni techos” para las actuales negociaciones salariales, el secretario gremial de la CGT, Omar Viviani, adelantó que apuntaba a que el promedio de aumento esté en un 27 a 28 por ciento. Algunos gremios como el de los gastronómicos o los empleados de comercio reclaman por encima del 30 por ciento, todos evocando como un factor decisivo a la “inflación de supermercado”, en lugar de tomar como base los datos oficiales.

“La preocupación central de los empresarios es que haya una escalada de pedidos salariales que tienen que ver muy poco con la realidad. Son cifras que superan lo que es la estimación inflacionaria probable. Esos reclamos proyectan hacia arriba, empujan y espiralizan las expectativas. Eso va a generar inflación pura”, indicó ayer Funes de Rioja. Según estimó el empresario de la alimentación, la inflación que encuentra “probable” para este año está entre el 25 y 30 por ciento.

El argumento de que los pedidos salariales generan inflación es un clásico de parte de los empresarios para aplacar los reclamos sindicales. Si se cumpliera el pronóstico patronal, la pretensión de mayores aumentos salariales sería para los trabajadores un juego inútil, porque después esos incrementos se verían reflejados en una disminución del poder de compra a manos de la inflación. Sin embargo, la vinculación entre los incrementos salariales y los precios finales no es directa.

Una variable muy relevante es el aumento en la productividad del trabajo, que amortigua la presión que en los costos producen las su-bas salariales. Pero además, el peso de la masa salarial sobre la estructura de costos totales es dispar. En muchos sectores capital-intensivos esa proporción es muy baja, por lo que el traslado a los precios finales no es inmediato. Tomando estos factores y otros como la evolución del tipo de cambio multilateral, en “Costos laborales y competitividad en la Argentina postconvertibilidad”, los investigadores del Ministerio de Trabajo, Anahí Amar, Federico Pastrana y Soledad Villafañe, señalan que los costos laborales por trabajador en la industria manufacturera medidos en moneda extranjera todavía se encuentran bastante por debajo del nivel observado antes del estallido de la convertibilidad.

Para Funes de Rioja, “los trabajadores industriales no están atrasados, lo que se está produciendo no es una recuperación, quieren sacar una tajada mayor”. Es decir que habría trabajadores que estarían buscando mejorar su poder adquisitivo, lo que “implica generar inflación pura y en muchos casos arriesgar mercados desde el punto de vista internos y externos”, consideró. “Ya no están pidiendo porcentajes, están pidiendo mínimos remuneratorios”, se quejó el empresario.

Muchos de los gremios que se ubican en la cabeza de los pedidos salariales se desempeñan en sectores donde la rentabilidad empresaria ha crecido vertiginosamente en los últimos años, como la exportación de granos, beneficiada por la escalada en los precios internacionales. Esto es un factor adicional para la disputa salarial, que excede al cálculo de “no perder frente a la inflación”. En otros casos hay gremios que siguen con escalas salariales muy retrasadas, por lo que los pedidos forman parte de una recomposición más general. Otro variable importante a tener en cuenta, además de analizar el número final del incremento, es la forma en que se escalona.

Los precios internacionales de los alimentos calculados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) volvieron a superar su máximo nivel histórico desde 1990, año a partir del cual el organismo realiza la medición. El índice de alimentos subió en febrero por octavo mes consecutivo, con alzas en todos los grupos de productos básicos, excepto el azúcar. Para los países industrializados de Europa la dinámica alcista es perjudicial y busca limitarla en ámbitos como el G-20. En cambio, a países subdesarrollados como la Argentina, productores de alimentos, les permite mejorar los términos del intercambio y relajar sus ecuaciones de intercambio comercial. Por detrás del fenómeno aparece el sistema financiero global lanzado a la búsqueda de mejores rendimientos que los ofrecidos por los bonos estadounidenses.

