Página#12 Libre

Debido al temporal que azotó gran parte del Nordeste y Centro del país fueron evacuados pobladores en toda la región. En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, las autoridades dispusieron evacuar a los habitantes que viven bajo la cota 15 del río Uruguay, a causa de que anuncian una fuerte crecida del río, ya que deberá desagotar la represa de Río Grande por la gran cantidad de agua acumulada por las lluvias –unos 70 milímetros en la zona– y la gran afluencia del río. Al mismo tiempo, en Córdoba, la intensidad de las lluvias no fue menos piadosa. En Río Cuarto, al sur la provincia, un hombre murió ahogado al desbordar el río. Por otra parte, el sistema eléctrico en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Paraguay también sufrió las repercusiones del temporal, ya que la central hidroeléctrica Yacyretá interrumpió durante tres horas el suministro de energía por “precaución”, según informaron desde la empresa. Mientras tanto, el temporal, que durante la madrugada y la tarde del domingo último también se descargó en la provincia de Buenos Aires, produjo que las familias afectadas en el partido de Brandsen y Almirante Brown debieran ser evacuadas. Sin embargo, tras normalizarse la situación ayer empezaron a retornar a sus casas.

El fuerte temporal produjo destrozos en distintos puntos del país: arrasó con viviendas, provocó desbordes en los ríos, obstrucciones en las calles, interrupción de servicios como luz y agua y, como si fuera poco, familias enteras debieron abandonar sus hogares. La tormenta agravó el panorama por las inundaciones en la localidad entrerriana de Concordia que produjo más de siete mil evacuados, mientas que las lluvias y los fuertes vientos dejaron más de medio centenar de cincuenta casas sin techo en la ciudad de Posadas, Misiones, y produjeron el corte de la electricidad en varios pueblos.

Debido a la gran cantidad de agua que cayó en poco tiempo sobre la ciudad de Concordia –70 milímetros–, el río Uruguay llegó ayer a la mañana a los 15,20 metros y, según pronosticaron, alcanzará los 15,30, por lo que se abrirán las compuertas de la represa de Salto Grande para permitir que se libere el caudal. Por ello, se declaró “el estado de alerta y la recomendación de evacuar hasta la cota 15” de ese río, según informó a través de un comunicado el intendente de la localidad, Gustavo Bordet. En cuanto a los días venideros, agregó que “el panorama es crítico, pero afortunadamente no hay lluvias pronosticadas para el resto de la semana, aunque de esto no podemos tener certezas”.

Este fenómeno climático llevó a la central hidroeléctrica de Yacyretá a suspender ayer, desde la hora cero hasta las 3, la energía eléctrica en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Paraguay. El corte fue pautado debido a que desde la estación satelital de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY) se había detectado “un temporal que abarcaba el tamaño de la provincia de Corrientes”, informó el director ejecutivo de la empresa, Oscar Thomas, por lo que la medida intentó prevenir “para que no haya perjuicios”. Tras ese lapso el servicio fue restablecido.

Por otra parte, las aguas del río Cuarto, en Córdoba, desbordaron también a causa del temporal y produjeron la muerte de un hombre que fue rescatado con vida y falleció cerca de las 22 en el Nuevo Hospital de Río Cuarto. Otra de las provincias afectadas por las incesantes lluvias fue la de San Luis, donde la crecida de la cuenca del río Negro obstruyó la ruta nacional 8, entre los kilómetros 695 y 720, cerca de Villa Mercedes, por lo que se debió cortar esa vía de comunicación.

El número de evacuados también aumenta en el Chaco donde, según datos oficiales, llegan a unos cuatro mil. En esta provincia la situación se complica aún más, ya que la tormenta del último fin de semana se suma a las inundaciones que desde hace algún tiempo azotan a la población chaqueña. Mientras tanto, en Catamarca la lluvia no vino sola, la acompañaron los intensos vientos y el granizo que arrancaron el techo de una escuela y de varias viviendas, caídas de postes y corte de energía eléctrica en los departamentos de Santa Rosa y Ovanta. Los mismos fenómenos climáticas que se descargaron sobre Catamarca tuvieron lugar en distintas ciudades del departamento de Taboada, en Santiago del Estero, y también generaron importantes daños materiales. Aunque bastante más alejada en el mapa, la provincia de Buenos Aires también fue centro de tormentas: en el partido de Brandsen cayeron “unos 50 milímetros de agua en apenas minutos” y en Almirante Brown algunos vecinos debieron autoevacuarse. Aunque ayer los habitantes de ambos partidos retornaron a sus viviendas.

Desde Estoril

La disyuntiva sobre qué hacer ante las elecciones realizadas en Honduras se convirtió en el tópico más conflictivo del plenario de presidentes de la Cumbre Iberoamericana. Como hacían prever las declaraciones de los cancilleres que se fueron conociendo en los días previos, los mandatarios que participaron de la primera jornada de debate no pudieron ponerse de acuerdo. El primer discurso que hizo mención a este tema fue el de la presidenta Cristina Fernández. La mandataria usó conceptos fuertes, se valió de la coincidencia entre las elecciones en Uruguay y Honduras para hacer un contraste entre ambos comicios. “La mención de las elecciones democráticas en Uruguay torna insoslayable también el abordaje de otras pseudo elecciones realizadas en el continente y que tuvieron lugar, yo diría casi como un simulacro, en Honduras, si se me permite la adjetivación”, aseguró la Presidenta. Pero fue sólo su primera mención. Enseguida advirtió que a partir de lo acontecido en Honduras ella percibía que estaban apareciendo “nuevas formas de interrupción democrática en la región”. “Los podemos llamar golpes cívicos mediáticos”, subrayó la Presidenta, ante la mirada silenciosa de sus pares de América latina, España y Portugal.

La postura de la Argentina luego fue secundada con énfasis por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil había asumido un fuerte riesgo al alojar al derrocado Manuel Zelaya en su embajada en Tegucigalpa. Una de las dudas que circulaba ayer por el Hotel Miragem, sede de la cumbre, era cuánta energía pondría la delegación brasileña en defender el tema Honduras. Una primera respuesta llegó a través del asesor preferido de Lula en política exterior, Marco Aurelio García. “La posición de Brasil –comenzó García ante una pregunta de Página/12– es no reconocer la legitimidad de estas elecciones y continuar reconociendo a Zelaya como el presidente legal de Honduras. Nosotros necesitamos una solución pacífica, pero hay que consultar al presidente Zelaya. Es él quien tiene conversaciones en este momento. Este tema debe ser tratado en el ámbito más adecuado, que es la OEA.”

–¿Cómo queda la posición de Brasil tras las elecciones en Honduras? –preguntó este diario.

–Nosotros no tenemos ningún problema. Zelaya se quedará ahí (en la embajada brasileña en Tegucigalpa) el tiempo que necesite. Lo que va a pasar en el futuro es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, ahí veremos.

El rol de Washington

La postura conjunta de Argentina y Brasil ante la evolución de los acontecimientos en Honduras había sido acordada a través de los cancilleres. En los últimos días abundaron los contactos telefónicos y cara a cara entre los ministros de los países del continente. Todos querían tantear la opinión del resto para ir definiendo una posición colectiva. En esos contactos tuvo un protagonismo importante el Departamento de Estado estadounidense y quien lo encabeza, la secretaria de Estado, Hillary Clinton. La esposa de Bill se comunicó con el canciller Jorge Taiana, también con el gobierno español. Enseguida quedó clara cuál era su posición: las elecciones hondureñas organizadas por el gobierno de facto de Roberto Micheletti eran “un avance”, aunque ese adelanto debía ser acompañado por otras decisiones.

La influencia del Departamento de Estado no tardó en comprobarse en el plenario. Uno de los casos más comentados fue el del mandatario panameño, Ricardo Martinelli, de origen empresario, alineado con la centroderecha y debutante en estos encuentros. Para justificar la validez de un proceso eleccionario convocado por un gobierno ilegítimo, el panameño recordó el golpe de Estado contra Manuel Noriega y la invasión de los marines a su país. Tras definir ambos episodios como “sangrientos”, Martinelli aseguró que la incursión militar estadounidense había permitido recuperar la democracia en Panamá. Un argumento similar había surgido de la delegación peruana que viajó a Portugal: para los funcionarios que acompañaron a Alan García, los procesos de democratización de principios de los ’80 en varios casos surgieron de gobiernos autoritarios.

El argumento precedente llevaba a una posición que varios presidentes fueron deslizando a lo largo de la Cumbre: la teoría de que la convocatoria a las urnas bajo un gobierno de facto era un “mal menor” que permitiría descomprimir la situación en Honduras. Esa postura fue rechazada por la Argentina. El canciller Taiana incluso había advertido sobre la posibilidad de que se instaurara un nuevo tipo de golpes militares, los golpes del siglo XXI. Ayer, la propia CFK insistió con esa advertencia. “Ya no tienen el viejo concepto de la intervención militar que caracterizaba a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Son realizados en un marco donde no intervienen los militares. Pero sí se desarrollan dentro de la propia sociedad y dentro de alguna de sus instituciones con violaciones al propio ordenamiento legal”, dijo la mandataria.

El criterio de los dos socios mayores del Mercosur también sumó el respaldo de Ecuador, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que estuvo representado por su canciller David Choquehuanca (el domingo próximo se realizarán elecciones y Evo Morales está de campaña). También apoyaron Chile y España, aunque el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se mostró bastante ambiguo a la hora de responder si Madrid terminará reconociendo a las autoridades electas el domingo. “España no reconoce, pero al mismo tiempo no ignora que hay un nuevo actor”, fue la fórmula elegida por el canciller Miguel Angel Moratinos.

Las reuniones de cancilleres y presidentes se sucedieron a lo largo de toda la jornada, pero hasta última hora no había podido consensuarse una declaración común. La alternativa que parecía ganar fuerza era que el documento sobre Honduras fuera firmado sólo por el presidente de la Cumbre Iberoamericana, el mandatario portugués Aníbal Cavaco Silva. Es una fórmula que suele utilizarse en la diplomacia cuando las posiciones no logran una síntesis unificadora.

