Página#12 Libre

En medio de un clima de tensión en el salón Montevideo, Hourest quedó proclamado como titular de la investigación al jefe de Gobierno, en tanto fue elegido para la vicepresidencia el macrista Martín Ocampo y la secretaría a la diputada Gabriela Cerruti, del bloque Nuevo Encuentro.

El resultado de la elección fue cuestionada, a los gritos, por los cinco diputados macristas, quienes, en un principio, no se hicieron presentes cuando comenzó la reunión, en momentos en que se puso en consideración la postulación de Hourest.

Sin embargo, los macristas entraron al salón minutos después y objetaron el sistema empleado para la designación, reclamo que no fue tenido en cuenta por el resto de los diputados de la oposición, quienes ratificaron la decisión tomada.

Hourest, ya en su cargo, mostró su "mayor garantía" para iniciar la tarea de investigación y adelantó que "es urgente abocarse a la delimitación del reglamento de la Comisión y la conformación de la lista de testigos y organizaciones consultadas".

Además, destacó la decisión tomada por el kirchnerista Juan Cabandié, quien declinó su postulación para ocupar la presidencia al empatar la semana pasada la votación con él el pasado viernes.

"Agradezco a Cabandié, cuya hombría de bien facilitó el destrabe de la designación de autoridades", recalcó.

El Transporte de Carga por Ferrocarril aumentó en términos interanuales 21,7 por ciento. El transportado en avión creció un porcentaje similar, en especial por el aumento de los viajes internacionales. También aumentó 48 por ciento la carga transportada por vía aérea, con un alza del 32,9 en los vuelos de cabotaje, y del 48,7 en los internacionales.

El nivel de mayor volumen de carga transportada en servicio ferroviario resultó consecuencia de la reactivación de la economía, en especial en el sector agropecuario, que el año pasado fue afectado por una fuerte sequía. Se destacó el avance del 98,8 por ciento del Ferroexpreso Pampeano, que logró compensar ampliamente la caída del 13 por ciento del General Belgrano.

Como un reflejo de este mayor nivel de actividad económica, la cantidad de vehículos que pasaron por los peajes de la provincia de Buenos Aires aumentó el 8,8 por ciento, pero en el detalle se destacó el alza del 25,7 en el número de camiones livianos, y del 10,7 en pesados.

Como en los años anteriores, el consumo de telefonía celular llevó a la suba a este registro, a partir de un crecimiento del 21 por ciento en la cantidad de llamadas efectuadas, y del 9,7 en el número de terminales, para alcanzar los 54,6 millones de unidades.

En cuanto a los consumos populares, la cantidad de pasajeros transportados en colectivos urbanos mostró un alza del 15,1 por ciento interanual, al tiempo que el número de usuarios de subte aumentó 16,4; y la de los ferrocarriles urbanos el 6,3 por ciento en términos interanuales.

En tanto la demanda de energía eléctrica aumentó 5,8 por ciento en términos interanuales, el consumo de gas natural 2,5, y la distribución de agua por red el 0,3 por ciento.

El legislador referente del MST-Nueva Izquierda comparó la orden del titular de la certera educativa porteña, Esteban Bullrich, con la decisión de Jorge Rafael Videla, autoridad de la última dictadura militar nacional: "Denuncian a los chicos a la policía y buscan a los supuestos ’infiltrados’, en vez de resolver los problemas edilicios en las escuelas”, comparó de manera critica.

"Hacer listas negras, descontar los días de paro, judicializar a estudiantes y docentes como los del Joaquín V. González, y jubilar antes de fecha a supervisoras que apoyaron los reclamos, como ocurrió con Graciela Samagni del Liceo 10 en julio pasado, es claramente una política sancionatoria y antidemocrática", culminó.

Nenna se refirió a las medidas ensayadas por el gobierno de la Ciudad para poner fin al conflicto con alumnos y docentes porteños que reclaman por problemas edilicios. “No es ningún delito defender un derecho”, puntalizó.

El legislador kirchnerista atribuyó a una suma de “ineficacia, falta de gestión, ineficiencia” la subejecución presupuestaria en la cartera educativa, que es la base de los problemas de infraestructura denunciada por padres, docentes y alumnos.

“Es una cosa que tiene que ver con cuál es la prioridad que le da este gobierno a la educación. La educación es un derecho social, no un servicio como lo plantea el gobierno”, dijo esta mañana en declaraciones periodísticas.

Además, recordó que “la Justicia planteó la inconstitucionalidad” de la resolución a través de la cual la cartera ordenaba dar a conocer los nombres de los alumnos participantes de las tomas a los directivos de cada institución.

“Rechazamos esto porque son las viejas y conocidas listas negras de épocas negras de la historia de nuestro país. Y estoy de acuerdo con las tomas porque estoy de acuerdo con los derechos que están defendiendo. No es ningún delito defender un derecho, quienes así lo piensan los que judicializan los reclamos de los alumnos y trabajadores”, concluyó.

Sin la presencia de la diputada Elisa Carrió, que distanció a la Coalición Cívica --fuerza que lidera-- del Acuerdo Cívico y Social tras criticar a las dirigencias radical y socialista por supuestas actitudes que beneficiarían al Gobierno nacional, los espacios representados por sus titulares Ernesto Sanz (UCR) y Rubén Giustiniani (PS) se reunirán para comenzar a delinear el marco de una posible alianza para participar de las elecciones presidenciales.

El socialismo ya presentó al radicalismo una serie de puntos programáticos que serán debatidos mañana para incluirlos en el marco de la nueva conformación del ACyS.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 16.30 en la sede del Comité Nacional de la UCR, ubicado en Alsina y Entre Ríos.

El fallo establece que la sanción "es de mil pesos diarios por cada uno de los cuatro objetivos incumplidos: la implementación de un sistema internacional de medición, un mecanismo de información pública, las pautas fijadas sobre contaminación de origen industrial y saneamiento de basurales".

Así, la multa asciende a cuatro mil pesos por día "hasta tanto el funcionario cumpla lo ordenado" por la Justicia.

Además, el juez intimó a los miembros del Consejo Directivo de ACUMAR, autoridad integrada por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, para que en diez días "den cumplimiento a aquellos objetivos, bajo apercibimiento de ser sancionados con una multa por igual monto que la impuesta a Bibiloni", se explicó.

En tanto, exigió al ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli; al jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Alberto Pérez, y al presidente de la empresa Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Raúl Felipe de Elizalde, que "cumplan con el objetivo fijado, bajo apercibimiento de ser sancionados con una multa diaria de 1.000 pesos".

En cuanto al tema específico de los basurales, el magistrado apercibió a los 14 intendentes de los municipios bonaerenses de la cuenca: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente, y a funcionarios de esos gobiernos.

"El Estado de Israel no tiene ninguna posición hacia el nombramiento de Palacios porque es una discusión interna y el Estado de Israel como país soberano no puede interferir en un tema interno", subrayó Shavit.

La controversia entre Israel y el gobierno de Macri se agudizó ayer cuando el ex embajador Eldad rechazó la versión dada por el macrismo que lo señalaba como el diplomático que recomendó a "Fino" Palacios para el cargo de jefe de la Policía Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires.

"Ni conozco, ni sé quién es Palacios. Creo que debe haber una equivocación", respondió el diplomático, desde Jerusalem, al ser consultado si había dado alguna recomendación para la designación del ex comisario de la Policía Federal.

Eldad se manifestó "extrañado" por esta versión que dio el gobierno porteño y que lo vincula con este escándalo que es debatido en el seno de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

"La verdad es que me extraña mucho este tema, no quiero entrar en ninguna polémica que haya ocurrido en Buenos Aires, pero la verdad es que ni conozco ni sé quién es Palacios. Creo que debe haber una equivocación", afirmó el ex embajador y actual responsable de las comunidades judías de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

El secretario general del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Marcos Peña, señaló a Eldad como el diplomático israelí que avaló a "Fino" Palacios como candidato a jefe de la Policía porteña.