Según datos de la OCDE, el precio de los alimentos se encuentra en su máximo nivel de los últimos treinta años, sólo superado por la marca de 1973, en plena crisis internacional del petróleo. El índice que calcula la FAO muestra relativa estabilidad desde 1990 alrededor de la banda de los 90 y los 130 puntos. En 2004/05 comienza un raid alcista que estalla a fines de 2008 junto con el inicio de la crisis internacional. Ese pico fue luego superado y el último record lo muestra el mes de febrero, cuando el índice alcanzó 236 puntos, un aumento mensual del 2,2 por ciento.

Para dar cuenta de la suba de los commodities los economistas esbozan distintas explicaciones. Por el lado de la demanda aparece la presión que ejercen economías emergentes como China e India, por la incorporación de millones de personas al mercado de trabajo. Además, la compra de alimentos para fabricar biocombustibles, sobre todo de parte de Estados Unidos. Desde la oferta emergen problemas climáticos, como la sequía que hace poco afectó a Rusia y a Australia. Sin embargo, ninguno de estos elementos se puede vincular con la suba explosiva que muestran los mercados desde 2007.

Hay diversos estudios que analizan el nuevo rol de los commodities para el sistema financiero global. Según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities estadounidense, el valor total invertido en instrumentos financieros vinculados con alimentos y energía creció de 2003 a 2008, más de 1200 por ciento. Detrás de este movimiento está la política monetaria de Estados Unidos, que mantiene la tasa de interés de referencia por el suelo. Por eso existe una enorme masa de capital lanzada a conseguir mejores rendimientos, en este caso, apostando con los alimentos. “El mercado de los commodities es relativamente chico y semejante flujo inversor hace que los precios vuelen. Pero el día en que la FED suba la tasa de interés, aflojará el mercado de commodities”, explicó a Página/12 Enrique Aschieri, coordinador del Departamento de Economía Internacional en Buenos Aires de la Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID). Esa proyección supone para la Argentina una alerta en el frente externo, porque el actual nivel en el precio de los principales productos exportados en algún momento se corregiría a la baja. De todas formas, la OCDE calcula que en los próximos años los precios se equilibrarán en un 10 a un 35 por ciento por encima de los primeros años de la década pasada. La entidad propone aumentar las inversiones para mejorar la productividad y “repensar” el uso de biocombustibles.

Un factor de preocupación para la FAO es la situación en algunos países árabes proveedores de petróleo, insumo del agro. “Las inesperadas subidas del precio del petróleo pueden agravar aún más la situación precaria de los mercados alimentarios”, advirtió David Hallam, director de la División de Comercio y Mercados.

En febrero los cereales subieron 3,7 de forma mensual y 70 por ciento interanual. Están en el nivel más elevado desde julio de 2008, con fuerte impacto sobre los alimentos que adquieren los trabajadores de todo el mundo. Los productos lácteos crecieron 4 por ciento desde enero, aceites y grasas subieron levemente al igual que la carne, mientras que el azúcar bajó unas décimas. “Estamos extremadamente preocupados por el incremento de los precios de los alimentos, en particular por su impacto sobre los más pobres y más vulnerables”, dijo la portavoz del FMI, Caroline Atkinson. Es un reclamo que se viene escuchando en boca de representantes del establishment. En esa línea está el pedido del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, para poner techo a los precios internacionales, iniciativa repudiada por Argentina y Brasil, entre otros.

La AFIP allanó ayer 117 oficinas de empresas cerealeras multinacionales en el marco de una investigación por la evasión de unos 150 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos. En el organismo sospechan que las compañías utilizaron empresas ficticias que estaban a nombre de personas indigentes o fallecidas para “blanquear” las compras que hacen de forma no registrada a productores agropecuarios. Desde las exportadoras negaron vinculación con esta maniobra. La AFIP también informó a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones que realizaron las “sociedades pantalla” en el sector financiero.

