Página#12 Libre

El ex prefecto se puso "a disposición" del juzgado, a cargo Sergio Torres, pero se retiró sin realizar ningún trámite ya que "recién estamos en la etapa de producción de pruebas", aseguraron desde la Justicia.

El juzgado está interinamente a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien dispuso algunas medidas de prueba, tales como el historial del avión Skyvan PA-51 de Prefectura, en el que presuntamente se realizó el vuelo en que fueron arrojados el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas secuestrados la Iglesia Santa Cruz.

Página/12 reveló hoy que junto a Arru están sospechados por la fiscalía el también comandante de Aerolíneas y prefecto retirado Enrique de Saint Georges, además de Alejandro D`Agostino, jubilado y jefe de la División de Veteranos de Guerra de la Prefectura Naval Argentina.

Según la investigación de la fiscalía, los tres tripularon el vuelo del avión naval matrícula PA51, que el 14 de diciembre de 1977 despegó del Aeroparque a las 21.30 y volvió a aterrizar a las 4 del día siguiente. De acuerdo a diferentes indicios, de ese vuelo fueron arrojados al mar las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Devicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco, Angela Aguad, y la monja francesa Leonie Duquet, que habían sido secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre por una grupo de tareas de la ESMA.

Los cadáveres aparecieron seis días después en las playas de Santa Teresita, arrastrados por la corriente marina, y fueron inhumados como NN en el cementerio de General Lavalle, hasta que en 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los cadáveres.

El juez Torres ordenó el año pasado la prisión preventiva del ex piloto de la Armada, Julio Alberto Poch, pero la Cámara Federal revocó ese procesamiento por considerar que no estaba acreditado el delito.

Poch era un teniente de fragata que se desempeñaba como aviador comercial en la compañía holandesa Transvía y se jactó de haber piloteado vuelos de la muerte ante sus compañeros de trabajo, que lo denunciaron ante la justicia.

Una fuente judicial dijo que "ayer mismo se había ordenado una serie de importantes medidas de prueba que permitirán, eventualmente, fortalecer la hipótesis indiciaria" planteada por la fiscalía, al tiempo que, insistieron, "ya se estaba trabajando sobre ese tema".