"El embajador Eldad avaló la designación de Palacios", aseguró Peña en declaraciones publicadas por el sitio web Noticias Urbanas, en el marco de una entrevista en la que además aseguró que el ex embajador "fue quien dijo que Palacios era amigo de Israel".

La sala I del Tribunal de Apelaciones rechazó todos los argumentos de la defensa de Macri, entre ellos la de la "gravedad institucional" que tendría la situación. Además, los camaristas sostuvieron que "la eventualidad de un juicio político es un curso meramente hipotético, que no es actual y que depende de otros factores ajenos a la causa penal".

Contra esta decisión a Macri sólo le queda ir en queja al máximo tribunal penal del país para intentar revertir la resolución del juez federal Norberto Oyarbide, que lo procesó como miembro de una asociación ilícita y que fue confirmada por la Cámara Federal.

En el fallo firmado por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah se consideró "inadmisible" la pretensión de Macri de llegar hasta la sala III de Casación y se aludió a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esa misma sala, según la cual no es apelable un procesamiento si no hay prisión preventiva porque no provoca un "gravamen" de imposible reparación posterior, en un juicio oral, por ejemplo.

Además los camaristas entendieron que la "gravedad institucional" usada como argumento por la defensa de Macri tiene "defectos de fundamentación porque fue invocada pero no desarrollada".

El ataque, perpetrado por un grupo de hombres armados, tuvo lugar en un cruce de rutas cercano al asentamiento judío de Kiriat Arba, en los alrededores de Hebrón, Cisjordania, informó el ejército israelí.

Un vocero de las fuerzas palestinas de seguridad esbozó que la autoría del atentado podría atribuirse a un brazo armado del grupo radical palestino Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, opuesto a las negociaciones con Israel, información que fue confirmada por las Brigadas Ezzedin al Qasam, que reivindicaron en un comunicado "la responsabilidad total de esta operación heroica" contra los colonos.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ambos en Estados Unidos para el reinicio de las conversaciones de paz suspendidas desde 2008, fueron informados del ataque.

El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, lo calificó de "doloroso y grave" y aseguró que las fuerzas armadas y de seguridad harán "todo lo posible" para detener a los autores de esas muertes.

A su vez, el grupo islamista palestino Hamas, que controla la franja de Gaza, se congratuló por la muerte de los cuatro israelíes, que tachó de "respuesta normal" a la ocupación de los territorios palestinos.

"Hamas saluda la operación en Hebrón y considera que se trata de una respuesta normal a los crímenes de la ocupación (israelí de territorios palestinos) y una prueba del fracaso de la colaboración (...) entre la Autoridad (palestina) y los ocupantes contra la resistencia", afirma el vocero de Hamas, Abu Zuhri, en un comunicado.

Según el servicio de ambulancias israelí, las víctimas son dos hombres y dos mujeres. Una de ellas estaba embarazada, precisó el ejército israelí.

El automóvil en el que viajaban recibió disparos en una carretera entre la colonia y el pueblo palestino de Bani Naim, cerca de Hebrón, indicó Rosenfeld.

Por esta carretera suelen pasar colonos de la zona, en donde la tensión es muy fuerte entre israelíes y palestinos.

En su tradicional acordada de los días martes, la Corte confirmó una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, al estimar que es una "obligación del Estado argentino investigar y castigar" los delitos de lesa humanidad, pues por su gravedad son contrarios a la Constitución Nacional y a los tratados internaciones suscriptos por el país.

Se refirió así a las "obligaciones asumidas por el estado argentino" ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y puntualizó su "obligación" no sólo de investigar sino también de "castigar los delitos aberrantes, deber que no podría estar sujeto a excepciones".

La Corte declaró "inadmisibles" las objeciones expuestas por los apelantes, tanto en lo referente a la competencia como a la actuación de la Cámara Federal porteña basándose en los fundamentos del caso Mazzeo, del año 2007, en le que se declaró inconstitucionales a los indultos. En dicho precedente, la Corte había señalado que los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, "no sólo son contrarios a la Constitución Nacional sino también a toda la comunidad internacional".

Por otra parte, ante el planteo de afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio por la alegada incapacidad de Massera, la Corte remitió a "la valoración de las circunstancias de hecho y la interpretación de las normas del derecho común", ya resueltas por los jueces "con fundamentos suficientes".

La sala I del Tribunal de Apelaciones rechazó todos los argumentos de la defensa de Macri, entre ellos la de la "gravedad institucional" que tendría la situación. Además, los camaristas sostuvieron que "la eventualidad de un juicio político es un curso meramente hipotético, que no es actual y que depende de otros factores ajenos a la causa penal".

Contra esta decisión a Macri sólo le queda ir en queja al máximo tribunal penal del país para intentar revertir la resolución del juez federal Norberto Oyarbide, que lo procesó como miembro de una asociación ilícita y que fue confirmada por la Cámara Federal.

En el fallo firmado por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah se consideró "inadmisible" la pretensión de Macri de llegar hasta la sala III de Casación y se aludió a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esa misma sala, según la cual no es apelable un procesamiento si no hay prisión preventiva porque no provoca un "gravamen" de imposible reparación posterior, en un juicio oral, por ejemplo.

Además los camaristas entendieron que la "gravedad institucional" usada como argumento por la defensa de Macri tiene "defectos de fundamentación porque fue invocada pero no desarrollada".

"Quiero pedir, como Presidenta de todos los argentinos, que permitan que se siga gobernando para todos los argentinos, con los instrumentos de la Constitución", expresó la jefa de Estado al encabezar un acto en el Teatro Roma de Avellaneda. La mandataria dijo que "se escucha únicamente descalificación, agravios, negativas y oposición por la oposición misma", y convocó a "un debate más serio, a un esfuerzo de responsabilidad".

Además, destacó que "el logro más importante es dar la batalla cultural sobre nosotros mismos para demostrarnos que somos capaces de hacer cosa diferente y mejor". "Serían imposibles estas obras sino se administran bien los recursos, no es magia, se privilegió el mercado interno para generar trabajo, trabajadores que son usuarios y consumidores y reactivan el mercado interno", destacó la Presidenta. Por otra parte, dijo que el modelo iniciado en mayo de 2003 permitió "ir derribando prolijamente todos esos dogmas y falsas verdades sacralizadas que nos decían que los argentinos no podíamos ser felices".

Durante la misma ceremonia, la jefa de Estado entregó 1500 netbooks a estudiantes secundarios de escuelas públicas, en el marco del plan "Conectar.Igualdad", y 70 viviendas construidas en un predio ubicado en la calle 12 de Octubre y la Autopista.

El decreto 1210 fue publicado en el Boletín Oficial y consta de extensos considerandos basados, principalmente, en el informe "Papel Prensa, la verdad", elaborado por los representantes del Estado en la empresa productora de papel para diarios y presentado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Instrúyese a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración del Tesoro de la Nación para que intervengan y efectúen las denuncias y reclamos que correspondan en las causas relacionadas con la firma Papel Prensa S.A.", establece la medida que lleva las firmas de la primera mandataria, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Justicia, Julio Alak.

En el artículo 1, se instruye al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, "para que ponga a disposición del Poder Judicial el Informe `Papel Prensa. La verdad`" y "para que intervenga como parte querellante en las causas que resulten y en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma".

En tanto, en el segundo se instruye al procurador Joaquín Da Rocha "para que intervenga en las causas relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa, así como en todas aquellas que pudieran surgir de las investigaciones".

"La venta de una parte del paquete accionario de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón se concretó en circunstancias oscuras, con los vendedores compelidos a la venta de sus acciones a un precio irrisorio", dice uno de los fundamentos del decreto.