La investigación de la AFIP comenzó a mediados del año pasado. A partir del cruce de datos de información impositiva detectó que cuatro empresas que “estaban a nombre de personas indigentes, fallecidas o con domicilios en barrios muy humildes”, según describieron en el organismo que encabeza Ricardo Echegaray, facturaron entre junio de 2009 y agosto de 2010 unos 290 millones de pesos. Esas “sociedades pantalla” también declararon operar en silos abandonados, con estatutos y contratos de locación falsos.

Según pudo averiguar Página/12 en base a fuentes del sector privado, las empresas ficticias descubiertas por la AFIP son Comtur SA, Explotación y Consultoría Pecuaria SA, Chipre SA y Producción Losana SA. Las cuatro fueron detectadas en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, por eso hace unas semanas la AFIP presentó la denuncia correspondiente en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora.

La Justicia sospecha que las grandes empresas trabajan de manera estrecha con las “sociedades pantalla” para poder “blanquear” el cereal que le compran sin declarar al productor. En los hechos, el productor les vende en negro parte de la cosecha a acopiadores y exportadores, de manera que todos estos actores evitan el pago de impuestos. Sin embargo, para poder exportar, las empresas deben dar cuenta de la compra de granos, de ahí la utilización de las empresas pantalla. Esta supuesta vinculación es la que busca investigar el juez, que ordenó 117 allanamientos en oficinas de 48 empresas líderes del agronegocio.

Página/12 consultó a un alto directivo de una de las empresas más importantes del sector, en el momento en que los agentes de la AFIP solicitaban documentación en sus oficinas. “Ni loco usamos empresas fantasma. Operamos con empresas que están registradas y habilitadas por AFIP. Si antes de comprar verifico que una empresa está habilitada, ¿qué más se pretende que haga?”, descargó el empresario.

En la AFIP respondieron: “Siempre dicen que son compradoras de buena fe y que no forman parte del fraude. Es verdad que las sociedades pantalla tienen una pátina de legalidad, no podemos detectar a priori una maniobra así y denegar la inscripción en la AFIP. Pero las exportadoras no pueden ser ajenas. Tienen departamentos especializados de impuestos donde hacen auditorías sobre sus proveedores”, indicaron. Desde el organismo adelantaron que en los allanamientos a las multinacionales encontraron legajos dedicados particularmente a los proveedores “pantalla” mencionados. En los procedimientos ordenados por la Justicia federal participaron 740 agentes de la AFIP. En la Capital Federal se allanaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, en Entre Ríos tres y en Salta uno. También se libraron cuatro órdenes en Tucumán, dos en La Pampa, dos en San Luis y 22 en Santa Fe.

El Gobierno presentó el “Plan Estratégico Industrial Argentina 2020”, con el objetivo de duplicar el PIB industrial, las exportaciones de manufacturas industriales y llegar a un desempleo del 5 por ciento. El plan fue elaborado junto con la Cepal y selecciona 10 sectores industriales a partir de diversos criterios para que en foros entre trabajadores, empresarios, académicos y representantes del sector público se discutan políticas específicas. “Lo que se quiere lograr con este Plan Estratégico Industrial es agregar valor y profundizar la política industrial del país”, indicó durante el acto la presidenta Cristina Fernández. Los empresarios mostraron apoyo a la iniciativa oficial.

Frente a la crítica que plantean algunos sectores sobre una supuesta falta de planificación, el Gobierno ya acumula dos planes estratégicos de mediano y largo plazo. En mayo del año pasado presentó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016, que pretende conseguir en seis años una producción de 148 millones de toneladas de granos y un aumento del 20 por ciento en la superficie cosechada.

En esta oportunidad fue el turno de la industria. “El fortalecimiento de la industria y el cambio tecnológico son las condiciones necesarias para una sociedad con más y mejores empleos y una distribución del ingreso cada vez más igualitaria”, dijo a Página/12 la ministra de Industria, Débora Giorgi. En el acto, la Presidenta estuvo acompañada por casi todo el gabinete de ministros y una decena de gobernadores, junto a empresarios, representantes sindicales y organizaciones de derechos humanos. También estuvo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, quien indicó que “para que sea posible sostener una política social redistributiva a favor de los más vulnerables es imprescindible avanzar en el cambio estructural. Este proyecto está en línea con las ideas acuñadas por décadas en Cepal”.

