Página#12 Libre

La medida deja firme la decisión gubernamental de garantizar la provisión de papel para todos los periódicos del país, a un mismo precio. La presidenta Cristina Fernández Kirchner sostuvo, en su momento, que se les debería cobrar un precio igualitario a todos los diarios y revistas del interior, para que pudieran acceder al papel "en igualdad de condiciones que los accionistas mayoritarios. (...) El papel no puede ser un insumo que quede fuera del proceso de sustitución de importaciones. Y si es necesario deberá analizarse que los accionistas reinviertan todas las utilidades, para aumentar la producción y no depender de las importaciones", afirmó entonces.

La garantía del precio igualitario fue sancionada mediante una resolución de la Secretaría de Comercio Interior el 7 de enero de este año, pero el Directorio de Papel Prensa interpuso una medida cautelar para dejar sin efecto la medida. El Estado Nacional solicitó y obtuvo, de parte de la Justicia, el levantamiento de la medida cautelar, pero aquella resolución fue nuevamente apelada ante la Cámara en lo Contencioso.

La Cámara entendió ahora que las decisiones emanadas del directorio de Papel Prensa estaban invalidadas porque la Justicia había dejado sin efecto su constitución y las resoluciones emanadas de sus respectivas Asambleas debido a "irregularidades" en su funcionamiento, luego de una denuncia formulada por los representantes del Estado y la Comisión Nacional de Valores.

"Cada partido es una historia distinta y ésta seguro que va a ser otra historia, porque vamos a salir a ganarle en terreno de ellos", sostuvo Diego Maradona en relación a la posible comparación del encuentro que protagonizarán la Selección nacional y la alemana, y el que mantuvieron en la previa al Mundial, cuando Argentina ganó con un gol de Gonzalo Higuaín.

Si bien remarcó que los jugadores argentina saldrán "a atacar" a Alemania, dejó en claro que no modificará el esquema táctico para intalar el 4-4-2 con el que su equipo se distribuyó en el campo de juego en aquel amistoso disputado en Munich.

Al respecto, el preparador argentino señaló que "en aquel partido (sus jugadores) tácticamente fueron perfectos, pero en ese momento y bajo una determinada necesidad. Esta es otra historia y la verdad es que no podemos cambiar".

En tanto, le restó importancia a las declaraciones que realizó el volante alemán Bastian Schweinsteiger, quien criticó el comportamiento de los jugadores argentinos en el campo de juego, al asegurar que "los jugadores están pensando en salir a la cancha, en tener revancha. No me preocupa lo que digan de los penales, de las patadas. Les vamos a ir a ganar en el campo de ellos".

Si bien aseguró que el defensor Walter Samuel "ya está para tirarlo a la cancha", en referencia a que ya está recuperado de la lesión que lo mantuvo en el banco de suplentes los últimos dos partidos, aunque en ningún momento confirmó si integrará la lista de los once titulares que disputarán el encuentro con Alemania el próximo sábado.

Por otro lado, Maradona defendió la posición de Martín Demichelis: "La está rompiendo, no jodan muchachos. Es un señor central, está jugando de maravilla. El error que él comete lo puede hacer cualquiera. Cuando pifió con los coreanos no hubo un jugador que no se le haya acercado y que le dijera que estaba todo bien y maravilloso", argumentó.

El gabinete está conformado por la ministra de Salud, Cristina Uría; el ministro de Familia, Alfredo Pega; la subsecretaria de Educación, Norma Nakandakare; y el secretario de Coordinación, Aníbal Hernández, entre otros funcionarios que ya se encuentran en Bariloche, a quienes acompañan sus pares locales.

Según Saiz, que se sumará mañana al nuevo organismo, el fin del gabinete es "analizar las problemáticas concretas de la ciudad y plantear nuevas alternativas para tomar medidas a corto y medio plazo, en el marco de la conflictividad que se desató en el Alto".

Fernández de Kirchner oficializó la creación del ministerio a través del decreto 919 publicado en el Boletín Oficial, y la designación de Meyer a su mando, a partir del 921.

De esta manera, las cuestiones relacionadas con la actividad turística salieron de la órbita del ministerio de Industria, que dirige Débora Giorgi.

Se trata de la segunda modificación en el elenco ministerial en la última semana, luego de la asunción de Héctor Timerman como canciller en lugar del renunciante Jorge Taiana.

Al realizar el anuncio sobre la creación de la nueva cartera el último lunes, la Presidenta remarcó que desde su administración se seguirá "profundizando esta política que hizo duplicar la inversión, a turistas y el trabajo en la Argentina".

El INDEC comunicó que el aumento durante mayo en la utilización de servicios telefónicos, que se ubicó en el 22,6 por ciento, se debió principalmente al alza interanual en la cantidad de llamadas realizadas por celulares, que alcanzó el 12 por ciento, y en la cantidad de terminales para esas llamadas, representada en 54,6 millones de aparatos.

Otro dato significativo fue el incremento del 5,3 por ciento en el Transporte de Carga, promedio obtenido por el alza del 32,4 por ciento en el volumen trasladado en avión, y del 9,9 por ciento en cuanto a la movilizada a través del servicio ferroviario.

En tanto, la cantidad de vehículos que pasaron por los peajes de la ciudad de Buenos Aires se incrementó en un 1,6 por ciento, de cuyo desglose se destaca el alza del 9,2 en el número de camiones pesados.

En tanto, la cantidad de pasajeros transportados en colectivos urbanos subió 5,8 por ciento, mientras que el número de usuarios de subte declinó 2,4 y la de los ferrocarriles urbanos 5,4 por ciento en términos interanuales. En los trenes urbanos se registró una merma del 24,4 por ciento en el Sarmiento, del 3,8 en el Mitre, y 5,3 por ciento en el Belgrano Norte, que empujaron hacia abajo el promedio, a pesar de las subas del 8,7 en el Belgrano Sur, 4,6 en el San Martín, y 3,5 en el Roca, entre otros.

Los rubros de consumo de energía eléctrica y gas natural también reflejaron un impulso positivo en comparación con mayo de 2009, del orden del 4,8 por ciento para el primer caso, y del 2,3 para el segundo.

El INDEC comunicó que el aumento durante mayo en la utilización de servicios telefónicos, que se ubicó en el 22,6 por ciento, se debió principalmente al alza interanual en la cantidad de llamadas realizadas por celulares, que alcanzó el 12 por ciento, y en la cantidad de terminales para esas llamadas, representada en 54,6 millones de aparatos.

Otro dato significativo fue el incremento del 5,3 por ciento en el Transporte de Carga, promedio obtenido por el alza del 32,4 por ciento en el volumen trasladado en avión, y del 9,9 por ciento en cuanto a la movilizada a través del servicio ferroviario.

En tanto, la cantidad de vehículos que pasaron por los peajes de la ciudad de Buenos Aires se incrementó en un 1,6 por ciento, de cuyo desglose se destaca el alza del 9,2 en el número de camiones pesados.

En tanto, la cantidad de pasajeros transportados en colectivos urbanos subió 5,8 por ciento, mientras que el número de usuarios de subte declinó 2,4 y la de los ferrocarriles urbanos 5,4 por ciento en términos interanuales. En los trenes urbanos se registró una merma del 24,4 por ciento en el Sarmiento, del 3,8 en el Mitre, y 5,3 por ciento en el Belgrano Norte, que empujaron hacia abajo el promedio, a pesar de las subas del 8,7 en el Belgrano Sur, 4,6 en el San Martín, y 3,5 en el Roca, entre otros.

Los rubros de consumo de energía eléctrica y gas natural también reflejaron un impulso positivo en comparación con mayo de 2009, del orden del 4,8 por ciento para el primer caso, y del 2,3 para el segundo.

Florencio Randazzo confirmó de esa manera que la nueva ley de partidos políticos se aplicará, efectivamente, en las próximas elcciones, cosa que había sido cuestionada por algunos partidos pequeños, y confirmó que "sólo podrán hacer aportes a las campañas partidarias las personas física".

El ministro señaló además que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no podrán participar de los comicios, mientras que aquellos afiliados a partidos que quisieran desafiliarse podrán hacerlo en juzgados federales o con un telegrama.

Acerca de los fondos que distribuye el Estado entre los partidos políticos, el funcionario aclaró que 50 por ciento de los fondos se distribuirán entre todos los partidos y el otro 50 de acuerdo con los votos que hayan obtenido en los últimos comicios legislativos.