"Los datos preliminares acerca de los controles de violación de luz roja que comenzó a implementarse son contundentes: sólo en la primera hora de trabajo se secuestraron siete licencias a conductores que no respetaron la luz roja del semáforo en una sola posta de un total de veinticinco dispuestas en todo el tejido urbano", informó el Ministerio porteño de Justicia y Seguridad.

Los agentes de control de tránsito se ubicaron desde las 9 en la esquina de la avenida Garay y Salta, en el barrio de Constitución, y una hora después ya se habían retenido las credenciales del registro de conductor a siete personas que violaron el semáforo en rojo.

Las licencias fueron quitadas a "dos taxistas, un transporte de carga y cuatro vehículos particulares", precisó un comunicado de la cartera que conduce Guillermo Montenegro.

"Desde el Gobierno decidimos tomar a la seguridad vial como una verdadera política de Estado, y en este sentido estos controles contribuyen a incentivar la toma de conciencia y el sentido de la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos tener a la hora de sentarnos frente a un volante", sostuvo el ministro en declaraciones a la prensa.

La Ciudad dispuso un total de 25 postas sólo para controlar el respeto de semáforos que se suman a la treintena de controles de alcoholemia, cascos, velocidad, drogas y documentación.

Así lo informó esta mañana el jefe del Escuadrón 36 de Gendarmería, con asiento en Esquel, comandante Roberto Calderón, quien precisó que los brigadistas eran "más de 50 efectivos", entre personal de esa fuerza y expertos de clubes andinos de la región y de Parques Nacionales.

Los tres jóvenes montañistas, oriundos de Mar del Plata, tuvieron contacto por última vez en forma telefónica el jueves pasado con personal del Parque Nacional Los Alerces, cuando "aparentemente se encontraban en el refugio" que unas horas más tarde fue barrido por un alud de nieve, dijo Calderón. "Su intención era que el viernes iban a bajar porque las condiciones (climáticas) imperantes eran adversas, para volver el sábado a la provincia de Buenos Aires", indicó el jefe de Gendarmería, en declaraciones a radio Continental. Como no regresaron, personal del Parque inició un rastrillaje el domingo, hasta que ayer las "intensas nevadas" hicieron que fuera "imposible trabajar continuando con la búsqueda", explicó Calderón. "El panorama lamentablemente es bastante complejo y esperemos que hoy las condiciones climáticas mejoren y nos permitan operar en la zona para continuar con la búsqueda", precisó.

Las condiciones meteorológicas, aseguró, habían mejorado esta mañana por lo que a las 5,30 "salió un grupo por tierra hasta el refugio del cerro Cocinero" y se esperaba que en el "transcurso de la mañana" pudieran partir los tres helicópteros dispuestos para el operativo. Asimismo, explicó que serán trasladados por aire tres perros entrenados, con sus guías, hasta el sector del refugio y también "van a ingresar (al sector) personas altamente capacitadas que integran el Club Andino Bariloche y el grupo de rescate de Gendarmería y de Parques Nacionales a sondear el terreno", remarcó.

La pequeño espacio de madera y chapa que se encontraba a unos 1500 metros de altura en el cerro Cocinero, de 3500 metros, fue "literalmente arrasado por la avalancha de nieve" ocurrida el sábado a la madrugada, recordó. El alud, indicó, "se debió a las grandes precipitaciones del jueves, viernes y sábado" últimos y se trata de una situación poco habitual en la zona. Otra posibilidad, dijo, es que "a raíz del temporal hayan salido (del refugio) con intención de bajar y que en este momento se encuentren extraviados en algún sendero", estimó. "La gente de Parques Nacionales que tiene más años en la zona dice que nunca se había registrado ningún tipo de problemas en ese refugio y menos una avalancha", señaló Calderón.

"Se ha confirmado la muerte de ocho personas", dijo el fiscal de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, quien explicó que seis murieron en el lugar y dos más mientras eran atendidas en el hospital. De las ocho víctimas, seis eran mujeres, especificó.

El ataque fue lanzado por al menos seis hombres que viajaban en un vehículo y que arrojaron las bombas incendiarias contra el bar, el cual ya había denunciado dos intentos de extorsión presuntamente por parte del cartel de las drogas de Los Zetas.

Obama pronunciará su discurso desde la Oficina Oval de la Casa Blanca. Antes habrá rendido visita a las tropas en una base militar en Texas. Su vicepresidente, Joe Biden, se encuentra en Irak para evaluar los avances para lograr la composición de un gobierno.

El portavoz de Obama, Robert Gibbs, indicó a la cadena ABC ayer que este anuncio permite dejar atrás uno de los periodos que más ha dividido al país. "Podemos agradecer a los hombres y mujeres que hicieron un sacrificio tremendo. Podemos sanar heridas", dijo Gibbs. "Esta noche lo que escucharán serán los pasos que tenemos que tomar en casa para reforzar nuestra seguridad interna", agregó.

Los efectivos del ejército estadounidense en Irak se situaron debajo de la cifra simbólica de los 50.000 soldados. A partir de hoy, esos militares tendrán como función "aconsejar y ayudar" al ejército iraquí. Según el calendario establecido por el propio Obama tras asumir sus funciones, deberán abandonar el país a finales de 2011.

"El nivel de violencia es cada vez más bajo. Las fuerzas de seguridad iraquíes funcionan bien, incluso mejor de lo que preveíamos", afirmó Obama el domingo a la cadena NBC. Obama consideró que los iraquíes atravesaban dificultades políticas "naturales en una democracia que arranca", pero reafirmó su optimismo.

Durante su discurso solemne, el segundo que pronuncia desde la Oficina Oval, Obama evocará también el segundo escenario de operaciones del ejército estadounidense: Afganistán, donde optó por triplicar el número de militares desplegados desde el inicio de su mandato.

El plan le será presentado luego a los estudiantes en la reunión que ya tienen pautada ambas partes para el lunes 6 de septiembre.

En diálogo con FM Milenium, el funcionario señaló que "hay unos seis colegios que siguen tomados" y adelantó que en el día de hoy se convocará a los Consejos de Convivencia de esas escuelas "así se resuelve dentro de la comunidad educativa el conflicto".

"Si se continúa con la toma durante unos 10 días más, algunas escuelas van a tener que dar clases en febrero", afirmó Bullrich. En cuanto a las tomas, Bullrich reiteró la posición del Ejecutivo porteño de que son una forma "ilegítima" de reclamar.

El ministro de Educación dijo en ese sentido que la militancia y el compromiso político "es bueno" y que no le preocupa. Pero agregó que le preocupa "que la diferencia política se salde con la toma" porque, según su visión, se "ataca" a la escuela pública.

A pesar de las diferencias sobre la prioridad que oficialistas y opositores le asignan al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el debate sobre la declaración de “interés público” para la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel para diarios ya se instaló en el Congreso. Los escarceos pasan ahora sobre las comisiones a las que será girada la iniciativa del Gobierno, donde comenzará el proceso de discusión en la Cámara de Diputados. El kirchnerismo aspira a girarlo a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamentos, de Comunicación y Legislación General, que presiden diputados propios y aliados, aunque recién definirán la estrategia parlamentaria hoy en una reunión de la mesa chica del bloque. Mientras que el Grupo A quiere que el debate se instale en Asuntos Constitucionales y Libertad de Expresión, donde la cohesión opositora aparece más firme. Por eso, anticipan que intentarán revertir en el recinto cualquier decisión del presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, que no incluya a estas comisiones. El jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara baja, Agustín Rossi, ratificó ayer la intención de abrir la puerta a las negociaciones y se mostró “optimista” sobre la posibilidad de avanzar “en algún nivel de consenso”, para que la iniciativa del Gobierno prospere. “Siempre estamos dispuestos a analizar con los bloques opositores distintas propuestas e iniciativas, en tanto y en cuanto no se tergiverse el núcleo del proyecto”, sostuvo Rossi.