Anoche, cuando ya había terminado el plenario, se había realizado la tradicional “foto de familia” con todos los mandatarios y también había agotado su agenda de reuniones bilaterales, la Presidenta ofreció una conferencia de prensa para los periodistas argentinos.

–¿Cuál es su opinión sobre la posición de Hillary Clinton y los dichos del portavoz del Departamento de Estado en relación con Honduras? –le preguntó este diario.

–No pienso comentar las declaraciones del Departamento de Estado porque tengo las mías. En todo caso pídale a Hillary Clinton que opine de mis declaraciones. Yo creo que, y es la posición que hemos sostenido muchísimos países y lo he dicho públicamente, como también lo he sostenido en la cuestión de Medio Oriente, el rol de Estados Unidos podría haber sido de mayor fuerza. Y eso no significa injerencia. Significa el peso específico de un país que sigue teniendo un liderazgo a nivel mundial indiscutible.

Las oportunidades están para ser aprovechadas. En eso también están de acuerdo la presidenta Cristina Fernández y el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Porque el año próximo, además de recordarse el Bicentenario, CFK y Zapatero coincidirán en dos lugares claves. Como jefe del Ejecutivo español, Zapatero ocupará la presidencia de la Unión Europea. A su vez, la Presidenta argentina ocupará la presidencia pro témpore del Mercosur. La oportunidad que no quieren desperdiciar, sobre todo en una España aún afectada por la crisis económica, está pendiente desde hace diez años: la firma de un acuerdo comercial entre los dos bloques. “Queremos llegar a un acuerdo que viene demorado desde hace tiempo. Esta búsqueda tiene la edad del Mercosur, que se creó hace 23 años”, explicó Cristina Kirchner.

La decisión de aprovechar el 2010 para avanzar todo lo que sea posible en la integración de los dos bloques está tomada. Se lo pudo constatar en las dos tandas de reuniones que se sucedieron en los salones del Hotel Miragem. En el primer encuentro estuvieron los cuatro cancilleres del Mercosur más los de España y Portugal, Miguel Moratinos y Luis Amado, en representación de Europa. Luego llegó el turno de las bilaterales. Zapatero se entrevistó primero con Lula y acordaron que en mayo el español viaje a Brasil para participar de una conferencia sobre la Alianza de Civilizaciones. El jefe del Ejecutivo español se reunió luego con la Presidenta. En esa conversación también estuvieron la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, los cancilleres Moratinos y Taiana, más el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, y el secretario de Relaciones Económicas, Alfredo Chiaradía.

Con renovados ímpetus, Madrid transmitió a los socios mayores del Mercosur su disposición a avanzar en la suscripción de un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Esa negociación está pendiente desde hace diez años. Comenzó en 1999, pero quedó en suspenso en 2004, cuando se constató que la Ronda de Doha organizada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) no iba a poder completarse por culpa de los desacuerdos.

En la reunión con Cristina, Zapatero dijo que España iba a impulsar en la Unión Europea todas las medidas que fueran necesarias para facilitar un acuerdo con el Mercosur. Desde los intereses del bloque regional, el principal obstáculo para cualquier negociación con Europa fueron siempre las barreras arancelarias con las que suelen proteger y subsidiar su producción agropecuaria en el Viejo Continente. La propuesta de los españoles fue que las tratativas para suscribir un acuerdo puedan mostrar avances concretos en la inminente cumbre del Mercosur del 9 de diciembre. Ese día se podría anunciar “un programa ambicioso” de integración, según informó el vicecanciller brasileño, Antonio de Aguiar Patriota. Sin embargo, la fecha clave que están postulando los españoles es el 18 de mayo. Para ese día está previsto un encuentro de jefes de Estado de América latina y el Caribe con la Unión Europea. La cita es en Madrid. “Ese día empezamos la semana de mayo del Bicentenario”, recordó CFK.

La intención de Madrid fue analizada con mucha atención por la delegación argentina. La propia Presidenta reconoció que cualquier tratativa en ese sentido deberá encontrar la forma de sortear dos escollos: los aranceles europeos a las exportaciones agrícolas del Mercosur y las barreras impositivas de este lado del océano –y sobre todo de Argentina–, que se destinan a proteger la producción industrial local. “Tendremos que empezar por lo que estamos de acuerdo”, planteó la Presidenta. Le preguntaron entonces de qué manera se podía encontrar un acercamiento entre las posiciones. “Tendremos que pensar mecanismos de adaptación competitiva, compensaciones”, fue su respuesta.

Las preguntas, de rigor, se renuevan cada vez que la Presidenta mantiene una reunión con Zapatero. Pero ciertos antecedentes hacían que la consulta sobre la actualidad de las empresas españolas en la Argentina fuera obligada. Sobre todo a partir de la información que trasciende desde el gigante español Repsol, propietario de YPF, desde donde se ha deslizado que algunos de sus accionistas están impulsando la venta de las inversiones de la compañía en la Argentina. Además, como Página/12 informara hace diez días, el panorama de la petrolera ha estado motivando crecientes versiones sobre una nacionalización. Esos comentarios han surgido desde importantes funcionarios del Gobierno.

Ayer, en la conferencia de prensa posterior a su reunión con Zapatero, este diario le preguntó a la Presidenta si en esa conversación se había hablado de Repsol y de YPF. “En absoluto. No se tocó ninguna otra cuestión que no sea lo que les dije”, respondió CFK. “Lo puede confirmar el embajador”, agregó. Sentado en un sillón al costado de CFK, Carlos Bettini se limitó a hacer un mínimo gesto afirmativo.

Ya se está convirtiendo en un clásico. Shakira Mebarak, más conocida por su nombre de pila, como también por sus canciones y por sus coreografías que homenajean a la cultura árabe, es la creadora de la Fundación Alas. Esa entidad se presenta como una organización sin fines de lucro que se plantea como objetivo “movilizar a la sociedad latinoamericana a favor de la implementación de políticas públicas integrales de desarrollo infantil temprano”. Acompañada por Antonio de la Rúa, Shakira participó de la Cumbre Iberoamericana. Su figura –es muy bajita– y su carisma aparecieron el domingo junto a la mandataria chilena Michelle Bachelet. Ayer se la pudo ver de nuevo, pero esta vez la acompañaban la presidenta Cristina Fernández, su coterráneo Alvaro Uribe y Bachelet.

A los tres mandatarios se sumó el titular de la Secretaría Iberoamericana, Enrique Iglesias. Los cuatro se sentaron junto a la cantante para anunciar un acuerdo de cooperación. “Le agradezco a Cristina, fue mi aliada desde el primer día de nuestra fundación”, dijo Shakira. Luego se supo que Shakira le había pedido a CFK que incorporara como tema en la agenda de la próxima Cumbre Iberoamericana a realizarse en Mar del Plata la implementación de programas de estimulación temprana a niños. “Con Shakira nos hemos comprometido a introducir el tema. Y yo expuse acerca de la drástica modificación que hemos hecho en la Argentina en materia de protección y extensión de la seguridad social a todos los menores de 18 años”, dijo. Se refería a la asignación universal por hijo.

El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró ayer que el Gobierno está negociando con supermercados y autoservicios un acuerdo para garantizar canastas navideñas a “precios accesibles”, como ocurrió el año pasado. “Ponemos mucho esfuerzo para que la gente tenga más plata. Habrá 1700 millones de pesos adicionales para jubilados, y esa plata tiene que significar más consumo y no más precios”, expresó. Además, el funcionario se manifestó a favor de ajustar las tarifas de los servicios públicos para que “aquellos que tienen más capacidad de pago, paguen más”.

Las tradicionales cajas navideñas llegaron a los supermercados a mediados de noviembre con aumentos de hasta un 15 por ciento. Carrefour oferta una variante básica con seis productos a 17 pesos, 13 por ciento más que en diciembre de 2008. Wal Mart vende seis artículos a 15 pesos y Disco a 18 pesos, 11 y 12 por ciento más caras que hace un año, respectivamente. El único supermercado que mantuvo los precios fue Coto, que vende una caja con siete productos a 25 pesos. Todos los hipermercados complementan esa oferta básica con otra más completa que registra aumentos similares a los detallados.

Los productos por separado registraron subas similares. El Centro de Educación al Consumidor detectó incrementos de 20 por ciento en el pan dulce y de entre 10 y 15 por ciento en vinos espumantes, champagne y sidras. No obstante, la entidad advirtió que a medida que se acercan las Fiestas los precios empiezan a subir todavía más.

La intención oficial es ponerles freno a esos incrementos de última hora y garantizar un conjunto de canastas navideñas en oferta que le dé opciones accesibles al consumidor. Así se busca evitar que el mayor poder adquisitivo, garantizado a través del plus a los jubilados y la asignación universal por hijo, termine siendo transferido a los productores de alimentos a través de subas de precios. La variante más económica incluiría pan dulce, turrón, garrapiñada, sidra y budín a un precio cercano a los 10 pesos. “Vamos a seguir cuidando el tema precios: allí vamos a trabajar muy fuerte”, reconoció Boudou.

El ministro de Economía aprovechó además para manifestarse a favor de un ajuste en la tarifa de los servicios públicos que pagan los sectores medios y altos. “Hay que ir ajustando las tarifas de los que más pueden para poder hacer las obras de infraestructura para aquellos que más lo necesitan”, declaró ayer a un canal de televisión.

“Por una garrafa se paga cinco veces lo que abona alguien por el gas en Barrio Norte.” Las declaraciones de Boudou se dan días después de que el presidente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), Alejandro Mac Farlane, planteara la necesidad de “avanzar y resolver la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de electricidad en 2010”, con la expectativa de que “se definan tarifas razonables para los operadores y los consumidores”. Mac Farlane había considerado “acertada la política de eliminación parcial de subsidios a las tarifas del sector dispuesta por las autoridades energéticas”, ya que, afirmó, “es una locura seguir subsidiando a todos aquellos que pueden pagarla”.

