Página#12 Libre

“Acá no se vota.” El exabrupto del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pronunciado durante la última asamblea de Papel Prensa (con guantes de boxeo incluidos) terminó en decisión judicial. El magistrado comercial Eduardo Malde dispuso que no se trate en las próximas reuniones de accionistas de la papelera la modificación de la conformación de la Comisión Fiscalizadora, que actualmente está integrada por dos integrantes del Estado y uno en representación de los diarios Clarín y La Nación. Este es el único órgano de control donde el Estado tiene mayoría, situación que los diarios quisieron revertir durante la asamblea del pasado 12 de agosto, la cual tuvo que ser suspendida luego de que Moreno realizara su puesta en escena.

La Comisión Fiscalizadora es el instrumento que utilizó el Gobierno para investigar dentro de la compañía. Según la Ley de Sociedades Comerciales, este órgano puede iniciar investigaciones ante cualquier denuncia formulada por escrito por parte de los accionistas. Esto es lo que hizo el Estado a partir de los testimonios brindados por ex directivos de la compañía (José Pirillo, ex titular de La Razón, y Rafael Ianover, tenedor de las acciones de David Graiver) que denunciaron “la recolección de retornos por parte de los proveedores que luego eran entregados a los accionistas privados”.

Esta denuncia figura, incluso, en el informe elaborado por la Sigen que fue remitido a la Cámara de Diputados en un CD, junto a otra cantidad de documentación, incluido el proyecto de ley que pretende declarar de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. Frente a este escenario, el juez Malde emitió una resolución a partir de la cual no se podrán hacer cambios en la Comisión de Fiscalización. Es decir, la Justicia comercial no avaló las modificaciones que querían implementar los accionistas de Clarín y La Nación, quienes tienen en conjunto el 71 por ciento de las acciones de Papel Prensa, frente al 27,46 por ciento en manos del Estado.

La decisión de este magistrado tuvo su primer capítulo en la larga asamblea del pasado 12 de agosto. El encuentro había comenzado cerca de las nueve de la mañana. Cuando promediaban las cuatro de la tarde, el Estado ya había perdido 15 votaciones, entre ellas la aprobación de una serie de balances trimestrales. Pero llegó el turno de votar, a pedido de los accionistas privados, el cambio en la Comisión Fiscalizadora, que desde el año ’73 está compuesta por dos integrantes del Ejecutivo y uno de las empresas privadas.

“Acá no se va a votar nada de lo que quieren los accionistas privados y nos bancamos lo que haya que bancarse”, irrumpió Moreno para intentar frenar esa votación. Para ese entonces, ya había distribuido entre sus colaboradores y los directivos de los diarios una serie de guantes de boxeo y unos cascos industriales. La escena de los guantes vino a cuento de otra reunión, realizada el pasado 14 de julio, en la cual ocurrió un fuerte cruce entre Moreno y el abogado Soaje Pinto, que representa al gerente de Finanzas de Papel Prensa (y al neonazi confeso Alejandro Biondini). Soaje Pinto denunció que en ese cruce hubo sillazos por parte del secretario de Comercio Interior, mientras que Moreno dejó trascender que el abogado intentó pegarle y se fracturó un dedo en la trifulca.

Producto de esta pelea, el juez Malde le solicitó a Moreno “comportarse civilizadamente”. De ahí los guantes de boxeo, ironía de por medio. Sin embargo, en la resolución de ayer, el juez comercial le dio la razón a Moreno, más allá de sus exabruptos. La Comisión Fiscalizadora es también el órgano que le permitió a la Sigen determinar que los accionistas privados estaban vendiendo el papel a sus empresas relacionadas por debajo del precio de producción.

Esta información, que está asentada en el informe de la sindicatura y en la investigación presentada la semana pasada bajo el título Papel Prensa: La Verdad, es la que motivó el envío del proyecto de ley para modificar el marco regulatorio en torno de la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. El principal objetivo del Gobierno es declarar esta actividad de “interés público”.