Pero el santafesino no quiso ir más allá y mostrar de antemano la estrategia oficialista, sobre todo en la Cámara donde los números distan de serles favorables. Rossi y Fellner arribaron ayer por la noche a Buenos Aires, aunque recién hoy comenzarán a evaluar junto a la mesa chica del bloque el trazo fino de la estrategia legislativa.

Una de las variantes pasa por girar el proyecto a comisiones que –a entender del oficialismo– no frenen el debate. El listado incluye a Peticiones, Poderes y Reglamentos que preside el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, y Comunicaciones y Legislación General, en manos de aliadas como la radical K Silvia Vázquez y la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra. Entre algunos kirchneristas también circulaba la idea de no apurar el debate. Entre ellos también se analizaba la posibilidad incluso de trasladarlo al interior del país con audiencias públicas en distintas provincias, como se hizo en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Aunque la mayor certeza entre los oficialistas pasaba por buscar impedir que el proyecto quede “cajoneado” en la Comisión de Libertad de Expresión, que preside la radical Silvana Giúdici. “La declaración de interés público de la fabricación y comercialización del papel para diarios, en todo caso amplía los derechos, pero de ninguna manera involucra los contenidos y mucho menos afecta la libertad de expresión”, se justifican.

El núcleo duro opositor, en cambio, rechaza esa posibilidad. Silvana Giúdici reclamó ayer que el proyecto sea girado a la comisión que maneja. “Se trata de un tema que afecta las libertades de expresión y de prensa. No entiendo cómo el oficialismo pretende eludir ese giro y llevarlo en cambio a comisiones que nada tienen que ver con la producción de papel”, sostuvo Giúdici.

Una idea a la que abonó el también radical y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra, al destacar que el texto elaborado por el Gobierno “da lugar a una gran regulación por parte del Estado, y en materia de libertad de expresión la regulación por parte del Estado siempre es sospechosa”.

Lejos de todo academicismo, el macrista Federico Pinedo dijo que la iniciativa oficial “me parece un no proyecto, no se sabe qué es, es una especie de engendro que dice y autoriza al Ejecutivo a hacer un proyecto de marco regulatorio”. Por eso el Grupo A quiere sesionar esta semana a pesar de que la semana anterior sólo sentó a 19 diputados en el recinto– para imponer su mayoría y obligar al oficialismo a girarlo a las comisiones de Libertad de Expresión y a la de Asuntos Constitucionales, que preside la peronista disidente Graciela Camaño.

Pero las diferencias entre las distintas bancadas opositoras comienzan a manifestarse. “Regular el papel del Estado en una empresa mixta como Papel Prensa significa extender derechos y no reducir la libertad de expresión”, aseguró el diputado Eduardo Macaluse, que se mostró predispuesto a debatir el proyecto oficial. Aunque reconoció que el interbloque de Proyecto Sur recién analizará esta semana la posición que asumirá la bancada de centroizquierda.

La presidenta Cristina Fernández vinculó a la oposición con una corporación empresaria, al realizar declaraciones durante una recorrida por la Planta Potabilizadora de Aysa, en el Paraná de las Palmas (partido bonaerense de Tigre). Allí aseguró que no recuerda “desde la Década Infame que se haya defendido tanto y con tanta vehemencia el interés de una empresa privada desde la política para quedar bien con sus patrones”. Además, le reclamó al Grupo A en el Congreso que trate el proyecto de ley que declara como una industria “de interés público” la producción de papel para diarios. “Si no les gusta el proyecto de ley, que hagan otro. Pueden hacer otro proyecto o cambiar el que enviamos, pero es hora de que abandonen las excusas y las coartadas y se pongan los pantalones largos”, los intimó.

La Presidenta se mostró acompañada por el gobernador Daniel Scioli y el intendente local, Sergio Massa, que parece haber vuelto al círculo kirchnerista y le dedicó palabras elogiosas a la gestión nacional. Cristina Fernández cuestionó la postura de gran parte de la oposición en la disputa entre el gobierno nacional y las corporaciones mediáticas. “Nunca vi que se defendiera tanto el interés de una empresa privada desde la política como hoy –se lamentó–. No creo que lo hagan para salir en un programa de televisión o en una foto de un diario: es poco premio.”

Además, defendió el proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados para considerar la producción de papel para prensa “de interés público” y se mostró abierta a que se discutan modificaciones en el texto. “Si no les gusta, pueden hacer otro o cambiar el que enviamos”, sugirió, antes de pedirles a los opositores que “dejen las excusas y las coartadas”. Luego insistió en que el único fin que persigue esa norma es “el interés público”, y se quejó de que “hay algunos que se oponían aun sin conocer este proyecto”. Y siguió: “Es una oposición que se opone a todo, aun sin saber, se opone a todo, pero pese a eso seguimos avanzando porque al país le está yendo bien pese a todo y pese a los palos en la rueda que le han puesto a este gobierno”.

Como ejemplo, aseguró que el suyo “es el primer gobierno al que se le niegan las facultades, mal llamadas delegadas, porque les son propias”, algo que no le hicieron “ni al de Alfonsín, ni al de Duhalde, ni al de De la Rúa, ni al de Kirchner”, y sostuvo que, en ese sentido, los legisladores opositores “se equivocan porque están personalizando demasiado” el debate. “Por eso le pido a la gente que reflexione, porque no creo que hayan votado para que el Congreso se dedique a oponerse por oponerse solamente”, agregó.

Sobre la planta de agua potable que recorrían comentó que “se trata de la obra más importante de los últimos 50 años”, porque “permitirá que millones de argentinos tengan agua potable” y argumentó que “no hay planes de salud si no hay agua potable, hospitales, educación y seguridad, que son los instrumentos que mejoran la calidad de vida”. Antes había entregado computadoras a alumnos de escuelas públicas de la zona, algo que “tiene que ver con cubrir la brecha de desigualdad” en el país.

“Cuando los papás no puedan comprarles la computadora a sus hijos, entonces es el Estado el que va a cubrir eso que falta”, explicó. “Son medidas apuntadas a seguir quebrando la desigualdad y dar a la sociedad más equidad y más oportunidades iguales para todos –completó–. De eso se trata la labor del Estado. Nos han metido en la cabeza que el Estado es algo malo, ineficiente, que no sirve, pero hoy gracias al Estado, no a un gobierno, tienen una computadora para progresar y capacitarse. No pierdan esa oportunidad.”

El canciller Héctor Timerman y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, salieron a respaldar la medida de la presidenta Cristina Fernández de enviar al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de papel de diarios. Timerman remarcó que “no hay nada más democrático que lo que hizo la Presidenta” con Papel Prensa, al haber derivado la investigación por los canales institucionales.

“Ante la evidencia de que se cometió un delito económico y una violación contra los derechos humanos, que dieron motivo a la creación de una empresa, se ha enviado todo a la Justicia y al Parlamento. Es lo que se hace en países donde se respeta la libertad”, expresó Timerman.

El ministro Randazzo aseguró que la intención del Gobierno es “democratizar la información y dar igualdad de oportunidades a los diarios”. Randazzo explicó que era necesario enviar un proyecto al Congreso que declarase de utilidad pública la producción de pasta base para la impresión de diarios, como así también la comercialización y la distribución de papel para diarios. El ministro subrayó la constitución de una comisión bicameral representada por todo el arco parlamentario, con ocho diputados y ocho senadores que van a tener que sancionar el marco regulatorio, como así también un consejo consultivo integrado por los medios de todo el país. Randazzo destacó “que se espera que haya un debate importante en el Congreso ya que se trata de democratizar la información, de dar igualdad de oportunidades a los diarios que son parte en este caso del capital accionario de Papel Prensa, como así también el resto de los diarios del país”.