Más adelante Randazzo afirmó que las alianzas serán definidas por los congresos partidarios de las respectivas fuerzas. Durante la conferencia de prensa realizada en el Salón Sur de Casa de Gobierno, Randazzo señaló que "la constitución de alianzas es una decisión del congreso partidario", y agregó que deberán constituirse 60 días antes de las primarias y "quedarán congeladas para los comicios generales". No obstante dejó en claro que "no es obligatorio asignarle un nombre", aunque aclaró que "la ley establece que todas las listas tengan colores", para competir en los comicios de 2011.

Egidio Torre Cantú, un ingeniero civil de 53 años con trayectoria política, fue designado por el comité ejecutivo nacional del PRI para representar la alianza tripartita "Todos Tamaulipas", cuando faltan cuatro días para las elecciones.

El anuncio fue realizado por el dirigente estatal del PRI, Ricardo Gamundi, que registrará hoy el nuevo nombre en el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas.

No obstante, en las boletas aparecerá el nombre del fallecido Rodolfo Torre Cantú, debido a que ya estaban impresas cuando un grupo de sicarios mató al candidato y a cuatro miembros de su comitiva en una emboscada que dejó, además, cuatro heridos.

Rossi se manifestó al inicio de la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, luego de que su presidente, Eduardo Fellner, informara sobre la nota que el canciller Héctor Timmerman envió al cuerpo pidiendo la publicación de la versión taquigráfica de las declaraciones de Sadous ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

El presidente del bloque oficialista en ese recinto manifestó que "es un bochorno que quieran mantener el secreto de esa declaración", cuyos detalles ya habían trascendido en los medios de prensa, y presentó una moción para que el cuerpo debata el pedido de Timerman./p>

Su opinión fue respondida por Atanasof, que consideró "necesario seguir manteniendo el secreto y la confidencialidad" del contenido de la reunión reservada entre el conjunto de diputados y el ex embajador argentino en Venezuela ya que "no se puede invitar a cualquier persona bajo determinadas condiciones y luego cambiar las reglas de juego", y agregó: "Lo único que vamos a hacer es desprestigiar la función de contralor del Parlamento, que le otorga la Constitución Nacional".

Con ese pedido inició el funcionario su exposición ante la Legislatura porteña, una de las dos que fija la ley que le exige al jefe de Gabinete dos visitas por año a ese cuerpo.

En el marco del pedido por apoyo al tratamiento de "leyes de seguridad", Rodríguez Larreta anunció que el proyecto del Ejecutivo vinculado con la prohibición de la circulación de dos personas en motos planteada para el microcentro será ampliado a "diez avenidas porteñas", fuera de esa zona.

Además, informó que el Primer Centro de la Policía Metropolitana se está construyendo en el barrio Saavedra, y anticipó que entrará en funciones en octubre de este año.

"El segundo establecimiento se ubicará, a partir de diciembre, en Chacarita, y así seguiremos hasta contar con una dependencia policial por Comuna", continuó el funcionario.

Christian Wulff, gobernador del Estado Federado de Baja Sajonia, se impuso con 615 votos sobre 490 del candidato socialdemócrata, Joachim Gauck, en el órgano especial bicameral que elige al jefe de Estado.

En esta tercera ronda que se desarrolla en la noche alemana, a Wulff le alcanza con una mayoría simple de un total de 1244 miembros de la Asamblea Federal.

Este es un resultado crucial para el futuro de la coalición de gobierno entre la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merkel y el Partido Liberal (FDP), facciones que, luego de imponerse en las elecciones generales de septiembre, han tenido duros choques en el marco de la crisis económica europea.

La votación la realiza una cámara especial (Asamblea Federal) conformada por diputados y senadores, es decir, es una elección realizada de forma indirecta por 1244 electores.

La elección se precipitó por la sorpresiva renuncia, hace un mes, del hasta ahora presidente, el ex director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, quien había sido reelegido hace un año para cumplir un segundo mandato.

Si bien el electorado no participa de la elección presidencial, un resultado ajustado o negativo para la Canciller puede derrumbar aún más la popularidad de la mandataria, a pesar de que el año pasado la misma rondaba el 60 por ciento.

El presidente federal alemán no tiene mayor poder político sino que su poder se limita a tener funciones de representación y a ser una instancia de preservación de los principios éticos y morales de la República. El poder político en el gobierno está depositado en la figura del Canciller.

D'Elía, titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) había tomado la seccional en protesta por el homicidio de un militante de su agrupación. El beneficio del sobreseimiento alcanza también a Angel "Lito" Borello y Luis Bordón -padre del fallecido estudiante Sebastián Bordón- quienes junto con D'Elía habían sido procesados por el juez federal Sergio Torres.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2004, cuando un grupo de manifestantes irrumpieron en la comisaría 24, del barrio de La Boca, para exigir a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia que fuera detenido un sospechoso por el homicidio de Martín "Oso" Cisneros, militante barrial y miembro de la agrupación de D'Elía.

El hecho ocurrió ayer cuando Raúl Pérez trabajaba en una obra en construcción sin el arnés de protección, en Independencia 830 de barrio Nueva Córdoba, y se precipitó al vacío desde un conducto de ventilación.

Rápidamente fue auxiliado por sus compañeros y fue trasladado al Hospital Tránsito Cáceres de Allende donde se constató que sólo se había golpeado el coxis y uno de sus brazos, confirmaron fuentes médicas.

"Ni soñés que me vuelvo a subir a un andamio", dijo Pérez, de 37 años, en declaraciones radiales desde el centro de salud donde está internado y en el que se recupera satisfactoriamente.

El plomero relató que antes de caer "estaba parado sobre un tablón" y señaló que en la caída "venía a los ponchazos" y atinó a estirarse "para raspar contra la pared para amortiguar el golpe".

"Recuerdo la caída libre, nada más", dijo Pérez, que es plomero desde hace 10 años, y está casado con Claudia Flores y tiene una hija de 9 años. Relató que cayó sentado sobre una tabla que estaba sobre un montículo de arena y que "no podía hablar ni gritar", en ese momento.

Pérez dijo que sólo tiene "una pequeña fractura en el brazo derecho y el coxis desviado, pero nada que no se pueda arreglar", y sólo espera el alta médica.

El doctor de la selección brasileña, José Luis Runco, dijo que el jugador del Galatasaray de Turquía seguirá "descansado hasta el fin de semana", lo que lo descarta para el duelo contra los holandeses el viernes en Port Elizabeth, pero no se atrevió a vaticinar cuánto tiempo tardará su recuperación.

"Puede durar algunos días, algunas semanas o algunos meses", dijo el médico, quien agregó que todavía no se sabe si estarán disponibles para el partido frente a la "Naranja Mecánica" los jugadores Felipe Melo y Julio Baptista, lesionados en el partido contra Portugal.

"Es demasiado temprano" para saberlo, dijo el médico, quien ofreció una conferencia de prensa junto al lesionado Elano y a Juan, autor del primer gol de la victoria 3-0 Chile, en la sede de la concentración brasileña en el club de golf RandPark, en Randburgo, cerca de Johannesburgo.

Elano tiene una lesión en el astrágalo, uno de los huesos del tarso, que está articulado con la tibia y el peroné, explicó Runco. Aunque Elano admitió que siente "tristeza", dijo que mantiene la "esperanza" de sanar pronto.

"Estoy trabajando todo el día con el doctor. Soy muy optimista, he pasado tantas dificultades en mi vida", agregó el jugador brasileño, quien anotó un gol en el triunfo 2-1 ante Corea del Norte y de otro en la victoria 3-1 ante Costa de Marfil por el Grupo G del Mundial.

Melo y Baptista, que no entrenaron el martes, acabaron lesionados en el empate 0-0 ante Portugal, que le adjudicó a Brasil el primer lugar del Grupo G.

Asimismo, alertó que frente a las "muertes en México por la cuestión del narcotráfico", los obispos "no escuchan hablar mucho de cuáles son los modos que tendríamos los argentinos para poder enfrentar una amenaza de esa naturaleza".

"Nosotros no estamos libres de que se vaya como consolidando en la Argentina una red de narcotráfico fuerte", señaló el prelado y sostuvo que justamente "estas son las cuestiones de fondo que tenemos que encarar todos los argentinos".

En declaraciones a radio Continental, Casaretto remarcó que "después de estar esta 'Semana social' analizando los grandes problemas" del país, la Iglesia concluyó que el matrimonio homosexual "no es el principal problema de la Argentina, y no sólo de parte del Gobierno, sino de los legisladores, debería haber una priorización de cuál es la problemática argentina".