Boudou afirmó también que “es un muy buen momento para tomar créditos” en el mercado local y expresó que esto está vinculado con las gestiones que está haciendo el Gobierno para volver a los mercados internacionales de crédito. “Esto tiene que ver con la confianza, ya que nuestros bonos aumentaron abruptamente en tres meses desde que comenzamos a dar pasos de retorno a los mercados”, sostuvo. El ministro defendió nuevamente la “flotación administrada” en la cotización del tipo de cambio y confió en que la cotización del dólar no sufrirá sobresaltos. “Muchos se burlaron de la pauta de un dólar de 3,95 pesos en el presupuesto de 2010, pero la realidad nos fue dando la razón”, remarcó.

“Hay voluntad política de poner todo sobre la mesa.” Con esta frase, el subsecretario de Integración Regional, Eduardo Sigal, definió los alcances y las expectativas abiertas tras la cumbre presidencial bilateral entre Argentina y Brasil, llevada a cabo hace dos semanas en Brasilia. En conversación con Página/12, el funcionario de la Cancillería describió las mejores condiciones existentes para arribar a un acuerdo, aunque al mismo tiempo advierte: “sólo con buenas intenciones no alcanza”.

–¿Cómo sigue la relación bilateral con Brasil luego de la última cumbre de presidentes?

–Argentina y Brasil no sólo son dos países limítrofes, sino que también son las mayores economías de América del Sur. En este sentido, la buena relación política entre ambos gobiernos es lo que ha posibilitado hasta el momento llevar adelante un proceso de integración en toda la región y es lo que permite superar las diferencias históricas que existen entre ambos países. Sin embargo, hay que saber que nuestras economías, en muchos aspectos, no son complementarias sino que compiten entre sí. Por lo tanto, no alcanza con tener buenas intenciones. Si no se generan algunos parámetros entre el apoyo que ofrece un gobierno a sus diferentes sectores productivos, los desfasajes serán muy importantes. En una economía como la de Brasil –que es como un elefante que puede destruir todo lo que tenga por delante–, hay que contemplar estas diferencias a la hora de sentarse a negociar.

–Un senador brasileño indicó a este diario que “cada país debería decidir cuáles son los sectores que deben ser protegidos y cuáles deben perder”. ¿Cuál es su opinión?

–Es una lectura. No todos ganan en el proceso de integración, esto es cierto. En la década de 1990, el mercado era el que decidía quién vivía y quién moría. Los sectores productivos argentinos cayeron estrepitosamente. Sin embargo, el intercambio con Brasil se incrementó en un 280 por ciento. Si dentro de esta lógica ganador-perdedor, Argentina sólo puede ser proveedor de materias primas mientras que Brasil continúa su industrialización, creo que habrá un choque de trenes. Un país que está en desarrollo no puede admitir jamás una relación así. No lo admiten ni Lula ni Cristina Fernández. Si de este proceso surge que algún sector tiene que reconvertirse, será producto de una decisión política.

–¿Se están analizando sectores para su reconversión productiva?

–No, quizás sea cuestión de otro ministerio, pero desde la Cancillería no se está analizando. Desde nuestro alcance estamos proponiendo la autolimitación en las exportaciones brasileñas, algo que nos permite sostener a nosotros el proceso productivo nacional. Y si a esto le agregamos un impulso para desarrollar cadenas de valor para la integración, podremos mejorar nuestro intercambio comercial con Brasil.

–Pero al tiempo que Argentina le reclama a Brasil que se autolimite, Brasil acusa a la Argentina de estar reemplazando exportaciones de ese país por productos chinos. Si uno mira los números del Indec, ve que hay algunos desvíos en ciertos sectores.

–El mismo fenómeno que se da en Argentina ocurre en Brasil. Hay productos chinos que han avanzado sobre el país vecino como lo hicieron en Argentina. Cuando aparecen algunas trabas en el comercio bilateral, surgen otros países que salen a ocupar esos lugares. Ahí es cuando aparecen China, México, Tailandia, entre otros. Es un problema que tenemos nosotros y el resto del mundo. Pero no hay que perder de vista el todo. El porcentaje de comercio entre Argentina y Brasil que está afectado por las licencias no automáticas representa un diez por ciento, mientras que el total de la balanza comercial del país dejará este año un superávit de aproximadamente 18.000 millones de dólares. ¿Tenemos que preocuparnos por Brasil o tenemos que ver la totalidad del comercio? La relación bilateral debe mirarse más globalmente.

–En la última cumbre presidencial bilateral se aprobó, aunque tuvo poca repercusión, un acuerdo para avanzar en la coordinación macroeconómica entre ambos países...

–Lo que se acordó fue comenzar el análisis para desarrollar una política común en el aspecto tributario, fiscal y sobre financiamiento. Primero habrá que hacer un diagnóstico para saber cómo estamos y poner todas las cartas sobre la mesa, porque si detrás de la discusión comercial hay incentivos productivos que se ocultan, no vamos a superar este tema nunca. Si dos presidentes firman una declaración de estas características, creo que existe una clara decisión política para poner todo sobre la mesa.

–¿La ley de impuestos internos para favorecer a la industria nacional de Tierra del Fuego generó algún ruido en Brasil?

–El régimen de Tierra del Fuego es simétrico al de Manaos. Lo que se aprobó en Argentina no es diferente a lo que se está aplicando como política avalada por el Mercosur. En Brasil no he recibido ningún comentario sobre esta ley. Sí recibí varias inquietudes de otros países, como México. Había mucha inquietud porque consideraban que pueden generarse situaciones de desigualdad en la producción de electrónicos, pero nada más.

Casi 2,7 millones de chicos, de los cuales más de 1,3 millones hasta el momento no tenían ningún tipo de cobertura estatal, tendrán derecho a cobrar a partir de hoy la nueva asignación por hijo. Sus padres o encargados deberán concurrir a los bancos dispuestos por la Anses en cada caso para retirar el beneficio. “Allí se les entregará una tarjeta de débito para acceder a la asignación, en cualquier cajero automático de las redes Link, Banelco y Cabal”, precisó el titular del organismo, Diego Bossio. Según estimaciones del Gobierno, el beneficio terminará llegando a unos 5 millones de menores de 18 años, para lo cual continúan las inscripciones, pero se hizo un corte para este mes con quienes se pudo acreditar que cumplían los requisitos para cobrarlo.

Desde Estoril, Portugal, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó que la puesta en marcha del subsidio a la niñez “es una política superadora, porque asigna ingresos a quienes carecen de ellos y al mismo tiempo los obliga a que sus hijos concurran al sistema preescolar y escolar para recibir los estímulos”. Hasta los cuatro años, también, los padres de los chicos deberán cumplir con los controles sanitarios y con el plan de vacunación.

La medida empezó a ser reclamada con fuerza a fines de los ’90 por el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo). El discurso dominante en ese momento y en los años que siguieron fue contrario a distribuir dinero entre desocupados, con el argumento de que se atentaba contra la cultura del trabajo. El propio Gobierno fue reacio a esa posibilidad hasta este momento, luego de comprobar que seis años de crecimiento económico a tasas chinas no fueron suficientes para doblegar el núcleo duro de la pobreza y que esa posibilidad se alejaba aún más con el impacto de la crisis internacional. El Ejecutivo también encontró espacio para avanzar cuando la mayoría de los partidos de oposición levantaron la bandera de la asignación por hijo. Eso es lo que también le da más fuerza para mantenerse en el futuro, pese a que su implementación se hizo por decreto y no por ley.

Un punto crucial hacia adelante es si la asignación tendrá algún mecanismo de actualización. Hasta el momento no existe ninguno, pero todavía no se conoce la reglamentación de la medida. La Presidenta indicó ayer que el monto del beneficio es igual a la asignación familiar para el tramo de salarios más bajos –180 pesos mensuales–, con lo cual estableció una relación entre ambas. Si bien eso es evidente, por ahora no está claro si la vinculación tendrá fuerza legal.

“Esta iniciativa dirigida a los niños y adolescentes, al sector más vulnerable de nuestra sociedad, se suma a la creación de millones de puestos de trabajo formales, la recuperación de los salarios, el aumento del salario mínimo, la inclusión jubilatoria y la recuperación por parte del Estado de los fondos previsionales”, enumeró el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en referencia a medidas que buscan mitigar la pobreza. Para atajarse de eventuales críticas, el funcionario reconoció que en la puesta en marcha del plan pueden sucederse algunos errores. “En pocas semanas inscribimos a casi 2,7 millones de chicos. No obstante, éste no es un trabajo que se haya cerrado. Falta mucho por hacer. Nadie puede ignorar que procesar esta inmensa cantidad de datos en tan poco tiempo no está exento de algunos errores u omisiones involuntarios, pero éstos serán subsanados con la misma celeridad con la que se tramitaron las incorporaciones”, prometió.

La asignación consiste en una suma mensual de 180 pesos por hijo, hasta un máximo de cinco por familia, mientras que para los hijos con discapacidad la cifra llega a 720 pesos. La Anses abonará mensualmente el 80 por ciento de la asignación (144 pesos), mientras que el 20 por ciento restante (36 pesos) se acumulará en una cuenta individual y se liquidará cuando los padres o encargados presenten, en marzo, la documentación que corrobora la asistencia al colegio y el cumplimiento de los requisitos sanitarios. El beneficio es para hijos de desocupados, trabajadores en negro que cobran menos que el salario mínimo y empleadas domésticas. La Anses aclaró que hasta tres operaciones de extracción y consulta de saldo por cajero automático serán sin costo para los titulares de las tarjetas. Además, con esta tarjeta se obtendrá el 5 por ciento de devolución del IVA en comercios con sistema de débito automático.

Las cooperativas y mutuales que otorgan créditos a jubilados mediante el sistema de código de descuento de haberes estarán obligadas a reducir sustancialmente las tasas de interés que cobran por ese financiamiento. La Anses dictó una resolución que impone una tasa máxima a esos préstamos, por lo cual el Costo Financiero Total de las operaciones caerá del 90 por ciento nominal anual promedio a alrededor de la mitad. La medida fue firmada por el titular del organismo, Diego Bossio, para poner orden en una actividad que en numerosos casos termina generando situaciones de abuso sobre los jubilados. Hay casi 1,4 millón de personas que compran bienes y contratan servicios por esta vía.