Los objetivos

El plan presentado ayer se propone que la economía en su conjunto crezca a una tasa promedio anual del 5 por ciento para llegar a 2020 con una suba del PIB de 63 por ciento con respecto al valor de 2010. En el período 2003-2010, el incremento fue de 70,5 por ciento, pero gran parte de ese avance contó con la ventaja de haber utilizado capacidad ociosa, en un contexto laboral más precario. El próximo período de crecimiento requerirá necesariamente de fuertes inversiones y supondrá nuevas tensiones distributivas, ya que los trabajadores gozan de mejores condiciones de negociación a medida que la economía avanza.

La desocupación prevista para 2020 es del 5 por ciento, frente al 7,3 por ciento que mostró la última medición oficial. En 2003, el desempleo estaba en 20,4 por ciento. Es decir que con un crecimiento acumulado del PIB de 70,5 por ciento de 2003 a 2010 el desempleo cayó 13 puntos, mientras que con el avance propuesto en el nivel de actividad de 63 por ciento, la caída sería de 2,3 puntos. La reducción en la mejora laboral en cierto punto es lógica, puesto que a medida que se achica el universo de desocupados el grupo resultante es cada vez más frágil y de difícil inserción. En el Ministerio de Economía explicaron a este diario que el camino a realizar en materia laboral deberá contar con un Estado más activo en la promoción del empleo, ya sea como generador directo o subvencionando a empresas para que tomen nuevos empleados.

Por su parte, el producto industrial se duplicaría en los próximos diez años, cuando de 2003 a 2010 su avance fue de 61,1 por ciento. Para eso debería crecer al 7 por ciento anual. De esa manera, el ratio industrial sobre el PIB crecería de 20 a 24 por ciento. La inversión como porción del producto debería subir desde el 22,7 por ciento que está en la actualidad hasta el 28 por ciento. Las exportaciones avanzarían un 98 por ciento mientras que las importaciones, el 95,5 por ciento. El superávit comercial llegaría hasta los 25.631 millones de dólares.

Los sectores

El Ministerio de Industria seleccionó diez sectores que impulsarían el desempeño buscado: alimentos; calzado, textiles y confecciones; madera, papel y muebles; material de construcción; bienes de capital; maquinaria agrícola; autos y autopartes; medicamentos; químicos y petroquímicos; y software. Los diversos criterios utilizados son la generación de empleo, potencialidad exportadora, capacidad innovadora, demanda de importaciones o impacto en las economías regionales, entre otros. En conjunto, esos sectores representan el 60 por ciento del empleo industrial y explican el 80 por ciento del PIB industrial. Más allá de la amplitud del universo de rubros elegidos, hay algunos relevantes que han quedado fuera de la selección.

La intención es convocar a los trabajadores, empresarios, académicos y funcionarios públicos vinculados con cada uno de estos sectores a debatir en diez foros participativos sobre las políticas sectoriales necesarias para encarar el desarrollo en los próximos diez años. “Bajo el paraguas que ofrece el conjunto de políticas macroeconómicas que se vienen desplegando desde 2003, como el dólar competitivo, superávit externo y demanda interna sostenida, en los foros se analizarán políticas sectoriales. De allí pueden surgir iniciativas en temas normativos, financieros u otro tipo de intervención pública”, explicó Giorgi.

El primer foro de debate tendrá lugar el 29 de marzo y abordará la cadena de calzado y marroquinería. Luego, el 12 de abril, será el turno de autos y autopartes; y el 26 de abril, los medicamentos. Las mesas se extenderán hasta el 31 de agosto. Se trabajará en cinco ejes: situación de la producción nacional, sustitución de importaciones y aumento de las exportaciones; incorporación de ciencia y tecnología e innovación; consolidación de cadenas de valor locales; inserción en la cadena y crecimiento de las pymes; e integración regional y global.