Tras ratificar la posición de la Iglesia contraria al matrimonio en personas del mismo sexo, el obispo de San Isidro aclaró que "eso no quiere decir que no se encuentren formas legales para proteger los derechos" de ese grupo.

Sin embargo, insistió en que "si uno se pone a pensar en cuáles son los grandes problemas no creo con toda sinceridad que éste sea uno de los grandes problemas de la Argentina y que pueda ser tratado oportunamente una vez que hayamos encarado una agenda donde las prioridades estén claras".

El prelado destacó que en el reciente encuentro religioso que se desarrolló en Mar del Plata "justamente hablamos de la enorme cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es como la máxima hipoteca social de la Argentina".

"Son varios cientos de miles de jóvenes que no estudian ni trabajan", reiteró y alertó que "si uno piensa en un solo joven" en esa situación, "se lo imagina en una esquina, fumando, pensando en cómo sobrevivir, quizás en temas de cómo asaltar a otros, y eso es lo que creemos que hay que encarar".

Asimismo, dijo que en esta semana social "apareció muy clara" la necesidad de avanzar en la erradicación de la pobreza y la exclusión y se manifestó convencido de que "esto no puede ser una utopía si nos ponemos a trabajar en serio".

Ante una pregunta, el religioso sostuvo que en la Argentina, la pobreza está en "un estado latente grande". "Es muy difícil decir está creciendo, está disminuyendo: está y esta es la amenaza más importante y es el desafío más importante de los argentinos", subrayó.

Añadió que los "obispos, en 2008, dijimos que el Bicentenario debe ser hacia la justicia y la solidaridad y, por lo tanto, la pobreza tiene que ser el más grande de los desafíos de los argentinos".

Respecto del debate instalado en el país sobre la boda homosexual, Casaretto insistió en que las necesidades sociales "son cuestiones que hacen a la problemática de miles de personas" y señaló que, "independientemente de que alguna otra vez pueda tratarse en la agenda este otro tema del matrimonio gay, nos parece que esta otra problemática es prioritaria respecto de lo que son las necesidades de la Argentina".

En una resolución el tribunal de apelaciones dispuso que el magistrado a cargo de la investigación "vuelva a fundar" las razones para mantener preso a Palacios, aunque no revocó su prisión preventiva y por el momento el ex comisario seguirá detenido, informaron fuentes judiciales.

Al abrir una reunión donde se decidirá la respuesta al pedido del canciller Héctor Timerman para que se haga pública la versión taquigráfica de la exposición, Atanasof dijo que en la carta que le elevó Fellner "no me pide que levante nada, sino que me dice que le dé mi opinión".

Gobierno y oposición volvieron a cruzarse ayer por el carácter secreto del testimonio dado la semana pasada por el ex embajador Eduardo Sadous en la Cámara de Diputados. Mientras que la oposición aún no pudo definir una postura única sobre si darle o no publicidad al informe de Sadous ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el kirchnerismo insistió ayer en bloque a apoyar su intención de hacerla pública. “La oposición no quiere hacer pública la declaración porque es funcional a los grupos monopólicos de información, que fueron los que armaron una operación contra el Gobierno, falseando lo que el ex embajador dijo ante los diputados”, afirmó el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El peronista disidente Alfredo Atanasof, titular de la comisión, opinó, en cambio, que “esas no fueron las reglas de juego a las que se ajustó la reunión” en la que a Sadous se le consultó sobre supuestas irregularidades en el comercio con Venezuela. El tema será analizado hoy por la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Aparece ahora como inexplicable que algunos de los diputados que le dieron su consentimiento y acordaron esas reglas de juego ahora estén pidiendo que esas declaraciones se hagan públicas”, sostuvo Atanasof. El diputado detalló que en dos oportunidades “los diputados presentes dieron su consentimiento para que se desarrollara la reunión en esos términos” y que “esa era la mínima garantía que la comisión debía darles a aquellas personas que estaban dispuestas a aportar datos”. También se opuso el ex presidente Eduardo Duhalde, que aprovechó su visita al programa de Mirtha Legrand para sentar su postura sobre el tema. “Si (los testigos) saben que son convocados a sesión secreta y luego se convierte en pública, otros no van a querer ir”, afirmó.

Desde la vereda de enfrente, el canciller Héctor Timerman reclamó “encarecidamente a todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores que terminen con esto y que den a conocer de una vez por todas la versión taquigráfica” del encuentro. “Hay medios que han inventado un falso testimonio que es el que están filtrando a sus lectores y ante eso me parece que se está creando una situación de desconfianza en las instituciones”, aseguró el jefe de la diplomacia. “Si es tan secreta (la reunión), ¿cómo es posible que hayan salido tantas versiones sobre el testimonio de Sadous? –se preguntó Timerman–. Las reuniones secretas son secretas y si no pueden mantener el secreto de las reuniones, lo mejor es que el pueblo argentino sepa todo y no lo que algunos medios quieren hacerle creer”, agregó.

En el mismo sentido se expresó la diputada oficialista Diana Conti, quien sostuvo que es “un retroceso en términos de República que quiera mantener el secreto, funcional a un juego circense de mantener expectativas sobre un tema que debería ser de dominio público”. La diputada del Frente para la Victoria recordó que el único antecedente que existe de una reunión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores fue con el tratamiento del tema Malvinas, es decir, de “cuestiones de Estado que podían quedar reservadas para no dañar los intereses nacionales”. “No se puede comparar esto con un embajador que, cinco años después (de alejarse de su cargo), se le ocurre contar rumores”, argumentó Conti.

Por último, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, opinó que la situación es una “telenovela bochornosa y poco seria” e insistió que “el día que se muestre se van a dar cuenta que es cien veces menos importante”.

La acción legal fue iniciada en nombre de un hombre que fue molestado sexualmente por un cura salesiano llamado Titian Miani, según reportó la agencia italiana Ansa.

La decisión de la Corte dio vía libre a la posibilidad de realizar juicios civiles contra el Vaticano, por acusaciones de ocultamiento de abusos a menores cometidos por religiosos.

La demanda encarada por el estudio de Anderson acusa a las altas autoridades vaticanas, a los superiores de la orden de los salesianos y a los obispos responsables de una escuela de Bellflower, en el estado de California, de haber ocultado las molestias sexuales de Miani, conocido como "el padre Jim", hacia sus alumnos.

Anderson y sus asociados convocaron a una conferencia de prensa anoche en Los Ángeles tras hacer oficial la acusación. "Durante muchos años las órdenes religiosas con base en Roma transfirieron con impunidad al exterior a sacerdotes pedófilos para evitar rendir cuentas a la justicia", dijo el abogado.

Miani, de 83 años, había sido arrestado en 1983 por un caso de pedofilia, una causa que luego prescribió. Aquéllas no eran las únicas acusaciones en su contra: en los años cuarenta del siglo pasado, cuando era seminarista, se lo acusó de molestar a un niño de 13 años durante un retiro espiritual en Italia; luego se registraron quejas en un colegio salesiano de Edmonton, Canadá, y también en la diócesis de Stockton, en California, Estados Unidos.

Según Anderson, "el Vaticano había sido advertido pero el Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe no removieron al cura pedófilo". En la acción legal se afirma que también la orden salesiana estaba en conocimiento de las tendencias de Miani: aun así, cuando fue transferido a Bellflower, estaba en permanente contacto con los estudiantes, "sin que ni ellos ni sus familias fueran advertidos".

El letrado sostuvo ante la prensa que "La orden de los salesianos, la tercera en importancia en la galaxia católica (pertenecen a ella, entre otros, el secretario de estado Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone), había sido informada de que Miani era un pedófilo desde los años cuarenta y aun así lo transfirieron desde Italia a Brasil, luego a California, más tarde a Canadá y finalmente, de nuevo a California". "Este cura sometió al menos a trece víctimas y, a pesar de eso, continuó en sus funciones", subrayó Anderson.

En 2008, la Sociedad Salesiana de Los Angeles aceptó pagar 19,5 millones de dólares para cerrar 17 casos de molestias sexuales en su arquidiócesis. El acuerdo se cerró mientras un jurado de esa ciudad se aprestaba a escuchar acusaciones, según las cuales los salesianos sabían que el padre Miani había molestado a varios niños cuando lo habían asignado a la St. John Bosco High School de Bellflower.

En esa institución escolar Miani habría cometido al menos cuatro abusos sexuales, entre ellos, contra un joven de 15 años y sus dos pequeñas hermanitas. Miani dejó la orden salesiana en 1974, pero siguió desempeñándose como sacerdote hasta que se retiró, en 1993.