De acuerdo con un informe de la Anses, en el país existen unas 500 entidades activas. El mercado de los préstamos de cooperativas y mutuales a jubilados opera alrededor de 200 millones de pesos mensuales, a razón de casi 2500 millones al año. La cifra demuestra la magnitud del negocio y explica la fuerte resistencia que ejercieron muchos de los involucrados frente a los intentos de regulación, que en esta oportunidad finalmente se concretaron.

La resolución que dictó el organismo de la seguridad social fija una tasa máxima a los créditos. El Costo Financiero Total, que permite determinar la cuota mensual final a pagar por el afiliado, incluyendo cargos, impuestos y otras erogaciones, rondará el 50 por ciento anual, contra el 90 por ciento que las entidades cobran en promedio en la actualidad. “El CFT máximo se determinará por la tasa de interés anual por préstamos al sector privado no financiero para préstamos personales a tasa fija en moneda nacional a 180 días de plazo (publicada por el Banco Central), más siete puntos porcentuales anuales”, dice la medida de la Anses.

En otro punto de la resolución se explicita la obligación de que las ventas de bienes y servicios de cooperativas y mutuales sean realizadas a precios de mercado. Las entidades deberán informar todos los meses a la Anses cada uno de sus precios. Si superan a los de mercado, sufrirían sanciones. En tercer lugar, se ordena que las mutuales deberán permitir la precancelación de deudas.

Hay 1.370.353 personas con créditos activos de cooperativas y mutuales. El 77 por ciento percibe haberes inferiores a 1000 pesos. Como se indicó más arriba, el CFT de los créditos tiene una tasa que ronda el 90 por ciento anual, el doble del promedio del mercado en préstamos personales y del financiamiento con tarjeta de crédito. La cuota promedio mensual que cobran por sus préstamos es de 230 pesos, a lo que se suman 20 pesos mensuales en promedio por afiliación a la entidad.

El mercado laboral evoluciona con un desfasaje temporal respecto de la producción. El empleo no declina inmediatamente cuando estalla una crisis; y cuando la actividad mejora, su recuperación es más lenta y deja secuelas. El incremento en el desempleo durante el tercer trimestre (pasó de 7,8 a 9,1 por ciento) generó preocupación en los despachos oficiales y más de un analista privado cuestionó la capacidad del “modelo” para seguir creando puestos de trabajo. En el Ministerio de Trabajo reconocen que la crisis afectó al empleo en todos los sectores, pero rechazan esos argumentos. A partir de la evolución reciente de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), los técnicos de la cartera que conduce Carlos Tomada señalan que la caída en el empleo registrado no se profundizará.

El resultado positivo intermensual en la EIL entre octubre y septiembre (subió 0,4 por ciento), sumado a los indicios de reactivación en el sector industrial que se observan hace algunos meses, habilita el pronóstico positivo. “En el tercer trimestre se estabilizó la caída en el empleo formal; al mismo tiempo los índices de actividad venían mostrando signos de recuperación. En octubre ya observamos crecimiento neto en los puestos de trabajo”, explican en la cartera laboral. Los técnicos del ministerio consideran que “el incremento en la tasa de desempleo hasta 9,1 por ciento marcaría un techo”. Sin embargo reconocen que, aunque significativo, un resultado mensual positivo no es suficiente para marcar un quiebre definitivo y son conscientes de la persistencia de la fragilidad financiera a nivel global.

Durante los primeros nueves meses del año, todos los sectores experimentaron una reducción en los puestos de trabajo registrados. Construcción encabeza la lista: durante el tercer trimestre se perdieron 34 mil empleos, una caída de 8,3 por ciento en términos interanuales. La siderurgia, la industria automotriz y el sector textil y comercio completan los puestos siguientes. Estas ramas de actividad se encuentran entre las principales beneficiarias del Repro, el programa que cubre una parte del salario de 160 mil trabajadores. En la cartera laboral remarcan que en la producción de alimentos y bebidas, uno de los sectores con mayor conflictividad política por Kraft, la pérdida de puestos de trabajo fue marginal.

El incremento del desempleo se concentró en actividades donde predomina el empleo masculino. Según explican en Trabajo, esa afirmación no significa que no trabajen mujeres en esos sectores sino que la inserción de las mujeres se observa en puestos administrativos que son más estables. La concentración del incremento del desempleo en los varones es consistente con el incremento registrado en la tasa de actividad. La pérdida de ingresos en el grupo familiar por la inflación y/o reducción de la jornada laboral forzó a otros miembros de las familias a sumarse al mercado laboral.

En octubre, los principales actores de la mejora en el empleo formal fueron la construcción y la industria. “Con pocos meses de recuperación económica, más allá de sus debilidades técnicas, el EIL está subiendo, se estabiliza el mercado de trabajo y vemos una mejoría. Es lo que esperábamos, responde a una lógica en la que el crecimiento está orientado hacia la generación de empleo formal”, explican en Trabajo.

Desde la cartera que dirige Tomada advierten que la caída promedio mensual del empleo registrado es menor a la evidenciada durante las últimas crisis. La caída mensual promedió el 0,3 por ciento durante esta crisis, y fue compensada en parte por la regularización del empleo público.

Un ajuste característico durante las crisis es el incremento del empleo informal. Los precarización del trabajo se presenta como una alternativa empresaria para no despedir trabajadores. La tasa de informalidad ascendió al 36,2 por ciento durante el segundo trimestre. Si bien en Trabajo estimaban un incremento significativo en el de por sí elevado indicador, esa dinámica no se dio a gran escala: “Como la expulsión del sector formal no fue tan importante, el informal no tuvo que absorberlos”, explicaron. De todas formas, en la primera mitad del año, 140 mil trabajadores pasaron a la informalidad.

La Conferencia de la Unión Industrial mostró ayer las diferencias que existen en el sector. El fuerte contenido crítico hacia el Gobierno, que se evidenció en los paneles, generó mucho malestar en una capa importante de empresarios que no se ven representados por la actual conducción de la entidad fabril. Se trata de cámaras que reconocen haber sido respaldadas por la política económica de los últimos años y buscan despegarse de la batalla que los grupos concentrados intentan llevar a cabo contra el oficialismo. Como una manera de mostrar su disconformidad con el eje de debate que impuso la mesa chica, los principales referentes de estas cámaras –calzado, textil, juguetes y marroquinería, entre otras– decidieron ayer que hoy pegarán el “faltazo” a la conferencia. “Los análisis los hacemos en privado, pero este encuentro no trata ninguna problemática real del sector”, aseguró a este diario un alto directivo del sector textil.

Como suele suceder en este tipo de eventos, la Conferencia discurrió en el salón principal del hotel donde se desarrollaba el encuentro, pero también en sus pasillos. Sin embargo, lo característico de esta oportunidad es que los discursos eran diametralmente opuestos en ambos lugares. Muchos industriales pequeños y medianos se levantaban en los discursos más críticos casi indignados. “No sé por qué usan una conferencia, de tanta importancia para el sector, para hacer política. Encima este tipo lo único que hace es centrarse en sus dos años de gestión. ¿Después no se hizo nada?”, criticó Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, ante Página/12 en referencia a la disertación el ex ministro de Economía Roberto Lavagna (ver aparte). También ofuscado se acercó a la charla Pedro Bergaglio, titular de ProTejer. “Mañana (por hoy) nos vamos a dedicar a realizar un análisis de la charla”, ironizó el empresario, y adelantó que se sumará a los ausentes de hoy.

Los empresarios del área pymes no volvieron al salón. En una esquina del lobby del Sheraton de Pilar se fueron sumando representantes de sectores que no querían “ser parte de un acto destituyente”. Comenzaron en una mesa y en media hora ya habían solicitado juntar tres para estar más cómodos. En ese encuentro se pusieron de acuerdo para “no asistir” hoy a la segunda jornada como una manera de mostrar su posición. “Somos parte de la Junta de la UIA, pero no de la mesa chica que se está desbandando”, agregó uno de los sentados, mientras se acercaba otro café en mano. Uno sacó el tema: “¿Viste que el Gobierno sacó la publicidad del evento?”. “¿Qué pretendés? ¿Que paguen para que se les peque sin sentido?”, respondió uno de los primeros en sentarse. Se trata de la publicidad que la Secretaría Pyme y el Banco Nación suelen aportar a este tipo de eventos y que no se hicieron presentes esta vez. Los lugares designados para la publicidad fueron reemplazados por carteles con el nombre y el logo de la Unión Industrial. En total fueron cinco los espacios que quedaron libres. Tampoco hubo presencia de representantes del Gobierno. El único confirmado era el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y no asistió.

Por su parte, las principales figuras del directorio de la entidad fabril no parecían preocupadas por no estar representando a buena parte de sus asociados. En cambio, se mostraban felices por la presencia de dos pesos pesados del sector empresario, como el titular de Techint, Paolo Rocca, y de Arcor, Luis Pagani, también al frente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

El encargado de abrir la Conferencia fue el presidente de la UIA, Héctor Méndez. Tal como quedó demostrado en el Coloquio de IDEA, en el que compartió panel con el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, su estrategia fue la mesura. “Estamos en la búsqueda de consensos, tenemos la esperanza de poder construir en conjunto, tenemos que tratar de buscar la unidad y, por supuesto, vamos a acompañar para que el país siga creciendo”, afirmó el empresario del plástico. Reiteró los datos en los que venía trabajando la entidad y que prevén una mejora de la actividad en torno del 3 y 5 por ciento. Aseguró que para eso el desafío es “bajar las tasas de interés” y asegurar el financiamiento para el sector productivo. El asesor laboral de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo que la entidad “siempre ha predicado la voluntad de diálogo social”.