El Gobierno quiere llegar a fin de año con una tasa de desempleo de 6,5 por ciento, adelantó a Página/12 el viceministro de Economía, Roberto Feletti. Para lograr ese objetivo, los puestos de trabajo que se crean a medida que avanza el nivel de actividad (elasticidad empleo-producto) deberán aumentar respecto de los últimos valores que vienen mostrando, algo que en Economía confían que sucederá. Por fuera de la dinámica del mercado de trabajo, en un documento elaborado por la cartera económica se destaca la influencia de la Asignación Universal por Hijo y el aumento de las jubilaciones para explicar la mejora en la distribución del ingreso. El desafío en un potencial próximo mandato es la aplicación de una política de desarrollo industrial más intensa. “Que el ministro de Economía salga a anunciar, con entusiasmo, el aumento que lograron los docentes es un cambio abismal en todo sentido. Antes salían a anunciar los recortes salariales”, manifestó Feletti.

Para impulsar la creación de empleo es fundamental la dinámica del aparato industrial. En 2010 la actividad económica avanzó 9,1 por ciento, mientras que la suba del producto industrial fue de 9,7 por ciento. Más del 80 por ciento del crecimiento manufacturero lo aportaron tres sectores. El automotor contribuyó con 4,9 puntos porcentuales, metálicas básicas con el 1,8 y metalmecánica, 1,2 punto, lo que muestra la recuperación de los bienes durables. En el período 2003-2008 la contribución al crecimiento industrial no estuvo tan concentrada, y figuraron con más firmeza los sectores “sensibles” más intensivos en mano de obra. En la cartera que encabeza Amado Boudou resaltan que la promoción del empleo deberá en adelante estar más guiada por el Estado, ya que se está ingresando en un núcleo duro que “no consigue trabajo mirando avisos en los diarios”.

“El PIB industrial por habitante en 2010 superó el máximo histórico de 1970-1974”, destacó Feletti. Sin embargo, las características del mercado de trabajo son muy diferentes. Por ejemplo, el 35,8 por ciento de los trabajadores no está registrado, según el Indec. Estudios oficiales a los que accedió este diario indican que hay más de un millón de trabajadores no registrados (cerca de un tercio de ese universo) que se desempeñan en establecimientos con más de 10 empleados, segmento donde el Gobierno piensa que es posible incentivar intensamente el blanqueo.

Feletti también enfatizó que “desde 2003 la política macroeconómica permitió que se desarrollen todas las mejoras en términos productivos y sociales; ahora nos enfocaremos en desplegar una política de desarrollo con intervenciones más profundas”. En esa nueva agenda estarían la promoción del empleo y la diversificación de la estructura productiva. Además, la mejora en las condiciones de financiamiento que sostenga a los grandes proyectos de inversión. En Economía consideran que los bancos privados, con subsidio de tasa, se podrían ocupar del crédito a corto plazo, hasta un año y medio, para financiar capital de trabajo. Sin embargo, los préstamos de largo plazo deben ser otorgados directamente por el sector público, como por ejemplo la línea del Bicentenario.

En materia fiscal, el resultado primario del Estado nacional cerró en un 1,8 del PIB, mientras que luego del pago de intereses representó el 0,2 por ciento. En forma consolidada el resultado mejoró mucho frente a 2009 y cerró con un leve déficit de 448 millones, en buena medida gracias a la reestructuración de las deudas provinciales que lanzó el Gobierno. En cambio, en el frente externo hay algunos grises a tener en cuenta (ver aparte).

En el plano internacional, el documento de Economía destaca que las medidas de corte keynesiano que aplicó el gobierno de los Estados Unidos le permitieron llevar adelante una recuperación algo más sostenida que la europea, donde abundaron los paquetes de ajuste fiscal. De todas formas, advierte que la recuperación en los países centrales sigue siendo débil.