El ingreso por la Cámara de Diputados del proyecto de ley declarando de “interés público” la producción de papel de diario descomprimió la situación en el Senado, donde tanto oficialistas como opositores habían empezado a preparar los guantes para la disputa. Fuentes del Frente para la Victoria habían adelantado el viernes que el proyecto ingresaría por la Cámara alta, por lo que rápidamente los senadores habían comenzado a bosquejar los primeros números. Sin embargo, y a pesar de que en este cuerpo el oficialismo tiene una posición más favorable, la iniciativa finalmente se presentó en Diputados y el Senado quedó a la expectativa hasta tanto haya una media sanción. En ese contexto, esta semana la oposición buscará avanzar con su agenda en comisiones, como la problemática de la inseguridad y el 82 por ciento móvil para las jubilaciones.

Fuentes parlamentarias del kirchnerismo se mostraron sorprendidas ante la decisión de mandar el proyecto sobre Papel Prensa a Diputados, ya que en el Senado la situación es mucho menos adversa. La virtual paridad entre opositores duros y oficialistas dejaba un margen de optimismo para el bloque que comanda el rionegrino Miguel Pichetto. La UCR, liderada por Gerardo Morales, ya había adelantado que el tema Papel Prensa no estaba en la agenda opositora y que insistirían con el aumento jubilatorio, la inseguridad, la ley de Glaciares, entre otros.

En ese contexto, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado visitarán cuatro provincias para recibir opiniones de entidades sobre el proyecto de ley que eleva los haberes al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Imitando el tratamiento del matrimonio igualitario, la comisión visitará hasta ahora Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis. Este jueves se definirá el cronograma completo de los viajes al interior y de las reuniones que se realizarán en el Congreso. Durante la última sesión se votó que el proyecto se tratará el 13 de octubre y que el dictamen será firmado el 5 de ese mes.

Morales afirmó que “las perspectivas de aprobación son buenas” y aseguró que empujan en esa dirección “no sólo la sanción de Diputados, sino el trabajo de la Corte Suprema de Justicia”, que firmaría un fallo en una causa conocida como el “caso Rossi”. De todas formas, destacó que prefería que “el tema sea definido por la política, en concreto el Congreso, en lugar de la Justicia, porque es más nuestra responsabilidad que la de los tribunales”.

Por otro lado, dos comisiones recibirán hoy al ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, y al ex ministro León Arslanian para avanzar en el debate de proyectos para combatir la inseguridad que la Cámara alta abordará en una sesión especial el 29 de septiembre. Las comisiones de Justicia, que preside la salteña Sonia Escudero, y de Seguridad Interior, encabezada por Fabio Biancalani, comenzarán a discutir en la misma reunión el proyecto de ley que propone clausurar los desarmaderos y que prohíbe la comercialización, transporte y almacenamiento de autopartes, cuyo autor es el titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto.

Casal, Arslanian y otros expertos serán oradores cuando se aborde el tema de los desarmaderos, que será el primero de la reunión, en la que además se considerará la creación del Servicio Cívico Voluntario, un programa impulsado por el vicepresidente Julio Cobos que dice apuntar a la contención educativa de los jóvenes en situación de riesgo social. Sobre este tema, del que hay otras iniciativas, los legisladores escucharán las opiniones del secretario de Empleo, Enrique Deibe; la socióloga Silvia Guemureman y los rectores de las universidades de Tres de Febrero, Aníbal Jozami, y de La Matanza, Daniel Martínez.

Los tres montañistas que se encuentran desaparecidos desde el jueves, cuando escalaban el cerro Cocinero, en el extremo noroeste del Chubut, no fueron encontrados ayer y los brigadistas suspendieron hasta hoy las tareas de búsqueda. Los escaladores estaban en un refugio, cuando, al parecer, una avalancha lo barrió.

El jefe del Escuadrón 36 Esquel de la Gendarmería Nacional Argentina, comandante principal Roberto Calderón, informó que “los brigadistas que concurrieron a la zona donde se presume estuvieron los andinistas no encontraron nada”. Ayer subió al cerro un contingente de experimentados montañistas de los centros andinos de Esquel, Trevelín y Bariloche, quienes se encontraron con los otros rescatistas que pasaron la noche y la madrugada última en la montaña.

“Los desaparecidos no dieron señales de vida y hoy (por ayer) se decidió que todos volvieran a la base porque siguió nevando y en algunos lugares hay acumulados entre dos y tres metros de nieve, por lo que se temen más avalanchas y corren riesgos los rescatistas”, explicó el gendarme.

Los montañistas subieron con sondas con las que auscultaron las profundidades de senderos y hondonadas tapados con la nieve para “palpar” si hay cuerpos sepultados, aunque el resultado fue negativo.

Calderón explicó que “las sondas son varillas de tres metros con las que se tantea el fondo del terreno, que está todo cubierto por la nieve; no se registraron novedades así que se decidió bajar para no poner en riesgo al equipo de rescate”.

Los socorristas esperan que para hoy las condiciones mejoren, de acuerdo con los informes con los que cuentan del Servicio Meteorológico Nacional, y así se podrán utilizar los tres helicópteros disponibles, dos de la Gendarmería nacional y uno particular de Bariloche, listo para operar en la zona. “Son más de 30 hombres preparados con elementos y perros adiestrados en la búsqueda que subirán al cerro al lugar donde estaba el refugio”, que fue arrasado por la nieve.

El último contacto con los montañistas desaparecidos se tuvo el jueves y el operativo de búsqueda se inició no bien las condiciones climáticas lo permitieron. En la última comunicación que tuvieron los tres jóvenes de mediana edad perdidos avisaron que comenzarían el descenso el viernes, cosa que no ocurrió y quedó patentizada el sábado cuando no usaron los tickets del avión comprados para el vuelo de regreso.

El cerro Cocinero está a mitad de camino entre el acceso al parque nacional Los Alerces y el lago Futalaufquen, 70 kilómetros al noroeste de Esquel.

El actual gobierno aspira, como se sabe, a otro mandato surgido de las urnas. Si lo logra, en el año 2015 se habrá cumplido un ciclo histórico extenso. A falta de mejor nombre, se lo conocerá como el ciclo “kirchnerista”, aunque los historiadores podrán ensayar denominaciones más desapegadas del idioma con que se expresa el fragor político. Pero me detengo ahora en un problema que considero importante. Lo llamaré el problema de la autorreflexión sobre el merecimiento. Aguardar favorablemente otro período constitucional del mismo signo político que los dos anteriores (muchos lo esperan, otros quedan demudados ante esa no inverosímil posibilidad: variados pronósticos ya están circulando) no puede ser un pensamiento simple. Quien lo postule debe acceder a una revisión de su propia conciencia cívica respecto de merecimientos, calidades y proyectos. Es evidente que el ciclo entero que así se cumpliría reclamará exigencias mayores en términos de reflexión histórica; no podría ser producto de un mero continuismo ni el resultado de una operación electoral afortunada.

Admitamos que una continuidad, como dije, “del mismo signo”, es un episodio de dimensiones enormes y desafiantes. No puede ser mera continuidad sino disposición a encarar temas, estilos y designaciones nuevas para el conjunto de los actos necesarios para abrir una etapa nueva. En primer lugar, debe estabilizarse nuevamente el juicio sobre el pasado. La disputa sobre Papel Prensa ilustra lo que queremos decir. Proponerlo como de “interés público” lo hace un tema semejante al de la discusión sobre los tributos fiscales sobre la renta agropecuaria, las condiciones de la explotación minera y la cuestión de los medios de comunicación. Pero tiene la propiedad de ser una tribuna de enjuiciamiento sobre el inmediato pasado, que nunca parece cicatrizar. En efecto, en los años ’70 convivían varios despliegues antagónicos de “acumulación” económica y política. Sin embargo, vuelve la discusión sobre esos años –discusión que es la misma y es otra–, porque no habrá sociedad argentina si no se realiza la cura real del pasado.