Fuentes policiales aseguraron que el arresto del joven, identificado como Francisco Amador (23), se concretó anoche en un departamento de la avenida Corrientes 4548, donde también secuestraron un teléfono celular y una computadora que serán analizados para ver si pertenecían a la chica degollada.

Un carro hidrante, dos millones ochocientos mil pesos. Cinco carros antimotines, dos millones trescientos mil pesos. Comprarlos para un cuerpo de infantería que todavía no existe no tiene precio. El gobierno de Mauricio Macri adquirió estos vehículos para la represión de manifestaciones por un total de más de cinco millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora, la Metropolitana carece de una guardia de infantería para esos propósitos. En la gestión PRO parecen haberse dado cuenta tarde, dado que el hidrante está olvidado en las dependencias de la policía porteña, mientras que iniciaron el trámite para dar de baja la licitación de los carros de asalto. Hay un pequeño detalle: ya pagaron el 50 por ciento por adelantado. Es decir, la módica suma de 1.818.000 pesos. “Tenemos que ver cómo nos lo devuelven”, estiman, con candor.

El 10 de noviembre de 2009, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, firmó dos resoluciones. En la primera, aprobó la compra de cinco carros antimotines a la empresa IGarreta por 2.363.100 pesos, a partir de una licitación privada que se inició el 20 de octubre y a la que se presentaron dos empresas. Por la misma norma, dispuso el pago anticipado del 50 por ciento del monto a la empresa ganadora. Las flamantes unidades antimotines debían tener, según el pliego, un motor de cuatro cilindros, un peso bruto de 15 mil kilogramos, calefacción y aire acondicionado. Además, según las condiciones de la gestión PRO, deben ser “agradables y estéticos a la vista y que se caractericen por la armonía del conjunto y la sobriedad de líneas”.

En la gestión PRO informaron a Página/12 que la licitación está parada, pese a que ya se había adjudicado. “La resolución está actualmente en la Procuración para la firma que habilite a darla de baja. No se compraron ni se van a comprar”, estimaron. La idea es usar ese dinero para la compra de combis que transporten a los policías. El problema es que la resolución establecía que el 50 por ciento se pagaba por adelantado. “Queda por resolver cómo lo reintegran”, guardan esperanzas en el gobierno porteño. “Son las compras de la época de Palacios”, se resignan.

La resolución por la que se compraban los carros antimotines fue la número 1099. Por la número 1101, Montenegro resolvió adquirir un carro hidrante a la empresa RDS S.A. por 2.800.000 pesos, también con un pago del 50 por ciento adelantado. En este caso, a diferencia del anterior, no se trató de una licitación privada sino de una contratación directa. Para ella, se analizaron las ofertas de sólo dos empresas.

Todas las compras de vehículos contra manifestaciones están destinadas al cuerpo de infantería, que todavía no se formó, lo que hace difícil de explicar el apuro para conseguir el carro hidrante por contratación directa. “Hoy por hoy, no hay forma de darle uso al hidrante”, se lamentan en la Metropolitana, donde señalan que no hay una estimación del tiempo que tomará crear el cuerpo de infantería al que estaba destinado.

En el entorno de Montenegro argumentaron que “en algún momento vamos a tener el cuerpo de infantería. Hay que ir haciendo las licitaciones”. Una encomiable previsión, dado que –según el propio gobierno porteño– falta al menos un año para que ese cuerpo de infantería exista: “Este año ya es muy difícil que se forme”, confirman cerca del jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, que prometió en el lanzamiento a la calle de la fuerza: “Nosotros no tenemos cuerpo de infantería. Nos vamos a concentrar en los temas de seguridad pública”.

El legislador kirchnerista Juan Cabandié consideró que “es contradictoria la competencia de delitos que tiene la Metropolitana con una fuerza antimotín, homónima a la guardia de infantería”. “Por otro lado, es contradictorio que hayan hecho estas compras y no tengan un cuerpo que pueda utilizarlas”, advirtió.

Dime la policía que formas y te diré cómo es. El gobierno porteño instituyó para los cadetes de la Metropolitana un régimen de connotaciones prusianas. Quienes aspiren a ingresar al Instituto de Seguridad Pública, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, serán instruidos bajo normas de “una policía antidemocrática, autoritaria, verticalista y totalmente alejada de la comunidad”, ya que se les inculcarán “principios propios de fuerzas militares que en nada se condicen con un cuerpo de seguridad”. La crítica se conoce después de que se publicaran en el boletín oficial dos capítulos del reglamento de la academia policial referidos al régimen interno para los cadetes y el régimen disciplinario para los estudiantes. El 8 de junio aparecieron contenidos en la resolución 23 del Instituto de Seguridad Pública, que firma su rector, Miguel Juan De Castillo, y que tomó como marco las leyes 2894 y 2895.

El Observatorio considera que las normas “establecen reglas para las sanciones disciplinarias que agravian derechos básicos en materia de empleo público y derecho de defensa”. El régimen policial dice que las infracciones previstas “se sancionan en principio, sin forma de juicio y por la sola autoridad del superior que sanciona”.

A su vez, el reglamento contiene disposiciones que “violan flagrantemente derechos constitucionales como la libertad e intimidad”, según la organización que ya formuló denuncias semejantes contra el gobierno de Mauricio Macri. Sobran ejemplos: estarán permitidas las relaciones sentimentales entre cadetes, siempre y cuando las mismas no interfieran en el servicio; deberán llevar cualquier relación de este tipo sólo de manera privada y madura, evitando demostraciones de afecto en público o dentro del Instituto que puedan generar percepciones equivocadas y perjudicar el buen orden y disciplina; no cultivarán amistad con personas de mala reputación o moralidad dudosa; el personal involucrado deberá poner en conocimiento del oficial Jefe de Compañía o Sección toda relación sentimental de la índole referenciada en los puntos anteriores.

Esas restricciones, para el Observatorio “son arbitrarias y por lo tanto discriminatorias. En definitiva, creemos, se trata de una instrucción más de cuartel que de academia”, sostiene el documento que difundió.

El reglamento, en lo que define como “Comportamiento general, presentación y aliño”, determina que los cadetes deben “saludar a los superiores luego de adoptar posición de firmes; hallándose en tránsito deben saludar reglamentariamente, deberán afeitarse diariamente en el horario que se asigne; concurrir a peluquería cuando resulte necesario”, entre otras normas de disciplina.

El gobierno porteño –agrega el Observatorio– parte de “una concepción errónea de la seguridad” porque la única forma de conducir democráticamente una fuerza “es con una sólida conducción política. No resultan eficaces para ningún fin de una seguridad en democracia este tipo de reglamentaciones sobre las nimiedades de la vida en un instituto educativo. El régimen establecido refuerza las características autorreferenciales de las policías, con reglas propias y excluyentes de las que rigen en la sociedad civil. Esto trae peligrosas consecuencias para la seguridad pública porque genera normas diferentes para cada sector, los aleja uno del otro y al momento de encontrarse en el espacio público, en lugar de facilitar la convivencia, la degradan”.

Los cuestionamientos al reglamento no se detienen ahí. El organismo de derechos humanos porteño afirma que “no parece dirigido a personal civil sino a futuros militares en países no democráticos”. Y completa con algunas muestras de la disciplina que se pretende imponer: “la presentación de un superior en el comedor obliga a quien estuviere a cargo a informar las novedades. Dará orden de ‘en el lugar atención’ y los cadetes permanecerán sentados en posición correcta, sin hacer otros movimientos. Si el Superior se dirige a un cadete en particular, éste adoptará posición de firme cuando no tenga alimentos en la boca. Al retirarse del comedor los cadetes se levantarán con cuidado y arrimarán la silla a la mesa procurando no hacer ruidos”.

Asimismo, los aspirantes a policías de la fuerza concebida a imagen y semejanza de Jorge “Fino” Palacios pueden ser sancionados por presentar recursos colectivos. Se consideran faltas graves: la disconformidad manifiesta por una orden general del servicio o de aquellas que le fueran impartidas por el superior; ingresar, tener/yo consumir drogas, estupefacientes y alcohol y mantener relaciones sexuales dentro del establecimiento educativo.

Por todo esto, el Observatorio concluye que “los reglamentos parecen piezas de museo de ejércitos del siglo XVIII. Dan cuenta de un orden militar, vertical y retrógrado que bordea lo absurdo”.

