Página#12 Libre

En su tradicional acordada de los días martes, la Corte confirmó una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, al estimar que es una "obligación del Estado argentino investigar y castigar" los delitos de lesa humanidad, pues por su gravedad son contrarios a la Constitución Nacional y a los tratados internaciones suscriptos por el país.

Se refirió así a las "obligaciones asumidas por el estado argentino" ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y puntualizó su "obligación" no sólo de investigar sino también de "castigar los delitos aberrantes, deber que no podría estar sujeto a excepciones".

La Corte declaró "inadmisibles" las objeciones expuestas por los apelantes, tanto en lo referente a la competencia como a la actuación de la Cámara Federal porteña basándose en los fundamentos del caso Mazzeo, del año 2007, en le que se declaró inconstitucionales a los indultos. En dicho precedente, la Corte había señalado que los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, "no sólo son contrarios a la Constitución Nacional sino también a toda la comunidad internacional".

Por otra parte, ante el planteo de afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio por la alegada incapacidad de Massera, la Corte remitió a "la valoración de las circunstancias de hecho y la interpretación de las normas del derecho común", ya resueltas por los jueces "con fundamentos suficientes".