No es fácil pensar otra época en nuestro país donde existiese un banquero como Graiver, joven, aventurero, definido por un estilo de riesgo que sin duda debía fundarse en una mirada muy descarnada sobre el origen de las fortunas (aunque esto sea la esencia recóndita de todo poder financiero). Tal como en el origen real del capitalismo: “con lodo y sangre en sus poros”. Parecía ser indistinto si la acumulación capitalista provenía del corazón oscuro del régimen o de las operaciones expropiatorias revolucionarias. Estas, si eran presentadas en nombre de la creación de poderes alternativos, también podían verse como réplica rebelde del origen real de las estructuras dominantes, que en su pasado remoto solían guardar la memoria difusa de un audaz golpe de mano.

En esos años de profunda ilegalidad, el poder revolucionario tomaba no pocos elementos del orden económico reinante, así como los militares, en su sueño demencial también fundado en la ilegalidad y en el uso del Estado al mismo tiempo, tomaron elementos del proceder insurgente. No eran moralmente iguales estos dos poderes, como lo demuestra el hecho de que uno de ellos generalizó una matanza en las tinieblas del Estado, tornándolo a éste clandestino. Como ahora viene a demostrarse, de las tantas encrucijadas existentes, Graiver representaba una de ellas, porque podía ser el banquero de todos, mostrando la ilegalidad profunda de la época. Los militares de aquel tiempo de tinieblas juzgaron que la relación entre Montoneros, la banca Graiver y las nuevas hipótesis de “acumulación primitiva” de un renovado capitalismo financiero debía resolverse por la coacción, por el cerrojo de miedo que imponían sobre la sociedad y fraguando la alucinada imagen de las desapariciones como “secreto que todos sabían”.

El secreto del Estado clandestino lo sabía el Estado visible, y el secreto de la sociedad de torturadores lo sabía la sociedad real en las entrelíneas de su facultad de sospechar. Eran conocimientos subterráneos, metáforas ocultas de cualquier conversación trivial. Con esos ingredientes coactivos que permitían caminar por la calle pero que mantenían sus partículas atemorizantes en el interior del habla real, se ejercía la gran trama expropiatoria. Era la confiscación general de bienes en todos los planos de actividad –empresas y personas–, cuya metodología en la mayoría de los casos reposaba en la ley de fuga, en los vuelos de la muerte o en los campos de concentración en cuarteles, comisarías o destartalados predios del Estado. Y en otros, de la prisión anterior o posterior a los hechos, como coreografía de la cesión de bienes y contratos de traspaso de propiedades.

El caso Graiver, como siempre se sospechó y siempre se dijo en sordina, es parte de la cifra entera de la historia nacional contemporánea. Excede y refuta lo que los escuetos tribunos de la oposición, los editorialistas de los diarios involucrados y el propio fiscal Strassera dicen ver en este episodio: un caso de impostura gubernamental, una malversación de los derechos humanos al lanzarlos hacia una nueva torsión confiscatoria, una arbitraria conversión en ilegales de hechos que mostraban su prístina legalidad. Agregan una consabida letanía: control de medios, atentado a la libertad de expresión, inseguridad jurídica. ¿Acaso no era una familia vinculada a las finanzas vendiendo sus propiedades por un comprensible traspié económico? No, era mucho menos y mucho más que eso. Mucho menos: el Estado al que como financista Graiver quería aliarse aunque con otro estilo de acumulación venía en 1976 a cobrar sus libras de carne. Mucho más: el poder militar-empresarial-comunicacional quería construir otro Estado sobre la ruina de pactos anteriores, un nuevo orden estatal y financiero exorcizando con sangre al grupo Montoneros, que también era mucho más que una organización armada, pues interpelaba al conjunto de los estamentos productivos, religiosos y militares de la nación.

Por lo tanto, los actos reales del actual gobierno exceden cualquier astucia que pudiera haber en torno de la invocación de los temas de derechos humanos para finalidades no intrínsecas a ellos. Son actos de historiografía aplicada. Son una entrada efectiva al reino de la libertad de expresión, que es la que indaga el interior de los lenguajes sociales sin pretender encontrarlos prefabricados. Por supuesto, ahora pudiera haberse preferido silenciar este tema específico de la empresa de papel, porque incluso la sociedad argentina estaba preparada para ello. Nadie lo reclamaba, luego de largos años donde la Justicia avanzó no poco y de manera muchas veces excepcional. ¿Para qué más? Pero ya no se trata tanto de la justicia sino de la historia, cuyo conocimiento profundo es finalmente la forma superior de la justicia. No en todos los casos, pero sí en casos extremos como éste, una familia es una forma equivalente al drama histórico en su conjunto. Por eso se escinden en escribanías y por medio de papeleríos tribunalicios.

Como los Labdácidas de Sófocles, los Graiver son una estructura familiar que fue acosada por el Estado, que perteneció a la conciencia implícita de una época turbada y llega a este momento actual en busca de su verdad, como tantas otras familias, habiendo atravesado estos años con distintas readaptaciones y diversos grados de aceptación de los nombres políticos más sombríos que diera la política nacional. El Estado, si busca reconstruirse como parte de la sociedad y de la memoria pública (que no necesariamente sanciona pero busca instituir sus verdades), debe dar el paso fundamental del esclarecimiento de la historia. Alemania, en los años ’80, aún discutía las responsabilidades y conceptos profundos que habían llevado al nazismo.

Ocurre lo mismo entre nosotros, con las diferencias que quieran establecerse, principalmente una: la conducción central del régimen militar argentino instaló la maquinaria de terror pero la combinó con un discurso público de restauración del orden hablado con palabras solicitadas del diccionario de la república y las libertades. A muchos grupos empresarios y a muchos argentinos con responsabilidades culturales y sociales se les hizo fácil aceptar este acertijo insensato, primero, porque conocían esas palabras tranquilizadoras y, segundo, porque los ayudaban a no mirar demasiado hacia una realidad de pesadilla, de la que podían sacar partido sin tanta mala conciencia, pues se vivía un régimen doble y entrelazado. En un segmento se mantenía la ley, y en otro, débiles tabiques amortiguaban la voz del torturado, aunque la situación incluía que algunos gritos se filtraran para decir sin decir. ¿Qué sugerían? Que las leyes del tráfico económico y la identidad de las personas eran nominales. No eran leyes ni identidades, eran la traducción normativa de aquellos gritos provenientes de la mazmorra.

Ahora está ante la Justicia y el Parlamento este núcleo trágico de la historia nacional. Pero principalmente está frente a la conciencia pública. Entonces: por parte del gobierno que desató el nudo de esta discusión, aspirar a completar ante la consideración popular y constitucional cuatro años más de mandato, supone acrecentadas responsabilidades en cuanto a este tema y a tantos más. Es preciso asumirlas y darles el contenido de ideas que amplíen la frontera del compromiso genuino con los grandes cambios.

El Frente que se propone debe obtener más especificaciones conceptuales: se dice “trabajadores, clase media, empresarios”. Deben refinarse estos conceptos e incluso personalizarse, mencionar cómo las instituciones de cada sector se cortan o se constituyen. Deben insinuarse valoraciones de tales instituciones y de su historia, y debe mencionarse la región cultural habitada por distintas corrientes intelectuales y morales, que deben también especificarse. Deben darse respuestas más comprensivas y originales a las discusiones en ciernes, poniéndose en discusión pública los grandes esquemas bajo los cuales se realiza hoy la minería, tanto como se discutió y sigue discutiendo la naturaleza y distribución de la renta agraria. El equilibrio de transferencias remunerativas entre el capital y el trabajo, desde luego, no debe ser una categoría de equilibrio suficiente sino el paso necesario hacia un nuevo dinamismo social, que lleve directamente a discutir el reino de las tecnologías y la ciencia, su responsabilidad en la creación de riqueza y conocimiento al margen de corporaciones y tecnocracias. La idea tradicional de “cultura del trabajo” debe dar paso a la potenciación de todas las formas nuevas y modalidades emancipadas del trabajo: material, simbólico, manual e intelectual.