La AFIP informó que desde 2003 a la fecha hubo un total de 452 personas condenadas en la Justicia por delitos tributarios, aduaneros o previsionales, mientras que 279 se encuentran detenidas por esa misma razón. El último caso denunciado por el organismo recaudador llevó a la detención de una contadora acusada de integrar una asociación ilícita que encubría, a través de una mutual, ventas de soja en negro por unos 600 millones de pesos.

En el marco de esa investigación por una evasión millonaria en la venta de cereales, el juzgado de Villa María, a cargo de Mario Eugenio Garzón, ordenó la detención de Jorgelina Rosso, contadora de la filial Río Cuarto de la Asociación Mutual Defensores de Boca Juniors. Miguel Angel Seri, quien actuaba como gerenciador de esa entidad, ya se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer, por la misma causa, desde hace más de dos meses.

Según la AFIP, la asociación ilícita intentó aprovecharse de los beneficios impositivos con que cuentan las mutuales en los impuestos al cheque y a las ganancias. De ese modo, procuraban ocultar el circuito de dinero de la venta de soja en negro. Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda surgieron a partir de tareas de inteligencia realizadas por la AFIP.

El delito de “partícipe de evasión” contempla una pena de tres años y seis meses a diez años de prisión, con un mínimo de cinco años para quien reviste como jefe de la organización.

El conglomerado opositor consiguió dos dictámenes para actualizar la jubilación mínima al 82 por ciento móvil. Uno fue en el Senado y el otro en Diputados. En la Cámara baja, la UCR, la Coalición Cívica, el PRO y el Peronismo Federal llegaron a la Comisión de Previsión Social con un dictamen que habían elaborado minutos antes del encuentro, con un corto debate puertas adentro. En la Cámara alta, el radical Gerardo Morales y el socialista Rubén Giustiniani firmaron su iniciativa, que ya habían presentado hace varias semanas. La oposición decidió avanzar de lleno con este tema luego de una reunión que mantuvieron todos los opositores en la oficina de Morales, de la que también participaron los diputados. La pelota la tiene ahora el oficialismo, ya que en ambas Cámaras los proyectos deberán pasar por las respectivas comisiones de Presupuesto, presidida por Gustavo Marconato (Diputados) y Eric Calcagno (Senado), ambos del Frente para la Victoria. Para el oficialismo, los dos proyectos apuntan a desfinanciar el sistema público de jubilaciones.

En Diputados, la oposición quería realizar una reunión conjunta entre la Comisión de Previsión, comandada por el peronista disidente Eduardo Ibarra, y la de Presupuesto, a cargo del oficialista Marconato. El FpV decidió no dar por válido el llamado a un encuentro conjunto y las autoridades de Presupuesto no asistieron al encuentro. Como contrapartida, la oposición decidió asistir a la Comisión de Previsión con un dictamen bajo el brazo.

En el Congreso es usual que los temas conflictivos sean analizados primero por los asesores, quienes elaboran los primeros informes técnicos que luego son elevados a los diputados. Después de ese paso, los legisladores acuerdan una ronda de debate –ocurrió con la ley de medios, las retenciones móviles, la eliminación de las AFJP, y la lista sigue– para luego emitir un dictamen.

Sin embargo, ayer la oposición salteó todos esos pasos, en busca de un golpe político hacia el FpV. “Con (Federico) Pinedo, (Oscar) Aguad y (Felipe) Solá trabajamos arduamente para que la plata de la Anses sea de los jubilados y no de la caja de Julio De Vido. A partir del dictamen de hoy, Marconato tiene 30 días para tratar el tema, si no el pleno de la Cámara podrá votar directamente el 82 por ciento móvil”, arremetió Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, al inicio de la reunión. Una vez dichas esas palabras, la diputada se retiró de la sala.

“Están ávidos de dar respuestas de campaña y ávidos de repartir la plata ajena”, retrucó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Fadel, quien recibió los abucheos de los jubilados que presenciaron el encuentro.

La iniciativa firmada por la UCR, el PRO, Peronismo Federal y la CC propone elevar la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, una recomposición de haberes acorde con el fallo Badaro para quienes ganaban más de 1000 pesos en 2002 y establecer una nueva fórmula de movilidad sujeta a un índice de salarios. En ningún momento se especifica de qué manera se financiará la iniciativa.

“Hasta dos meses antes de que el Ejecutivo decretara la Asignación Universal por Hijo, el oficialismo decía que no había plata para hacerlo, mientras nosotros habíamos presentado un proyecto en ese sentido. Por eso ahora es urgente otorgar el 82 por ciento móvil y recién mañana pensar en una reestructuración del sistema jubilatorio”, afirmó Adrián Pérez, casi al final del encuentro.

Juan Carlos Díaz Roig, ex titular de la Comisión de Previsión, solicitó volver a fojas cero e iniciar un debate primero en asesores, para luego invitar a todos los actores involucrados en el tema. Sin embargo, la oposición siguió adelante. “El sistema previsional cuenta con más beneficiarios que aportantes. A esto hay que sumarle que el 40 por ciento de los trabajadores son informales. Esto costará 30.000 millones de pesos por año, que agotará los fondos de la Anses en seis años. La oposición quiere volver a un sistema de jubilaciones privadas”, señaló a Página/12 Díaz Roig (FpV). El legislador recordó que tanto Pérez como sus colegas radicales, del PRO y peronistas disidentes votaron en su momento en contra de la estatización de los fondos jubilatorios.

Por otro lado, Proyecto Sur presentó su propio dictamen, con la única diferencia que se especifica una posible fuente de financiamiento, a partir del restablecimiento del porcentaje histórico de las contribuciones patronales para las grandes compañías.

El Grupo A concretó ayer una cumbre en la que reunió a los máximos dirigentes de las dos Cámaras del Congreso. Sentados en la presidencia del bloque de senadores radicales, una veintena de legisladores de la oposición acordó conformar una “comisión operativa” para coordinar el trabajo de ambos cuerpos, después de un año de la elección de 2009, en el que no lograron sancionar ninguna ley de las prometidas durante la campaña. Con la presencia de los diputados Elisa Carrió, Felipe Solá, Oscar Aguad y Federico Pinedo y los senadores Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Adolfo Rodríguez Saá, Chiche Duhalde y Carlos Verna, entre otros, los opositores buscaron dar un fuerte gesto político y encaminar el trabajo parlamentario en la segunda mitad del año para “no superponerse” en los temas y lograr avanzar en su agenda, que incluye la reforma del Indec, el Consejo de la Magistratura, los superpoderes y el aumento al 82 por ciento móvil para los jubilados. No participaron del encuentro los legisladores de Proyecto Sur.

A poco de cumplirse un año de las elecciones parlamentarias del año pasado, el denominado Grupo A se juntó para hacer un balance y corregir las desinteligencias que le valieron hasta ahora la aprobación de iniciativas en alguna de las Cámaras pero ninguna victoria completa sobre el oficialismo. “La oposición del Congreso se reunió con el fin de coordinar el tratamiento de la agenda legislativa opositora”, relató por Twitter el titular de la bancada PRO, Federico Pinedo, haciendo gala de las costumbres virtuales del macrismo.

Para contrarrestar las frustraciones, se resolvió que como criterio general los temas más fuertes arrancarán su debate y eventual sanción en Diputados, porque allí la oposición tiene mejor número para aprobarlo. Una vez con media sanción, se redoblará la presión sobre el Senado, donde el oficialismo, con un escenario de equilibrio, se las ha ingeniado hasta ahora para contener la avanzada opositora. Una vez por semana se reunirán los responsables de la coordinación operativa: por el Senado, Laura Montero (UCR), María Eugenia Estenssoro (CC), Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba), Rubén Giustiniani (PS) y Sonia Escudero y Liliana Negre de Alonso (PJ disidente). Por Diputados, Silvana Giudici (UCR), Patricia Bullrich (CC), Paula Bertol (PRO), Felipe Solá (PJ disidente), Mónica Fein (PS).

La cumbre de ayer, de la que participaron los presidentes de los bloques de ambas Cámaras, se repetirá al mediodía del martes que viene, pero en Diputados, y está previsto que estas reuniones también se realicen una vez por mes.

“Nosotros no vamos a participar de las reuniones del Grupo A porque no formamos parte de eso”, aseguró a Página/12 el diputado de Solidaridad e Igualdad Eduardo Macaluse, quien integra el interbloque Proyecto Sur que lidera Fernando “Pino” Solanas. Macaluse relató que podrán mantener conversaciones con dirigentes de la oposición y también del oficialismo pero en torno de proyectos concretos. Fuentes del Grupo A aseguraban que con Proyecto Sur están “muy cerca” en el contenido de los proyectos y que las diferencias son “de posicionamiento”.