La tasa de desocupación se ubicó en 7,3 por ciento en el cuarto trimestre de 2010, con una caída de 1,1 punto porcentuales respecto del mismo período de 2009, informó ayer el Indec. Esa mejora no se explica por una mayor creación de empleo, sino por la reducción de la tasa de actividad. Si la comparación se realiza frente a 2008, antes del cimbronazo de la crisis internacional, el estancamiento en el mercado de trabajo es evidente, pese a la recuperación del rumbo ascendente que siguió el nivel de actividad económica. Los datos refuerzan la idea de que el fuerte crecimiento económico de los últimos años fue traccionado por el sector productor de commodities industriales, intensivo en capital, y el agro, que históricamente tiene escaso impacto en la generación de empleo.

Variables macroeconómicas relevantes como el PIB, la utilización de la capacidad instalada, la inversión bruta fija o el comercio exterior muestran una clara recuperación frente a 2009 y en general también superan los niveles que registraban en 2008. Buena parte de esta dinámica positiva se explica por las medidas fiscales contracíclicas adoptadas por el Gobierno, como el fuerte aumento en la inversión pública, la continuidad en la mejora de las jubilaciones o la Asignación Universal por Hijo, además de políticas de control sobre el ingreso de las importaciones que desplazan producción nacional.

La dinámica del empleo es frecuentemente más esquiva en el despegue del ciclo económico, porque cuando comienza el derrape se destruyen muchos puestos de trabajo que después cuesta recuperar. “Sin embargo, ya se acumulan varios trimestres de crecimiento ininterrumpido y el empleo no reacciona. La situación se encuentra relativamente estancada si se contrastan los últimos datos con 2008 e incluso frente a 2007”, indicó a Página/12 la investigadora de Cifra, Mariana González. Esta lenta respuesta del empleo se da incluso con políticas que tuvieron buen efecto, como el Repro, que aplicó el Ministerio de Trabajo, que subsidió a los empresarios para que retengan aquellos puestos de trabajo que peligraron en la crisis.

En el cuarto trimestre de 2010 el nivel de desocupación se ubicó en 7,3 por ciento de la población económicamente activa, mientras que el nivel de empleo en 42,4 por ciento de la población total. La tasa de actividad, entendida como la población económicamente activa en función de la población total, fue el 45,8 por ciento. En la comparación frente al mismo período de 2009 la desocupación bajó 1,1 punto porcentuales, aunque la tasa de empleo se mantuvo estable. Pero la población activa se redujo 0,5 punto. Esto marcaría que la reducción en el desempleo no se debió a la creación de puestos de trabajo sino a la menor tasa de actividad, que se define como la suma de los ocupados y los que buscan trabajo.

Como el empleo quedó estable, bajó la cantidad de personas que buscan trabajo, lo que se denomina “efecto trabajador desalentado”. Pero en el actual contexto de crecimiento económico ese fenómeno no parece viable. La hipótesis que manejan en el Indec es que la mejora en el ingreso del jefe de hogar puede incidir en que otros miembros del grupo familiar cuyo aporte es secundario dejen de buscar empleo.

La comparación con años previos da cuenta del relativo estancamiento en el mercado de trabajo. En el cuarto trimestre de 2008 la tasa de empleo fue 42,6, con el mismo nivel de desempleo. En 2007, la tasa de empleo fue 42,1, apenas por debajo de la última marca, y el desempleo, 7,5 por ciento. Sin embargo, la economía creció fuertemente respecto de ese período. La intención del Gobierno es que a fines de 2011 se pueda llegar a un nivel de desocupación mínimo, alrededor del 6 por ciento. Sin embargo, el objetivo parece difícil de alcanzar con la actual velocidad en la generación de empleo.

En tanto, la subocupación (que se compone por los empleados en menos de 35 horas semanales) se redujo a 8,4 por ciento, frente a 10,3 en que estaba un año atrás. Los subocupados demandantes (que buscan mejorar su condición laboral) fueron el 5,5 por ciento, contra el 6,9 de 2009. Mientras que la tasa de no demandantes fue de 2,8 por ciento, una baja anual de 0,6 punto porcentual.