En el encuentro estuvieron también presentes el ex ministro de Economía Miguel Peirano, el titular de Fiat, Cristiano Rattazzi, y el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, pero no participaron de los paneles. El presidente de la 15ª Conferencia Industrial, Adrián Kaufmann, directivo de Arcor, manifestó que “no es posible estructurar un proyecto común cuando el diálogo es reemplazado por la confrontación”. Sin embargo, los paneles del día de hoy volverán a estar integrados sólo por dirigentes de la oposición.

Después de haber estado aparentemente distanciados debido a acuerdos que el gobierno nacional no puede sostener con la UIA, los representantes del poder real se encontraron y acordaron pactos para consensuar un frente común en la pelea por imponer de nuevo las reglas más duras del neoliberalismo. Estas son el congelamiento salarial, el mercado libre y la intervención cero por parte del Estado. Para “lograr poner fin a la confiscación de la renta”, como dijo el dirigente que más coincide con Eduardo Buzzi dentro de la Mesa de Enlace, Hugo Biolcati, en el Coloquio Anual de IDEA. Lugar donde el también ahora amigo del presidente de la Federación Agraria Argentina, Gustavo Grobocopatel, reclamó “calidad institucional”.

Podríamos así desgranar otros dichos vertidos en tan distinguido encuentro, como lo afirmado por el armador Eduardo Duhalde, calificando a los gobiernos de Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín como hegemónicos, apenas, y de extorsivo al actual. Pero para no extendernos sobre los dichos allí expresados, lo que queda como resolución destacable, por lo menos en lo que al sector agrario se refiere, es el acuerdo alcanzado por Hugo Biolcati y Héctor Méndez de empezar a caminar juntos. Juntos, la Mesa de Enlace y la Unión Industrial Argentina, en pos de constituir un férreo acuerdo del poder económico real, representativo, “del campo y la ciudad”. Dicho acuerdo probablemente se plasmará en la Conferencia Anual que la UIA comenzó ayer en Pilar.

Se podría inferir que el poder económico más concentrado de la Argentina, en el camino de la construcción de representatividad política, ha ido desgastando algunas construcciones de institucionalidad, como la Mesa de Enlace. A ésta ya muy pocos le creen. Tampoco se cree sobre la zozobra de los “productores sojeros y sus pérdidas” de cara a la próxima cosecha, que se pronostica record tanto en rendimientos en quintales por hectárea como en el precio por tonelada. Dichas circunstancias hacen que el verdadero líder de dicha construcción unitaria sea Hugo Biolcati y su obsecuente seguidor federado Eduardo Buzzi, quien imprimió la célebre frase de que dicha Mesa llegó para quedarse. Ambos están buscando una nueva vuelta de tuerca en el posicionamiento de un fuerte frente opositor de derecha, que les ofrezca letra y respaldo a los agro-legisladores e industria–legisladores que asumen el 10 de diciembre próximo, en el camino de la restauración conservadora.

El flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, intenta contener los embates del sector con espíritu conciliador. Al mismo tiempo nos brinda señales a las organizaciones de agricultores familiares, campesinos, pueblos originarios y pequeños productores, tratando de integrar a todos en el proyecto de desarrollo de un “plan agroalimentario nacional”. Sin advertir que esa iniciativa, en un punto, va a tener fuertes inconvenientes, dado que para desarrollar dicho plan va a haber que afectar los intereses de los agronegocios para poder favorecer a los pequeños, y así profundizar el camino de los cambios estructurales en el agro argentino. Sin duda está llegando la hora de hablar del ordenamiento territorial, del cambio gradual y progresivo del modelo productivo hegemónico por uno que tenga en cuenta al hombre y al medio ambiente. Así como también debatir sobre la tenencia de la tierra en nuestro país, como lo están haciendo países hermanos de América latina, como Ecuador, Bolivia y Venezuela, que han incluido en sus constituciones la reforma agraria.

* Coordinador del Movimiento Campesino Liberación, corriente interna de la Federación Agraria Argentina.

Las denuncias contra la empresa Mercedes Benz por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se robustecieron la semana pasada con la presentación de un informe del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (Ecchr), con sede en Alemania. A modo de amicus curiae –un trámite judicial en el que terceros ajenos a un juicio ofrecen de manera voluntaria su opinión respecto del litigio para colaborar con el tribunal–, el organismo aportó antecedentes internacionales sobre hechos semejantes a los que se investigan en la Argentina y en los que estuvo involucrada la automotriz. Por caso, una denuncia que pesa sobre ella en la Justicia de Estados Unidos por haber colaborado con el apartheid sudafricano, además de antecedentes similares durante el régimen nazi que gobernó desde Berlín entre 1933 y 1945.

El largo y tortuoso camino recorrido por los familiares y compañeros de los catorce delegados y activistas desaparecidos de la compañía ahora parece más diáfano, según la abogada de la querella, Florencia Arieto: “Con la presentación del amicus curiae quedan muy claras algunas cosas. ¿Podía haber evitado la Mercedes Benz el secuestro de sus propios trabajadores? La respuesta es sí, aunque hubiera sido a costa de su propia producción. Por eso se aprovechó de una coyuntura política de totalitarismo para hacer desaparecer gente que pensaba distinto, por eso es cómplice de delitos de lesa humanidad”, dice Arieto, quien patrocina a Héctor Aníbal Ratto, uno de los sobrevivientes que declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Junto a él, también se presentó la periodista alemana Gaby Weber, quien investigó las desapariciones de trabajadores en la compañía y aportó documentación desclasificada.

La causa de la Mercedes Benz ya tiene once cuerpos y el objetivo de la querella es que los jueces citen a declaración indagatoria al responsable de producción de la fábrica durante la dictadura, Juan Rolando Tasselkraut. “Está vivo y muy lúcido. Lo ubicamos en San Fernando”, señala Arieto. Según los denunciantes, los otros dos responsables de lo que ocurrió entre abril de 1976 y agosto del ’77 –período en el que desaparecieron los catorce obreros– son el ex ministro de Trabajo de Isabel Perón Carlos Ruckauf y el histórico gremialista del Smata José Rodríguez, quien falleció el pasado 6 de noviembre.

Los trabajadores desaparecidos son Rubén Oscar Caddeo, José Antonio Vizzini, Miguel Grieco, Esteban Alfredo Reimer, Víctor Hugo Ventura, Carlos Adolfo Cienciala, Oscar Alberto Alvarez Bauman, Fernando Omar Del Conte, Héctor Alberto Belmonte, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Núñez, Jorge Alberto Leichner, Juan José Mosquera y Alberto Francisco Arenas. El primero desapareció el 5 de abril de 1976 y el último el 19 de agosto de 1977. A Juan José Martín, Alfredo Martín y a Ratto se los llevaron desde la planta de González Catán, pero fueron liberados tiempo después.

El informe presentado por el Ecchr alemán que firma su secretario general, el abogado Wolfgang Kaleck, fue realizado con el objetivo de señalar que la Argentina tiene la obligación “de perseguir y condenar a los responsables –sea cual fuere su forma de participación– de las violaciones de derechos humanos, incluyendo cuando se trata de actores no estatales”. El Centro es una organización registrada en el juzgado municipal de Berlín-Charlottenburg, trabaja con un equipo internacional de abogados y cuenta con expertos mundialmente reconocidos como Theo Van Boven, de la Universidad de Maastricht y comisionado especial de las Naciones Unidas contra la tortura.

El Ecchr, en su escrito de 36 páginas, describe que la querella presentada ante el tribunal “se dirige, entre otros, contra Juan Ronaldo Tasselkraut, quien habría cometido –si es que los hechos acusados llegan a ser probados como ciertos– actos criminales no como persona privada, sino en su función como ejecutivo de la empresa Mercedes Benz Argentina SA”. A continuación señala que “la empresa tiene antecedentes de colaboración con regímenes represivos y violadores de los derechos humanos, sobre todo en la época del nacionalsocialismo en Alemania”. Y describe que “utilizó el trabajo forzado de cerca de 50.000 prisioneros de guerra y presos de los campos de concentración ofrecidos por el régimen nazi”. Trazando un paralelo con las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina, el Ecchr dice que la automotriz alemana “aparentemente tampoco habría dudado, en Sudáfrica, en entregar a las fuerzas de seguridad en bandeja a sus propios trabajadores con tendencias críticas o sindicalistas”.

El amicus curiae señala en sus conclusiones que “si no se judicializa directamente a las empresas y a sus representantes, la impunidad por las violaciones de derechos humanos sigue y se produce una situación de permisividad tácita que puede ser interpretada por las empresas en el sentido de que pueden seguir actuando en perjuicio a personas sin límites ni morales ni legales, lo cual generaría graves contradicciones y pondría en riesgo lo que aquí se ha podido determinar como principios fundamentales del derecho internacional penal: la responsabilidad penal de empresas y sus representantes por participación y colaboración en violaciones de derechos humanos”.

Arieto destacó que la audiencia en la que declararon Ratto y Weber “fue una bisagra muy interesante porque les permitió a los tres jueces del tribunal acotar el objeto de su pesquisa con el caso Ratto, como también preguntarle y solicitarle a Weber que entregara documentación como los archivos desclasificados de la Cancillería con el pedido de Ruckauf de que se echara a los trabajadores de Mercedes Benz en octubre de 1975. Smata y la empresa trabajaban como una sola unidad, legitimados por el entonces ministro, que preparó el terreno para el general Santiago Omar Riveros”, el primer condenado a prisión perpetua en la megacausa Campo de Mayo, por la desaparición del estudiante Floreal Avellaneda.