Entre las iniciativas a las que la oposición le pondrá más energía se encuentra el aumento al 82 por ciento móvil para los jubilados, que ayer obtuvo dictamen por separado en ambas cámaras. Para avanzar con este tema se paralizó la media sanción del Senado sobre la coparticipación del impuesto al cheque. Además hay una idea de modificar la Asignación Universal por Hijo implementada por el Ejecutivo para actualizarla y “eliminar incompatibilidades”. La oposición sostiene que hay dos millones de chicos no alcanzados por la medida.

El Senado seguirá el tema del Indec, que lo tiene más avanzado que la Cámara baja. Ayer se avanzó en un preproyecto que tendría ocho firmas para presentar mañana en la Comisión de Población, que incluye el acuerdo del Senado para la designación de autoridades, la creación de una comisión bicameral de seguimiento y la creación de un Consejo Federal consultivo (los radicales buscaban que sea resolutivo).

Las ventas totales en supermercados (1641 bocas de expendio, pertenecientes a 67 cadenas comerciales) sumaron, en mayo, 5178,7 millones de pesos, de acuerdo con estadísticas del Indec. A precios constantes, dicha cifra representa un aumento del 16,3 por ciento respecto del mismo mes del año anterior y una suba, a precios corrientes (valor facturado), del 28,7 por ciento. De la diferencia entre ambas variaciones se deduce un aumento de los precios de los productos vendidos en supermercados del 10,9 por ciento del año bajo análisis. El rubro con alza interanual más significativa resultó, en lo que va del año, Electrónicos y Artículos para el hogar.

Tal como venía ocurriendo en los meses anteriores, las ofertas con descuentos, que orillan el 20 por ciento en diversas cadenas, alentaron el repunte de las ventas. Durante mayo, las ofertas bajo la promoción de tarjetas de débito de algún banco, que alcanzaban a un día por semana, se extendieron a dos días, e incluso a fines de semana.

Con respecto al mes de abril, las cifras de mayo también registran una evolución positiva, con un aumento del 4,9 por ciento a precios corrientes y del 2,3 por ciento a precios constantes. En monto facturado, el aumento con respecto a abril de 2009 alcanzó al 34,9 por ciento en el bloque Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero, siendo el de mayor alza del país. El menor incremento en el mismo período correspondió a Córdoba, con el 19,6 por ciento, siempre medido por facturación.

Por rubro, los aumentos más significativos correspondieron a Electrónicos y Artículos para el hogar (78,4 por ciento), como parte del fenómeno que también se observó en los locales específicos del rubro en los últimos meses.

Una hora y media después de lo previsto y ante la ausencia del bloque oficialista, la oposición dio por fracasada anoche la reunión de Labor Parlamentaria en la Cámara de Diputados y realizó una nueva convocatoria para hoy a la mañana, para sesionar por la tarde con la reforma del Consejo de la Magistratura como tema excluyente. Con el faltazo, el kirchnerismo manifestó su desagrado por la decisión del grueso del arco opositor de emitir un dictamen para aplicar el 82 por ciento móvil a las jubilaciones sin que el proyecto haya pasado por la Comisión de Presupuesto. Para el oficialismo, el Fondo de Garantía de la Anses “no podrá solventar” esa iniciativa. A última hora, el Frente para la Victoria decidió que irá hoy al recinto para dar debate y rechazar la modificación de la integración actual del Consejo de la Magistratura.

Como vicepresidente de la Cámara, el diputado radical Ricardo Alfonsín tomó las riendas de la frustrada reunión de Labor, convocó a una nueva para hoy y fijó la sesión para las 15. Casi todas las bancadas estaban presentes en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, pero el presidente del cuerpo, Eduardo Fellner –que había convocado el encuentro–, y el jefe del bloque K, Agustín Rossi, no acudieron a la cita.

La mayoría de los bloques opositores llevaban como tema principal el dictamen único para reformar el Consejo de la Magistratura. Mientras que el oficialismo proponía discutir en el recinto que se haga pública la versión taquigráfica de las declaraciones del ex embajador en Venezuela Eduardo Sadous ante los diputados (ver página 6), como también lo hará esta mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores. Una postura que podrían apoyar los bloques de centroizquierda.

La decisión que adoptó ayer la oposición en la Comisión de Previsión desató el malhumor oficialista. Los diputados opositores tenían programado emitir un dictamen a favor de la restitución del 82 por ciento móvil para las jubilaciones en un plenario de las comisiones de Previsión y de Presupuesto, pero Gustavo Marconato (FpV) no convocó a los diputados que integran esta última, que él preside. El peronista disidente Mauricio Ibarra apeló al artículo 102 del reglamento interno y propuso que si la Comisión de Presupuesto no se reúne en un mes, el dictamen estará en condiciones de ser llevado al recinto para su aprobación.

La mayoría de los bloques del Grupo A proponen la recomposición jubilatoria sin establecer de dónde surgirían los recursos para afrontarlos. El interbloque de Proyecto Sur, el socialismo y GEN proponen restituir los aportes patronales para las grandes empresas –recortados en 1993– para financiar los aumentos.

Sin embargo, para el oficialismo ninguna de las propuestas alcanza para hacer frente a los aumentos, que “desfinanciaría a la Anses” y que hasta “pondría en peligro el pago de las jubilaciones” en pocos años. Además, acusó a la oposición de “generar falsas expectativas” en la clase pasiva. La dura discusión que se dio en la comisión se prolongó telefónicamente entre los principales referentes de la oposición y el oficialismo, que incluyó duros insultos. En ese contexto, Rossi y Fellner coincidieron en que no era el mejor momento para acordar con los opositores la sesión de hoy. Cuando ya avanzaba la noche, el kirchnerismo decidió que asistirá a la reunión de Labor de este mediodía y luego reunirá a su tropa para elaborar la estrategia para dar el debate sobre la reforma al Consejo de la Magistratura y para intentar hacer pública la declaración de Sadous.

La polémica planteada en el Congreso sobre las relaciones con Venezuela dejó en un segundo plano la causa judicial y lo que se fue o no verificando en el expediente.

1 En los inicios de la causa, una denuncia de la Coalición Cívica contra el matrimonio Kirchner y varios funcionarios por supuesta asociación ilícita mencionaba la desaparición de 90 millones de dólares de un fideicomiso formado sobre la base de las compras argentinas de hidrocarburos venezolanos. También cuestionaba por qué comprar fueloil si Argentina es exportadora. Pero no hablaba de comisiones o sobornos.

Resulta elocuente que la oposición y la mayoría de los medios hayan dejado de lado un nombre clave en todo esto: el canciller de aquel momento, Rafael Bielsa, sobre quien no pesa ninguna denuncia. Se trata de meter otros personajes en esta historia y se esconde al principal protagonista.

Cuando el ex embajador Eduardo Sadous manda el cable confidencial señalando que faltan los 90 millones de dólares, Bielsa reacciona de inmediato, previa consulta con el entonces presidente Néstor Kirchner. El dinero era de los venezolanos, pero existía el compromiso de usarlo en compras a empresas argentinas. Bielsa cita al embajador de Caracas en Buenos Aires, Freddy Balzán, y le entrega una carta. Venezuela pide disculpas y el dinero fue repuesto de inmediato. Todo esto está documentado en el expediente judicial, a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita.

Como señaló Página/12 desde el primer día, el fideicomiso o el acuerdo con Venezuela, monitoreado por Martín Redrado, secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería, nunca se terminó de volcar en los papeles –o por lo menos hasta ahora no apareció ningún documento– entre otras cosas porque el dinero era venezolano y lo manejaba Caracas. El fideicomiso existía entre la petrolera venezolana Pdvsa y el Banco de Desarrollo venezolano, según aclaran allegados a la investigación judicial, o sea dos partes venezolanas. Es que en Caracas dijeron que el dinero era de ellos y, por lo tanto, ellos eran los únicos con derecho a manejarlo. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) argentino participó en las tratativas pero quedó afuera.

2 Cuando Sadous declara ante el juez Ercolini y el fiscal Pollicita, en abril último, desliza que había escuchado quejas de empresarios de la industria de maquinaria agrícola que sostenían que les estaban exigiendo una comisión del 15 por ciento por vender sus productos en Venezuela.

Aquí entra una nueva reflexión hecha por el ex canciller Bielsa: “Si Sadous mandó un cable confidencial con la desaparición de 90 millones de dólares de dinero que manejaban los venezolanos, ¿por qué nunca envió un cable confidencial con las supuestas versiones de pedidos de comisiones a los empresarios de maquinarias? ¿Por qué tarda cinco años en contar lo que, según él, le dijeron los empresarios?”.