Un gobierno con una realidad de minoría o empate parlamentario no debe ser minoritario en el acto de tomar las fuerzas de la historia en sus manos. Estas son las fuerzas de la libertad colectiva, de la pedagogía de masas y del esclarecimiento de su propio pensamiento, en términos de renunciar al uso de la coacción estatal, de dejar que reinen las pulsiones del argumento persuasivo, dirigido en especial a quienes lo atacan o consideran que no posee legitimidad para hablar de historia, memoria y derechos humanos. Pero en estos casos hablan los actos. Es cierto que en cuerda simultánea debe hablar el habla, deben hablar las palabras. Muchas ya se han dicho. Lo que quiero decir es que hay un tramo exigente que aún deberá recorrerse. El de mostrar, en un gran ejercicio de reflexión y autocrítica, que el período advenidero, elecciones mediante, deberá ser fruto del merecimiento, esto es, de mayores autoexigencias y compromisos crecientemente sutiles. Por un lado, merece quién interpreta mejor el pasado y lo transborda a otras dimensiones en las que juzga situaciones ya vividas, cancela los atavismos y renueva la esperanza. Por otro lado, merecer es algo a ser creado, es el único sector de la vida en que en el momento de la cosecha no actúa el pasado ni somos fruto de meros legados.

Sociólogo, director de la Biblioteca Nacional.

“Acá no se vota.” El exabrupto del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pronunciado durante la última asamblea de Papel Prensa (con guantes de boxeo incluidos) terminó en decisión judicial. El magistrado comercial Eduardo Malde dispuso que no se trate en las próximas reuniones de accionistas de la papelera la modificación de la conformación de la Comisión Fiscalizadora, que actualmente está integrada por dos integrantes del Estado y uno en representación de los diarios Clarín y La Nación. Este es el único órgano de control donde el Estado tiene mayoría, situación que los diarios quisieron revertir durante la asamblea del pasado 12 de agosto, la cual tuvo que ser suspendida luego de que Moreno realizara su puesta en escena.

La Comisión Fiscalizadora es el instrumento que utilizó el Gobierno para investigar dentro de la compañía. Según la Ley de Sociedades Comerciales, este órgano puede iniciar investigaciones ante cualquier denuncia formulada por escrito por parte de los accionistas. Esto es lo que hizo el Estado a partir de los testimonios brindados por ex directivos de la compañía (José Pirillo, ex titular de La Razón, y Rafael Ianover, tenedor de las acciones de David Graiver) que denunciaron “la recolección de retornos por parte de los proveedores que luego eran entregados a los accionistas privados”.

Esta denuncia figura, incluso, en el informe elaborado por la Sigen que fue remitido a la Cámara de Diputados en un CD, junto a otra cantidad de documentación, incluido el proyecto de ley que pretende declarar de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. Frente a este escenario, el juez Malde emitió una resolución a partir de la cual no se podrán hacer cambios en la Comisión de Fiscalización. Es decir, la Justicia comercial no avaló las modificaciones que querían implementar los accionistas de Clarín y La Nación, quienes tienen en conjunto el 71 por ciento de las acciones de Papel Prensa, frente al 27,46 por ciento en manos del Estado.

La decisión de este magistrado tuvo su primer capítulo en la larga asamblea del pasado 12 de agosto. El encuentro había comenzado cerca de las nueve de la mañana. Cuando promediaban las cuatro de la tarde, el Estado ya había perdido 15 votaciones, entre ellas la aprobación de una serie de balances trimestrales. Pero llegó el turno de votar, a pedido de los accionistas privados, el cambio en la Comisión Fiscalizadora, que desde el año ’73 está compuesta por dos integrantes del Ejecutivo y uno de las empresas privadas.

“Acá no se va a votar nada de lo que quieren los accionistas privados y nos bancamos lo que haya que bancarse”, irrumpió Moreno para intentar frenar esa votación. Para ese entonces, ya había distribuido entre sus colaboradores y los directivos de los diarios una serie de guantes de boxeo y unos cascos industriales. La escena de los guantes vino a cuento de otra reunión, realizada el pasado 14 de julio, en la cual ocurrió un fuerte cruce entre Moreno y el abogado Soaje Pinto, que representa al gerente de Finanzas de Papel Prensa (y al neonazi confeso Alejandro Biondini). Soaje Pinto denunció que en ese cruce hubo sillazos por parte del secretario de Comercio Interior, mientras que Moreno dejó trascender que el abogado intentó pegarle y se fracturó un dedo en la trifulca.

Producto de esta pelea, el juez Malde le solicitó a Moreno “comportarse civilizadamente”. De ahí los guantes de boxeo, ironía de por medio. Sin embargo, en la resolución de ayer, el juez comercial le dio la razón a Moreno, más allá de sus exabruptos. La Comisión Fiscalizadora es también el órgano que le permitió a la Sigen determinar que los accionistas privados estaban vendiendo el papel a sus empresas relacionadas por debajo del precio de producción.

Esta información, que está asentada en el informe de la sindicatura y en la investigación presentada la semana pasada bajo el título Papel Prensa: La Verdad, es la que motivó el envío del proyecto de ley para modificar el marco regulatorio en torno de la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. El principal objetivo del Gobierno es declarar esta actividad de “interés público”.

El empresario español Antonio Mata declaró ayer durante cuatro horas ante la Justicia, acusado de fraude al Estado argentino en el marco del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, empresa que lideraba antes de la reestatización que se produjo en 2008. La causa se reabrió luego de que la Cámara de Casación Penal revocara un fallo de la Cámara de Apelaciones, que había declarado la prescripción.

En la causa se investiga a Mata por la supuesta inclusión, en el balance de 2001 de Aerolíneas Argentinas, de una afirmación falsa donde se asentó una capitalización de 1238 millones de pesos. Otra maniobra denunciada se refiere a la entrega de 758 millones de dólares que supuestamente había realizado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del gobierno español (SEPI), destinada a cancelar pasivos de la aerolínea de bandera, hecho que nunca ocurrió. El caso había sido trabado por la Cámara de Apelaciones, pero luego se reflotó en Casación, que lo devolvió al juez de primera instancia.

En una larga audiencia y acusado de “defraudación contra la administración pública”, Mata declaró ante el juez en lo criminal porteño Alberto Baños. Se justificó en que las autoridades de su país supuestamente monitorearon la operación cuestionada por la Justicia local, manifestando que no realizó nada que no le hubiera ordenado el gobierno ibérico, según se supo a la salida de Tribunales. En la causa también está citado a indagatoria, entre muchos otros, Gerardo Díaz Ferrán, titular de la principal cámara fabril española.

Antonio Mata era titular de Aerolíneas Argentinas y de la empresa Air Comet (perteneciente al Grupo Marsans), que a su vez era responsable del gerenciamiento de la línea de bandera. Por otro lado, se desempeñaba como presidente de Interinvest (subsidiaria de Air Comet), dueña del 93 por ciento de aerolínea. Para la fiscalía, se trataba de “cargos que resultaban incompatibles y se perjudicaban los intereses de la línea aérea argentina”. Más recientemente, el español quedó involucrado en el vaciamiento del diario Crítica, también de su propiedad.

El fin de semana el Gobierno comenzó a emitir una propaganda por TV en la que insta a los usuarios de Fibertel a iniciar acciones legales contra la compañía por brindar servicio sin licencia. Ese spot motivó la inmediata reacción de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), que el domingo distribuyó un comunicado oponiéndose a la iniciativa. “Desaconsejamos iniciar acciones legales por daños y perjuicios contra el proveedor de Internet”, sostuvo Fernando Blanco Muiño, presidente de UCA. La semana pasada, Muiño también afirmó en radio y TV que los consumidores no deben cambiar de prestador ni dejar de pagar, en sintonía con la empresa. Lo llamativo es que hasta que estalló el conflicto con Fibertel, UCA era un sello con muy poca actividad.