Como lo había anunciado pese al amplio abanico de denuncias, reclamos y rechazos de jueces, defensores oficiales, abogados, universidades, organismos de derechos humanos y representativos de la sociedad, el gobernador Daniel Scioli presentó ayer en la Legislatura provincial su polémico proyecto de Código Contravencional bonaerense, acompañado por quien podría reclamar los derechos como dueño de la idea, el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. Previo paso por la Suprema Corte, donde fue recibido tras un pedido de audiencia del gobernador, y antes de ingresar a la Cámara baja, Scioli declaró a la prensa que “vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para enfrentar a estos brutales asesinos, no voy a parar hasta que uno por uno esté preso”. Lo que no explicó es qué vínculo había encontrado entre los homicidios y el proyecto de Código Contravencional, que no está dirigido a castigar delitos, sino a sancionar contravenciones. Una alta fuente judicial aclaró a este diario, más tarde, y ante el cariz que tomaban las declaraciones, que en la reunión con el máximo tribunal bonaerense, “(Scioli) no dio detalles, hizo un paneo muy general de su propuesta y los jueces de la Corte no emitieron opinión porque no es un órgano de consulta o evaluación de proyectos”.

Por si quedaban pocas modificaciones al Código Procesal Penal, al que ya había modificado a principios de año, Scioli también presentó en la Legislatura una modificación al régimen de excarcelaciones.

La propuesta de modificación del Código Contravencional incluye sanciones a quienes marchen con máscaras en la calle, el merodeo, la vagancia, la ebriedad, propias de los edictos policiales. Más de ochenta organizaciones políticas, sociales y sindicales denunciaron públicamente el proyecto porque “viola la Constitución nacional y la provincial y los derechos individuales y colectivos más elementales”. “El código es un efecto de la absoluta ineficiencia del gobierno para dar respuesta a los reclamos legítimos de seguridad y un profundo caso de corrupción –dijo en esa oportunidad el presidente del Cels, Horacio Verbitsky–: es evidente que se trata del financiamiento de la política con recursos espurios obtenidos por parte de la regulación del delito a cargo de la Policía Bonaerense.”

Ayer, Stornelli intentó aceitar la recepción del proyecto cuando aclaró que en el proyecto no se incluye la figura del merodeo, sino otra, que se aplicará por la denuncia de un afectado que alerte sobre la presencia de un potencial acto de delincuencia, es decir, merodeo.

Previo a la presentación en la Legislatura, Scioli, acompañado por el vicegobernador, Alberto Balestrini, y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, fue recibido por el presidente de la Suprema Corte, Luis Genoud; la vicepresidenta, Hilda Kogan, y la procuradora general, María del Carmen Falbo. Al salir, el gobernador dijo a los medios que había detallado sus proyectos “contra la delincuencia y los alcances de las medidas en materia de seguridad, como las reformas al Código Contravencional y el régimen de excarcelaciones”. Y agregó: “Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para enfrentar a estos brutales asesinos, no voy a parar hasta que uno por uno esté preso”. No explicó por qué vinculaba un proyecto para sancionar contravenciones con la solución de los homicidios ni en qué fuentes estadísticas se basaba para sostenerlo.

“No fue una reunión de trabajo –confió una alta fuente judicial–. Fue una visita de cortesía, de carácter institucional como declaró el mismo Scioli antes de entrar, en la que describió en general y sin entrar en detalles. De todas maneras, la Corte no es un órgano de consulta o evaluación de proyectos.”

hcecchi@pagina12.com.ar

Al trote militar tras el discurso de ley y orden de Marcelo Tinelli, Jorge Rial y las “Abuelitas de Punta del Este” –Mirtha Legrand y Susana Giménez–, que han pedido desde la pena de muerte hasta la organización de marchas sin provocar caos vehicular (revista Barcelona), el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, insiste en implementar su mágico plan de reducción del delito mediante su versión argenta de la “Tolerancia Cero”. Así, sin sustentos empíricos, pero con ritual acero, el ministro recorre la radio y la TV con desparpajo y sin tapujos, porque ningún reportero le pide rendición de cuentas por el contundente fracaso de su gestión hasta la fecha ni sobre las bases metodológicas de su “nueva” propuesta. De tal manera, su voluntarismo místico se autocomplace con la enunciación ceremonial de lemas vacíos y de sentido común popular, más propio de un opinólogo de bar que de un importante miembro del gabinete, cuando manifiesta: “La policía tiene que ganarle la calle a la delincuencia, estamos en guerra contra la droga, la madre de todos los delitos, por eso hemos efectuado miles de procedimientos”. Sin embargo, su continuo diseño de políticas públicas, en la emergencia que absorbe lo peor del discurso policial más antidemocrático y regresa poderes discrecionales a la mejor “maldita policía” del mundo, hace agua por donde se lo mire. Para dar sólo un ejemplo: durante el año 2008, la Policía Bonaerense realizó alrededor de 10 mil operativos, secuestró 786,153 kilos de estupefacientes (677,420 en marihuana; 102,536 de cocaína y el resto en otras drogas y pasta base) y detuvo a siete mil personas, a razón de 67 gramos de marihuana y 9 gramos de cocaína por procedimiento. Así se demuestra que sus estridentes declaraciones implican una pírrica victoria, porque tan sólo 900 personas perdieron su libertad (en su mayoría pequeños traficantes varones jóvenes, en menor medida mujeres y discapacitados). Estos números reflejan que la policía continúa desplegando acciones de hostigamiento contra los jóvenes consumidores en la vía pública y que a pesar de lo que el ministro dice, su policía sólo es eficiente para la represión de los eslabones más débiles de la cadena de comercialización. En este contexto, la reforma propuesta en el caso de encontrar apoyo legislativo no mejorará su gestión, pero sí aportará bastante a la devaluación del estado de derecho. En semejante coyuntura no es fruto de la casualidad que el nuevo plan de Stornelli concurra con la filosofía que empapa los poros y las palabras de las divas y personajes de la farándula. Para ellos, que viven lejos de las calles peligrosas, el delito y la delincuencia no son más que un problema social superficial. De este modo, no pueden más que interpretarlos como una arruga que el cirujano puede quitarles en un santiamén o con un tratamiento cosmetológico adecuado. Las razones son bien antiguas y parecidas a las que esgrimen hoy para imponer estas leyes o, quizá más temprano que tarde, la pena de muerte. Bajo esta lógica se pronunció ante las cámaras la diva televisiva Susana Giménez luego del crimen de su florista: “El que mata tiene que morir... Hay que terminar con todas esas estupideces de los derechos humanos”. Poco importa si las medidas a tomar serán o no efectivas: lo que se persigue no es otra cosa que sensibilizar intencionadamente a la opinión pública para construir un estado de pánico moral que legitime la “dura” respuesta punitiva. De esta manera, todo parece muy fácil y queda reducido a acciones tan rápidas y efectivas que alejarían/ocultarían los desechos humanos de las calles como se extirpan las arrugas o los lunares en el quirófano. Su praxis de acción simplificadora de la realidad revierte la causalidad del delito, y en lugar de pensar que el delito es una consecuencia de la complejidad social se piensa al delito y sus autores como indeseables a extirpar con rapidez. De este modo, trata tanto al delito como a la pobreza/injusticia social como un fenómeno natural desvinculado de las transformaciones económicas, culturales y sociales. Por error o ignorancia se pone el énfasis en lemas livianos y frases hechas, de las cuales la preferida viene siendo la relación entre delito y consumo de estupefacientes. Esta afirmación, que carece de sustento empírico, resulta de suma utilidad para explicar el delito en forma simple. Sin embargo, eligen recorrer este camino quienes no saben, no quieren o no pueden pensar en programas de prevención del delito que modifiquen verdaderamente la realidad para reducir a corto, mediano y largo plazo los nocivos efectos del delito.

* Defensor general de San Nicolás. Profesor de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario.

Túnicas negras que cubrían el cuerpo del “ilícito del desnudo”, almohadones que les protegían la cabeza de los “garrotes policiales” y, como síntesis, el “culo encarcelado” que los integrantes de Mutual Sentimiento, en su mayoría mujeres, cargaron en una procesión desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo. Allí fueron reprimidos hace tres semanas por la policía, que se llevó a 40 detenidos porque habían realizado “exhibiciones obscenas” para pedir la renovación del contrato del edificio del Estado donde hace diez años funciona la organización, que da trabajo a 400 personas. Ayer, las “mujeres trabajadoras” de la mutual pidieron “solidaridad de género a la presidenta Cristina Fernández” y desde la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) –sociedad de Estado dependiente de Planificación– llamaron a una reunión para mañana. “Ocho meses pasaron y todavía no tienen una propuesta concreta para hacer”, advirtió Graciela Draguicevich, presidenta de Sentimiento.

“¿Qué te pasó?”, gritó asustada una de las jóvenes de Mutual Sentimiento a un compañero de movilización. El dejó escapar una risa y se presionó sobre la herida sangrante en su frente. “Es para el acto”, respondió el muchacho y mostró limpio de sangre el dedo con el que tocó la herida. Mientras las mujeres vestían túnicas negras hasta los tobillos con almohadones antigarrote policial en sus cabezas, los hombres lucían vendajes de heridas sangrantes. “Ayer nos desnudamos nosotros. Hoy desnudamos la represión”, decían los carteles.

Natasha, con 21 años, estuvo dentro del grupo de 40 detenidos que permanecieron algunas horas en la comisaría 2ª por la contravención de “exhibición obscena”, aunque ninguno de los detenidos era uno de los seis integrantes que realizaron el desnudo. “Desde el día de la protesta, la negociación por el contrato sigue parada. Y, aunque tuve miedo, hoy vuelvo a protestar porque no podemos entregar el edificio”, explicó la joven que da apoyo escolar en uno de los seis pisos del edificio que la mutual utiliza en la terminal de trenes de Federico Lacroze.

También está sin respuesta el pedido de informe que la Cámara de Diputados elevó al Poder Ejecutivo, y otro pedido realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a la comisaría 2ª –cuyo comisario fue denunciado penalmente– por impedir el ingreso de autoridades y abogados que asistieran a los detenidos. “Ya se vencieron los plazos. De no haber respuesta, elevaremos un pedido al Ministerio de Justicia”, apuntó Graciela Muñiz, defensora adjunta y “observadora del accionar policial” durante el mediodía de ayer.