El nuevo paquete de licencias no automáticas de importación permitiría reducir en casi el 10 por ciento las importaciones totales este año, estiman altas fuentes del Gobierno. La tercera parte de las compras que se verían afectadas corresponden a Brasil. La intención es cerrar 2011 con un superávit comercial de unos 12 mil millones de dólares, un valor similar al registrado en 2010. Esa entrada de divisas resultaría suficiente, calculan, para continuar con la política de acumulación de reservas en el Banco Central y atender cualquier presión que pueda surgir, en un año electoral, con el tipo de cambio. Más allá del objetivo último de cuidar el resultado externo, la administración de comercio mediante las licencias no automáticas permite aplicar “sintonía fina” para mejorar la inserción de la industria nacional, proteger a algunos sectores de la competencia asiática e incentivar la radicación de empresas extranjeras para que produzcan de forma local.

El superávit comercial es fundamental para que el modelo económico sea consistente. Permite hacer frente al crecimiento de las importaciones provenientes de la inversión y del consumo mediante dólares generados de forma “genuina”, sin recurrir al capricho de los inversores globales o a la colocación de deuda, que incrementa la dependencia a los organismos de crédito internacional. El superávit comercial también permite que el Banco Central administre debidamente el tipo de cambio y acumule reservas para tener “poder de fuego” frente a corridas como las que desataron crisis en numerosos países subdesarrollados a fines de los años ’90.

Una de las herramientas para administrar el comercio son las licencias no automáticas de importación, que introducen una instancia administrativa donde el Ministerio de Industria monitorea cada operación de importación en los productos afectados. Según lo avalado por la OMC, ese trámite demora unos 60 días, pero en la práctica la cartera industrial lo utiliza como elemento de negociación para que los importadores mejoren su ecuación comercial. Con el nuevo paquete lanzado la semana pasada, los productos sujetos a las licencias llegan a 600. El Gobierno también despliega otras iniciativas para reducir la dependencia del dólar, como el todavía incipiente sistema de pagos en moneda local.

En 2011, todas las licencias no automáticas permitirían reducir en unos nueve mil millones de dólares las importaciones, estiman en el Gobierno. De ese total, tres mil millones corren por cuenta de las 400 licencias que ya venían funcionando, mientras que seis mil millones están vinculados con el nuevo grupo de 200 licencias. Estos valores no representan un monto menor en la ecuación comercial. En 2010 las importaciones acumularon 56.443 millones de dólares, con un fuerte crecimiento interanual de 46 por ciento, ya que la comparación se efectuó contra 2009, cuando impactó la crisis internacional. Si se simula un incremento más moderado, la caída en las compras externas por las nuevas licencias podrían representar algo menos del 10 por ciento del total. El objetivo para 2011 es lograr un superávit comercial de 12 mil millones de dólares.

Un tercio de las importaciones que ahora se buscan desestimular provienen de Brasil. Son productos que suman unos dos mil millones de dólares que no se van a trabar, porque el vínculo con el país vecino es muy estrecho y la idea es no generar problemas bilaterales, algo similar a lo que ocurre con Uruguay (ver aparte). En cambio, en la cartera industrial habrá reuniones con las empresas que importan desde Brasil para incentivar la compra nacional y la radicación de plantas a nivel local, como sucedió en su momento en el sector textil, calzado y línea blanca.

El foco está puesto sobre las importaciones que provienen de China, que presionan mucho en productos como ruedas y llantas de acero, electrobombas, manufacturas de vidrio y porcelana, cascos, motocicletas y partes de bicicletas, entre otros.

Otro caso es el de los productos electrónicos, como notebooks, netbooks, monitores y celulares, que “suman masa crítica de importaciones”, dicen en el Gobierno, y serían reemplazables por los ensamblados en Tierra del Fuego. Con un criterio similar, los autos de lujo también fueron afectados por las licencias. Por su parte, los insumos ahora regulados pueden ser rápidamente trasladados a un régimen de excepción, para evitar el desabastecimiento.