Pero a esto se agregan dos elementos fundamentales del expediente. El segundo de Sadous, Alberto Alvarez Tufillo, declaró ante Ercolini y Pollicita y sostuvo que el embajador nunca le hizo ningún comentario sobre coimas o comisiones. Es más, en toda la declaración de Alvarez Tufillo no se habla ni de embajada paralela ni de otras movidas que ahora mencionó Sadous. Cuenta, por ejemplo, que el acuerdo con Venezuela por la venta de hidrocarburos y el uso del dinero para hacerle compras a la Argentina fue pergeñado por tres ministerios: la Cancillería, Economía y Planificación.

El otro dato que aparece en la causa, es sorprendente. Sadous dejó la embajada de Argentina en Caracas el 20 de junio de 2005. En ese momento, la posibilidad de venta de maquinaria agrícola ni existía. En el expediente figura que el acuerdo con Venezuela se firmó el 29 de septiembre de 2005, tres meses después, y la primera concreción de venta de maquinaria se produjo a partir de junio de 2006, cuando Sadous ya hacía un año que no estaba en Caracas.

3 Como era obvio, las 39 empresas que vendieron en Venezuela negaron que les hubieran pedido una coima, porque estarían reconociendo un delito, el cohecho activo. Pero, además, todas ellas –una por una– firmaron el acuerdo con Palmat Internacional, una trader con sedes en Miami y Caracas. De todas maneras, resulta interesante un testimonio en la causa, el de Eduardo Cavanagh, empresario que intentó vender vaquillonas a Caracas pero quedó afuera. Por ello, no estaría obligado a declarar contra sí mismo, porque no pagó ninguna coima. Y, como perdió el supuesto negocio, podía despacharse con bronca. Cavanagh afirmó ante el juez y el fiscal que nadie le pidió nunca una coima, pero que la pelea era furiosa entre las empresas argentinas y que algunas de ellas eran “caballos del comisario” de los venezolanos. Tomó la situación, señaló, como “parte del riesgo empresario”. Por otra parte, negó haberle hecho comentario alguno a Sadous sobre el tema –algo que afirma el ex embajador– y menos todavía que el ex secretario de Agricultura Javier De Urquiza le haya dicho que se corra del negocio. “No lo conocí, nunca pude hablar con él”, declaró Cavanagh. En función de este relato, queda claro que parte de la declaración de Sadous contiene afirmaciones desmentidas por el expediente de Ercolini.

4 Lo de la supuesta embajada paralela también fue aclarado por el ex canciller Bielsa. El cuadro de situación en ese momento era la amenaza de una grave crisis en materia energética. Es más, toda la oposición, pronosticaba que la Argentina caminaba hacia el gran corte. En ese marco, explicó Bielsa, los funcionarios de Planificación hicieron decenas y decenas de viajes a Caracas, porque se necesitaba el gasoil. No era de buena calidad, pero servía para salir del apuro. Y los técnicos en la materia eran los funcionarios de Planificación que, además, usaron a Claudio Uberti porque tenía buena llegada en Caracas. “Roberto Lavagna y su equipo, durante el primer canje, viajaron decenas de veces a Italia, Japón y Estados Unidos. Eran las personas indicadas. Y no por eso hubo diplomacia paralela”, razonó Bielsa.

5 Los cables confidenciales publicados este fin de semana por Clarín ratifican lo dicho por Bielsa. Muestran a Sadous preocupado por el fideicomiso, algo que se solucionó en pocos días, y pidiendo datos sobre un viaje de gente de Planificación. Eso encaja con lo explicado por Bielsa. Pero, además, uno de los cables demuestra que los venezolanos eran un hueso duro de roer: “A criterio de esta representación –dice Sadous– no deben generarse muchas esperanzas en lograr un amplio acceso de las empresas proveedoras de la industria petrolera argentina, sin existir socios locales”. Es lo mismo que afirman los empresarios de la maquinaria: era difícil meterse en el mercado venezolano, porque estaba copado por los brasileños y, además, porque exigían socios locales y un conocimiento de “mecanismos, códigos y canales informales usuales en el ámbito venezolano”. La única chance fue, justamente, abierta por la negociación de compra de hidrocarburos y, a cambio, el compromiso de Venezuela de comprar productos argentinos con ese dinero.

6 Judicialmente, ni el fideicomiso ni la supuesta diplomacia paralela son temas centrales. El dinero pagado por la compra de hidrocarburos no podía ser tocado por ningún funcionario argentino. Estaba en manos de los venezolanos. En principio, no habría delito a la vista. La diplomacia paralela fue desmentida por el principal responsable de entonces, Bielsa, pero –además–, y suponiendo que hubiera existido, tampoco es un problema penal. Lo único que podría cambiar esta ecuación es que se demuestre que el fideicomiso fue armado para robar.

7 Queda la cuestión de las comisiones por la venta de maquinaria agrícola, algo que Sadous denunció con cinco años de atraso. Según los empresarios, la comisión cobrada por Palmat –entre un 11 y un 15 por ciento– fue razonable, porque no era una empresa que hacía trámites, sino la encargada de conseguir que los venezolanos compraran tal máquina argentina y no tal otra de Brasil. O sea que ejercían un papel parecido al de una concesionaria en el negocio de los autos.

Palmat de ninguna manera es una empresa fantasma. Tiene 200 empleados, factura en blanco, existen contratos oficiales y Palmat registra operaciones desde mucho antes del crecimiento espectacular del comercio con Venezuela. Las comisiones, inclusive, están todas facturadas.

Los empresarios dicen también que la competidora de Palmat, una gigantesca empresa brasileña, Cotia, cobraba lo mismo o un poco más, casi 20 por ciento. Pero no aportaron, hasta ahora, ninguna documentación sobre ello. Es más, está pendiente la declaración de los integrantes de un estudio cordobés, que fue el que concretó los contratos de las 39 empresas de maquinaria agrícola con Palmat. También se le está exigiendo a las 39 empresas las copias de los acuerdos con Palmat. Los investigadores tienen la expectativa de que de ellos surja información sobre la mecánica de las operaciones y la contratación de las intermediarias.

El meollo de la causa pasa por la reconstrucción de la ruta del dinero. El juez Ercolini pidió a Estados Unidos informes sobre los movimientos de cuentas de Palmat, lo que significa que quiere saber qué hizo la trader con las comisiones. Si hubo alguna coima, la lógica indica que los principales beneficiarios deberían ser funcionarios venezolanos, que tenían el poder de decisión sobre las compras de maquinaria. La oposición sospecha también que tal vez una parte de la comisión haya venido hacia algún funcionario argentino que le podría haber marcado a sus pares cuáles eran las empresas “convenientes”. Pero aun así los cables de Sadous demuestran que los venezolanos –casi siempre generales u oficiales del ejército de alta graduación– mantenían un férreo control sobre todo. Algunas de las medidas de prueba de la fiscalía y el juzgado apuntan, por ejemplo, a establecer qué peso y qué papel tuvieron ciertos funcionarios argentinos como el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti.

8 Lo que llama la atención es la desproporción gigantesca entre la movida política y mediática y la causa judicial. En el expediente, casi todo lo declarado por Sadous quedó en el terreno de las dudas y en algunos casos desvirtuado. Es más, ahora se habla de la declaración en el Congreso del ex defensor del Pueblo Guillermo Mondino. Este firmó un dictamen sobre la operación de venta de maquinaria a Venezuela y las comisiones de Palmat: “No hay motivos para hacer ninguna denuncia penal”, certificó Mondino. Pasado a la oposición sostiene que firmó pero que igual tiene dudas.

9 Más allá de todo esto, Ercolini y Pollicita tienen todavía un margen para investigar, por un lado, los movimientos de dinero y su destino; por otro, si se compraba fueloil a Venezuela más caro de lo que se exportaba.

10 Por ahora –sin ningún ilícito probado– las operaciones con Venezuela tuvieron tres resultados que se ven a simple vista:

Primero –como señaló Bielsa–, Venezuela ayudó a superar los problemas energéticos, incluso al principio entregando gasoil sin ninguna garantía de pago.

Segundo, la industria de maquinaria agrícola realizó la mayor exportación de la historia y, por primera vez, le peleó el mercado venezolano a las empresas brasileñas.