Comisarios con handy, policía de civil y un camión hidrante esperaban la llegada frente a la Pirámide de Mayo del “culo encarcelado”, nuevo símbolo del reclamo de la mutual. Pero las consignas no se van por el inodoro: “Obscenidad es dejar a la gente sin trabajo”, “¡Contrato, ya!”, “Cristina, las mujeres trabajadoras te pedimos solidaridad de género”, se leía en los carteles y se escuchaba en la voz de los protagonistas.

Cuando el “culo encarcelado” se posó sobre la Plaza de Mayo, los turistas armaron un Babel de preguntas, sorprendidos por el carismático nuevo símbolo patrio. Entonces, los guías se veían obligados a explicar que el ass no pertenecía a Don José de San Martín, ni a Don Manuel Belgrano, sino que era parte de un happening para reclamar: “Obscenity is not being naked. Obscenity is repression” (traducción español-inglés mediante).

Sosteniendo la pancarta que leía la tourist guide estaba Corina, que con sus 25 años es coordinadora de cuatro cooperativas de trabajo con sede en la mutual. Ella también se llenó los pulmones de gases lacrimógenos, hace tres lunes. “El trabajo es autogestionado y, por eso, la plata que generamos es la justa para los sueldos de quienes trabajan. Si nos sacan el edificio no vamos a poder alquilar un local donde continuar con la dirección de las cooperativas. Menos posibilidades de alquilar otro espacio van a tener quienes trabajan en el centro cultural o quienes llevan adelante la farmacia de medicamentos genéricos de la mutual.”

La esperanza de poder permanecer en el edificio al que llegan cinco mil asociados de la mutual llegó con un llamado por parte de ADIF, minutos antes de la movilización. Según Draguicevich, la propuesta sería la de pagar un canon simbólico para renovar el contrato a 36 meses, modificando el anterior comodato de cinco años por su uso social. “No podemos aceptar esa propuesta porque si a un próximo gobierno se le ocurre subir el precio a pagar, no tendremos cómo. Desde la mutual ya nos encargamos de mantener durante diez años un edificio que el Estado abandonó”, apuntó la presidenta de la organización.

Además, según un comunicado de la mutual, si el Estado se hiciera cargo del costo del alquiler que quiere imponerle a la organización para poder mantener las cooperativas de trabajo para 400 personas, los costos serían 15 veces menores que a los que implicaría ingresar a esas personas en el plan Argentina Trabaja. “Harta de gente sin trabajo”, fue el modismo que utilizó una turista chilena en un análisis al paso de un mal desenlace del conflicto.

El sol y las túnicas negras no fueron una buena combinación, y las prendas comenzaron a ceder. Sin embargo, la policía no se alarmó. Ninguna mujer se animó al topless, aunque hubiesen tomado buen color de no ser porque el operativo de la Federal advirtió: “Nada de desnudos no artísticos”.

Informe: Nahuel Lag.

El titular La Bancaria, Juan José Zanola, quedó detenido por una orden del juez Norberto Oyarbide en la causa sobre la mafia de los medicamentos, en la que también dispuso la captura del ex subsecretario de Salud bonaerense Alberto Costa, quien está prófugo. El sindicalista quedó imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada a suministrar remedios robados, vencidos y adulterados y también a estafar al Estado con el cobro de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud para tratamientos inexistentes, simulados con historias clínicas truchas y troqueles falsificados. También fueron arrestados la mujer de Zanola, Paula Aballay; el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, otros tres directivos de esa firma y una subdirectora administrativa del Policlínico Bancario.

A Zanola y Aballay la detención les cayó como un baldazo de agua fría.

Creían estar lejos de algo así porque Oyarbide les había concedido la eximición de prisión a cambio de una fianza de tres millones y un millón de pesos, respectivamente, que nunca depositaron porque apelaron el monto y la Cámara Federal aún no definió. La decisión del juez se debe a que ayer incorporó a la carátula del expediente el delito de asociación ilícita, que no es excarcelable. Zanola, ex titular de la Obra Social Bancaria –intervenida por esta causa–, quedó imputado como líder de la banda y Aballay, secretaria administrativa del Policlínico Bancario, como una de las organizadoras junto con la subdirectora administrativa, Susana Griselda Fionna. Las dos, todo indica, tenían manejo de la caja.

El líder gremial y su pareja recibieron la visita sorpresiva de la policía a la mañana temprano. Estuvieron en una dependencia policial en Palermo hasta la tarde, cuando fueron llevados, igual que los otros detenidos, a la Superintendencia de Investigaciones de la Federal en Villa Lugano. Allí seguirán hasta mañana, cuando todos serán indagados. Luego el magistrado evaluará si siguen presos.

Según explicaron allegados a la causa, en el juzgado ya cuentan con evidencias sobre tres maniobras con medicación muy costosa (puede costar desde 1500 a 15 mil pesos) para tratamientos de alta complejidad, para pacientes oncológicos, hemofílicos o con VIH:

- El cobro al Estado de tratamientos que nunca se realizaron y remedios que jamás se fabricaron. Se armaban historias clínicas truchas, con recetas apócrifas. La Obra Social Bancaria les pedía los medicamentos a algunas de las droguerías sospechadas, como San Javier, que no proporcionaban medicación alguna sino troqueles (los cuadraditos de cartón con un código de barras que se usan como constancia de entrega) también falsos. Con todo ese papelerío, la Obra Social Bancaria le reclamaba a la APE –dependiente del Ministerio de Salud– el reintegro del dinero por tratamientos inexistentes. A veces ni los médicos sabían de la existencia de las recetas ni los pacientes padecían las enfermedades que les atribuían.

- El suministro, a través de la Obra Social Bancaria (OSBA), de medicamentos que provenían de la piratería del asfalto, es decir, del robo de la carga de camiones. En estos casos las droguerías truchas que distribuyen medicamentos de origen ilícito blanqueaban lo robado facturándole, por ejemplo, a la obra social.

- El suministro y cobro de medicamentos robados de Programas Nacionales que prevén su distribución gratuita. También se habrían detectado medicamentos vencidos, reciclados para su distribución. Ambos casos requieren un procedimiento artesanal: borrar la inscripción que indica “distribución gratuita” o modificar la fecha de vencimiento.

Según la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, durante varios años la APE adelantó subsidios a la obras sociales para enfermedades graves y hay unos 300 millones de pesos sin rendir hasta 2006, cuando cambió el sistema de reparto de fondos. Funcionarios con acceso al expediente de Oyarbide aseguran que el grueso del negocio es el de la falsificación de troqueles.

Lorenzo, a quien Ocaña bautizó como “el Yabrán de los medicamentos”, manejaba varias droguerías. Entre ellas San Javier, cuya vinculación con la OSBA quedó al descubierto porque tenía un depósito y una oficina adentro del Policlínico Bancario. Pero otro asunto comprometedor es el fideicomiso que armaron el sindicato bancario y la droguería San Javier en el Banco Provincia, a través del cual se giraba a la droguería el pago de medicamentos subsidiados con partidas de la APE. Incluso, según una resolución analizada en la causa, La Bancaria le cedió a San Javier el derecho de cobro de los subsidios otorgados por la APE.

En una de las escuchas de la causa, Lorenzo habla con Costa, el ex subsecretario de Salud bonaerense. El hombre perdió su cargo en septiembre cuando Oyarbide dijo que había entre ellos diálogos “muy comprometedores”. Según trascendió, aludían al pago de sobornos, ya que Lorenzo habría sido proveedor de la provincia. En una conversación Costa le pregunta a Lorenzo si tiene Tamiflu, un medicamento para la gripe A que el Estado sólo compró a través del Ministerio de Salud de la Nación. El ex funcionario pidió ayer la eximición de prisión. Para el juzgado es un prófugo.

Lorenzo tenía múltiples negocios alrededor de los medicamentos, entre otros con el asesinado Sebastián Forza. Es uno de los varios dueños de droguerías truchas que hicieron aportes al Frente para la Victoria en la campaña de 2007. Otros jueces (Ariel Lijo y María Servini de Cubría) investigan si ésa fue una forma de blanquear dinero proveniente de ilícitos. Pero Oyarbide deslizó tiempo atrás que investiga a quien fue recaudador de la campaña, Héctor Capaccioli, ya que desde su cargo de ex titular de la Superintendencia de Salud debía supervisar a las obras sociales. La megacausa, de hecho, abarca maniobras de más de una veintena de sindicatos y sus obras sociales. Ocaña destacó ayer que “el juez empezó a desmantelar tres o cuatro líneas” de “comercialización ilegal de medicamentos, descubriendo la relación con algunos sectores del Estado”. “Hoy la principal alianza del Gobierno es con estos sectores de la dirigencia sindical”, cuestionó.

Junto con Lorenzo, ayer fueron detenidas otras personas vinculadas con San Javier: Carlos Horacio Torres –que sería su testaferro–, María Victoria Berisso y Sergio Gustavo Blanco. Oyarbide investiga sus lazos con un grupo de financieras, a través de las cuales se canalizaba dinero de la APE. Ayer hubo nuevos allanamientos en busca de la ruta del dinero.

Zanola hizo varios intentos por desplazar de la causa a Oyarbide, quien fue respaldado por la Cámara Federal. El juez ayer les devolvió la gentileza a los abogados del sindicalista, Armando Murature y Federico Figueroa. Los apartó del caso por una supuesta irregularidad en su actuación como letrados. Mientras tanto, un socio de Figueroa y la defensa de Aballay asisten a Zanola. A ella la defiende Daniel Pastor, ex director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana.

Días atrás, Oyarbide ordenó una decena de detenciones de directivos de droguerías. Tres de ellos, de droguería Del Plata, fueron procesados con prisión preventiva, lo que algunos leen como el temperamento que podría seguir el juez con quienes cree que están seriamente involucrados. A Zanola, Aballay y compañía prevé interrogarlos por dos delitos muy graves, que son la asociación ilícita y la venta o distribución de medicamentos y sustancias peligrosas para la salud, a los que se suma la defraudación.