La entidad se creó en 1996 y figura inscripta con el número 0013 en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, pero en su página web y en su Facebook la única información disponible es sobre el caso Fibertel. Su presidente actual, incluso, es un afiliado radical con más antecedentes en la política partidaria que en la defensa de los derechos de los usuarios. Es un convencional porteño que a fines del año pasado integró el “Comité Promotor Julio Cobos Presidente 2011” y ahora está viendo cómo decanta la interna para posicionarse.

Desde ya no es un pecado la militancia política, pero los medios de comunicación que lo entrevistaron en los últimos días por Fibertel no mencionaron esos datos y lo presentaron sólo como presidente de UCA, pese a que hasta entonces su actividad pública venía vinculada casi exclusivamente con el radicalismo. Por ejemplo, en el muro del Facebook de Blanco Muiño, al que puede accederse sin tener que figurar como “amigo”, la mayoría de sus intervenciones están vinculadas con la interna del partido. Allí responsabiliza a Elisa Carrió por la ruptura del Acuerdo Cívico y Social y le cuestiona las críticas a Ricardo Alfonsín. “Pido urgente junta médica para la doctora Carrió”, escribió el 29 de julio. Muiño también es integrante del grupo Aurora, un núcleo de intelectuales críticos del kirchnerismo, muchos de los cuales fueron funcionarios de la última dictadura militar.

Biólogos moleculares, genetistas, epidemiólogos y endocrinólogos, entre otras especialidades médicas, expusieron sus trabajos durante dos días en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y llegaron a una conclusión: “Existe evidencia (científica) que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”. Sucedió en el Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, la primera vez que una universidad pública convoca a investigadores y académicos para abordar el uso de agroquímicos y el modelo agropecuario actual. Con investigaciones nacionales e internacionales, y con las historias clínicas de pacientes, reconocidos especialistas vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y afectan a 12 millones de habitantes. Solicitaron al gobierno nacional que se prohíban las fumigaciones aéreas y se limiten las aspersiones terrestres, y pidieron la aplicación urgente del principio precautorio que figura en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Participaron especialistas de diez provincias y seis universidades nacionales.

Ya lo habían denunciado vecinos, campesinos, ONG, médicos rurales y algunos (pocos) científicos, de manera aislada. Incluso la Justicia comenzó a emitir fallos que reconocieron el peligro de los herbicidas y plaguicidas. Pero, de manera recurrente, empresarios rurales, compañías de semillas y químicos, y funcionarios suelen reclamar “pruebas” científicas. “Durante estos dos días disertaron profesionales de seis universidades públicas nacionales. No tenemos dudas, tenemos evidencia suficiente de lo perjudicial del uso de agrotóxicos”, afirmó al cierre del encuentro, el sábado último, Medardo Avila Vázquez, coordinador del encuentro y docente de la UNC.

El propio decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Gustavo Irico, abrió el foro el viernes por la mañana. “La universidad debe dar este debate, verificaremos hechos, analizaremos el grado de evidencia. Acá hay expertos en el tema, daremos una discusión que será esclarecedora”, adelantó. Le siguieron casi doce horas de disertaciones (hasta las 21). Y toda la mañana del sábado. Luego del mediodía, y ya con todas las ponencias brindadas, se escribió y consensuó un documento público.

“Equipos de salud, científicos, investigadores y académicos convocados por la UNC nos sentimos en la obligación de decir: es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones sometidas a fumigaciones. La situación se agrava día a día (...) en las poblaciones sistemáticamente fumigadas a consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial”, afirma el documento, firmado por un centenar de especialistas llegados al Primer Encuentro, avalado formalmente por la Facultad de Ciencias Médicas y coorganizado por dos cátedras (Medicina I y Determinantes sociales de la salud, de Pediatría).

Desde el inicio de las jornadas se remarcó que la universidad llegaba tarde a una problemática que desde hace más de una década es denunciada por poblaciones fumigadas. Se hizo autocrítica y también se explicitaron algunas de las posibles causas a esa ausencia. “Las grandes empresas centralizan y lucran con el 90 por ciento del conocimiento universitario, los ámbitos oficiales de ciencia y técnica abren la puerta al sector privado y limitan a los profesionales que buscan estudiar en beneficio de la sociedad. Es imperioso apoyar y fomentar tesis de maestría y doctorado sobre las consecuencias de los agroquímicos”, reclamó Eduardo Maturano, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc).

El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló historias clínicas de niños malformados que comenzaron a llegar a su consultorio en 1993. Exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. “Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Todos. Tengo sus nombres, conozco su sufrimiento. ¿Cómo me pueden decir que ‘no hay pruebas’? Que traigan a sus esposas o hijas embarazadas y verán las pruebas irrefutables”, desafió.

Las estadísticas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. “Sabíamos que los agroquímicos afectaban los genes, pero no teníamos la forma de realizar los estudios. Eso es lo que acaba de confirmar Andrés Carrasco (UBA-Conicet). Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, la bomba de tiempo estalló, los afectados son miles y negarlo es criminal”, afirmó.

El pediatra y neonatólogo de Malabrigo (Santa Fe), Rodolfo Páramo, exhibió casos calcados a los del Chaco y resumió: “En toda zona sojera encontrarán los mismo. Es un modelo productivo que destruye la vida”, denunció y detalló la estadística de su pueblo: en un solo año, sobre 220 nacimientos se registraron doce malformaciones, “muy por arriba de la media mundial, de un caso cada 8000 nacidos”. El médico contó que se graduó en la Universidad de Córdoba y recordó una de las primeras lecciones que aprendió: “Si el médico encuentra algo que daña a la salud, es su obligación ética y moral alertar lo que está sucediendo, advertir a las autoridades y a la población. Me lo enseñó la universidad pública de Argentina, no entiendo a los que silencian”. Sobrevino una ovación del auditorio, con gran presencia estudiantil.

Le sucedieron investigaciones, la gran mayoría publicadas en revistas internacionales –como solicitan quienes minimizan las denuncias de los afectados–. La directora de Epidemiología Ambiental del Cáncer de la UNC, María del Pilar Díaz, explicó sus avances de investigación, detalló un monitoreo internacional sobre el tema y dio cuenta de sus dos últimas publicaciones, que vinculan plaguicidas y cáncer. La delegada del Ministerio de Salud en el Chaco, Analía Otaño, detalló que en la última década los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. El científico de la UBA y del Conicet Andrés Carrasco (que acaba de publicar en una revista científica internacional su trabajo sobre el efecto del glifosato en embriones anfibios) cerró el encuentro.

Otra decena de especialistas detallaron sus trabajos (de las universidades de Río Cuarto, Litoral, Rosario y UBA). Todos vinculan y alertan sobre los efectos sanitarios de los agroquímicos. Todos poseen trabajos a disposición de colegas y medios de comunicación.

“Es urgente avanzar en las restricciones públicas al uso de los plaguicidas (...) es necesario aplicar el principio precautorio”, reclama el documento de los investigadores, y pide a la Presidenta y al Ministerio de Salud que prohíban las fumigaciones aéreas (“como ya se estableció en la Unión Europea”) y limiten las terrestres. Insta al Congreso a que apruebe leyes, hace un llamado al resto de las universidades nacionales a comprometerse a proteger la salud y el ambiente, e impulsa a analizar críticamente “el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico, y buscar sistemas que permitan la integración social y el cuidado ambiental”. Quedó conformada una red de investigadores y acordado un próximo encuentro, en marzo del 2011, en la Universidad Nacional de Rosario.