Tercero, el comercio con la Venezuela de Hugo Chávez registró un crecimiento importantísimo, pasando de 170 a 2000 millones de dólares. Y una parte, como la de maquinaria agrícola, significó la salvación para esas empresas en momentos de crisis. Por ejemplo, les permitió mantener a sus empleados.

Gobierno y oposición volvieron a cruzarse ayer por el carácter secreto del testimonio dado la semana pasada por el ex embajador Eduardo Sadous en la Cámara de Diputados. Mientras que la oposición aún no pudo definir una postura única sobre si darle o no publicidad al informe de Sadous ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el kirchnerismo insistió ayer en bloque a apoyar su intención de hacerla pública. “La oposición no quiere hacer pública la declaración porque es funcional a los grupos monopólicos de información, que fueron los que armaron una operación contra el Gobierno, falseando lo que el ex embajador dijo ante los diputados”, afirmó el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El peronista disidente Alfredo Atanasof, titular de la comisión, opinó, en cambio, que “esas no fueron las reglas de juego a las que se ajustó la reunión” en la que a Sadous se le consultó sobre supuestas irregularidades en el comercio con Venezuela. El tema será analizado hoy por la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Aparece ahora como inexplicable que algunos de los diputados que le dieron su consentimiento y acordaron esas reglas de juego ahora estén pidiendo que esas declaraciones se hagan públicas”, sostuvo Atanasof. El diputado detalló que en dos oportunidades “los diputados presentes dieron su consentimiento para que se desarrollara la reunión en esos términos” y que “esa era la mínima garantía que la comisión debía darles a aquellas personas que estaban dispuestas a aportar datos”. También se opuso el ex presidente Eduardo Duhalde, que aprovechó su visita al programa de Mirtha Legrand para sentar su postura sobre el tema. “Si (los testigos) saben que son convocados a sesión secreta y luego se convierte en pública, otros no van a querer ir”, afirmó.

Desde la vereda de enfrente, el canciller Héctor Timerman reclamó “encarecidamente a todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores que terminen con esto y que den a conocer de una vez por todas la versión taquigráfica” del encuentro. “Hay medios que han inventado un falso testimonio que es el que están filtrando a sus lectores y ante eso me parece que se está creando una situación de desconfianza en las instituciones”, aseguró el jefe de la diplomacia. “Si es tan secreta (la reunión), ¿cómo es posible que hayan salido tantas versiones sobre el testimonio de Sadous? –se preguntó Timerman–. Las reuniones secretas son secretas y si no pueden mantener el secreto de las reuniones, lo mejor es que el pueblo argentino sepa todo y no lo que algunos medios quieren hacerle creer”, agregó.

En el mismo sentido se expresó la diputada oficialista Diana Conti, quien sostuvo que es “un retroceso en términos de República que quiera mantener el secreto, funcional a un juego circense de mantener expectativas sobre un tema que debería ser de dominio público”. La diputada del Frente para la Victoria recordó que el único antecedente que existe de una reunión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores fue con el tratamiento del tema Malvinas, es decir, de “cuestiones de Estado que podían quedar reservadas para no dañar los intereses nacionales”. “No se puede comparar esto con un embajador que, cinco años después (de alejarse de su cargo), se le ocurre contar rumores”, argumentó Conti.

Por último, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, opinó que la situación es una “telenovela bochornosa y poco seria” e insistió que “el día que se muestre se van a dar cuenta que es cien veces menos importante”.

En su primera gestión en el conflicto por Botnia-UPM desde que asumió el cargo, el canciller Héctor Timerman se reunió con el presidente uruguayo, José Mujica, y su par Luis Almagro, a quienes les entregó la propuesta argentina para cumplir con el fallo de la Corte de Justicia de La Haya. Su contenido no fue dado a conocer, pero en Buenos Aires fuentes del Gobierno aseguraron que se avanzó con la propuesta de dos planes de control –uno para Botnia y otro para el río Uruguay– y que, en ese marco, la Argentina aceptó que las industrias propias ubicadas sobre el río Uruguay también sean vigiladas.

Timerman viajó a Montevideo, donde se reunió con Almagro en la sede de la Cancillería. Luego, y en un gesto de la importancia que da al tema el gobierno uruguayo, se sumaron al encuentro Mujica y el vicepresidente Danilo Astori.

La reunión, almuerzo incluido, duró más de cuatro horas. A su término, el canciller uruguayo la calificó de “positiva” y dijo que su país responderá a la propuesta argentina “posiblemente en una semana”. Timerman, por su parte, aclaró que prefería “no revelar su contenido”, para esperar “que Uruguay la analice”.

“He traído una propuesta para el monitoreo del río Uruguay, una propuesta que entendemos nosotros basada en la ciencia y en el interés de resolver esto lo antes posible para abocarnos a lo más importante, que es la unión de nuestros pueblos y la lucha contra aquellos que quieren retrasar la justicia social. La hemos dejado en manos del ministro Almagro. Desde nuestro punto de vista estamos dispuestos a un monitoreo total, ancho y absoluto de todo el río Uruguay en ambas orillas y con todas las garantías que todos debemos tener para cuidar el medio ambiente.”

Por la mañana y antes de entrar a la reunión, el canciller había anticipado en declaraciones radiales algunos lineamientos. Aseguró, con una idea novedosa para este tema, que se puede implementar “un monitoreo científico en tiempo real”.

“Se trata de un monitoreo amplio, absoluto, abierto y en tiempo real, para que toda la ciudadanía de ambos pueblos esté enterada de qué es lo que sucede con el medio ambiente en el río”, definió. Y agregó incluso que “Argentina está preparada para empezar el monitoreo a partir de hoy mismo al mediodía, cuando entreguemos nuestra propuesta a Uruguay”.

Sobre la participación de Brasil, aclaró que sólo puede ser decidida a nivel de presidentes, entre Cristina Kirchner y Mujica. “El fallo de (el Tribunal de) La Haya no habla de Brasil”, recordó Timerman, por lo cual ambos mandatarios “van a tener que discutir si les parece apropiado sumarlo, dado que sería incorporar algo que no está en el fallo y que, como canciller, no tengo la posibilidad de hacerlo.”

Dos planes

Antes de partir a Montevideo, y en busca de generar consenso, el canciller había recibido en el Palacio San Martín al gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para ponerlo al tanto. Al retirarse de la Cancillería, el gobernador aseguró tener “plena coincidencia” con la propuesta. “La alternativa que se va a plantear tiene que ver con la decisión de actuar de manera rápida y enérgica en un control eficiente”, declaró. Con el mismo objetivo, Timerman convocó a una reunión para la semana próxima a una delegación de la asamblea de Gualeguaychú.

Las negociaciones por Botnia tienen como marco el acuerdo que Mujica y Cristina Kirchner hicieron a principios de junio, en un encuentro que realizaron en la quinta presidencial de Anchorena, en Colonia. Allí, para dar cumplimiento al fallo de La Haya, que ordenó que Botnia fuera sometida a “un monitoreo continuo”, los mandatarios convinieron en implementar dos planes de control, uno para Botnia y otro, más en general, para el río en los 500 kilómetros de cauce compartido.

El acuerdo tuvo como cláusula no escrita la exigencia uruguaya de que el corte que la asamblea de Gualeguaychú mantenía contra Botnia en la ruta 136 fuera levantado, lo que finalmente ocurrió, previa querella del gobierno nacional a los asambleístas, el 19 de junio pasado.

Durante la gestión del ex canciller Jorge Taiana, equipos de la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente elaboraron una propuesta para la vigilancia de la papelera, que propuso instalar dentro de Botnia-UPM equipos para el monitoreo continuo de las emisiones de gases y los vertidos al río. Tras reemplazar en el cargo a Taiana, Timerman habló además de una solución “innovadora” del conflicto.

Algunas versiones señalan que el canciller respaldaría la creación de una universidad binacional ambiental –o un centro de investigación– que, radicado en Gualeguaychú, se especialice en cuestiones ecológicas.

Argentina y Uruguay se dieron 60 días para acordar el monitoreo de Botnia-UPM, plazo que se cumplirá a fines de julio. Lo esperable es que el Uruguay, tras leer la propuesta argentina, presente una contrapropuesta con los cambios o agregados de su factura.

Para la posición argentina, lo importante es poder tomar muestras en el interior de Botnia-UPM, instalando allí un sistema de monitoreo que sea continuo. Para los uruguayos, el tema pasa por ampliar el control a todo el río, incluyendo las fábricas argentinas, tema que está por fuera de lo ordenado por el Tribunal de La Haya, pero en el que los dos gobiernos se muestran dispuestos a coincidir.