Las detenciones producidas ayer se enmarcan en una investigación que saltó a la notoriedad pública el 4 de septiembre de este año, cuando fue detenido por primera vez el droguero Néstor Lorenzo. Esta investigación, a cargo del juez Norberto Oyarbide, se enmarca a su vez en varias investigaciones judiciales, todas las cuales conciernen especialmente a los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE), provenientes de descuentos a los trabajadores, distribuidos por el Ministerio de Salud y destinados a tratamientos y remedios de altísimo precio. Según la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, “la forma de evitar estas maniobras consistiría en que estas compras no fuesen efectuadas por las obras sociales, sino directamente por el Ministerio de Salud de la Nación”.

La causa judicial en la que se produjo la detención de Juan José Zanola y otras seis personas había empezado en 2007 y se enmarca en otras varias investigaciones, especialmente en relación con la provisión de medicamentos por la APE, que se financia con fondos de los trabajadores en actividad. La investigación a cargo de Oyarbide tuvo un punto de inflexión el 4 de septiembre de este año, cuando fue detenido Néstor Lorenzo, dueño de las droguerías San Javier y Multifarma, bajo sospecha de haber vendido a obras sociales remedios obtenidos en forma ilegal, y en algunos casos vencidos o falsificados. Posteriormente fue liberado, bajo prohibición de salir del país.

El 9 de septiembre Oyarbide ordenó 18 allanamientos, y se le prohibió la salida del país a Alberto Costa, ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense. El 10 de ese mes, Oyarbide señaló una posible relación entre la causa y el triple crimen de General Rodríguez, cuyas víctimas participaban en el negocio de las droguerías vinculadas con obras sociales. El 17 de septiembre, el juzgado efectuó un procedimiento en el Policlínico Bancario, en busca de documentación.

El 24 de septiembre, el juez anunció que la investigación se ampliaba a 51 obras sociales sindicales, que habían operado con las droguerías bajo sospecha. El 4 de noviembre, Oyarbide dispuso la detención de diez personas vinculadas con la droguería Del Plata y con la farmacia 8 de Junio. Se efectuaron 60 allanamientos, en los que fueron secuestrados remedios vencidos y troqueles considerados falsos. Entre los detenidos se hallaban un médico oncólogo y directores técnicos de laboratorios.

El 21 de noviembre, Oyarbide dispuso la detención de Pedro Vommaro, empresario farmacéutico salteño. El 26 de noviembre ordenó más de 30 allanamientos y dictó la presión preventiva de Alejandro Martino, Bernardo Hogan y Alexia Bergari, directivos de Droguerías del Plata; los acusó de ser “jefes y organizadores de una asociación ilícita” y de “infringir la ley de Marcas”. También procesó, aunque sin prisión preventiva, a Jorge Moreno, de Droguería del Plata, y a Félix Vinciguerra y Fabio Di Rosso, de la droguería 8 de Junio.

Entre las causas relacionadas con delitos similares, el juez Ariel Lijo tiene a su cargo una investigación que concierne a la obra social del Ministerio de Economía, y el juez Julián Ercolini investiga la adulteración de troqueles de envases de medicamentos. En el juzgado de Claudio Bonadío está radicada una investigación referida a la obra social del sindicato de Camioneros, por presuntos delitos en relación con fondos de la APE.

En notas publicadas el 28 de julio, el 15 de agosto y el 17 de agosto del año pasado en Página/12, varias fuentes explicaron cómo “unas pocas droguerías enquistadas desde hace muchísimos años aprovechan el mercado de los ‘tratamientos especiales’, con precios altísimos”, lo cual implicaría “vinculaciones en las dos puntas de la comercialización: el laboratorio y la obra social” y operaría a partir de “medicamentos robados”, “mercados clandestinos de troqueles”, sobrefacturaciones y omisión de entrega de documentación probatoria de las enfermedades respectivas o aún de la existencia de los enfermos, a veces con la complicidad de médicos oncólogos, y todo ello en perjuicio de la APE.

Varias de las causas judiciales en marcha se originaron en investigaciones y denuncias formuladas por el Ministerio de Salud de la Nación, durante la gestión de Graciela Ocaña. Según explicó ayer a este diario la ex funcionaria, “la forma de resolver estructuralmente estas maniobras, que afectan los fondos de la APE, consistiría en disponer que las obras sociales dejen de comprar estos medicamentos especiales de alto costo: que estas compras queden directamente a cargo de la Superintendencia de Obras Sociales del Ministerio de Salud de la Nación, de la cual depende la APE; las obras sociales presentarían las recetas correspondientes. Este sistema sería similar al que rige en el PAMI o en IOMA, donde no se están registrando este tipo de delitos”.

Cercado ya por el escándalo de la obra social de los bancarios, alguna vez Juan José Zanola habló de lo que parece haber sido una de las lógicas de su construcción política. “Estamos obligados a tener relación hasta con Satanás”, dijo entonces mientras escapaba de un micrófono. El actual secretario general de los bancarios entró como empleado del antiguo Banco Italiano y del Río de la Plata cuando terminaban los años del primer peronismo. Desde entonces fue delegado gremial, permaneció durante la dictadura, negoció con quienes estuvieron a cargo de la transición democrática y desde 1983 retuvo la conducción del gremio. “¿Su historia?”, se pregunta un dirigente de la oposición. “Su historia es la historia de los ‘Gordos’: están hace años en los sindicatos, se van cuando mueren, se acomodan con todos los gobiernos y no se van porque pierdan las internas.”

A Zanola tal vez le aguarde otro final. Hasta ahora su imagen era la del bancario que había conseguido retener para sí mismo toda la banca. El hombre que se acomodó con los años, generando alianzas desde la dictadura militar a la actualidad, pasando por Enrique “Coti” Nosiglia y Carlos Menem.

Zanola nació el 17 de octubre de 1939, aunque nunca, a pesar de las fechas, logró ser reconocido como peronista. Hijo único, tuvo un padre juguetero con un negocio en la avenida Córdoba que alguna vez llegó a vender objetos de bazar al magnate Aristóteles Onassis. Durante el secundario comienza su relación con la vida de los bancos. Cuando tenía 16 años, cuenta la historia, lo expulsaron durante un año de la escuela Hipólito Vieytes y a través de la familia entró en el sector de Cuentas Corrientes de lo que ahora es la Banca Nazionale del Lavoro. Siempre se ufanó de que así empezó su único trabajo.

En su historia, en la que también se incluye su amistad con Ringo Bonavena y su paso por la presidencia del club Huracán entre 1988 y 1991, hubo espacio para la construcción de leyendas. Cuentan las anécdotas que se repiten desde hace años que Zanola ganó cierta heroicidad durante la larga huelga de los bancarios de 1959 (según la historia, pasó tres meses detenido en Caseros, pero muchos de sus detractores no lo creen). “La huelga del ’59 fue una de las luchas más importantes del gremio bancario –dice un dirigente–. Terminó en una derrota y encarcelados por la Revolución Libertadora, pero Zanola en todo caso fue uno más, nunca se destacó por ser un héroe.”

Desde entonces se convirtió en delegado. Con la última dictadura, el gremio quedó intervenido por las Fuerzas Armadas. Zanola estuvo siempre en el mismo lugar. Según una de las personas que lo secundaron hasta hace muy pocos meses, durante el tiempo de la Patria Financiera mantuvo “conversaciones” con el represor Emilio Massera. En 1982, el ministro de Trabajo era Héctor Villaveirán. A través de negociaciones que emprendió con él, Zanola logró dirigir la comisión normalizadora que un año después le dio la primera conducción formal del gremio. Para entonces, ya era abogado. Una versión indica que compartía el bufete con el ministro.

Hasta entonces su vida personal no se había entrelazado con la política. Por lo menos, no hay registros de los efectos políticos del paso de sus mujeres. Zanola vivió en Las Rejas con sus padres, luego se casó por primera vez, alquiló una pensión en Liniers, se divorció, se trasladó a La Boca y tiempo después volvió a contraer matrimonio. Tuvo dos hijos y de aquella mujer sólo se sabe que permanece bajo un oportuno tratamiento psiquiátrico. Sus detractores le adjudican todos los males del matrimonio a Paula Aballay, una antigua enfermera del Policlínico Bancario, la mujer a la que conoció en 1994 y la persona que hoy sitúan como quien ejerce el verdadero control de la obra social, del gremio y hasta de la caída.

“Los amigos se lo dijeron, le dijeron que esto iba a terminar así –indica un dirigente del Banco Nación–. Pero él aparentemente no quiso escuchar nada, y dicen que fue ella la que lo llevó a todo esto.”

Aballay tiene 53 años, nació en un pueblo a catorce kilómetros de la ciudad de San Juan y llegó a Buenos Aires para ganarse la vida un poco mejor. Dicen que se conocieron en el Policlínico. Que a él se la recomendaron. Que ella primero cuidó a su madre, y luego cuidó a Zanola durante una temporada en la que estuvo internado. Sucedió alrededor de 1994. Aballay pasó de enfermera a jefa de enfermería, y aunque en los papeles figura como secretaria administrativa, virtualmente era la jefa del Policlínico Bancario. Según los investigadores de la causa de los medicamentos truchos, es la persona que cerraba las negociaciones con los laboratoristas. A su lado, siempre se menciona a Susana Fiona, la persona con la que comparte el control de Home Therapy SA, una sociedad de prestaciones sanitarias a pacientes oncológicos con servicio a domicilio.

La caída de Zanola es una parábola del poder de las obras sociales y de los gremios en la historia del país. Durante el primer peronismo, el gremio consolidó las estructuras del Policlínico mientras la Obra Social crecía con el aporte obligatorio del 3 por ciento de todos los empleados. Durante los ’90, Menem disolvió el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, suprimió los aportes y nombró a Víctor Alderete al frente de una intervención. En medio de la desregulación de las obras sociales, Zanola armó un globo de ensayo con la creación de la Obra Social Bancaria Solidaridad, pero las sucesivas crisis y la desregulación le hicieron perder afiliados, mientras empezó a perder dinero y poder. El gremio que llegó a ser el tercero más poderoso durante los ’90 pasó de 90 mil afiliados a 10 mil. Y Satanás todavía no había metido la pata.